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El enemigo era Montilla
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El enemigo era Montilla

El Ministerio de Sanidad se resiste como puede. Sabe que no puede mirar hacia otro lado como si el Consejo de Estado no hubiera dicho nada

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El enemigo era Montilla

El Ministerio de Sanidad se resiste como puede. Sabe que no puede mirar hacia otro lado como si el Consejo de Estado no hubiera dicho nada sobre la Ley del Medicamento que Elena Salgado quiere llevar al Parlamento a toda costa antes de que termine el año. Pero el caso es que lo ha dicho y, aunque no sea vinculante, no bastan las pequeñas modificaciones que, deprisa y corriendo, ha introducido el equipo del subsecretario Fernando Puig de la Bellacasa. Sus colegas de Industria y Economía se lo han dejado muy claro en la comisión de subsecretarios de la semana pasada al devolver el toro al corral y obligar a Sanidad a hacer de nuevo los deberes. Con un par de remiendos no basta.

El problema es que casi no queda tiempo para llevar el proyecto al Consejo de Ministros y menos aún para darle entrada en el Congreso. Los Presupuestos Generales del Estado tienen ahora toda la prioridad y tras el fiasco de esta semana, Puig de la Bellacasa tendrá que esperar al menos dos semanas para poder presentar un nuevo texto a sus colegas del Gobierno. En las filas del PP, en cambio, reina la euforia: Mario Mingo ya tiene munición más que suficiente para tirarse a degüello con el partido del Gobierno, ya que se está dando la razón a sus tesis de que el proyecto puede perjudicar tanto el empleo como la investigación en el sector farmacéutico. En Génova, Julio Sánchez Fierro, el fiel escudero de Ana Pastor, prepara ya la estrategia correspondiente. Y en Ferraz, mientras tanto, ¿qué hacen? Tampoco parece que muchos consejeros socialistas hayan salido en defensa de la ministra de Sanidad.

En el Ministerio de Elena Salgado se ha cometido un error de cálculo importante: el problema no era el PP, sino que estaba en casa. El empeño por meter la tijera demasiado a fondo en la industria farmacéutica española, pero que tiene la mayor parte de sus bases en Cataluña, ha chocado con la casualidad histórica de que el ministro del ramo sea, precisamente, José Montilla. Y justo en este momento político, que el sector parece haber sabido aprovechar muy bien para jugar sus cartas con el lobby catalán del Gobierno. En Farmaindustria, la satisfacción ante el nuevo escenario es patente. El golpe ya no será tan duro.

Otra cosa son las farmacias y la distribución. Aquí no parece haber cambios de ningún tipo y se han soslayado las sugerencias del Consejo de Estado. Los artículos en los que se prohíben taxativamente las bonificaciones y descuentos en la venta de medicamentos se han mantenido invariables. Veremos qué ocurre en el próximo borrador.

Según las fuentes consultadas, los matices que ha introducido Sanidad en dos cuestiones claves del proyecto, el descuento del 20% a los medicamentos que llevan una década en el mercado y la tasa por volumen de ventas, son claramente insuficientes. La recomendación de que la rebaja de precios sea estudiada caso por caso y no de forma lineal se ha querido salvar, por lo visto con una previsión de que se podrá fijar un umbral mínimo de exclusión. En cuanto a la tasa, el cambio consiste en una pequeña rebaja en función del esfuerzo investigador de cada laboratorio.

El Ministerio de Sanidad se resiste como puede. Sabe que no puede mirar hacia otro lado como si el Consejo de Estado no hubiera dicho nada sobre la Ley del Medicamento que Elena Salgado quiere llevar al Parlamento a toda costa antes de que termine el año. Pero el caso es que lo ha dicho y, aunque no sea vinculante, no bastan las pequeñas modificaciones que, deprisa y corriendo, ha introducido el equipo del subsecretario Fernando Puig de la Bellacasa. Sus colegas de Industria y Economía se lo han dejado muy claro en la comisión de subsecretarios de la semana pasada al devolver el toro al corral y obligar a Sanidad a hacer de nuevo los deberes. Con un par de remiendos no basta.