Prestadores de discapacidad se movilizaron en Comodoro: “estamos viviendo una situación dramática”

La acompañante terapéutica, Amelia Ferioli, señaló que “estamos visualizando la tomada de pelo que sentimos con el aumento que se nos dio a través del nomenclador”. La propuesta de aumento por parte del Gobierno Nacional, fue de un 10% para las facturas de octubre y el 5% en las de noviembre, “eso se va a ver visualizado recién en febrero del año que viene, o sea, es un aumento que no existe”, sostuvo.

Los trabajadores y profesionales, intentaban lograr un aumento del 130%. “Lo que pedimos no es irrisorio, porque a los centros terapéuticos les aumentan el alquiler al doble, o sea, si ahora están pagando 190 mil pesos, van a pasar a pagar 400 mil pesos. Con ese 10% de aumento, no se cubre eso. A los acompañantes terapéuticos nos siguen dejando fuera del nomenclador a la vez que las obras sociales nos aceptan el presupuesto que quieren, están pagando desde 750 pesos la hora a 1.400 pesos la hora, eso implica un sueldo de sólo 90 mil pesos por mes”, dijo Ferioli.

Explicó que en muchos centros de salud y atención terapéutica, les vinieron boletas de luz de hasta 90 mil pesos, un gasto fijo que ante este panorama “es imposible solventar”. “Por otro lado, un terapista que va a trabajar en un centro se siente que le aumenta la hora del Gabinete pero a la vez, si no le aumentan esa hora, el centro no puede solventar los gastos básicos, de una secretaria, habilitaciones comerciales, seguros”. Vale recordar que a esta imposibilidad de solventar gastos, se le suma el retraso en los pagos, donde en algunos centros de atención terapéutico “les deben facturas desde marzo”.

Amelia Ferioli, acompañante terapéutica. 

Respecto a la respuesta que obtuvieron de Superintendencia de Salud -que a pesar de tener una oficina en Comodoro Rivadavia no atienden personalmente y solo reciben consultas por correo- señaló: “nos dicen que tenemos que iniciar reclamos obra social por obra social, es decir que un centro terapéutico que tiene 20 pacientes de distintas obras sociales, tiene que pagar un abogado para que les inicie los reclamos paciente por paciente” y agregó que, “por nuestra parte, los acompañantes terapéuticos tampoco tenemos el medio económico para pagar un abogado e iniciar los reclamos paciente por paciente”.

Es así que con el objetivo de visibilizar el reclamo, los prestadores se movilizaron por las calles céntricas de Comodoro y cortaron la ruta 3. “Va a ser la única forma que nos vean y sientan en la ciudad que los prestadores estamos viviendo una situación dramática”.

“Queremos que nos abonen a los 30 días hábiles, no estamos pidiendo nada que no sea nuestro derecho”

Ana Romero, terapista ocupacional.

Por su parte, la terapista ocupacional, Ana Romero, explicó que en general para todos los profesionales de la salud hay irregularidades desde que empiezan a trabajar, ya que el sistema se basa en cierta “unilateralidad” en cuanto al convenio que tienen con las obras sociales.

“Nos vamos enterando sobre la marcha sobre las decisiones que toma la Superintendencia de Salud, los aumentos nunca son en consenso con nosotros y además esos aumentos no son de acuerdo a la inflación con la que contamos en este país constantemente”.

Romero, recalcó que ante este panorama los perjudicados también son los pacientes con discapacidad, en su mayoría niños. “No se está teniendo en cuenta los derechos del niño. Sus prestaciones ahora se ven afectadas porque nosotros no podemos tomar otra decisión que frenar nuestras actividades, por el convenio que estamos teniendo con las obras sociales y Superintendencia de Salud, que es el organismo que abona nuestros sueldos”.

Respecto al atraso de los pagos, señaló que es sumamente significativo y “no se puede ni siquiera planificar nada, porque el material que nosotros pagamos constantemente para llevar adelante nuestras terapias, el pago de las capacitaciones, el pago de alquiler, servicios y demás se están viendo afectados constantemente porque hay un aumento y nosotros no podemos solventar esos gastos”.

Ante el paro nacional que llevaron adelante los prestadores durante los días 1, 2 y 3 de noviembre, las personas con discapacidad, se vieron afectadas, donde “hay familias que tienen que modificar su día a día, pensando en cómo poder acompañar este niño que no puede tener sus terapias y ni hablar de nosotros, con la incertidumbre de no saber cuándo vamos a cobrar, nosotros entregamos una factura con la fe de que a 60 días no van a abonar y nunca sucede”.

Para finalizar, Romero hizo hincapié nuevamente en el reclamo de acortar el tiempo en los pagos “si nosotros vamos a entregar una factura que nos abonen a 30 días hábiles, no estamos pidiendo nada que no sea nuestro derecho. Esto ya viene pasando hace un montón de tiempo y a pesar de que cambien las personas que van tomando decisiones, sigue siendo la misma respuesta”.