Eglé Iturbe de Blanco

Durante los últimos 20 años el régimen de Venezuela ha venido destruyendo paso a paso la institucionalidad de la República, mediante el desmontaje paulatino y la sustitución de las principales estructuras político-administrativas, empezando por la modificación del nombre del país, los símbolos patrios, la moneda, así como la violación sistemática de los artículos fundamentales de la Constitución de 1999, siguiendo con los cambios en todas las principales instituciones públicas, políticas, económicas, sociales y administrativas, lo cual ha derivado en una gran confusión de roles de los principales actores de la vida pública, sin que apunten a un objetivo común.

En lo institucional, podemos destacar lo que ocurre en las principales organizaciones de mayor responsabilidad como el Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional, el Ministerio Público, la Presidencia de la República y la administración pública en todos sus niveles.

1. El Tribunal Supremo de Justicia

El actual Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fue electo entre gallos y media noche el 23 de diciembre de 2015, antes de la toma de posesión de la nueva Asamblea Nacional (AN), donde los partidos de la oposición ganaron las elecciones parlamentarias obteniendo la mayoría absoluta ( 2/3 de los escaños, 112 de 167 diputados). Esa noche, la AN saliente, cuyo período había concluido el 15 de diciembre, nombró 13 magistrados  principales y 21 suplentes, y se dieron jubilaciones adelantadas a varios magistrados que aún no cumplían su período, con la finalidad de tener un TSJ  integrado por magistrados afectos al régimen, aun cuando no cumplieran con los requisitos y procedimientos requeridos por la Constitución.   A poco tiempo de la instalación de la Asamblea Nacional (AN 2016-2021), el TSJ anuló la designación de los cuatro diputados de Amazonas con lo cual se perdió la mayoría absoluta en la AN, y aún cuando se desincorporaron los diputados de Amazonas, no se eliminó la figura del “desacato”, dictada por el máximo tribunal, que determinaba como nula todas las  decisiones de ese órgano.

La AN siguiendo los procedimientos establecidos en la CRBV eligió los magistrados para sustituir los que había nombrado el régimen; y apenas se juramentaron, fueron detenidos o se fueron al exilio. Actualmente residen en Panamá, Chile, Colombia y Estados Unidos, y se reúnen cada semana virtualmente.

Hoy tenemos un Tribunal Supremo en el exilio y otro en Caracas. Ambos toman decisiones con diferente grado de validez. Por ahora, las del TSJ en el exilio no pasan de ser recomendaciones y estar listas para ser validadas cuando el país retorne a la democracia.

            2- La Asamblea Nacional

La Asamblea Nacional (AN) se instaló en la fecha prevista y a los pocos días, como ya señalamos, hubo de enfrentar la pérdida de la mayoría absoluta que le daba facultades para tomar un conjunto de decisiones fundamentales, y en poco tiempo fue decretada la situación de “desacato” (figura legal inexistente).

La legítima AN venció su período en enero del 2021 y se declaró en continuidad administrativa, a  través de la puesta en vigencia de la Comisión Delegada, la cual por reglamento interno y de debates, y la CRBV, cubre las funciones de la AN plena en las  épocas  del año donde no funciona. Actualmente hay un debate jurídico sobre la AN (2016-2021) y la elegida, en forma fraudulenta, para el período (2021-2025) y que no es reconocida por la mayoría de los países democráticos, ni fue convocada   fundamentándose en las bases establecidas en la Constitución.

Este último parlamento, entre otras cosas, elevó el número de escaños de 167 a 277, creando una lista nacional para diputados que no representa a ningún estado del país. En su agenda está la modificación de 34 leyes de todo orden para la implantación de la etapa final del comunismo. Las más resaltantes son la Ley antibloqueo que debe instrumentarse y las que están en discusión para las ciudades comunales y el control de las ONG, dedicadas a las áreas sociales.

 A partir del momento en que se instaló la AN, electa el pasado diciembre, el país cuenta con dos órganos legislativos con el mismo mandato y diferentes objetivos que afectan la estabilidad jurídica de las decisiones en todas las áreas y la seguridad del pueblo y los inversionistas nacionales y extranjeros. La AN opositora que cuenta  con 33 diputados y es presidida por Juan Guaidó, mantiene en funcionamiento, en lo posible, las 15 comisiones permanentes, aunque no ha presentado a consideración del país un plan de actividades de mediano plazo.

3- La Asamblea Nacional Constituyente (ANC)

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se convocó sin haber realizado el referendo consultivo previo, tal como lo manda la CRBV. Se instaló el 2017 con 545 constituyentistas, tomando como sitio de reuniones el Palacio Legislativo, creando enormes dificultades físicas y operativas a la legítima AN.

Tenía como encargo preparar una nueva Constitución que garantizase los avances del Socialismo del siglo XXI, y la misma se llevaría a referendo popular. Para su funcionamiento se le dio poderes supraconstitucionales. La ANC dictó durante sus tres años de vigencia 98 decretos, 84 acuerdos, 14 leyes constitucionales, 40 actos de otra naturaleza   y ningún “Proyecto de Constitución”. Estuvo vigente hasta el 25 de octubre del 2021, cuando el TSJ declaró su nulidad. Aunque hubo una comisión trabajando en un proyecto de constitución, presidida por el constituyentista Germán Escarrá, nunca presentó un proyecto acabado, su mandato expreso. Dedicó la mayor parte de su tiempo a interferir en las actividades de la legítima AN, suplantando sus responsabilidades legislativas De las leyes constitucionales aprobadas, destacan la de eliminación del control cambiario y la ley antibloqueo, que daban paso a los programas de apertura que el ejecutivo había decidido iniciar en el campo financiero. Buena parte de los constituyentistas pasaron a formar parte de la nueva AN electa fraudulentamente el 6/D.

Los tres  años de funcionamiento de la ANC entorpecieron y limitaron la labor de la AN legítima al usurparle sus funciones y su espacio físico, creando una confusión institucional cuando dos organismos paralelos legislan sobre el mismo o diferente tema con jerarquía constitucional distinta. Usurparon las funciones básicas de la AN legítima, como por ejemplo la aprobación del presupuesto anual del país, la presentación del informe anual de gestión del presidente de la República y la juramentación de los gobernadores electos el 2017.

            4-  El Ministerio Público

En marzo del 2017 con motivo de la presentación de su memoria y cuenta, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, señaló que las sentencias 154 y 156 del TSJ, asumiendo las funciones de la AN, “rompen el orden constitucional”. Ello  provocó una reacción del TSJ, abrió una investigación a la funcionaria, y en agosto   acordó la suspensión de su cargo, fue inhabilitada para cargos públicos, se congelaron sus cuentas y se le dictó prohibición de salida del país. Ante esta situación, la fiscal y su esposo, el diputado Germán Ferrer, salieron clandestinamente al exterior.

Se encuentran radicados en Colombia, desde allí Ortega Díaz ejerce el cargo de fiscal general para el gobierno interino.  Para su sustitución, el TSJ nombró al titular de la Defensoría del Pueblo, Tarek William Saab, quien pasó de defensor del pueblo a acusador. Ahora Venezuela cuenta con un fiscal general de la nación en Caracas y otro en el exilio

            5.-La Presidencia de la República.

 A raíz de las elecciones fraudulentas de mayo del 2018, la Asamblea Nacional legítima, en cabeza de su presidente, el diputado Juan Guaidó, acordó declarar sin validez la elección de Nicolás Maduro como presidente para el período 2019-2025, por haberse realizado fuera de los parámetros constitucionales, en fecha adelantada, convocatoria irregular y restricciones en la participación de los partidos de la oposición. En tales circunstancias el presidente de la AN, en base a la CRBV, el 23 de enero de 2019, fue investido como presidente interino mientras durara la presidencia usurpada por Nicolás Maduro, e iniciaran actividades que permitieran ir conformando un proceso de transición, bajo el mantra “cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”. Este mantra no se ha cumplido por factores limitantes que no vamos a considerar en este momento.

El presidente interino ha recibido el reconocimiento de más de 50 países democráticos del continente y Europa; ha nombrado representantes diplomáticos en casi todos los países donde ha habido reconocimiento y en algunos organismos multilaterales. Se han creado grupos de apoyo a la democracia en Venezuela: Estados Unidos, Canadá, Colombia, la Unión Europea, el Grupo de Lima y el Grupo de Contacto

En paralelo y en distintas oportunidades se han intentado negociaciones con el gobierno de Maduro, sin éxito, con la intermediación de negociadores especializados y personajes externos de importancia, pero en ninguno de los casos el régimen ha estado dispuesto a llegar a acuerdos porque no desea entregar el poder a ningún costo y ha asumido la represión como arma interna disuasiva, lo cual ha estado favorecido por el control social que le permite la pandemia generada por el covid.19. Algunos países, en especial los Estados Unidos, Canadá, Suiza, Panamá, la Unión Europea  y países del TIAR, han adoptado sanciones económicas personales para 184 altos funcionarios del régimen, incluyendo  militares de alta jerarquía; al mismo tiempo, se han aplicado  sanciones generales dirigidas a reducir la capacidad financiera del régimen  como  en el caso de la comercialización de los hidrocarburos, la congelación de cuentas en el exterior, la prohibición a empresas de negociar con el régimen, entre otras. No obstante, las sanciones generales tienes excepciones para poder liberar fondos para adquirir alimentos, medicina, equipos médicos, necesarios por razones humanitarias.

Nicolás Maduro  con la creación de la Misión Abastecimiento Soberano(GMAS) decretó la existencia de un gobierno cívico militar, al darle al ministro de la Defensa la jefatura de los procesos de abastecimiento  de la población, el control del comercio internacional,  con el control de las aduanas y los puertos y de todos los mercados municipales; además del control del arco minero del Orinoco, donde se saca el oro y los minerales preciosos del país, depredando la basta selva amazónica, desplazando la población indígena de la zona  y contaminando los principales ríos.  Solo en la GMAS participan más de 90 generales. Igualmente le permitió vincularse al control de la industria petrolera a través de la CAMINPEG

El presidente de la República es el jefe del gobierno, del ejecutivo y comandante en jefe de la FANB, mientras dure su mandato, sin embargo, con la modificación de la ley de las FANB,  se le otorgó rango militar y   pasa a ser la máxima categoría operativa de la institución. Se le puede ver por la televisión vestido de comandante y a los generales llamándolo “mi comandante en jefe”, sin haber tenido formación castrense.

Venezuela, hoy tiene dos gobiernos: el cívico militar y el civil; en ambos casos, hay dos presidentes de la República con diferentes rangos de autoridad; en el primero, Padrino López y Nicolás Maduro, y en el segundo,, Nicolás Maduro y Juan Guaidó con diferente capacidad de decisión, lo cual dificulta el manejo adecuado de la República y crea una gran confusión, limitando las posibilidades de inversión privada y la reconstrucción del tejido social y económico.

            5-  La Administración Pública

Ni la administración pública nacional (APN), ni tampoco la regional, escapan a estas situaciones. En el caso de la APN se ha casi duplicado el número de ministerios frente a los existentes en 1999, llegando a tener 34 ministerios para el 2021, para atender las cada vez menos actuaciones en políticas públicas por el desmantelamiento de la economía, la salud, la educación, los servicios básicos, la infraestructura y las comunicaciones.  Durante el 2020 más de un tercio de los ministros fueron generales activos o retirados, y a la fecha nueve generales ocupan las carteras de Alimentación, Agricultura y Tierras, Defensa, Transporte, Seguridad, Despacho de la Presidencia, Ecosocialismo, Energía Eléctrica, y Hábitat y Vivienda, lo cual ha deformado el proceso de toma de decisiones y el diseño de las políticas públicas.

En la administración estadal sucede la misma cosa, cuando un gobernador electo es de la oposición, se lo coloca al lado a una persona del régimen, denominado “protector”, quien recibe todas las funciones no administrativas de las gobernaciones y los recursos para su funcionamiento, vaciando de autoridad a los cuatro gobernadores no afectos al gobierno que hoy están en funciones. Lo mismo sucede con algunas empresas y organismos importantes, como el caso de CORPOMIRANDA, cuando el gobernador era opositor.

            La reseña anterior es solo una muestra del desmantelamiento institucional que se ha venido produciendo paulatinamente en el país, con la llegada del socialismo del siglo XXI y que se ha intensificado con la llegada a la presidencia de Nicolás Maduro. Hay que recordar en el 2013 cuando Maduro dictó el Sacudón, dejó claro que el objetivo era “desmontar la institucionalidad existente para crear la nueva institucionalidad socialista.” Y ha cumplido su palabra, incluso incorporando en el 2020 al Consejo de Ministros, el máximo órgano de toma de decisiones en políticas pública, al embajador de Cuba en Venezuela.

Recuperar la institucionalidad democrática solo se consigue con elecciones libres y transparentes, con autoridad electoral imparcial, amplia participación popular,  sin presos políticos, ni partidos inhabilitados y garantizando el derecho al voto de todos los ciudadanos venezolanos, estén donde estén y con adecuada observación internacional.