INFORME ANUAL 2023
Connivencia judicial con la violencia estatal
La ley 14.687 promueve la creación de unidades fiscales especializadas para la investigación de la violencia institucional, sin embargo la Procuración General de la Provincia no la implementa (sólo se implementó el artículo referido al Registro de Violencia Institucional).
La decisión institucional de la Procuración General de no aplicar esta ley, además de la responsabilidad que implica su desobediencia, es una señal hacia los operadores judiciales y fuerzas de seguridad acerca del escaso interés estatal en perseguir y sancionar estos delitos.
Entre 2014 y el primer semestre de 2022, en la Provincia se iniciaron 32.899 causas por presuntos delitos enmarcados en la ley 14.687/14 de violencia institucional. Estas causas representan el 0,5% del total de causas iniciadas en el fuero criminal-correccional durante ese período. La variación interanual de ese porcentaje es poco significativa, pero en 2021 se llegó al mínimo histórico (0,3%).
IPP iniciadas por violencia institucional, Provincia de Buenos Aires, 2014-2022
Fuente:CPM en base a Informes sobre la resolución 1.390 (2016-2017) y al RVI (2018 en adelante) de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires.
Victimarios
Entre 2018 y el primer semestre de 2022, en el 68% de las causas los presuntos autores de estos delitos pertenecen a fuerzas policiales (mayoritariamente a la policía bonaerense).
Causas iniciadas por violencia institucional, según institución de pertenencia de las personas presuntamente autoras, Provincia de Buenos Aires, periodo 2018-2022
Fuente: CPM en base a RVI de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires.
Nota: 16.562 casos con dato en la variable Institución de pertenencia (96,4% del total). La categoría “Otros” del gráfico incluye agentes municipales, PFA, GN, efectores de salud, Policía de la Ciudad, poder judicial, SPF, OPNyA, promotores de educación, PNA, PSA, Ejército y categoría “otros” propia de la fuente que no especifica qué instituciones incluyen.
De los 15.338 presuntos autores involucrados en estas causas, menos de la mitad fueron sindicados (46%) y apenas 463 (3%), imputados. No se registra ningún imputado perteneciente a órganos judiciales.
A su vez, de esos 463 imputados, dos tercios estaban en libertad y un tercio detenido al momento del registro. Proporcionalmente, se observa que la prisión preventiva es utilizada en funcionarios públicos con un criterio inverso al que se aplica en los civiles que promedia el 50 % de los detenidos en prisión preventiva.
Causas finalizadas
En cuanto a cómo terminan las causas de violencia institucional, en el período 2018 y primer semestre 2022, 9 de cada 10 se resolvieron mediante el archivo o la desestimación
Causas de violencia institucional finalizadas, según tipo de finalización, Provincia de Buenos Aires, periodo 2018-2021
Fuente: CPM en base a RVI de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires.
Nota: En 2018 y 2019 la fuente incluía también la categoría “Archivo material”, informando 175 causas donde figura el archivo material pero no cuentan con un trámite registrado que permita inferir cómo finalizaron. Dicha categoría no continúo siendo informada en informes posteriores. La categoría “Incompetencia” incluye incompetencia territorial y por materia; y, según la fuente, no significa que haya finalizado la actuación en todos los casos, ya que puede continuar en otro departamento judicial o en otro fuero judicial específico.
El otro elemento de la deficiente investigación de la violencia estatal es que muchos hechos ni siquiera llegan a ser investigados bajo el marco legal de la ley 14.687. Es el caso de las muertes producidas por agentes policiales: entre 2018 y 2021 la CPM relevó 522 casos y la Procuración 259, de las cuales sólo 60 fueron caratuladas como “homicidio agravado por ser miembro de fuerza de seguridad”.