El Día de la Abogacía

Cada 12 de julio se celebra en México el Día de la Abogacía. En el pasado, solía ser una ocasión propicia para que desde los órganos públicos se organizase algún encuentro entre los profesionales del derecho y los servidores públicos, en el cual se pronunciaban elocuentes discursos sobre la justicia, el valor del derecho y otras ideas igualmente importantes.

Este año la abogacía no solamente no ha tenido la posibilidad de llevar a cabo una celebración parecida, sino que llega a la conmemoración bajo el ataque constante (como no se había visto nunca) que desde el poder ejecutivo se hace contra nuestra labor.

Algún secretario de Estado ha llegado a señalar que los abogados que tramitan juicios de amparo en defensa de los derechos humanos de personas afectadas por actos del gobierno son una especie de “cártel” (como si formáramos parte de la delincuencia organizada) y la retórica presidencial ha utilizado calificativos de ese calibre e incluso mayores. Supongo que sus colegas de gabinete deben haber sentido una profunda pena al escuchar esas descalificaciones, aunque ninguno de ellos ha renunciado o ha intentado refutarlas.

No hay, por tanto, mucho qué celebrar. Los temas del Estado de derecho no están de moda ni les interesan a quienes nos gobiernan, tanto a nivel federal como local. No se ha avanzado en el mejoramiento de las condiciones del ejercicio de la abogacía: están abandonadas las propuestas para tener una colegiación profesional, para poder certificarnos periódicamente o al menos para poder incrementar la calidad con la que egresan los estudiantes de derecho al terminar su carrera. Nadie parece estar impulsando estos temas, que habían sido objeto de muchos debates en los sexenios anteriores.

Algunos colegas muy destacados han propuesto enmarcar la celebración del Día de la Abogacía en una reflexión sobre lo mucho que los profesionales jurídicos le han quedado a deber al país. A algunos otros colegas esta admonición no les ha gustado nada, pero creo que se trata de un ejercicio de autocrítica muy necesario.

Hay que decirlo con todas sus letras: los abogados no hemos estado a la altura de los grandes retos del país e incluso no han faltado los han participado activamente en prácticas de corrupción y otras ilegalidades. No habría tantos actos de corrupción si desde la abogacía se denunciaran a voz en cuello y si desde los colegios profesionales se emprendieran acciones para exigir mayor transparencia en los actos del poder público.

Tenemos la tarea de construir la abogacía mexicana del siglo XXI, a partir al menos de las siguientes coordenadas:

1) Necesitamos abogados especializados en áreas emergentes de la práctica, como el derecho medioambiental, la competencia económica, el derecho de la salud, las nuevas tecnologías, el derecho del comercio exterior, el derecho de los seguros, etcétera.

2) Necesitamos pugnar por una mayor presencia de los avances tecnológicos en el derecho. Hay que dejar atrás nuestro legendario amor por los expedientes de papel y por el gasto de millones de páginas de fotocopias, para ir hacia un modelo de justicia digital en el que las nuevas tecnologías aceleren la solución de los problemas jurídicos.

3) Necesitamos propiciar esquemas en los que cualquier persona pueda tener acceso a asesoría jurídica de calidad. Hoy solamente la tienen quienes cuentan con los recursos económicos para pagarla. Las experiencias de otros países a través de “turnos de oficio” o “abogacía popular” nos pueden servir de guía.

4) Es indispensable que desde el poder legislativo se haga una revisión para el mejoramiento de una buena cantidad de leyes que siguen en el tintero o que necesitan seguir reformadas. Nuestro Código de Comercio tiene 130 años de antigüedad. Nuestra Ley de Títulos de Crédito rebasa los 90. Los códigos civiles en las entidades federativas contienen normas claramente rebasadas por la realidad y nadie parece asumir la tarea de llevar a cabo su urgente modernización. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares lleva tres años de retraso.

5) La pandemia puso de manifiesto las limitaciones de nuestros tribunales, varios de los cuales simplemente cerraron sus puertas durante meses, dejando al garete a millones de personas. Necesitamos dotar de más y mejores recursos de todo tipo a nuestros tribunales, sobre todo en las entidades federativas. Invertir en justicia tiene grandes beneficios.

Hace 32 años que inicié mis estudios de derecho. Nunca me había sentido tan orgulloso de ser abogado como en los años recientes. Cuanto más arrecian las críticas, más se requiere de nuestro compromiso, nuestra entrega y nuestra responsabilidad. Tenemos un gran compromiso con México, que espera mucho de su abogacía. No podemos quedar mal.

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