Escuchar a las comunidades, el desafío de la nueva ministra de Ambiente y Recursos Naturales

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Patricia Orantes Thomas es una de las fundadoras de Movimiento Semilla. Pobladores afectados por empresas extractivistas ven con cautela las acciones de la cartera que dirigirá Orantes pero piden velar por los derechos de las comunidades afectadas.

Por Isela Espinoza

En medio de la crisis ambiental que vive el país debido a los incendios forestales y el del vertedero ubicado a inmediaciones de Villa Nueva, así como los conflictos sociales entre las comunidades y los proyectos extractivos, la diputada Patricia Orantes Thomas, fue nombrada este jueves como ministra de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) tras la destitución de María José Iturbide.

En la sesión plenaria de este jueves, la legisladora solicitó al Congreso de la República la autorización para ausentarse de su cargo y asumir como ministra. Con 138 votos a favor, el pleno lo autorizó. Orantes llegó al cargo en la X Legislatura en segunda casilla de la Lista Nacional por el partido Movimiento Semilla. Antes de dejar su curul pidió la palabra y aseguró “tienen un Ministerio de Ambiente con las puertas abiertas”.

En una entrevista en donde confirmó que aceptó asumir el cargo, Orantes dijo que una de sus primeras acciones en la cartera será revisar los mecanismos existentes para el uso transparente de los recursos asignados y de no existir los fortalecerá. Su declaración está ligada al motivo por el que Iturbide fue cesada como ministra luego de ser criticada en las redes sociales por el uso de vehículos oficiales por parte de su hija para fines personales.

“En el caso concreto de los vehículos vamos a rotularlos todos para que la ciudadanía en cualquier momento pueda identificarlos”, afirmó Orantes quien integró las comisiones de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales; de Finanzas Públicas y Moneda; de Energía y Minas y de Economía y Comercio Exterior. Además, es una de los fundadores de Semilla. Fue secretaria de organización durante el primer Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Movimiento Semilla y se desempeña como miembro suplente del CEN.

De 2006 a 2008 durante el gobierno de Óscar Berger, dirigió la Secretaría General de Planificación (Segeplan).

Cerro Blanco, el desafío latente

La transparencia en el manejo de los recursos públicos, no es el único reto para la nueva ministra. En casi tres meses de gestión, Iturbide no dio respuestas claras a los pueblos originarios sobre proyectos extractivos. Durante el descanso de Semana Santa anunció que no revocaría la autorización de operaciones a cielo abierto del proyecto minero Cerro Blanco de la empresa de capital canadiense Bluestone Resources, ubicada en Asunción Mita, Jutiapa.

La exministra de Medio Ambiente enfrentó críticas, pero justificó que el gobierno no podía anular los permisos de oficio ya que el plazo para hacerlo venció el 17 de enero. Sin embargo, tampoco explicó que otras acciones tomarían para frenar la actividad minera en ese municipio.

Cinco días antes de finalizar su gestión, el MARN de Alejandro Giammattei aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Cerro Blanco y abrió la puerta para que la transnacional canadiense active labores y pase de la modalidad de explotación subterránea a cielo abierto. Bluestone emitió un comunicado en el que anunció que iniciaría la explotación de oro y plata.

Estas operaciones también afectarían al departamento de Jalapa y al país vecino, El Salvador. El Observatorio de Industrias Extractivas (OIE) advirtió el 23 de enero de este año que la reactivación de la mina “implicaría graves riesgos ambientales”, pues la contaminación por el vertimiento de aguas residuales de la mina afectará a la cuenca Ostúa, la quebrada El Tempisque, el Lago Güija y el río Lempa, que conectan con El Salvador lo que podría provocar un conflicto binacional.

Cuando asumieron, las autoridades de Ambiente del gobierno de Bernardo Arévalo habían informado que auditarían el proyecto para verificar que cumpliera con las medidas de mitigación. Ahora, Orantes asumirá este desafío ya que las peticiones de los pueblos originarios sobre el cese de proyectos extractivos, entre ellos la mina Cerro Blanco, no han sido tomadas en cuenta.

Armando Teo, integrante de la resistencia de Asunción Mita contra la minería, afirmó que la población “está cautelosa” a la espera de las acciones del Gobierno respecto a Cerro Blanco. Para Teo la exministra de Medio Ambiente “se lavó las manos” y no tomó en cuenta las consecuencias ya que le dio “curso libre” al Estudio de Impacto Ambiental con inconsistencias.

“A ese estudio le faltan más de 800 folios que están desaparecidos y eso es lo que se busca resolver en las cortes. Actualmente la población está alarmada ya que los gobiernos no protegen a las personas pobres, sino que sencillamente se dejan llevar por sus propias negociaciones”, afirmó Teo.

Julio González, de Madre Selva, uno de los colectivos ambientalistas que han seguido de cerca el caso de Cerro Blanco, coincidió con Teo en que la exministra tenía la potestad de declarar que esa resolución de las autoridades anteriores no era acorde a los procedimientos y revocarla administrativamente por no llenar los requisitos. “Se violentó la norma ambiental ya que no tomaron en cuenta las opiniones de expertos internacionales ni lo planteado por la población”, dijo González.

Según comentó, la autorización del MARN no posee ni recomendaciones como suele suceder con otros Estudios de Impacto Ambiental.

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Población en resistencia

En 2007, la empresa en ese entonces dueña, EntreMares S.A., no pudo extraer ni oro ni plata porque los túneles se inundaron como resultado de que el estudio no analizó la superficie de los suelos, de tipo geotermal.

En 2019, GoldCorp (el segundo dueño) vendió los derechos a la canadiense Bluestone Resources. En 2021, esta presentó la propuesta para reactivar la mina con la actualización del Estudio de Impacto Ambiental para no perder la licencia.

Pero los pobladores en resistencia de Asunción Mita denunciaron que la minera degradaría el ambiente, dejaría las tierras estériles y destruidas, agua contaminada de por vida por el drenaje ácido de la mina, fuentes de agua secas, ríos contaminados y daños a la salud.

El 18 de septiembre de 2022 en una consulta comunitaria la población dijo no a la minería con al menos 7 mil 481 votos y 904 a favor.

“El gobierno prometió que iba a hacer una auditoría y la ministra (Iturbide) dijo que no pudo detener eso, pero sí podía porque nosotros le presentamos desde hace dos años al Ministerio de Ambiente y de Energía y Minas las inconsistencias. Pero no las tomó en cuenta. Se hizo la consulta comunitaria pero tampoco se tomó en cuenta, prácticamente se está pisoteando nuestra soberanía”, manifestó Teo. Además, comentó que Iturbide no acudió a las reuniones en donde ellos expusieron nuevamente la situación, sino que delegaba a otras personas del MARN.

Teo también explicó que, de reanudarse la actividad minera de Cerro Blanco, el área en donde colocarían los acumulados de tierra extraída está a 400 metros de la comunidad Trapiche Vargas por lo que, según estudios, en una fuerte lluvia este acumulado de tierra podría desaparecer a la comunidad y contaminar el Lago Güija.

Además, la empresa de capital canadiense Bluestone Resources, ha adquirido más terrenos lo que ha llevado a acercarse cada vez más a las comunidades en resistencia. Los Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural (COCODE) que han apoyado a los pobladores también han sufrido de criminalización, denunció Teo. “Las instituciones del Estado nos han fallado en todo sentido”, afirmó.

El valle de Asunción Mita se encuentra asentado sobre un lago. Según explicó Teo, estudios revelan que a una profundidad de 80 pies se encuentra agua. Pero con la minera los niveles bajarían a 250 pies.

“Nosotros vimos que cuando el proyecto minero estaba sacando agua y dándole mantenimiento a los túneles, las fuentes de agua se agotaban. Ahora desde hace dos años que se realizó la consulta y ellos no han estado extrayendo agua se observan nacimientos de agua que desde hace 14 años no se veían. Eso es lo que más nos preocupa porque cuando uno tiene sed qué es lo que se necesita: aguo u oro”, puntualizó.

Los vecinos de la resistencia y colectivos ambientalistas prometen mantener el tema vigente para defender sus recursos naturales y detener la reactivación de una mina que ha estado en pausa por 16 años.

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Denuncian a exfuncionarios por corrupción en proyecto de “Escuelas Bicentenario”

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Juan Carlos Alonzo Reyes y Óscar Guillermo Sierra, quienes fungieron como director y subdirector de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE) fueron denunciados por la ministra de Comunicaciones por realizar las bases de licitación para la construcción de 14 “Escuelas Bicentenario” dirigidas a una sola empresa proveedora.

Por Regina Pérez

La ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, anunció que denunciaron a dos exfuncionarios de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE) por fraude en las bases de licitación para la construcción de 14 edificios “Escuelas Bicentenario”.

Los funcionarios denunciados son Juan Carlos Alonzo Reyes y Óscar Guillermo Sierra Pacay, director y subdirector de la UCEE, quienes según la ministra De la Vega realizaron las bases de licitación para la construcción de las 14 escuelas las cuales fueron dirigidas hacia un solo proveedor.

Este proveedor es Fame Sistema Constructivo Sociedad Anónima, que es la única empresa que suministraba el material PVC con el que se construyeron los edificios, que son de mala calidad y que han presentado varios problemas como filtración, según la ministra.

“Eso no puede darse, porque cerramos la puerta a la participación de más proveedores, a los costos que pueden establecerse para esos bienes que se van a construir”, indicó De la Vega en una conferencia, en la que se acompañó del comisionado contra la Corrupción, Santiago Palomo.

La cartera espera que el Ministerio Público (MP) determine si otros funcionarios tienen participación en la suscripción de contratos y acuerdos ministeriales.

Según la información que dio la ministra, de las 14 escuelas solo una se ha construido. El costo de cada edificio oscila entre los Q49 y Q59 millones. “Considero que con ese monto pudimos haber hecho una escuela con materiales tradicionales como se han construido siempre”.

Según una publicación de Prensa Comunitaria, el gobierno de Alejandro Giammattei erogó Q564 millones 363 mil 967.57 para la construcción de 12 “Escuelas Bicentenario”. La construcción de estos establecimientos fue calificada por el gobierno de Giammattei como “un hito en la evolución de la enseñanza” en el país.

La Escuela Bicentenario construida en Escuintla. Foto UCEE

Estos edificios se construirían con paneles de PVC para reducir los costos de construcción y su fin era conmemorar el bicentenario de la firma de la independencia del país, en 2021.

Una de las últimas adjudicaciones se realizó en Villa Nueva que tendría un costo de Q46 millones 796 mil.

Hasta la fecha solo se ha construido la que se ubica en Escuintla. Tres de ellas ya llevan un avance del 80 al 90 por ciento, según la cartera.

El Gobierno ha gastado Q 564.3 millones en la construcción de doce “Escuelas Bicentenario”

La ministra de la Vega señaló que en el caso de las construcciones que aún no han comenzado se hará una evaluación con el Ministerio de Educación, para determinar si se construyen en el mismo lugar con un modelo diferente con materiales tradicionales. “Sí se van a continuar, se sacaría una nueva licitación”, afirmó.

Destituye a funcionarios

La ministra también anunció la destitución de cinco funcionarios de la Dirección General de Caminos. Los destituidos son el subdirector administrativo, el jefe de contabilidad, la jefa de Recursos Humanos, el secretario general y la jefa de Asesoría Jurídica. Los nombres de los funcionarios se mantienen en reserva por parte de la cartera.

Según indicó la ministra, se estableció que era imposible trabajar con dichas personas. “No aparecen los expedientes, no están los procesos completos, han desaparecido papelería en todo momento para poder establecer un proceso completo y poder hacer una investigación como lo ha exigido el gobierno de Arévalo”, indicó.

Comunitarios de El Estor acuerdan convenios de pago para usuarios de energía eléctrica

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Los usuarios de Energuate que paguen al contado su deuda recibirán beneficios hasta del 90 por ciento, mientras que quienes hagan un convenio de pago tendrán un 80 por ciento de descuento sobre la deuda.

Por Juan Bautista Xol

Representantes del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de El Estor, Izabal, junto a delegados de la empresa Energuate y el alcalde Genaro Ico Cholom, acordaron convenios de pago con un 80 por ciento de descuento sobre deudas por concepto del servicio de electricidad.

El acuerdo también establece que los usuarios con posibilidades de pagar al contado sean beneficiados con un 90 por ciento de descuento, según las autoridades comunitarias.

Este proceso lo negociaban desde el 2023 y se concretó el 28 de febrero de 2024, según las fuentes comunitarias.

Denunciaron apagones

Durante el proceso algunos pobladores usuarios del servicio denunciaron la falta de energía eléctrica en varios sectores de El Estor.

Foto de Juan Bautista Xol

Los presidentes del Consejo Municipal de Desarrollo (Comude) de dos microrregiones expresaron que “estaban cansados de los apagones” que se registraban en el municipio.

Los comunitarios de habla maya Q’eqchi’ dijeron haber dejado de pagar sus facturas, en 2017, por el alto costo y el aumento mensual, lo cual se reflejaba en los recibos. Las personas aseguran que hay varios pobladores que solo consumen la energía eléctrica durante la noche.

Además, denunciaron que el incremento de consumo que se les cargaba podría generarse posiblemente “por las conexiones directas de hoteles y abarroterías que están en el centro del municipio y por los terrenos que no cuentan con escritura pública”.

Augusto Cac, uno de los afectados de El Estor, dijo que desde hace siete años dejó de pagar el servicio de energía por los montos elevados. Destacó que solo utiliza la energía “cuando es necesario”.

Foto de Juan Bautista Xol

“Los recibos empezaron a venir con un incremento. No tenemos televisor y ni siquiera un ventilador. Además, trabajo como jornalero y no me alcazaba el dinero para cubrir gastos exagerados”, expresó Cac a Prensa Comunitaria.

Hoy quiero aprovechar para solventar mi situación y espero que más adelante no nos vuelvan a afectar de esta forma, comentó Cac mientras realizaba el pago del convenio en una de las unidades móviles de Energuate.

Aclaran términos del convenio

Tanto vecinos como autoridades de los barrios estuvieron de acuerdo con los convenios de pago y esperan que Energuate mantenga las facturas de acuerdo con lo consumido durante el mes.

De lo contrario, aseguran, no permitirán el ingreso de ningún empleado de esta empresa hasta que cumpla lo pactado.

Para los representantes de la microrregión 12 es importante respetar los derechos de las familias y exigieron no llevar la fuerza pública en el momento de visitarlas.

“No permitiremos que la Policía Nacional Civil les dé acompañamiento, ya que su presencia es intimidatoria hacia las familias”, dijo un alcalde auxiliar de quien omitimos su nombre por seguridad.

Raúl Mexicanos y José Gutiérrez, representantes de Energuate, se comprometieron a cumplir la petición de las autoridades.

Dijeron que verificarán los medidores “una vez la familia haya adquirido los convenios de pago”.

“En El Estor hay más de cinco mil usuarios que no pagan el consumo, entre ellos, los comerciantes y hoteles, pero también necesitamos verificar los medidores de las familias”, declaró Mexicanos a las autoridades, versión que coincide con la de los vecinos afectados.

USAC podría gastar más de Q266 mil en excursión a Puerto San José

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Walter Mazariegos, exdecano de la Facultad de Humanidades, organizó una actividad motivacional para todos los trabajadores de las direcciones generales de la USAC del Campus Central. Se trata de una visita al parque acuático Aqua Magic, ubicado en Puerto San José. La actividad que está programada para este viernes 12 de abril podría costar más de 266 mil quetzales y tiene con objetivo motivar a los trabajadores por el inicio del primer semestre de 2024.

Por Prensa Comunitaria

Mazariegos y Wendy López Dubón, de la Dirección General de Extensión Universitaria (DIGEU) convocaron a través de varias circulares al personal administrativo, docente y de servicios de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) para una actividad motivacional en Puerto San José, que está programada este 12 de abril.

El evento que se llama “Actividad Motivacional del Primer Semestre 2024. El camino a la felicidad está creyendo en ti” podría costar más de Q266,997.

El gasto en esta actividad para 731 trabajadores contradice a las autoridades de la universidad sobre problemas en la falta de recursos, ya que según Mazariegos y el Consejo Superior Universitario (CSU) el déficit alcanza los Q1,000,000,000, unos USD$128,040,973.11.

La actividad motivacional incluye al personal de la dirección General de Docencia, de Extensión Universitaria, Financiera, y Administración que, de acuerdo con la información proporcionada por la Coordinadora de Información Pública, son 731 trabajadores. Sin contar a aquellos miembros consejeros del CSU que quieran acompañarlos en dicha actividad.

El Sindicato de Trabajadores de la Universidad de San Carlos (STUSC) denunció la tarde de este 11 de abril que los gastos asociados a esta actividad serán cubiertos con el presupuesto de las direcciones generales en lugar del presupuesto de Rectoría, esto por disposición de Walter Mazariegos.

Y hacen el llamado al personal docente y administrativo a no participar en esta actividad que responde a “pagos políticos de Mazariegos”.

Circular USAC

Costos del viaje al puerto

La entrada al parque Aqua Magic tiene un costo de Q75.00 por persona, según indican en sus redes sociales. Por lo tanto, el total destinado para el pago de entradas asciende a Q54,000.00.

Además del costo de las entradas, se estima un gasto de combustible para los vehículos que transportarán al personal al parque acuático. Si se utilizaran buses tipo escolar, con capacidad para 85 personas cada uno, considerando una distancia de 202 kilómetros de ida y vuelta desde el Campus Central hasta el parque, se estima un gasto total de combustible de Q8,317.35 para los 9 buses, si estos gastan un promedio de 15 galones de diésel por cada 100 kilómetros.

Adicionalmente, se proporcionará desayuno, refacción y almuerzo durante la actividad. Según la tarifa del parque acuático, los desayunos y almuerzos tienen un costo de Q120.00 por cada tiempo de comida y un estimado de Q40.00 por refacción. El gasto total en alimentación sería de aproximadamente Q204,680.00.

Por lo tanto, el costo total de la actividad se estima alrededor de Q266 mil 997, sin contar posibles gastos adicionales para animadores, música u otras actividades.

Gráfica Estuardo de Paz

Desvío de fondos para pagar compromisos políticos de Walter Mazariegos

Según una fuente que habló bajo anonimato, los gastos asociados a esta actividad serán cubiertos con el presupuesto de las direcciones generales en lugar del presupuesto de Rectoría, esto por disposición de Walter Mazariegos.

El STUSC realizó una denuncia pública contra Erickson González, asesor de Wendy Dubón, quien ordenó a las unidades académicas bajo su dirección que transfieran fondos urgentes para financiar la actividad.

El sindicato sostiene que estos fondos podrían destinarse a abordar emergencias como la generada por los incendios que afectan áreas como el Biotopo del Quetzal, que está bajo la jurisdicción de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la USAC en lugar de financiar compromisos políticos de Mazariegos.

Además, señalan que las órdenes giradas por Erickson González para dar instrucciones a los tesoreros y a las autoridades de la Dirección General de Extensión Universitaria son un abuso de poder, por lo que presentarán las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público (MP) y en la Contraloría General de Cuentas.

Los directivos del STUSC hacen un llamado a los trabajadores “para que no asistan a esta actividad irresponsable de las autoridades, ya que su participación sería una forma de respaldar actividades que no benefician a los empleados de la universidad”.

Este tipo de actividades se suma a otras que han sido señaladas recurrentemente como gastos innecesarios y excesivos para realizar actividades fuera de las instalaciones de la USAC con montos que llegan hasta los Q95,759.13 en gastos de comida por mes.

USAC asegura que mantiene un déficit financiero

En febrero pasado Walter Mazariegos Biolis, exdecano de la Facultad de Humanidades fue cuestionado por varios diputados del Congreso de la República por enviar una solicitad al Organismo Legislativo para aumentar el presupuesto asignado a la Universidad de San Carlos para el año 2024. Mazariegos, además, fue cuestionado por los parlamentarios por usurpar la calidad de rector de esa casa de estudios superiores.

En esa comunicación, el rector afirmó que existen compromisos pendientes por cubrir en un período de diez años que, alcanzan los Q12 mil 400 millones – unos USD$1,587,708,066-. Sin embargo, esta situación no ha impedido la realización de actividades que, aunque no están directamente relacionadas con las funciones de la institución, implican gastos significativos financiados parcialmente por las diferentes direcciones.

Documento USAC

MP señala de tres delitos a fiscal que sobrevivió a un atentado en zona 9

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En un caso bajo reserva judicial, la Fiscalía contra la Narcoactividad señala a Miriam Reguero Sosa, de la posible comisión de los delitos de lavado de dinero, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.

Por Alexander Valdéz

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó la detención de la fiscal de la Fiscalía Liquidadora, Miriam Reguero Sosa, durante una diligencia en su residencia ubicada en la zona 5 de la ciudad capital.

Sin brindar mayores detalles por la reserva de caso, el Ministerio Público (MP) comunicó que la detención se ejecutó por los delitos de abuso de autoridad, lavado de dinero e incumplimiento de deberes. Afirman que el caso surgió del seguimiento a la investigación por el primer atentado, en el que perdió la vida un agente de seguridad de la institución.

Su captura se dio a unos días de haber sobrevivido a un segundo atentado, un hecho armado ocurrido en la zona 9, en el que falleció su madre y un agente de seguridad que la acompañaba.

A su ingreso a la Torre de Tribunales, la fiscal expresó que su detención se ejecutó por la posible comisión de dos delitos. Además, indicó que teme por su vida y la de su familia. Recordó que apenas hace 15 días fue el entierro de su mamá, quien murió en el segundo atentado que sufrió.

“16 años de buen servicio en el MP, dos atentados, en lugar de buscar a los que me hicieron eso esto es lo que ellos hacen. Rompen la pita por el hilo más delgado, no han podido encontrar a los que me hicieron ese daño, hace 15 días enterré a mi mamá. Esta es la recompensa, no me dejaron pasar mi duelo. Ahora me traen acá, tengo la mano despedazada”, declaró.

El motivo de detención le fue informado en el Juzgado de Turno, que estuvo custodiado por un fuerte dispositivo de seguridad de la PNC. Luego fue trasladada a la cárcel de Mariscal Zavala, donde permanecerá hasta que se realice su primera declaración y solvente su situación legal, que estará a cargo del Juzgado Séptimo Penal.

Dos atentados

Reguero fue víctima de un ataque armado perpetrado, el 27 de marzo pasado, en la zona 9 capitalina, donde su mamá y un guardia de seguridad perdieron la vida. La agresión quedó grabado por cámaras de seguridad instaladas en los alrededores de la sede del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

En los videos se observa que los atacantes vestían uniformes similares a los que utiliza la Policía Nacional Civil. El primer hecho de violencia en su contra ocurrió en 2022, en el que sobrevivió, pero falleció un agente de seguridad que la acompañaba.

Como fiscal del MP investigó a una supuesta organización criminal que operaba en el Instituto del Registro de la Propiedad, otra de presuntos violadores de la Roosevelt, entre otros.

 

La mujer perfecta

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Por Dante Liano 

En algún libro de historia del arte (quizá Hauser o Gombrich) se afirma una sentencia que, de repetida, ha pasado a ser una banalidad: el modelo de belleza femenina que impera en Occidente está basado en la Venus de Boticelli. Una inmaterial muchacha, que no alcanza los 20 y, quizá, acaricia los 17, levita sobre las aguas apoyada en una indecisa concha marina. Está desnuda y se cubre, con cabellos y manos, aquellas partes del cuerpo castigadas por la moral de la época. Es blanca hasta la palidez, y el pelo rubio, largo y sedoso, cae con naturalidad sobre discretas sinuosidades. El rostro es oval, los labios rojos y finos, la nariz breve, los ojos claros, quizá celestes.  Se adivina alta, pero no mucho, aunque resulta claro que es longilínea. Germán Arciniegas sostiene que la modelo para ese cuadro fue Simonetta Vespucci, reina de belleza de Florencia y hermana de Américo, el descubridor de un misterio que Colón no descubrió: la existencia de América. Simonetta no fue solamente una muchacha bella: al posar para Botticelli, fue modelo dos veces, para el cuadro y para lección y castigo de la mujer occidental. De allí en adelante, la condición de ser rubia, de ojos azules y blanca fue requisito sin discusiones para ostentar belleza. Todo el Siglo de Oro español está lleno nieves para la piel y de oro para el cabello. Sin saberlo, Simonetta Vespucci ha sido la madrina de peluqueras de todo el mundo, que derrochan sus sábados por la tarde entintando de amarillo los negros cabellos de millones de mujeres.

Naturalmente, variantes hay, sobre todo en la literatura. Bien podremos afirmar que Dulcinea del Toboso era morena, porque las descripciones de Aldonza Lorenzo nos lo hacen imaginar. Morena la reina de Saba y morena Cleopatra, morena la esposa en el Cantar de los Cantares. En el mundo mediterráneo, más serían las morenas que las rubias y quizá, por raras, las rubias tendrían privilegio. Una hermosa canción sefardita dice: “Morenica me llaman…” Donde la hermosura de las morenas encuentra su sanción definitiva es en la comedia de Lope La doncella Teodor, cuando se enumeran las dieciocho cualidades que hacen bella a una mujer:

FENISA: Oye, aunque tu ingenio raro
Ponga a mi lengua temor:
¿Qué partes ha de tener
Una perfecta mujer?

TEODOR: Si son exteriores partes
Y en diez y ocho las repartes
Desta manera ha de ser:
Corta en tres, y larga en tres;
En tres blanca, y en tres roja;
En tres gruesa, y flaca en tres.

FENISA: Si el decirlas no te enoja, 
Decláralas.

TEODOR: Oye, pues:
De boca, pies y narices
Será corta; en cuerpo, cuello
Y dedos, larga.

FENISA: ¿En qué dices
Que sea roja?

TEODOR: En el bello
Color de los dos matices
Que las mejillas hermosas
Junta con la nieve y rosas,
los labios y las encías.

FENISA: Y ¿en qué partes 
las querrías blancas?

TEODOR: En tres partes forzosas.

FENISA: ¿Cuáles?

TEODOR: Dientes, rostro y manos.

FENISA: ¿Y en qué partes las quisieras
Ancha y gruesa?

TEODOR: En los dos llanos
Hombros, muñecas y caderas;
Y porque son más lozanos,
Más vivos, más atractivos,
Negra de ojos, con pestañas
y cejas.

Cualquiera puede reconocer la perfección atribuida al número tres, en modo particular, en la cultura judeo-cristiana. Tres son las personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres las tribus de Israel, derivadas de los tres hijos de Noé. Tres las comunidades humanas, derivadas de esa progenie. La enumeración perfecta, en retórica, tiene tres elementos. Y así, sucesivamente. Por eso, haberse topado con América, en el siglo XVI, significó un terremoto en las creencias europeas. En efecto, si los continentes eran tres, a imagen y semejanza de la tripartición divina, ¿qué significaba este cuarto continente, que desarticulaba el orden que los europeos atribuían a Dios? Y esos seres humanos, ¿a qué grupo pertenecían, de cuál tribu de Israel descendían? Arduos debates siguieron, sobre todo en Salamanca. Pero es otra historia, porque de lo que hablábamos era de la perfección en la belleza femenina, que, según Lope (y su personaje de la bella Teodor), se basa en el número tres.

Un relato basado en el número tres se encuentra en Las mil y una noches. Ese cuento tiene por protagonista a Calaf, un príncipe destronado. Llega a Pekín y es hospedado por una anciana. La anciana tiene una hija, que es esclava de Turandot, la bellísima hija del rey. Su hermosura es tanta que, quien la ve, de persona o en retrato, cae mortalmente enamorado. Cuando el padre la quiere casar a la fuerza, Turandot se enferma y hace prometer al afligido padre que solo se casará con quien responda a tres preguntas: ¿Cuál es la criatura que está en todos los países, que es amiga de todos y que no tiene igual? ¿Cuál es la madre que devora a sus hijos cuando son mayores? ¿Cuál es el árbol que tiene hojas negras por un lado y blancas por el otro? El príncipe de Samarcanda, al ver un retrato de Turandot, se lanza al ruedo y falla en las respuestas. Fatalmente, es ejecutado. El príncipe arroja lejos de sí el retrato, antes de morir. Calaf lo recoge y, al verlo, precipita en el amor desaforado. Se presenta a la corte y se somete a las tres preguntas. Para asombro de todos, tiene las respuestas: el sol, el mar y el calendario. Al verse vencida, Turandot entra en crisis. Calaf le dice que renunciará al matrimonio si ella adivina cuál es su nombre. En este juego de adivinanzas, interviene el amor: una esclava se enamora de Calaf, e inventa que Turandot planea asesinarlo. Le propone huir juntos, pero Calaf prefiere la muerte y se lamenta de su destino. Al hacerlo, pronuncia su nombre. La esclava corre con Turandot y le revela el nombre del príncipe. No obstante ello, la princesa acepta casarse con Calaf. Tal el poder mágico del número tres. (No lo ignoraba Giacomo Puccini, tampoco nosotros, que recitamos: “Colorín colorado, este cuento se ha acabado”.

Estado cooptado: MP logra favorecer a altos exfuncionarios, Sala reactiva caso solo para 13 personas

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Los magistrados de la Sala Segunda de Mayor Riesgo revocaron la resolución que benefició a altos exfuncionarios señalados de corrupción durante el gobierno del PP. El fallo solo aplica para 13 de los beneficiados, debido a que la FECI renunció a la apelación interpuesta sobre Alejandro Sinibaldi, Mauricio López Bonilla, entre otros.

Por Alexander Valdéz

La Sala Segunda de Mayor Riesgo aceptó un recurso de apelación presentado contra la resolución del Juzgado de Mayor Riesgo “B” que, el 23 de noviembre de 2023, cerró la investigación a favor de 19 acusados, entre exministros, políticos y empresarios acusados de beneficiarse con más de Q900 millones en sobornos.

Sin embargo, la decisión de reactivar el proceso penal solo aplica para 13 de las personas que se vieron favorecidas con el sobreseimiento del caso. Y no para Alejandro Sinibaldi, Mauricio López Bonilla, Manuel López Ambrosio, Ulises Noé Anzueto, Juan de Dios Rodríguez, Carlos Guerra Villeda, Emilia Guadalupe Ayuso, Rudy Leonel Gallardo y Adolfo Fernando Peña, debido a que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) decidió renunciar a la apelación presentada en los casos de altos exfuncionarios de Estado.

Cooptación del Estado: MP no apelará cierre del caso y favorece a exministros del Partido Patriota

Prensa Comunitaria tuvo acceso a la resolución emitida por la Sala, en la que se confirma que, debido a que la FECI renunció a la apelación de algunas personas, solo a analizó lo resuelto en relación a 13 señalados, quienes deberán enfrentar juicio por diferentes delitos. En relación a los altos exfuncionarios del extinto PP, la decisión del cierre del proceso quedaría firme.

“Teniendo que los recursos que se resuelven coinciden en planteamiento y agravios enunciados por celeridad procesal, se procede a conocer y resolver en forma conjunta las apelaciones planteadas por el Ministerio Público únicamente por trece imputados al haberse desistido parcialmente el referido recurso por nueve procesados y de la impugnación del Querellante Adhesivo Empresa Portuaria Quetzal a través de su Mandatario Especial Judicial Jaime Leonel López Barrios, quien apela únicamente en contra del imputado Julio Rolando Sandoval Cano, por los delitos de asociación ilícita y fraude”, consta en el documento.

¿Contra quiénes se ordenó juicio?

La resolución implica que en una nueva audiencia de apertura a juicio, se envíe a debate solo a 13 de las personas que habían sido beneficiadas, y contra quienes únicamente la FECI apeló. El fallo de los magistrados indica que en la audiencia se presentaron suficientes medios de investigación que acreditaron la posible comisión de delitos.

“Se establece que en el caso concreto que no se dan ambas condiciones legales para decretar el sobreseimiento en favor de los imputados, como lo hizo la Juzgadora a quo, toda vez que al acto conclusivo presentado por el Ministerio Público incorporó medios de investigación suficientes para sustentar y fundamentar la imputación de los hechos punibles en el producto de su actividad investigativa, es decir, entre ellos las declaraciones testimoniales de testigos y de los agentes investigadores quienes le dieron seguimiento a la estructura criminal, y prueba documental concatenada con los demás medios de convicción en las cuales indican los hechos que se le atribuyen a los acusados y de los cuales se puede determinar la probabilidad de que pudieron haber cometido el ilícito penal por el cual se les acusa”, se agrega en la resolución.

Las personas que enfrentarán juicio son:

  1. Alex Ricardo Girón Martínez, por el delito de asociación ilícita
  2. Dani Cronwell Gento Mayorga, por asociación ilícita y cohecho activo
  3. Hugo Artemio Rodríguez Murcia, por cohecho pasivo
  4. Carlos Enrique Batzin Chojoj, por asociación ilícita y cohecho pasivo
  5. Dwight Anthony Pezzarrosi García, por asociación ilícita y cohecho pasivo
  6. Julio Rolando Sandoval Cano, por asociación ilícita y cohecho pasivo
  7. Josué Isaac Rivera Aldana, por asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos
  8. Luis Gustavo Montoya García, por asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos
  9. Oscar Ludwing Osorio Ovalle, asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero u otros activos
  10.  Raúl Eduardo Castillo Castillo, por asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos
  11. Juan Carlos Salguero Barrientos, por cohecho activo
  12.  Byron Enrique Barrera Menéndez, por cohecho activo
  13. Héctor Hugo Solano Morales, por asociación ilícita y cohecho activo

Cuando se decretó el cierre del caso el juzgado determinó que no se acreditó, con ningún medio de prueba, la comisión de los hechos investigados por la FECI y Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Previo a dar a conocer el fallo, la jueza aceptó un recurso planteado por Emilia Guadalupe Ayuso, exdirectora del Registro de Información Catastral (RIC), y dejó fuera del expediente los medios de investigación aportados por la desaparecida CICIG. En la resolución se dijo que no tenían la facultad para realizar dichas pesquisas y que solo le competían al Ministerio Público (MP).

MP detectó sobornos millonarios

En el año 2016, la FECI y la CICIG establecieron que la estructura integrada por altos exfuncionarios del PP y empresarios pudo beneficiarse con aproximadamente Q900 millones en sobornos.

Entre las evidencias de la CICIG y la FECI había declaraciones testimoniales; informes financieros; cuadros de control que detallan la manera en que se distribuyó el dinero para el financiamiento electoral ilícito y las comisiones millonarias que pagaron los contratistas a cambio de adjudicación de proyectos; así como documentos financieros y legales de las sociedades creadas para disimular el origen del dinero, entre otras.

“Crearon empresas de cartón utilizadas para recibir sumas millonarias de financistas del Partido Patriota, ocultar dinero de origen ilícito y adquirir bienes inmuebles a favor de Pérez Molina y Baldetti Elías. Se identificaron regalos lujosos que fueron adquiridos para los exgobernantes, a través de sociedades ficticias, como tres helicópteros, una avioneta, vehículos, residencias, fincas y hoteles, entre otros”, detalla la acusación.

Este proceso fue develado casi un año después del caso La Línea y fue considerado uno de los más grandes hallazgos de corrupción estatal, porque alcanzó a funcionarios, exfuncionarios, empresarios y particulares.

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Otto Pérez se declara culpable en Cooptación del Estado y logra una pena mínima

Exasistente de Sinibaldi denuncia presiones del MP y dice temer por su vida

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En una carta dada a conocer en las redes sociales por el exfiscal Juan Francisco Sandoval, Aneliese Mercedes Herrera Monterroso señala que teme por su vida y da cuenta de las presiones recibidas para cambiar su colaboración e implicar a exfiscales de FECI.  La exasistente de Alejandro Sinibaldi está detenida en el Mariscal Zavala luego que el pasado 13 de marzo, la jueza Abelina Cruz ordenara que Herrera fuera puesta en prisión a pesar de que ya había sido condenada y había resarcido el daño que se le había impuesto.

Por Carlos Estrada

El 13 de marzo pasado, la jueza Abelina Cruz ordenó que Aneliese Herrera fuera puesta en prisión a pesar de que ya había sido condenada y había resarcido el daño que se le había impuesto.

Herrera fue, al menos desde 2005, la asistente personal de Alejandro Sinibaldi Aparicio, el exministro de Comunicaciones del gobierno del Partido Patriota vinculado en cinco casos de gran corrupción (Odebrecht, Arca, Construcción y Corrupción, Transurbano y Cooptación del Estado).

Con la declaración de Herrera y la información que logró documentar, la Fiscalía Especial Contra la Corrupción (FECI), dirigida por Sandoval, y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) sustentaron varias acusaciones en contra de Sinibaldi y la red de corrupción que lideraba.

La exasistente de Sinibaldi se convirtió en colaboradora eficaz, en 2018, en el caso Construcción y Corrupción y contó todos los detalles que le constaban sobre los actos de corrupción del exministro, para lo cual entregó información en su poder y que respaldaba sus declaraciones.

Ese año, Herrera aceptó los cargos y fue condenada con una pena reducida al haber entregar la información, como lo hizo en su momento Juan Arturo Jegerlhener, concuño de Sinibaldi y que respaldó con su testimonio varias de las declaraciones de Herrera, además de aportar información adicional sobre la corrupción de Sinibaldi.

Sin embargo, la colaboración de Herrera, al igual que la de Jegerlhener y de Carlos Francisco Goyzueta, reveló la forma en la que Sinibaldi recibía sobornos y lavaba el dinero, pero fue revocada por una sala de apelaciones que aceptó una solicitud hecha por Sinibaldi.

Es enviada a prisión

La jueza de mayor riesgo “D”, Abelina Cruz, ordenó la prisión preventiva de Herrera, luego de haber revocado el convenio de colaboración eficaz.

A criterio de la jueza existe un peligro de fuga, por ello decidió ordenar la prisión preventiva contra Herrera y también enfrentará un proceso por supuesto lavado de dinero y asociación ilícita. Es decir, un proceso común y no como el que ya se había realizado por haber aportado información a la antigua FECI.

La resolución durante la audiencia de revisión de medidas de coerción se dio en cumplimiento a lo ordenado por una Sala de Apelaciones, que aceptó una solicitud de Sinibaldi, para que se anularan las declaraciones de Herrera, Jegerlhener y Goyzueta.

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Envían a prisión a la exasistente de Alejandro Sinibaldi y testigo clave del MP

Presiones del Ministerio Público

Tras la decisión de la jueza Cruz, Herrera se encuentra detenida en el cuartel militar Mariscal Zavala a la espera de una nueva audiencia, mientras tanto, Alejandro Sinibaldi está en libertad y los casos en su contra se han caído pese a las evidencias que fueron presentadas por la FECI y por la CICIG.

El pasado 5 de abril, fue publicado un documento firmado por Herrera, que indica que teme por su vida y señala las presiones que habría recibido días antes de la decisión de la jueza Cruz, por parte de la FECI, dirigida por Rafael Curruchiche.

“Mi nombre es Aneliese Herrera, estoy nuevamente en prisión preventiva por el caso Construcción y Corrupción, por el que ya fui sentenciada y condenada”, comienza el documento hecho público por el exfiscal Juan Francisco Sandoval y que circula en redes sociales.

En el documento la exasistente señala que recibió presiones por parte del fiscal Pedro Hernández González, ahijado de la fiscal general Consuelo Porras.

“Desde el principio sentí que su forma de verme no era como la de los fiscales anteriores, me veían de manera inquisidora tratando de controlar lo que querían que dijera y no como una colaboradora que presentó toda prueba con la verdad”, señaló Herrera.

Herrera narra que Hernández la atemorizaba y la trataba de manera acusativa y señalándole de haber mentido en una declaración de probidad.

Además, Herrera indicó que la Fiscalía de Asuntos Internos trató de manipularla y acorralarla para que ella dijera que le habían hecho ofrecimientos para dar su declaración.

“…siempre les dije que no, que no sabía cómo eran o fueron otros procesos, pero en mi caso, el licenciado Sandoval, Vides, González y Bolaños siempre me permitieron hablar con libertad, en un ambiente donde me sentía cómoda de expresar la realidad de los hechos, incluso les dije que los únicos que cuestionaron del por qué yo había hablado de la fiscal Aldana fue CICIG, sin embargo, respetaron mi declaración”, señala el documento atribuido a la exasistente de Sinibaldi.

En la narración de lo que habría sucedido antes de que se revirtieran las colaboraciones eficaces de Herrera y de Jegerlehner, se señala que el ahijado de Porras buscaba que Herrera declarara sobre cuestiones que no le constaban o que eran falsas.

Según lo plasmado en el documento, hubo presión y amenazas veladas, dándole a entender que si no declaraba lo que el Ministerio Público de Consuelo Porras quería, podrían revocar los acuerdos de colaboración.

“…me indicó que él tenía órdenes de la fiscal general de revocar los acuerdos que tuvieran que revocarse, tratando de esta manera de intimidarme, infundir miedo, de sentirme amenazada y coaccionada, sin embargo, no accedí a decir lo que ellos querían”, señala el documento.

Se pidió la opinión del Ministerio Público sobre estos señalamientos pero no se obtuvo una respuesta a la consulta.

Obligada a ser defendida por alguien que no conocía el caso

Herrera, quien tiene un abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), señala en el documento que en dos ocasiones abogados que, se supone estaban realizando su defensa, estaban en realidad filtrando información. Además, señala que hay abogados que le temen a Sinibaldi porque logra comprarlos e incluso presenta denuncias en su contra.

En la carta de la testigo se señala además que la jueza la obligó a ser representada por el abogado del IDPP, que no tenía conocimiento del caso y de quién no tenía confianza.

“…consta en el audio que nunca estuve de acuerdo y, adicional al tema del abogado, le puse a la vista la acción de amparo presentada y como dijo que a ella no le habían notificado, decidió seguir con la audiencia violentando todos mis derechos, así como el debido proceso”, se lee en el documento.

Además, manifiesta que nunca fue escuchada por la jueza, pese a la insistencia y a mantener la mano levantada, no le permitió hablar durante la audiencia emitiendo una resolución que a su criterio viola su derecho de defensa.

“Queda claro que la resolución de esta audiencia ya estaba decidida sin haber iniciado, el poder, las influencias y dinero pueden más que la justicia”, dice el documento.

Los netcenter en apoyo a Sinibaldi

La carta de Herrera confirma que está en un área de aislamiento y cerca del personal del Sistema Penitenciario y de soldados, sin embargo señala que las presiones a las que queda expuesta en áreas poco seguras son grandes.

Dice, además, que solicitó ayuda a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), pero no recibió ningún apoyo. “…nunca tuve respuesta, mi vida corre riesgo y el mayor culpable hoy disfruta de su libertad”, manifiesta.

El documento concluye señalando que el Ministerio Público deja en grave legitimidad la justicia en Guatemala, al dejar abandonados y agredir a quienes se atrevieron a hablar para desarticular un caso de corrupción de alto impacto.

Luego de la publicación de la carta de Herrera en la red social X y, se hiciera viral, se abrió una nueva cuenta con el nombre de la exasistente de Sinibaldi en la cual se señalaba que la carta que había circulado era falsa.

Al analizar la cuenta se evidenció que tenía mal escrito el nombre de Herrera y el correo electrónico, además los retuits realizados de esa publicación provienen de las mismas cuentas que aparecen apoyando las opiniones de Sinibaldi o descalificando el trabajo de los exintegrantes de la FECI.

La CC suspende el traslado de la jueza Marjorie Azpuru

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La jueza Marjorie Azpuru fue trasladada, en noviembre de 2023, del Juzgado Noveno Penal al Tribunal Quinto de Sentencia por orden de la CSJ. Sin embargo, la CC analizó un amparo presentado por la jueza y determinó que sus derechos fueron violentados.

Por Alexander Valdéz

El pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) amparó a la jueza Marjorie René Azpuru y dejó en suspenso el traslado ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que la había trasladado del Juzgado Noveno Penal al Tribunal Quinto de Sentencia, en noviembre de 2023.

Azpuru alegó que fue trasladada del juzgado de “forma ilegal y sin agotar los recursos legales correspondientes”. Es decir, al haber sido amparada por la CC, el traslado de la jueza queda en suspenso y regresará a su antigua magistratura.

“La autoridad cuestionada inobservó el procedimiento administrativo para traslados de jueces y magistrados preestablecido en la Ley de la Carrera Judicial (artículo 26) y su Reglamento (artículo 85); d) se incurrió en una severa contradicción al “confundir” la figura del nombramiento con la figura de traslado de juez, las cuales son figuras legales distintas…”, se lee en la acción.

Por su lado, la CC determinó que sí había motivos para otorgar la protección a la jueza. A su criterio, quedó evidenciado que sí hubo violación de derechos de la amparista al haber ejecutado un traslado sin el procedimiento respectivo.

“Este Tribunal concluye que la protección constitucional pretendida deviene procedente, por lo que debe otorgarse en favor de la ahora postulante, por lo que se deja en suspenso en forma definitiva la resolución que constituye el acto reclamado, a efecto de que la autoridad reprochada garantice el derecho a una audiencia debida a la postulante con relación al traslado y, posteriormente, en el uso de sus facultades legales, asuma la decisión que estime pertinente exponiendo las razones o motivos que la sustenten”, concluye la CC.

CSJ realizó traslados masivos

Azpuru, no es la única que ha sido transferida a otra judicatura en la actual gestión de CSJ. Esta semana se reportaron más de 30 cambios de jueces. Entre ellos, la remoción del juez Marco Antonio Villeda, del Juzgado de Extinción de Dominio, tras 13 años de despojar a estructuras criminales y funcionarios de bienes obtenidos de forma irregular.

El trabajo de Villeda es conocido por ser un juez especializado en procesos de extinción de dominio y quien retiró bienes a actores señalados de corrupción, entre ellos: Mario Ponce, Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti, Manuel Baldizón, Alejandro Sinibaldi, Carlos Muñoz, Juan Ortiz “Chamale”, caso “Patrullas”, Ana Sofía Castañeda alias “La Sirenita”, Marco Tulio Abadío, Carlos Muñoz, Francisco Edgar Morales alias “Chico Dólar”, Marvin Montiel Marín alias “El Taquero”, Eduardo Villatoro Cano alias “Guayo Cano”, entre otros.

En los últimos traslados, la CSJ justificó que el periodo para el que fueron nombrados en las judicaturas había concluido.

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OJ traslada a juez que extinguió bienes de políticos acusados de corrupción

Hijo de exjefe de la SAT pide que le retiren el embargo de Q2 millones

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Desde 2016, el Juzgado de Extinción de Dominio inmovilizó las cuentas de Pablo Gerardo Muñoz Morales, hijo del exjefe de la SAT, Juan Carlos Muñoz Roldan. Según el Ministerio Público, el hijo del exfuncionario no justificó el origen, por lo que podría ser dinero proveniente del Estado, producto de lo defraudado a través de la estructura la Línea durante el gobierno de Otto Pérez Molina.

Por Alexander Valdéz

Pablo Gerardo Muñoz Morales, hijo del exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Carlos Muñoz, solicitó al Juzgado de Extinción de Dominio que le retire el embargo de cuentas que suman más de Q2 millones y que fueron inmovilizadas por el juez Marco Antonio Villeda, quien el pasado lunes fue trasladado a otro juzgado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Los fondos fueron inmovilizados, en 2016, después de sospechas del origen del dinero y por no poder comprobar el origen de los mismos. El embargo se ejecutó en la investigación del caso de La Línea, develada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad FECI y por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CIGIG).

Las cuentas y montos embargados son las siguientes: dos cuentas con Q558 mil 806.18, otra con USD$4,188.05 y una cuarta con Q1 millón 428 mil 877.09. Sobre esos fondos es que solicitó se levante la medida cautelar del embargo. Tres de las cuentas están a nombre de Muñoz Morales y una más a la empresa Plan Alternativa, Sociedad Anónima, también propiedad del hijo del exjefe de la SAT.

Según la pesquisa del MP, la empresa de Muñoz Morales “sospechosamente” incrementó sus ingresos y ganancias durante la gestión de su padre al frente de la SAT, entre abril de 2013 y diciembre de 2014.

Foto: Prensa Libre

Dinero del papá fue extinguido

En agosto de 2021, el Juzgado de Extinción de Dominio extinguió Q5.8 millones a Carlos Muñoz, la Fiscalía de Extinción de Dominio probó que el dinero que captó provenía de comisiones ilegales. De acuerdo con la investigación, el exsuperintendente cobró por priorizar el pago de crédito fiscal a empresas de Mario Roberto Leal y Giovanni Marroquín Navas.

Mario Leal es un empresario vinculado a la producción de azúcar en la Costa Sur y al complejo comercial Cayalá, además, fue candidato a la vicepresidencia de Sandra Torres, en 2015. A Marroquín Navas se le señaló de ser el supuesto enlace entre la estructura interna en la SAT y la externa con particulares que cobraban sobornos a los importadores en las aduanas Quetzal, Santo Tomás de Castilla y Central.

Durante el proceso de extinción, el juez Villeda determinó que la fiscalía podía acreditar que esos fondos eran de origen irregular, por esa razón, consideró que lo prudente era que los mismos pasarán a control del Estado.

Fue vinculado al caso La Línea

El exjefe de la SAT, Carlos Muñoz, fue arrestado el 16 de abril de 2015, el MP y la CICIG lo acusaron de facilitar el control de las aduanas del país. En diciembre de 2022, el Tribunal de Mayor Riesgo “B” absolvió al exfuncionario, actualmente la sentencia no está firme. Otros señalados, como el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, fueron sentenciados a penas de 16 años de cárcel.

La FECI y la desaparecida CICIG detallaron que las personas investigadas estuvieron vinculadas con una estructura criminal liderada por Pérez Molina y Baldetti, con la participación de funcionarios y empresarios, quienes procuraron facilitar el ingreso de mercaderías por las aduanas del país a cambio del cobro de sobornos.

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Línea de tiempo Caso La Línea

Juez que ordenó el embargo fue trasladado

El pasado lunes, el Organismo Judicial (OJ) notificó al juez de extinción de dominio Marco Antonio Villeda su traslada al Juzgado Segundo Penal, donde se desempeñará como juez “B” en sustitución de Ruth Noemí Camey Equité, quien fue enviada a otra judicatura.

El trabajo de Villeda es conocido por ser un juez especializado en procesos de extinción de dominio y quien retiró bienes a actores señalados de corrupción, entre ellos: Mario Ponce, Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti, Manuel Baldizón, Alejandro Sinibaldi, Carlos Muñoz, Juan Ortiz “Chamale”, caso “Patrullas”, Ana Sofía Castañeda alias “La Sirenita”, Marco Tulio Abadío, Carlos Muñoz, Francisco Edgar Morales alias “Chico Dólar”, Marvin Montiel Marín alias “El Taquero”, Eduardo Villatoro Cano alias “Guayo Cano”, entre otros.

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OJ traslada a juez que extinguió bienes de políticos acusados de corrupción

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