En una extraña actitud, autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) pusieron en destaque ante los medios de prensa una nota enviada por el ministro de Hacienda al titular de esa secretaría de Estado en la que solicita detener las licitaciones de nuevas obras porque no hay dinero para financiarlas. Sin explicaciones, parecía una exposición innecesariamente desventajosa para el ministro de Hacienda.
El pedido -racional y prudente- no parece haber caído bien en las dependencias del MOPC cuya imagen mediática se centraba en tales acciones últimamente.
Los observadores dijeron que la pretensión de Obras Públicas con la divulgación del documento de Hacienda sería presionar contra la medida. Aunque la actitud del MOPC puede que no produzca ningún enojo, no hay duda que está mostrando la pulseada que hay dentro del Poder Ejecutivo por el manejo del dinero público, debido a la situación de escasez de recursos planteada por la pandemia en el área económica. Se explicó que con la petición de Hacienda dejarán de hacerse las obras que no tenían financiamiento propio y que no estaban sujetas estrictamente a las normas que rigen las inversiones públicas según su rentabilidad.
La nota del ministro de Hacienda al MOPC fundamenta el pedido de frenar las licitaciones porque debido al cambio del escenario económico que afecta fuertemente a las recaudaciones fiscales y la caída de la actividad económica, no hay ni habrá recursos.
Explica que la coyuntura afecta significativamente el margen de maniobra fiscal, lo que hacen necesarias medidas fiscales estrictas para emplear el plan de convergencia estatal a niveles sostenibles en mediano plazo. “Las medidas consisten en mejorar los ingresos tributarios, racionalizar el gasto público y suavizar los niveles de compromisos en el mediano plazo, atendiendo la limitada disponibilidad de recursos para el presente ejercicio fiscal…”, expresa el documento. El oficio solicita que se cancelen todos los llamados de licitación en curso y se suspendan los procesos licitatorios del año, en especial los afectados por las medidas establecidas en el Decreto 2025/19, desobligando de ciertas exigencias del Código SNIP, que requiere el dictamen favorable de la Secretaría Técnica de Planificación de la Presidencia (STP) sobre estudios de preinversión y la opinión de viabilidad de parte de Hacienda, además de los que carecen de financiamiento propio asegurado y que están en los planes del MOPC.
La nota enviada por Hacienda advierte que, si no se aplican las medidas solicitadas, las finanzas públicas se verán muy afectadas ya que no se podrán obtener resultados fiscales sostenibles en el mediano plazo, lo que pondrá en fuerte peligro la estabilidad macroeconómica del país.
La administración fiscal está preocupada por la escasez de fondos por lo que advierte al MOPC que deberá cortar todos sus proyectos que están en proceso ante la imposibilidad de respaldarlos con recursos. Teniendo en cuenta la coyuntura actual, la postura de Hacienda es razonable y responde a una exigencia lógica, porque no se pueden tomar nuevos compromisos financieros ya que no hay cómo darles cumplimiento. Debido a ello incluso los vencimientos de pagos de obras en ejecución corren el riesgo en el año entrante. Ante la situación planteada, la cartera fiscal pide ajustarse los cinturones como única medida posible.
Oficialmente, el responsable del MOPC, Arnoldo Wiens, salió a aceptar en público el pedido de Hacienda y aclaró que las obras que tienen recursos no pararán, que solo se verán afectados los proyectos que todavía no se han iniciado.
Un entendido en la materia, como el ex ministro Santiago Peña, dijo que Wiens debe tener consideración sobre los límites del presupuesto, porque tiene que entender que si sigue contratando nuevas obras no se podrán pagar y en ese caso le culpará a Hacienda. Insistió que hay reglas presupuestarias que sopesar, por lo que, por coherencia, hay que atenerse a las mismas y no hacer licitaciones de nuevas obras que no tienen fuente de financiamiento.
El Paraguay está viviendo un momento de emergencia y los organismos públicos deben ajustarse a las posibilidades financieras del Tesoro para no ir contra los intereses del país. Obrar de otro modo sería pernicioso.
HA… CHE RETÃ PARAGUAY (I) 
Epidemias equilibradas
Victor Raúl Benítez González
Tengo una idea. He decidido asumir que toda persona con la que converso sabe algo que yo ignoro. Les comento que da buenos resultados. Con esta premisa, me enteré de tantas cosas en esta última semana. Ya tengo mis conclusiones a modo de escenario prospectivo. Les ofrezco un resumen de las mismas, luego de hablar con el presidente de uno de los más importantes gremios empresariales del Paraguay; un ministro del gobierno; tres amigos economistas; dos políticos de esos que están callados y asustados con la pandemia y; con un analista político que conoce con pelos y mañas a todos los anteriores.
Pronósticos de ¨emergencia¨
Para noviembre del 2020, el escenario prospectivo más probable, producto de mis conversaciones, me dice lo siguiente: ¨Continuidad de la pandemia viral + inicio del endémico dengue + amenaza de las contradictorias inundaciones¨. La única certeza es que nadie sabe a ciencia cierta qué pasará con la recesión económica ni cómo irá evolucionando el Covid-19. Como me dijo un urbanista brasileño el jueves pasado: ¨Hasta el pasado es incierto en el Brasil en este escenario pandémico¨. Mientras tanto, fiel a la tradición del ¨eterno retorno¨ de Nietzsche, en este Paraguay tradicionalmente improvisado, nada se hace para preparar a la nación ante la próxima llegada del dengue, que mata tanta gente como el Covid-19. Todavía no se tiene un presupuesto especial para el flagelo transmitido por el maldito mosquito, no existe ningún plan que esté listo para ser implementado, no están limpiando las chatarras acumuladas en los patios de las casas, ninguna campaña anticipada de gestión programada de residuos se está diseñando, como tampoco se observan nuevos vertederos con alguna nueva tecnología de tratamiento de basuras que hayan surgido en los últimos meses.
Sabiendo que las inundaciones son fenómenos predecibles y recurrentes, con impactos previsibles, la próxima crecida del río con sus miles de damnificados, se maneja todavía como si fuera una ¨emergencia¨. Nada se ha avanzado en la franja costera en cuanto a la preparación de ¨refugios modelo¨ para el reasentamiento poblacional de la gente que será afectada por la próxima crecida del río Paraguay, que con pandemia y dengue será peor. Como tampoco se ha avanzado en las soluciones habitacionales definitivas en toda la costanera.
Finalmente, la noticia ¨más positiva¨ de la semana, en materia económica, fue la ley de ollas populares y las medidas de ampliar el Pytyvó en la ardiente frontera. Casi nada. Por otro lado, la solicitud del Ministro de Hacienda al del MOPC, para suspender las nuevas licitaciones de obras públicas, cayó como balde de agua fría. Se castiga a lo único contracíclico que se estaba haciendo bien en la pandemia, en plena recesión – como política de estado.
La teoría y la práctica
Los recursos del estado comienzan a escasear. Las políticas monetarias y fiscales tradicionales son como pólvora mojada en la guerra pandémica que comienza a cobrar más víctimas fatales. Por primera vez desde el inicio de la crisis, los contagios llegan al 30 % de las pruebas realizadas, y los decesos crecen exponencialmente día tras día. Mientras tanto, nuestras recomendaciones, con Sergio Sapena, de recurrir al financiamiento monetario de los estímulos fiscales, por temor a la inflación, siguen sin ser escuchados. El Paraguay es un país donde las fronteras siempre permeables, a menudo, han permitido el arbitraje comercial de los precios y de las divisas, protegiendo la estabilidad inflacionaria y cambiaria del ¨dólar-í¨ – tal como también lo llaman al guaraní.
El temor de la inflación es injustificado, cuando uno observa el crecimiento de la masa monetaria de alrededor del 30 % en el período pandémico, coexistiendo con una marcada deflación de precios, como consecuencia del freno de la oferta y de la demanda, por la cuarentena primeramente total y luego dinámica o inteligente, de frenos y aceleradas intermitentes. Esto viene a romper con los Principios canónicos de la teoría macroeconómica tradicional.
El Paraguay es un país singular. Donde las teorías se disipan. País históricamente fronterizo, siempre fue la última frontera entre el imperio portugués y la Casa Real Española. Luego de la independencia, al quedarse aislado también de Buenos Aires, fue la última milla entre el mismo imperio lusitano y la ¨isla rodeada de tierra¨ del Supremo Dictador. Finalmente, en materia de enunciados económicos, en el Paraguay excepcional, en teoría no hay diferencia entre la teoría y la práctica. Pero en la práctica sí la hay. En especial en materia de principios económicos.
El reino sin gobierno
Muchas conversaciones de la semana me vaticinaron un panorama poco alentador en la política. Tal como expusiera el mismo jefe de la Casa Civil, para mantener al gobierno hasta el 2023, aparentemente se está en el comienzo del fin de un gobierno, que reina, pero no gobierna, donde el que gobierna no reina. Pareciera que si el Dr. Francia pudo emancipar al Paraguay fronterizo de la amenaza brasileña, la ¨Operación Cicatriz¨ devolvió al país el triste papel de ¨protectorado de una importante fracción del sector informal¨ de la economía brasileña. Ni siquiera se podría decir que el Paraguay pudiera ser una colonia sometida al poder formal de Brasilia, tal como se fue (sometida al poder de Río de Janeiro) culminada la Guerra contra la Triple Alianza.
No tener miedo
Para vencer en este escenario, debemos considerar de nuevo al Premio Nobel Daniel Kahneman quien afirma que ¨las creencias tienen consecuencias. Una narrativa convincente crea la ilusión de inevitabilidad¨. El clima de negocios es fundamental. El mercado suele seguir a las profecías autocumplidoras.
Martha Nussbaum, profesora de psicología de la Universidad de Chicago, David Brooks, famosísimo escritor norteamericano y, Andrew Nierenberg, todos autores internacionales, tienen un tema común: No tener Miedo. Ellos afirman que: ¨Si los políticos pueden hablarte de tus miedos, tú deberías temer a lo que ellos pueden introducirte en el cerebro¨.
Tormenta Perfecta
Mi propuesta renovada es que dejemos de tener miedo de lo que puede salir mal (el sector público y la política) y nos concentremos en lo que puede salir bien, el sector privado y las empresas. Pero, sin olvidar el escenario de riesgos.
Como me dijera un amigo que lidera a una de las principales entidades que agrupa a los empresarios del Paraguay: Estamos asistiendo a un nuevo mundo que tiene hambre y sed, que no tiene suficiente energía limpia y cuya población está envejeciendo. El Paraguay tiene los cuatro activos estratégicos para este escenario: alimentos, agua, hidroenergía y bono demográfico.
Los dolores de parto que se avecinan no pueden sorprender al liderazgo nacional, público y privado, con un Covid-19 que puede empeorar, más una epidemia de dengue cuya tasa de letalidad se equipara a la pandemia viral y con inundaciones que desplacen a por lo menos un cuarto de la población de Asunción a los barrios de la zona alta, para agudizar los problemas anteriormente citados. Es importante recurrir a nuevas recetas sin precedentes. Por ejemplo, los estímulos fiscales con financiamiento monetario desde el Tesoro Nacional, con múltiples objetivos: Obras Públicas, créditos puente a empresas privadas, presupuestos de salud y de inundaciones. No habrá inflación porque estamos con demanda y oferta paradas. Además, con la permeabilidad de la frontera, siempre vigente, haciendo arbitraje de precios contra inflacionario. También se tienen los mecanismos de esterilización como las Letras de Regulación Monetaria como última instancia. La prueba de que la inflación no se disparará es la siguiente: en pandemia subió más de 20 % el M0 (dinero fiduciario en circulación) y bajó la inflación más de 1,5 puntos porcentuales.
Una encuesta de la DGEEC afirma que la mayoría de la población vio disminuir sus ingresos con la pandemia. Si no se inyecta dinero tendremos un escenario de tormenta perfecta: pandemia + dengue + inundaciones+ recesión + pobreza. Pero, con relativo equilibrio fiscal. Y así, no da tanto gusto.
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El PGN 2021 debe brindar estabilidad y previsibilidad al país
La medología y la filosofía que se use para elaborar el Presupuesto General de la Nación 2021(PGN) determinará el futuro económico y social del país en el próximo año, en el que variable dependiente será la administración de la pandemia por parte de los responsables de la salud y de la conciencia ciudadana. El nuevo presupuesto de gastos e ingresos debe estar pensado tanto en la reactivación económica como en la seguridad de la población. No es una opción privilegiar una u otra, porque el capital sin las personas no tiene utilidad y viceversa.
Para todos está claro que como nunca los recursos del Estado serán escasos porque el sector formal de la economía pasa por un mal momento, lo cual repercute en las arcas fiscales. A pesar de las buenas perspectivas esgrimidas por los organismos internacionales de que Paraguay será la nación con las mejores posibilidades de alcanzar una pronta recuperación respecto de sus vecinos, esto va a depender en gran medida de que las autoridades económicas agudicen la creatividad y la experiencia para formular un PGN que refleje un Paraguay con estabilidad y previsibilidad. Por ello, insistir en nuevos endeudamientos en el presente periodo fiscal es peligroso, así como no retomar el control del manejo del déficit fiscal, que debe volver al tope de 1,5% del producto interno bruto para el 2022.
Se espera de senadores y diputados la racionalidad en el análisis del plan financiero, puesto que, ante las crecientes necesidades económicas y sociales por causa del coronavirus, surge una alta posibilidad de que desde el Congreso Nacional terminen aprobando un presupuesto populista, lo que engendraría una situación peligrosa para el país. El presupuesto de la Nación del próximo año debe estar blindado del particular pensamiento ideológico que mueve a los legisladores. Esta herramienta de desarrollo debe ser manejada por los congresistas con la debida responsabilidad porque con ella nos estamos jugando el pellejo, que es salir en las mejores condiciones de la actual crisis.
Los políticos que deambulan por los pasillos de sus partidos así como los que están cumpliendo un mandato popular de representación deben considerar que el mejor escenario político-electoral que pueden construir no es ponerle palito en la rueda al Gobierno Nacional con el plan financiero para el 2021, porque no solo fracasa el Gobierno, sino que los electores serán arrastrados en la vorágine de la recesión económica. La estrategia de generar el caos para cosechar beneficios como mínimo es una traición a sus adherentes. La mejor herencia que pueden dejarle al Paraguay y al próximo gobierno es una economía estable para minimizar los efectos de la convalecencia.
Esta semana, los titulares de los entes del Estado deben presentar al Ministerio de Hacienda su plan de austeridad, tal como había solicitado el presidente Mario Abdo. Esto para posteriormente iniciar la fase final de consolidación del plan financiero y presentarlo al Congreso para su análisis. Los secretarios de Estado deben estar conscientes de que el país atraviesa por momentos en los que se exige al sector público moderación, con mayúsculas. Es el momento de anular las nuevas contrataciones y nombramientos de personal, ejecutar los recortes de gastos superfluos y complementarios, entre otros gastos corrientes. El mundo cambió y exige al sector público priorizar lo urgente sobre lo importante.
Los sectores ciudadanos esperan de las autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo visibles señales de austeridad y sensatez. Luego de enfrentar esta realidad económica y social tan adversa por causa del coronavirus lo mejor que pueden ofrecernos es mantener bajo control las variables macroeconómicas, que tanto costó a los gobiernos pasados construir, así como recuperar en la ciudadanía la confianza aprobando un plan financiero 2021 que brinde estabilidad y previsibilidad.
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Necesitamos un plan
Semanas atrás, en medio de las negociaciones del Gobierno argentino con sus acreedores para la reestructuración de la deuda, el presidente Fernández dijo que él no creía en los planes económicos y que era mejor fijar objetivos y cumplirlos. La misma respuesta fue dada unos días después por su ministro de Economía ante una consulta similar. Un enfoque sui generis para un país que ha dilapidado la confianza de inversionistas internacionales y ahorristas locales en tantas oportunidades, a quienes está prometiendo nuevamente el cumplimiento de los compromisos que asuma en la reestructuración de su deuda externa, en la cual está pidiendo una importante quita en los intereses de la misma.
Fijar objetivos implícitamente supone la existencia de un plan para alcanzarlos porque este indica el camino, las acciones, los instrumentos y los hitos necesarios para lograr los objetivos en tiempo y forma. Mientras más desafiantes sean los objetivos, más estrictamente necesarios son los planes para incrementar la probabilidad de alcanzarlos. Asimismo, mientras menos credibilidad tengan los países o sus gobiernos, por su comportamiento anterior o por dudas respecto a su competencia o poder político para tomar las decisiones requeridas, más necesario se vuelve el presentar un plan económico explícito, coherente y consistente en el tiempo para el logro de los objetivos planteados. Días atrás, el Gobierno argentino alcanzó un acuerdo con sus acreedores, quienes aceptaron la propuesta de objetivos sin plan, seguramente porque las opciones que tenían para cobrar sus acreencias no eran mucho mejores que la propuesta del Gobierno. Sin embargo, la confianza en el cumplimiento del nuevo plan de pagos acordado es muy baja, debido a la decisión del Gobierno de no comprometerse a un conjunto de reformas necesarias para estabilizar y recuperar el crecimiento económico de largo plazo.
Sin embargo, nuestro país ha venido ganando credibilidad e incrementando la confianza en los últimos 20 años, no tanto por la fijación de objetivos, sino por el compromiso de los distintos gobiernos en la implementación de planes y programas económicos coherentes en sus distintos componentes y consistentes en el tiempo. Empezamos con un Acuerdo Stand By con el FMI allá por el 2003, con la realización de una serie de reformas económicas y fiscales que luego se consolidaron con la aprobación y puesta en vigencia de la Ley de Responsabilidad Fiscal en el 2013, cuyos parámetros fueron cumplidos sustancialmente hasta ahora. Además, desde el 2011 el Banco Central implementa exitosamente una política de metas de inflación como guía de la política monetaria. Sin embargo, este buen gobierno en la política macroeconómica del país siempre está a la deriva, debido a que depende del consenso social y político mayoritario que tenga en las distintas coyunturas económicas y sociales y que se explicitan en decisiones sensatas que consideren tanto las necesidades de corto como de largo plazo. En este sentido, la pandemia es un gran desafío y una gran oportunidad a la vez para ratificar o dejar de lado la prudencia en el manejo de la economía del país.
Hasta ahora el Gobierno, tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso han tomado decisiones relativamente sensatas considerando la grave y difícil coyuntura que estamos pasando. Sin embargo, el déficit fiscal está alcanzando niveles insostenibles y la deuda pública ha superado ciertos límites que ponen en riesgo la posibilidad de seguir mejorando la calificación de riesgo país, considerando nuestro nivel de ingreso per cápita y de crecimiento económico potencial. Por esta razón, necesitamos consensuar un plan fiscal de mediano plazo con una reducción del déficit al tope previsto en la Ley de Responsabilidad Fiscal, a más tardar en el 2022 y con un compromiso político con las reformas necesarias para contener los gastos salariales y corrientes, mantener los niveles de inversión pública y mejorar la calidad del gasto y los servicios públicos. Si lo hacemos, saldremos fortalecidos con más credibilidad para atraer inversiones y seguir creciendo para crear las tan necesarias oportunidades para la gente después de la pandemia.
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Gobierno debe proveer mejor información sobre la reactivación
El Plan de Reactivación Económica presentado por el Gobierno fue duramente criticado por gremios y organizaciones debido a la ausencia de definiciones claras sobre los sectores que serán beneficiados, los mecanismos específicos de implementación y los resultados que se esperan tener. La desconfianza en el Gobierno es alta porque no ha dado señales contundentes en el ámbito económico de que su objetivo será el bien común y no intereses particulares de determinados sectores. El Gobierno debe explicar mejor el plan, sobre todo a quienes espera llegar, para lograr legitimidad y apoyo.
En un país en el que más del 80% de la población opina que se gobierna para los poderosos según Latinobarómetro, y con casos diarios de corrupción público-privada que quedan impunes, no debe asombrar el casi nulo nivel de confianza y legitimidad de la sociedad hacia las propuestas gubernamentales.
Si bien esto no es problema de la gestión actual, ya que otros gobiernos también tuvieron bajos niveles de popularidad y de deslegitimidad, este enfrenta un particular contexto debido al cansancio acumulado de la ciudadanía y los nervios que genera enfrentarse a una pandemia sin un sistema de Salud que funcione y con una grave crisis económica, especialmente en lo que se refiere al empleo.
A esto se agregan los escándalos de corrupción que el Gobierno no fue capaz de enfrentar con acciones contundentes desde el primer momento, incluso sosteniendo casos de indudable riesgo para el Estado sin separar a los responsables.
La ciudadanía tuvo fuertes reacciones ante las medidas de dudoso resultado. Un caso ejemplar fue el intento de los intendentes de distribuir las transferencias que ayudarían a sostener la primera etapa de la cuarentena más rigurosa.
Ante la alta posibilidad de partidización y el consiguiente prebendarismo, la ciudadanía a través de las redes sociales no tardó en responder y obligó a gerenciar dicha intervención desde el Gobierno Central.
Otro caso emblemático fue el de Petropar con una inexplicable tardanza en la renuncia o separación del cargo. Así, hay varios ejemplos en los que la actual gestión tardó o fue débil en reaccionar cuando se trata de sospechas de corrupción, tráfico de influencias o conflicto de intereses.
Antes que estos dos casos, el peor indudablemente fue el de Itaipú, cuya consecuencia fue el profundo debilitamiento político en el inicio de la gestión.
De esta manera, desde 2018 el actual Gobierno no deja de mostrar falta de voluntad en el combate a la corrupción, situación que generó un ambiente sumamente adverso para enfrentar una pandemia que se espera tenga consecuencias terribles para el país y la población, tanto en términos de los riesgos para la salud y la vida como en el desempeño económico a nivel macro y micro.
El Plan de Reactivación Económica propone, en este sentido, darle una especial atención a sectores particularmente sensibles como la agricultura familiar y el empleo urbano. A pesar de ello, son justamente gremios de trabajadores y campesinos los que muestran mayor incredulidad.
Frente a esta situación, a la que se agregan las dudas planteadas por algunos referentes de opinión, economistas y representantes de otros tipos de gremios, el Gobierno debería hacer el esfuerzo de explicar mejor el plan ya que el éxito de cualquier política está ligada indefectiblemente a la legitimidad política y a la confianza ciudadana en sus representantes.
Ojalá las autoridades se den cuenta de esto e implementen una estrategia de acercamiento a la población que permita a la misma entender y apoyar el plan, de manera que se logre una salida airosa de esta crisis sanitaria y económica.
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El acelerado endeudamiento pone en riesgo el desarrollo
El rápido endeudamiento de la actual gestión de gobierno pone en riesgo uno de los capitales más importantes de la economía paraguaya: su estabilidad económica. Con la pandemia se exacerbó el problema de la deuda. Los dos últimos gobiernos heredaron una situación macroeconómica envidiable que fue debilitada por decisiones irresponsables de endeudar al país en lugar de plantear mecanismos de financiamiento sostenibles, movilizando recursos propios. Es fácil quedar bien ante la ciudadanía dejando a generaciones futuras la obligación del pago de las obras realizadas. Al actual Gobierno todavía le quedan 3 años. Es hora de que asuma la responsabilidad que tiene.
La deuda pública creció en los primeros seis meses de este año para enfrentar la pandemia del coronavirus y llegó a un nuevo techo histórico de un poco más de USD 10.000 millones.
El Ministerio de Hacienda informó que los compromisos aumentaron en USD 2.012 millones entre enero y junio, con respecto al cierre del 2019.
Teniendo en cuenta la proyección del Banco Central del Paraguay (BCP) sobre la caída del PIB de entre -2,5% al -3,5%, la relación deuda/PIB se ubica en el 30,7% entrando en el rango de alerta de acuerdo con los parámetros del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La obtención de recursos mediante la colocación de los bonos del Tesoro se mantiene como el principal instrumento de endeudamiento. Mediante esta vía, el Estado mantiene deudas por USD 6.847 millones (63%), lo cual aumenta el riesgo debido a que la deuda está en dólares, cuya cotización está en aumento.
Además de la contracción económica que tiene como consecuencia directa la reducción de las recaudaciones tributarias, tenemos el problema de la baja presión tributaria, lo que contribuye a aumentar el riesgo.
No es lo mismo un ratio deuda/PIB en un país con recaudaciones tributarias que en un país con limitadas recaudaciones.
El problema no es solo el escaso espacio fiscal que obliga a endeudarse para pagar deudas sino también la inequidad, generando el cuestionamiento de quién pagará la deuda con una estructura tributaria basada en impuestos indirectos.
La solución planteada desde el Gobierno es cambiar las reglas de endeudamiento, para lo cual envió una propuesta de Ley de Pasivos, que no es otra cosa que oficializar el llamado popularmente “bicicleteo”.
Dicho de otra manera, se trata de pasar a las próximas gestiones de gobierno y generaciones el pago de la deuda.
En este caso el planteamiento no solo da lugar a un problema económico, sino también ético. El problema económico radica en el costo adicional (intereses) que conlleva endeudarse frente al financiamiento de la crisis con recursos propios y genuinos. El problema ético se genera cuando se traspasa a las generaciones futuras el esfuerzo del financiamiento de políticas que no beneficiaron de manera directa a las que pagarán y cuando se deja el conflicto redistributivo a otra gestión de gobierno, porque serán los próximos gobiernos quienes deban acordar un aumento de los ingresos tributarios para pagar la deuda.
Paraguay está hasta este momento entre los primeros lugares de los países con mayores costos de la pandemia, situación agravada por el endeudamiento. El desempeño económico ya era un problema antes de la pandemia debido a las malas condiciones laborales, durante la misma y la posterior recuperación no debe continuar este empeoramiento.
No hay justicia económica ni desarrollo si los mismos que sufren la falta de empleos de calidad y no se benefician con el crecimiento económico son quienes también sufrirán en mayor medida el peso del pago de la deuda.
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Austeridad
Por Iván Lisboa
Nuestro país no escapó a la crisis económica mundial que trajo consigo el Covid-19. Los esfuerzos del Gobierno Nacional para contener la enfermedad tuvieron hasta el momento un efecto positivo en el ámbito sanitario, pero en lo económico sigue habiendo demasiada incertidumbre y la moral está por el piso en varios sectores importantes de la economía.
En ese sentido, hace unas semanas el Banco Central del Paraguay (BCP) ajustó su proyección de crecimiento al -3,5%, frente al -2,5% estimado a inicios de la pandemia. Las estimaciones de la banca matriz hablan no solamente de una caída más fuerte en los sectores secundarios y terciarios, sino que también indican una reducción notoria en el consumo privado y en las exportaciones.
En ese escenario de dificultad y de la necesidad imperiosa de un impulso fiscal para intentar una recuperación un poco más rápida, el Ministerio de Hacienda comienza desde hoy a mantener reuniones claves con las diferentes instituciones públicas de cara a lo que será el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2021.
De acuerdo con lo anunciado días pasados por las autoridades de la cartera, el plan de gastos público deberá contener bastantes limitaciones y prohibiciones atendiendo el déficit de ingresos que se espera para este año –USD 600 millones aproximadamente–, el elevado saldo rojo fiscal con el que se cerrará el año –7% del PIB– y el feroz endeudamiento al que recurrió el Estado para hacer frente a la pandemia.
La Ley de Presupuesto es la normativa más importante que se discute en el último cuatrimestre de cada ejercicio fiscal. Esta normativa debe reflejar lo que busca la administración de turno para el año entrante y debe asegurar el correcto funcionamiento del aparato público, desde sistemas de salud, educación y protección social equitativos y eficientes, hasta servicios básicos eficaces e inversiones que reduzcan la enorme brecha de infraestructura que arrastramos desde hace años.
Asimismo, atendiendo el incierto panorama para los próximos meses, la Ley de Presupuesto llama a un pacto social importante entre las instituciones públicas. Como el espacio fiscal será muy reducido el año próximo, es vital que las entidades elaboren sus previsiones de gastos acorde a una realidad que reclama austeridad y prudencia en las cuentas públicas.
Otro de los problemas con los que deberá lidiar el Gobierno es el retorno a la regla fiscal y el efecto rebote. Tras dos años de sobrepasar el límite legal del 1,5% del PIB, el plan del Fisco es volver a ese tope en 4 años. Esto significa que los gastos deberán reducirse, al igual que la toma de deuda para financiar inversión; no obstante, es fundamental seguir desarrollando obras para apuntalar el crecimiento en 2021, y ahí juega un rol fundamental la revisión de la alianza público-privada (APP) y la modalidad llave en mano. Los cambios en estas dos herramientas son claves en medio de limitaciones fiscales y financieras.
Tocará luego al Congreso respetar los pilares del proyecto de PGN. El marco legal vigente señala que el plan de gastos debe entrar al Congreso el 1 de setiembre, a más tardar. El estudio del documento se inicia en la Comisión Bicameral, donde los titulares de las distintas entidades deberán defender sus planteamientos de ingresos y gastos, para luego pasar a la Cámara Baja y finalmente a Senadores. Los parlamentarios deben entender también que inflar el plan de gastos implica solamente generar falsas expectativas, en un año donde las mismas deben estar alineadas para asegurar que el efecto rebote se convierta en recuperación efectiva.
El horno no está para bollos, como se dice comúnmente. Las proyecciones de incertidumbre para los próximos meses y el hartazgo ciudadano producto de años de corrupción empujan a los actores públicos, más que nunca, a ser cuidadosos con el dinero de todos.
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El mejor antídoto contra la pandemia es acelerar la recuperación
Los pronósticos económicos están a tono con la arrolladora pandemia. La enfermedad no solo va aumentando el número de contagiados y fallecidos en su marcha fatídica, también está amenazando la recuperación de la maquinaria productiva y del comercio, que se estima será más lenta y complicada.
Según la previsión de los organismos internacionales, a nivel regional se prevé que la retracción será mayor a la prevista inicialmente. En cuanto a nuestro país, el Banco Central del Paraguay (BCP) corrigió su estimación inicial señalando que la caída de la economía paraguaya será más fuerte.
A estos elementos se suma ahora la posibilidad de que la reactivación no tenga la rapidez que se requiere y lleve más tiempo volver a los valores de la normalidad que se tenían hasta fines de febrero. Las nuevas estimaciones se basan en elementos recientes que van apareciendo y complican el panorama. No se sabe qué puede pasar, sobre todo después de agosto en que el avance de la enfermedad está poniendo a prueba el sistema de salud y la capacidad de reaccionar en materia económica. El camino hacia la normalidad con la apertura de la cuarentena todavía no está mostrando sus frutos, aunque no hay dudas que es más efectiva que el encierro más duro.
La Cepal actualizó recientemente sus previsiones destacando que la retracción económica de la región será más importante de la que había estimado inicialmente. Por eso, del -5,3% que había señalado anteriormente para América Latina, actualizó al -9,1% teniendo en cuenta los nuevos datos. Y si estimaba que la economía paraguaya iba a caer 1,5% hizo la corrección señalando que el bajón será de 2,3%. Por su lado, el BCP, que había calculado al principio una caída de 1,5%, ajustó sus cifras y estima que el golpe de la economía paraguaya será del -3,5%, lo que indica que estaremos peor.
Nuestros grandes vecinos tienen pronósticos de fuertes caídas, pues para Argentina se prevé -10,5% y a Brasil se le calcula un -9,2%. Bolivia tendría un bajón del 5,2%, casi como Uruguay que perfila un -5,0%, en tanto que Chile será golpeado con un -7,9%. Al lado de estas cifras el pronóstico de nuestro país es de -2,3%, que es el más leve.
Señala este organismo que la retracción económica paraguaya será la menor de la región, lo que podría hacer más fácil su recuperación. De todos modos, que a otros les vaya peor que a nosotros no aumenta el crecimiento de nuestra economía ni mejora la situación de los paraguayos. La mala situación de nuestros vecinos tendrá una fuerte repercusión que se trasladará a la nuestra, porque la dependencia paraguaya de Brasil y Argentina es muy alta.
Las nuevas estimaciones dicen que la recuperación de nuestra economía será más lenta de lo esperado y por lo tanto llevará más tiempo. Esa es la opinión de Basanomics, que luego de hacer su evaluación estima que el proceso de volver a la situación previa a la pandemia nos podría llevar de 18 a 24 meses. Lo que significa que estaremos en las actuales condiciones de retracción, en el mejor de los casos, hasta principios del 2022 si va creciendo la economía. Uno de los voceros de Basanomics, Carlos Fernández Valdovinos, estimó que, si se crece en forma normal, la recuperación de la pandemia podría llevar incluso hasta dos años, pues la reactivación no será rápida. Y que las pérdidas de la economía a causa de la enfermedad podrían alcanzar hasta cerca de 20 mil millones de dólares, con todo lo que ello implica en los enormes costos sociales, por la destrucción de fuentes de trabajo, el aumento del desempleo y el crecimiento de la pobreza.
Los cortes en el presupuesto de obras públicas por falta de recursos harán más dificultosa la recuperación. Uno de los pilares del plan de reactivación del Gobierno es crear más puestos de trabajo mediante mayores inversiones públicas, lo que se verá afectado por la falta de dinero para nuevos proyectos de infraestructura.
Por ello habrá que hacer más fuerte el apoyo al sector privado para que se restablezca rápido, reabran las empresas cerradas y se recupere y aumente el empleo.
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Poner las cosas en orden
Los vialeros han pegado el grito al cielo diciendo que la decisión tomada por el ministro de Hacienda de no llevar adelante obras que no tengan financiación, que nos parece absolutamente lógico, nadie empieza una obra si no sabe de dónde saldrán los recursos para pagarla.
Los vialeros han pegado el grito al cielo diciendo que la decisión tomada por el ministro de Hacienda de no llevar adelante obras que no tengan financiación, que nos parece absolutamente lógico, nadie empieza una obra si no sabe de dónde saldrán los recursos para pagarla. Eso lo sabe cualquiera que levanta un muro en la casa suya. Pero en el caso del Estado paraguayo, pareciera que esa no es la costumbre. Y más todavía cuando vemos ahora que el Ministerio de Obras Públicas adeuda 100 millones de dólares a empresas que han terminado de realizar tareas vialeras con el Ministerio. Esto nos demuestra que el trabajo de la administración de recursos es bastante pobre. En el Paraguay se dilatan los pagos porque el negocio está en eso, en hacer que se posponga la liberación de los cheques y cobrar un porcentaje de lo que la persona que brindó el servicio al Estado tenga que recibir. Esa es una vieja práctica corrupta que debemos cambiar en el país, porque no es que se le cobra a la persona o la empresa que realizó la tarea para el Estado. Eso lo paga usted, lo pago yo, lo paga el contribuyente paraguayo que tiene que además de pagar por una obra mal hecha, peor fiscalizada, le tiene que pagar al administrador y al ministro por liberar el cheque.
Es hora de poner las cosas en orden en este tipo de cuestiones. Si dejáramos de robar y ser más eficientes en el gasto público, no estaríamos lamentándonos que detengan la construcción de obras públicas, sino que estaríamos yendo adelante con nuestros propios recursos que no quedan en manos de unos delincuentes, sino que van a los propósitos establecidos en la norma.
Por Benjamín Fernández Bogado
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Sinceridad administrativa
Las cifras de fallecidos por el Covid-19 se siguen incrementando. Se alcanzó uno de los picos más altos esta semana y hay preocupación porque esto ya ha superado la cantidad de fallecidos por dengue en este año 2020
Las cifras de fallecidos por el Covid-19 se siguen incrementando. Se alcanzó uno de los picos más altos esta semana y hay preocupación porque esto ya ha superado la cantidad de fallecidos por dengue en este año 2020. Las cifras no son nada alentadoras. El director del Ineram general dice que nos va a poner de rodillas esta circunstancia e instó de nuevo a que se redoblen los esfuerzos para mantener el distanciamiento social, el uso de tapabocas y la higiene de manera constante. Esto es también trascendente, porque estamos mirando desde la perspectiva de un gobierno que ha tenido todo para prepararnos ante una circunstancia de este tipo, pero no ha tenido el coraje de decirnos la verdad.
La primera, de que no sabían exactamente cómo lidiar con esta pandemia y nos decían que el pico se alcanzaría al mes siguiente de lo que nos anunciaban como elemento de miedo. Ahora ya no saben cuándo llegará el pico y tampoco que era tan trascendente ni importante tener camas de terapia intensiva o respiradores si no se tienen los especialistas para dicho propósito. O sea, nos están diciendo la verdad a cuentagotas y después de comenzar a contar la cantidad de muertos y de gente conocida y cercana a cada uno de nosotros.
En circunstancias de este tipo, vale mucho más decirle a la gente lo que va a acontecer y trabajar en consecuencia. No buscar la figuración y los negocios, buscar hacerse de recursos sobre la situación de marginalidad en que vive la salud, la incompetencia administrativa de las actuales autoridades y especialmente la escasa sinceridad de propósitos cuando se trata de luchar contra el Coronavirus.
Por Benjamín Fernández Bogado
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Endeudarnos bien, ¡sí! Sobreendeudarnos, ¡no!
Pablo Alfredo Herken Krauer
Si me guío por los propios cálculos del ministro de Hacienda Benigno López –en los que no concuerdo, allá ellos, aquí yo– al cierre del 2020 se proyecta o estima que tendríamos (el Estado, es decir, nosotros) una deuda de 11.519 millones de dólares (en más del 90% externa, es decir, con el mundo que nos prestó dinero), equivalente al 32,5% del tamaño de la economía o producto interno bruto (PIB).
A junio del 2020 la deuda sumaba 10.871 millones de dólares, última información disponible, con un peso del 30,7%. Reitero, si me guío por lo oficial, en solo dos años (2019-2020) nuestra deuda estaría creciendo ¡43,3%! o 3.478 millones de dólares, teniendo en cuenta que en el 2018 el monto de la deuda ascendió a 8.041 millones de dólares, equivalente al 22,7% del PIB. Desde este punto de comparación nuestra deuda crecería en casi 10% en términos del PIB. ¡En dos años! ¿Se explica tanto endeudamiento en tan corto plazo, sabiendo que para el 2021 “se pensaba mantener el ritmo”? Y sí, se explica.
El cartismo le dejó a Marito 4.000 millones de dólares en recursos conseguidos y disponibles automáticamente, casi 10% del PIB. Los del Gobierno se durmieron unos buenos meses, pero cuando se nos vino el feo 2019, con recesión en el primer semestre, apretaron el acelerador e invirtieron 1.139 millones de dólares, en obras públicas en gran parte. Cuando se ejecuta un préstamo externo se convierte en deuda. La economía no creció: 0%. “Vamos a hacer lo mismo en el 2020 para lograr el crecimiento esperado del 4,1%”, dijeron. Más obras = más deudas, ya conseguidas y disponibles o nuevas.
Y la inversión del Gobierno subió 31%, de 366 a 480 millones de dólares en el primer semestre del 2020. Más deuda, porque prácticamente todo lo que se invierte se financia con bonos soberanos –que Marito odiaba– y préstamos internaciones –que para Marito eran “suficientes” sin necesidad de bonos–. La deuda por inversión se transforma en déficit fiscal, diferencia entre ingresos y gastos.
Por esa razón, el año pasado rompimos legalmente el tope al déficit que por ley nos establecimos en el 2013, para arreglar la casa muy desordenada que se recibía. Nos autorizamos un tope “temporal” del -3% del PIB dejando atrás el -1,5%. Pasamos de un déficit de -532 millones de dólares o 1,3% del PIB en el 2018 a otro de -1.089 millones o 2,8% del PIB. Estimándose para el cierre del 2020 un déficit del -7,2% del PIB o -2.552 millones de dólares. Es decir, casi quintuplicamos el monto del agujero. El 4,1% de crecimiento esperado se ha convertido en una caída del -3,5%.
La pandemia nos golpea con todo. En enero emitimos 450 millones de dólares en bonos soberanos y en abril, ya en emergencia sanitaria y económica, colocamos otros 1.000 millones de dólares soberanos. Reitero: bonos que Marito no quería y criticaba. Por emergencia nos endeudamos en 1.990 millones de dólares. En pocos meses. No entro al análisis de su uso. Y el Gobierno decidió continuar endeudándose. En su dibujado Plan de Recuperación necesita la aprobación del Congreso para 350 millones de dólares de nueva deuda. Y, como era de esperarse, se da una negativa generalizada. Pero esa es la película incompleta. En verdad en el Congreso hay en gestión de aprobación un paquete de 647 millones de dólares. Ya sumamos 997 millones de dólares “en manos parlamentarias”.
Le agrego otros 424 millones de dólares (BID y FMI). Sigo. A remitir al Congreso hay una carpeta de préstamos de 300 millones de dólares. Y hay contratos de préstamos en proceso de suscripción o formalización por 1.145 millones de dólares. Y los préstamos en etapa de negociación suman 585 millones de dólares. Y, finalmente, pero no menos importante –last but not least– al Gobierno aún le queda por desembolsar (usar) 3.144 millones de dólares de préstamos externos en ejecución cuyos contratos vienen del 2010. ¿Suma total?: Casi 6.600 millones de dólares en préstamos. Cuando la economía de un país juega su presente y futuro económico casi completamente en endeudarse, termina mal, muy mal.
Lo estamos haciendo, “porque no tenemos otra salida, importa más la gente que la deuda (expresiones de un ex ministro de Hacienda), las obras públicas apalancan la recuperación y la recaudación de impuestos cae 838 millones de dólares en dos años, con un nivel semejante al del 2012”. Hoy las justificaciones son muchas. Mañana, la caída y la crisis no tendrán papás. Y la gente, más importante que la deuda, entonces huérfana, comerá deuda. Was gesagt werden muss, muss gesagt werden. Duele decirlo, pero hay que decirlo. DDPHQD
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El Estado está insolvente y se puede complicar la recuperación
El Gobierno ya no tiene fondos para encarar las inversiones previstas en el Plan de Reactivación Económica y deberá agenciarse de dónde conseguir recursos porque las recaudaciones han tenido una fuerte merma por la pandemia económica. Debido a la falta de recursos se cortaron los nuevos proyectos de inversiones en infraestructura y se ha mutilado uno de los principales pilares del plan gubernamental, el de crear más empleos mediante la profusión de obras públicas.
El panorama financiero del Estado es actualmente de cuidado, por lo que todas las medidas que se tomen en la conducción económica deberán ayudar a resistir los violentos golpes de la pandemia con las menores bajas posibles y encarar con mucha más fuerza todos los resortes del plan de reactivación.
El ministro de Hacienda, Benigno López, reconoció el lunes en una sesión virtual con la Comisión Bicameral para el Control de los Recursos Previstos en la Ley de Emergencia que el Estado ya está sin recursos económicos para enfrentar los planes que tiene. En diversos momentos de la conferencia admitió la mala situación de las arcas públicas para afrontar la coyuntura que nos aflige.
Afirmó que de los 1.600 millones de dólares autorizados en la referida ley todos los fondos ya están comprometidos, por lo que ya no hay sobrante que se pueda utilizar en el plan de reactivación ni plata para Salud Pública para el año venidero. Detalló que, de los 1.600 millones de dólares, 1.338 millones de dólares ya fueron asignados y están en vías de ejecución. Dijo que si el saldo de 262 millones de dólares se aplica a la nueva cobertura que el Congreso quiere dar al Fondo de Garantías del Paraguay (Fogapy) de 272 millones de dólares más el subsidio de 206 millones de dólares para la Ande se va a tener un faltante de 218 millones de dólares. Por consiguiente, no sobrarán recursos para el plan de reactivación, como se tenía previsto. “No hay remanente para que Salud pueda disponer el año que viene, tampoco queda remanente para que nosotros podamos redistribuir en el plan de reactivación. Hoy deberíamos generar los recursos para hacer frente a los 218 millones de dólares ya autorizados. Esa es la situación que tenemos y la cuestión a resolver”, se sinceró.
“Con las leyes aprobadas, hoy la ley de los 1.600 millones de dólares está totalmente comprometida”, aseguró y agregó que su obligación era alertar sobre la situación mencionada.
La semana pasada se había conocido la nota enviada por el ministro de Hacienda al de Obras Públicas en la que le comunicaba que no hay financiamiento para nuevas obras y le pedía que ya no llamara a nuevas licitaciones ni hiciera otros contratos por encima de los existentes debido a la falta de recursos financieros. La noticia no había caído bien en el MOPC porque echaba por tierra algunos de sus proyectos con los que se quería crear más fuentes de trabajo en el interior del país, como se preveía en el plan de reactivación.
Otra cara de esa realidad que no se puede obviar es que las recaudaciones fiscales están mal. El ministro López reconoció que actualmente la caída de los ingresos tributarios es el equivalente a 400 millones de dólares y se estima que para fin de año ascenderá a 600 millones de dólares. La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), de enero a julio, percibió un 18,6% menos de lo que había recaudado en igual período del año pasado. La Dirección General de Aduanas, por su lado, también tuvo una severa merma en la percepción de los impuestos aduaneros, y se estima que más del 40% de la caída total de las recaudaciones fiscales provienen de esa dependencia.
El derrumbe de las finanzas públicas constituye una parte muy delicada del escenario nacional. Obligará a mayores esfuerzos y una gestión más sólida de parte del Gobierno en el campo económico. El Ejecutivo debe ser más eficiente en sus recaudaciones persiguiendo el contrabando y la informalidad, y el Congreso tendría que poner su parte aprobando las leyes que se requieren para buscar la mejora de la situación. Hay que dejar de lado las rencillas y abocarse a salvar al país de esta adversidad.
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Estamos mal, pero ciertos datos apuntan a posible mejoría
Los efectos perniciosos de la pandemia y sus consecuencias son más severos de lo que se esperaba inicialmente, de acuerdo con cálculos y estudios recientes. Las repercusiones del mal no hacen mella solamente en la salud, enfermando a muchas personas, y llevando a la muerte a mayor cantidad de gente que otras dolencias, como el dengue, por ejemplo.
También hacen muchísimo daño por sus efectos nocivos en la vida económica, con el desempleo, el cierre de unidades económicas que producen riqueza y son fuentes de trabajo para miles de personas. Felizmente, en gran parte del país se ha suavizado el encierro, han comenzado a reabrirse muchas empresas que buscan sobrevivir y, lentamente, se divisan señales de mejoría en el consumo y hasta en los ingresos tributarios que necesita el Estado. Pero falta aún un trecho enorme para lograr el equilibrio que nos dará la recuperación.
Las entidades que analizaron los datos sobre el rumbo del Paraguay han ajustado sus previsiones económicas destacando que en el 2020 nos irá peor de lo que se creía en el primer trimestre. La razón es muy simple, el desarrollo que tuvieron las diferentes variables ha reflejado una caída más contundente. Uno de los índices más llamativos ha sido el del consumo, cuya depresión importa mucho, pues repercute en el movimiento comercial y en la satisfacción de las necesidades básicas. Si bien la agricultura y la ganadería tuvieron un buen comportamiento, la industria, los servicios y el comercio reconocen un severo deterioro, que se hizo visible en los despidos y la suspensión del empleo de miles de trabajadores.
Debido a ello, se aguarda que el desempeño de la economía sea este año de entre -3,5%, como dice el Banco Central del Paraguay (BCP) y -5,2%, como estima el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Itaú, que decía que la caída sería solo del 2,5%, ha ajustado sus cálculos con los nuevos elementos del segundo trimestre y señala ahora un bajón del 3,6%.
El estudio de este banco es el más reciente y el que, por tanto, considera datos más nuevos. Refiere que el impacto económico de la cuarentena estricta en el segundo trimestre fue más importante de lo previsto. Debido a ese golpe baja sus previsiones del superávit comercial para este año estimado inicialmente en 1.200 millones de dólares a 500 millones de dólares, por la caída del comercio de frontera con Brasil. Resalta que la merma comercial golpea a la recaudación impositiva por lo que los ingresos fiscales disminuyeron en 28,2% anual en términos reales en el segundo trimestre; en tanto que, el déficit fiscal acumulado en doce meses hasta junio alcanzó el 4,7% del PIB, más que lo que había calculado en marzo que fue -3,1%. Por ello, prevé que en el 2020 el saldo negativo del fisco será del 7,0% del PIB en lugar del 6,0% inicialmente calculado.
Un dato llamativo es que los precios al consumidor aumentaron en 0,5% durante julio, luego de tres meses consecutivos de la caída de los mismos, lo que podría revelar una mejora en el consumo.
Así lo entiende el viceministro de Tributación, quien refirió que el consumo está subiendo porque las recaudaciones que provienen del mismo están aumentando. Dijo que se nota una leve recuperación por la suba de los ingresos fiscales, dado que el 60% de las recaudaciones proviene especialmente del consumo que desde junio volvieron a subir, especialmente el IVA, el tributo de mayor ponderación. Calculó que gracias al repunte, a fines de este mes se podría tener un ingreso de 1,1 billones de guaraníes.
El funcionario estimó que el total de ingresos fiscales de este año sería parecido al del 2018, aunque hasta ahora lo recaudado, algo más de 8 billones de guaraníes, es una cifra inferior en 250 millones de dólares a lo que se había percibido en igual período del año pasado.
El progreso en las percepciones fiscales porque avanza el consumo es un dato no menor a la hora de dibujar el futuro que nos aguarda. Si no se vuelve atrás en la cuarentena y se avanza en reactivar el comercio, las industrias y servicios, se puede abrigar un razonable optimismo para lo que resta del año.
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