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Una serie de controles realizados por la Subsecretaría de Tributación detectó una serie de incongruencias en la rendición de cuentas presentadas por varias empresas.
A partir de ahí, según explicó la viceministra Marta González, se dio inicio a una serie de cruzamientos de datos para seguir las inconsistencias que contarían con justificación alguna.
De acuerdo a la hipótesis de la investigación, numerosas empresas habrían estado adquiriendo comprobantes de ventas emitidos por un mismo contador y un mismo auditor.
Ante esta situación, la Subsecretaría decidió presentar una denuncia ante el Ministerio Público y armar un equipo de trabajo conjunto a fin de de realizar la investigación correspondiente.
La cabeza del equipo por parte del Ministerio Público es el Fiscal Adjunto de Delitos Económicos, Federico Espinoza; y por parte de la Subsecretaría, la misma viceministra González.
Como parte de esa investigación, el jueves se realizaron cinco allanamientos simultáneos. Dos en estudios contables, dos en domicilios particulares y el último en una oficina también particular.
Durante los allanamientos se incautaron documentos correspondiente a seis razones sociales de empresas que serían ficticias.
De acuerdo a los investigadores, las empresas no tendrían actividad económica alguna y serían utilizadas solo para emitir documentos contables a fin de abultar los gastos de empresas grandes y así disminuir lo que las mismas deben pagar al erario.
Una primera muestra de 547 facturas, correspondiente tan solo al tres por ciento de los documentos incautados, sirvió para detectar facturación supuestamente ficticia por unos G. 93.000 millones.
El total de documentos a investigar alcanza los 17.840 en total, emitidos desde 2009 hasta la fecha, por lo que el perjuicio podría ser mucho mayor aún.
El abultamiento sería utilizado para evadir impuestos y además solicitar créditos fiscales.
En el caso de una sola empresa se detectó facturación por unos G. 55.000 millones solo en 2012.
Las empresas utilizadas como fachadas señalaban ser de rubros como talleres mecánicos, constructoras, entre otras. Todos los rubros concentrados bajo la misma empresa y con la misma dirección.
Los investigadores no descartan que las empresas ficticias hayan sido utilizadas inclusive ante Contrataciones Públicas.
Además, se manejan la posibilidad de que las empresas sean utilizadas para cubrir ingresos ilícitos.
René Fernández, fiscal coordinador de la investigación, reconoció que varios grupos empresariales importantes podrían estar involucrados.
Señaló que uno de esos grupos estaría vinculado a los rubros de comunicación y bebidas. Consultado sobre mayores datos, manifestó que no podía dar a conocer los nombres de las empresas.
Los investigadores aseguran que no solo se buscará la sanción penal para los responsables, sino que también la recuperación del dinero al Estado paraguayo. Reconocen que todavía queda mucho por delante.