Corrupción, problema acuciante en Panamá
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El llamado índice general de soborno, por su parte, se ubicó en 18 por ciento con respecto al 38 por ciento de 2017, diferencia que a juicio de Sergio García, investigador del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, responde ‘al temor de la gente a que esto sea utilizado en su contra’.
La encuesta también reveló que los panameños tienen una alta tolerancia al soborno, ya que el 90 por ciento de los encuestados expresaron que pagar una coima a un policía en la calle para evitar una multa es aceptable.
Sin embargo, el 80 por ciento aseguró que la ‘gente común’ puede ayudar en la lucha por abolir este mal social, mientras el 79 por ciento consideró que el Gobierno no actúa como debe y un alto porcentaje expresó su desconfianza hacia los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Un reciente estudio del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF, por sus siglas en inglés) develó que la percepción de corrupción en la región es ligeramente superior al resto del mundo, debido a los casos de alto perfil registrados en los últimos años como el de la constructora brasileña Odebrecht.
De acuerdo con el reporte, el 51 por ciento de los latinoamericanos consideró que la corrupción es el principal problema de sus países, por encima de la economía, el acceso a la vivienda y los servicios o la inseguridad.
Desvío de recursos incide en calidad de los servicios públicos
El economista principal del CAF Gustavo Fajardo explicó que el desvío de recursos disminuye la cantidad y calidad de bienes y servicios públicos como educación, salud e infraestructura, profundiza las desigualdades y los efectos negativos sobre la productividad y el crecimiento económico, en tanto el clientelismo y la falta de integridad en los negocios provocan caídas en la inversión.
No obstante, aseveró que la consecuencia más nociva es la pérdida de confianza en las instituciones públicas y el sistema democrático, situación que abre las puertas al deterioro de la legitimidad de las entidades del gobierno y a la inestabilidad política y social.
La Encuesta CAF-2019 también refiere que, como promedio, el 57 por ciento de los individuos cree que sus conciudadanos no combate este flagelo, inclusive sugieren que cerca de una tercera parte no reconoce como actos de corrupción el tráfico de influencias o negociaciones incompatibles con la función pública.
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