El Congreso ha aprobado la Ley reguladora del derecho a la eutanasia. Una Ley que Ciudadanos, como partido liberal, ha contribuido a impulsar y en la que he tenido el honor de participar como ponente. Al pensar en casos como el de Ramón Sampedro o en el sufrimiento de cualquier familiar cercano, parece injusto no abordar esta realidad, con la que se muestran de acuerdo el 85% de los españoles.

Frente a los discursos conservadores que la tergiversan, esta Ley no da vía libre para solicitar ayuda para morir, sino que establece unos requisitos muy concretos: solo pueden hacerlo aquellas personas que padezcan una enfermedad grave e incurable u otras circunstancias imposibilitantes e irreversables que les causen sufrimientos constantes e insoportables. Tiene que ser mayor de edad, encontrarse en plenas facultades y hacer constar su voluntad de forma libre, autónoma e inequívoca, bien personalmente o a través de un testamento vital.

La Ley garantiza, además, que nadie pueda decidir la eutanasia por otra persona, al igual que nadie pueda imponer sufrimientos innecesarios. Y establece un amplio abanico de garantías: el solicitante deberá prestar y confirmar su consentimiento hasta en cuatro ocasiones, los procesos serán comprobados por profesionales médicos y, en caso de duda o controversia, serán auxiliados por juristas expertos.

En definitiva, esta Ley garantiza que una persona gravemente enferma tenga derecho a disponer sobre cómo quiere morir. Y lo hace con todas las garantías, además de proporcionar unos cuidados paliativos de calidad a quien los solicite. Porque la eutanasia y los cuidados paliativos no son medidas alternativas ni excluyentes, sino que son derechos complementarios.