Un abogado penalista, de 42 años de edad, fue aprehendido en la ciudad de Mérida al estar solicitado por los delitos de extorsión y agavillamiento.
El procedimiento fue llevado a cabo por funcionarios adscritos a la Delegación Municipal Mérida del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (Cicpc).
En el proceso de indagación, los efectivos de la policía científica determinaron que el ciudadano, identificado como Nathan Alí Barillas Ramírez, cometía ciertas irregularidades en materia judicial, valiéndose de su estatus profesional.
Al parecer, Barillas le solicitaba dinero en efectivo a imputados a cambio de beneficios en los tribunales de la entidad merideña.
El penalista fue trasladado a los calabozos del Cicpc donde quedó a disposición del Ministerio Público.
Los funcionarios estaban cumpliendo con las políticas en materia de seguridad emanadas por el gobernador Jehyson Guzmán, el presidente Nicolás Maduro y el director del Cicpc, William Vargas.
Respuesta de los abogados ante la detención
El Movimiento de Abogados Solidaridad Gremial condena y rechaza los hechos acaecidos entorno al Dr Nathan Barillas cuando en el ejercicio propio de la profesión del Derecho fue detenido por una presunta denuncia hecha con antelación.
Nos sigue sorprendiendo y preocupando que, durante los últimos tiempos, se continúen deteniendo a distintos abogados y se sigan reprimiendo cuando ejercen la profesión como si nuestro trabajo no estuviera amparado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Orgánico Procesal Penal, la Ley de Abogados y los tratados internacionales suscritos por la República donde se reconoce y protege el ejercicio de la Abogacía y la representación legal de los ciudadanos que requieren de nuestro servicio jurídico, máxime cuando todos los abogados formamos parte del Sistema de Justicia en Venezuela.
Con esta práctica reiterada de reprimir abogados que ejercen la profesión da la impresión que hubiera una deliberada actitud de criminalizar a los abogados litigantes por el simple hecho de trabajar ejerciendo el Derecho, y sin plurales elementos de convicción, sino con unos medios de prueba controvertibles judicialmente.
Denunciamos la vulneración del derecho a la Defensa, prescrito en el Artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela- CRBV- y en el artículo 12 del Código Orgánico Procesal Penal -COPP-, al no permitírsele al Dr Nathan Barillas el acceso a comunicarse con los abogados que han querido conversar con él y solidarizarnos mientras está privado de libertad, esta práctica de algunos funcionarios policiales en los últimos tiempos es una constante, la de prohibir que los abogados nos comuniquemos con nuestros patrocinados antes de ser presentados en una audiencia judicial, violando de esta manera que cualquier persona detenida tiene derecho a comunicarse con sus abogados, familiares o persona de su confianza (Art. 44.2 de la CRBV) ; más aún para algunos funcionarios de tales órganos policiales es una afrenta el solicitar que los abogados podamos comunicarnos con nuestros defendidos, argumentando para ello un presunto Sumario o que se les presente Poder, evidenciando desconocimiento absoluto de la Ley, bien sea por ignorancia o mala fe.
Una comisión de abogados del Movimiento Solidaridad Gremial el día 28/05/23 intentó conversar con él visitándolo personal y directamente en el retén del CICPC, Delegación Municipal, sin embargo, se nos impidió comunicarnos, argumentándonos que dicha Causa se encontraba en fase de investigación, en un presunto Sumario, y que por ello no podíamos verle. Lo cual constituye una flagrante vulneración de normas constitucionales y legales que configuran violación al Estado de Derecho consagrado en la Carta Magna.
Así mismo, esta misma comisión del Movimiento de Abogados Solidaridad Gremial, se dirigió al Circuito Judicial Penal del estado Mérida y se nos informó, en horas de la tarde del día 28/05/23, que aún no habían sido presentadas las actuaciones por parte del Ministerio Público para proceder a su presentación por ante Tribunales.
Nos preocupa que no se le hubiera dado la celeridad procesal que amerita tampoco a este caso al estar privado de su libertad un Abogado penalista de reconocida trayectoria en el ejercicio de la profesión y que forma parte del sistema de justicia venezolano, pues si bien todavía se está respetando el lapso de las 48 horas establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, un mínimo de cortesía profesional se debería tener.
Estamos conscientes que en caso que un abogado estuviese detenido por la presunta comisión de un hecho punible no debe gozar de ningún privilegio y debe ser procesado, no obstante, además de las circunstancias particulares de este caso, tampoco ninguna autoridad, tienen el privilegio de actuar al margen de la Ley y valiéndose del poder que ostentan, poder que debe estar al servicio del ciudadano y no en su contra, aún cuando se presuma de su responsabilidad, pues, el principio de Presunción de Inocencia (Art 49.2 de la CRBV y 8 del COPP), así como el derecho a la defensa (Art. 49.1 de la CRBV y 12 del COPP), le amparan.
Condenamos que un Abogado sea reprimido de esta manera y expuesto en las redes sociales sin proteger su intimidad y privacidad, en franca contravención con el derecho al honor y reputación del cual es titular constitucionalmente (Art. 60 de la CRBV), y vulnerándose el principio de Presunción de Inocencia (Art 49.2 de la CRBV y 8 del COPP), y, por tanto, prescrito en el COPP y en la Constitución Nacional, en especial cuando la detención ha sido en el ejercicio de la profesión, pues, además de ser tal práctica inconstitucional e ilegal, históricamente, también actualmente, somos los abogados quienes coadyuvamos en la canalizacion de la violencia social informal e institucional con el fin de mantener la convivencia pacífica en el seno de la sociedad, y con lo sucedido al Dr. Nathan Barillas, un flaco servicio se le hace al Estado de Derecho en Venezuela.
En el Movimiento de Abogados Solidaridad Gremial estaremos vigilantes y observando también el desarrollo de este proceso penal ya que es de nuestro interés que se realice una Justicia transparente, imparcial y sin dilaciones indebidas.
*Ejercer la profesión de Abogado no es un delito*
*Mérida 28/05/2023*
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