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18 de agosto de 2018 • Número 131 Directora General: Carmen Lira Director Fundador: Carlos Payán Velver

TEMA DEL MES

Suplemento informativo de La Jornada

18 de agosto de 2018

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Suplemento informativo de La Jornada 18 de agosto de 2018 • Número 131 • Año XI

COMITÉ EDITORIAL

(A VER SI NOS CAE EL VEINTE)

Armando Bartra Coordinador

Cecilia Navarro lajornadadelcampo.edicion@gmail.com

Subcoordinadora

Enrique Pérez S. Hernán García Crespo CONSEJO EDITORIAL Elena Álvarez-Buylla, Gustavo Ampugnani, Cristina Barros, Armando Bartra, Eckart Boege, Marco Buenrostro, Alejandro Calvillo, Beatriz Cavallotti, Fernando Celis, Luciano Concheiro Bórquez, Susana Cruickshank, Gisela Espinosa Damián, Plutarco Emilio García, Francisco López Bárcenas, Cati Marielle, Yolanda Massieu Trigo, Brisa Maya, Julio Moguel, Luisa Paré, Enrique Pérez S., Víctor Quintana S., Alfonso Ramírez Cuellar, Jesús Ramírez Cuevas, Héctor Robles, Eduardo Rojo, Lourdes E. Rudiño, Adelita San Vicente Tello, Víctor Suárez, Carlos Toledo, Víctor Manuel Toledo, Antonio Turrent y Jorge Villarreal.

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PORTADA: La Jornada del Campo

La Jornada del Campo, suplemento mensual de La Jornada, editado por Demos, Desarrollo de Medios, SA de CV; avenida Cuauhtémoc 1236, colonia Santa Cruz Atoyac, CP 03310, delegación Benito Juárez, Ciudad de México. Tel: 9183-0300. Impreso en Imprenta de Medios, SA de CV; avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, delegación Azcapotzalco, Ciudad de México. Tel: 5355-6702. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio, sin la autorización expresa de los editores. Reserva de derechos al uso exclusivo del título La Jornada del Campo número 04-2008-121817381700-107.

éxico ya cambió. Aun no entra en funciones el nuevo gobierno y después habrá que esperar los resultados de su gestión, sin embargo el primero de julio México giró sobre su eje. Desde el punto de vista de las subjetividades el país es otro, porque hoy sabemos que cuando menos 30 millones de compatriotas están expresamente por el cambio; por el cambio cierto y decidido pero moderado y paulatino que ofrece el gobierno de López Obrador. Y esto hay que leerlo como una revolución comicial; que, por lo visto en el Cono Sur de los “gobiernos progresistas”, es el nuevo tipo de revolución que nos trajo el siglo XXI. Por vez primera en décadas tendremos en nuestro país un gobierno legítimo que, además, será de izquierda; de la izquierda reformadora por la que votó más de la mitad de los que sufragaron, de la izquierda posibilista que escogió en las urnas el México profundo realmente existente. Se vale seguir trabajando por una transformación más radical de las estructuras socioeconómicas. Y algunos sin duda lo haremos, pues las convicciones profundas van más allá de la coyuntura. Lo que no se vale es olvidar que el país ya cambió: que hay nuevos protagonistas, que el escenario es otro y que otra debe ser la dramaturgia y otro el papel de todos y cada uno de los actores (aunque que, por lo visto, a algunos les cuesta trabajo, porque ya se habían aprendido sus viejos parlamentos).

Conforme se fue gestando el tsunami comicial de julio el gran movimiento por el cambio pasó de estar a la defensiva a estar a la ofensiva; de ser contra hegemónico a ser hegemónico. En consecuencia hay que transitar del énfasis en la resistencia al énfasis en la construcción; de parar los golpes de gobiernos ilegítimos, antipopulares, vende patrias y corruptos a edificar el país que queremos junto con el nuevo gobierno. En los tiempos del PRIAN era legítimo y pertinente amacharse en el puro NO, pues ciertamente con los tecnócratas matizar era claudicar. No a la minería tóxica, no a las grandes represas, no a todos los megaproyectos… eran fórmulas correctas. Y hoy en cierto modo siguen siéndolo. Pero ya no bastan, pues el primero de julio elegimos un gobierno expresa -y exigiblemente- comprometido con la defensa de las comunidades y con la preservación del medio ambiente. Y esto, insisto, hace la diferencia. Ahora la cuestión es cómo -sin chaquetear ni bajar la guardia- empezamos a materializar aquí y ahora este compromiso con las comunidades y con la naturaleza. Pero teniendo siempre en cuenta las condiciones objetivas, la correlación de fuerzas, la viabilidad de lo que nos proponemos… Porque, en adelante, el que los planes del pueblo y el gobierno tengan éxito es también nuestra responsabilidad.

México cambió y seguir siendo de oposición del mismo modo en que lo éramos antes -así nomás, como si nada, porque uno es anticapitalista y el gobierno electo no lo es- conduce al doctrinarismo autocomplaciente, a la etérea y descontextualizada política testimonial, a la impotente vacuidad.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), por ejemplo, puede y debe seguir diciendo NO al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, como lo ha venido haciendo en días recientes. Pero ahora este rechazo va acompañado por una más explícita visión de desarrollo socio ambiental para la cuenca Texcoco-Atenco, que no solo detendría la ominosa megalópolis que imaginan ahí Slim y sus congéneres, sino que restauraría la vida campesina y comunitaria de la región.

Podemos, por ejemplo, simpatizar con Marichuy y con la causa indígena tal como la posiciona el EZLN. Pero no podemos darle la espalda al hecho de que el primero de julio el pueblo votó y lo hizo masivamente por el Peje. No porque está harto, porque es ingenuo y mesiánico o porque en el fondo es anticapitalista aunque no se ha dado cuenta, como quisieran algunos analistas. La gente fue a las urnas por la esperanza fundada que López Obrador y Morena representan. Entonces, si en verdad estamos con la gente, esta definición multitudinaria debe ser el referente principal de nuestra acción.

Recuperación de una zona hoy degradada, a la que no puede negarse un gobierno federal como el de López Obrador, que apuesta expresamente por la agricultura, por los campesinos y por la naturaleza. Y que también incumbe al nuevo gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, pues los planes de los especuladores inmobiliarios no solo arrasarían con el entorno del presunto aeropuerto, también arrastrarían tras ellos a la cuenca entera, haciendo imparable el deterioro de toda la conurbación metropolitana. En cambio, la restauración socio ambiental y campesina que proponen el FPDT y sus aliados, sería

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el modelo a seguir en el resto de la cuenca y en particular en los pueblos del sur. Gobernar juntos el café. Otro sector muy organizado y siempre propositivo, al que fácil le cayó el veinte de que con el vuelco político había cambiado el terreno del accionar campesino, son los cafetaleros, que en abril -antes de la elección- en un multitudinario foro realizado en Cuetzalan, Puebla, presentaron al futuro secretario de agricultura de AMLO, sus sólidas propuestas para una política cafetalera nacional; mismas que en agosto y en otro foro realizado ahora en la ciudad de Oaxaca, expusieron de nuevo, esta vez a la futura secretaria de bienestar. No fue una queja ni una simple petición, sino un sustentado plan de recuperación del ramo agrícola más importante después del maíz, con cerca de medio millón de productores, en su mayoría indígenas, y un número aún mayor de pizcadores; un cultivo que genera un valioso y reconocido producto de exportación; un sector viable pero de mercado fluctuante, lo que demanda decididas intervenciones gubernamentales; un gremio golpeado primero por la roya, un hongo que tumbó las cosechas, y cuando apenas se reponía la producción, por una severa reducción de los precios internacionales. Un apoyo fiscal emergente para que la cosecha 2018-2019 pueda ser levantada, pues hoy las cotizaciones no pagan ni los costos de producción y sin esa compensación temporal la caficultura nacional sufriría un golpe de muerte; continuar y mejorar el Programa de Fomento a la Producción de Café, negociado con la Sagarpa desde 2016; formar un Instituto Nacional del Café, fueron las propuestas principales. Planteos que aún no encuentran respuesta explícita en el inminente nuevo gobierno, posiblemente porque hay una cierta indefinición de incumbencias. Y es que el café ha sido y debe ser asunto de la secretaría de agricultura, que forma parte del gabinete económico, pero se ha dicho que en el nuevo diseño institucional pasaría a la de bienestar, que forma parte del gabinete social. Y mientras son peras o son manzanas, los cafetaleros no tienen un interlocutor claro. Aunque para ellos es obvio que una política integral supone una estrecha concertación interinstitucional: “un plan nacional de desarrollo para las regiones cafetaleras que articule las acciones de varias dependencias gubernamentales”, dicen en el documento presentado en el Foro de Oaxaca…

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Con todo y los asegunes, en el segundo foro la nueva relación entre futuros servidores públicos y dirigentes sociales fue fraterna y entusiasta. Fernando Celis, representante de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, lo sintetizó inmejorablemente: “Esto es un movimiento: algunos están en el gobierno, otros en las organizaciones y otros en las comunidades, pero esto es un movimiento” ¿Amacharse en el no? En cambio, exigirle al nuevo gobierno “cancelar… todas las concesiones mineras… de forma inmediata”, como reclama en un reciente comunicado la plausible y aguerrida convergencia de resistencias territoriales que es la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema). Y demandarlo perentoriamente, aun sabiendo -porque es obvio- que ni este ni ningún otro gobierno lo puede hacer así nomás, es repetir una retórica que quizá sirvió con el viejo régimen pero que sería mejor empezar a cambiar. Detener, sancionar y reparar las bárbaras afectaciones socio ambientales de la megaminería, no entregar nuevas concesiones y revisar la legalidad de las existentes, son demandas justas que el nuevo gobierno puede y debe cumplir. En cambio emplazarlo a que acabe de un plumazo con toda la minería, pues “no hay tiempo para matices (y) esperamos contundencia”, es marginarse de la realidad en nombre de una identidad política que de esta manera corre el riesgo de petrificarse. No digo que dejemos de criticar, no digo que renunciemos a exigir; propongo, sí, que habiendo hecho el milagro: habiendo logrado lo imposible el primero de julio, seamos ahora utópicos exigiendo lo posible… y trabajando juntos por ello. La tarea inmediata de los que integran el nuevo gobierno es emprender la regeneración del Estado mexicano, hoy postrado; la tarea inmediata de los demás es emprender la regeneración de la sociedad mexicana, hoy desguazada. Porque sin instituciones públicas saneadas, vigorosas y orientadas al bien común, no habrá cambio justiciero; pero tampoco lo habrá sin una nueva, animosa y creativa organicidad social. La clepto-tecnocracia que emporcó y carcomió al Estado mexicano, también desgarró nuestro tejido social. Desde los años veinte del pasado siglo la “revolución hecha gobierno” había fomentado el clientelismo y el corporativismo, pero en las décadas neoliberales lo poco que había de organización gremial válida se desfondó. Salvo excepciones, como el sindicato minero, en el mundo del trabajo asalariado no hay organismos gremiales democráticos y combativos sino contratos de protección; en el campo los pueblos aun defienden heroi-

te, la inyección al agro de recursos gubernamentales, además de estéril es una fruta envenenada.

ILUSTRACIÓN: nación321

Las trasnacionales agroalimentarias, que eran el poder tras de la Sagarpa, quieren seguirlo siendo. Y mientras no haya definiciones claras del nuevo gobierno, los caficultores no descartan la amenaza. De modo que en el encuentro de Oaxaca ya hubo reclamos: “Si tenemos que seguir siendo de oposición, lo seremos. Pero esperamos que no”.

camente sus territorios, pero el ejido fue en gran medida desmantelado y las organizaciones económicas de productores que todavía subsisten, con tal de conservar su membrecía se han visto reducidas a “bajar recursos” de los programas públicos; la mayor parte de las agrupaciones de colonos urbanos devinieron cacicazgos; a nombre de los comerciantes y empresarios pequeños hablan por lo general las cúpulas corporativas; no hay organizaciones representativas de estudiantes, ni de profesionistas, ni de mujeres…

Sin gremios estructurados; sin sindicatos y uniones campesinas; sin organizaciones locales, regionales y sectoriales; sin convergencias plurales y deliberativas; sin empresas asociativas de producción y servicios… no habrá cambio verdadero. Porque a la sociedad no la organizan ni el mercado ni el Estado, la sociedad se organiza sola. Y sin frentes, alianzas, uniones, federaciones, redes, asociaciones civiles, consejos, comités y toda clase de colectivos grandes y pequeños, haga lo que haga el nuevo gobierno no veremos la luz.

Hay resistencias, sí. Ahí está la coordinadora de los maestros democráticos; ahí están las redes que enlazan a quienes se oponen a los megaproyectos; ahí están las comunidades que aún se articulan en el Congreso Nacional Indígena; ahí están las indoblegables organizaciones de víctimas; ahí están las asociaciones civiles defensoras de derechos… Poco, muy poco para lo que es el país. Casi nada, en verdad, para lo que demanda la regeneración de México.

En cuanto a la organización rural, lo que vislumbro es un cambio de terreno; una reorientación estratégica consecuente con que el primero de junio el país entero cambió, lo que exige pasar de la defensiva a la ofensiva mudando prioridades, formas de articulación, formas de lucha...

Entonces lo urgente es organizar. Organizar ya no solo para resistir sino para construir; para resolver juntos pequeños o grandes problemas; para hacerle frente a los retos con ayuda del gobierno o sin ella. Porque, viéndolo bien, si nos decidiéramos, muchos de los males que hoy nos aquejan podríamos remediarlos sin más recurso que la solidaridad y la organización. Ahora que tendremos un buen gobierno es el momento de dejar de ser gobiernistas. Dejar de esperar que las soluciones vengan siempre de arriba. Dejar de organizarnos solo o principalmente para reclamar, demandar, exigir… Ahora que vamos a tener un gobierno que nos va a apoyar en vez de hostilizarnos y bloquearnos hay que dejar atrás el síndrome del “ogro filantrópico”; un endiosado leviatán que junto con la Virgen de Guadalupe debía remediar todos nuestros males. Del nuevo gobierno esperamos muchas cosas; entre otras, aquellas a las que se comprometió durante la campaña. Pero esperamos, sobre todo, que esté dispuesto a escucharnos y a trabajar junto con nosotros; junto con el pueblo organizado. Que esté dispuesto a convocar y movilizar, no únicamente sus recursos institucionales y presupuestales -siempre insuficientes-, sino también la enorme creatividad y energía social hoy aletargadas. Algo de esto hizo el gobierno del general Cárdenas. Y le salió bien.

Paradójicamente, hace treinta y cinco años, en el arranque del neoliberalismo, la organicidad campesina mexicana dio un salto adelante. En una suerte de “bono de marcha” o cena de lujo para el condenado a muerte, con la complacencia y los dineros del gobierno de Carlos Salinas e impulsados por quienes se tomaron en serio aquello de que había llegado la hora de la “mayoría de edad” y de la “apropiación del proceso productivo”, durante los noventa surgieron millares de agrupamientos rurales de distintos niveles: uniones de ejidos, comercializadoras, financieras, fondos de aseguramiento, asociaciones regionales de interés colectivo, sistemas comunitarios de abasto, empresas en solidaridad, simples comités comunitarios y, pasando del viejo modelo centralista al de redes, surgieron también coordinadoras nacionales, unas multiactivas y otras sectoriales: café, granos básicos, bosques, finanzas sociales… que reivindicaban la autonomía en la gestión. Lamentablemente lo que los tecnócratas ofrecían no era la esperada mayoría de edad campesina, sino el acta de defunción de unos pequeños productores que en la perspectiva neoliberal debían desaparecer. Y dejados a su suerte en medio de un mercado desregulado poblado de tiburones corporativos, casi todos los proyectos quebraron y la mayor parte de las organizaciones -no todas- se desfondó. ¿Lecciones? La primera es que la organización rural inducida desde arriba y por decreto es flor de un día y que sin políticas públicas favorables al campo y sustentadas en proyectos de desarrollo construidos participativamen-

La segunda es que los procesos de organización agraria pueden ser rápidos y hasta explosivos si las políticas públicas generan expectativas, pero sobre todo si se apoyan en la iniciativa, la creatividad y la energía social de los campesinos. La tercera es que la autonomía política y la autogestión económica y social son principios insoslayables de las organizaciones rurales, particularmente en el país del “ogro filantrópico”. Que el campo se puede reactivar organizadamente quedó claro en los últimos meses, en que un centenar agrupaciones rurales, que en su mayoría habían sido reducidas a la gestión poquitera de recursos y a la desgastante resistencia, construyeron conjuntamente un proyecto de salvación del campo y armaron una amplia convergencia: el Movimiento Campesino Plan de Ayala Siglo XXI, que pactó con López Obrador el apoyo a su candidatura si este asumía su programa agrario. El pacto se firmó y las organizaciones se coordinaron regionalmente para formar comités pro AMLO que llamaron a sufragar, cuidaron casillas y vigilaron el recuento de los votos. Muchos lo hicieron y en alguna medida su esfuerzo coadyuvó a que esta vez el llamado voto verde fuera abrumadoramente para López Obrador y no, con en el pasado, para los candidatos del PRI. El Movimiento persiste y se ha seguido reuniendo regionalmente. Pero hoy la tarea es otra y más difícil. Ya no se trata de ayudar a ganar una elección, ni tampoco de regresar a la gestión de recursos esperando que ahora tengan derecho de picaporte con los funcionarios y la derrama sea más generosa pues apoyaron electoralmente al nuevo gobierno. De lo que se trata es de reorientar las estrategias campesinas hacia planes de organización y desarrollo productivo integrales, ambiciosos y realmente visionarios; proyectos que en vez de consumir improductivamente los recursos sociales y públicos, los multipliquen… Los campesinos ganaron su apuesta y el primero de julio México cambió. Lo que sigue es materializar lo que proclama el Plan de Ayala para el Siglo XXI: “La recuperación del campo es responsabilidad de pueblo y gobierno… Regenerar al campo debe ser prioridad nacional y es un compromiso de los campesinos. Los hombres y mujeres del agro queremos seguir cosechando alimentos sanos para todos, generando empleo para millones, cuidando a la naturaleza, enriqueciendo la cultura. Los campesinos y los productores medianos y grandes, tenemos una responsabilidad con el país y vamos a cumplirla”.

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18 de agosto de 2018

La República y los espacios de la lucha social

económicos y jurídicos como el fuero, las pensiones vitalicias a ex presidentes, el avión presidencial, se desprende del Estado Mayor Presidencial y establece la revocación del mandato sujetando la continuidad de la Presidencia a una consulta popular cada dos años. El pueblo, según sus palabras, quita y el pueblo pone. Para tal efecto se reunió con las futuras bancadas del Congreso de su partido para elaborar las iniciativas de ley.

Diez apuntes al respecto Carlos San Juan Victoria paisdenubes@gmail.com

Lo que está en juego. Ese triunfo electoral significa, en la situación aludida, el mandato de 30 millones de ciudadanos para frenar los procesos de degradación de la vida pública y la ofensiva mercantil desatada, y a la vez, para explorar caminos de regeneración de la política y la sociedad. Este es el tamaño del cambio que está en juego en México. Los usufructuarios de ese orden regresivo deben considerar ahora los términos de su relación con el nuevo gobierno y, del mismo modo, el pueblo puede aprovechar el espacio que se abre en este intento de regeneración para reorganizar sus fuerzas, consolidar sus propios proyectos de vida e iniciar su propia marcha. Tanto los usufructuarios del orden vigente, como los millones de votantes que exigen el cambio, intuyen que ya no tienen la misma seguridad de lo que va a ocurrir mañana. ¿Va a proseguir

con nuevo disfraz la impunidad y la injusticia, o, por el contrario, habrá señales del nuevo gobierno de que arranca este cambio?

El aviso. La promesa de regeneración la República puede abrir espacios de lucha que ahora no existen. El orden apabullante de la dominación actual puede empezar a modificarse en regiones, sectores, medios urbanos o rurales dependiendo de las iniciativas concretas que se impulsen. Y con ello se altera el modo en que se ensambla hasta ahora esa dominación. Todo va a depender, como se dijo, de las iniciativas que debe lanzar la nueva República para cumplir su mandato, pero, sobre todo, de que una ciudadanía que ya dio muestra de su fuerza, aproveche las desestructuraciones para ampliar el campo de sus proyectos, de sus aliados, de su autonomía y autogestión. Es la hora de movilizar masas críticas del pensar y del hacer para explorar las posibles convergencias de actores sociales, de puntos de encuentro y de sus términos para enriquecer las acciones de gobierno con contenidos de justicia. Ahí se abrirá o no este camino incierto hacia el cambio. El desafío de proceder a la regeneración de la Nación requiere de esa incesante transformación de las relaciones de fuerza, el asumir cada promesa y propuesta como un espacio de lucha, la constante creación de grandes coaliciones capaces de dar sustento y continuidad a este proyecto, el acompañamiento de una cultura crítica que presione a la transformación verdadera y la defienda del acoso de medios, empresarios e ideólogos neoliberales.

La idea central: es posible frenar y revertir la degradación nacional utilizando la palanca de una República restablecida en su salud ética y en su eficacia. En la experiencia mexicana de la posrevolución, quien encabezó las transformaciones fue el Ejecutivo Federal, la mítica presidencia. Precisamente, la gran pieza del tablero de la política mexicana que ahora perdieron los poderes de facto. De ahí una estrategia que se orienta en primer lugar en remodelar el Ejecutivo, y el papel de AMLO como su cúspide, del cual se difunden las virtudes de la honestidad, la austeridad y un mandato casi evangélico: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. La fuerza histórica del presidencialismo -que debilitó al Legislativo y Judicial y atrapó a la energía social y ciudadana en redes de control-, se encuentra ahora con otro tejido institucional, con imaginarios sociales que reivindican su papel, y con la promesa de campaña que le obliga y legitima: regenerar a los tres poderes a la vez. Si se intentara revivir al Presidencialismo autoritario iniciaría la erosión de su autoridad. A ello se deberá estar atento.

Los tres ejes que sostienen al cambio. Esta gran ambición tiene tres ejes principales: 1. Rehabilitar a la República como autoridad política y desarmar el ensamble actual de la fusión corrupta del poder político y económico. 2. Justicia para frenar la embestida de la violencia, de la comercialización extrema, de la exclusión y la invisibilidad de los más agraviados

por este orden injusto. 3. Un crecimiento concebido como “progreso con justicia”: incluyente, sostenido, con participación del sector social, de desarrollos regionales plurales y donde los macro proyectos deberán cancelar todo efecto negativo ambiental y social y pactar acuerdos con las poblaciones afectadas. En estas décadas se acumuló una masa crítica de conocimientos y propuestas desde los centros del pensar y también desde el corazón de muchos conflictos sociales, que ahora tienen la oportunidad de mostrar su valía para potenciar el crecimiento y reparar muchas injusticias.

La otra fuente de descomposición republicana, la asociación nociva del poder político y el poder económico, el llamado “capitalismo de compadres” de igual manera será combatido. Con sus tráficos de informaciones privilegiadas, la puerta giratoria donde empresarios pasan a la función pública y burócratas pasan a ser empresarios o consejeros de grandes corporaciones, con acceso garantizado de mercados públicos y grandes obras. Se elaboran iniciativas legislativas para combatirlo. Y su otro gran rasgo es la austeridad republicana, un conjunto de medidas que, además de rasurar salarios y privilegios, adelgaza secretarías y personal de confianza y llama a hacer más con menos al sector público y con ello generar un ahorro que será una carta a jugar para detonar el crecimiento.

El detonar de las virtudes republicanas. El primer eje, el de la República, apunta a uno de los agravios y las esperanzas más intensas vividas en años recientes por muchos mexicanos, y es el espacio donde renacen las virtudes republicanas añejas. La alta burocracia política y financiera rehízo a la República como una fortaleza de sus privilegios. Salarios, prestaciones y fueros que contrastaron con la pobreza y desamparo de más de la mitad del país. Desde esa fortaleza del privilegio y la impunidad polarizaron a la nación en minorías que todo tienen y mayorías sin futuro. Esta República hasta ahora en pie, se mimetizó al impulso jerárquico y de desigualdad intensa del capitalismo más predador, el ahora vigente.

De ahí la potencia de la propuesta, que comprende la reducción de salarios y privilegios en la burocracia, donde un Presidente que se baja el salario a la mitad arranca el proceso. Suprime todos sus privilegios

FOTO: Víctor Camacho / La Jornada

¿Nace otra República? El 1 de julio, en la mayor elección de la historia mexicana, por la cantidad de votantes y por los puestos de representación en juego, ocurrió un maremoto ciudadano que reorganizó al sistema de partidos y a la República misma. Hay un mandato formidable que exige el cambio, entendido como la abolición de un régimen de corrupción y de privilegios, pero a la vez, realidades difíciles que muestran un camino incierto. Esta república degradada en la que aún estamos, seguirá impulsando hasta el último día de su gestión, el 30 de noviembre de este año, una de las más grandes ofensivas mercantiles contra el campo, la ciudad, la cultura y el alma de la gente. Su última pieza en la temporada de caza de este sexenio es la privatización del agua. Y la posible cancelación de esta ofensiva no se realizará sin pugnas fuertes en muy diversos terrenos. Sin los formidables instrumentos de los recursos y las instituciones públicas, quedaron aún de pie las grandes corporaciones, los medios masivos en manos empresariales, la fuerza de las trasnacionales, los poderes regionales y locales que se benefician del régimen de corrupción y de impunidad, la violencia del narco y sus asociaciones con gobiernos, policías y empresarios. Hay un mandato excepcional, un liderazgo sólido, pero los poderes siguen intactos. Sobre esta posibilidad incierta tratan estas líneas.

Miles de personas salieron a festejar la victoria de Andrés Manuel López Obrador.

Justicia en tierra de injusticias. La justicia es el enlace más profundo del nuevo presidente con los sentimientos de la población, por la violencia desatada, las pésimas condiciones de la economía popular, el olvido de jóvenes, mujeres, ancianos; el deterioro de servicios básicos y de la expectativa evaporada de vidas decentes; el deterioro de los valores elementales de la convivencia. La promesa de una República donde “primero serán los olvidados, los débiles y los humillados” tiene que convertirse en compromiso palpable, que empape a los gobernantes y sea exigido por la sociedad entera. Pero la justicia no se regala, siempre se lucha para obtenerla. Desde esa perspectiva los incrementos al salario mínimo son buena señal para que los trabajadores vuelvan a impulsar la recuperación del salario. La nueva estrategia para la inseguridad y contra la violencia, donde se expresó la posibilidad de una amnistía para la gente pobre que se involucra con el narco, y que ahora se ha convertido en un llamado a la creación de iniciativas diversas e integrales, abona a que muchas agendas y organizaciones impulsen sus propuestas y coincidan en la recuperación de tejidos y valores para otra manera de vivir en común. El incremento de apoyos a la tercera edad y la regeneración de los sistemas educativos y de salud, así como el propósito de incrementar a un millón las acciones de vivienda apuntan a rehabilitar al Estado de Bienestar, que no se

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puede quedar solo ahí, sino que se debe complementar con su fundamento, el crecimiento incluyente. La designación de Alejandro Encinas, de la izquierda coherente y con experiencia de gobierno, como responsable de una subsecretaría de Gobernación y que tendrá como una de sus prioridades ir a fondo en la herida de Ayotzinapa es una excelente señal para que las muchas causas de los desaparecidos y muertos en la espiral de violencia que vive México se restauren y caminen hacia la verdad y la justicia. Lo mismo pasa con la designación de Adelfo Regino, abogado y militante de las autonomías indígenas, para dirigir la nueva Institución orientada hacia los pueblos originarios del país, la raíz profunda de lo que somos. Hace pensar que el trato a los pueblos tendrá un marco de dignidad y respeto ahora que se encuentra acosado por las luchas territoriales contra las mega empresas mineras, energéticas y de biotecnologías.

El progreso con justicia. El otro eje es el crecimiento, donde se postulan dos cosas que pueden sonar como contradicción sin remedio: por un lado, el respeto al equilibrio macroeconómico, el reconocimiento de la autoridad plena del Banco de México en la política monetaria y la promoción intensiva de las inversiones privadas. El andamiaje del neoliberalismo, un invernadero para la crianza de la inversión privada, que sujeta al presupuesto que no debe gastar más de lo que ingresa y amarra a la gestión gubernamental a la continua creación de “garantías” a los empresarios. Y en ese marco, se apuesta a crear otro rumbo del crecimiento, el “progreso con justicia”, donde el crecimiento va ligado y orientado hacia el bienestar colectivo. ¿Hay espacio para ese juego? La apuesta mayor del nuevo gobierno es demostrar que sí. La austeridad republicana promete una bolsa de 500 mil millones de pesos, para que el Ejecutivo federal no quede maniatado en su propósito de detonar el crecimiento. Y dentro de sus novedades, reconoce la importancia de crecer hacia adentro, hacia el mercado interno, recupera la dimensión esencial del desarrollo regional para superar las graves desigualdades, y sugiere un tripié, clásico de la experiencia mexicana del “milagro económico”, la inversión pública, más la inversión privada reconsiderando a fondo su componente de pequeñas y medianas industrias, las PYMES, y mucho ojo, el sector social, es decir, a las múltiples formas asociativas de las familias mexicanas, como empresas comunales, ejidales, cooperativas y un largo etcétera que fueron menospreciadas en la larga noche neoliberal.

FOTO: Carlos Ramos Mamahua / La Jornada

18 de agosto de 2018

En un acto en el Zócalo, repleto de simpatizantes, Andrés Manuel López Obrador recalcó que el país inicia una nueva etapa de transformación y que encabezará un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo.

Otro rasgo es que el crecimiento que se propone recupera mucho de lo que ya existe, aunque en condiciones de abandono o de deterioro impuesto. Prevé la potencia de la economía rural para lograr la soberanía alimentaria. La del sector energético, petróleo y electricidad, rescatados de la quiebra inducida por las tecnocracias corruptas. El sector de la construcción mediante propuestas de vivienda y de infraestructura. Pero tal vez su reto decisivo es propiciar el cruce entre economía y justicia, es decir, reemprender la redistribución de la riqueza generada, pactar proyectos que no dañen el tejido social y ambiental, y abrir los estímulos públicos a la gran masa de productores. Es buena señal aumentar los salarios mínimos, que ya cuenta con el acuerdo de los empresarios; y la disposición a que el TLC contemple el aumento de salarios. En el mismo sentido habrá que valorar si avanza la idea de incorporar de manera cierta en proyectos públicos de inversión a las PYMES y al sector social. El nuevo programa sobre los Jóvenes en edad de trabajar para que se capaciten becados por el gobierno dentro de las fábricas y mejoren su oportunidad de encontrar un trabajo estable dibuja una reorientación frente a lo que se ha hecho y se propicia la regeneración de los tejidos, cadenas y eslabonamientos económicos de la nación. En México el recuento de daños y de luchas contra los megaproyectos de la minería, la denuncia de los graves riesgos del fracking para explotar el gas, la luchas contra los cultivos de transgénicos, recorren el norte y el sur. Se ha jugado de manera perversa a aumentar la “ventaja comparativa” y atraer inversiones desregulando los controles ambientales y mal vendiendo la fuerza de trabajo de miles de mexicanos. Pero también es cierto que en el mundo actual los mega proyectos se requieren para mejorar los sistemas de comunicación, acceder a ciertas tecnologías, crear

ámbitos de atracción de la inversión global y nacional, y ofrecer opciones de crecimiento a regiones olvidadas. China y Rusia hacen lo mismo y a la vez aumentaron su control soberano para desarrollar ciencia y tecnología propias. El futuro gobierno ha creado ya un piso de consensos para dominar el impulso antisocial del capital, que fue el gran logro del siglo XX con la justicia social y el estado de bienestar. Bienvenidos los negocios, pero sin tráfico de influencias ni corrupción, con responsabilidad social, con alza de salarios, acuerdos con la propiedad social y sin daños a los muy deteriorados ríos, aguas y tierra. Esa promesa obliga y el campo de lucha se abre. En este terreno de conjuntar crecimiento y justicia habrá que regular a los mega proyectos que ya se anuncian. Por ejemplo, el del Corredor del Istmo de Tehuantepec, o bien, el uso de un millón de hectáreas para la explotación maderable pues los árboles frutales no parecen tener mayor riesgo. Ahí se pondrá a prueba ese “progreso con justicia”, que tiene varias condiciones para aterrizar en la dura realidad: que las mega inversiones en su componente gubernamental abran espacio a las Pymes y al sector social, que lo macro se articule a la detonación de muchos proyectos regionales en las zonas donde se apliquen, elaborados por las poblaciones y sus autoridades, pues, una realidad ocultada por la codicia neoliberal, es que este país

no es sólo de empleados mal pagados, sino de millones de productores, de familias que se las ingenian para producir bienes y servicios múltiples y diversos. Y, sobre todo, que las autoridades de municipios y de comunidades sean interlocutoras reconocidas en la planeación y ejecución de los mega proyectos enlazados al detonar de proyectos locales y regionales que fomenten la potencia propia de esos territorios y de sus poblaciones.

Los negritos del arroz. AMLO ha demostrado congruencia hacia las virtudes republicanas que predica. Pero una buena parte de la clase política ahora existente se ha formado en un tiempo de cinismos crecientes, de usos personales de los bienes y atribuciones públicas, de asociaciones peligrosas con negocios legales e ilegales. Confunden el servirse de lo público con el servicio público. El ataque contra sus privilegios desatará resistencias no sólo en el Ejecutivo Federal, sino en instancias como congresos, Poder Judicial, otros niveles de gobierno y partidos. La “cultura política” se formó en una época de decadencia. Regresar a la ética del buen gobierno, donde la política es servicio público, es un campo de lucha difícil pero imprescindible. Sin ciudadanías vigilantes, contralorías efectivas y poderes judiciales dispuestos no va a prosperar. La inversión privada carga con mentalidades empresariales en ocasiones depredadoras, sin pizca de responsabilidad social. Requiere de entornos y reglas del juego que fomenten su responsabilidad ante la gente y la naturaleza. Será otro campo de lucha que requiere de actores como los sindicatos, las comunidades organizadas, las redes campesinas y las organizaciones ambientales entre otros, de culturas e instituciones dispuestos a fomentar otra actitud. Sin ello el progreso con justicia naufraga. Las mega inversiones se acostumbraron a corromper dirigentes y a comprar ayuntamientos, para dispensarse de la obligación de pactar reglas de justicia económica con los pueblos. Y eso tendrá que cambiar. Los dirigentes sociales y las organizaciones que hicieron un modus vivendi de la protesta, tendrán que modificar

sus maneras y aprender a negociar de cara y en beneficio de sus representados. En fin, cambiar el mundo tiene como exigencia reconocer que con los despojos y los destrozos de lo que hay se deberá proceder a construir la nueva esperanza, pero transformándose en el camino. Esa es su oportunidad o la extinción misma del cambio.

10.

La garantía del cambio. Transitar hacia un régimen de justicia va a requerir de iniciativas que desestructuren las complicidades de los grandes poderes, de rasgar sus consensos hasta ahora dominantes, que “naturalizan” las garantías al capital y el despojo al trabajo y a la naturaleza. Pero sobre todo no abandonar el modo con que se creó la ola ciudadana en la campaña electoral y su desenlace que arrojó un triunfo contundente. Recordemos: se trabajó con las reglas institucionales, pero sin quedarse en su terreno mercadotécnico y mediático. Al contrario, se construyó el entusiasmo festivo a ras de tierra y en el contacto directo con las diversas poblaciones del territorio nacional. Ahí se creó una política de la alegría. De esa periferia y exterioridad sistémica surgió la ola que estalló en el centro del tablero electoral, una alteración de las relaciones de fuerza decisiva, que al momento que estalla inicia su desvanecimiento. Las fechas precisas del calendario político mexicano, la toma de posesión del nuevo gobierno, sus momentos de someterse a la revocación del mandato, la elección del Congreso para 2021 y el cierre del ejercicio sexenal, deberán trabajar de manera parecida, en la exterioridad y en la periferia del sistema, para crear las olas que empaten el esfuerzo de gobierno con los imaginarios populares y ciudadanos. Ello requiere de una línea de consistencia y congruencia en las acciones de gobierno. Pero también de espacios de libertad para que la ciudadanía construya su propia consistencia, las raíces propias de sus sueños y proyectos, coaguladas en formas asociativas y de autogestión y autogobierno. Mientras más cohesión autónoma tengan las olas que vienen, de mayor presión, profundidad y salud gozará el cambio. Esa es, en verdad, su única garantía.

Es posible frenar y revertir la degradación nacional utilizando la palanca de una República restablecida en su salud ética y en su eficacia. La estrategia se orienta en primer lugar en remodelar el Ejecutivo, y el papel de AMLO como su cúspide, del cual se difunden las virtudes de la honestidad, la austeridad y un mandato casi evangélico: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Si se intentara revivir al Presidencialismo autoritario iniciaría la erosión de su autoridad.

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18 de agosto de 2018

La insurrección

campesina Enrique Pérez S. Anec @Enroluque

urante el 1er Encuentro Nacional del Movimiento campesino, indígena, afromexicano “Plan de Ayala Siglo XXI 2.0” (MCPASXXI) el pasado 22 de enero, las organizaciones asistentes mencionaron que “desde nuestra diversidad, pluralidad, independencia y autonomía, sin protagonismos y dejando atrás nuestras diferencias, nos unimos -en un esfuerzo de colaboración y compromiso sin precedentes- para impulsar el Plan de Ayala Siglo XXI 2.0 y para proponer un Acuerdo Político con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para refrendar su adopción y compromiso para su cumplimiento”. Ante la presidenta nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Yeidckol Polevsky, los dirigentes subrayaron la importancia que tenía en esta elección el voto rural. Los campesinos, indígenas, afromexicanos mencionaron de manera enfática “hemos decidido asumir nuestra responsabilidad como actores políticos desde nuestras organizaciones campesinas, indígenas, de afromexicanos, de agrónomos, de maestros rurales, etc.; desde nuestra pluralidad, diversidad y autonomía, independientemente de nuestra pertenencia o no a algún partido político”. Durante los meses de campaña, las organizaciones del MCPASXXI, se conjuntaron en los 32 estados de la República. En el norte, en el sur, en el centro, en el bajío se formaron comités estatales y municipa-

les para la promoción y defensa del voto. Asimismo, el pasado 10 de abril, AMLO firmó y refrendó la agenda campesina, indígena y aformexicana denominada “Plan de Ayala Siglo XXI 2.0”. En los estados, según cuentan “se hizo un trabajo coordinado con las diversas organizaciones con presencia nacional, estatales, locales…hubo mucho entusiasmo y compromiso para lograr el objetivo planteado”. En coordinación con Yeidckol Polvevky, Gonzalo López Beltrán, Gabriel García, el MCPASXXI, logro proponer a alrededor de 8 mil representantes de Casillas (RC) para el cuidado y la defensa del voto el día la elección. “Fueron muchas semanas de intenso trabajo”; “la gente del campo se movilizó como nunca para lograr un cambio importante en el país” mencionaron los dirigentes del MCPASXXI. Con 53.1 por ciento de los votos, AMLO se convertiría en el candidato ganador de la elección del pasado 1º de julio. Más de 30 millones de ciudadanos votaron y confiaron en López Obrador para llevar las riendas del país, durante los próximos 6 años. El “tsunami” de Morena, como le llamaron algunos analistas, no sólo llevo a Andrés Manuel a la presidencia de la República. De 9 gubernaturas en disputa, ese parti-

do conquistó 5 (Morelos, Ciudad de México, Tabasco, Chiapas y Veracruz), mientras la del estado de Puebla está aún en disputa Puebla; asimismo se llevaron la mayoría en las cámaras de diputados y senadores; igualmente de 26 congresos locales que se renovaron, en 19 cuenta con la mayoría y de 596 ayuntamientos, arrasaron en 314. En la Ciudad de México, el “tsunami” también fue arrollador, pues ganaron 11 alcaldías. ¿Y cómo le fue a AMLO en el campo? Una de las mayores preocupaciones en esta elección eran las zonas rurales. Recordemos que en 2012, fue en el campo, en las zonas más pobres, donde el PRI y sus aliados compraron más voluntades y votos, como lo documentamos en su momento (ver nuestro suplemento https://issuu.

com/la_jornada_del_campo/docs/ jornada_del_campo_59). Ante el temor, la organización de las diversas organizaciones campesinas, indígenas, afromexicanas, agrónomos, maestros rurales y un sinfín de gente vinculada al campo, se planteó “como objetivo lograr que el voto rural sea un voto libre por sus propios intereses históricos e inmediatos, y no un voto comprado, un voto condicionado o un voto del miedo por sus verdugos”. El campo era fundamental para lograr un cambio democrático, para la salvación nacional y evitar la continuidad de “la dictadura del narco gobierno neoliberal y neocolonial del PRIAN”. El país votó por un cambio. Y el campo no fue la excepción. La meta de votos del campo para Andrés Manuel era de aproximadamente de 5,322,306 votos rurales. A esta meta, se sumó el MCPASXXI. Y, el trabajo de tantos meses rindió frutos. López Obrador logró en el sector rural-mixto 8,723,616 votos. No sólo se cumplió con la meta, si no que se rebasó por mucho la meta, como las gráficas lo muestran.

La labor del MCPASXXI fue fundamental para lograr que el campo votara por López Obrador. A su vez, AMLO, durante los meses de campaña, tanto en las plazas públicas, como en conferencias de prensa y en los tres debates presidenciales, siempre tuvo como prioridad “el rescate del campo”. Sin dudar de estos mensajes del ahora presidente electo, las organizaciones del MCPASXXI y cientos de miles de personas trabajaron para tener un mejor país y salvar al campo. “En esta ocasión, el voto del campo será el voto del triunfo de Andrés Manuel López Obrador”, dijeron en diversos momentos dirigentes del MCPASXXI. Y así fue. El campo voto por AMLO y sus votos fueron parte de los más de 30 millones de ciudadanos que votaron por un “cambio verdadero”. Con el histórico triunfo de Andrés Manuel López Obrador el pasado 1º de julio, las organizaciones del MCPASXII se han planteado continuar en unidad, ser corresponsables de los cambios de fondo que requiere el campo y el país y, participar de manera activa y propositiva en la denominada cuarta transformación.

El país votó por un cambio. Y el campo no fue la excepción. La meta de votos del campo para AMLO era de aproximadamente de 5,322,306 votos rurales. A esta meta, se sumó el Plan de Ayala siglo XXI. Y, el trabajo de tantos meses rindió frutos. López Obrador logró en el sector rural-mixto 8,723,616 votos.

18 de agosto de 2018

voto campesino

El voto rural en el

xico, sigue existiendo un espacio donde el partido ganador no pudo ejercer una mayor presencia. Las comunidades rurales han sido un grupo de apoyo político muy importante en la entidad para el PRI. En las elecciones a gobernador, los municipios rurales fueron los espacios que otorgaron los votos necesarios para la victoria del candidato del PRI (Suarez, Gordillo: 2018).

Edomex: elecciones 2017-2018 César Suárez Ortiz Investigador del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp)

Mientras que en 2017 el PRI obtuvo la victoria en el 72% de los 25 municipios rurales con los que cuenta el estado (se entiende por comunidad rural aquella que cuenta con menos de 15,000 habitantes), en 2018 este partido salió ganador en 20%. Sin embargo, el resto de los municipios no fue ganado en su mayoría por Morena. La coalición que obtuvo más victorias en los municipios del Estado de México en este año fue la encabezada por el excandidato Ricardo Anaya. Sin embargo, el voto en municipios rurales en 2018 estuvo fuertemente fragmentado entre PRI, PAN, PRD, PVEM, Panal y Morena.

En 2017 Morena obtuvo la victoria en 20 de los 45 distritos electorales del Estado de México. Estos distritos se caracterizaron por concentrar la mayor cantidad de zonas urbanas. Por su parte, el PRI obtuvo la victoria en 21 distritos, en su mayoría en la periferia del estado y que agrupan a la población rural. Para 2018, Morena obtuvo la victoria en 42 distritos electorales perdiendo únicamente los distritos de Valle de Bravo, Naucalpan de Juárez y Huixquilucan de Degollado. En un solo año Morena logró salir victorioso en los distritos periféricos que habían estado bajo el control del PRI y se mantuvo como principal fuerza política en los distritos conurbados. Esta inversión del mapa político de la entidad en un plazo tan corto pudo haber tenido su origen en cuatro fenómenos particulares. 1. Debilidad de la maquinaria operativa del PRI. El Estado de México no ha experimentado alternancia política hasta el momento. En gran medida esto se debe a la maquinaria política del PRI mediante organizaciones de distinta índole movilizaban el voto a su favor. Sin embargo, con los cambios políticos y económicos de los pasados 30 años, estas organizaciones están perdiendo presencia en el territorio. 2. Ausencia de recursos. Una de las características del proceso electoral del 2017 fue la

FOTO: Especial

l resultado de la elección a gobernador del Estado de México en 2017 había dado a los partidos políticos una sensación de que el proceso electoral de 2018 sería altamente competitivo. Esta percepción fue producto de la alta fragmentación del voto en la entidad y de la derrota de Morena, quien se posicionaba como el rival a vencer en las elecciones presidenciales. Sin embargo, las elecciones de este año dieron como resultado un proceso poco competitivo donde Morena obtuvo una victoria contundente a nivel nacional y el control territorial del Estado de México. A un año de ambas elecciones, es necesario un análisis para comprender el rápido cambio electoral que experimentó la entidad.

Debilidad de la maquinaria operativa del PRI.

fuerte intervención de la Presidencia tanto política como económicamente. Recursos provenientes de secretarías federales y de programas estatales sirvieron para “aceitar” la maquinaria política del partido. Sin embargo, el alto dispendio y movilización política no pudo repetirse en 2018 con la misma facilidad por un tema de falta de recursos y por la necesidad de repartir los recursos en otros estados para la elección presidencial.

3. Expansión territorial de Morena. Aprendiendo de la elección de 2017, cuando Morena carecía de presencia en zonas menos urbanas, este partido logró hacerse presente en zonas más alejadas de los centros metropolitanos del estado. Esta estrategia de llegar a zonas de menor densidad poblacional permitió alcanzar la victoria en 43 distritos electorales en este estado.

que los resultados de las pasadas elecciones tienen su principal origen en el enojo de los ciudadanos hacia el sistema de partidos. La violencia, la desigualdad y los actos de corrupción tuvieron un efecto en contra de los partidos tradicionales y en especial sobre el partido gobernante. Morena, al erigirse como “la nueva opción”, logró surcar con mayor facilidad el hartazgo social.

4. Desvalorización de los partidos políticos. Es indudable

A pesar de esta victoria territorial de Morena en el Estado de Mé-

Las elecciones de 2018 vuelven a mostrar la importancia de los territorios en el ámbito electoral. La concentración del voto a favor de Morena en las áreas densamente pobladas no le permitió ganar las elecciones en 2017 en Estado de México, por el control político del PRI en espacios menos urbanos. Para 2018, la expansión territorial del voto a favor de AMLO en zonas menos pobladas permitió una victoria contundente de este partido en la entidad. Por su parte, una vez liberados los municipios rurales del control del PRI, serán un espacio que en futuras elecciones determinarán la victoria a los partidos políticos. Será lo rural lo que determine el resultado final de las elecciones.

Dos explicaciones pueden darse ante la diferenciación de la conducta entre los votos urbanos de la entidad y los rurales. En primer lugar, Morena es un partido altamente urbano que tiene sus principales votantes en personas de entre los 18 y 35 años de edad, con educación superior y los niveles de ingreso más alto. Por lo tanto, el terreno rural sigue siendo un espacio de difícil acceso para el partido y que deberá ir ganando al paso del tiempo. En segundo lugar, el debilitamiento del PRI en las zonas rurales permitió el fortalecimiento de partidos políticos que llevaban más tiempo con presencia en los municipios pero que no podían competir contra la maquinaria priista. Cuando el PRI deja el vacío de poder, los partidos que normalmente quedaban en segundo o tercer lugar, lograron acceder al poder. Al respecto, hay que recordar que Morena apenas lleva cuatro años como partido. Las elecciones de 2018 y su efecto en el Estado de México vuelven a demostrar la importancia de los territorios en la estrategia electoral de los partidos políticos. A pesar de la fuerte concentración del voto a favor de Morena en las áreas densamente pobladas, no le permitió ganar las elecciones en 2017 a gobernador por el control político del PRI en los espacios menos urbanos. Para 2018, la expansión territorial del voto a favor de Andrés Manuel López Obrador en zonas menos pobladas permitió una victoria contundente de este partido en la entidad. Por su parte, una vez liberados los municipios rurales del control del PRI, serán un espacio que en futuras elecciones determinarán la victoria a los partidos políticos. Será lo rural, lo que determine el resultado final de las elecciones.

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18 de agosto de 2018

El PASXXI y las

elecciones en Puebla

En el estado de Puebla el Movimiento Campesino Plan de Ayala, está compuesto por las siguientes organizaciones: Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Coordinadora de organizaciones campesinas y populares, Central independiente de obreros y campesinos JDLD,

Red de agrónomos democráticos, Central campesina cardenista, El campo vale más, Consejo consultivo de profesionales agropecuarios de México AC, Unión campesina democrática UCD y la Asociación nacional de empresas comercializadoras de productos del campo. La contribución del Movimiento Campesino Plan de Ayala en el estado fue muy amplia: trabajamos en 104 municipios de 217 que tiene Puebla, realizamos más de 100 asambleas de promoción y defensa del voto en las principales regiones rurales, aportamos 400 representantes de casilla para los partidos de Morena, Encuentro Social y del Trabajo, reforzamos las estructuras electorales a nivel municipal con 140 promotores y defensores del voto y se logró que algunos de nuestros compañeros alcanzaran espacios políticos, tales como una diputación federal y 3 regidurías. Una de las contribuciones estratégicas del movimiento campesino fue dotar de discurso político a todos los candidatos de los partidos, principalmente aquellos que disputaban espacios en el medio rural, propuestas como precios de garantía, autosuficiencia alimentaria en; maíz, frijol, arroz, leche,

FOTO: La Jornada de Oriente

n el mes de abril de 2018, en la Ciudad de Jerez Zacatecas, el Movimiento Campesino, Indígena y Afromexicano Siglo XXI 2.0, suscribió con el entonces candidato a la Presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador el “Acuerdo para el Rescate del Campo Mexicano”, en el cual se compromete a llevar a cabo una agenda de acciones en favor del campo. A su vez, las organizaciones firmantes nos comprometíamos mediante la promoción y defensa del voto a llevarlo a la Presidencia de México. Este acuerdo incluía la formación de 25 mil comités y la aportación de 5 millones de sufragios del sector rural en todo el territorio nacional. Asimismo la promoción del voto para todos los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia compuesta por los partidos Morena, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo.

Puebla, espacio propicio para la compra, coacción y condicionamiento del voto.

pollo, huevo, carne, creación del banco del campo, derecho al territorio, al agua, a una vida digna y libre de violencia, derechos de las mujeres y los jóvenes campesinos y una política de desarrollo integral para el campo, fueron contenidos fundamentales para convencer al electorado rural para votar por los candidatos de la coalición. Se supo desde siempre que el medio rural en el estado de Puebla, por su vulnerabilidad, nivel de pobreza, ignorancia y manipulación, representaría un espacio propicio para la compra, coacción y condicionamiento del voto. Dicho pronóstico se constató en la realidad. Regiones enteras del estado principalmente la Sierra Norte, Nororiental y la Mixteca fueron ejemplo de tales prácticas. Pagos de mil a tres mil pesos por voto, permitieron que muchos sufragios fueran a apoyar a los candidatos de la coalición “Por México al Frente” particularmente a la candidata a la gubernatura del estado, Martha Ericka Alonso de Moreno Valle. El proceso electoral en el estado estuvo plagado de anomalías, desde compra y condicionamiento del voto, violencia en las casillas, robo de urnas, 79 casillas en ceros y 24 casillas con hasta 200% de votantes respecto al listado nominal, fueron algunas de las irregularidades que se presentaron durante el proceso electoral.

Distritos electorales federales del estado de Puebla.

En los municipios de la Sierra Norte, Nororiental y de Tecamachalco, Tepeaca y Palmar de Bravo, los promotores del Movimiento Campesino, fuimos testigos presenciales de acciones de intimidación, con el uso de camionetas que pasaban frente a las casillas

tirando balas al aire, cuando los ciudadanos ejercían el sufragio. En otros casos el robo de urnas previo al cierre de las votaciones y durante el traslado a los distritos electorales. Para complementar este escenario en el Hotel MM de la Ciudad de Puebla, fue descubierto un centro de operación para la alteración de los paquetes electorales por parte de la Coalición Por México al Frente. Al interior del inmueble fueron descubiertos paquetes con documentación original, la cual debería estar en los distritos electorales, asimismo un sistema informático para modificar tanto los resultados del PREP (Programa de Resultados Electorales Preliminares) como del conteo distrital. No obstante tener elementos suficientes para impugnar la elección, el Tribunal Estatal Electoral ha manifestado que las inconsistencias son “errores humanos” y que no desacreditan la legalidad de la elección, aunque es de sobra conocido que el Tribunal Estatal Electoral está supeditado a las instrucciones del ex gobernador y esposo de la actual candidata, Rafael Moreno Valle, por lo que es inviable que a nivel de las autoridades locales prospere un proceso de impugnación. Los datos arrojados por la elección demuestran la incongruencia de los resultados alcanzados en el caso de la elección de gobernador. En Puebla, Andrés Manuel López Obrador ganó la Presidencia de la República con una ventaja de 23 puntos sobre Ricardo Anaya, se ganó la fórmula al Senado con Nancy de la Sierra y Alejandro Armenta, se ganaron 14 de 15 diputaciones federales, 16 de 26 diputa-

ciones locales, de 217 municipios se ganaron 47, destacando Huachinango, Huejotzingo, Puebla capital, San Andrés Cholula, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula, Tecamachalco, Tehuacán y Zacapoaxtla, entre los más importantes Con estos datos resulta inverosímil que el electorado haya votado en contra “únicamente” del candidato a la gubernatura de la Coalición Juntos Haremos Historia, Luis Miguel Barbosa Huerta, el cual hizo una campaña a ras de suelo, visitando todos los municipios, relacionándose con la ciudadanía y haciendo compromisos, además el apoyo que Andrés Manuel le dio al candidato con más de 7 visitas y 21 mítines permitió que todos los demás candidatos fueran beneficiados con la ola Andrés Manuel. La elección para gobernador ya fue calificada dando como ganadora a Martha Ericka Alonso de Moreno Valle, sin embargo, la elección está impugnada, Santiago Nieto Castillo Ex Titular de la Fepade, está a cargo de la impugnación y ha logrado presentar un caso muy consistente. El análisis ha sido atraído por la Tribunal Federal Electoral para su discusión y definición. Creemos que por el cúmulo de irregularidades la elección se repondrá. De esta manera el proceso de llevaría a cabo a principios del mes de febrero de 2019, nombrando a un interino a partir del 15 de octubre del presente. Como actor directo de la elección en el Estado de Puebla, el Movimiento Campesino Plan de Ayala afirma que hubo un conjunto de acciones electorales ilícitas que derivaron en el triunfo de Martha Ericka Alonso de Moreno Valle.

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El PASXXI

en Guerrero

Arturo García Jiménez y Héctor Manuel Popoca Boone

La integración y participación del MCPASXXI-Guerrero, en las recién pasadas elecciones a la presidencia de la república se remonta a 2012, cuando diversas organizaciones campesinas, de carácter autónomo e independiente, que actuaban tanto a nivel regional como nacional, firmaron en la ciudad de Torreón, Coahuila, un acuerdo político con el candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, denominado Plan de Ayala Siglo XXI. Documento programático que contenía una serie de acciones gubernamentales requeridas para rescatar la economía campesina del abandono a resultas de la economía neoliberal que impera en nuestro país. El pacto político electoral consistió, por parte de las organizaciones campesinas, de manifestarse a favor de la candidatura de AMLO a la presidencia de la república y otorgarle el voto de sus agremiados, a cambio de que éste de llegar a triunfar en los comicios, se comprometiera con el cumplimiento de las políticas públicas plasmadas en dicho plan. El desarrollo En la campaña electoral del 2018 se reedito de nueva cuenta el esfuerzo y el plan. En febrero nos reunimos en la CDMX con diversas organizaciones campesinas para revivir el Movimiento Campesino Plan de Ayala Siglo XXI con una versión puesta al día del Plan. El propósito era el mismo: llevar a AMLO a la presidencia, pero ahora con una participación de los campesinos en forma, organizada electoralmente; luego de la experiencia de

las elecciones para gobernador en el Estado de México en el 2017; donde se cometió un gran fraude electoral orquestado por el Estado Mexicano, principalmente en los municipios rurales donde el PRI obtuvo, de manera atípica, su mayor votación debido a que no hubo representación y vigilancia de las casillas rurales por parte de Morena. El 10 de abril se firma en la Ciudad de Jerez, Zacatecas, el Plan entre el candidato presidencial AMLO y el movimiento nacional campesino, ante la representación de 32 delegaciones de los diversos estados de la república. De Guerrero asistieron 250 delegados.

FOTO: tra zosnoticia

El antecedente

La estrategia electoral A partir de esa fecha, en Guerrero iniciamos trabajos de campaña política en forma intensiva. Primero formamos una red estatal de organizaciones participantes en sus diversos niveles: municipal, regional y estatal, con sus enlaces respectivos. Contando también con la participación de un grupo de agrónomos, maestros, investigadores universitarios y otros profesionistas vinculados con el campo. Iniciamos las reuniones en regiones del estado donde se tenía presencia; principalmente en Costa Grande (Coyuca de Benítez, Atoyac, Técpan); en Costa Chica (Tierra Colorada, Tecoanapa, Marquelia, Copala y Ayutla); en la zona Centro (Chilpancingo, Chichihualco y Tlacotepec) y en el municipio de Acapulco. En dichas reuniones se planteaba la necesidad de: 1. Participar en forma más organizada en las elecciones; esto es, convertir temporalmente la organización productiva y

Ante el nuevo escenario político se nos impone crear un nuevo modelo de organización campesina para enfrentar de la mejor forma posible y provechosa el esfuerzo conjunto que realizaremos junto con el nuevo gobierno federal para rescatar al campo guerrerense. Un movimiento cuya dinámica surja y desarrolle desde las bases en forma horizontal y no corporativa.

Se integran organizaciones de Guerrero al Nuevo Plan de Ayala Siglo XXI.

social en estructura electoral, que se dedicara a promover, acompañar, vigilar y defender el voto en las casillas rurales, que estuvieran dentro de la zona de influencia de la organización. Teniendo presente que tendríamos que basarnos solo en nuestras propias fuerzas y recursos. 2. Dichas estructuras se construirían en forma de red. En su nivel de base a través de un número determinado de comités campesinos, (familiares o de barrio) integrados por 10 compañeros y compañeras con una coordinación por casilla electoral donde irían a votar. Un conjunto de estos comités campesinos por casilla integraría un enlace seccional, para integrarse y designar un enlace por ruta, para finalizar en una red y enlace por distrito electoral y culminar en la coordinación estatal 3. Los comités campesinos tuvieron como tareas principales durante toda la campaña: a) Dar a conocer el contenido del Plan de Ayala Siglo XXI y el pacto político firmado con AMLO. b) Informar de las propuestas para el campo y compromisos de campaña de AMLO para el medio rural. d) Distribuir el periódico Regeneración. e) Mantenerse informados del transcurso de la campaña. f) Tomar conciencia de la importancia del papel que jugaría el voto rural en la campaña presidencial 2018. g) Capacitarse

para ser representantes de Morena en las casillas electorales rurales. h) Organizarse para ir a votar acompañados. 4. El día de la jornada electoral acudimos a votar en grupo. Hubo turnos con dos o tres compañeros durante todo el tiempo que estuvieron funcionando las casillas electorales, para vigilar el voto rural y saber de su conteo final en cada casilla. Terminada la jornada electoral se trasmitió la información a su enlace de sección electoral y así sucesivamente. Usando como principal medio de comunicación el teléfono celular y las redes sociales. Los resultados El MNCPASXXI se estableció como objetivo principal promover y garantizar a nivel nacional 5 millones de votos a favor de AMLO. Al Estado de Guerrero se nos asignó una meta de 183 288 votos rurales. Los votos depositados el 1 de julio en las casillas rurales de Guerrero a favor de AMLO rebasaron nuestras perspectivas en cada distrito electoral: a la fecha se han contabilizado 439,753 votos. Es decir, 2.4 veces más que la meta fijada inicialmente. No toda la totalidad de votos rurales obtenidos en Guerrero se deben al Movimiento Campesino Plan de Ayala SXXI, pero sí podemos afirmar que fuimos el principal agrupamiento campesino que se

comprometió públicamente -con acciones y organización electoralcon la candidatura del hoy virtual presidente electo de la república, Andrés Manuel López Obrador. Lo que sigue Ante el nuevo escenario político se nos impone crear un nuevo modelo de organización campesina para enfrentar de la mejor forma posible y provechosa el esfuerzo conjunto que realizaremos junto con el nuevo gobierno federal para rescatar al campo guerrerense. Un movimiento cuya dinámica surja y desarrolle desde las bases en forma horizontal y no corporativa. En ese marco de acción las tareas a realizar son: consolidar y ampliar El MCPASXXI-Guerrero en todos sus niveles de organización, construyéndolo desde abajo, desde la comunidad y el ejido con dinámicas surgidas desde los territorios. Iniciar un proceso de planeación participativa del desarrollo rural integral sustentable que derive en la formulación de nuevas políticas públicas ante los desafíos que se presentan en la autosuficiencia alimentaria, por ejemplo. Identificación de las demandas rurales comunitarias más sentidas por pueblo y micro región, en cada una de las zonas de influencia de cada organización campesina integrada al movimiento campesino. Realizar la gestión gubernamental requerida a los tres niveles de gobierno. Acciones diversas para mantener la sustentabilidad a partir del territorio y de lo local.

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Sufragio, representación e inclusión política:

18 de agosto de 2018

Mapa 1: Siete regiones indígenas de México (Censo del INEGI de 2010)

¿Hubo un voto indígena en 2018? Sophie Hvostoff masiosarey.com Willibald Sonnleitner El Colegio de México Una apuesta por la acción afirmativa

ntre las novedades de estas elecciones destacan las acciones afirmativas que promovieron las autoridades electorales. En noviembre de 2017, el Instituto Nacional Electoral instó a los partidos a respetar la paridad de género y a presentar candidata/os de origen indígena para las diputaciones federales de al menos doce de los 28 distritos con más de 40% de población indígena. En diciembre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó dicho acuerdo y amplió las candidaturas obligatorias a los trece distritos con más de 60% de población indígena. Pero si bien se registró un avance histórico en materia de representación femenina, en el ámbito de la inclusión indígena los resultados presentan claroscuros. ¿Qué efectos tuvieron estas medidas sobre los resultados de las elecciones de 2018? ¿Se logró incrementar el número de legisladora/es indígenas? Estas preguntas –que investigamos actualmente en el marco de un proyecto de ob-

servación electoral impulsado por la Asociación Civil Democracia, Derechos Humanos y Seguridad, A.C. y El Colegio de México bajo los auspicios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo– son más complejas de lo que aparentan a primera vista. Presuponen la existencia de demandas específicas que se traducirían, a su vez, en ofertas políticas para las poblaciones indígenas. ¿Cómo se vinculan las identidades étnicas con las preferencias electorales de los mexicanos? ¿Hubo un voto indígena en 2018? Para indagar en estos interrogantes, en esta primera entrega contrastemos los resultados de los comicios para presidente y para diputados federales en las secciones electorales mestizas e indígenas, antes de interesarnos en el voto de diversas regiones étnicolingüísticas que conforman la geografía sociocultural del país. Los efectos de la oleada Morena a nivel nacional Iniciemos con un esbozo del nuevo panorama político nacional. Mucho antes de que tocara tierra e inundara las urnas, el 1ero de julio, el movimiento encabezado por Andrés

Manuel López Obrador (AMLO) fue asimilado a un tsunami político. Esta metáfora capta el carácter masivo del efecto de arrastre que generó su tercera campaña en los comicios presidenciales: AMLO ganó en 31 de las 32 entidades federativas y en 79% de las 67 mil secciones electorales, a la manera de una oleada que arrasó con las estructuras de los partidos tradicionales. Sin embargo, los comicios de 2018 no pueden reducirse al 53.2% del voto que sumó el presidente electo, ya que en ellos se renovaron 18 mil 311 cargos (17 mil 682 locales y 629 federales). De ahí la utilidad de destacar algunos aspectos relevantes del nuevo mapa electoral, indispensables para situar la especificidad eventual del voto indígena. Para empezar, la participación electoral no fue excepcional a nivel nacional: con 63.6% ésta se situó más bien en un promedio, entre el 77.1% alcanzado en las pre-

Gráfica 1: La participación electoral entre 1994 y 2018 (secciones indígenas y mestizas)

sidenciales de 1994 y el 58.6% de las presidenciales de 2006, en niveles muy similares a los registrados en 2000 (63.9%) y en 2012 (63.1%). Pese a la retórica de las campañas negativas que marcaron los debates presidenciales y municipales, la contienda no se polarizó en dos campos sino que se desenvolvió en medio de una reconfiguración más amplia de la oferta partidista. Sería erróneo hablar de una nueva hegemonía: a primera vista impresiona que AMLO obtuviera un porcentaje superior de sufragios que Ernesto Zedillo (48.7%) en 1994 y que el mismo Carlos Salinas de Gortari (50.4%) en 1988. Sin embargo, con todo y su capacidad de sumar una miríada de sectores descontentos que rompieron con el PRD, el PRI o el PAN, Morena como partido solo obtuvo 37.3% en los comicios para diputados federales. Aun así, la victoria del Movimiento de Regeneración Nacional fue contundente. Además de las derrotas personales de Ricardo Anaya y de José Antonio Meade en las presidenciales, tanto el PRI (16.5%) como el PAN (17.9%) y el PRD (5.3%) tocaron fondo en las elecciones para diputados. Se hizo manifiesta, también, la debilidad estructural de Nueva Alianza y de Encuentro Social (que, a pesar de gastar millones de pesos del erario público, no lograron convencer siquiera a 3% de los votantes, por lo que queda en suspenso su registro legal), del Partido Verde Ecologista de México, del Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo (que apenas lograron sobrevivir con porcentajes inferiores a 4.8%). En suma, el movimiento electoral encabezado por AMLO, más que constituirse como una nueva fuerza hegemónica, puso de ma-

nifiesto un hartazgo profundo con las élites gobernantes y un rechazo generalizado de los partidos tradicionales, que produjeron ambos un voto de sanción contundente. ¿Cómo votó el México profundo? ¿Cómo votaron, ahora, los electores indígenas el pasado 1ero de julio? ¿Se reflejó la pertenencia étnico-lingüística en un comportamiento electoral específico? Analicemos los resultados en las 4 mil 352 secciones electorales que concentran 70% de los electores indígenas del país. Éstas pueden ser segmentadas en tres sub-categorías para contrastarlas con el resto de secciones mestizas: las 1,435 secciones con entre 40% y 60% de hablantes de lenguas indígenas (donde los mestizos cuentan con una fuerte presencia territorial); las 1,234 secciones con entre 60% y 90% de hablantes de lenguas indígenas (donde lo mestizos son minorías visibles); y las 1,683 secciones con más de 90% de hablantes de lenguas indígenas (donde los mestizos son muy minoritarios). Asimismo, tomemos en cuenta los efectos eventuales del nivel promedio de escolaridad, para controlar por este tipo de desigualdad socio-económica. Y observemos el sufragio en distintos contextos sub-nacionales para identificar sus características en las grandes regiones indígenas del país. Participación electoral y voto indígena a nivel nacional Para empezar, evitemos caer en falacias culturalistas. En México, el concepto “indígena” designa una categoría sociodemográfica recurrente para formular políticas públicas de integración nacional pero también está cargado de connotaciones discrimi-

18 de agosto de 2018 natorias, de marginación y exclusión social. De ahí la necesidad de cuestionar algunas ideas equivocadas muy arraigadas en los imaginarios colectivos. La primera asume que las elecciones no les interesan a los pueblos indígenas. Como se observa en la gráfica 1, dicha premisa no tiene sustento. Ciertamente, hasta 2006 las secciones mayoritariamente indígenas se caracterizaron por tasas más bajas de participación electoral. Sin embargo, a partir de entonces las tendencias se invierten y, hoy en día, éstas registran promedios superiores a los observados en las secciones mestizas. Otra falacia recurrente dicta que la política indígena es unánime y consensual, por lo que las comunidades se oponen a las elecciones multipartidistas. Sin lugar a dudas, en muchas comunidades indígenas se observa un rechazo a los partidos tradicionales y una apuesta por los llamados “usos y costumbres”. Sin embargo, dicho movimiento se enfoca en la renovación de las élites municipales. En las elecciones para presidente y para diputados federales el Número Efectivo de Partidos Electorales no presenta diferencias sustantivas entre las secciones mestizas e indígenas: tras haberse situado en 1.6 en 1991 (contexto monopartidista), este índice alcanzó el umbral del bi-partidismo desde 1994 y del tripartidismo desde 2009, para situarse ahora en un promedio de 3.4 (es decir, en un formato de entre tres y cuatro partidos relevantes, como el que también se observa en promedio en las secciones mestizas). Observemos ahora la composición del voto en los distintos contextos multiétnicos (mixtos, mayoritaria y casi exclusivamente indígenas): tanto AMLO y Anaya en las presidenciales, como Morena y el PAN en las legislativas, obtienen resultados más bajos en estos tres tipos de secciones, mientras que el PRD y el PRI resisten mejor en ellos que en los mestizos. Esta diferenciación también se refleja en los porcentajes de secciones que logran ganar los distintos candidatos/partidos: AMLO obtiene el primer lugar en 79.6% de las secciones mestizas pero solo lo logra en 61.9% de las indígenas; Meade, en cambio, solo gana en 5.2% de las secciones mestizas pero llega en primer lugar en 21% de las secciones indígenas (cuadro 1).

voto campesino En cuanto al Bronco, sus votos se concentran claramente en las secciones mestizas. El resto de partidos (el PT y el PVEM, en particular) capta un caudal ligeramente mayor de votos en los contextos multiétnicos, recibiendo 23.9% en las secciones con más de 90% de hablantes de lenguas indígenas. Estas cifras confirman lo que ya mencionamos arriba: a pesar de caracterizarse por una mayor presencia del PRI y del PRD, hoy día las secciones indígenas tienen la misma diversidad partidista que las regiones mestizas (cuadro 1).

Cuadro 2 y Gráfica 2: La heterogeneidad del voto en siete regiones indígenas (2018)

Pero sería prematuro concluir que el electorado indígena es más participativo, priista y/o perredista que su contraparte mestiza. En realidad, muchas especificidades del sufragio en estas secciones no se deben necesariamente a sus características culturales sino que pueden deberse, también, a otras variables socioeconómicas. El voto de Meade incrementa de 18.2% a 29.9% entre las secciones mestizas y las secciones eminentemente indígenas; pero éste también obtiene 29.8% del sufragio en las 3,884 secciones mestizas con menos de 5 años de escolaridad, contra 31.2% en las 1,669 secciones indígenas con el mismo nivel educativo. Lo mismo ocurre con el PRD que pasa de 5.3% a 11.5% en las secciones mestizas de baja escolaridad y obtiene 9.8% en las secciones indígenas con el mismo nivel educativo. En otras palabras, ambos partidos resisten mejor en las secciones con baja escolaridad, independientemente de sus características étnico-lingüísticas. La diversidad del universo indígena La categoría “indígena” tampoco capta la heterogeneidad de situaciones en las que viven las distintas comunidades originarias del país. Como botón de muestra, analicemos el voto en siete regiones construidas a partir de las secciones mayoritariamente indígenas. Más que de un comportamiento consistente conviene hablar de una marcada diversidad de votaciones que se relacionan con las dinámicas de las entidades en las que se ubican estas regiones eminentemente indígenas (Mapa 1). La participación electoral fluctúa mucho entre regiones, pudiendo

alcanzar tan solo 56.6% en la región huicot-tarahumara, o hasta 84% entre los mayas de la península de Yucatán. El éxito de Meade es impresionante en ambas regiones (donde éste gana 53.7% y 42.9% de las secciones) y contrasta con sus resultados mediocres en Guerrero, Oaxaca y el resto de secciones mestizas e indígenas (cuadro 2). A su vez, los resultados de Anaya varían fuertemente entre las regiones indígenas de Chiapas y Oaxaca (donde el panismo brilla por su ausencia), y aquellas que se sitúan en San Luis, Puebla y Yucatán (donde el candidato del blanquiazul obtiene entre 28.2% y 31.3% del sufragio válido). El PRD

Cabe subrayar el pluralismo del universo indígena. En 2018 la participación electoral fue más alta en casi todas sus regiones, donde los sistemas de partidos están igual de fragmentados que en el resto del país. Más que de un voto conviene hablar de diversas votaciones indígenas. Este hallazgo tiene consecuencias importantes para la inclusión política de las poblaciones originarias.

apenas recibe 2.6% del voto en la región huicot-tarahumara pero capta 9.9% en Oaxaca, 9.5% en San Luis y 19.2% en la Montaña indígena de Guerrero. MORENA, finalmente, no es la excepción: los resultados de López Obrador fluctúan entre 29.5% en Yucatán y 64.2% en Oaxaca, diferencias que remiten al éxito/fracaso de sus campañas estatales y no a variables étnico-lingüísticas. Una vez más, llama la atención que en muchas regiones indígenas (particularmente en Guerrero y sobre todo en Chiapas) el voto está más fragmentado que en la zona mestiza, lo que se refleja en los porcentajes elevados que captan las otras fuerzas partidistas. Esta diversidad electoral del universo indígena se representa en la gráfica 2, que sintetiza la pluralidad política de estas siete regiones indígenas. Un universo en el que caben muchos mundos indígenas En resumen, cabe subrayar el pluralismo del universo indígena. En 2018 la participación electoral fue más alta en casi todas sus regiones, donde los sistemas de partidos es-

tán igual de fragmentados que en el resto del país. Más que de un voto conviene hablar de diversas votaciones indígenas. Este hallazgo tiene consecuencias importantes para la inclusión política de las poblaciones originarias. Contrario al imaginario dualista que homogeneiza y oculta su diversidad interna, los resultados electorales revelan un arcoíris de preferencias políticas que conviven dentro de las comunidades indígenas. Ello obliga a situar las identidades indígenas en distintos contextos geográficos, demográficos, económicos, sociales y culturales. Estamos ante un conjunto de poblaciones sumamente diversas que pueden residir, como mayorías indiscutibles, en comunidades exclusivamente indígenas, o migrar y vivir en entornos multiculturales, mixtos y mestizos donde se transforman en minorías más o menos (in)visibles. Esta pluralidad de situaciones invita a interrogarse sobre la especificidad de las élites políticas indígenas. ¿Quiénes se postulan y compiten, ganan o pierden, se oponen o gobiernan en estos territorios? Ésta, y otras preguntas, se abordarán en nuestra próxima entrega.

los cambios necesarios

Un nuevo horizonte para los pueblos indígenas

Milton Gabriel Hernández García

Etnólogo kuxikan@yahoo.com.mx

Un elemento central de la nueva relación entre el Estado, la “sociedad nacional” y los pueblos indígenas es la armonización legislativa para materializar el “reconocimiento integral, transversal e intercultural” de los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución y en las leyes reglamentarias, incorporando los Acuerdos de San Andrés Larrainzar, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. También se retomarán las resoluciones judiciales en la materia emitidas por la Suprema Corte y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se reconocerá el pluralismo jurídico y se considera como un aspecto fundamental el reconocimiento específico de los derechos del pueblo afrodescendiente, nuestra tercera raíz. La armonización jurídica

FOTO: Milton Gabriel Hernández García

espués del “insurrección pacífica electoral” que llevará al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la Presidencia de la República y a contar con la mayoría en el Congreso de la Unión, surgen interrogantes sobre cómo se llevará a la práctica la llamada “cuarta transformación”. En lo que respecta a las demandas históricas de los pueblos indígenas, de entrada es un signo de esperanza el que Andrés Manuel López Obrador haya nombrado al abogado mixe Adelfo Regino como el encargado de coordinar la agenda en esta materia. En el documento “Por el reconocimiento de los pueblos indígenas en el renacimiento de México” se exponen algunos elementos del nuevo horizonte que se prefigura para los pueblos indígenas a partir del 1º de diciembre. El documento parte del reconocimiento de que México es una nación pluricultural, que 25 millones de personas se autorreconocen como indígenas (21% de la población), de las cuales 7 millones mayores de 3 años habla una lengua originaria (6.5% de la población). También se reconoce que los pueblos indígenas constituyen sujetos históricos preexistentes al Estado mexicano y que “después de cinco siglos de colonización, viven en graves condiciones de exterminio, pobreza, discriminación, exclusión y desigualdad”. Al haber sido protagonistas y al mismo tiempo excluidos de las tres transformaciones anteriores (la Independencia, la Reforma y la Revolución), en este momento histórico están convocados a ser actores fundamentales de la “cuarta transformación”, asegurando que esta historia de exclusión no se vuelva a repetir.

y Formas de Gobierno”, base para su reconocimiento como sujetos de derecho. Esta instancia coadyuvará en los procesos de construcción de autonomías y la reconstitución de los pueblos indígenas, muchos de ellos desgarrados por la violencia, el empobrecimiento, la migración o los despojos territoriales. Tendrá la responsabilidad de acompañar el diseño, ejecución y evaluación de los programas y proyectos de desarrollo integral en las regiones indígenas.

Participación plena y efectiva de los pueblos indígenas, lo que sigue.

debe garantizar “el ejercicio del derecho de libre determinación y autonomía en todos los ámbitos y niveles”. Este planteamiento parte del Proyecto de Nación 2018-2024 de AMLO, en donde dice: “hay un compromiso con el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés Larrainzar y se promoverá la incorporación integral a la Carta Magna y a las legislaciones locales de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas reconocidos por las leyes y tratados internacionales” (pp. 320 y 321). Ello implica el reconocimiento a los pueblos que ya se han declarado autónomos. En palabras de Adelfo Regino: “Tiene que haber reconocimiento, respeto a los procesos de autonomía, de organización en los pueblos indígenas de México. Esta lucha tan importante que han dado nuestros hermanos zapatistas en las juntas de gobierno, sus municipios autónomos, también está el esfuerzo de Cherán Michoacán, donde ellos ya han elegido a sus autoridades bajo sus propias normas, tienen un sistema de autogobierno” (El Sol de México, 23/07/18). Se propone también reactivar en el debate público la agenda sustantiva de los pueblos indígenas a partir de 19 ejes: 1) Los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y su reconstitución integral; 2) El derecho de libre determinación y como una expresión, la autonomía en sus distintos niveles y ámbitos; 3) Derechos de las mujeres indígenas; 4) Derechos de los migrantes indígenas, tanto en territorio nacional como en el extranjero, con especial énfasis en los jornaleros agrícolas; 5) Derechos de la niñez, adolescencia y juventud indígena; 6) Adultos mayores y personas con discapacidad;

7) Reconocimiento del pueblo afromexicano; 8) Sistemas normativos indígenas, armonización con el sistema jurídico nacional y acceso efectivo a la jurisdicción del Estado; 9) Seguridad comunitaria y resolución de conflictos; 10) Participación y representación política de los pueblos indígenas; 11) Consulta y consentimiento libre, previo e informado; 12) Tierras, territorios y bienes o recursos naturales, biodiversidad, medio ambiente y cambio climático; 13) Desarrollo integral, intercultural y sostenible; 14) Soberanía y autosuficiencia alimentaria; 15) Patrimonio cultural, conocimientos y tecnologías tradicionales y propiedad intelectual; 16) Educación comunitaria, indígena e intercultural; 17) Salud y medicina tradicional; 18) Comunicación, telecomunicación y radiodifusión indígena y comunitaria; 19) Capítulo indígena en el TLC. Un componente fundamental de la propuesta de la próxima administración es la creación de una nueva institucionalidad gubernamental con relación a los pueblos indígenas, lo que implicará la renovación y el rediseño de las instituciones del Estado que atienden sus demandas. Será consustancial la puesta en marcha de políticas “públicas desde una perspectiva integral, transversal, intercultural y regional”. Ello implica la creación de un nuevo organismo público nacional, cuyo mandato será “diseñar, planear, implementar, coordinar y evaluar las políticas relacionadas con pueblos indígenas y en coordinación con ellos”. Será la responsable de la implementación de los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en la legislación nacional e internacional, así como de la creación de un “Sistema Nacional de Información de Pueblos y Comunidades Indígenas y sus Instituciones

Regino ha señalado que en todo el país se realizarán planes de desarrollo regional a partir de las necesidades y demandas de pueblos y comunidades. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas se responsabilizará de la coordinación y colaboración con las demás entidades del poder ejecutivo federal, las entidades federativas y los municipios, “con el objetivo de facilitar la instrumentación de la transversalidad de las políticas públicas”, así como dar una atención regionalizada a los 68 pueblos indígenas del país. Se encargará de implementar proyectos, acciones y estrategias para la defensa y salvaguardia de los “derechos de los migrantes originarios de pueblos y comunidades indígenas, tanto en el ámbito nacional como en el internacional”, así como de vincular el diseño de las políticas públicas con las investigaciones académicas en la materia. Buscará promover “las expresiones culturales y artísticas de los pueblos indígenas como patrimonio nacional y de la humanidad”. Esta nueva institución “será una dependencia de la administración pública federal centralizada, que sustituiría a la actual CDI”. Los centros coordinadores para el desarrollo indígena ahora serán “instancias de coordinación y operación regional de las políticas públicas del gobierno federal, a partir de la planeación territorial y de la participación de los pueblos indígenas”. También serán las instancias encargadas de concretar la transversalidad de los diversos programas de todas las dependencias. Según ha señalado Regino en diversos medios, uno de los principales objetivos será dotar al nuevo instituto de facultades para “disolver los conflictos agrarios, los cuales han desencadenado innumerables asesinatos y desapariciones de líderes indígenas”, pero también para revisar “los planes y programas educativos, para que garanticen la educación indígena intercultural. Que sea acorde a nuestras culturas, que no sea más esta educación que tiende a la castellanización o a la desaparición de nuestras culturas y lenguas, porque para eso ha servido la educación en este país.” Otro componente de la propuesta es lograr por primera vez un “presupuesto justo, integral y transversal suficiente”, bajo un enfoque compensatorio y de equidad. Se buscará garantizar que en el Presupuesto de Egresos dirigido a pueblos indígenas (Anexo 10 del PEF), se mantenga como míni-

18 de agosto de 2018 mo el asignado en el 2016 (85 mil millones de pesos), ya que en 2017 fue de apenas 74 mil millones y en 2018 subió solo hasta 80 mil millones de pesos. En materia presupuestal “deberá existir flexibilización, accesibilidad y pertinencia económica, social y cultural en el ejercicio de los recursos federales y en las reglas de operación de todos los programas relacionados con pueblos indígenas”. Respecto al tema de la participación y la consulta indígena en cualquier tipo de proyecto legislativo o de desarrollo, el compromiso del gobierno es que se “garantizará la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en los términos establecidos en la legislación internacional en la materia. Se realizará un proceso de diálogo y consulta con los pueblos a fin de que sean tomadas en cuenta sus demandas, propuestas y planteamientos en relación con el proceso de reforma constitucional, legal e institucional; sobre sus planes de vida en el ámbito comunitario, municipal y regional y todas las medidas administrativas susceptibles de afectar sus derechos fundamentales”. Respecto a los llamados megaproyectos mineros, hidroeléctricos, de infraestructura, de hidrocarburos o de cualquier otra índole que se hayan implementado en el actual sexenio y en los anteriores, “se considera urgente la revisión de todas las concesiones, permisos y proyectos que transgreden los derechos de los pueblos indígenas, en particular sus derechos territoriales y la consulta indígena”. La propuesta también considera la creación de instancias y mecanismos para la participación y representación de los pueblos indígenas, “integradas por representantes nombrados en función de sus propias instancias de decisión, criterios etnolingüísticos, regionalización y asentamiento físico”. En concreto, se propone la creación de una “Circunscripción Electoral Especial de los Pueblos Indígenas”, a fin de garantizar su representación efectiva en el Congreso. En el “II Encuentro Nacional por la Libre Determinación de los Pueblos Indígenas de México” realizado el pasado 28 de julio en Oxchuc Chiapas, ante una multitudinaria asamblea de este pueblo tzeltal y ante representantes de Cherán y Ayutla de los Libres, Adelfo Regino, junto con María Luisa Albores, futura titular de la Secretaría de Desarrollo Social, asumió el compromiso de retomar los acuerdos de San Andrés de Larrainzar y de promover las reformas constitucionales necesarias para hacer efectivos los derechos de los pueblos originarios de México. Una vez más desde el sureste se dibujó un nuevo horizonte cargado de esperanza para los pueblos indígenas de nuestro país. Sin duda tendrá resonancia entre los pueblos originarios de Abya Yala que durante siglos han luchado contra el colonialismo y por su emancipación.

18 de agosto de 2018

los cambios necesarios

Para combatir la

discriminación,

FOTO: José Antonio López / La Jornada

revalorar nuestras lenguas

Al menos 5.1 por ciento de los menores que cursan cuarto, quinto y sexto grados de primaria son regañados o castigados por hablar una lengua indígena en su escuela, cifra que se eleva a 15.8 en los planteles multigrado, revela estudio del INEE.

Emiliana Cruz

l pasado 1 de julio inició lo que parece ser un nuevo episodio en la historia de México. Por primera vez en su historia democrática el país eligió con una mayoría inédita a un candidato de alternancia como presidente. Por otra parte, el gobierno de López Obrador comienza con una mayoría sorprendente en el congreso, lo cual abre camino para una transformación de nuestro país. Son muchas las razones por las que esto debe de ser festejado. El país espera con ilusión la implementación de una agenda donde exista una verdadera participación ciudadana y políticas de justicia social. Este cambio es particularmente emocionante para mí, al ver las posibilidades de que haya cambios para las comunidades indígenas. Para que exista una

transformación profunda, real, en nuestro país es de vital importancia tener un entendimiento sobre cuál es la experiencia actual de las comunidades indígenas, cuáles han sido los errores cometidos sexenio tras sexenio y, lo más importante, cómo podemos aprender de las propuestas que llevan años poniéndose en práctica en muchas de estas comunidades. Quiero enfocarme en el caso de las lenguas indígenas, presentando una breve sinopsis de la realidad y una serie de propuestas claves para alcanzar esta transformación tan esperada. México se ha caracterizado hasta hoy por sus políticas discriminatorias contra la preservación y divulgación de sus lenguas indígenas. A pesar de reconocerse como un país multicultural, son pocas o nulas las prácticas

que respaldan esta visión. La escasez de proyectos enfocados en ellas puede verse reflejado en su desaparición. Son tres las razones de trasfondo que impactan directamente a las lenguas indígenas y fomentan su desuso: i) la falta de programas educativos que fomenten la educación bilingüe dentro de todos los niveles educativos; ii) la discriminación cotidiana hacia los hablantes de lenguas indígenas a través de prácticas racistas que obligan a hablar primordialmente el español; y iii) la incorporación nula de las lenguas indígenas en la vida pública nacional.

menta el racismo y las estructuras de discriminación. Aun cuando en papel existe la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas —instaurada en 2003 y supervisada por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas—, los estudiantes son obligados a tomar clases en español impartidas por maestros monolingües en español o bilingües en español y alguna lengua indígena. Esto a pesar de que los alumnos no tienen un manejo de este idioma. Las estadísticas muestran los resultados de esta discriminación educativa.

El sistema educativo en México sólo requiere el uso de lenguas locales para la educación preescolar y primaria. Hay excepciones, como son la Educación Intercultural y la Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca (ENBIO), por mencionar algunos. Sin embargo, esta escuela normal no tiene la capacidad de alocar a los futuros maestros en las comunidades indígenas correctas a pesar de la preparación bilingüe que ofrece, porque está determinada por un sistema de “escalón” en donde las escuelas rurales son alocadas como castigo o como proceso de iniciación en la carrera de docente. Esto es, el sistema de colocación de maestros no está determinado por una competencia lingüística, sino por la antigüedad. El resultado es que los pocos maestros preparados para dar enseñanza bilingüe acaban siendo colocados en comunidades en donde se habla una lengua diferente: un maestro hablante de náhuatl puede terminar en una comunidad chatina, y un hablante de chatino en una chinanteca. Por otro lado, muchos de los que sí son alocados en las comunidades correctas no cuentan con una preparación para enseñar en su lengua natal—solo han sido entrenados para enseñar en español. Como resultado, la educación en todos los niveles termina por darse en español a niños y niñas cuyo primer idioma no es ése. La escuela se vuelve el primer espacio de homogeneización y adoctrinamiento de las comunidades indígenas.

De acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), las escuelas indígenas muestran constantemente peores resultados que las no indígenas. Las localidades con población indígena tienen menos estudiantes que terminan la educación secundaria. No debería de sorprendernos que casi 2.4 millones de indígenas en México no lean en sus lenguas indígenas, como tampoco en español y que sean pocos los indígenas que pueden obtener un título de licenciatura. Estos factores muestran el sistema educativo desigual que existe en nuestro país.

La escuela también se vuelve el primer espacio en donde se experi-

La escuela es el primer espacio donde se experimenta el racismo y las estructuras de discriminación. Aun cuando existe la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en la práctica los estudiantes son obligados a tomar clases en español impartidas por maestros monolingües en español y maestros bilingües en español y alguna lengua indígena. Esto sucede a pesar de que los alumnos no tienen un manejo de este idioma. Las estadísticas muestran los resultados de esta discriminación educativa: las escuelas indígenas muestran constantemente peores resultados que las no indígenas.

13 Es importante recalcar la gran contradicción que presenta el discurso de “inclusión” que maneja el gobierno: por un lado, el sistema educativo espera que los grupos indígenas aprendan el español para ser reconocidos como ciudadanos mexicanos. Por el otro, el idioma sigue siendo considerado uno de los indicadores estadísticos de pertenencia a un grupo indígena. Como consecuencia, el sistema educativo presiona a las comunidades indígenas a abandonar el uso de sus lenguas para integrarse al proyecto de nación (determinado por el español), y les exige a su vez que hagan uso de sus lenguas para reconocer su presencia como indígenas. El estado asume que las lenguas indígenas son una única forma en la cual una persona puede presentarse ante la nación como indígena auténtico. Por todo esto, esta nueva administración deberá tener en cuenta los problemas por los que pasa la docencia en comunidades indígenas como los diversos proyectos que se pueden diseñar para superarlos. En esta celebración democrática tenemos que tener en cuenta el largo camino que nos falta por recorrer, así como la motivación necesaria para recorrerlo.

La ruta del cambio Aprovechemos el espíritu de cambio que hoy vivimos y comencemos a plantear rutas alternativas para reducir las estructuras discriminatorias que rigen al sistema educativo de nuestro país. Hago aquí algunas propuestas: • Antes que nada, dejemos de ver nuestra amplia diversidad lingüística como un obstáculo. • Valoremos todas nuestras variaciones lingüísticas como un vasto conocimiento que podemos descifrar en conjunto. • Es importante reconocer proyectos que han surgido en diferentes comunidades como modelos útiles para lograr esquemas educativos incluyentes. Por ejemplo, las escuelas zapatistas, las cuales incluyen al tzeltal, al tojolabal y al tzotzil en su currículum. • El cambio se puede dar de forma radical si comenzamos a adaptar cada proyecto a las necesidades de cada región. • Debemos implementar los proyectos a partir de procesos colaborativos que generen grupos de trabajo entre los hablantes de lenguas indígenas, lingüistas, maestros, antropólogos, artistas y pedagogos. Así, podríamos comenzar a desarrollar programas de estudio adecuados para las comunidades, una formación sólida de maestros preparados, y una generación de materiales para trabajar en cada localidad. • Impartir talleres para formar grupos de lingüistas comunitarios, con el propósito de hacer proyectos activos de documentación de lengua a nivel local a través de la práctica cotidiana. Mi experiencia desarrollando programas de estudio como éste en la región Chatina de Oaxaca me hace creer que esta es una ruta viable y exitosa. Después de años de estudiar la diversidad lingüística de las lenguas chatinas considero que una forma de generar materiales didácticos y una documentación de la lengua era a través de un entendimiento de su uso cotidiano. Comencé a desarrollar estos talleres a lo largo de siete años para entrenar a varios jóvenes chatinos. Una vez que descubrí el éxito de este proyecto decidí ampliarlo para generar talleres similares que pudieran apoyar a otros hablantes de lenguas otomangueanas. Estos proyectos han generado una sinergia entre diversos miembros de las comunidades, abarcando maestros, miembros del comisariado de bienes comunales y alumnos, entre otros. Asimismo, han servido como base para el desarrollo de diversos proyectos de uso y protección de las lenguas a nivel local. Aunque éste es sólo un breve ejemplo de lo que podemos lograr, es importante mencionar proyectos actuales que están teniendo resultados.

los cambios necesarios

18 de agosto de 2018

Vamos por un pueblo sin hambre, orgulloso de

sus costumbres y dueño de sus recursos naturales: PASXXI

Cecilia Navarro

o sólo el voto urbano y el voto de los estados del norte se volcaron hacia la coalición Juntos haremos historia. También el voto rural tuvo un viraje muy significativo. Considerado el voto cautivo del PRI durante años, en las elecciones del pasado mes de julio las mujeres y los hombres del campo dieron la gran sorpresa dándole su respaldo a Andrés Manuel López Obrador. En esta situación, tuvieron un rol importante las más de cien organizaciones agrupadas en el Movimiento campesino Plan de Ayala Siglo XXI (PASXXI), quienes desde principios de 2018 se organizaron para defender el voto rural.

¿Qué significa la llegada de la coalición Juntos haremos historia al gobierno para organizaciones que año tras año han dejado buena parte de su energía en negociar recursos económicos para sus agremiados? “Inicialmente buscamos que el acuerdo que se firmó se traduzca en políticas y presupuesto para que las políticas públicas se puedan hacer realidad. Por ejemplo, los pre-

cios de garantía, rescatar al campo, autosuficiencia alimentaria”, comenta José Narro, quien agrega que hay que impulsar un gabinete en el que haya “gente que genere confianza, que esté comprometida con el campo”.

fiar en Víctor, Suárez, Armando Bartra, gente que ha dado lucha por el campo, ellos generan confianza para que los derechos se hagan realidad. Para que lleguemos a un país autosuficiente, soberano con seguridad alimentaria”.

Y acerca de las dudas que el secretario Víctor Villalobos suscita en amplios sectores de la academia, de las organizaciones ambientales y del movimiento campesino, comenta: “Villalobos, me parece bien en general porque Andrés lo avala, pero para muchas organizaciones hay reservas por sus compromisos con los transgénicos, con Monsanto. Él tiene que ratificar su compromiso con un nuevo proyecto que busque sustentabilidad en el campo a partir de las semillas criollas, mexicanas, de buscar variedades más resistentes, con mejores rendimientos, pero semillas mexicanas”. Y sobre otras personas que formarán parte del gabinete, Narro comenta: “Queremos con-

Rocío Miranda, una de las mujeres que lideró este movimiento va más allá y se refiere a los derechos de los pueblos y comunidades: “Tenemos un catálogo de derechos irrenunciables, tenemos que irlos trabajando con la siguiente administración. Hemos tenidos reuniones con diversos funcionarios. Lo que sigue es construir el Plan Nacional de Desarrollo, ese fue un mandato que le dio Andrés Manuel en Jerez a Víctor Villalobos, secretario de Agricultura, a quien le dijo que con el PASXXI se iba a perfilar el PND y el plan sectorial para el campo mexicano”. Los puntos que el Plan de Ayala firmó por el próximo presidente incluye son: derecho a la propiedad social, derechos de las comunidades, inclusión de mujeres y jóvenes, derecho al trabajo asalariado. “Para el relevo generacional es muy importante recuperar la pasión y orgullo campesino, vivir dignamente, con precios justos, alimentos sanos para todos, derecho de los jornaleros, de los pueblos originarios. Vamos por la soberanía alimentaria, porque tanto campesinos como indígenas y afromexicanos tenemos el derecho de producir los alimentos que culturalmente requerimos”. FOTOS: Movimiento Campesino Plan de Ayala Siglo XXI

Tres de los líderes del PASXXI nos comparten sus puntos de vista sobre qué sigue y sobre el trabajo que llevarán a cabo para lograr que la nueva administración cumpla los compromisos que firmó con el sector campesino.

José Narro, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y futuro senador; Rocío Miranda, de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina, y Arturo Archuleta, del PASXXI en Sonora hablan con La jornada del campo sobre qué sigue en materia de políticas públicas para el sector, qué puede significar para los campesinos y campesinas el contar con un gobierno que se dice comprometido con el sector y cuál va a ser ahora el papel de las organizaciones campesinas.

Las votaciones en Puebla: ganó AMLO, pero “ganó” Martha Erika Alonso.

Para diseñar la nueva política para el campo, José Narro considera

que debe haber un proceso de consulta, “sobre todo con las organizaciones que se comprometieron con AMLO”, a fin de elaborar una política que rescate al campo y garantice autosuficiencia alimentaria y seguridad. Entre los elementos que la nueva política deberá incorporar están: crédito a la palabra para la pequeña agricultura, crédito para el desarrollo para la agricultura comercial; extensionismo rural, transferencia tecnológica, asistencia técnica, real vinculación de las universidades con el campo. Optimistas, los líderes campesinos pronostican un cambio profundo. José Narro lo plantea así: “Vamos a entrar en una nueva etapa de desarrollo del campo mexicano, vamos a empezar a ir resolviendo el déficit agroalimentario, vamos a lograr que este país sea autosuficiente, soberanía y autosuficiencia, vamos a lograr que el campo deje de ser visto como un campo pobre, de hambre, que es lo que pasa actualmente”. Este cambio y la circunstancia ganadora tuvo que ver con el movimiento campesino Plan de Ayala siglo XXI, enfatiza Arturo Archuleta: “cumplimos la encomienda de nuestros dirigentes nacionales organizando comités rurales y urbanos para la promoción y defensa del voto. Todos los líderes estuvimos trabajando según su experiencia, sus posibilidades económicas y de tiempo. La intervención del Movimiento campesino PASXXI fue básica, pues promovió y defendió el voto y ahí está la gente, esperando qué sigue para dar seguimiento al cambio, al modelo económico y agropecuario que el país necesita. También Rocío Miranda explica que en el área rural hombres y mujeres eran presas de la compra del voto, pero el resultado “deja un buen sabor de boca, los campesinos tienen que ser sujetos políticos”. El PASXXI se había comprometido a que 5 millones de campesinos votarían por AMLO. “El recuento es que 49.4% de los votos del área rural, fueron a favor de AMLO. Consideramos que cumplimos, cumplieron los indígenas y los campesinos en esta posibilidad de transformar el país. En las zonas más alejadas del campo la gente votó por AMLO”.

“La intervención del Movimiento campesino PASXXI fue básica, pues promovió y defendió el voto y ahí está la gente, esperando qué sigue para dar seguimiento al cambio, al modelo económico y agropecuario que el país necesita”. Arturo Archuleta

18 de agosto de 2018

los cambios necesarios

“Van a cambiar muchas cosas, los apoyos llegarán directamente a productores. Las organizaciones van a tener que hacer trabajo de campo, territorial, impulsar las cadenas productivas y de valor, organizarse para la producción y la comercialización, van a tener que dar el salto a dejar de ser peticionarias y dedicarse a la actividad productividad del campo. De otra forma, perderán su función social”: José Narro

Ahora el movimiento campesino tendrá que hacer presencia en el territorio.

Los retos Entre los retos más grandes, José Narro menciona que es necesario cambiar el código agrario y contar con un nuevo código de procedimientos, pues el que está vigente es privado más que social. “El tema agrario es social, hay que cambiar la orientación en la ley agraria, que se le dé seguridad jurídica a la propiedad social de la tierra y no que sea un mecanismo para despojar y quitar la tierra a los campesinos. Necesitamos garantizar los derechos de jóvenes y de mujeres, hoy excluidos en el campo. Y habría que crear un instituto de desarrollo agrario, hoy lo ve la Sedatu, pero es una secretaria de la vivienda, lo agrario es secundario. Ese instituto debe tener vocación social, compromiso con

la tierra, tutelar los derechos de los campesinos. No como pasa actualmente que las instituciones se dedican al despojo, al servicio de mineras. Una procuraduría agraria como la de ahora es facilitadora del despojo, no de la defensa de la protección social de la tierra, en estos sexenios la han desmantelado en funciones, atribuciones y presupuestos”. Y sobre el hecho de un puñado de corporaciones son las grandes beneficiarias del sector agrícola en México, Narro añade: “Vamos a luchar para que los beneficios les lleguen a todos, hoy el presupuesto gubernamental les llega a diez empresas, necesitamos que los apoyos le lleguen a la gente, al campo, no a la burocracia, ni a las grandes empresas. Eso va a cam-

biar, va a haber desarrollo rural, no de monopolios. A las que han fortalecido es a las importadoras de alimentos, para traer chatarra, se ha sustituido la producción por las importaciones”. Para Rocío Miranda, el tema es reorientar el Programa especial concurrente 2018-2024, “porque existen más de 3 millones de unidades de producción de las que 80% son pequeños productores, se les llama pobres por no tener infraestructura social básica, pero ellos producen. Necesitamos política para que los campesinos más pobres tengan caminos para sacar cosechas, riego, incentivos económicos para producir y créditos blandos para acceder a un nivel de desarrollo distinto. Y necesitamos también una política orientada al

mercado interno, que fortalezca la producción de alimento local y para mercados nacionales, sin descuidar el mercado externo que es importante para un sector y trae divisas. Pero la autosuficiencia en granos básicos es fundamental. Y también apoyar sectores como pesca, ganadería, pequeña ganadería de traspatio, apicultura en zonas indígenas y milpa asociada a otros cultivos para las laderas”. Arturo Archuleta comenta que los integrantes del PASXXI “estamos obligados a elaborar un plan de trabajo bastante amplio para cumplir las promesas que ofrecimos a los agremiados y a la ciudadanía y para hacer que las autoridades cumplan con lo que ofrecieron. Además, debemos buscar hacer en las comunidades diagnósticos participativos para saber cuáles son las necesidades más apremiantes”. Otro reto que menciona es el ambiental, hay que hacer crecer el campo, sí, pero “buscando alternativas de sustentabilidad, uso de fertilizantes que no dañen al medio ambiente y a la población”, enfatiza Archuleta y agrega El reto es ser “un pueblo sin hambre, orgulloso de sus costumbres, dueño de sus recursos naturales y reconstruir aquellos que se han deteriorado para heredarlos a las futuras generaciones”. El futuro del movimiento campesino Sobre qué pasará con organizaciones como la CNC en el marco de esta transición política, José Narro

comenta: “Van a cambiar muchas cosas, los apoyos llegarán directamente a productores. Las organizaciones van a tener que hacer trabajo de campo, territorial, impulsar las cadenas productivas y de valor, organizarse para la producción y la comercialización, van a tener que dar el salto a dejar de ser peticionarias y dedicarse a la actividad productividad del campo. De otra forma, perderán su función social. Van a tener que trabajar abajo, con la gente. Actualmente las organizaciones y sus dirigentes se dedican a la gestión, ni van al campo, sólo buscan recibir beneficios, ahora tienen que dedicarse al territorio, organizar a los productores, buscar que el campo vuelva a ganar y deje de estar perdiendo, como pasa ahora. Si no se adecúan van a desaparecer. También Rocío Miranda ve cambios en el movimiento campesino: “El movimiento campesino tendrá que hacer presencia en el territorio de abajo hacia arriba, desde lo productivo, para el diseño de planes de territorio, recuperación de la planta productiva y la independencia económica. Se va a recuperar el orgullo productivo. Pero tenemos que mantener el espíritu crítico, de propuesta de política pública, de ejecución, transparencia, sin clientelismo. Organizaciones, dirigentes, productores y técnicos tenemos que vincularnos con universidades, hacer una gran mezcla de conocimientos aterrizándolos en proyectos estratégicos en las regiones. No va a ser fácil. Tenemos que trabajar para recuperar el tejido social.

“Necesitamos política para que los campesinos más pobres tengan caminos para sacar cosechas, riego, incentivos económicos para producir y créditos blandos para acceder a un nivel de desarrollo distinto. Y necesitamos también una política orientada Mutuo acuerdo.

al mercado interno”: Rocío Miranda

los cambios necesarios

Planes y visión de largo plazo, lo que el campo necesita: CNA Cecilia Navarro

ambién los grandes empresarios de la industria agroalimentaria tienen los ojos puestos en el nuevo gobierno y el rumbo que habrá de tomar. Las industrias agrupadas en el Consejo Nacional Agropecuario trabajan intensamente con dos integrantes del equipo de la coalición Juntos haremos historia: Alfonso Romo y Víctor Villalobos, ambos agrónomos -y promotores de los transgénicos y de la agricultura tecnificada a lo largo de su trayectoria-, con quienes comparten la visión de lo que debe ser el campo.

Hay un campo muy exitoso que se maneja solo: aguacateros, productores de pimiento, tomate, exportadores de cerdo y de proteína animal, de cerveza. Ese es el campo de ganador, este año exportará 36 mmdd.

Mientras las organizaciones de pequeños productores, incluidas las agrupadas en el Plan de Ayala Siglo XXI, comienzan a trabajar para impulsar que las prioridades presupuestales cambien y se apoye a los campesinos, el Consejo Nacional Agropecuario sostiene reuniones para impulsar su Visión 2030, “una estrategia transexenal para fortalecer e impulsar el sector agroalimentario en los próximos 20 años”.

También está el campo mediano, el tema es que no hay equidad en los subsidios con nuestros socios comerciales. Actualmente reconocemos que Baltasar Hinojosa ha pagado los adeudos que se debían. Eso da certeza a los agricultores, es una motivación.

“Hay buena comunicación, con el actual gobierno, también con el de transición. El CNA ha contratado despachos, hace un buen trabajo para no perder el rumbo, no perder velocidad, potenciar y construir, generar certeza” dice Bosco de la Vega, presidente de este organismo.

El campo que está en serios problemas es el de la producción de granos y oleaginosos. Incluye la agricultura de autoconsumo, está disperso, no tuvo el privilegio de tener educación, se le está acercando tecnología.

Hablé con Víctor Villalobos sobre este tema, ellos traen dos esquemas: precios de garantía para agricultores con extensiones de hasta 3 hectáreas. Esto significa precios competitivos para motivarlos y mejores semillas. Y por otro lado están los ingresos objetivo, para los medianos y los grandes productores”.

Esta visión contrasta con la de AMLO, quien en reiteradas ocasiones ha dicho que el campo fue el gran perdedor del TLC. Bosco de la Vega dice: “creíamos que íbamos a reventar, pero en realidad hubo ganadores y perdedores. Lo único que puedo agradecerle a Donald Trump es que nos unió para trabajar en equipo, hombro con hombro para hacer una estrategia de trabajo en Washington con el tema del TLC. También contrasta la visión del CNA con la de los pequeños agricultores, quienes han sido ignorados y relegados por las administraciones recientes. De la Vega reconoce una relación con altibajos, pero dice que “ha habido un gran apoyo de parte de la administración saliente”. La política de las administraciones pasadas de asignar la mayor parte de los recursos a las grandes empresas y relegar a los pequeños campesinos ha sido muy criticada, ¿cómo en la opinión del CNA deben asignarse los recursos asignados al sector? Yo no te diría que beneficiaron a las grandes empresas, ellas eran las que dispersaban los recursos. Ahora se está asignando a los agricultores, ya no a las empresas. Sí hay mucho

La estrategia del CNA es alinear sus propuestas para el sector con las propuestas del próximo gobierno. Si bien durante el periodo electoral presentaron su propuesta a todos los candidatos, en estos meses de la transición su trabajo está enfocado a cerrar bien con la administración que se va y a empatar proyecto de largo plazo con la próxima administración, en todos los temas del sector: pecuario, forestal, frutícola, agroindustrial, pesca, acuacultura, agrícola, entre otros.

Nosotros tenemos pequeños campesinos como socios, todo el esfuerzo que hacemos en el presupuesto, en negociaciones internacionales, ahí van los campesinos. ¿Qué falta? Falta atacar de frente la corrupción, la violencia, generar las condiciones para mejor productividad, educación, tecnología. Tenemos tecnología 4.0 pero también tenemos tecnología de la Colonia en las zonas de la sierra, donde siembran como hace 200, 300 años. Estos niveles de pobreza de más de 53% de la población hay que atacarlos de frente. ¿Pero y el presupuesto? Mi postura es apoyar a los más necesitados. Estamos de acuerdo en que haya un trato justo dependiendo de las necesidades. Transferir tecnología, dar medios. Queremos un campo fuerte. Queremos certeza, presupuestos multianuales como tienen otros países, que traen políticas que benefician al campo en los próximos 6 o 10 años. En un año no arreglas nada. Queremos quitar el clientelismo político, tú ves cómo Sagarpa siempre está bloqueada. Queremos que el recurso llegue al agricultor y llegue con un paquete tecnológico, manual de procedimientos, semillas mejoradas, trabajamos en eso. ¿Cuál será el compromiso del CNA y sus miembros para mejorar las condiciones de los jornaleros? La explotación brutal y la paga miserable es un tema muy denunciado. ¿Cuál es su compromiso? Yo contrato trabajadores, contrato a indígenas tarahumaras, hemos firmado acuerdos, con el presidente de la república hace unos cuatro meses, para que, entre el IMSS, el Infonavit, Sedesol.

“Tuvimos la suerte de contactarnos con el ing. Alfonso Romo, que le ha apostado a la investigación, a la expansión internacional. También con Víctor Villalobos. Son dos ingenieros agrónomos al frente de la visión agroalimentaria y con ellos estamos trabajando”, dice De la Vega. Constantemente se refiere a un campo ganador. ¿Cuál es el lugar en ese campo de los pequeños productores?

que hacer para equilibrar y balancear.

Andrés Manuel López Obrador y Bosco de la Vega: la agenda de la agroindustria, presente en la próxima administración.

Le estamos trabajando fuerte a ese tema, por varias razones: la responsabilidad social, la dignidad de los trabajadores, tenemos compromisos de responsabilidad social con los clientes y es un tema en las negociaciones del TLCAN y en

18 de agosto de 2018 las negociaciones en Europa. Hay una mesa laboral. Los agricultores exportadores del norte, de tomate chile, berenjena, nueces, cítricos, aguacate, tienen problemas para conseguir personal. Un empleado que trabaja para un agricultor que exporta, estamos pagando 12,500 pesos al mes, más del doble de lo que paga una planta maquiladora armadora. Nosotros tenemos problemas de personal. Te doy las seguridades que el CNA trae un fuerte tema de responsabilidad social. Nuestros socios también. Queremos un trato justo para los trabajadores. Celebro que exista escasez de mano de obra, eso nos permite pagar mejor, ser más eficientes, capacitarlos más. Es el factor clave en la producción. Se nos están yendo los mejores con las visas H1, entonces necesitamos retenerlos aquí. Parte de la amenaza laboral que tenemos es que Canadá y Estados Unidos quieren tener injerencia en cuestiones sindicales, imponer salarios de 15 dólares por hora que no podemos pagar. Empezó con lo automotriz pero también lo van a querer para lo agrícola. El CNA queremos un trato justo para los trabajadores, buenas condiciones, pero también que el gobierno haga su tarea. Es algo integral. Nuestra responsabilidad es un trato digno y un pago justo. El fondo de ahorro, casa y saludo le toca al gobierno. ¿Qué le preocupa y qué le gusta del cambio que se viene? Las elecciones fueron una fiesta democrática, pero me preocupa que este mandato fue un enojo de nuestra población por violencia, corrupción, falta de organización. Este voto dejó un mandato mayoritario, me preocupa la falta de contrapesos, por ejemplo, en el legislativo. Los contrapesos van a estar en la academia, la sociedad civil y en la iniciativa privada. Mi preocupación es que trabajamos como contrapeso y que el nuevo gobierno quiera sumar para dejar un México mejor. ¿Qué quisiera? Quisiera ver instituciones sólidas, un INE sólido, un Banxico sólido, una PGR que realmente juzga, que se combata la corrupción y se reduzca el derroche. Eso quiero y nos toca nuestra tarea, ser mejores ciudadanos.

los cambios necesarios

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Primero

los pobres, FOTOS: Enrique Pérez S. / Anec

primero

el campo Plutarco Emilio García Jiménez

Nuevas formas de pensar y de actuar en el campo.

l pasado primero de julio AMLO arrasó en Morelos. La ciudadanía dijo basta a la corrupción, al autoritarismo y la violencia. La coalición Juntos haremos historia ganó la gubernatura, todas las diputaciones federales y locales de mayoría y casi el 50 por ciento de las presidencias municipales.

su propia propuesta para rescatar el campo morelense, que fue entregada al candidato presidencial, lo mismo que al candidato a la gubernatura de la entidad.

En las dos ocasiones anteriores en que AMLO fue candidato a la presidencia de la república obtuvo mayoría de votos en la entidad; así que no fue novedad su arrollador triunfo. Lo que fue nuevo es contar con mayoría de legisladores y haber ganado las presidencias municipales de las ciudades más importantes. Sin embargo, la gran mayoría de los triunfadores no provienen de la izquierda ni de los movimientos sociales, y lo que es peor, algunos no tienen ninguna trayectoria política, por lo que su

compromiso con la población y los electores es aun incierto. Será necesario un proceso de sensibilización y formación ideológica a través del diálogo con gente de lucha y el conocimiento de las agendas de los diferentes sectores de la población. Ante ello, un conjunto de organizaciones campesinas de la entidad, decidieron conformar el Movimiento Plan de Ayala Siglo XXI para el rescate del campo morelense, cuyo compromiso fue promover el voto campesino en favor de AMLO y defender los resultados de la elección. El candidato presidencial de Morena y de la Coalición aceptó firmar en Jerez, Zacatecas, el pasado 10 de abril, el Plan de Ayala Siglo XXI2, ante representantes de más de 100 organizaciones campesinas e indígenas. La delegación de Morelos, para entonces, ya contaba con

Los ejes temáticos que conforman el documento para el rescate del campo morelense son: soberanía alimentaria, planeación estratégica, infraestructura productiva, reactivación de la agricultura familiar, precios de garantía y comercialización directa, agua y saneamiento de cuencas, ríos y barrancas; rescate y conservación de manantiales, reservas agrícolas y áreas naturales protegidas, defensa de la tierra y territorios, fortalecimiento de ejidos y comunidades, protección de zonas arqueológicas y patrimonio histórico, fortalecimiento de la organización autónoma y un campo seguro y libre de violencia. Entre los ejes transversales figuran la equidad de género, combate a la corrupción, austeridad y rendición de cuentas, formación y desarrollo de capacidades, financiamiento multianual y transparencia. En torno a los ejes anteriores, las organizaciones que han venido realizando un trabajo intenso de información y consulta entre los productores agropecuarios, podrán proponer proyectos estratégicos con visión sustentable e integral, proyectos comunitarios y regionales, empresas sociales bajos los principios de la economía solidaria y el comercio justo.

Organizaciones campesinas, de profesionistas y técnicos, como MOCEDMA, UPM-CNPA, COCYP, ANEC, CCAMPO, MAIZ, Barzón del Sur, Barzón Morelos, Agrocam, Red de Profesionistas, Acción Patriótica Ciudadana y CIOAC-DL, se han comprometido a la regeneración de la vida nacional y local, al rescate de valores como la honestidad, la dignidad, la solidaridad, así como al combate de la violencia, la corrupción y la autodestrucción. Ante la entrega antipatriótica por los gobiernos priistas y panistas de nuestros recursos naturales como el agua, el petróleo y nuestra riqueza minera a empresas transnacionales, es primordial la resistencia de los movimientos sociales; tenemos que defender, además, nuestra cultura, el patrimonio arqueológico e histórico de las comunidades, nuestras semillas nativas, nuestros maíces y el derecho a una alimentación sana. Frente al desastre económico y social en que vive nuestro país, es urgente elaborar y aplicar una estrategia de desarrollo sustentable e integral que revierta los efectos (económicos, sociales, ambientales e ideológicos) de las políticas neoliberales. Es indispensable iniciar un proceso de reconstrucción de la economía rural que beneficie a los pequeños productores afectados por la avalancha de privatizaciones y la aplicación de un TLCAN, que sólo benefició a una élite de agroexportadores. Es necesario di-

señar e institucionalizar políticas públicas que reactiven la producción y la agricultura campesina, que mejoren en cantidad y calidad de la producción agropecuaria, con cuidado del medio ambiente y con acceso de los campesinos e indígenas a los mercados locales y regionales. Estos objetivos solo podremos alcanzarlos mediante una planeación participativa, democrática y con equidad de género; con presupuestos y programas multianuales que den permanencia y sostenibilidad a los pequeños productores, a las comunidades indígenas, a las mujeres y a los jóvenes cuyo futuro es actualmente incierto. Ante la destrucción del tejido social y el debilitamiento de los lazos comunitarios por la violencia y la impunidad, es necesario fortalecer la unidad y la cooperación bajo nuevas formas de pensar y de actuar en el campo. Es necesario promover la refundación de nuestras organizaciones, con base en una democracia participativa y liderazgos honestos que rindan cuentas ante el pueblo y el nuevo gobierno. No permitamos que arribistas y oportunistas con falsos discursos de izquierda lleguen al poder; y en caso de que lleguen, mantengamos una estricta vigilancia de su ejercicio, para exigir su destitución si no cumplen. Seamos inflexibles en los principios éticos, reiterados por AMLO, de no mentir, no robar, no traicionar.

Ante la entrega antipatriótica por los gobiernos priistas y panistas de nuestros recursos naturales como el agua, el petróleo y nuestra riqueza minera a empresas transnacionales, es primordial la resistencia de los movimientos sociales; tenemos que defender, además, nuestra cultura, el patrimonio arqueológico e histórico de las comunidades, nuestras semillas No mentir, no robar, no traicionar.

nativas, nuestros maíces y el derecho a una alimentación sana.

los cambios necesarios y territorios que enfrentan una situación de pobreza y vulnerabilidad persistentes”.

FOTOS: Juan Vázquez / Anec

El plan se basa en tres grandes principios:

Es necesario superar la disociación entre las políticas de protección social y las de fomento productivo.

Transformemos la política social, una estrategias para que los hogares generen ingresos de forma autónoma y sostenida en el tiempo. ¿Qué propone Rimisp para México en esta estrategia? El planteamiento destaca “la necesidad de superar la disociación persistente entre las políticas de protección social y las de fomento productivo rural para, desde un enfoque territorial, abordar integralmente la situación de hogares, comunidades

Rimisp prevé la puesta en marcha de un programa rector que cuente con recursos y atribuciones suficientes para fortalecer las capacidades de hogares, organizaciones económicas y territorios para vincularse entre sí de modo proactivo y trabajar mancomunadamente en la formulación de estrategias inte-

Rimisp Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural www.rimisp.org, cmolina@rimisp.org

¿Por qué la pobreza persiste? En México, igual que en el conjunto de América Latina, se ha dado una escisión entre la política económica y la social, y a los pobres se les atiende con programas de transferencias monetarias condicionadas (PTMC). De hecho, el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), puesto en marcha en México en 1997, fue el precursor de estos instrumentos. Progresa cambió su nombre con el tiempo (Oportunidades en el gobierno de

Vicente Fox y Prospera en el de Enrique Peña). El problema es que la mayoría de los PTMC no están ligados a políticas que apunten al desarrollo rural como una estrategia concertada para revitalizar las zonas rurales. En general, los beneficiarios son vistos como pobres, no como individuos, familias y comunidades con capacidad productiva y con capacidad de remontar con sus esfuerzos su condición de pobreza. Rimisp y sus investigadores asociados están trabajando en la elaboración de una “Estrategia de inclusión económica para la superación de la pobreza rural en México” que busca incidir en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Dicha estrategia establece que, según la evidencia en Latinoamérica, a largo plazo los PTMC llevan a una mayor inversión en las actividades productivas, tanto agrícolas como no agrícolas, debido a que pueden funcionar como fuente de liquidez o como seguro. Pero este proceso encuentra límites y el impacto de estos programas en la reducción sostenida de la pobreza es prácticamente nulo, pues no propician

2. El reconocimiento de la diversidad y multidimensionalidad de situaciones de pobreza, que se expresa en la diversificación de estrategias de sobrevivencia y generación de ingresos de los hogares rurales, localizados en territorios también diversos desde el punto de vista de su potencial de integración con dinámicas de acceso a bienes y servicios normalmente situados en ciudades y que redundan, además, en dispares condiciones de bienestar. 3. La centralidad de las organizaciones locales, como motor del desarrollo cooperativo de actividades productivas para la generación de ingresos, y la consecuente necesidad de fortalecer el tejido organizacional de los territorios, así como las capacidades de otras instituciones claves para el desarrollo local, como los municipios.

propuesta para AMLO n la coyuntura de transición hacia un nuevo gobierno federal en México, hay políticas públicas que requieren una revisión profunda y, aún más, una transformación radical. Es el caso de la política social. Resulta inadmisible que los niveles de pobreza por ingreso se mantengan prácticamente iguales a los existentes hace 20 años, y que esta pobreza, que se agudiza en el medio rural (en localidades de hasta 15 mil habitantes) y que aqueja a 6.1 millones de hogares, derive día a día en migración, desintegración de núcleos familiares, desnutrición infantil, muertes por enfermedades curables y frenos al desarrollo humano, entre otros flagelos.

1. Partir de un enfoque territorial, que ubique al territorio como el sujeto principal de la política, proponiendo soluciones suficientemente flexibles, pero integrales, que aborden al mismo tiempo las carencias y necesidades de los hogares y comunidades, con la generación de oportunidades territoriales de desarrollo económico a través de la infraestructura, la información y un conjunto amplio de bienes y servicios públicos habilitantes.

¿Por qué persiste la pobreza?

18 de agosto de 2018 grales de desarrollo rural. También plantea la creación de un fondo único que agrupe la oferta dispersa de los programas y apoyos públicos, que se enfoque a propósitos del desarrollo rural, integre en un único registro a los beneficiarios y defina normas de acceso comunes y transparentes. Esto último implicaría el rediseño de la arquitectura institucional de fomento productivo, para superar su carácter regresivo y desarticulado. Un elemento clave del plan que Rimisp propone al gobierno entrante es que una nueva política social apoye el desarrollo de capacidades básicas de autoestima, emprendedurismo, asociativismo, educación financiera y gestión local, entre otras necesarias para permitir un mejor acceso de la población en situación de pobreza a la oferta pública de desarrollo productivo. También se deberá apoyar el desarrollo de obras de infraestructura y bienes públicos en general, como parte del piso habilitador básico que requieren los territorios rezagados para asegurar a sus habitantes oportunidades para el despliegue de una estrategia sostenida de generación de ingresos, permitiendo a su vez mejores condiciones para una vinculación virtuosa con el sector privado. Es importante destacar que hoy en día hay una tendencia en América Latina para vincular los programas de transferencias condicionadas con programas que fortalezcan la capacidad de los hogares para generar ingresos. En ese marco destacan los esfuerzos realizados en el actual sexenio por PROSPERA, en particular el Programa Piloto Territorios Productivos y en general la estrategia de inclusión productiva. Esta experiencia dejó importantes lecciones, entre ellas que un buen posicionamiento político de la agenda no es suficiente para lograr avances sustantivos. En la práctica los propósitos definidos desde los altos niveles del gobierno federal no fueron bien correspondidos a nivel de campo y las estrategias para aterrizar el mandato fueron poco ordenadas.

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los cambios necesarios

Agroecología en la cuarta transformación

Francisco J. Rosado, Valeria B. Cuevas, Wilder Camacho, Julio Cámara, Carlos Chacón,

FOTO: Gustavo Castro Jo

Lilia Fraire, Miguel A. Hernández, Rutilo López, Francisco López, Apolinar Oliva, Ramón Mariaca, Carlos Ortiz, David Palma, Octavio Ruiz, Arturo Tello, Laura E. Trujillo

FOTO: Gustavo Castro Jo

No hay revolución agroecológica sin las mujeres.

Necesitamos una dieta variada, saludable y producida localmente.

El modelo de producción alimentaria del país ha descansado, desde hace varios sexenios, en el paradigma de seguridad alimentaria y nutrición, lo que llevó a políticas públicas que favorecieron la investigación e implementación de tecnologías convencionales. Pero, ¿cuál es el éxito en el sector agropecuario cuando nuestro país se ubica en los primeros lugares de obesidad? ¡Esto es desnutrición! El Estado dice que “garantiza” la alimentación y nutrición, pero no dice cómo lo hace ni cuáles son sus efectos colaterales. México no es ajeno a los grandes retos globales relacionados con la contaminación y uso inadecuado del agua; pérdida de biodiversidad; daños a la salud de humanos y animales; erosión de suelos, de tejido social, cultural y de saberes ancestrales; emisión de gases de efecto invernadero; resistencia de hierbas, insectos y patógenos a los biocidas; concentración de ganancias por la producción de alimentos en

manos de unas pocas empresas transnacionales; disrupción del tejido social; demeritamiento del papel de la mujer y la familia; dependencia tecnológica, entre otros factores asociados con la producción convencional de alimentos. En México y en el mundo existe una alternativa real al modelo convencional de producción de alimentos, se llama agroecolo-

gía, ciencia, práctica y movimiento que nació en Tabasco en el extinto Colegio Superior de Agricultura Tropical con la participación de instituciones como Chapingo, ColPos y UNAM. Agroecología se basa en el paradigma de soberanía alimentaria, cuya implementación no solo cubre la seguridad y nutrición alimentaria, sino que lo hace sin la contaminación am-

2018, o La Jornada el 2 de mayo de 2018, o The New York Times el 26 de junio de 2018, o los resultados del 2o Simposium sobre Agroecología organizado por la FAO, abril de 2018, en el que participantes de 72 países concluyeron que la agroecología es la mejor alternativa de solución a problemas globales causados por la insostenibilidad de sistemas convencionales de producción de alimentos. La agroecología merece atención prioritaria por el nuevo gobierno federal.

Las políticas públicas difundidas por el gobierno recién electo giran en torno a la soberanía alimentaria, lo cual tiene total coincidencia con la agroecología. En forma natural se le debe impulsar si se desea que las nuevas políticas públicas tengan éxito. Quizá los tomadores de decisiones hayan leído lo que en materia de producción sostenible de alimentos publicó El país el 17 de abril de

Para implementar el paradigma de soberanía alimentaria se deben llevar a cabo acciones en diferentes frentes: reunir, articular y generar conocimientos; adaptar la política pública; reformar normatividad; formar recursos humanos de alto nivel técnico y social; recomponer el tejido social comunitario; buscar, encontrar y aplicar procesos viables de conversión de sistemas convencionales a sostenibles; todo ello con el fin de mejorar las condiciones socioeconómicas de los agricultores, de empoderar a comunidades, familias y mujeres, de asegurar producción suficiente de alimentos, condiciones para su distribución y condiciones favorables de mercado, así como asegurar alto nivel nutritivo de los productos y de coadyuvar a lograr las metas de desarrollo sostenible establecidas por la ONU para el año 2030. Enseguida presentamos propuestas en momentos y acciones: FOTO: Gustavo Castro Jo

éxico tiene rezagos en diferentes áreas: educación, derechos, combate a la corrupción e impunidad, salud, energía… y alimentación. Para atender la producción de alimentos se ha hablado de alcanzar la soberanía alimentaria.

biental ni la erosión biocultural. Nace y descansa en saberes y conocimientos de las culturas originarias y evoluciona con los avances de la ciencia y la tecnología. Adicionalmente toma en cuenta temas relacionadas con la equidad de género, tenencia de la tierra, seguridad patrimonial, entre otras. Los muchos sistemas agroalimentarios sostenibles en cualquier parte del planeta se basan en principios agroecológicos.

El modelo convencional de producción de alimentos es insostenible.

1. El nuevo grupo tomador de decisiones en materia alimentaria debe tener claridad en las bases conceptuales y metodológicas que sostienen el paradigma guía, y comunicar en forma clara, eficaz y continua esas ideas. Sumar por convicción y argumentación.

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FOTO: Francisco Rosado May

los cambios necesarios

FOTO: Vrushal Pendharkar

Hay que impulsar sistemas locales como huertos familiares y hortalizas de traspatio.

2. Conformar grupos de trabajo, células ciudadanas articuladas por estado y por zona agroecológica, para recabar información específica sobre los problemas de sostenibilidad de las redes agroalimentarias. La información debe sistematizarse y desde ahí diseñar las reformas en normatividad y políticas públicas. 3. Crear la infraestructura operativa, financiera y de capacitación de las personas, tanto para atender casos urgentes como para prever tendencias y prepararse para el futuro cercano. 4. Diseñar indicadores, evaluar avances y crear condiciones para adaptaciones, en tiempo y forma, ya sea por la evolución natural de los procesos o por información incorrecta recabada al principio.

necesitan mas investigación y desarrollo, respetando los conocimientos locales, sus “dueños” y sus sistemas. Articular con el punto c). c) En formación de recursos humanos, aprovechar la intención de crear 100 nuevas universidades para que se incluya un sistema multicampus, ad hoc a zonas agroecológicas, un Colegio superior de agroecología tropical, que atienda formación de licenciatura y posgrado, investigación, extensión, gestión y vinculación comunitaria, que forme parte de una red

La alternativa está en nuestras manos, mentes, corazones... y en la agroecología.

nacional e internacional con instituciones que desarrollan agroecología, especialmente las interculturales. d) Recomponer el tejido social comunitario, base para que funcionen las redes de producción de alimentos. Se puede lograr con la certidumbre jurídica por sus bienes y su trabajo, por el acceso a salud, educación y mercado a sus productos, y con el combate a la corrupción e impunidad y a factores de desestabilización como las drogas. Lograr la conexión productor-consumidor.

e) Conversión de sistemas de producción dependientes de insumos externos, convencionales, a redes sostenibles. Este trabajo requiere de tiempo, paciencia, convencimiento y, especialmente, del conocimiento del “cómo” hacerlo y hacerlo bien. La articulación oportuna con los puntos a-d es clave para contar con la información y el personal capacitado para hacerlo. f) Reconocer e impulsar sistemas locales como huertos familiares, milpa, agrosilvopastoriles, parcelas escolares, hortalizas de traspatio, rejolladas, canchés, chinampas, campos ele-

vados, rotación y diversificación de cultivos, etc. La agroecología tiene mucho que ofrecer, pero sus bases pueden tergiversarse. La idea no es simular o cooptar, a la ciencia, a la práctica o al movimiento, sino aprovechar su potencial para atender grandes rezagos y prepararnos para el futuro que demandó nuestro país en las pasadas elecciones federales. La agricultura convencional implica alimento para hoy, pero para mañana hambre, desolación y tejido social roto. La alternativa está en nuestras manos, mentes, corazones… y en la agroecología.

En lo que se refiere a acciones:

b) En conocimientos, crear un sistema nacional que recabe los saberes tradicionales y científicos alrededor de sistemas de cultivos, no solo para entenderlos sino para detectar áreas que

FOTO: Gustavo Castro Jo

a) En política pública y normatividad, actualizar la legislación nacional, ambiental y agropecuaria, con base en acuerdos internacionales: la prohibición de pesticidas altamente peligrosos; restricción/prohibición de transgénicos y el paquete tecnológico que los acompaña; empoderar comunidades y organizaciones civiles, especialmente mujeres; apoyar la conservación de saberes, sistemas de aprendizajes locales y germoplasma, entre otros rubros, para proteger y fortalecer nuestro patrimonio biocultural. Asegurar la articulación de la legislación estatal con la federal.

La agroecología nace y descansa en saberes y conocimientos de las culturas originarias

los cambios necesarios

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las semillas

También tienen una agenda pendiente Adelita San Vicente Tello Semillas de vida

a historia de las semillas, muestra de la riqueza en biodiversidad y conocimientos de nuestro país, lo lleva a distinguirse como uno de los centros de origen de la agricultura, con un papel preponderante en la evolución de la producción agrícola. Revisar la historia nos permite esbozar una propuesta para el sector semillero.

Después de la Revolución Mexicana el gobierno impulsó una política en el campo con el propósito de producir alimentos. Entre otros organismos, en 1961 se creó la Productora Nacional de Semillas (Pronase), cuyo objetivo fue la reproducción en escala comercial de las semillas que los investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA) producían, así como la distribución y venta de éstas entre los agricultores. En su apogeo, en los años ochenta del siglo pasado, dispensaba alrededor de 80 variedades de granos y hortalizas, cubría 80% del mercado nacional de semillas mejoradas y operaba 40 plantas de producción (Diario de México, 2004). En la etapa neoliberal, iniciada durante el gobierno de Miguel de la Madrid, cambia la política hacia la producción agropecuaria. En el sector de las semillas desde 1991, previo a la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, se desmanteló la estructura existente para el abastecimiento y se modificó la legislación para desregular el papel del gobierno en el sector. La apertura al sector empresarial para la producción de semillas favoreció a las grandes empresas en la producción de semillas, brindándoles los recursos genéticos públicos para sus intereses. Uno

de los empresarios nacionales que destacó en el sector fue Alfonso Romo, quien impulsó la División de Agrobiotecnología –Seminis. El empresario compró varias firmas internacionales de semillas, con lo que en 2011 controlaba el 22% de la producción mundial de semillas vegetales. Finalmente, en 2005, cuando suministraba más de 3 mil 500 variedades de semillas de productos hortícolas en más de 150 países vendió Seminis a Monsanto (Takahashi, 2017). Bajo este modelo, los cientos de variedades de semillas mejoradas públicas desarrolladas por el INIFAP, dejaron de estar disponibles para los productores. Actualmente, 95% de las semillas para las hortalizas son importadas, mientras que, 85% de la semilla de maíz que se utiliza es producida en México (CEDRSSA, 2015). De manera paralela, en el campo mexicano, no obstante, la política que los ha desprotegido por completo, los indígenas y campesinos mantienen la actividad agrícola, como eje de su esquema cultural y de reproducción, desarrollando un modelo propio para conservar y seguir generando conocimientos alrededor de las semillas, preservándolas y fomentando su intercambio, ya sea libre o bien, en mercados locales controlados por ellos mismos. De manera constante, se siguen generando innovaciones por manos campesinas al experimentar de manera empírica con los cultivos y al llevar a cabo lo que se conoce como mejoramiento campesino (Turrent, 2010). Las prácticas campesinas e indígenas aprendidas de generación en generación mantienen procesos constantes de experi-

Es indispensable recuperar, reivindicar y valorizar activamente la función irrenunciable del Estado, su obligación constitucional, en lo referente al fomento y protección de las semillas mexicanas indispensables para la soberanía y la seguridad alimentarias, la conservación de nuestro patrimonio fitogenético y la defensa y valorización de las culturas agrícolas tradicionales.

Muestras de maíces nativos colectados en comunidades del municipio de San Pedro Soteapan, Veracruz, para conservación y análisis.

Prácticas de selección en parcelas con agricultores en la localidad de Guadalupe Victoria, municipio de Venustiano Carranza, Chiapas.

mentación y mejoramiento con lo cual logran innovaciones y adaptaciones de los cultivos a los desafíos ambientales y productivos actuales. La diversidad de maíces nativos que aún conservan los agricultores, representa una fuente de germoplasma irremplazable y de gran importancia para su estudio y conservación; asimismo, resulta fundamental para las necesidades nacionales de producción pues el material nativo es el que ha sido capaz de adaptarse a las condiciones del país y es la base del mejoramiento de las variedades híbridas (Mota, 2016). Además, su utilización es central en el ámbito alimentario, ya que la gran diversidad de maíces posibilita la variedad de platillos base de la comida mexicana. Por ello, la política que se impulse debe reconocer el papel activo, dinámico e indispensable de las comunidades campesinas e indígenas en la protección y mejoramiento de la agrobiodiversidad.

Asimismo, se debe admitir que existen experiencias muy relevantes para el manejo de las semillas de maíz y especies de la milpa que se expresan en las tres vertientes de la agroecología: como movimiento, como práctica y como ciencia. Por una parte, observamos un amplio movimiento, desde las comunidades campesinas y los pueblos originarios en la defensa de sus semillas y de su modo de vida que utilizan estrategias diversas y mantiene un código cultural. Entre estas destacan las ferias de semillas que se han convertido en espacios de libre intercambio de semillas, de conocimientos y experiencias de conservación y transformación de la agrobiodiversidad, así como, de usos y aspectos culturales relacionados, como festividades y ceremonias. Como práctica existen estrategias productivas que permiten renovar la agrobiodiversidad y mantener al día una domesticación constante frente a los fenómenos de cambio climático. Una de ellas son los fondos de semillas que cumplen

21 funciones de recuperación de germoplasma local ante fenómenos climatológicos. De gran importancia es el registro y catálogo de fondos de germoplasma y áreas de protección de la agrobiodiversidad, identificadas como depositarias de prácticas agrícolas tradicionales, para ser además objeto de los apoyos e incentivos. Como ciencia, se avanza en la elaboración de propuestas que reconocen el conocimiento campesino y que, además, consideran que existen conocimientos desarrollados por los fitomejoradores que pueden aplicarse a estas experiencias para a través de un diálogo de saberes llegar a la construcción del conocimiento agroecológico. Se propone apoyar acciones para el estudio, caracterización, evaluación, conservación y utilización, de manera dinámica y en un contexto de mejoramiento evolutivo y participativo, del germoplasma de maíces nativos existente en el país como una alternativa viable, rentable y sustentable para diferentes regiones de diversidad y contextos agrícolas en México. Incluyendo una primera aproximación al reconocimiento de la agrobiodiversidad in situ. En última instancia, es indispensable recuperar, reivindicar y valorizar activamente la función irrenunciable del Estado y su obligación constitucional, en lo referente al fomento y protección de las semillas mexicanas indispensables para la soberanía y la seguridad alimentarias, la conservación de nuestro patrimonio fitogenético, y la defensa y valorización de las culturas agrícolas tradicionales. El Estado mexicano tendrá una función central para lograr el mantenimiento de la diversidad genética, sobre todo de los cultivos básicos y estratégicos para el país. La idea será reposicionar la función del Estado en materia de semillas en las nuevas condiciones políticas, económicas y sociales del país, así como en el contexto internacional, donde se disputa el control de los mercados agroalimentarios internacionales. Para ello, otra vertiente de trabajo será el impulso de una regulación adecuada tanto a nivel nacional como internacional y la adhesión a tratados como la UPOV. Finalmente, se trata de dar un giro a la manera en que el país ha atendido la producción de semillas para el campo, manteniendo el control estatal en la protección y fomento de los procesos relativos a la producción de semillas y la creación de redes de experiencias para promover una alimentación saludable y preservar el patrimonio biocultural mexicano y la agrobiodiversidad mexicana a fin de coadyuvar a la soberanía alimentaria y la economía nacional.

los cambios necesarios

¿Qué sigue en política pública para enfrentar la epidemia

de obesidad y diabetes?

Fiorella Espinosa Investigadora en salud alimentaria en El Poder del Consumidor

a obesidad está afectando la calidad de vida de millones de personas y sus consecuencias nos cuestan financieramente a todos. A finales de 2016, la Secretaría de Salud federal declaró emergencia epidemiológica por obesidad y diabetes. Pese a ello, no reforzó las medidas que se saben costo-efectivas para que en el corto y mediano plazo se salven millones de vidas. La razón es simple: quienes se encargan de proteger nuestra salud se sientan a negociar con quienes producen y comercializan productos que dañan nuestra salud. El resultado son simulaciones de políticas públicas que no afectan esos grandes intereses comerciales, pero sí vulneran nuestro derecho a la salud. La administración que terminará pronto implementó en 2013 una Estrategia Nacional para la prevención y el control del sobrepeso, obesidad y diabetes (ENSOD), que en su pilar de “Regulación Sanitaria y Política Fiscal” contempló la implementación de un etiquetado nutrimental y la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas no saludables que se dirige a la infancia. Sin embargo, los resultantes fueron, por un lado, un etiquetado nutrimental frontal que previo a su

colocación se sabía que no era comprensible ni siquiera para los estudiantes de nutrición, y que además ya usaba la industria de forma voluntaria desde 2010. Por otro lado, la regulación de la publicidad de productos industrializados altos en azúcares, grasas y sal es muy débil y superficial ya que no solo deja descubiertos los horarios y programas que más ven los niños en televisión, sino que tampoco cubre otros medios a los que están muy expuestos. La principal inquietud que debe movernos a actuar genuinamente es la situación que vive la infancia mexicana ya que, actualmente, uno de cada tres niños y adolescentes tiene exceso de peso, aumentando su riesgo de desarrollar diabetes en la etapa adulta o incluso antes. Es clave saber que más de un tercio (38.6%) de las calorías que consumen los preescolares en un día proviene de productos ultraprocesados como pastelillos, botanas, cereales de caja, embutidos, leches y yogurt saborizados y otras bebidas azucaradas como refrescos y jugos. Lo ideal es que este porcentaje sea menor a 10%, ya que la evidencia muestra que el consumo de estos productos aumenta el riesgo de desarrollar obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, daño renal e incluso cáncer.

Esta problemática se debe enfrentar seriamente. Las organizaciones de la sociedad civil que conformamos la Alianza por la Salud Alimentaria hemos diseñado una propuesta de Política Integral frente a la epidemia de sobrepeso y obesidad en México, basada en recomendaciones de entidades internacionales como la Organización Mundial de la Salud y su equivalente a nivel regional, la Organización Panamericana de la Salud. El principal componente de la propuesta es la generación de una Ley General contra el sobrepeso y la obesidad, de la cual derive un Programa Especial que funcione como instrumento rector de la política nacional para la prevención y control del sobrepeso, obesidad y sus efectos. El programa debe contar con objetivos, estrategias, líneas de acción, metas e indicadores, con el fin de ser monitoreado, evaluado y corregido en caso de ser necesario. Para ello es esencial que se garantice un presupuesto suficiente proveniente de un Fondo generado especialmente para ello, y el cual se recomienda provenga de diversas fuentes incluyendo los recursos recaudados por el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a las bebidas azucaradas y alimentos de alta densidad calórica.

La Ley General tiene como objetivo generar un ambiente que brinde las condiciones, herramientas e información para que le sea fácil a las personas formar hábitos alimentarios saludables, contrario a lo que pasa hoy. Los grandes componentes básicos de la Ley son: 1) La creación de una Estrategia nacional de comunicación educativa que oriente asertivamente a la población sobre alimentación saludable, que tenga como especial énfasis la conservación y revalorización de la cultura alimentaria mexicana tradicional y sea desarrollada por expertos en nutrición, promoción de la salud y salud pública. Esta estrategia incluye las modificaciones a los contenidos de libros de texto de educación básica y el establecimiento de mecanismos de evaluación para su mejora continua, así como programas actualizados de capacitación al personal de salud. 2) La implementación de medidas regulatorias que buscan modificar el entorno, de uno obesogénico, como ocurre actualmente, a uno que favorezca elecciones saludables. Estas medidas son: a) el fortalecimiento de impuestos a productos no saludables como el que ya existe a bebidas azucaradas pero que se recomienda aumentar para generar un mayor impacto en el consumo y por ende en los beneficios en la salud; b) la introducción de un etiquetado nutrimental frontal de advertencia, es decir que advierta del alto contenido de azúcares, grasas y sodio ya que actualmente no hay manera de que el consumidor interprete adecuada y fácilmente esta información; c) la regulación efectiva de la publicidad de alimentos y bebidas no saludables que se dirige a la infancia, cubriendo horarios y programas más vistos en TV así como en otros medios a los que están altamente expuestos los niños como anuncios en calle, transporte, internet, espacios deportivos y recreativos; d) el fortalecimiento de la regulación existente en las escuelas para garantizar una oferta permanente de alimentos saludables y agua de calidad para beber, así como esfuerzos adicionales para regular la venta y publicidad en el exterior de las escuelas. Otro punto fundamental tanto en el eje de educación como en las medidas regulatorias es el fortalecimiento de las acciones para lograr las condi-

18 de agosto de 2018 ciones que garanticen la lactancia materna en forma exclusiva los primeros seis meses de vida y prolongada hasta avanzado el segundo año de edad, ya que la cifra de bebés amamantados en México es de las más bajas en el mundo. Finalmente, la actividad física es un factor relevante que apoya la salud por lo que se propone fortalecer las acciones en escuelas impulsando la activación física y la práctica de deportes, pero también en ámbitos de la vida diaria favoreciendo la activación física en el trabajo, transporte y actividades recreativas. Un elemento clave de esta Ley propuesta es la presencia de órganos de planeación como lo son una Comisión Intersecretarial, un Consejo Consultivo y un Comité Científico Intersectorial conformados por expertos libres de conflicto de interés. Este planteamiento dista de lo acontecido en este sexenio, cuando no solo la formulación de la política fue hecha a conveniencia de la gran industria, sino que además la implementación, monitorio y evaluación también fue dejada en manos de ésta. El órgano que creó esta administración, el Consejo Asesor del Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles (OMENT) cuyo objetivo es “apoyar en la evaluación y medición del impacto de las políticas públicas implementadas por la ENSOD”, tiene sobrerrepresentación de la industria a través de miembros de sus cámaras industriales o de sociedad civil influenciada o financiada por ellos. El Instituto Nacional de Salud Pública, cuya misión es proporcionar evidencia para la política de salud pública, no fue considerado en este Consejo Asesor. Un reto relevante para que esta política sea integral y completa, es la adecuada sensibilización sobre el relevante papel que tiene el sistema agrícola para atender esta epidemia, y lograr que los tomadores de decisiones tengan una visión del campo como fuente de salud y nutrición para todas y todos los mexicanos.

Para saber más

Consulta la propuesta completa en: http://bit. ly/2k0QZHi. Consulta el Manifiesto por un Sistema Alimentario Nutricional, Justo y Sustentable en: http://bit.ly/2ol3BuT Más información en: protejamossusalud.org

los cambios necesarios

ILUSTRACIÓN: Alianza Mexicana contra el Fracking

18 de agosto de 2018

¿Quiénes decidirán

el futuro del agua en el campo? Elena Burns Integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua para la Vida http://aguaparatodos.org.mx/

n los próximos meses se determinarán las condiciones bajo las cuales las comunidades continuarán luchando por sus aguas frente a los embates de los grandes intereses mineros, energéticos, embotelladores, agroexportadores y privatizadores. En el centro del debate está la pospuesta Ley General de Aguas. La moneda está en el aire. Desde la aprobación de la Ley de Aguas Nacionales en 1992, la Comisión Nacional del Agua ha facilitado el despojo masivo de las aguas de los pueblos indígenas y núcleos agrarios del país a favor de los grandes “intereses.” Esta ley, junto con un paquete de leyes en materia minera, forestal y del agro, fue aprobada como precondición para la entrada al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Su objetivo principal fue reemplazar las complejas formas de tenencia del agua en México (incluyendo dotaciones ejidales y comunales por decreto presiden-

cial, documentos primordiales y ocupación continua) con un sistema único de concesiones, siendo objetos de libre compra y venta. Por principio, la Ley de Aguas Nacionales (LAN) desconoce y busca borrar los derechos de los pueblos indígenas a sus fuentes históricas del agua. Según el artículo 22 de la LAN, los derechos a una fuente de agua se otorgan a quien solicita primero su concesión. Así es que las fuentes manejadas por los pueblos fueron registrados sin su conocimiento en nombre del gobierno municipal o estatal, o de algún cacique. Se han reportado casos en ambas fronteras en donde los caciques consiguieron el título de concesión del manantial del pueblo, lo cercaron, dejaron de cuidarlo y se secó. Las dotaciones de aguas y tierras por decreto presidencial a ejidos y comunidades representan una forma de tenencia más fuerte que la concesión. Sin embargo, la LAN exige que inscriban sus derechos

¿Qué está ofertando el “Banco del Agua” en tu localidad? Para ver si la Conagua ha establecido un Banco del Agua en tu estado, consulta: www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/ bancos-establecidos-64619. Para ver los volúmenes que están en oferta en tu municipio, consulta: http://app.conagua.gob.mx/bancosdelagua/Consultas/Consulta_Ofertas.aspx

como concesiones, con una caducidad de entre 10 y 30 años. En este momento, 50 mil concesiones a aguas nacionales han caducado, casi todas siendo de ejidos, comunidades y sistemas comunitarios que nunca se imaginaban, correctamente, que sus derechos históricos se podrían extinguir. Aunque las comunidades indígenas y los núcleos agrarios con concesiones “caducas” siguen en posesión de sus fuentes, se las pueden quitar en cualquier momento. El municipio o estado puede desviar las aguas para cualquier “uso público-urbano”, incluyendo embotelladores, minería o fracking. La Conagua puede concesionar a terceros fuentes no registradas o basadas en concesiones “caducas”, generando conflictos de gran magnitud, o incluso puede concesionar a un tercero un volumen ya concesionado a un pueblo. Ese es el caso del pueblo indígena de San Pedro Tlanixco, en el Nevado de Toluca, que perdió acceso total a su fuente de agua cuando la Conagua volvió a concesionar sus aguas a la Asociación de Floricultores de Villa de Guerrero, quién entubó el agua arriba del pueblo. Cuando uno de los floricultores perdió la vida al caer en una barranca al huir de un fallido intento de agredir al pueblo, seis de los integrantes de la comisión de negociación con la Conagua fueron sentenciados a 50 años en la cárcel en donde siguen hasta la fecha.

El despojo de los pueblos se aceleró a partir de 2004, cuando la LAN fue reformada para dar pie a la creación de “Bancos del Agua” con el fin de facilitar la transmisión de concesiones. Según personal del Banco del Agua de Valle de México, la oferta proviene principalmente de las concesiones caducadas de los ejidos y comunidades, sin importar que la cuenca y sus acuíferos son vedadas y sobrexplotadas. La reforma constitucional reconociendo el derecho al agua dio al Congreso de la Unión hasta febrero 2013 para reemplazar la actual ley con una Ley General de Aguas, centrada en el derecho al agua. En lugar del actual esquema, la Constitución exige que la nueva ley establezca un sistema participativo que reasignaría las aguas nacionales para lograr el acceso equitativo y sustentable. A partir de la reforma constitucional en febrero 2012, surgió un proceso ampliamente participativo para diseñar la ley que México necesita. En talleres y foros por todo el país se han ido consensando las instancias de toma de decisión y los instrumentos de planeación, gestión, defensa y contraloría, incluyendo la prohibición de la minería tóxica y el “fracking”, requeridas para poner fin a la sobreexplotación, la contaminación, el acaparamiento, el despojo y la discriminación en el acceso al agua. La Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas propone reemplazar a la Conagua, institución autoritaria y privatizante por esencia, con un Consejo Nacional de Aguas y Cuencas. Este Consejo se basaría en Consejos en cada una de 28 regiones, en los cuales tendrían voz y voto las y los representantes de asambleas de pueblos indígenas; de núcleos agrarios; de sistemas comunitarios; de afectados por la contaminación, la sobreexplotación, la discriminación y megaproyectos que vulneran el derecho al agua; de investigadores y OSC; de juntas municipales; de representantes

¿A nombre de quién está registrada nuestra toma de agua? Para ver a nombre de quién está registrada la fuente de agua de tu comunidad, busca aquí: http://app.conagua. gob.mx/repda.aspx. Cuando abre, selecciona tu estado, y esperar hasta que la venta para el municipio pasa del color gris a blanco, para seleccionar tu municipio. Después de un minuto abajo aparecerá la lista de concesiones. Puedes ver cada uno picándolo. Si quieres ver en dónde está ubicado, pica “Anexo” en azul, y al fondo de la página encontrarás una tabla. A la izquierda encontrarás dos números que son las coordinadas. Cópialos y pégalos en google maps, para que aparezca la toma registrada. También puedes ver todas las concesiones en tu territorio en: www. cartocritica.org.mx, bajando hasta encontrar el mapa llamado “Aguas Nacionales.” Ahí hay que picar las capas “aguas superficiales” y “aguas subterráneas” bajo “Aguas Nacionales,” y abajo, en “Social”, se puede picar “límites estatales” y “límites municipales”, para luego acercar el mapa con el “+” en la barra horizontal arriba. Al pasar el cursor sobre cada punto aparecerá en nombre de quién ha sido registrada esta fuente, y por qué volumen anual de agua.

de cuerpos de agua y ecosistemas vitales incluyendo forestales; y de procesos productivos sustentables, juntos con los representantes de los tres niveles de gobierno. Una primera tarea de esta nueva institucionalidad será el reconocimiento de los derechos (sin el artificio de la concesión) de los pueblos indígenas a las aguas en sus territorios, así como los derechos inalienables e inembargables de los núcleos agrarios a sus aguas como parte integral de sus tierras. Frente a la gran expresión de voluntad popular el 1 julio y el flagrante desacato del Congreso 2012-2018, se espera la pronta aprobación de una Ley General de Aguas que garantice voz, voto y fuertes instrumentos de defensa para los pueblos y las comunidades rurales, quienes, al defender sus derechos al agua, están defendiendo los derechos de tod@s.

los cambios necesarios

18 de agosto de 2018

¿Se reducen las amenazas al territorio con la transición política?

En el caso de energías renovables, se busca alcanzar el 16% del abasto nacional para el año 2024, propuesta positiva y bastante ambiciosa. El enfoque del gobierno entrante se centra en la pequeña escala y la distribución local, buscando la cobertura de 45 mil comunidades marginadas, 6,400 núcleos agrarios, un millón de usuarios residenciales o del sector servicios, autosostenibilidad de dependencias del gobierno federal, mil “solineras” (para recarga de autos eléctricos) y 500 Centros de Desarrollo Técnico en Energías Renovables. No existe una mención explícita sobre el conflicto social que ha generado la promoción de parques eólicos en la región del Itsmo, mismos que pueden reproducirse en otras regiones como Yucatán, Tamaulipas o Baja California donde estos proyectos son impulsados actualmente. Aunque el proyecto de Morena habla de centrarse en la promoción de pequeños, micro y mini proyectos eólicos, enfocado en cooperativas y la generación regional de empleos, no establece pautas claras sobre si se respetará el derecho de las poblaciones a permitir o negar la entrada a estos proyectos y, en caso de acceder a los mismos, las condiciones en que se hará partícipes a las poblaciones de los beneficios de estos proyectos.

Francisco Cravioto Lagos Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible

a disputa política que se desarrolla por canales institucionales-electorales ha presentado, en 2018, un cambio inusitado: la llegada al poder de un partido político relativamente nuevo que se localiza a la izquierda del centro, que controlará el Ejecutivo nacional, mayorías simples en ambas cámaras del Legislativo federal, cinco (o más) gubernaturas y 19 (o más) Congresos estatales. Desde el ámbito de las luchas por la defensa del territorio se da seguimiento a este proceso de transición con mucha cautela. Ciertamente, las pasadas tres décadas de gobiernos promotores de políticas liberales de ajuste estructural han generado un panorama de devastación y despojo generalizado que trasciende regiones geográficas, ámbitos rurales o urbanos, poblaciones mestizas, indígenas o afrodescendientes. No obstante, quienes tienen memoria de las décadas previas al neoliberalismo saben que los megaproyectos de desarrollo no son políticas exclusivas a este modelo. Ante este panorama, conviene hacer una revisión del proyecto de gobierno de Morena encabezado por López Obrador para conocer cuáles son las propuestas que afectarán negativa o positivamente a los territorios y los procesos de defensa de los mismos.

ralizado de yacimientos en franco declive productivo, el cumplir esta ambiciosa meta solo es posible a partir de la apertura de nuevos campos de explotación de hidrocarburos. Esta expansión afectará, principalmente, a comunidades localizadas en múltiples puntos a lo largo de la llanura aluvial del Golfo de México, con el potencial de generar conflictos territoriales o agravar conflictos existentes. Adicionalmente, se plantea la expansión de la red de gasoductos. La promoción de este tipo de proyectos de infraestructura ha dado pie a conflictos territoriales vigentes en Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Oaxaca, Chihuahua, Sonora y Morelos, entre otras regiones. Todo parece indicar que se dará continuidad a las causas que dan origen a estos conflictos. Por último, se ha proyectado la construcción de dos nuevas refinerías: la conclusión del proyecto de Felipe Calderón en Tula y otra refinería adicional a ser localizada en alguna parte del Golfo de México. La construcción de estas refinerías se presenta como una propuesta cara y desfasada con res-

pecto a las necesidades globales de transición hacia fuentes de energía libres de hidrocarburos. La propuesta energética de Morena consta de tres componentes: termoeléctricas, hidroeléctricas y energías renovables. Con respecto a las primeras, López Obrador plantea adecuar 30 termoeléctricas existentes para uso dual: combustóleo/ciclo combinado. Asimismo, plantea reconvertir 10 plantas con capacidad de 150 MW/h para transformarlas en plantas de ciclo combinado. Actualmente, el 37% de la capacidad instalada energética del país proviene de plantas de ciclo combinado que dependen de la quema de gas natural (metano) para su funcionamiento. El aumentar la dependencia de nuestra matriz energética sobre este hidrocarburo generará, en un futuro, una presión inusitada a favor de la explotación de yacimientos de metano en roca de lutitas, solo explotables por medio de la técnica del fracking. No existe, en el mediano plazo, otra fuente para cubrir esta demanda en México (salvo la importación, con consecuencias negativas para la balanza de pagos nacional). Por otra parte,

la explotación de metano presenta múltiples fugas a lo largo de toda la cadena de extracción, almacenamiento, distribución y combustión. El metano es un gas asociado a un efecto invernadero 81 veces superior al dióxido de carbono. Esta dependencia nos coloca en contracorriente con la necesidad urgente de reducir el volumen de emisiones de gases de efecto invernadero. En lo que toca a plantas hidroeléctricas, el gobierno entrante plantea rehabilitar plantas hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad ya existentes. Esto, en sí, no es una mala propuesta, puesto que aprovecha la capacidad instalada de plantas en cuencas ya afectadas por los embalses. Idealmente, esta propuesta debe ser acompañada de un plan de transición hacia energías renovables de distribución local para programar la vida útil de estas hidroeléctricas y el eventual desazolve de los ríos. Desafortunadamente, la propuesta de Morena plantea la construcción de múltiples pequeñas, micro y mini hidroeléctricas por parte de la CFE y la iniciativa privada. No se especifica cuáles serán las cuencas afectadas por estos proyectos.

Con respecto a las actividades mineras y las profundas afectaciones sociales y ambientales asociadas a la misma apenas se ha hecho mención sobre las intenciones del gobierno entrante. Se habla sobre la necesidad de reformar la Ley Minera con el propósito de prohibir esta actividad en Áreas Naturales Protegidas, establecer los Estudios de Impacto Social y hacer obligatoria la consulta a comunidades indígenas y equiparables. Estas propuestas son insuficientes. Una reforma a la Ley Minera debe revisar a fondo todo el régimen de concesiones, fortalecer las obligaciones de los concesionarios mineros, reducir sus inadmisibles privilegios y prerrogativas, establecer causales de cancelación de concesiones ligadas a afectaciones ambientales o violaciones de derechos humanos y retirar el carácter preferente y de utilidad pública que esta actividad goza. En ausencia de una reforma a la Ley Minera que atienda estas cuestiones, del próximo sexenio podemos esperar una situación de continuidad

Por otra parte, en el Proyecto 18 (proyecto18.mx) establece que el próximo gobierno buscará aumentar la producción de barriles de petróleo a 2 millones de barriles diarios. Ante un panorama gene-

FOTO: CCMSS

Con respecto a las actividades relacionadas a la explotación de hidrocarburos, se han presentado señalamientos cruzados en declaraciones del ex candidato y los documentos de propuestas que circularon en la campaña. El pasado 31 de julio, López Obrador declaró que no se haría uso de la técnica de la fractura hidráulica (fracking) durante su gobierno. Esta declaración, sin duda, es positiva. No obstante, mientras no quede plasmada una prohibición explícita de la fractura hidráulica en la Ley de Hidrocarburos, el desarrollo de proyectos de fracking en México quedará a la venia del titular del Ejecutivo federal.

Hay concesiones mineras en numerosas regiones pertenecientes a comunidades y ejidos.

No queda espacio para tratar temas como son el ferrocarril turístico maya o el corredor transístmico de infraestructura, entre otros megaproyectos. Baste señalar que la solución a conflictos territoriales en México requiere de un cambio de paradigma económico profundo. La llegada de Morena al poder, meramente, implica el establecimiento de condiciones marginalmente mejores para continuar con los procesos de defensa.

18 de agosto de 2018

los cambios necesarios

Oportunidades y pendientes La sociedad civil ante el nuevo entorno gubernamental

posibilidad de aprobar cualquier iniciativa. Será necesario analizar, más allá de las bancadas, a las personas que resultaron electas, sus temas de interés, mecanismos de coordinación y vías de entrada para los temas que las OSC buscan impulsar. Será imprescindible identificar las fuerzas dentro del Congreso que representen un obstáculo o una amenaza. Es importante observar el avance de un fenómeno conocido en otros países: la presencia legislativa del evangelicalismo político conservador. Aunque pierda su registro a nivel federal, el Partido Encuentro Social (PES) multiplicará el número de sus diputados de 10 a 55 y contará con siete senadores. La pérdida de registro de los partidos satélites anuncia una reconfiguración del sistema partidista y reformulaciones en la izquierda y la derecha.

Fundación Heinrich Boell

Vale la pena llamar la atención sobre la predilección de AMLO por los movimientos sociales corporativizados (sindicatos, organizaciones campesinas, de comerciantes, entre otras) que se han constituido en una importante base social de su movimiento. En contraste, ha declarado públicamente su recelo hacia “la sociedad civil fifí”, organizaciones con financiamiento externo, altamente profesionalizadas y con buena capacidad de incidencia; es decir, parte del tipo de organizaciones con las que trabaja la Fundación. El enorme respaldo social que conlleva la alta participación electoral puede despertar en el nuevo gobierno la tentación de prescindir de este tipo de organizaciones. Un importante reto para las organizaciones de la sociedad civil (OSC), en estos meses de transición y una vez que el nuevo gobierno asuma sus funciones será encontrar los canales y formas adecuadas para el diálogo y para mantener la autonomía en sus acciones y opiniones. Por otra parte, existe la posibilidad de la incorporación como funcionarios en las nuevas estructuras gubernamentales de un buen número de profesionales de la sociedad civil organizada. En primera instancia, esto abriría una oportunidad para incrementar la influencia de la sociedad civil y hacer valer sus causas. Sin embargo, el movimiento de cuadros

FOTO: Roberto García Ortiz

uizá la victoria de Andrés Manuel López Obrador y de las fuerzas políticas agrupadas en la coalición Juntos Haremos Historia no fue una sorpresa. Lo inesperado fue el amplio margen de ventaja –descrito como un tsunami- y el temprano reconocimiento público de su derrota que hicieron José Antonio Meade y Ricardo Anaya.

AMLO, predilección por movimientos sociales corporativizados y recelo hacia “la sociedad civil fifí”.

calificados de la sociedad civil al gobierno, como se vivió en el Distrito Federal cuando llegó al poder Cuauhtémoc Cárdenas, significará también una fuga de capacidades y la desintegración de equipos de trabajo que podría conllevar el riesgo de que algunas iniciativas de la sociedad pierdan aliento. La experiencia de Brasil presenta algunas posibles y preocupantes analogías. En su primer mandato, el presidente Lula da Silva resultó electo con fuerte apoyo de movimientos y organizaciones sociales. Muchos dirigentes de la sociedad civil crítica aceptaron sumarse al gobierno federal y estatales liderados por el Partido dos Trabalhadores. A la vuelta de algunos meses muchos de ellos se encontraron frustrados por la continuidad del modelo y no pocos abandonaron el servicio público. Parte de la sociedad civil quedó debilitada debido, entre otras cosas, a la salida de sus mejores cuadros y a una autocensura para no criticar a un gobierno

“popular” y “de los movimientos”. Esta tendencia se fortaleció con el avance de la derecha y las crisis que sacudieron a los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff y terminaron por derrocar al de esta última. Un nuevo régimen que, aparentemente, reivindica las mismas causas sociales que defienden las OSC puede llevarlas a limitar su capacidad para la necesaria crítica. En México se han visto confrontaciones entre funcionarios procedentes de la sociedad civil y quienes continúan en las organizaciones por el liderazgo en alguna iniciativa e incluso por alguna solicitud directa de no criticar la labor gubernamental, en una especie de esquizofrenia entre ser servidor público y pensarse integrante de la sociedad civil organizada. El grupo de organizaciones ambientalistas, de derechos humanos y comunitarias que promueven la agenda de interés de la fundación, ya ha reaccionado a este desafío y

López Obrador no se ha presentado como ambientalista y no hay señales de que se vaya a poner un freno a la extracción de recursos. Las empresas mineras ya se están organizando para estimular la industria a través de una nueva política minera. Sin embargo, con la mayoría que Morena tiene en el Congreso podría plantearse una reforma a la Ley Minera que quite la preeminencia a esta actividad.

está participando en una sana discusión pública sobre las asimetrías de recursos a los que tienen acceso y el papel que deben jugar frente al nuevo gobierno. La reconfiguración política Para muchas organizaciones, el nuevo escenario supondrá la oportunidad de retomar la discusión pública de temas clave en espacios “oficiales”, proceso que en años recientes perdió aliento. Está por verse si la incorporación de actores de la sociedad civil en el gobierno representa, efectivamente, la apertura de nuevos espacios de diálogo e intercambio. Es fundamental que las OSC sean capaces de articular una agenda común y discutir abiertamente los temas en los que haya diferencias, para mantener su rol de contrapeso, la mirada crítica y la exigencia de rendición de cuentas, como se dio con la campaña #FiscalíaQueSirva o durante las discusiones en torno a la Ley General de Biodiversidad y los decretos de reservas de agua. El proceso electoral dejó su rastro y, entre quienes manifestaron afinidades con uno u otro candidato, también hubo distanciamientos. Construir una agenda común y estrategias conjuntas de incidencia cobra particular importancia para las OSC por la contundente mayoría de votos que Juntos Haremos Historia tendrá en el Congreso, lo que pondrá a esa coalición en la

Otro gran reacomodo será el de los funcionarios públicos. En el área económica financiera, los funcionarios “ultraliberales” que han definido las políticas económicas de los pasados 35 años deberán dar paso a homólogos más proclives a la intervención estatal en el mercado interno y a las políticas redistributivas. La descentralización de secretarías de Estado puede explicarse como una manera de fomentar el desarrollo regional articulando “centros de poder”, que podrán incluir o no a los pueblos y comunidades que han estado al margen de las obligaciones del Estado. Serán de especial relevancia los mecanismos de participación en la relación de la federación con los estados y municipios, así como los modelos de intervención en diversos ámbitos: seguridad, salud, política social, educación. La dispersión del poder del Ejecutivo puede propiciar rupturas en las articulaciones que la sociedad civil ha construido para llevar los problemas locales al interés nacional (en el caso del fracking y los grandes proyectos hidroeléctricos o con la desaparición de personas). Para las OSC y think tanks basados en la Ciudad de México será fundamental fortalecer sus vínculos con organizaciones en los estados y comunidades en los territorios e impulsar el trabajo efectivo en red o dar paso a una organización no centralizada en la capital. Hasta aquí hemos reflexionado en las propuestas desde la estructura del Ejecutivo y el Legislativo. Otra cosa son los territorios. Una tarea ineludible para las organizaciones será acompañar y dar un seguimiento puntual a la manera en que el cambio de gobierno repercutirá en las comunidades, para dirigir la atención a los elementos que hagan falta en la construcción de un desarrollo sostenible

los cambios necesarios

con respeto a los derechos humanos.

propuesto la creación de una Comisión de la Verdad, para investigar los crímenes cometidos en las pasadas administraciones y el involucramiento de las autoridades, así como la creación de un mecanismo internacional contra la corrupción. Aunque durante su campaña López Obrador se pronunció a favor de estas medidas, queda un largo camino por recorrer, en caso de que se mantenga esa disposición, para discutir y concretar tales mecanismos. Toca a organizaciones promover las propuestas que han trabajado.

La agenda ambiental La sociedad civil está a la espera de pronunciamientos específicos en temas ambientales: gestión de la infraestructura energética y el agua, bienes comunes sobre los cuales convergen las presiones y los intereses de las comunidades, las cúpulas empresariales e incluso el crimen organizado. Si los nuevos funcionarios y legisladores incluyen personas vinculadas a movimientos sociales y territoriales será una oportunidad para estos y las OSC que les acompañan de discutir y priorizar la agenda ambiental. Por ejemplo, los polémicos decretos de Reservas de Agua emitidos por Peña Nieto podrían ser derogados de inmediato. También es pertinente una discusión más amplia sobre la Ley de Aguas. López Obrador no se ha presentado como ambientalista y no hay señales de que se vaya a poner un freno a la extracción de recursos. Las empresas mineras ya se están organizando para estimular la industria a través de una nueva política minera. Sin embargo, con la mayoría que Morena tiene en el Congreso podría plantearse una reforma a la Ley Minera que quite la preeminencia a esta actividad. Desde la Secretaría de Economía se ha promovido su importancia como un motor económico, sin embargo, una Secretaría independiente obligaría a revisar su compatibilidad con las políticas de medio ambiente, de desarrollo territorial y urbano, y a enfrentar los pasivos ambientales y los devastadores impactos que ha dejado en materia social. El Anuario de las Actividades Extractivas en México, de Fundar, señala que la operación de las empresas mineras no ha traído prosperidad a los municipios; por el contrario, ha acentuado sus problemas y desigualdad. Si el nuevo régimen se plantea un modelo que distribuya mayores beneficios entre las personas, habrá que discutir con profundidad la utilidad y el propósito de extraer los energéticos y minerales, ponderando los costos ambientales y sociales que, en los hechos, las comunidades han venido asumiendo. La centralidad de los combustibles fósiles en las propuestas apunta a la perpetuación de la matriz energética basada en hidrocarburos y a que el país siga dependiendo de estos como fuente de ingresos -independientemente de si su explotación la hacen empresas mexicanas o extranjeras. Dentro del gobierno se puedan dar tensiones que no dejen avanzar hacia la transición energética. Las propuestas presentadas durante la campaña para el

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AMLO en la inauguración de los foros 'Escucha' en Ciudad Juárez.

desarrollo de infraestructura para la transformación, transporte y combustión de hidrocarburos contrastan con la agenda de defensa del territorio, con el combate al cambio climático y los compromisos internacionales de México en el tema. Es difícil esperar un cambio de timón cuando las noticias más recientes giran en torno al impulso a nuevas exploraciones, licitaciones y contratos para exploración de combustibles no convencionales y, en general, el avance de la Reforma Energética. Retomar el interés por una integración energética con los Estados Unidos puede mantener esta tendencia. Al mismo tiempo, se ha generado expectativa ante la propuesta de Morena para una estrategia integral de transición energética, articulada con las políticas ambientales y de cambio climático y con los sectores industrial, agrícola y comercial. Su puesta en marcha lanzaría una buena señal y podría impulsar a las energías renovables y a la generación distribuida de energía. Democracia y derechos humanos Tocará a las OSC empujar para que se despejen las ambigüedades en lo que tiene que ver con democracia, ciudadanía, gobernabilidad y derechos humanos. La amplia participación y margen de ventaja en las elecciones permitieron hablar de victoria sin traer a la discusión pública el tema de la violencia política. La presencia de los poderes fácticos, en particular el crimen organizado, fue funesta para el proceso electoral. El crimen actuó como un partido sin registro, con gran éxito. A través de una violencia nunca antes vista -más de 130 candidatas y candidatos locales asesinados-, el crimen organizado “eligió” alcaldes, regidores y otros mandatarios para gobernar conforme a sus intereses. Este factor fue una de las

grandes omisiones en los discursos del 1° de julio y los días siguientes y representa una enorme condicionante para futuros aspirantes a gobernar o impulsar cambios, aun cuando cuenten con respaldo mayoritario. En forma similar, se soslayó una amplia gama de delitos electorales: compra de votos, robo de urnas, condicionamiento, financiamiento ilegal e intervención de empresarios. Estos problemas persisten y solo la amplia ventaja de la coalición ganadora y el reconocimiento temprano de quienes perdieron evitaron mayores confrontaciones. En materia de derechos sexuales y reproductivos los retos no son menores. El presidente electo ha hablado de respeto al matrimonio igualitario y a todas las preferencias sexuales, pero se ha cuidado de asumir una posición respecto al aborto. Permanece la incógnita sobre cuál será el efecto de la alianza con el PES en materia legislativa en estos temas. Por primera vez se logró paridad de género en ambas cámaras. Sin embargo, el hecho de que existan más mujeres en puestos de decisión no significa automáticamente un avance en materia de equidad de género. Hay mujeres con agendas conservadoras y falta una mayor comprensión de

lo que la perspectiva de género implica, así como integrarla de manera transversal en los planes y políticas de gobierno, más allá de las medidas aisladas de paridad y políticas rosas. En materia de seguridad continúan pendientes las definiciones para abordar la problemática a escala local, los términos de la relación con las fuerzas armadas y sus implicaciones en la Ley de Seguridad Interior. Un tema urgente es la “reconstrucción” institucional de la Fiscalía, actualmente en ruinas. El equipo de transición se ha manifestado por que sea el presidente quien proponga una terna de personas “intachables” para el puesto y el Senado seleccione a la más adecuada. Este tema será un punto de tensión con el colectivo que reivindica la necesidad de una fiscalía autónoma como pilar de la lucha contra la impunidad. Sin embargo, al menos se ha establecido un canal de interlocución entre las organizaciones y el equipo de transición, de manera que está por definirse el camino de la procuración de justicia. De acuerdo con diversas organizaciones, no existen las condiciones para que el Estado combata eficientemente la corrupción estructural del país. Por ello han

En cuanto a la relación con los medios de comunicación, habrá de buscarse un equilibrio en la revisión del ejercicio del gasto en publicidad y la reorientación de la comunicación gubernamental, para que ésta sirva a la sociedad en vez de ser un mecanismo de promoción o para reprimir voces críticas. Los atentados a la libertad de expresión y la operación del mecanismo de protección deberán retomarse y ampliarse. Un tema ausente es el de las personas desaparecidas y la falta de interés para resolver los casos. Gracias a la presión de los colectivos de familiares se logró que la actual administración aprobara una ley para la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda, fiscalías especializadas, los programas de Búsquedas y de Exhumaciones e Identificación Forense y la coordinación de las autoridades. Es fundamental que el nuevo gobierno defina su posición, corrija las fallas y asigne un presupuesto suficiente para vislumbrar justicia para esta enorme herida. Habrá que analizar en el mediano y largo plazo si este tsunami de participación ciudadana representa una maduración de la democracia en México o fue solamente una expresión masiva de desaliento acumulado. Más allá de estas implicaciones, los resultados del proceso electoral traen consigo un nuevo sentido de posibilidad de lograr cambios a través de la vía democrática y enormes expectativas de remontar los problemas de desigualdad social, violencia y despojo de los recursos naturales del país.

Un nuevo régimen que, aparentemente, reivindica las mismas causas sociales que defienden las OSC puede llevarlas a limitar su capacidad para la necesaria crítica. En México se han visto confrontaciones entre funcionarios procedentes de la sociedad civil y quienes continúan en las organizaciones por el liderazgo en alguna iniciativa e incluso por alguna solicitud directa de no criticar la labor gubernamental, en una especie de esquizofrenia entre ser servidor público y pensarse integrante de la sociedad civil organizada.

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los cambios necesarios

FOTO: Tikostel

rado por el Estado de México. Otro estado con características similares es Veracruz, con 21 fallecimientos por la misma causa.

El respeto a los derechos sexuales y reproductivos es un gran pendiente en el campo.

Pendientes en salud sexual y reproductiva

Leonardo Bastida

omo muchas otras mujeres de la zona de la Sierra Sur de Oaxaca, Irene acudió al Centro de Salud de San Miguel Coatlán, ubicado a una hora en auto, o más de ocho horas a pie de la cabecera municipal de Miahuatlán. Era enero de 2016 y sentía que estaba embarazada, por lo que acudió para corroborarlo. En el sitio, fue atendida por un pasante de medicina, quien la examinó y le confirmó que llevaba 25 semanas de embarazo. En su receta le indicó la toma de ácido fólico, pero no le recomendó la realización de estudios para evaluar la condición del producto. Dos meses después, Irene regresa al lugar con trabajo de parto, el mismo pasante identifica que tiene ictericia, y le brinda la atención correspondiente hasta que da a luz. Sin embargo, los protocolos establecen que, por la situación, podría haber sido canalizada a un hospital de segundo o tercer nivel, y un médico debería haber supervisado las maniobras realizadas. Tras el parto, Irene se desmayó y presentó signos de presión baja, por lo que fue canalizada al área de ginecología y cirugía del Hospital Rural 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en Miahuatlán de Porfirio Díaz. El traslado sólo fue supervisado por su esposo, pues ningún integrante del centro de salud subió a la ambulancia. En el hospital le diagnosticaron hemorragia, presentando ya baja temperatura corporal y un choque volémico, derivado de

la pérdida de sangre, además de alta probabilidad de complicaciones derivadas del mal estado de salud de su hígado. La única opción para detener el sangrado era una cirugía, la cual, no resistió. Falleció durante el procedimiento. El peritaje médico concluyó que la falta de un diagnóstico correcto tras el parto fue el factor que provocó las complicaciones y la muerte de Irene. El caso derivó en la emisión de una recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual, en los tres pasados años, ha emitido más de 10 documentos dirigidos a autoridades de diferentes entidades federativas, para garantizar a las mujeres de comunidades rurales y/o indígenas el acceso a servicios de salud adecuados y el respeto a sus derechos sexuales y reproductivos mientras se les brinda atención, entendidos como el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y a disponer de la información y de los medios para ello, así como el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva, además de adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones o violencia. Algunos de los casos de violaciones a estos derechos más visibles son el de la mujer que dio a luz en el jardín de un hospital, igualmente en Oaxaca, y otras muertes ocu-

rridas en centros de salud de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En el campo mexicano, el respeto a los derechos sexuales y reproductivos es un gran pendiente, situación que se traduce en muerte de mujeres embarazadas por malas atenciones médicas, índices de embarazo adolescente y de nuevas infecciones de transmisión sexual más altos que en las zonas urbanas, y las tasas de fecundidad más altas del país: Chiapas tiene el lugar más alto de fecundidad, con casi tres hijos por mujer, siguiéndole muy de cerca Guerrero y Oaxaca, con 2.5. En cuanto al número de muertes de mujeres debido a complicaciones durante el embarazo, el parto o el puerperio, el monitoreo realizado por el Observatorio de Mortalidad Materna en México arroja que hasta la semana 28 de este año, correspondiente a los días 9 a 15 de julio, en Chiapas habían ocurrido 39 decesos por esa circunstancia, siendo el segundo lugar, sólo supe-

El año pasado, Chiapas, con 68 casos, y Veracruz con 41, ocuparon el segundo y tercer lugar con respecto al número total de muertes maternas en el país. Otros estados con características similares, como Guerrero y Oaxaca, también estuvieron dentro de las primeras 10 entidades con más mortalidad materna, causada por factores como las hemorragias intensas, casi siempre en los días posteriores al parto, infecciones contraídas durante el alumbramiento, problemas con la presión arterial y el parto obstruido (cuando los huesos de la pelvis obstruyen la salida del feto). Una de las metas por alcanzar para el año 2030, a propósito de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la Organización de las Naciones Unidas, es reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 casos por cada 100 mil nacidos vivos. Un factor asociado a las complicaciones en los embarazos es la edad. Las comunidades rurales y campesinas presentan mayores índices de embarazo en adolescentes. En localidades de menos de 15 mil habitantes, 13.5 por ciento de las adolescentes de 15 a 19 años ha estado embarazada alguna vez, mientras que a nivel nacional el promedio es de 12.4 por ciento. La tasa de fecundidad de las adolescentes en estas comunidades es de 12.5 nacimientos por cada cien, mientras que en el resto del país es de 11.1. La situación deriva, entre otros factores, de hechos como que, en Chiapas, casi 90 por ciento de las mujeres no utilizaron algún método anticonceptivo durante su primera relación sexual, según datos arrojados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía a través de la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica. La cifra en entidades con características similares como Oaxaca y Guerrero fue de 80 por ciento. De igual manera, el porcentaje de mujeres adolescentes sexualmente activas que utilizan un método anticonceptivo de manera frecuente es el más bajo del país en Chiapas

27 con sólo 35 por ciento, seguida de Oaxaca con casi 45 por ciento. El mismo documento señala que existe una mayor propensión de embarazo adolescente en la población hablante de lengua indígena, ya que 54 por ciento de las mujeres en edad fértil con esta condición fueron madres durante su adolescencia, porcentaje superior a quienes no hablan lengua indígena, con 45.9 por ciento. Los riesgos de adquirir una infección de transmisión sexual también están latentes. De acuerdo con el poster presentado por el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida y el Instituto Nacional de Salud Pública durante la 22 Conferencia Internacional de Sida, celebrada en Ámsterdam, Países Bajos, del 23 al 27 de julio, algunos de los 25 municipios con mayores índices de mortalidad por VIH/sida están ubicados en las entidades federativas con mayor población rural. El municipio con más casos es Tonalá, Chiapas, con 14.4 por cada 100 mil defunciones, siguiéndole Centla, Tabasco, con 13.5 o Cosamaloapan, Veracruz con 13.3. Campeche es el estado de la República con más nuevos casos de sida en el país con casi 18 por cada 100 mil habitantes, es decir, que las personas con infección de VIH no se detectan ni se tratan de manera oportuna, provocando que este se desarrolle y aumente sus niveles en la sangre, derivando en el debilitamiento considerable del sistema inmunológico. Guerrero presenta una situación similar con 12.7 casos, seguido de Yucatán con 10.7. En cuanto a nuevos casos de VIH, es decir, que la persona vive con el virus, Tabasco, Campeche y Yucatán son las entidades con más casos, con más de 18 por cada 100 mil habitantes. De acuerdo con reportes de la Comisión Nacional de Población y otros organismos nacionales e internacionales, el embarazo adolescente, la mortalidad materna y la falta de acceso a métodos anticonceptivos y de prevención de infecciones de transmisión sexual son indicadores de exclusión social, consecuencia de la pobreza y la desigualdad.

Las comunidades rurales y campesinas presentan mayores índices de embarazo en adolescentes. En localidades de menos de 15 mil habitantes, 13.5 por ciento de las adolescentes de 15 a 19 años ha estado embarazada alguna vez, mientras que a nivel nacional el promedio es de 12.4 por ciento. La tasa de fecundidad de las adolescentes en estas comunidades es de 12.5 nacimientos por cada cien, mientras que en el resto del país es de 11.1 por cada cien.

nuevas políticas

Para operar, Sagarpa dividirá el país en 5 regiones Cecilia Navarro

íctor Villalobos, nombrado secretario de Agricultura, de la próxima administración, comparte con La jornada del campo, cuáles son los pasos a seguir desde la Sagarpa en cuanto arranque la nueva administración.

va a distribuir el fertilizante y la semilla mejorada.

quillas y sementales para mejorar e incrementar sus hatos ganaderos.

4. Un programa de crédito a la palabra para la ganadería de pequeños ganaderos. Un programa que les permita acceder a fondos, recursos y créditos para adquirir va-

5. Un proyecto piloto para los cañeros de Veracruz, que va a estar orientado al incremento de la producción de caña, al mejoramiento de la productividad y la tecnolo-

gía. La idea es que los productores tengan un precio justo por su caña, un esquema para aspirar a un incremento de sus ingresos con mayores producciones. “Estos cinco grandes temas no omiten la agenda regular que debe llevar la secretaría, pero vamos a enfocar una energía importante a estos cinco temas. Ahora que estamos hablando de seguridad alimentaria se va a trabajar una canasta básica que va a ser responsabilidad de Segalmex y va a incorporar productos del mar, específicamente sardinas y atún”. Y sobre cómo se van a implementar estas primeras políticas, Villalobos comenta: “Vamos a aprovechar la infraestructura que existe. En temas de normatividad y reglas de operación van a ser mucho más sencillas, más ágiles y más entendibles para nuestra gente y eso, desde el punto de vista legal ya está siendo analizado por nuestros auditores legales jurídicos, de modo que cuando empecemos el año vamos a tener todo este andamiaje listo, así como todo el presupuesto disponible para este ejercicio de la implementación de esos cinco programas”.

Los programas específicos que van a empezar a operar son propiamente cinco: 1. El programa para la seguridad alimentaria, que implica el establecimiento de los precios de garantía para cuatro cultivos básicos: maíz, frijol, arroz y trigo. Para este tema tenemos ya un presupuesto definido y tenemos ya un esquema de operación. 2. Un programa para fertilizantes. En marzo arranca la operación de tres plantas en el país para producir fertilizantes nitrogenados. La idea es operarlas a través de la proveeduría de gas y de amoníaco de PEMEX. 3. La fusión de Diconsa y Liconsa, para crear la empresa Segalmex, “Seguridad alimentaria mexicana”, en la que se acopiarán los cuatro cultivos básicos y leche mexicana. También esa empresa

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Acerca del presupuesto y cómo se reorientará, explica: “en términos generales los programas que ahorita están destinados a proyectos asistenciales van a ser reorientados porque están operando de una forma muy ineficiente. Entonces programas, así como se han venido ejerciendo, no los vamos a apoyar ni mucho menos a mantener. Te-

Víctor Villalobos.

Gestión integral del territorio e inclusión de jóvenes y mujeres: Semarnat en el campo Cecilia Navarro

osefa González, secretaria de medio ambiente de la próxima administración también ya tiene una agenda clara el campo:

Desde la Semarnat se impulsarán iniciativas que concilien el bienestar de las comunidades rurales y la protección del medio ambiente. La visión estará centrada en cuatro pilares: la gestión integral del territorio, la protección y respeto de los derechos humanos, la inclusión de jóvenes y mujeres, y el impulso de prácticas productivas sostenibles. Una de las primeras políticas públicas será el fomen-

to y fortalecimiento de la gestión comunitaria de bosques y selvas. La política nacional forestal del próximo gobierno incluirá estrategias y líneas de acción en el marco de los modelos integrales de restauración, conservación y cuidado. Las comunidades rurales en México han desarrollado experiencias y prácticas que es fundamental mantener, apoyar y replicar. Las comunidades rurales han hecho manejos exitosos de nuestros bosques y selvas, han logrado conciliar su productividad y la conservación de biodiversidad. Este manejo se fomentará, se buscarán alternativas para su

financiamiento y se trabajará intensamente en una estrategia de fortalecimiento de las capacidades comunitarias. También, se promoverán acciones para incrementar la producción forestal sustentable, y para fomentar la agroecología como una alternativa de bienestar para las comunidades y una fuente de empleo para mujeres y hombres. Para lograr detonar empleos, la política de bienestar rural y medio ambiente se coordinará estratégicamente con otros programas, por ejemplo, el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Josefa González.

nemos, eso sí, que garantizar que los recursos lleguen directamente a los productores, en una forma eficiente y siempre, esto es muy importante, asociados o vinculados con los ciclos agrícolas, no con los tiempos burocráticos. Porque lo que ha venido ocurriendo es que se asignan los recursos cuando ya la gente está cosechando y el recurso estaba orientado para la fertilización o para la compra de la semilla, entonces no tiene sentido”. Para cerrar, Villalobos aseguró que como secretario “va a andar trabajando, a darle al suelo con los campesinos, con los productores. Vamos a dividir el territorio nacional en cinco regiones. Estas regiones vamos a atenderlas de forma mucho más eficiente porque estaremos considerando las vocaciones de cada región. Vamos a establecer delegaciones regionales con capacidad técnica e infraestructura para ser más eficientes en la entrega de los recursos, el acompañamiento y en la extensión agrícola”. Las cinco regiones son: el noroeste, con oficina regional en Ciudad Obregón; el noreste, con oficina posiblemente en Coahuila; el occidente, que tendrá incidencia en los estados del Bajío y posiblemente la oficina regional se encuentre en Jalisco o Guanajuato; la región de los Valles Altos, donde tendremos a los estados de la parte central, con oficina regional en Tlaxcala. Y finalmente el sur-sureste, zona que requiere muchos recursos e infraestructura, cuya oficina estará en Chiapas.

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De chile, de dulce y de manteca

Asambleas Comunitarias: la conspiración de personas valientes Gustavo Lozano Guerrero Acción Colectiva / Red Mexicana de Afectados por la Minería

l 20 de abril del 2013 La jornada del campo publicó “Tierra Arrasada”, su número 67, dedicado al Modelo Extractivo Minero (MEM) y sus impactos sobre el territorio, el medio ambiente y los derechos de los pueblos en México. En aquella ocasión tuve la oportunidad contribuir con un breve texto que titulé “REMA: acciones colectivas en defensa de los territorios” (https://bit.ly/2KerX2R), a través del cual intenté recuperar algunas de las principales ideas que inspiran el trabajo de la Red Mexicana de Afectados por la Minería; por ejemplo, que la REMA actúa fundamentalmente bajo la idea de que el poder para decidir reside en los propios ciudadanos y que esa convicción es indispensable para asegurar que el control sobre los territorios y la reproducción de la vida no queden subordinados a las autorizaciones técnicas o a la voluntad de los operadores jurídicos, políticos y/o económicos. A cinco años de aquel artículo -y a diez del surgimiento de la REMA- es posible confirmar la relevancia de nuestro repertorio de acciones colectivas

para la defensa del territorio, siempre a disposición de las comunidades que, frente a la creciente entrega de ‘concesiones mineras’ -mediante las cuales el Estado concede a las empresas el aprovechamiento o explotación de minerales-, deciden resistir oponiéndose a proyectos que por su extraordinaria capacidad depredadora constituyen uno de los ejes contemporáneos de conflictividad más significativos a tener en cuenta en México. Este repertorio, producto de un profundo y continuo proceso de reflexión crítica, consiste, en esencia, en un conjunto de estrategias comunitarias, organizativas y jurídicas que se condensan en un enfoque preventivo que supone establecer “Territorios Libres de Minería”. Es decir, territorios en donde los proyectos mineros no serán bienvenidos. Al día de hoy, bajo este enfoque, cerca de dos mil localidades en todo el país ha logrado mantener a salvo sus comunidades blindando su territorio ante la amenaza minera. Nuestro enfoque preventivo basa su éxito en el fortalecimiento del proceso organizativo a través de 1) el ejercicio de derechos colectivos tales como

Asamblea agraria, comunidad Vergel de Bernalejo, San Luis de la Paz, Guanajuato.

la libre determinación, la autonomía y la autogestión de los pueblos; 2) el apoyo técnico e informativo sobre las empresas vinculadas al MEM que, en lo local, atentan contra el territorio; y 3) el despliegue de acciones legales haciendo uso del derecho constitucional, del derecho agrario, del derecho municipal, del derecho ambiental y del derecho internacional de los derechos humanos. Crear “Territorios Libres de Minería”, sin embargo, requiere de un modelo asambleario de toma de decisiones y participación ciudadana que supere al de la democracia liberal que, en lo fundamental, se explica por la agregación de intereses individuales; el modelo asambleario para crear “Territorios Libres de Minería”, por contra, exige un despliegue de energía cívica consecuente con el ejercicio de los derechos a la libre determinación, a la autonomía y a la autogestión. A pesar de que el modelo de organización económica neoliberal ha dado como resultado, en general, la debilidad de la vida colectiva y la generación de individuos disociados, las asambleas continúan siendo espacios en donde los ciudadanos construyen sus posiciones políticas y ejercitan prácticas democráticas pues como decía Michael Walzer, “solamente en el contexto de la vida asociativa pueden aprender los individuos a deliberar, tomar decisiones y adquirir responsabilidades”. Para la Red Mexicana de Afectados por la Minería, las asambleas son relevantes no sólo por ser el espacio idóneo para constituir “Territorios Libres de Minería”, sino porque privilegian y promueven el debate y la transformación de las preferencias individuales gracias a su naturaleza dialéctica y la confrontación persuasiva con los otros. Además, el procedimiento deliberativo, propio de las asambleas, se ajusta al carácter público de los bienes naturales en disputa y favorece la ampliación de la comunidad política al incorporar a los procesos de toma de decisiones a grupos tradicionalmente excluidos, por ejemplo, a las mujeres, a los pueblos indígenas e incluso a las y los menores de edad.