Este nuevo año 2024 viene cargado de novedades legislativas que afectan al mercado del alquiler en España. En el ámbito de la vivienda hay una serie de cambios propiciados por la nueva Ley de Vivienda. Os contamos los cambios más importantes en el alquiler y así te afecta si eres inquilino o propietario.
Cambios importantes en el alquiler
Alquilar una vivienda se ha convertido en algunas ciudades de España en algo realmente caro. Los precios llevan tiempo disparados y ante una situación que no parece cambiar, la Ley de vivienda entra en vigor este mes de enero de 2024 con el objetivo, entre otros, de regular de una vez por todas los precios del alquiler, limitando las subidas anuales y vinculándolas al Índice de Garantía de Competitividad (IGC) en lugar del IPC.
Dicha ley además tiene otros objetivos como aumentar la oferta de vivienda social, incentivando la cesión de inmuebles vacíos a entidades públicas o sociales y estableciendo un porcentaje mínimo de vivienda protegida en las nuevas promociones y también, proteger a los inquilinos vulnerables, mejorando la comunicación entre los órganos judiciales y los servicios sociales, ampliando los plazos de suspensión de los desahucios y exigiendo un procedimiento de conciliación o intermediación a los grandes tenedores de vivienda.
Tope en las subidas del alquiler
En lo que respecta a viviendas de alquiler, tenemos el mencionado control del precio del alquiler. Es decir, que el propietario ya no va a poder subirnos el alquiler el función del IPC como hasta hace poco. Ahora deberá hacerlo a partir del Índice de Garantía de Competitividad (IGC).
Este es un indicador que mide la evolución de los precios en la zona euro y que suele ser inferior al IPC. Esto significa que las subidas anuales del alquiler serán menores que las que se aplicaban hasta ahora. En 2024 está fijada en el 3%.
Además, el precio del alquiler deberá respetar los índices de referencia que establezcan las comunidades autónomas, teniendo en cuenta las características y la ubicación de la vivienda. Estos índices servirán para identificar las zonas tensionadas, donde se podrán aplicar medidas correctoras para contener los precios.
Además de estas limitaciones en el precio, los propietarios también tendrán que asumir otros costes que antes recaían sobre los inquilinos. Por ejemplo:
- Los propietarios tendrán que pagar los gastos de gestión de la inmobiliaria, en caso de que exista este intermediario, así como los honorarios correspondientes a la formalización del contrato. De esta forma, se pretende reducir la carga económica que supone el acceso a una vivienda en alquiler.
- Los propietarios tendrán que hacerse cargo de las obras de conservación de la vivienda, salvo que se pacte lo contrario en el contrato. Asimismo, tendrán que realizar las obras de mejora que sean necesarias para garantizar la habitabilidad y la eficiencia energética de la vivienda, siempre que no supongan un incremento superior al 10% del alquiler.
¿Qué más cambia para los inquilinos?
Como decimos, los inquilinos son los principales beneficiarios de la nueva Ley de Vivienda, que les ofrece una mayor protección y seguridad en el mercado del alquiler. Algunas de las ventajas que obtienen son las siguientes:
- Los inquilinos podrán disfrutar de una mayor estabilidad en el alquiler, ya que la duración mínima de los contratos se amplía de 3 a 5 años (o 7 si el propietario es una persona jurídica). Además, la prórroga tácita se extiende de 1 a 3 años, salvo que el inquilino manifieste su voluntad de no renovar el contrato con 4 meses de antelación.
- Los inquilinos podrán beneficiarse de esas subidas más moderadas del alquiler, ya que el propietario solo podrá actualizar el precio una vez al año y de acuerdo con el IGC, que suele ser más bajo que el IPC. Además, el propietario no podrá incrementar el alquiler por encima de los índices de referencia que se establezcan en cada zona.
- Los inquilinos podrán acceder a una mayor oferta de vivienda social, ya que la Ley de Vivienda obliga a los grandes tenedores de vivienda (personas físicas o jurídicas que posean más de 10 inmuebles) a ceder el 30% de sus inmuebles vacíos a entidades públicas o sociales para destinarlos al alquiler social. Asimismo, la Ley establece que el 10% de las nuevas promociones de vivienda deberán ser de protección oficial.
- Los inquilinos podrán contar con una mayor protección frente a los desahucios, ya que la Ley de Vivienda mejora la coordinación entre los órganos judiciales y los servicios sociales para atender a las personas en situación de vulnerabilidad. Además, la Ley amplía los plazos de suspensión de los lanzamientos hasta que se encuentre una solución habitacional para los afectados. Por último, la Ley exige a los grandes tenedores de vivienda que acrediten la aplicación de un procedimiento de conciliación o intermediación antes de iniciar una demanda de desahucio.
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