Libro Negro de la Segunda Tiranía by Directorio Catolico

Libro Negro de la Segunda Tiranía * Comisión Nacional de Investigaciones * año 1958

REPÚBLICA ARGENTINA

LIBRO NEGRO DE LA

SEGUNDA TIRANÍA DECRETO LEY Nº 14.988/56

http://lasegundatirania.blogspot.com/

BUENOS AIRES

Libro Negro de la Segunda Tiranía * Comisión Nacional de Investigaciones * año 1958

1958 INDICE I. Decreto ley 479, del Poder Ejecutivo, creando la Comisión Nacional de Investigaciones. II. Decreto ley 6.132, del Poder Ejecutivo, dando por finalizadas las funciones de la Comisión Nacional de Investigaciones. III. Discurso del excelentísimo señor vicepresidente provisional de la nación, contraalmirante don Isaac F. Rojas. IV. Discurso del señor presidente de la Comisión Nacional Investigadora contraalmirante don Leonardo McLean V. Decreto ley 14.988, del 16 de agosto de 1956: Comisión Nacional de Investigaciones. – Publicación de antecedentes, documentación y conclusiones VI. Decreto ley 8.127

INTRODUCCIÓN Razón de este libro – La tradición nacional – La libertad, la igualdad y la democracia: principios esenciales del pueblo argentino. – Infiltración de las ideas antidemocráticas. – Preparación de la dictadura.

EL DICTADOR Sus antecedentes personales. – Su concepto de la conducción política. – Su visión del pasado histórico. – Su doctrina. – “La Señora”. – La auto-glorificación. – El mando sin término. – Su enriquecimiento. – Su caída.

EL PARTIDO OFICIAL Cómo se constituye. – Cómo se desarrolló. – Cómo se sostuvo. – Cómo elegía sus candidatos. – Su disolución.

LOS LEGISLADORES DE LA DICTADURA

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Los viejos parlamentarios. – Cómo actuaron los legisladores de la dictadura. – Cómo se los vigiló. – Su acrecentamiento patrimonial. – Los legisladores provinciales.

MEDIOS DE PROPAGANDA Y DOMINACIÓN Una página de la “Política” de Aristóteles. – La propaganda. – La prensa. – La libertad de prensa en la tradición argentina. – Martirologio de la prensa libre. – La prensa bajo la dictadura. – Incautación de la mayoría de los diarios y revistas del país. La radiodifusión. – Monopolio de la publicidad. – Sus propósitos. – Otros medios de publicidad. – El miedo. – Un ejemplo de intimidación pública.

LA JUSTICIA La Justicia de la dictadura. – El juicio político contra los ministros de la Corte Suprema. – Sometimiento de la judicatura. – Algunos ejemplos. – La justicia de la provincia de Buenos Aires. – La justicia al finalizar la dictadura.

POLÍTICA INTERNA Concepción totalitaria del Estado. – El Estado justicialista. – El Ministerio del Interior. – El Ministerio de Asuntos Políticos. – Los partidos políticos. – Cómose hizo la reforma constitucional de 1949. – Un plan electoral. – Avasallamiento de las provincias. – Comando estratégico y comando técnico. – Plan político año 1952. – Otros planes de acción.

POLÍTICA SOCIAL La legislación social argentina anterior a 1943. – El dominio de los sindicatos como medio de conquistar el poder. – la legislación social posterior a 1943.

POLÍTICA ECONÓMICA Nuestra situación económica al terminar la segunda guerra mundial. – Resultados de la política económica de la dictadura.

LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA

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La educación en la libertad. – propósito de la educación bajo la dictadura. – la enseñanza primaria. – Forzada organización del magisterio primario. – Docentes sin título. – las academias nacionales. – Las instituciones de cultura.

CORRUPCIÓN Y DESORDEN La corrupción oficial. – La compra de los ferrocarriles extranjeros. –El negociado de automóviles Mercedes Benz. – Otros negociados de automóviles. - Negociado de televisores. – La comercialización de la producción agrícola. – El Instituto Argentino de Producción del Intercambio (IAPI). – El caso Richter. – Construcción del gasoducto Comodoro Rivadavia-Buenos Aires. – Aeropuerto de Ezeiza. – Frigorífico Nacional de la Ciudad de Buenos Aires.

LOS GRANDES CRÍMENES El miedo del dictador. - Un hecho oscuro: la muerte de Juan Duarte. – Incendios de las sedes de los partidos políticos. – Incendio del Jockey Club. – La quema de la bandera (11 de Junio de 1955). – El ataque a la Catedral (12 de junio de 1955) y la expulsión de dos prelados (14 de junio de 1955). – Incendio de templos católicos (16 de junio de 1955). – Torturas, vejaciones y otros apremios ilegales. – El delito de genocidio.

DIFUSIÓN DEL PERONISMO EN EL EXTERIOR La propaganda del “justicialismo”. – La Agrupación de Trabajadores Latino – Americanos Sindicalistas (ATLAS)

APENDICE Nota pasada por el dictador al señor ministro de Asuntos Políticos Román A. Subiza (Facsímil) Discurso del dictador, pronunciado el 31 de agosto de 1955 Declaraciones del ex Vicepresidente Tesaire el 4 de octubre de 1955 Fallo del Tribunal Superior que juzgó al general Perón. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre bienes mal habidos del dictador Fallos de primera instancia (decretando prisión preventiva)

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Fallos de primera instancia decretando prisión preventiva y procesamientos Fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en la Civil, Comercial y Penal Especial y lo Contencioso-administrativo confirmando prisiones preventivas. Fallo de primera instancia (complemente el dictado por la cámara confirmando 93 prisiones y revocando 2) Fallo de la Junta Nacional de Recuperación Patrimonial sobre los bienes de Jorge Antonio.

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Decreto ley 479, del Poder Ejecutivo, creando la Comisión Nacional de Investigaciones

Buenos Aires, 7 de octubre de 1955.

Visto las comprobaciones efectuadas hasta la fecha; y

CONSIDERANDO: Que una de las finalidades esenciales perseguidas por el gobierno provisional es la de reintegrar la administración pública a las condiciones de moralidad, honestidad y prestigio que deben caracterizar el ejercicio de sus funciones; Que para tal efecto, resulta necesario investigar exhaustivamente irregularidades producidas durante la gestión del régimen depuesto, cometidas por funcionarios o por particulares vinculados con aquéllos, determinando las responsabilidades emergentes de las mismas, para hacerlas efectivas en la forma que legalmente corresponde; Que, asimismo, las investigaciones que se llevan a cabo servirán para destacar la conducta de aquellos funcionarios que hayan desempeñado con probidad y eficiencia en el cumplimiento de sus obligaciones; Que para practicar esos procedimientos deben crearse los organismos pertinentes, determinado las facultades necesarias para el cumplimiento de sus fines; Por ello,

El presidente provisional de la Nación Argentina, en ejercicio del oder Legislativo.

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1º - Créase la Comisión Nacional de Investigaciones, la que tendrá por objeto investigar las irregularidades que se hubieran practicado en todas las ramas de la

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administración pública federal, provincial y municipal, durante la gestión del gobierno depuesto, cometidas por funcionarios o personas relacionadas con aquellos. Artículo 2º - La citada comisión dependerá directamente del vicepresidente de la Nación y estará integrada por cinco miembros, uno de los cuales actuará como presidente, y entre los que habrá tres oficiales superiores, uno por cada fuerza armada. La comisión contará, además, con un secretario asesor letrado. Artículo 3º - La comisión nacional podrá actuar en conjunto o designar a uno o más miembros para que ejecuten procedimientos determinados. Artículo 4º - Para el mejor desempeño de sus funciones la comisión nacional podrá nombrar o confirmar las comisiones que sean necesarias, para investigar en cada rama o dependencia de la administración. En cada caso se determinará el número de miembros que han de componer tales comisiones, así como el personal que, a su solicitud, deba colaborar con las mismas. Asimismo contará con el asesoramiento de la comisión asesora letrada honoraria del Ministerio del Interior y Justicia. Artículo 5º - Todas las comisiones que se designen o confirmen dependerán directamente de la Comisión Nacional de Investigaciones, a la que deberán elevar las conclusiones a que arriben, en el menos tiempo posible. Artículo 6º - La comisión nacional y las comisiones que ésta nombrare, tendrán las más amplias atribuciones para practicar las diligencias necesarias para la comprobación de los hechos que investiguen, facultándoseles especialmente para:

1º Hacer concurrir, incluso con el auxilio de la fuerza pública, y recibir indicaciones a las personas sospechosas o acusadas, como también a aquellas que deban comparecer como testigos. 2º Disponer y mantener incomunicaciones y/o detenciones cuando fuera necesario para el mejor éxito de la investigación. 3º Allanar domicilios particulares o establecimientos públicos con auxilio de la fuerza pública, si fuera necesario. 4º Recoger o secuestrar todas las pruebas relacionadas con la investigación, pudiendo incluso examinar y aprovechar, con el fin propuesto, papeles privados de los sospechosos. 5º Dictar medidas precaucionales necesarias para evitar la desaparición de los bienes lícitamente adquiridos. 6º Intervenir los libros y contabilidades de entidades privadas o públicas cuando tuvieren atinencia con los hechos investigados.

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7º Disponer exámenes periciales y todo otro procedimiento técnico que fuese necesario. 8º Obtener de los bancos, agencias bancarias, y otras entidades similares, así como de la Dirección General Impositiva y de los registros de la propiedad, la remisión de los antecedentes bancarios, cuantas corrientes, depósitos, cajas de ahorro, liquidaciones de impuestos, inscripciones de dominio, etcétera, que estimen convenientes, pudiendo solicitar también tales informes por la vía correspondiente, de entidades similares existentes en países extranjeros. 9º Extraer las constancias que necesitan de los registros de los escribanos públicos nacionales o provinciales, sin otra formalidad. 10º Solicitar el auxilio de la fuerza pública, fuera de los casos ya considerados, cuando lo consideren necesario, el que deberá serles procesado de inmediato, cualquiera sea la autoridad a la que se le hubiese requerido. Artículo 7º - Las comisiones investigadoras realizarán sus procedimientos aún en jurisdicción provincial o municipal, cuando los mismos deban practicarse en lugares sujetos a tales autoridades, estableciendo con las mismas la necesaria coordinación. Artículo 8º - Las referidas comisiones adoptarán en cada caso las formas procesales que estimen más convenientes, tratando en lo posible de adaptarse a las disposiciones del Código de Procedimientos en lo Criminal de la Capital. Artículo 9º - Todas las autoridades nacionales, provinciales, municipales o autárquicas deberán prestar a las comisiones investigadoras o funcionarios autorizados por aquellas, toda la colaboración, información, expedientes, documentación que les fueren requeridos. Artículo 10 – La Comisión Nacional de Investigaciones dictará su propio reglamento, en el que regulará sus funciones y las de las comisiones que designe o reconozca en uso de las facultades que se le otorgan. Asimismo designará el personal que le fuere necesario y dispondrá de los elementos materiales convenientes para su desempeño. Artículo 11º - Dentro de cada provincia el interventor federal creará una Comisión Provincial de Investigaciones, cuyo objeto y funcionamiento será análogo al que se establece por virtud del presente decreto ley. Las comisiones provinciales de investigaciones elevarán a la comisión nacional las conclusiones a que ellas arriben, debiendo coordinar con ésta las medidas necesarias para una rápida información de los procedimientos que efectúan. Artículo 12º - Los gastos que demande el cumplimiento del presente decreto ley se imputarán a rentas generales. Artículo 13º - Dese cuenta oportunamente al Honorable Congreso de la Nación.

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Artículo 14 - Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección General de Registro Nacional y archívese. LONARDI Eduardo B. Busso.

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II Decreto ley 6.132, del Poder Ejecutivo, dando por finalizadas las funciones de la Comisión Nacional de Investigaciones

Buenos Aires, 6 de abril de 1956.

Visto lo propuesto por la Comisión Nacional de Investigaciones y la Junta Nacional de Recuperación Patrimonial, y

CONSIDERANDO:

Que los trabajos realizados por la Comisión Nacional de Investigaciones y las de los estados provisionales de hallan en vías de llegar a su término; Que es conveniente, a efectos de uniformar la fiscalización de dichas tareas, fijar una fecha para ellos; Que es una obligación ineludible destacar la fundamental, encomiable, patriótica y abnegada labor cumplida por sus miembros, que ha permitido descubrir y documentar la increíble cantidad de irregularidades y delitos cometidos por funcionarios, particulares y sociedades vinculadas a la degradada dictadura depuesta por la Revolución Libertadora, lo que merece, sin duda, el permanente reconocimiento y agradecimiento del Gobierno Provisional y del pueblo argentino; Por ello,

El Presidente provisional de la Nación Argentina, en ejercicio del Poder Legislativo,

DECRETA CON FUERZA DE LEY

Artículo 1º - A partir del 15 de abril de 1956 deberán dar por finalizadas sus funciones la Comisión Nacional de investigaciones y todas aquellas dependientes de la misma.

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Artículo 2º - En todos aquellos casos en que surgiere de las investigaciones realizadas la presunción de la existencia de hechos delictuosos, las actuaciones deberán ser pasadas a la justicia competente. Artículo 3º - Las demás investigaciones que a esa fecha se encuentren en trámite, serán continuadas por los ministerios o reparticiones respectivas. Artículo 4º - Agradecense los ponderables, importantes y patrióticos servicios prestados por los miembros de la Comisión Nacional de Investigaciones y demás comisiones investigadoras dependientes de la misma. Artículo 5º - El presente decreto ley será refrendado por el señor vicepresidente provisional de la Nación y los señores secretarios de Estado en los departamentos de Interior, Justicia, Ejército, Marina y Aeronáutica. Artículo 6º - Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección General del Registro Nacional y archívese.

ARAMBURU Isaac F. Rojas. – Eduardo B. Busso. – Laureano Landaburu. – Arturo Ossorio Arana. – Teodoro Hartung. – Hugo César Krause.

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III

Discurso del excelentísimo señor vicepresidente provisional de la Nación, contraalmirante don Isaac F. Rojas.

Uno de los aspectos más límpidos de la revolución del 16 de septiembre –dije en la sesión inaugural de la Junta Consultiva Nacional- fue el de constituir la culminación de un clima de resistencia civil incrementada a través de largos años durante los cuales llegó a consolidarse en un vasto sector de la República, el consenso de que el pueblo argentino había sido y seguía siendo engañado, apartándolo de su digna y promisoria trayectoria histórica, para ponerlo ignominiosamente al servicio de las desmedidas ambiciones personales de un hombre que no vaciló para ello en recurrir a procedimientos delictuosos e inmorales, hasta llegar a sofocar la opinión del pueblo para imponer su propio capricho, sacrificando los intereses nacionales en su provecho personal. De tal manera, las fuerzas armadas de la Nación, al tomar sobre sí la tremenda responsabilidad de lanzarse a la lucha contra el tirano, hermanadas entre ellas y con el pueblo de que forman parte, no hicieron sino escuchar el clamor de la patria y las voces de la historia. Por eso puede afirmarse –agregué en aquella oportunidad- que de esa unión de pueblo civil y pueblo armado, surgió un acto de auténtica voluntad social, expresada como reivindicación. Esta revolución –nuestra Revolución Libertadora- ante la insólita situación de malversación de caudales públicos y violación de las normas de la moral, la ética y el derecho, por parte de numerosos funcionarios públicos del régimen, debió, como uno de sus primeros objetivos, crear un organismo de auténtico cuño revolucionario, a fin de determinar con la celeridad y eficacia que el momento imponía, los latrocinios e impudicias que el país sufriera durante la tiranía; fue así que nació como una verdadera necesidad pública, la Comisión Nacional de Investigaciones. Necesario era indagar y documentar con toda premura las actividades de autoridades y funcionarios, así como las de sus cómplices directos e indirectos. A esa improba y delicada tarea dedicáronse con toda honradez y sensatez los miembros de la Comisión Nacional de Investigaciones y de las demás comisiones investigadoras, siendo un índice elocuente se su eficacia el cúmulo de pruebas reunidas, que ha permitido señalar a la opinión pública, que ya presentía esas anormalidades, los delitos e irregularidades cometidos y los nombres de sus autores.

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El gobierno provisional, cuyos actos están en los principios e ideales que guiaran a los Constituyentes de 1853, con la sola limitación que impone el fiel cumplimiento de los objetivos de la Revolución Libertadora, concretados en su declaración de principios del 7 de diciembre de 1955, dotó a este alto organismo revolucionario que hoy da por finalizada su encomiable labor, de facultades y atributos de carácter excepcionales como el período por que está atravesando el país, a consecuencia, precisamente, del olvido y enervamiento de las prescripciones contenidas en aquella Carta Magna que presidió la organización nacional y regló durante casi un siglo la vida de nuestro pueblo. Se han objetado los fundamentos legales de la Comisión Nacional de Investigaciones, llegándose a comparar la misma con las comisiones especiales proscritas por el artículo 18 de la Constitución del 53 y a aducir que usurpaba las atribuciones de los jueces naturales anteriores al hecho del proceso; nada más erróneo que ello, ya que la función de nuestro organismo ha sido la de investigar los hechos e imputarlos para luego remitir las actuaciones por el labradas a la justicia competente, a los fines de su ulterior juzgamiento. También se ha expresado que las investigaciones de este organismo intranquilizaban al pueblo y lo mantenían en continuo sobresalto. Nada más exacto si el pensamiento hubiera sido completado diciendo que tal sensación sólo la experimentaban los delincuentes y quienes deseaban el ocultamiento de su pasada actuación. La mayoría, la inmensa mayoría del pueblo argentino, jamás temió a la Comisión Nacional de Investigaciones, como no teme al juez el inocente y el honesto. Pero aún admitiendo la posibilidad de un escaso apartamiento de los lineamientos constitucionales vigentes en el momento de la revolución, no debemos olvidar que ésta no puede negarse a sí misma, como así tampoco puede dejar de tener presente que la letra de la ley no debe ni puede dificultar en emergencias supremas, la acción de quienes tiene por misión restablecer su propio imperio. No hubiera cabido otra actitud. La profundidad del mal causado, la honda inmoralidad existente, la desafiante actitud de los culpables, la implantación de una nueva era de corrección y el conocimiento por el pueblo de todo lo ocurrido, así lo exigieron. Por otra parte, la justicia ordinaria, cuyos nuevos magistrados y funcionarios surgieron ungidos por el gobierno provisional, debía comenzar por reorganizarse y adquirir el ritmo revolucionario en la emergencia que vivimos, tareas más que absorbentes, para volver a infundir la confianza que otrora tuvo en ella el pueblo, confianza cuya destrucción pasará a la historia como uno de los mayores crímenes de la tiranía. Pronto advertimos quienes tenemos la inmensa responsabilidad de conducir el movimiento restaurados de las libertades y la necesaria autoridad para hacerlo, que a pesar de la honorabilidad de los nuevos magistrados judiciales y de su vocación democrática, no podían cumplir sin demora aquellas tareas iniciales, atender los conflictos y asuntos de orden común y al mismo tiempo esclarecer con la rapidez que

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exigía la opinión pública la enorme masa de irregularidades, delitos e inmoralidades que caracterizaron al régimen desaparecido. Por todo ello y no por falta de confianza en nuestros nuevos jueces, surgió como un imperativo revolucionario la Comisión Nacional de Investigaciones. Mucho es lo descompuesto y corrompido, y por tanto, en la misma proporción se han ejercido las presiones para detener o entorpecer las investigaciones. No se ha cedido y de ello dará fe el Libro Negro de la Segunda Tiranía. La Comisión Nacional de Investigaciones ha cumplido con los principios revolucionarios y ha desarrollado su cometido en forma brillante; la documentación por ella acumulada y el asesoramiento con que ha sido seguida por el pueblo su labor, son pruebas irrefutables de su real y positivo rendimiento. La justicia ha de completar su trabajo en todos aquellos casos de carácter delictuoso y la Fiscalía de la Junta de Recuperación Patrimonial ha de tener en sus archivos los elementos necesarios para representar y defender los intereses de la Nación y poder recuperar para la misma los bienes mal habidos. Hoy el gobierno provisional quiere, por mi intermedio, testimoniar en este acto su profundo agradecimiento y reconocimiento a los miembros de la Comisión Nacional de Investigaciones y demás comisiones dependientes de la misma, por los importantes, desinteresados y patrióticos servicios prestados. Ello ha permitido reunir una importante y frondosa documentación, cuya verdadera magnitud recién habremos de ponderar al pensar que ha de servir para enseñar a las generaciones venideras la corrupción y la depravación que tuvo que soportar el país en manos de un tirano y demagogo, y habrá de constituirse en insoportable documento que sea valla infranqueable para que en el solar de los argentinos no exista alguna vez la posibilidad de implantar regímenes siniestros de ese género. Señores miembros de la Comisión Nacional de Investigaciones: al cesar hoy en vuestras funciones, pueblo y gobierno argentinos os expresan su sentido reconocimiento por haber cumplido sin claudicación con vuestro patriótico deber.

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IV Discurso del Señor presidente de la Comisión Nacional de Investigaciones contraalmirante don Leonardo McLean

Excelentísimo señor vicepresidente de la Nación; señor ministro de Justicia; señores colaboradores, señoras; señores:

De acuerdo al decreto ley 6.132, la Comisión Nacional de Investigaciones pone hoy fin a sus actividades. No habíamos terminado aún totalmente la misión que nos fuera encomendada; muchos de nuestros colaboradores se hallaban en plena labor y todavía frente a una selva de irregularidades que abarcan todos los ámbitos de la actividad administrativa del régimen depuesto. Nos hacemos cargo del desaliento que les habrá causado el alto súbitamente impuesto a la tarea. Queríamos llegar a la limpieza total de los gérmenes del oprobio para que los gobiernos políticos venideros comenzaran su tarea en una atmósfera incontaminada, después de la dura lección que aprendiéramos con dolor, con el aporte de muchos de nuestros compatriotas injustamente perseguidos, quienes volverán a ocupar, por la gravitación de sus propios merecimientos, el lugar que les corresponde en el ámbito público del que fueron apartados por la desorbitada dictadura. Ello no ha sido posible por completo, mucho queda por hacer, pero consideramos que si así lo ha dispuesto el gobierno provisional de la Nación, sobre cuyos nobles propósitos nadie puede dudar, es porque así lo imponen mil complejos problemas, que nosotros desde aquí no podemos aquilatar y de cuya solución es el primer responsable. Nuestros jefes consideran que debemos cesar y obedecemos sin reservas, porque esa es la consigna de la hora actual, sean cuales fueren nuestras opiniones personales, para que la patria obtenga su recuperación en el plazo más breve, limitándonos a rogar a Dios que esas determinaciones sean las más prudentes, las más convenientes para los intereses del país. Hicimos lo que estuvo a nuestro alcance en tan breve lapso, y ello debe darnos consuelo, máxime cuando esta tarea se realizó, por primera vez en nuestra historia, por un grupo de personas que trabajaron sin percibir remuneración o viático alguno, y descuidando muchos de ellos sus propios intereses. Dar cifras sobre la labor cumplida es algo prematuro, pues aún resta el trabajo de concentración de la tarea de las comisiones, su ordenamiento y archivo, documentos que constituían para el futuro el justificativo de la Revolución Libertadora. Es de esperar que los ministerios y reparticiones autárquicas prosigan con las investigaciones que hoy interrumpimos, según lo dispone el decreto ley 6.132, relacionadas con perjuicios cuyo monto aún calculamos en varios centenares de millones.

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Sin embargo, a título informativo, a fin de dar una somera idea de la labor cumplida, puedo adelantar que hasta la fecha han sido elevados a la justicia 314 sumarios, puestos a su disposición 1.045 procesados. Mesa de entradas ha recibido 15.119 notas y expedientes. Como información complementaria debo agregar que han colaborado en la Comisión en la Capital 2.500 personas, habiéndose invertido en útiles de escritorio, comunicaciones, fletes, pasajes, servicio de té y comidas (que ha sido lo único abonado). La suma de 1.230.110 pesos (1) desde la iniciación de la Comisión. Suma que está ampliamente cubierta por los centenares que se recuperarán como resultado de las investigaciones. El fuego sagrado que animó a la pléyade de hombres y mujeres que formaron nuestro equipo para entregarse afanosamente a la búsqueda y limpieza del barro amasado durante la dictadura, nos viene desde lejos; esa llama viva que no logró extinguir la atmósfera viciada del despotismo, que impulsó a la juventud civil a abandonar sus hogares y a las fuerzas armadas a salir de sus cuarteles y sus buques para ofrecer sus nobles pechos al sacrificio, nos viene de Mayo. Los héroes de la emancipación y de nuestra organización porque no quisieron tan solo la libertad que nos negaba la dependencia de la metrópoli, quisieron la libertad en todos los aspectos de la vida, la que dignifica, la que perfecciona al hombre. Por ello, el degradante retroceso que impuso a la argentinidad el mal gobernante durante una década, puede calificarse, sin hipérbole, como una funesta traición a los ideales de nuestra nacionalidad. Y por esa razón fue considerada como misión esencial de la Revolución Libertadora la que, inmediatamente después del triunfo, se confió a la Comisión Nacional de Investigaciones: descubrir, para su extirpación, hasta donde fuese posible, los gérmenes de esa traición. Exhibir ante la comunidad la realidad, la dura realidad de lo acontecido para que el pueblo midiera con suficientes elementos de juicio hasta dónde alcanzó a dañarlos, material y moralmente, el régimen depuesto. Pero no ha sido tarea fácil la de poner al descubierto en breve lapso la obra nefasta realizada con todos los recursos de la Nación y el sometimiento incondicional de los legisladores de la mayoría, que movió a la Comisión Nacional a acusarlos ante la justicia y pedir para ellos la sanción que merecen los traidores a la patria, para que sea la última vez que se antepone el servilismo incondicional a los altos intereses que el pueblo les confía. Desde nuestro comienzo hemos tropezado con una sensible resistencia opuesta, como era previsible, por los intereses que temían la indiscreta mirada del investigador, que se exhibiera su fea verdad; por los culpables del flagelo y los que medraron con el dolor, la humillación y la opresión injusta impuesta a sus compatriotas. Se opuso también a nuestro desempeño una evidente falta de comprensión de lo que significa en la nuda verdad esta expresión. “Revolución Libertadora”. Apenas extinguido el retumbar de los cañones, no faltaron quienes pretendieron encuadrarnos de inmediato en las normas rígidas del derecho común, negándonos las potestades que el gobierno provisional expresamente nos confiriera. Olvidaron aquéllos que si bien es cierto que la Revolución tuvo por miras reconquistar la libertad para

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volver a la Nación a la plenitud moral y jurídica, era inevitable el reconocimiento, durante un lapso prudencial de una potestad imperativa discrecional al gobierno surgido del movimiento triunfante. No debemos ocultarnos la cruda realidad. En estas circunstancias de excepción, por sobre toda norma jurídica preexistente, impera la voluntad del gobierno provisional para el cumplimiento de su mandato. Va implícito, naturalmente, en ese mandato como preocupación principal del gobierno, el respeto de los derechos del hombre, de las garantías fundamentales del ciudadano, desconocidas por la dictadura. Pero todo ello está condicionado al cumplimiento de la misión reparadora. Si se considera que una tendencia netamente democrática inspiró la revolución, no es razonable temer que la discrecionalidad en el ejercicio del poder del Estado por el actual gobierno o sus órganos funcionales, vaya a actuar en contra de la dignidad y el respeto que merece el Poder Judicial y de su potestad jurisdiccional. Nos enseña la historia del derecho público que la independencia del “Poder Judicial”, que la “Justicia Poder”, conforme a lo concebido por Montesquieu, es quizá la conquista más grande de América. Lo olvidaron muchos jueces de la dictadura, pero no el gobierno de la Revolución, ni la Comisión que hasta hoy he tenido el honor de presidir. Recordemos que no pocos de los que hoy se impacientan por nuestra franqueza, no se impacientaron tanto cuando la Suprema Corte del despotismo dijo que durante el estado de guerra interno (no mencionado por la Constitución e impuesto sin el hecho real de una guerra), “los poderes del presidente son anteriores y superiores a la Constitución”, como efectiva y desgraciadamente lo fueron para privar a la ciudadanía de sus principales derechos, vejarla y humillar el peculado y desprestigiar a la Nación, con posturas históricas y vivencias de paranoia. Es un anhelo de la Revolución Libertadora que los jueces de la República sean otra vez lo que debieron ser siempre, independientes y de honesta conducta. Sabemos los hombres que luchan por la libertad que no hay libertad sin justicia, y no hay justicia sin buenos jueces de honesto vivir que tengan por única preocupación la adecuada interpretación y la fiel aplicación de las leyes. La buena justicia es, por otra parte, una de las condiciones fundamentales de un verdadero régimen democrático, esencial objetivo de la Revolución. Nos anima la esperanza, después de los sufrimientos padecidos, de que los futuros gobiernos constitucionales tengan y estimulen esos conceptos de justicia, de libertad y de democracia, que no reconozcan otra aristocracia que la de la virtud y la inteligencia, puestas al servicio del bienestar, del progreso y de la cultura de los argentinos. Sólo nos resta agradecer a quienes llegaron a nuestra sede para ofrecernos desinteresada y patrióticamente, y muchos hasta en perjuicio de sus intereses personales, su colaboración, con sus trabajo e inteligencia, sin retacear energías y privándose del merecido descanso. Cumplo con un deber de gratitud y justicia recordando en este instante a otro colaborador, el doctor Miguel Laphitzondo, cuya grata y eficaz compañía perdimos en el transcurso de nuestra tarea.

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Hacemos extensiva nuestra gratitud a los integrantes de las Comisiones Investigadoras de las provincias todos los cuales se han esmerado en al cumplimiento de su delicada misión. Nuestro reconocimiento al gobierno de la Revolución Libertadora que nos honró con su confianza, nos distinguió públicamente con amables conceptos vertidos en el derecho de cese de nuestras funciones y disimuló generosamente los errores que, hemos cometido, debido a la improvisación impuesta por las circunstancias y a la magnitud de la empresa. Muchas y especiales gracias a nuestro jefe inmediato, al excelentísimo señor vicepresidente, por su bondadosa consideración y prudentes consejos.

(1)Todas las cifras en pesos son “en Pesos Moneda Nacional” (m$n.)

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V Decreto ley 14.988, del 16 de Agosto de 1956 COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIONES Publicación de antecedentes, documentos y conclusiones

Visto que es necesario llevar a conocimiento del pueblo argentino, en forma ordenada y documentada, los hechos producidos durante el gobierno de la dictadura depuesta por la Revolución Libertadora, utilizando para ello el resultado de las actuaciones de la Comisión Nacional de Investigaciones y sus delegaciones en todo el territorio de la República, y

CONSIDERANDO: Que ello permitirá a la ciudadanía formarse un claro concepto de la extensión y profundidad de la corrupción administrativa que abarcaba todas las ramas del gobierno y las organizaciones del único partido político de actuación libre durante la década del despotismo, para que conscientemente pueda defenderse de los peligros del totalitarismo antidemocrático; Por ello,

El presidente de la Nación Argentina, en ejercicio del Poder Legislativo

DECRETA CON FUERZA DE LEY: Artículo 1º - Con la designación de “Libro negro de la segunda tiranía”, dese a publicidad el resultado de las actuaciones practicadas por la Comisión Nacional de Investigaciones. Artículo 2º - Dicha publicación, que deberá ser redactada en lenguaje simple y directo, contendrá los hechos más importantes, más concluyentes y de más clara comprensión, que hayan sido investigados por la misma. Artículo 3º - Con la designación de “Comisión Nacional de Investigaciones, documentación, autores, y cómplices de las irregularidades cometidas durante la segunda tiranía”, dense a publicidad oportunamente todos los antecedentes, documentación y conclusiones reunidos por la citada comisión.

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Artículo 4º - En esta publicación deberá transcribirse la sentencia judicial que recaiga en todos aquellos casos que hayan sido pasados a decisión de la justicia. Artículo 5º - Desígnese para la redacción de los libros mencionados al doctor Julio Noé (1) Artículo 6º - A los efectos de reunir los antecedentes necesarios y de colaborar con el doctor Julio Noé, desígnese a los doctores Atilio J. Barneix (2), Julián Duprat y señor Joaquín D. Otero. Artículo 7º - Previa a su publicación, ambos libros serán sometidos para su examen y aprobación a una comisión integrada por el señor vicealmirante (R. A.) Leonardo McLean; señor general de brigada (R. A.) Luis Rodolfo González; señor brigadier mayor (R. A.) Federico Fernando Antonio Ruiz y doctor Rodolfo Medina. Artículo 8º - Los gastos que demande el cumplimiento del presente decreto ley serán imputados a la partida de la Fiscalía de Recuperación Patrimonial. Artículo 9º - El presidente decreto ley será refrendado por el señor vicepresidente provisional de la Nación y los señores ministros secretarios de Estado en los departamentos de Interior, Educación y Justicia, Hacienda, Ejército, Marina y Aeronáutica. Artículo 10º - Comuníquese, publíquese, anótese, dese a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.

ARAMBURU Isaac Rojas – Laureano landaburu – Carlos A. Adrogué – Teodoro Hartung – Julio C. Krause – Eugenio A. Planco.

(1) Las memorias e informes de las Comisiones Investigadoras han sido redactadas por las mismas. (2) El Doctor Atilio J. Barneix no se hizo cargo de sus funciones.

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VI Decreto ley 8.127

Buenos Aires, 17 de Julio de 1957. VISTA: La vacante producida por renuncia del señor don Joaquín D. Otero, al cargo de colaborador para la redacción del “Libro negro de la segunda tiranía”. Dispuesto por decreto ley número 14.988/56 El Presidente provisional de la Nación Argentina, en ejercicio del Poder Legislativo, DECRETA CON FUERZA DE LEY

Artículo 1º - Designase colaborador para le redacción del “Libro negro de la segunda tiranía” al doctor don Juan O. De Tomás M. I. 5.104.397, en reemplazo del señor don Joaquín D. Otero, a quien se le acepta la renuncia presentada. Artículo 2º - El presente decreto ley será refrendado por el señor vicepresidente provisional de la Nación y los señores ministros secretarios de Estado en los departamentos de Interior, Aeronáutica, Guerra y Marina. Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.

ARAMBURU Isaac Rojas – Carlos R. S. Alconada Aramburú – Eduardo E. Mc Loughlin – Víctor J. Majó – Teodoro Hartung.

Libro Negro de la Segunda Tiranía * Comisión Nacional de Investigaciones * año 1958

INTRODUCCIÓN

Razón de este libro

Esto no es un libro de historia, pero servirá para escribirla. Aún no ha llegado el momento de narrar y juzgar sine ira et studio el período iniciado el 4 de junio de 1943, y muy particularmente en igual fecha de 1946, y cerrado en septiembre de 1955 con el triunfo de la Revolución Libertadora. La formulación del juicio histórico exige quietud de ánimo y serenidad de espíritu. No las tenemos quienes hemos vivido los acontecimientos de nuestro país durante poco más de una década. De uno u otro modo todos hemos sido actores o testigos de tales hechos, y nada de cuanto a ellos se refiera nos es ajeno. Como al gobernante caído, la historia nos juzgará por nuestras acciones y omisiones, señalará nuestros yerros y complicidades, dirá de nuestros descuidos y cobardías. Y también dirá que en momento alguno cesó nuestra resistencia al despotismo y jamás cedió la voluntad de vencerlo. La historia se funda en la conciencia que cada generación tiene del pasado, de lo que en ella vive de él y de los que determina sus creencias y sus actos. Esa conciencia se hace con razón y pasión. Y más, tal vez, con la primera. Pero cuando el pasado no lo es del todo y se confunde con el presente, la pasión excede de tal modo a la razón, que aquella se oscurece. Por tal motivo, éste no es ni puede ser un libro de historia. Ha sido escrito, sin embargo, con espíritu vigilante, con el mismo espíritu que determinó al gobierno revolucionario la creación de la Comisión Nacional de Investigaciones, y a cumplir ésta su tares con verdadero ánimo esclarecedor. Por primera vez en nuestra historia se ha realizado tamaña empresa. Después del derrocamiento de la reciente dictadura era necesario saber cómo y hasta dónde se había realizado su obra destructora, señalar sus propósitos, sus cómplices y colaboradores, sus métodos de corrupción y propaganda, sus grandes negociados, antes que desaparecieran los rastros y las pruebas. Durante varios meses se ha trabajado febrilmente para inquirir la verdad de lo acontecido. Por desgracia, no se ha logrado sino en parte. Huido el dictador y fugitivos algunos de sus cómplices, muchos hechos han quedado sin esclarecer. Los investigados y comprobados bastan, empero, para evidenciar el grado de corrupción moral y material que aquella produjo. De diversos modos hubiéramos podido ordenar el material de este libro. El más sencillo y de más rápida ejecución era el de resumir los informes y memorias de las comisiones investigadoras. Este método apenas hubiera diferido de la información periodística oportunamente difundida. Otros era el de ordenar el material que se refería a cada una de las grandes reparticiones públicas o a sus equivalentes dentro de la organización política de la dictadura, aunque este material proviniera de distintas comisiones y no

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fuera parejo su valor. En ambos casos hubiéramos realizado una tarea de indudable eficacia informativa, pero insuficiente para trazar el cuadro de una época que por muchos años preocupara a los argentinos. Éranos preciso, en consecuencia, obrar de otra manera. Mientras el dictador ejerció el poder, y aún después de ser derrocado, ha dicho de mil modos lo que pensaba y quería que el país le creyera. Por infinitos medios de publicidad ha mentido acerca de nuestro pasado, de nuestros problemas y de sus propias relaciones. A todo ello deberíamos referirnos en estas páginas, vinculando los hechos que las investigaciones han establecido con los propósitos que los determinaron, porque nada fue hecho sin razón ni plan trazado previamente. Y nada, tampoco, sin conocimiento de aquel. “Todo lo que se hace, esté bien o mal hecho, yo soy quien lo hace”, afirmó en el teatro Colón de Buenos Aires, el 8 de noviembre de 1949. Y agregó “Si alguna vez hay que colgar al presidente de la República por haber hecho mal las cosas estaré colgado con justicia, porque yo soy el responsable de todo lo que se hace en mi gobierno.” No ha sido escrito este libro con propósito de escándalo o sensacionalismo. Quienes tales cosas quieran buscar en sus páginas quedarán defraudados. Es un libro serio, escrito con buena fe. Es posible que contenga errores, pero en toda forma se ha preocupado evitarlos. Su información proviene en gran parte de las declaraciones presentadas ante las comisiones investigadoras por actores y testigos de los hechos narrados, y, también, de las conclusiones a que las mismas han llegado. Con frecuencia se transcriben los textos originales, porque son claros y concisos, y no era necesario darles otra forma. Durante un decenio ha visto nuestro país cómo ha sido posible que le cercenaran una a una sus libertades; que lo empobrecieran y humillaran. Ha sido para él una dura experiencia, pero alguna vez debía tenerla, no sólo para conocer el inmenso valor de los bienes perdidos, sino para saber recuperarlos y resistir en el futuro cualquier intento de dominación dictatorial. Si estas páginas sirvieran para esclarecer al pueblo sobre lo acontecido, habrán alcanzado el propósito de su publicación.

La tradición nacional Un gran historiador francés, Fustel de Coulanges, ha dicho que “el verdadero patriotismo no es el amor al suelo, sino el amor al pasado y el respeto por las generaciones que nos han precedido”. Es decir, el amor a la tradición nacional.

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En los países viejos la tradición vive en cada hombre y en cada familia. En las aldeas y ciudades de Europa y Asia, infinidad de monumentos, templos, palacios, puentes, caminos –perfectamente conservados, algunos, otros, en ruinas-, cuya existencia data de muchos siglos, dice a las sucesivas generaciones de cómo se pensó y se lucho a través de los tiempos, cuáles fueron sus grandes hombres, cuáles las ideas políticas y sociales de cada época, cuáles sus costumbres y modos de vida. La historia está en ellos tanto o más que en los libros; es historia viva, subsistente en la piedra, el bronce y el mármol. Pero no está solamente ahí. Está también en millares de casas modestas, diseminadas en campos y poblados, donde han nacido, existido y muerto varias generaciones de una misma familia que, de uno u otro modo, se han mezclado a los grandes acontecimientos de la historia nacional. Frente a esas casas han pasado los ejércitos alistados para la lucha contra el enemigo, y a ellos se incorporaron los jóvenes que vivían entre sus muros. En esas casas se celebró el éxito de muchas contiendas y se padeció la derrota en algunas. Se lloró la muerte de los seres queridos, se sufrió por su ausencia, se rezó por sus almas. De sus paredes suelen colgar retratos, condecoraciones, insignias militares; en sus armarios subsisten, descoloridos y rotos, viejos uniformes, y en los cajones quedan las cartas que se escribieron entre una y otra batalla o pocas horas antes de la que sería la última. ¿Qué familia de esas viejas naciones no tiene un héroe que ha luchado o caído en alguna guerra? ¿En cuál de las españolas, por ejemplo, no hay alguno que haya peleado hace más de siglo y medio contra la invasión napoleónica o en las guerras carlistas, en la de Cuba, en la de África o en la guerra civil más reciente? ¿En cuál hogar francés no existe alguien que combatiera en los ejércitos del Imperio, o se mezclara a las revoluciones de 1830 y 1848 o luchara en la guerra de 1870 y, sobre todo, en las dos guerras mundiales? Lo mismo puede decirse de los hombres de otras naciones; de Alemania, Italia, Gran Bretaña, etcétera, como de las más lejanas de Oriente y de algunas de América. En los países nuevos y pacíficos, esa historia viva apenas existe. Poquísimos monumentos recuerdan el pasado y muy escasas son las familias que pueden nombrar a alguno de su sangre que hayan combatido en las guerras de la independencia o en las contiendas internacionales. El pasado es apenas conocido. Vagas noticias se tienen de él por las sumarias lecciones de escuela, atiborradas muchas veces de detalles innecesarios y carentes por lo general de nociones fundamentales. Una nación, ha expresado Renan, es una familia espiritual, no un grupo determinado por la configuración del suelo. “Dos cosas que en realidad son una sola, constituyen esta alma, este principio espiritual. Una está en el pasado, otra en el presente; una es la posesión en común de un rico legado de recuerdos, otra es la convención actual, el deseo de vivir juntos, la voluntad de mantener el valor de la herencia recibida. Una nación es, por consiguiente, una gran solidaridad constituida por el sentimiento de los sacrificios que se han hecho y que se está dispuesto a realizar.”

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Cuanto menos rico es el legado de tradiciones, más grande es el deber de conocerlo, cuidarlo y acrecentarlo. Si se lo desdeña o menoscaba; si se desconocen los sacrificios efectuados para dar forma a la nación y alma a su pueblo; si la solidaridad es reemplazada por el rencor o por el odio, estimulados por la inconsciencia, la mentira o la ignorancia, o por todas ellas a un propio tiempo, se preparan las grandes catástrofes y desventuras. Es criminal, por consiguiente, echar sombras sobre el pretérito, y más aún cuando de sus hechos ha nacido y crecido un pueblo vigoroso. Así aconteció en la Argentina con la reciente dictadura. Denigró nuestro pasado histórico que, con sus luces y sus sombras, es honor de un pueblo libre y consciente de su destino. Durante su transcurso se hizo nuestra nación, se organizaron sus instituciones fundamentales, se dictaron sus leyes, se poblaron sus campos desiertos, se levantaron sus ciudades, se establecieron sus industrias y se formó la sociedad con la mezcla de lo nativo y lo adventicio, consubstanciados en un común deseo de alcanzar, unidos en pacífica convivencia, la máxima felicidad colectiva. Esa obra extraordinaria, ese prodigio que a todos nos enorgullece y ha merecido el hondo respeto del mundo por la Nación Argentina, no es obra del azar sino del pensamiento de sus grandes hombres y de quienes aquí vivieron al amparo de ese pensamiento.

La libertad, la igualdad y la democracia: principios esenciales del pueblo argentino Tres principios esenciales han dirigido la vida de nuestro pueblo: Los de libertad, igualdad y democracia. Para los revolucionarios de 1810 la libertad implicaba no sólo la emancipación nacional, sino la individual, en sus fases racial, económica y política. La igualdad significaba la derogación de todos los privilegios hasta entonces existentes y la negación de los que pudieran surgir en el futuro. La democracia, nacida de la libertad y la igualdad, aseguraba el ejercicio de ambas por la voluntad mayoritaria del pueblo. Para que estos tres principios pudieran ser enunciados e impuestos ha sido menester que el curso de los siglos y en todas las latitudes, millones de seres humanos padecieran la esclavitud, la servidumbre y el despotismo. Nuestro país nació en la feliz época en que daba fin a tales horrores. Pero tan difícil como es la conquista de la libertad, la igualdad y la democracia, es la conservación de esos bienes inapreciables. Como de su salud orgánica, el hombre debe cuidar de su salud política, y ninguna de ambas puede ser mantenida sin libertad.

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Desde 1810 hasta 1829 hizo nuestro pueblo el aprendizaje de la libertad. Tenía la decisión de independizarse del extranjero, pero ignoraba cómo habría de gobernarse. En innúmeros campos de guerra perdió y ganó batallas; las últimas le dieron el triunfo definitivo. Antes de que su suerte se decidiera, comenzaron las luchas civiles. Tenían los argentinos un sentimiento común, pero entre si se ignoraban. Era el país un desierto sin límites, poblado en gran parte por indígenas aguerridos. Muy pocas ciudades y aldeas, separadas por inmensas distancias, daban vaga idea de la civilización. En cada una de ellas ejercía el gobierno quien parecía mejor dotado para defender la comunidad contra los peligros eventuales: en primer término, el del malón autóctono; después, el del caudillo rival. Muy lejos estaba Buenos Aires, la capital del extinguido virreinato, dueña del puerto que comunicaba el país con Europa. Como era la cuna de la Revolución emancipadora, creíase depositaria de su espíritu, y como había sido la sede del gobierno español, atribuíase el derecho de serlo, también, de la nación recién formada. Desconfiados de tal centralismo, se alzaron contra ella las aisladas poblaciones del interior. Las ideas de la revolución habían llegado a pocos, pero todos tenían el instinto de la libertad. Con éste pelearon unos contra otros, mientras algunos intentaban sin éxito dar forma constitucional al Estado. De la pavorosa anarquía surgió un hombre fuerte. No creía en los principios de Mayo y detestaba a cuantos sostenían los de la libertad. Fue el primer tirano. Para asentar su poder de señor feudal se valió de las muchedumbres populares. Lo mismo habían hecho otros déspotas de todos los tiempos. Odiaba a los próceres de la emancipación, imbuidos de las doctrinas que en Europa y en América echaron por tierra a los gobiernos absolutos. Calificábase de “restaurador”, y lo era, en efecto, de los dogmas que parecían fenecidos desde 1776 o desde 1789. Dominó por el terror a la provincia de Buenos Aires, y también, por la astucia, al resto del país. A pesar de ello, no logró pacificarlo. Contra él se levantaron, una y otra vez, los amantes de la libertad, a quienes venció cruelmente. Al promediar el siglo pasado, su poder parecía inconmovible, pero poco después el Ejército Grande de Urquiza lo derrotó en caseros. Entonces reanudó el pueblo su interrumpido aprendizaje. Sabía esta vez lo que era el despotismo sangriento y quería que nunca más se volviera a él. Dictóse así la Constitución Nacional de 1856, inspirada por el dolor padecido, por la sabiduría de la reflexión y por la esperanza de hacer un país de dignidad y de justicia para todos –los de adentro y los de afuera-, hermanados en un común anhelo de confraternidad humana. Esa Constitución –ha dicho José Nicolás Matienzo- “es, sin duda alguna, la obra de mayor sabiduría política que se ha producido en la República Argentina. Contiene la expresión de todos los principios liberales y republicanos que teóricamente han profesado los hombres eminentes y los partidos políticos desde la revolución de la Independencia, y al mismo tiempo se ajusta a los hechos consumados y a la experiencia adquirida en los tiempos agitados que median de 1810 hasta 1852. En una palabra: combina el ideal con la realidad”.

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Aseguró a todos los habitantes del país, ya fueran nativos o extranjeros, los derechos de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender. Abolió definitivamente la esclavitud, rechazó las prerrogativas de sangre y nacimiento y proclamó la libertad ante la ley. Estableció que los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano. Y para prevenir los excesos del poder dispuso que “el Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías, por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobierno o persona alguna”. Era la experiencia de lo ya sufrido y la prevención contra lo que podía repetirse si algún mal argentino quisiera establecer una nueva tiranía. Durante casi un siglo la Constitución de 1953 sirvió al progreso de nuestro país. En virtud de sus admirables disposiciones se organizó el gobierno y pudo el pueblo hacer el aprendizaje de la democracia. Hasta las más remotas aldeas del mundo llegó, de una u otra manera, la noticia de que en el extremo sur de América había una tierra de promisión que podía ser patria de todos. Los perseguidos por el odio racial, político o religioso, los humillados y ofendidos, los trabajadores sin posibilidades de elevarse económica y socialmente, los que sólo tenían horizontes cerrados o entenebrecidos, pensaron en ese país generoso que ofrecía sus fértiles tierras al esfuerzo de todos los hombres del universo, respetaba las creencias y aseguraba la justicia. De las ciudades, pueblos y comarcas interiores de casi todos los países de Europa fueron hacia los puertos quienes deseaban gozar de tan extraordinarios privilegios. Dejaban seres y lugares queridos, acaso pasa no verlos nunca más, ilusionaos con la conquista de bienes que en sus tierras jamás podrían alcanzar. Pertenecían a viejas civilizaciones, pero en muchos casos carecían de educación elemental. Sabían trabajar, sin embargo, eran sufridos y valientes; no temían al ancho mar desconocido que habrían de surcar en frágiles embarcaciones, si a la soledad de las tierras desérticas que los esperaban al término del viaje. Así vinieron millones de hombres y mujeres, y aquí fueron padres de argentinos, muchos de los cuales alcanzaron los más altos rangos del gobierno, de la milicia y de la Iglesia; brillaron en las ciencias, en las letras, en la industria, en el comercio y en la sociedad, porque en parte alguna hallaron trabas y en todas se contribuyó a su éxito en la vida. Muchos ciudadanos de hoy –descendientes en grandísima parte de esos extranjeros. Poco saben del atraso en que, hace un siglo, vivía nuestro país (1). La guerra de la Independencia, las luchas civiles y la tiranía de Rosas habían impedido su desarrollo de acuerdo con el ímpetu progresista del mundo.

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La población apenas superaba el millón de habitantes. Sólo Buenos Aires merecía el nombre de ciudad. En el interior alzábase cinco o seis discretas poblaciones: Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Salta, Paraná. Rosario tenía poco más de cuatro mil habitantes. La Plata no existía. Las comunicaciones entre esos centros urbanos eran escasas y muy lentas. La ganadería, y sobre todo la agricultura, estaban en sus comienzos; lo mismo la minería; las industrias eran incipientes. Seis años después de la caída de Rosas el progreso era ya manifiesto y se acentuó al restablecerse la unidad nacional. Solo se detuvo por algún tiempo durante la guerra con el Paraguay, pero se reanudó con mayor energía apenas la paz fue firmada. Se realizó la conquista del desierto por la civilización; los indígenas que lo asolaban fueron alejados y comenzó la explotación de las inmensas llanuras. A partir de 1880 el desarrollo del país fue prodigioso. Las ideas políticas, económicas y sociales expuestas por la ilustre generación de 1837 –la de Echeverría, Alberdi, Sarmiento, Mitre, Vicente Fidel López, Juan María Gutiérrez- hallaron en la siguiente – la de Avellaneda, Roca, Pellegrini, Roque Sáez Peña- sus fervorosos ejecutores. De todo había que enriquecer al país: de bienes materiales, en primer término, porque son los más fáciles de obtener en nuestras tierras fértiles y porque con ellos es más posible el logro de los demás; los de la educación popular, en seguida, porque eso era fundamental para el ejercicio de la democracia y la formación espiritual de nuestro pueblo. Crecieron considerablemente las viejas poblaciones; la pequeña villa de Rosario se convirtió en poquísimos años en la segunda ciudad de la República, se fundó La Plata, creció Bahía Blanca y en todo el territorio nacional surgieron o se desarrollaron nuevos centros: San Fernando, Rio IV, Esperanza, Resistencia, San Rafael, Neuquén y las muchas ciudades de todas las provincias. En ellas y también en los centros más pequeños y apartados, se fundaron escuelas y miles de maestros realizaron el prodigio de exterminar casi por completo el analfabetismo. Se construyeron puentes, diques, caminos, hospitales, museos, y edificios públicos monumentales. Se tendieron vías férreas por todo el territorio, se establecieron nuevas universidades y centros de estudios técnicos, comenzó la explotación del petróleo, se desarrollaron las industrias, creció el comercio y se publicaron algunos de los diarios más importantes del mundo. Al cumplirse en 1910 el centenario de la Revolución de Mayo el país hizo balance de su actividad; con excepción de los Estados Unidos, ninguna nación de la tierra había progresado tanto en tan poco tiempo. El nombre de la argentina, de singular claridad y hermosura, significaba honor y generosidad, trabajo y justicia, riqueza y progreso. Era entre sus hermanas de Iberoamérica la de porvenir más seguro y daba ejemplo de lo que se debía realizar para emerger al plano de la historia. Estaba en “vida ascendente”, según dijo un gran escritor español. La cantaban los poetas, la estudiaban los economistas, la honraban los gobernantes extranjeros. A sus teatros venían los más

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célebres artistas del mundo, en sus universidades dictaban clases los profesores más eminentes y en sus tribunas disertaban los políticos más notorios de Europa y América. En medio de ese optimismo y general euforia señalaron algunos de nuestros compatriotas las facetas vulnerables de nuestro desarrollo. La inmigración caudalosa lo había enriquecido mediante sus capitales y trabajo, pero también descaracterizado un poco. Las instituciones políticas, admirables por su concepción doctrinaria, eran desvirtuadas por prácticas viciosas que privaban al pueblo de su influencia en el gobierno de la Nación. Las crisis periódicas derivaban de eso, hacían reaparecer “el fantasma de las viejas regresiones” e intuir la posibilidad de nuevos despotismos. Era necesario, por consiguiente, espiritualizar al país y darle conciencia nacional mediante el conocimiento de su historia y de sus ideales de vida. Era preciso, también, corregir para siempre la corruptela electoral practicada sin interrupción por los hombres y partidos adueñados del poder. Y era menester al mismo tiempo, crear el espíritu cívico y patriótico que cuidara el tesoro común de las instituciones liberales y democráticas, establecidas en el siglo de luchas y penas. La educación alcanzó lo primero, y la reforma electoral del presidente Sáenz Peña, lo segundo. Desgraciadamente, no se pudo lograr lo último. Factores de diversa índole desnaturalizaron después las promisorias realizaciones. La “restauración nacionalista” propiciada antes de 1910, se desvió dos décadas más tarde hacia la xenofobia y el reaccionarismo antidemocrático. La libertad electoral fue burlada por quienes atentaron contra la pureza del sufragio y corrompieron nuevamente las costumbres políticas. Desde entonces se vislumbró la posibilidad de una grave crisis institucional.

Infiltración de las ideas antidemocráticas La primera guerra mundial, que dejó vencidas o maltrechas a varias grandes naciones, y a otras cerca del caos, produjo en algunas –por desesperación, resentimiento, deseo de orden, ansia de recuperación política y económica- un estado espiritual propicio a los gobiernos fuertes, ejercidos por hábiles conductores de masas. Las grandes democracias habían triunfado en los campos de batalla, pero sus vencidos – las democracias incipientes- juzgaban que no podrían restablecer su poderío sino por medios nuevos, que fortalecieron al Estado en detrimento del individuo. Harto sabido es que la debilísima democracia italiana fue la primera en ser arrollada por los grupos de acción, dirigidos por un violento ex socialista (2) que había sentido el influjo del nacionalismo doctrinario de unos cuantos intelectuales, y también es sabido que, a su ejemplo, otro energúmeno hizo lo propio en Alemania.

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En corto tiempo el fascismo y el nacionalsocialismo alemán no solo convirtieron a las dos naciones vencidas en potencias de primera magnitud, sino que trasmitieron sus ideas a todas las democracias débiles del mundo la nuestra entre ellas. El fraude electoral, realizado entre nosotros sin interrupción alguna hasta la sanción de la ley Sáenz Peña, permitió la formación de gobiernos ilustrados y progresistas, pero retardó imprudentemente la preparación del pueblo para el ejercicio de su soberanía. Cuando se dijo: “Quiera votar”, lo hizo con entusiasmo y buena fe a favor de partidos a los cuales el fraude había privado hasta entonces del gobierno y también por algunos que en él se habían gastado y corrompido. A los más importantes de ellos correspondía principalmente la misión extraordinaria de vigorizar nuestra democracia y acelerar el desarrollo del país. En tales circunstancias, comenzaron a germinar, poco antes de 1930, las ideas que tres lustros después prepararían la dictadura. La democracia en general, y la nuestra en particular, fue atacada por todos sus flancos. Atribuíase a se sentencia los errores, omisiones y culpas de los gobernantes surgidos de ella. Después, a semejanza de los “grupos de combate” formados en Italia y Alemania para la acción violenta, se organizaron en la Argentina los que llegado el momento, debían hacer lo propio (4). En la revolución, o como quiera llamarse a la revuelta militar y alzamiento cívico del 6 de septiembre de 1930, estuvieron mezclados diversos elementos. Uno de ellos, y sin duda el principal, fue el disconformismo producido por un gobierno inoperante; otro fue el propósito de algunos sectores de incorporar a nuestra organización política instituciones, prácticas y modalidades del totalitarismo. Como no logró el gobierno surgido de esa revolución imponer una reforma constitucional, recurrió al viejo expediente del fraude, que sus sucesores mantuvieron hasta que un nuevo movimiento militar, el del 4 de junio de 1943, los arrojó del poder. Había crecido entretanto, la fuerza de los países totalitarios, y sobre todo la de Alemania, que en 1939 desencadenó la segunda guerra mundial. Sus primeros triunfos militares, como el de la arrolladora invasión de Francia, dieron a muchos la certidumbre de que las democracias serían sometidas y que por “un milenio”, como decía el führer teutón, Alemania y su régimen nacionalsocialista dominarían en el mundo. Su propaganda espectacular y sus servicios secretos intentaron reducir las defensas de sus enemigos y, a la vez, volcar en su favor a las naciones neutrales. Explotaron para ello los resentimientos, justificados o no, que cada una de éstas podía tener hacia tales adversarios. En lo que a la Argentina respecta se aprovechó de la ocupación británica de las Malvinas, invariablemente denunciada como ilegal por todos los gobiernos de nuestro país y por los estudiosos de su historia. Pero que en esa ocasión agitó por ajenas influencias a vastos sectores del pueblo. Lo mismo se hizo con la exacerbación del sentimiento nacionalista, legítimo en cuanto afirma el ser de la nación, pero absurdo si se convierte en recelosa manía persecutoria.

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Preparación de la dictadura En 1943 la segunda guerra mundial estaba aún por definirse. Si bien el creciente poderío de las naciones en lucha con los Estados totalitarios hacía presumir que de ellas se decidiría la contienda, los partidarios de Alemania confiaban en la inexpugnabilidad de la Europa dominada por sus ejércitos, y a la postre en el triunfo sobre sus enemigos, con la consiguiente implantación de su doctrina imperial. Los agentes nazis habían actuado decididamente en nuestro país, no sólo en tareas de espionaje sino también de propaganda. Se infiltraron en los medios gubernativos; hallaron propicio ambiente en los militares y consiguieron la adhesión de algunos políticos, intelectuales y eclesiásticos. Algún día se escribirá la historia pormenorizada de esas vísperas de la dictadura. Por ahora sólo nos corresponde referirnos al GOU, logia secreta de oficiales del ejército (5) formada con el propósito de “unir espiritual y materialmente a los jefes y oficiales del ejército, por entender que en esa unión reside la verdadera cohesión de los cuadros y que de ella nace la unidad de acción, base de todo esfuerzo colectivo nacional”. “Un todo animado de una sola doctrina y con la sola voluntad –agrega el plan pertinente- es la consigna de la hora, porque la defensa del ejército, contra todos sus enemigos internos y externos, no es posible si no de antepone a las conversaciones personales de grupos al interés de la institución y si todos no sentimos de la misma manera el santo orgullo de ser sus servidores”. Los promotores de esa logia querían evitar a todo trance cualquiera de estas dos posibilidades: que nuestro país fuera arrastrado a la guerra mundial por exigencia imperiosa de Estados Unidos, o que estallara el él una revolución comunista “tipo frente popular” Analizada por ellos la situación política interna, advertían que el cambio de gobierno a operarse en 1944 podía alterar la posición neutralista adoptada hasta entonces, sostenida con singular firmeza por el presidente Castillo, pero que su señalado sucesor, el doctor Patrón Costas, no parecía inclinado a mantener. Ante lo que consideraba un peligro para la neutralidad argentina, el “Grupo de Oficiales Unidos” o “Grupo de Obra de Unificación” –que ambas denominaciones puede significar la sigla GOU- dispósose a actuar, decidido a infundir en los militares “un solo ideal”, “una doctrina única” y la “mayor unidad de acción”. En eso se estaba cuando comenzó a circular en los cuarteles una proclama reveladora de las estrafalarias ideas incrustadas en algunas mentes por el adoctrinamiento nazi. Aunque se ha publicado repetidas veces, creemos necesario transcribirla aquí para conocimiento de quienes pueden ignorarla todavía. Dice así:

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“Camaradas: La guerra ha demostrado palmariamente que las naciones ya no pueden defenderse por sí solas. De ahí el juego inseguro de las alianzas, que mitigan pero no corrigen el grave mal. La era de la “Nación” va siendo sustituida por la era del “Continente”. Ayer los feudos se unieron para formar la “Nación” y hoy las naciones se unen para formar el Continente. Esa es la finalidad de esta guerra. Alemania realiza un esfuerzo titánico para unificar el continente europeo. La nación mayor y mejor equipada deberá regir los destinos del continente de nueva formación. En Europa será Alemania. En América, en el Norte, la nación monitora será por un tiempo Estados Unidos. Pero, en el Sur no hay una nación lo suficientemente fuerte para que, sin discusión, se admita su tutoría. Hay sólo dos naciones que podrían tomarla: Argentina (6) y Brasil. Nuestra misión es hacer posible e indiscutible nuestra tutoría. La tarea es inmensa y llena de sacrificios, pero no se hace patria sin sacrificarlo todo. Los titanes de nuestra independencia sacrificaron bienes y vida. En nuestro tiempo Alemania ha dado a la vida un sentido heroico. Esos serán nuestros ejemplos. Para realizar el primer paso, que nos llevará a una Argentina grande y poderosa, debemos tomar el poder. Jamás un civil comprenderá la grandeza de nuestro ideal; habrá, pues, que eliminarlos del poder y del gobierno y darles la única misión que les corresponde: trabajo y obediencia. Conquistando el poder, nuestra misión será ser fuertes, más fuertes que todos los otros países reunidos. Habrá que armarse siempre venciendo dificultades, luchando contra las circunstancias internas y exteriores. La lucha de Hitler en la paz y en la guerra nos servirá de guía. “Las alianzas serán nuestro primer paso. Tenemos ya al Paraguay; tenemos a Bolivia y a Chile. Con la Argentina, Paraguay, Bolivia y Chile, nos será fácil presionar al Uruguay. Luego las cinco naciones unidas atraerán fácilmente a Brasil, debido a su forma de gobierno y a los grandes núcleos de alemanes. Entregado el Brasil, el continente sudamericano será nuestro. Nuestra tutoría será un hecho, un hecho grandioso, sin precedentes realizado por el genio político y el heroísmo del ejército argentino. Mirajes, utopismo, se dirá. Sin embargo, dirijamos de nuevo nuestras miradas hacia Alemania. Vencida, se la hace firmar en 1919 el tratado de Versalles, que la debía mantener bajo el yugo aliado en calidad de potencia de segundo orden, lo menos por cincuenta años. En menos de veinte años recorrió un fantástico camino. Antes de 1930 estaba armada como ninguna otra nación, y en plena paz se anexaba Austria y Checoslovaquia. Luego, en la guerra plegó a su voluntad la Europa entera. Pero no fue sin duro sacrificio. Fue necesaria una dictadura férrea para imponer al pueblo los renunciamientos necesarios al formidable programa Así será en la Argentina.

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Nuestro gobierno será una dictadura inflexible, aunque al comienzo hará las concesiones necesarias para afianzarse sólidamente. Al pueblo se le atraerá pero, fatalmente, tendrá que trabajar, privarse y obedecer. Trabajar más, privarse más que cualquier otro pueblo. Solo así se podrá llevar a cabo el programa de armamento indispensable a la conquista del continente. Al ejemplo de Alemania, por la radio, por la prensa controlada, por el cine, por el libro, por la Iglesia y por la educación se incluirá al pueblo ese espíritu favorable para emprender el camino heroico que se le hará recorrer. Sólo así llegará a renunciar a la vida cómoda que ahora lleva. Nuestra generación será una generación sacrificada en aras de un ideal más alto: la patria argentina, que más tarde brillará con luz inigualable para mayor bien del continente y de la humanidad entera. ¡Viva la patria! ¡Arriba los corazones!”

¿Quién había escrito esta proclama que, por exigencias de la política internacional, se la declaró apócrifa? No lo sabemos, pero es presumible que intervinieran en su redacción los dirigentes del GOU. Entretanto, la opinión independiente no se manifestaba. Acostumbrada a los vicios de la “política criolla” presentía que la próxima elección presidencial sería como las otras realizadas antes de la ley Sáenz Peña y aun después de 1930, cuyos fraudes no habían detenido al impresionante desarrollo nacional. Sorprendió, en tales circunstancias, que se mezclara a las maquinaciones de algunos radicales el nombre del ministro de Guerra, general Pedro Pablo Ramírez, y mucho más que éste apareciera comprometido en la revuelta militar que derrocó al gobierno el 4 de junio. Para que este hecho fuera posible, era necesario que mucho hubiera cambiado en el país. Ese cambio se había realizado en la sombra, y quienes más enterados estaban de él eran algunos agentes nazis. Los ciudadanos más perspicaces sospecharon desde el primer instante que aquel movimiento era de tendencia antidemocrática, aunque la proclama revolucionaria pudiera hacer creer lo contrario. Pocas horas bastaron para dar la certidumbre de que comenzaba para nuestro país un período de inquietantes perspectivas. El nuevo gobierno, formado después de ásperas disputas del grupo revolucionario en la noche del 5 al 6 de junio. Llevó al Ministerio de Guerra al general Edelmiro J. Farrell, y éste puso al frente de la respectiva secretaría a su amigo el coronel Juan Perón. Los primeros pasos estaban dador; los siguientes debían tender a que el gobierno fuera una “dictadura inflexible”, según decía la proclama referida. Los tres actores estaban ya sobre el tablero: el general Ramírez, ex ministro de Guerra y jefe aparentemente del

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GOU, en la Presidencia de la Nación; el jefe real de la logia en la secretaría del Ministerio militar y, como titular de éste, quien servía de puente entre ambos. Demasiado extensas serían estas páginas si relatasen los episodios de los tres años que medían entre el 4 de junio de 1943 e igual fecha de 1946. Durante su transcurso se delineó claramente el perfil de quien se había preparado y tenía condiciones para el ejercicio de la proyectada dictadura. Comenzó por conseguir la “mayor unidad de acción” del ejército, mediante la exigencia a los oficiales en servicio de la presentación de las respectivas solicitudes de retiro. Sobre un total de 3.600 oficiales combatientes sólo 300 se negaron a tal requerimiento (7). Conseguido esto, la dictadura en cierre empeñose en destruir cuanto pudiera oponerse al régimen planteado. Desde luego, los partidos políticos. Para ella, la política era “mala palabra”, y “malos elementos” la mayoría de quienes la habían ejercido. Mientras los partidos no se depurasen no tenían derecho a intervenir en la vida y conducción del Estado, dijo entonces el presidente Ramírez. Poco después disolvió a todos y encarceló a varios de sus dirigentes. Siguió en seguida la acción contra la prensa, especialmente la de combativa tendencia democrática y antitotalitaria, empresa en la que se había adelantado el gobierno de Castillo. Y a efecto de vigilarla, lo mismo que a la radiodifusión, teatro, cine y demás medios de publicidad, se creó la Subsecretaría de Informaciones y Prensa. Cuatro meses después de la revolución del 4 de junio, ya no era posible dudar acerca de lo que se preparaba. Ante esa evidencia, un grupo de destacados ciudadanos – profesores, periodistas y hombres de otras actividades- señaló en un manifiesto, hacho público el 15 de octubre, la imprescindible y urgente necesidad de asegurar la unión, la tranquilidad y el futuro de los argentinos, mediante la democracia efectiva y la solidaridad americana. Estos simples y claros propósitos, enunciados en ejercicio de un derecho indiscutible, irritaron al gobierno. Al siguiente día acusó a los firmantes de “falta de lealtad para el país” y dispuso la cesantía de aquellos que servían en la administración pública. A los restantes amenazó con las “consecuencias ulteriores”. Varios de los más eminentes profesores de nuestras universidades y colegios debieron abandonar sus cátedras, a las que no volvieron sino doce años después, luego de caída la dictadura. La invasión de la Europa continental por las naciones democráticas y el consiguiente desmoronamiento del poder totalitario, hizo variar el programa que sus círculos adictos se habían trazado en nuestro país. Los mismos que lo habían enunciado debieron, ya en las postrimerías de la contienda, declarar la guerra al Eje. Esto los obligó a postergar transitoriamente el cumplimiento de lo que consideraban su misión continental que hiciera posible la primera. Entretanto, hacíase cada vez más preponderante el influjo del coronel Perón, que en pocos meses había acumulado los cargos de secretario de Trabajo y Previsión, Ministro de Guerra, presidente del Consejo de posguerra y vicepresidente de la Nación, y se delineaba ya como aspirante a la primera magistratura del país. El repudio que por su

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política sentían los sectores democráticos se expresó en una de las más numerosas y entusiastas manifestaciones públicas realizadas en Buenos Aires, la que se llamó “Marcha de la Constitución y de la libertad” (19 de septiembre de 1945), que congregó a medio millón de personas y desfiló entre el Congreso y la plaza Francia. Ante tan clara definición de la ciudadanía, las fuerzas armadas, que en el mes de agosto anterior habían intentado un alzamiento en Córdoba a las órdenes de los generales Rawson y Martín, decidiéronse en octubre a exigir la renuncia del inquietante coronel. Lograron su propósito el 9 de octubre, pero pocos días después, luego de haber ametrallado la policía a la multitud reunida en la Plaza San Martín, frente al Círculo Militar, grupos informes apresuradamente reunidos en los alrededores de la capital, llegaron a la plaza de Mayo y exigieron el retorno de aquel. Al cabo de pocas horas hablo desde un balcón de la Casa de Gobierno. Desde entonces quedó en manos de Perón la suerte del país. Sólo faltaba dar aspecto legal a su futuro gobierno. La armazón dictatorial ya estaba en pie. Bastaría que lo completara en todos sus aspectos, que redujera al máximo o simplemente destruyera las libertades ciudadanas, que infundiera el miedo, que propagara el odio, para que una nueva tiranía fuera posible. De cómo se la organizó y practicó tratan los capítulos que siguen.

NOTAS: (1) (nota del trascriptor) Se refiere a 1850 aproximadamente. (2) (nota del trascriptor) Benito Musolini. (3) (nota del trascriptor) Adolfo Hitler. (4) (nota del trascriptor) Los “pone bombas” radicales, socialistas y anarquistas. Quienes eligieron ese camino para llegar al poder y al adoptar este sistema, generaron violencia y posturas antidemocráticas y totalitarias con su accionar. Fue la inteligencia de Roque Sáenz Peña –con la ley del voto- quien los incluyo dentro del sistema democrático al menos a gran mayoría de los dos primeros grupos. (5) (nota del trascriptor) GOU “Grupo de Oficiales Unidos” o “Grupo de Obra de Unificación”. (6) (nota del trascriptor) El autor de la Proclama evidentemente olvida que la Argentina de esos años era la séptima potencia del mundo. (7) Declaración de Perón al periodista señor Abel Valdés, del diario “El Mercurio” de Santiago de Chile (ver “La Prensa” del 12 de noviembre de 1943)

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EL DICTADOR

Sus antecedentes personales. Casi se podría establecer como una ley de la historia que los dictadores y tiranos caen sobre los pueblos en sus horas de más graves conmociones y crisis. El desorden institucional, la guerra civil, la amenaza exterior, la miseria colectiva, la corrupción social, pueden en determinadas circunstancias explicar la aparición de un “hombre fuerte” que con poderes más o menos absolutos, domine a su país durante un largo período de su vida. Lo inexplicable, lo monstruoso, es que se establezca una dictadura en tiempos de paz y de prosperidad, sin causas inmediatas que la justifiquen ni antecedentes valederos que la hagan prever. Tal es lo acontecido en la Argentina entre 1946 –o si se quiere, 1943- y 1955. En 1943 la situación de nuestro país era, en lo económico, extraordinariamente próspera. Mientras las más grandes naciones del mundo se desangraban, destruían y empobrecían en una guerra implacable, la nuestra, neutral en la contienda y alejada de los campos de combate, se había enriquecido con la exportación no sólo de sus productos agropecuarios sino también de artículos elaborados. Había reducido sus importaciones y acumulado cuantiosas divisas extranjeras. Había ocupación plena y el costo de la vida era moderado. En lo social, un conjunto de leyes dictadas en el curso de cuarenta años, habían mejorado considerablemente la situación de los trabajadores, y si bien es cierto que aún era posible acrecentar tales beneficios –siempre lo es en cualquier país en franca evolución-, nada impedía el progreso económico y social de los más capacitados. En lo político la situación no era tan halagüeña. El fraude y la propensión a la antidemocracia habían burlado la voluntad de la mayoría y preparado la evolución hacia las formas totalitarias. Si se justificaba la disconformidad ciudadana con las viciosas prácticas electorales no era admisible un alzamiento armado –remedio extremo sólo legítimo en casos desesperados-, y menos todavía para propiciar un cambio en la estructura política de la Nación. Tales vicios podían desaparecer en tiempo breve, como el fraude había desaparecido treinta años antes con la sanción de la ley Sáenz Peña, y como era previsible que se debilitaran las ideas antidemocráticas si las naciones que las sostenían fueran vencidas en la guerra que ya llegaba a su fin. En tales circunstancias se produjo la revuelta militar del 4 de junio de 1943, de entre cuyos promotores surgió el dictador.

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El país lo ignoraba en absoluto. Solo se tenía noticia de él en los medios castrenses. En la Escuela Superior de Guerra, y, posteriormente, en la Escuela de Guerra Naval, había ocupado varias cátedras. Exponía con discreción nociones recogidas en ajenos libros, repetidos luego –a veces sin variar mucho los textos originales- en algunos que llevan su nombre de autos. Por algún tiempo había sido agregado militar a la embajada argentina en Chile, y poco después en Italia durante el transcurso de la última guerra. El pueblo ignoraba por completo sus antecedentes. Cuando a mediados del 43 se difundió su nombre, algunos creyeron recordar que en la “semana trágica” de enero de 1919 había cargado sobre una comitiva de obreros huelguistas el trance de enterrar las víctimas de recientes refriegas. Otros mencionaban su actuación entre las fuerzas militares que el 6 de septiembre de 1930 se alzaron contra el presidente Hipólito Yrigoyen y le obligaron a dimitir (1) Pero en realidad, pocos estaban seguros de la veracidad de tales hechos. Su nombre no había figurado entre los que se habían hecho públicos de los jefes y demás visibles actores de la revuelta del 4 de junio, aunque había intervenido activamente en el GOU, la logia de oficiales que derrocara al presidente Castillo. Al constituirse el gobierno surgido de aquel movimiento, no se le había dado ningún cargo de importancia política, apenas el de jefe de la secretaría del Ministerio de Guerra, cuyo titular era el general Farrell, su amigo y compañero en una guarnición de Mendoza. No tardó en saberse, sin embargo, que tras de las principales figuras de ese gobierno movíase un coronel de influencia decisiva en la resolución de muchos asuntos. Su nombre comenzó a circular desde entonces por muchas partes. Nadie sospecho, empero, que ese nombre –Juan Domingo Perón- obsesionaría poco después a todo el país, inquietaría a los vecinos y preocuparía a los restantes de América. Y que se vincularía para siempre a uno de los períodos más discutidos de nuestra historia institucional y política. En 1943 era cauteloso, por temor acaso o tal vez por prudencia. Conocía perfectamente las escasas condiciones políticas de la mayoría del nuevo equipo gobernante; lo sabía sin otra orientación que la dada por el espíritu de cuerpo, el nacionalismo agresivo y la confianza ilimitada en el poder germánico. A su tiempo sería reemplazado. Entretanto, érale preciso mantenerse en el puesto que le había asignado, aunque fuera de segundo plano, para saltar al primero oportunamente. Tenía trazado un plan. El motín militar del 4 de junio había cumplido su propósito con solo evitar el posible cambio de nuestra política internacional. La proclama de los revolucionarios no mencionaba ningún fin de carácter social y económico, pero a mediados del siguiente julio el coronel, hasta entonces silencioso, afirmó que lo tenía, porque sin contenido social la revolución sería “totalmente intrascendente” (2).

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En base a ellos, solicitó al presidente provisional, general Ramírez, le confiara el antiguo Departamento Nacional de Trabajo, repartición de importancia escasa cuya dirección no ambicionaba ningún político de categoría. El pedido debió sorprender a la gente de gobierno que no había pensado ni deseaba nada de eso, y que en todo caso no creía posible realizar cambio alguno fundamental desde el inoperante Departamento. Se lo dieron. A poco de nombrarlo, propuso la transformación del mismo en un organismo que denominó Secretaria de Trabajo y Previsión, a la que se dio categoría de ministerio. Comenzó a ejecutar entonces el proyectado plan de “atraer” al pueblo, enunciado en el documento que se declaró apócrifo. Ya llegaría el momento de hacerlo “obedecer” (3)

Su concepto de la conducción política. Se sentía “conductor”, o por mejor decir, “conductor político”. Como militar había aprendido y enseñado la teoría de la conducción de ejércitos, como observados y estudioso de los regímenes de fuerza había asimilado también el modo de hablar a las masas, de seducirlas, de exaltarlas, de dirigirlas y de someterlas. Pero el conductor, según él mismo decía, nace, no se hace. Y él, de acuerdo con su propio sentir, había nacido conductor, uno de los más grandes conductores de la historia. Ególatra y narcisista, actuaba y se veía actuar con íntima complacencia. Necesitaba hablar de sí mismo, aunque con frecuencia no empleaba el “yo” –odioso, según Pascal-, sino, con fingida modestia, el plural “nosotros” que servía para complacer a quienes le seguían; “Nosotros hemos hecho… Nosotros hemos pensado… Nosotros hemos conseguido…” En un determinado momento creyó oportuno revelar su doctrina y práctica de la conducción política. Fue hacia 1950. Sus charlas, recogidas en un volumen en 1951, nos ilustran sobre sus métodos de captación y dirección de las masas, que los boquiabiertos oyentes debían asimilar para ayudarlo en la empresa. Trató en ellas de los “elementos de la conducción política”, de las “características de la conducción moderna”, y de la “teoría y forma de la conducción”, del método en la misma, del “conductor”, de las “formas de ejecución”, etcétera. Su maestro era Napoleón, no el gran guerrero triunfador en casi todos los campos de Europa, sino el audaz del 18 Brumario, el inescrupuloso que mandó matar al duque de Enghien, el déspota que torció la revolución de que había surgido. Al comenzar sus clases anunció que hacía “un análisis de las causas por que hemos triunfado nosotros, y por que triunfaron los grandes conductores de la historia”. Su fin era el éxito; si se lo alcanzaba, la conducción era buna; si no, era mala. Hasta entonces lo había logrado; eso lo envalentonaba, y con delirante suficiencia hacía doctrina de su

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buena suerte. Ni más ni menos que el jugador presuntuoso que, luego de una noche afortunada, “sabe” cómo se gana en la ruleta. Su idea esencial era de formar “una masa disciplinada, inteligente, obediente y con iniciativa propia” (4). Y aclaraba que “cuando esa masa no tiene sentido de la conducción y uno la deja de la mano, no es capaz de seguir sola y produce los grandes cataclismos políticos. Así fue –añadía- la revolución del 6 de septiembre. Perdió el conductor y la masa misma de alzó contra él y lo echó abajo. Era una masa inorgánica, que no estaba preparada para ser conducida”. Pensamiento que no se diferencia nada del que sirve para la doma de caballos. También estas pobres bestias deben tener sentido de la conducción, ser disciplinados y obedientes, y si el caso llega, tener la iniciativa de seguir solas, arrastrando su carga sin dañar al amo. Su propósito se concretaba en pocas palabras. “Muchos dicen: el pueblo está hoy con uno y mañana con otro. Hay que preparar al pueblo para que esté con una causa permanente. Si no tiene causa hay que crearla” (5). El pueblo de 1943 no tenía causa alguna porque no la necesitaba. A diferencia de la Italia triunfadora en la primera guerra mundial pero defraudada en Versalles, y de la Alemania derrotada en la misma contienda, el pueblo argentino no tenía agravios contra ningún país extranjero ni contra ningún sector interno; tampoco sufría de desocupación forzosa. ¿Qué causa habría de seguir, por lo tanto? Las menudas diferencias de opinión, de simpatías o de intereses, orientaban a la minoría hacia los diversos partidos políticos; la mayoría era independiente o indiferente, y no se contrariaba en exceso por el fraude con que los sucesivos gobiernos decidían a su favor las contiendas electorales. Si la causa no existía, había que crearla. El control adueñado de la Secretaría de Trabajo y Previsión la halló, por lo pronto, en la justicia social. Más tarde la completó con otros dos postulados: la soberanía política y la independencia económica. Todo eso era muy simple, pero el coronel pensaba que “la primera regla de la organización es la simplicidad”. Además era nuevo. Por alanzar la justicia social había luchado desde su fundación en 1897 el Partido Socialista; también, poco más o menos desde la misma época, el Partido Radical, y aún otros de caudal más reducido. Las leyes para humanizar el trabajo y procurar la previsión habían sido apoyadas por los sectores conservadores, sin cuyo voto no hubieran podido ser sancionadas. Cuarenta años antes de que el coronel puesto en trance de comenzar su carrera de conductor político hablara de problemas sociales, Joaquín V. Gonzalez, el gran ministro del presidente Roca, es decir, del más representativo jefe de la que luego se llamó “oligarquía”, elaboró y envió al Congreso un admirable proyecto de ley nacional del trabajo que, por desgracia, el cambio de gobierno impidió sancionar. Nadie de oponía, en efecto, a la justicia social, y si la legislación pertinente hallábase algo atrasada con respecto a muy contados países, teníase el convencimiento de que se la perfeccionaría de acuerdo con el espíritu justiciero de la Constitución.

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El coronel que jamás se había preocupado de tales problemas, de pronto se convirtió en su descubridor. También él, como el personaje de un gracioso monólogo, había descubierto el paraguas. Mejor dicho, había hallado el modo de vender el viejo paraguas por medio de la publicidad. La justicia social, sostenida y en parte lograda por los partidos de antigua raigambre, comenzó desde entonces a ser manejada por la propaganda. Empezaba a cumplirse el plan “apócrifo”, hecho circular en los cuarteles pocos meses antes. En otro capítulo de este libro trataremos de la “política social” de la dictadura. No debemos adelantarnos a analizar en este lugar. Sólo nos corresponde señalar aquí que ese postulado, más que los otros dos, sirvió para sembrar el odio, dividir al país y afianzar el despotismo. En una de sus lecciones el dictador ha explicado cuál fue su sistema de captación y reclutamiento de masas, iniciado desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. Más adelante nos referiremos a él, Por el momento conviene destacar algo importante, logrado por aquel a podo de aplicar tal sistema: “Mandar sobre el corazón de los hombres” (6). Tampoco en esto hacía un descubrimiento, pero lo cierto es que esa cosa sabida por todos nuestros caudillos, había dejado de practicarse desde la desaparición de estos. Los políticos modernos suelen creer que los hombres se mueven por ideas e intereses. El coronel que aspiraba a la presidencia percibió lo que aún hay de primario en nuestra formación política y espiritual, y sobre eso actuó perfectamente. “Para conducir a un pueblo, la primera condición es que haya salido del pueblo; que siente y piense como el pueblo, vale decir, que sea como el pueblo” –dijo también el dictador- y agrego: “Si no fuese por cualquier circunstancia, debe asimilarse y sentirse un hombre del pueblo” (7). Antes que él, Rosas había pensado lo mismo. Al agente oriental don Santiago Vázquez, le decía: “Usted sabe la disposición que hay siempre en el que no tiene contra los ricos y superiores. Me pareció, pues, muy importante conseguir una influencia grande sobre esa gente para contenerla, o para dirigirla, y me propuse adquirir esa influencia a toda costa; para eso me fue preciso trabajar con mucha constancia, con muchos sacrificios hacerme gaucho como ellos, hablar como ellos y hacer cuanto ellos hacían, protegerlos, hacerme su apoderado, cuidar de sus intereses, en fin, no ahorrar trabajo ni medios para adquirir más su concepto” (8). Sea como fuere, lo cierto es que si bien no creó ninguna receta para triunfar como conductor político, supo aplicar las ya conocidas, hasta que el pueblo no creyó más en ellas.

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Su visión del pasado histórico. En el corazón de los hombres hay de todo: bondad y lo contrario, abnegación y egoísmo, amor y odio, simpatía y resentimiento. El dictador decía que el odio había sido el factor de separación y destrucción de los argentinos y que él se proponía unirlos por el amor. “Esta unidad ha de traducirse, en primer término, en unidad social y en unidad gremial, que son los verdaderos fundamentos de unidad de las masas”. Pronto advirtió que para moverlas tras de una causa, érale necesario excitar su posible disconformismo y provocar su resentimiento. Cuando reclamaba justicia social, les decía que hasta entonces habían vivido explotados por el capitalismo deshumanizado; cuando exigía soberanía política, procuraba convencerlos que los “vendepatria” la habían entregado a la codicia de los imperialismos foráneos; cuando proclamaba la independencia económica, quería hacerles creer que así nos liberábamos de un ominoso colonialismo. Trazó, de tal manera, un cuadro pavoroso de nuestro pasado histórico. No le creyeron en un principio, pero tantas veces y de tantas maneras lo dijo, que acabaron por admitirlo. País alguno de la tierra había sido, como el nuestro, tan vilmente gobernado por una oligarquía rapaz. Si a comienzos de su primera presidencia reconocía que, aun después de las guerras de la emancipación, habían actuado “con brillo, con eficacia y con patriotismo muchos hombres públicos que han merecido la gratitud de la Nación” (9), no lo aceptó después, y también sobre ellos cayó su indiscriminada sentencia condenatoria. Todos habían entregado nuestro patrimonio nacional, todos habían desoído el clamor del pueblo por una mayor justicia, todos habían obedecido las instrucciones impertidas desde el exterior. La consecuencia de esa prédica fue, en primer lugar, el recelo de las masas con respecto al pasado nacional, y por lo tanto la ruptura del vínculo existente entre las sucesivas generaciones argentinas, y en segundo término, la oposición a los restantes sectores del país. La desunión, por lo tanto, o sea todo lo contrario de lo que su ideario político decía perseguir.

Su doctrina. Durante doce años, casi diariamente, se oyó la voz del dictador adoctrinando al pueblo. Los otros –Mussolini o Hitler, por ejemplo- no lo hacían con tanta frecuencia. No les era menester. Italia y Alemania vivían después de la primera gran guerra en un anómalo estado espiritual del que aquellos eran intérpretes. Señalárselo al pueblo apenas les era necesario. Esos países estaban realmente enfermos y de sobra lo sabían. El nuestro, en

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cambio, no lo estaba; por eso había que convencerlo de lo contrario en un empeño de persuasión que Perón nunca dejó de ponderar. Hablaba a las masas sin elocuencia, pero con habilidad. La cátedra lo había disciplinado para la exposición clara y metódica, al alcance de las mentalidades más simples. Aprovechó esa práctica en la oratoria política que inició con los pequeños grupos de militares que constituyeron el GOU y continuó con las reducidas delegaciones obreras convocadas en los tiempos iniciales de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Lo mejoró después ante las grandes masas; la hizo lacrimosa y sentimental en la noche del 17 de octubre de 1945, desafiante en varios actos de su primera campaña presidencial, chabacana cuando aludía a sus más notorios opositores, iracunda cuando tenía miedo, histórica cuando fingía renuncias que no pensaba hacer efectivas. Al final de su gobierno había dado ya todas sus notas, y no sorprendía sino por la creciente falta de dominio sobre si mismo. Con ese modo de hablar campechano y confianzudo conseguía efectos superiores a los de la oratoria caudalosa, arrebatada o elocuente de los políticos opositores. Decía lo que cada uno de sus oyentes más simples hubiera dicho en caso de tener facultades de lenguaraz. Lo que llamó luego su “doctrina” y explicó en infinitas disertaciones, era un elenco de trivialidades y lugares comunes harto conocidos, ordenado para el fácil entendimiento de las multitudes. Explicó a éstas lo que era la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, como altos fines no logrados hasta que él los enunciara y alcanzara. En torno a cada uno de ellos fue tejiendo sus frases de tono sentencioso, fáciles de asimilar y repetir, y que, por si acaso, la propaganda difundida hasta que penetraran en todos los entendimientos y quedaran en todas las memorias. Una síntesis de ellas fue impresa en cientos de miles de ejemplares, y traducida a varios idiomas pretendió llevar al extranjero la esencia de su pensamiento. Algunos de los enunciados de esa doctrina fueron introducidos en la reforma constitucional de 1949, tales como los que se llamaron “derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura”, conjunto sin igual de simplezas, cuando no de facultades que permitieron la expoliación. “Doctrina de amor” llamó el dictador a la suya, pero años después, ya en pleno delirio de mando y poder, anunció que su defensa encendería la más grande hoguera de que se tuviera memoria. A pesar de su empeño en difundir la tal doctrina, no logró que le creyeran sino los espíritus más simples. Por lo pronto, casi la mitad del país de fue en todo momento decididamente contrario. De la otra mitad, la gran mayoría simuló, por miedo, debilidad o conveniencia, una adhesión que no sentía. El dictador lo comprendió así, y contra ella, que sabía reacia a su captación dijo con frecuencia sus palabras más duras: era la de los “infiltrados”, la de los “aprovechadores”, “las de los malos peronistas”, tan

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despreciables para él como los que se decían independientes. “A esos, no los vamos a captar nunca –afirmaba-: son como la bosta de paloma, que no tiene ni bueno ni mal olor” (10).

“La Señora”. Después de varios años de adoctrinar a las masas y de esforzarse en organizar su partido, advirtió el dictador que no había conseguido ni lo uno ni lo otro. “Una fuerza política no se organiza en cinco años –dijo en sus lecciones sobre conducción- porque la tarea de persuasión, de educación, de infiltración de la doctrina en el espíritu de los hombres no puede realizarse en tan poco tiempo. Menos aún si los hombres que llegan al peronismo han venido de distintos lugares, de distintas direcciones, con distintas orientaciones. Debemos hacer – agregaba- que se vayan olvidando de las antiguas creencias y doctrinas y vayan asimilando las nuevas. Eso es obra de generaciones”. Confiaba para eso en los niños y jóvenes, cuya educación tendenciosa analizamos en otro lugar de este volumen. Entretanto comenzó a actuar sobre las mujeres. Tradicionalmente la mujer argentina se había desentendido de la política, a la que consideraba quehacer de hombres, como la milicia y el sacerdocio. Las ideas a este respecto habían cambiado en el mundo desde que las primeras “sufragistas” inglesas reclamaron su derecho a participar en las contiendas cívicas. Esas ideas habían penetrado en todos los países, y entre ellos en el nuestro, de modo que por necesaria influencia de las mismas no podía ser postergada la concesión del sufragio a las mujeres argentinas. El dictador aprovecho la propicia coyuntura, “Si con el voto de los hombres hemos ganado enormemente, con el voto de las mujeres ganaremos mucho más aún”, expreso en vísperas de su segunda elección. Tenía a su lado desde los comienzos de su vida pública, una extraña mujer, distinta a casi todas las criollas. Carecía de instrucción, pero no de intuición política; era vehemente, dominadora y espectacular. Su primera juventud había sido difícil, hasta que el azar la acercó al coronel ambicioso que se unió a ella. Comenzó así una colaboración sin parecido alguno en la historia, aunque sólo parcialmente pueda asemejársela a muy pocos casos, entre los cuales se menciona el de Juan Manuel de Rosas y su esposa doña Encarnación Ezcurra. No es fácil saber con precisión lo que cada uno de aquellos creó en la común dictadura. Ella recibía ideas, pero ponía pasión y coraje. El dictador simulaba muchas cosas; ella, casi ninguna. Era una fierecilla indomable, agresiva, espontánea, tal vez poco femenina. La naturaleza la había dotado de agradables rasgos físicos, que acentuó cuando la propicia fortuna le permitió lucir joyas y vestidos esplendorosos. Desquitábase así de la

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propia miseria no olvidada, de sus recientes frustraciones de artista inadvertida y sin porvenir. Para lo que aquí tratamos eso interesa poco. Lo que debe señalarse, en cambio, es la atracción y a la vez la repulsión que esa mujer ejerció en la vida pública de nuestro país durante seis o siete años de la dictadura. Hubo un momento en que pareció triunfadora sobre todos sus enemigos; fue cuando la CGT lanzó su nombre como posible integrante de la fórmula presidencial. Pero eso duró pocos días. Se produjo entonces su “renunciamiento”, impuesto por factores no del todo conocidos. Su muerte temprana evitó al país más graves perturbaciones Eva Perón fue el más extraordinario elemento de propaganda que tuvo el dictador. Su fuego íntimo, su decisión en los momentos difíciles, su actividad inagotable, y también su decisión por toda forma convencional en lo social y en lo político, sirvióle para someter voluntades esquivas, mantener permanente contacto con las clases populares, organizar la rama femenina del “movimiento”, excitar las multitudes, crear y acrecentar rencores, y sobre todo exaltar su nombre y su obra en todo lugar y momento. Su misión no era la de persuadir sino la de promover la acción, de encender las pasiones, de disponer las venganzas. Acaso era sincera, porque sus escasas dotes de comediante no le hubieran permitido simular tan hábil sentimientos que no tuviera. El dictador dejaba hacer a “la señora”. Sabía que sus arrebatos convencían a las gentes primarias más que sus propios discursos de adoctrinamiento; que llegaba al corazón de los humildes más que él. No le inmutaban sus palabras de admiración delirante a su persona porque le servían ante el pueblo. “Perón es un meteoro que se quema para alumbrar su siglo”, decía a los más simples: “no es un político, es un conductor, es un genio, es un maestro, es un guía, no ya de los argentinos, sino de todos los hombres de buena voluntad. Nuestro líder –agregaba- ha venido a realizar, en esta hora difícil de la historia de mundo, los sueños y esperanzas de todos los pueblos de todos los tiempos y de los genios de todos los siglos. Nosotros no queremos comparar a Perón con nadie. Perón tiene luz propia. Es demasiado grande, y a nuestro conductor ya no podrá molestarlo la sombra de ningún gorrión”. El dictador escuchaba todo esto con pasmosa tranquilidad. Carecía del sentido del ridículo, tan propio de los argentinos; carecía también de modestia, aunque repetidamente la simulaba. Un buen día “la Señora” creyó oportuno explicar “la razón de su vida”. Llamó a un periodista español, Manuel Penella de Silva, le hablo sobre su “misión”, y el hábil escriba compuso con esos datos el libro que más amplia tirada alcanzó en nuestro país (11). Se impuso su lectura en escuelas y colegios y su texto fue obligatoriamente comentado por los alumnos. Los gremios, clubes y entidades de toda especie debían adquirirlo. No pasó mucho tiempo sin que se pretendiera considerarlo como la obra cumbre de nuestra literatura, con mérito suficiente para que su “autora” pudiera pretender el premio Nobel. La propaganda del régimen lo aprovecho al máximo, sobre todo el dictador. Para cuya glorificación fue escrito.

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Eva Perón sirvió para crear el mito de Perón; luego se creó, con apoyo de Perón, el mito de Eva. Sobre los mitos en la conducción política no habló el dictador en las clases que hemos mencionado, como tampoco habló de sus oscuros métodos de dominación y represión. Eso queda para la historia y para la psiquiatría. El mito de Eva comenzó con su patético “renunciamiento” y se acentuó cuando el Parlamento sometido la proclamó “jefa espiritual de la Nación”, y muy poco después cuando resolvió erigirle un monumento. Para entonces, sus días estaban contados. Colmada de halagos, con un ascendiente político como ninguna mujer tuvo en nuestra tierra y poquísimas en el extranjero, sintió en plena juventud que la muerte se le aproximaba. El homenaje debía distraerla de su trágico destino y servir a la vez para una colosal propaganda. “En esos instantes de grandeza argentina –dijo la legisladora que fundó el proyecto-, en que está palpable la obra de Eva Perón, lo póstumo sería un agravio. Queremos levantarle un monumento en vida; queremos verla y que ella se vea perpetuada por nosotros, presente y eterna, contemporánea y ya posteridad”. Cinco largas sesiones consecutivas fueron dedicadas a ese descomunal homenaje, en el cual no intervinieron los diputados de la oposición. No nos referiremos a los discursos que en esa ocasión de pronunciaron. El lector presume lo que entonces pudo decirse no solo sobre la persona a quien se glorificaba, sino acerca del dictador, puesto que todo homenaje debía comenzar y terminar con la exaltación de su nombre y de su obra. Jamás vio nuestra ciudad ni verá en lo sucesivo un espectáculo semejante al del interminable velatorio y espectacular acompañamiento de los restos de Eva Perón hasta la sede de la CGT donde debían depositarse. El dictador aprovecho de ellos cuanto pudo. Rosas había hecho lo propio con los funerales de doña Encarnación, pero el primer tirano no conocía como el segundo la técnica de la propaganda política, desarrollada en nuestro siglo por los dictadores europeos. No nos corresponde narrar ese espectáculo, vivo aún en el recuerdo de cuantos lo han contemplado. La historia apreciará debidamente su significado con respecto a las dos figuras centrales de ese episodio y a las masas que las rodearon. Después de la muerte de “la Señora”, la rama femenina del peronismo no halló quien la sustituyera, tampoco, se animó a imitarla. No era posible, y en todo caso hubiera necesitado la ayuda del dictador. Hubo sin embargo, una extranjera estrafalaria que por un instante quiso intentarlo. Fue Josefina Baker, aquella que treinta años antes despertara la turbia sensualidad de las grandes capitales, y que ya venida a menos, reapareció en Buenos Aires dispuesta a correr una aventura política. Perón la consideró “huésped oficial” y ordenó que se le facilitara cuanto pidiera en sus andanzas de agitadora social por algunos pueblos vecinos a Buenos Aires. A ellos fue la Baker acompañada de una estrepitosa “claque”. Se entrometió en los hospitales, asilos, manicomios, revisó los alimentos y vestimenta de los internados, gritó, protestó y amenazó en un idioma apenas inteligible. No se sabía qué hacer con ella, puesto que

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tenía el apoyo del amo. Como su actuación excediera lo tolerable, el ministro de Salud Pública, Carrillo, escribió una larga carta al dictador detallando las andanzas y escándalos de su desorbitada propagandista. “Debo hacerle saber que terminará por sublevarse los hospitales de tuberculosos, donde basta media palabra de disconformidad o apoyo exterior para que las cédulas comunistas de estos establecimientos entren en acción, lo que no ocurría entre los locos ni entre los leprosos” “Estas dificultades – seguía diciendo el ministro- comenzaron el maldito día en que tuve la peregrina idea de decir que en la Argentina no había problemas de negros, ya que los únicos eran algunos ordenanzas del Congreso, ella y el subscrito”. Después de este esporádico caso de delirio proselitista no hubo otros en que el ejemplo de “la Señora” pudiera ser imitado. Las mujeres que quedaban y estaban dispuestas a trabajar por el “movimiento”, se redujeron a las actividades de las unidades básicas, y las más estentóreas a gritar en las concentraciones públicas.

La autoglorificación. Fácil es que las palabras mueran en la memoria. Las que los partidarios del dictador y “la Señora” decían incesantemente en todas partes, servían para la propaganda, pero pronto serían olvidadas. La pareja necesitaba algo más duradero para perpetuarse en el recuerdo de la Nación. Así fue como se dieron sus nombres a provincias, ciudades, barrios, avenidas, calles, plazas, hospitales, museos, escuelas, estaciones ferroviarias, bancos, estrellas del firmamento y cuanto podía imaginar la obsecuencia ilimitada (12). Pero tampoco eso bastaba. Mientras no llegara el día de cambiar de nombre a la ciudad de Buenos Aires y acaso al país, debía perpetuarse en piedra y bronce a los “creadores de la Nueva Argentina”. Queda dicho ya como se gestó el monumento a Eva Perón. Debemos referirnos ahora a algunos detalles de esa glorificación “en vida”, y también al provecho que de ella quiso obtener el dictador. La ley que dispuso la erección de ese monumento en la capital de la República y sendas réplicas del mismo en las principales ciudades del interior, estableció que debía ser costeados por el pueblo. Para la ejecución del primero se nombró una comisión nacional. El 17 de julio de 1952, ésta inició sus deliberaciones en el Salón Dorado del Ministerio de Trabajo y Previsión. Se han conservado sus actas y gran parte de la versión taquigráfica de sus sesiones. De ellas nos valemos para la narración que sigue. La “Señora” estaba muy próxima a su fin, pero no descuidaba “su” monumento. Quería que se levantase en la plaza de Mayo y tuviera dimensiones colosales. Aunque la cripta

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debía ser altísima, la entrada sería baja, semejante a la de la tumba de Napoleón, “para que los contreras se agachen” –según decía. El lugar elegido para la erección no parecía apropiado. Era demasiado estrecho para las vastas proporciones del monumento. Pero “la Señora” insistía en aquel, y era preciso satisfacerla. Se pensó, en voltear los edificios de Intendencia y “La Prensa” –“lo que es muy fácil”, dijo Cámpora –y en correr la pirámide- “corrida varias veces”, acotó Subiza-, pero de cualquier manera no había modo de ubicarlo. La comisión no sabía cómo resolver el problema. La senadora Larrauri y el subsecretario de Prensa y Difusión, Apold, no cejaban en señalar la voluntad de la homenajeada: “Nosotros sabemos que la señora Evita quiere que lo hagamos en la plaza de Mayo”. Alguien señaló que tal vez pudiera erigírselo en la intersección de las avenidas de Mayo y 9 de Julio, pero en seguida fue replicado: “La Señora insistió siempre en que fuera en la plaza de Mayo”. Puesto que no había forma de tomar otra determinación, debió acatarse esa voluntad. ¿A quiénes se llamaría a concurso para la obra del monumento? ¿A argentinos o a extranjeros? Apold dudaba de que entre los primeros hubiera buenos escultores que también fueran peronistas. La “Señora” pensaba que no debía prescindirse de los extranjeros. Como surgieran algunas dudas sobre el particular, se sugirió que se la consultada. “La Señora habla y razona perfectamente –dijo Apold- y en cualquier momento se le pregunta”. No hubo tiempo. Pocos días después se produjo el fallecimiento por todos presentido. Desde entonces perdieron importancia sus deseos. Restaban los del dictador, que en lo sucesivo se trató de interpretar fielmente. En realidad, la elección del escultor estaba hecha, puesto que el italiano Leone Tommasi trabajaba ya en el proyecto, al margen de todo concurso y probablemente por encargo directo de Perón. De cualquier modo se creyó conveniente simular la competencia, y a ese efecto el ministro Dupeyron redactó una cláusula en los siguientes términos: “El proyecto deberá trasuntar, de parte de los participantes, artistas, escultores, arquitectos e ingenieros argentinos o extranjeros con no menos de dos años de residencia en el país, una profunda fe peronista y el hondo fervor que inspira la figura insigne de su jefe”. Y para que no existiere lugar a dudas, después de leer su proyecto, Dupeyron agregó: “Esto nos da a nosotros la pauta de poder eliminar, aún en los casos en que el proyecto sea el primero, si no responde el autor a lo que nosotros queremos que responda”. Una vez aprobadas las bases del concurso, se remitió una copia al dictador para su aprobación. No obstante, en una reunión posterior (acta Nº 9) se le efectuaron

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modificaciones cuyo origen no consta, y luego ya no se trató más de él. En cambio, sin que se mediara ninguna explicación, en la sesión del 28 de agosto la presidente de la comisión se refirió a una entrevista con el dictador y a la visita hecha al estudio del escultor Tommasi. Algunos meses después se firmó el contrato con la empresa Barra y el escultor mencionado. El monumento en que Tommasi trabajaba desde varios meses antes era el que debía erigirse al “descamisado”. Su figura principal representaba a un “trabajador”. ¿Cómo podría servir para perpetuar la memoria de la “Jefa”? La comisión no sabía qué hacer. Al fin resolvió nombrar una delegación muy reducida a objeto de que pudiera vencer los “escrúpulos” del dictador y le indicara la conveniencia de que la figura exterior del monumento fuera de “la Señora” No tuvo éxito. La razón que dio el dictador fue que la figura de la homenajeada no se reconocería, pues en tamaño tan grande resultaría ridícula. Claro que tal opinión la atribuyó al escultor, y toda vez que las reuniones de la comisión se trató del asunto, se tacharon en las versiones taquigráficas las expresiones que hicieran suponer lo contrario. El escultor Tommasi no pudo ser consultado por la Comisión Investigadora, puesto que no ha regresado al país, pero una serie de hechos permite sospechar con sobrado fundamento que el dictador, quería convertir el proyectado monumento en un homenaje a su persona. En primer término, como es público y notorio por haberse publicado en su oportunidad la fotografía de la maqueta, el parecido de la figura exterior con la del dictador era notablemente acentuado y no pasó inadvertido a nadie. En segundo término, la negativa al pedido de la comisión de cambiar dicha figura, dándole una razón pobrísima y no efectuándose ningún boceto que permitiera estudiar la modificación. En tercer lugar, la imposición – o en el mejor de los casos el aprovechamiento- de un proyecto ya muy adelantado que el dictador encomendó directamente al escultor Tommasi. En cuarto lugar, lo manifestado por Dupeyron, quien, según la versión taquigráfica del 23 de septiembre de 1952, expresó que “la intención del escultor es poner la cabeza del general”. Y en último término, las constancias de actas, según las cuales se había provisto que en el mismo monumento descansarían los restos del dictador. Desechada la idea del concurso, Tommasi quedó definitivamente encargado de convertir su ya estudiado monumento al “descamisado” –o mejor dicho, al trabajador con la figura de Perón- en nominal monumento a “la Señora”.

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El costo aproximado que se había establecido para la obra era de ciento cincuenta millones de pesos, pero el ministro Dupeyron lo calculó entre trescientos y cuatrocientos millones. En la parte superior de la misma se colocaría una estatua del dictador, de 53 metros de altura con la cual el conjunto alcanzaría a 139 metros, o sea más que la estatua de la Libertad colocada a la entrada de Nueva York. Llevaría además 16 figuras de 5 metros de alto en mármol de Carrara de una pieza, que costarían 50.000 dólares por unidad. Una importante empresa metalúrgica donó 400 toneladas de hierro, extorsionada al parecer por dos funcionarios de Control de Estado, según declaró su presidente. Los fondos recaudados superaron a los cien millones de pesos, no pudiéndose establecer con exactitud la totalidad del monto, porque algunas instituciones, como la CGT por ejemplo, manejaron a su arbitrio los percibidos por ellas y no cumplieron la disposición legal de depositarlos en la única cuanta autorizada, ni la rindieron a la comisión respectiva. Como es sabido, el monumento emplazóse posteriormente en los jardines de la Recoleta, frente a la residencia presidencial. La voluntad de “la Señora” no se cumplió. La Revolución Libertadora impidió, por su parte, que se cumpliera la voluntad del dictador. Nada hay más opuesto al espíritu sanmartiniano que la autoglorificación. No se concibe que el Libertador pensara ni permitiera dar su nombre a tantas cosas y lugares como lo hizo Perón, y menos todavía que admitiese o promoviese la eracción de monumentos con su figura. Más hace pensar en Guzmán Blanco, aquel dictador de Venezuela que se hizo llamar “ilustre americano” y erigir en Caracas dos estatuas, junto a las cuales solía pasearse. En cierta ocasión lo acompañó Miguel Cané, el autor de Juvenilla, quien ha relatado el episodio en una página que, por muchas coincidencias, nos permite recordar al lector. Es la siguiente: “-¿No le hace a usted, señor ministro –me dijo con un acento especial- un curioso efecto pasearse con un hombre, al pie de su propia estatua? -A la verdad, señor, “es un caso original, que no me ha ocurrido nunca” Si –añadió, y su fisonomía tomó una expresión de détachement completo de las cosas terrenas, un vago tinte de más allá-; si, es anómalo y admira al extranjero. No he podido evitarlo, o mejor dicho, no me he sentido con fuerzas ni con derecho para impedir que el pueblo glorifique su propia acción, que la providencia ha personificado en mi. Por lo demás, yo he entrado ya en la posteridad y ese homenaje es ya un juicio póstumo…

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-Yo miraba a aquel hombre con la admiración profunda que me inspiran las dotes de que carezco, llevadas a su más esplendoroso desarrollo. El buen gusto, el tacto, la delicadeza moral, el sentido común, cual me aparecieron entonces como la triste impedimenta que nos obstruye a nosotros, los vulgares, el camino de las grandes situaciones y de las ilustres denominaciones… Dos años más tarde, recibía en mi modesto cuarto del Grand Hotel, en París, la visita del general Guzmán Blanco, instalado en la capital francesa con su familia, en virtud de un vuelco político ocurrido en Venezuela, con caracteres de terremoto, por cuanto dio en tierra con las estatuas del “ilustre americano”, teniendo la posteridad, por ese accidente, que rehacer su juicio sobre el distinguido personaje. A ella lárdua sentenza” (13)

El mando sin término. Las dictaduras no pueden fijarse plazos ni limitaciones. Tampoco admiten sucesores sino en los casos de muerte natural, porque en los otros, los de muerte violenta, aunque temidos, no quieren mencionarlos ni proveer a su solución. Apenas Perón comenzó el ejercicio desembozado del despotismo, trazó el plan de sus reelecciones indefinidas, y a ese efecto dispuso que en la carta orgánica de su partido se incluyera una cláusula por la cual “en caso de que un afiliado ejerciese la primera magistratura de la República y en atención a que la Constitución Nacional lo designara como “jefe supremo de la Nación” será reconocido por igual calidad dentro del partido y en consecuencia se lo faculta para modificar las decisiones de los organismos”. El mismo congreso partidario acordó auspiciar la reforma de la Constitución y recomendar la reelección del presidente y vicepresidente del la República. Sabido es que así se hizo, y que sólo el alzamiento de las fuerzas armadas y del pueblo en las jornadas de septiembre de 1955 pudo evitar la indefinida dictadura. Muchas desventuras y una larga tiranía perduraban en el recuerdo de lo0s Constituyentes de 1853 cuando resolvieron que “el presidente y el vicepresidente duraran en sus empleos el término de seis años, y no pudieran ser reelegidos sino con intervalo de un período”. Disposición completada con la que establece que el presidente cesa en el poder el día mismo en que expira su período de seis años; sin que evento alguno que lo haya interrumpido, pueda ser motivo de que se le complete más tarde”. En los noventa y tantos años de vigencia de tan sabias y prudentes disposiciones constitucionales, ningún hombre ni partido se hubieran animado a reformarlas. Por más ásperas y violentas que fueran las luchas de las facciones y las ambiciones de sus jefes, y por más vicioso el ejercicio de la democracia, aquellas cláusulas permanecerán intocables. Tiranuelos y dictadores de todo jaez había entonces en muchos países de

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nuestra América turbulenta, pero ninguno asomaba ya en la Argentina. Creíase que estábamos inoculados contra tal virus y sentíamos confesado orgullo de que todos nuestros presidentes, aún aquellos a quienes se señaló como oligárquicos, no se hubieran excedido ni una hora en el ejercicio del mando. La vieja patria de las horas difíciles y heroicas vivía en ellos, y la sangre derramada por la libertad en tantos combates, señalaba aún cómo se debían cuidar esos preceptos constitucionales. Pero no hay ley que contenga al delincuente ni cerrojo que no haga saltar el ladrón. La dictadura volvió a aparecer en nuestra tierra, y lo primero que atacó fue precisamente esas cláusulas que la constreñían. El país no evitó entonces tamaño atentado. El dictador lo tenía adormecido, y el miedo, paralizado. La obsecuencia y la ignorancia hicieron lo demás.

Su enriquecimiento. En 1943, el jefe virtual del GOU no tenía otra fortuna que el sueldo de su grado militar y los pocos ahorros acumulados durante el curso de su carrera. Seis años después, con tres de ejercicio de la primera magistratura, reunió en su despacho a periodistas nacionales y extranjeros con el fin de que presenciaran su entrega al escribano general de gobierno de la Nación, de la declaración jurada de sus bienes, previa lectura de la misma. Los bienes declarados, que a esa fecha poseía juntamente con su esposa, eran los siguientes: una quinta con casa habitación en San Vicente, Buenos Aires, con dieciocho hectáreas; un automóvil Packard; efectos personales. Bienes testamentarios indivisos; establecimiento de campo en Sierra Cuadrada, Comodoro Rivadavia, con instalaciones y hacienda; una bóveda en el cementerio de la Chacarita y un terreno en el pueblo de Roque Pérez, Buenos Aires. Se declaró deudor, asimismo, del Banco Hipotecario Nacional por la suma de 50.000 pesos, de un gravamen sobre la casa quinta. Al día siguiente de estallar la revolución, cuando la suerte de la Nación se iba a decidir por las armas y mientras exponían sus vidas militares y civiles –dijo la Suprema Corte al resolver sobre el destino del patrimonio acreditado después del 4 de junio de 1943-, el entonces presidente de la República solo se preocupó de la administración de sus bienes, ya notablemente superiores, otorgando ante el escribano Raúl F. Caucherón un poder amplio de administración a favor de Ignacio Jesús Cialceta y Atilio Renzi. La investigación posterior reveló que el presidente depuesto poseía, solamente en el país, una cuantiosa fortuna. Además de los bienes denunciados seis años antes, continuaba

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como propietario de la finca de San Vicente, pero con mejoras por valor de 3.410.000 pesos. Poseía, además los siguientes inmuebles: Gelly y Obes 2287/89, de ocho pisos y terraza; Callao 1944, con igual cantidad de plantas y 17 departamentos; Teodoro García 2101, con tasación judicial de 545.000 pesos; una finca en Casa Grande, Córdoba, con valuación fiscal de 160.000 pesos. Poseía, también, acciones del establecimiento Santa María del Monte, Buenos Aires, por tres millones de pesos, que Juan Duarte entregó a Héctos J. Díaz, presidente entonces del Banco de la Provincia de Buenos Aires, para ser depositadas con la manifestación de que “solo podía disponer de ellos Juan D. Perón”, acciones de la Territorial La Victoria S.A., del Uruguay, por 200.000 pesos oro uruguayo. En dinero, además de depósitos bancarios por 50.000 pesos, tenía a su sola disposición y sin cargo de rendir cuentas, la suma de 5.623.707 pesos correspondientes a la ex Fundación. Por otra parte, en sus diversas residencias se encontraron mil doscientos plaquetas de oro y plata, 756 objetos de platería y orfebrería, 650 alhajas, 144 piezas de marfil, 211 motocicletas y motonetas, diecinueve automóviles, un avión, dos lanchas, 394 objetos de arte, 430 armas antiguas y modernas, además de otros objetos valiosos. El apoderado del ex mandatario, al presentarse ante la Junta de Recuperación Patrimonial, manifestó que todos esos objetos provenían de obsequios, por lo que le pertenecían en forma legítima, pero –señala aquella decisión- no acreditó que ese enriquecimiento haya tenido una causa jurídica válida. Este fenómeno de las donaciones –agregase- es extraño a las tradiciones civiles y políticas de nuestro país. Ningún presidente argentino ha recibido jamás tal suma de regalos de valor. No bastaría para justificarlo invocar su popularidad pues también fueron indiscutiblemente populares Mitre, Sarmiento, Sáenz Peña e Yrigoyen, y todos ellos dejaron el poder más pobres que en el momento de asumirlo. La explicación de esa cantidad de donaciones reconoce otros motivos, y se basa en la enorme suma de poder que acumuló, aniquilando los derechos y garantías de la Constitución y suprimiendo el orden jurídico. Cuando esto llega a ocurrir en el país – dijo la Corte- los ciudadanos no disponen de derechos sino de concesiones de la autoridad, complaciéndose al poderoso con “donaciones” o con expresivas muestras de lealtad, así se organizaban por agentes vinculados al gobierno, colectas de fondos para regalos al ex mandatario o su esposa, como también adhesiones a su política y a su persona. Es cierto que fueron donaciones, pero tuvieron una causa ilícita y, por lo mismo, ningún título legítimo puede fundarse con respecto a las cosas así adquiridas. Razón se ha tenido al afirmar que la adjudicación al Estado de los bienes obtenidos por medios ilícitos o con causa ilícita, constituye una sanción que el derecho privado ha incorporado a los códigos modernos “El decreto 5.148/55 está dentro de la tradición jurídica al disponer que los enriquecimientos ilegítimos obtenidos por los funcionarios del régimen depuesto y sus cómplices pasen al patrimonio de la Nación. Mucho habría

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retrocedido moralmente la humanidad, si en 1957 un tribunal de justicia de cualquier país del mundo pudiese declarar legítimo lo que hace más de treinta siglos se denunciaba como corruptor y deshonesto”. Con ser muchos los bienes que el dictador poseía en nuestro país, presumiblemente no alcanzan ni remotamente a los que dispone en el exterior. Aunque no ha sido posible investigar a este respecto, no cabe duda que fue el principal beneficiario de los grandes negociados hechos con su consentimiento, los cuales no tendrán sentido sin esa razón.

Su caída. Las extralimitaciones, arbitrariedades, atropellos y vejámenes del dictador y, sobre todo, la certidumbre de que su régimen se haría cada vez más intolerable, preparó los ánimos para provocar su caída. Las extralimitaciones, arbitrariedades, atropellos y vejámenes del dictador y, sobre todo, la certidumbre de su régimen se haría cada vez más intolerable, preparó los ánimos para provocar su caída. Los ciudadanos que de buena fe habían creído en él se le alejaban; los trabajadores sin interés político dentro de los gremios, perdían la confianza en el causante del encarecimiento de la vida y de la reducción del valor de la moneda, o sea, de la efectividad de los salarios; los católicos comprobaban la sistemática persecución de que eran objeto; los sectores agropecuarios sufrían la explicación de las entidades monopolizadoras de la comercialización de sus productos; la industria y el comercio eran víctimas del dirigismo y la competencia estatal. El dictador permanecía insensible a todo ello. Había conseguido desbaratar varios motines y vencer la revuelta armada del 28 de septiembre de 1951, dirigida por el general Benjamín Menéndez. Confiaba en sus recursos, en su ascendente sobre los trabajadores y en la insensibilidad de las fuerzas armadas. De tanto en tanto hacía circular o permitía que corrieran versiones sobre la precariedad de su salud. Algunos especialistas extranjeros llegaban al país con el presuntivo propósito de examinarlo. La oposición se inclinaba a creer que graves males amenazaban su vida, y adormeciase a la espera de las consecuencias. Esto es lo que aquél quería. De pronto mostraba su vigor físico para dar confianza a sus partidarios y burlarse de los rumores. En los dos últimos años de gobierno su capacidad y concentración para el mismo habían amenguado “a punto tal que era frecuente su distracción después de pocos minutos de prestar atención a un determinado tema, y su evidente aburrimiento para abordar

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problemas complejos. Solo se dedicaba a las tareas de gobierno hasta las diez y media u once de la mañana, contrariamente a lo que sucedía en su primera presidencia. Por las tardes se dedicaba a tareas que significaban, sin duda, una distracción más que un trabajo” (14). Aunque el miedo o el interés hiciera callar a sus ministros y colaboradores, algunos advertían las fallas de su entendimiento, y lo juzgaban. Uno de aquellos, Alfredo Gómez Morales, expresó en su declaración ante la Comisión Investigadora: “Resulta evidente la extraordinaria sensibilidad electoralista del ex presidente, pero aun reconociendo este aspecto de su personalidad, entiendo que algunas medidas en materia económica, contrarias al interés general, las decidió más por su real desconocimiento del fondo de los problemas económicos y de su verdadera ponderación que por el conocimiento cabal de que estaba infligiendo un daño real a la situación del país” Había estimulado la obsecuencia y el servilismo para lograr el sometimiento total del pueblo. No consiguió éste, y aquéllos lo alejaron de la realidad. Se creyó superior a todo y capaz de todo. Había llegado a lo que en un momento de clarividencia previó con acierto. Dijo entonces “Cuando un conductor cree que ha llegado a ser un enviado de Dios, comienza a perderse. Abusa de su autoridad y de su poder; no respeta a los hombres y desprecia al pueblo. Allí comienza a firmar su sentencia de muerte” (15). El discurso del 31 de agosto de 1955 dio al país la certidumbre de que su primer magistrado estaba poseído por las pasiones más tremendas y dominado por el delirio exterminador (16). El ilustre cartel de Retz decía: “Después de ciertas faltas capitales, nada se puede hacer que sea sensato.” El caso del dictador lo confirmaba Cuando se produjo la revolución quedó anonadado. Su verbosidad habitual no tuvo palabras para condenar el movimiento cívico militar ni para incitar a sus partidarios a defender el gobierno. Harto sabía que sólo el azar le permitió salir airoso el 16 de junio. La revolución del 16 de septiembre se le apareció desde los primeros momentos, mucho más grave. No confió en sus fuerzas ni en su gente. Convencido de que no podía vencerla, se apresuró para la fuga. Llamó al administrador de la residencia presidencial, y le dijo: “Vea Renzi, Yo no sé si me pueden matar, y pienso irme, alejarme del país, Yo le voy a dar el poder general de la Fundación Evita” (17). Antes de abandonar su casa, el dictador tomó algunas providencias acerca de sus bienes. No tenía ánimo para más. A esas horas todavía se luchaba en Córdoba y otros sitios. Por haber creído en él, daban la vida sus más valientes partidarios, y por cumplir órdenes morían jóvenes soldados. A todos abandonó el dictador. En esa dura emergencia no imitó a Adolfo Hitler sino a Cipriano Castro. En la mañana lluviosa del 20 de septiembre se asiló en la embajada del Paraguay, y doce días después partió hacia el exilio.

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De quien se olvidó totalmente fue de Vigil Gheorghiu. El famoso autor de La hora veinticinco y de La segunda oportunidad, alojado en la residencia presidencial de Olivos, no supo qué hacer. Había sido contratado para escribir dos panegíricos del dictador, que, traducidos a varios idiomas, debían servir en el extranjero para la propaganda del “general de los descamisados” y, también, para mostrar al mundo el ejemplo de “los descamisados del general”. La caída de su “héroe” dejó alelado al escritor. Ya no haría esos libros; debía buscar otro cliente. En espera de la “nueva oportunidad”, pergeñó unos cuantos artículos que algo muestran del ambiente y de los hombres que rodeaban al dictador. NOTAS: (1) La actuación del entonces capitán Perón en esos sucesos figura narrada detalladamente por él mismo en las “Memorias sobre la revolución del 6 de septiembre de 1930”, del general José María Sarobe. (Buenos Aires 1957.) (2) En el libelo que Perón publicó en el extranjero después de su caída, ha dicho por el contrario, que la revolución del 4 de junio no tuvo contenido político, económico ni social, y que provocó el caos (capítulo II). (3) Conocida es la carta atribuida a Perón, uno de cuyos párrafos dice: “Los trabajadores argentinos nacieron animales de rebaño y como tales morirán. Para gobernarlos basta darles comida, trabajo y leyes para rebaño que los mantengan en brete”. Recuerda esta opinión a la siguiente que el conde Ciano atribuyó a Mussolini: “Al pueblo italiano hay que tenerlo sujeto desde la mañana hasta la noche y darle palos, palos y palos”. Y también a esta otra: “para hacer grande a un pueblo hay que conducirlo aunque sea a puntapiés en el trasero”. (4) Conducción Política, página 20. (5) Conducción Política, página 21. (6) Conducción Política, página 46. (7) Conducción Política, página 253. (8) Citado por Ibarguren en “Juan Manuel Rosas”, capítulo XII. (9) Discurso del 5 de julio de 1946. (10) La frase es del simpático padre Brochero, “el cura gaucho” popularísimo a principios de este siglo en las sierras de córdoba. Perón la citó alguna vez señalando su origen, pero después se adueño de ella y la hizo pasar por suya. (11) De “La razón de mi vida” se imprimieron 1.388.852 ejemplares, según manifestación de la casa Jacobo Peuser, S.A. “El producto de la venta se transfería a la autora por liquidaciones periódicas, previa deducción del costo de impresión y papel empleado. (12) Muy pocas veces se negaba la pareja gobernante a recibir el homenaje. Una de ellas fue cuando el Banco de la Nación decidió la subdivisión del campo de 10.000 hectáreas El Pelado, de Atucha, en Colón, provincia de Buenos Aires. El entonces presidente del banco hizo saber al dictador que se había dado su nombre a la colonia, y el de su esposa, a la escuela. En este caso ambos rechazaron la habitual obsecuencia; él, porque no quería que llevara su nombre un “barrio de latas” agrícola –textuales palabras-

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; y ella, en razón de que el precio de la escuela a construirse no iba a ascender sino a treinta y cinco mil pesos, no tolerando que su nombre se pusiera en ninguna obra de costo inferior a cien mil. (13) Miguel Cané: Prosa ligera, “Mi estreno diplomático” (14) Declaración del ex ministro Alfredo Gómez Morales en expediente “Degliuomini de Parodi, Delia s/ investigación general”, fojas 294. (15) Conducción Política, página 28. (16) Véase el Apéndice de este libro. (17) Declaraciones de Atilio Renzi ante la Comisión Investigadora Nº 7.

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EL PARTIDO OFICIAL

Cómo se constituyó En una de sus conferencias sobre conducción política ha dicho el dictador cómo comenzó a formar su partido. Aunque todos lo recuerdan todavía, conviene conocer sus propias palabras, ya que el libro que las contiene sólo ha llegado a un grupo de sus adictos.

“Cuando fui a la Secretaría de Trabajo y Previsión, en 1944, me hice cargo, primero, del Departamento Nacional de Trabajo y desde allí pulsé la masa. Comencé a conversar con los hombres, a ver cómo pensaban, cómo sentían, qué querían, que no querían, que impresión tenían del gobierno, cómo interpretaban ellos el momento argentino, cuáles eran sus aspiraciones y cuáles eran las quejas del pasado. Fui recibiendo paulatinamente, como mediante una antena muy sensible, toda esa inquietud popular. Después que percibí eso, hice yo una apreciación de situación propia, para ver qué era lo que resumía o cristalizaba todo ese proceso de inducción, diremos, de la masa. Llegué a una conclusión y comencé una prédica, para llevar la persuasión a cada uno de ellos que me escuchaban sobre qué era lo que había que hacer. Lo que había que hacer era parte de lo que ellos querían y parte de lo que quería yo. Quizá alguna vez no les satisfacía del todo lo que yo quería; pero, en cambio, les satisfacía todo lo que ellos querían y que yo había interpretado, y se los decía. Algunos, cuando yo pronuncié los primeros discursos en la Secretaría de Trabajo y Previsión, dijeron: “Este es comunista”. Y yo les hablaba un poco en comunismo. ¿Por qué? Porque si les hubiera hablado otro idioma, en el primer discurso me hubieran tirado el primer naranjazo… Porque ellos eran hombres que llegaban con cuarenta años de marxismo y con dirigentes comunistas. Lo que yo quería era agradarles un poco a ellos, pero los que me interesaban eran los otros, los que estaban enfrente, los que yo deseaba sacarles. Los dirigentes comunistas me traían a la gente para hacerme ver a mí que estaban respaldados por una masa. Yo los recibía y les hacía creer que creía eso. Pero lo que yo quería era sacarles la masa y dejarlos sin masa. Es el juego político natural; es lógico. Cuando les halaba a los hombres, les decía primero y mezcladito lo que había que hacer, lo que yo creía y que quizá ellos no creían. Pero cuando yo les decía la segunda parte, que era lo que ellos querían, entonces creían todos, y se iban con sus ideas y con las mías, y las desparramaban por todas partes.

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Empezaron a decir: hay un loco en la secretaría que dice algunas cosas que son ciertas, que nos gustan a nosotros, Llegaban diez y les hablaba a diez; si llegaban diez mil les hablaba a diez mil; si llegaba uno le hablaba a uno. Era mi tarea. Mi tarea era persuadir. Durante casi dos años estuve persuadiendo, y como iba resolviendo parte de los problemas que me planteaba la gente que yo iba recibiendo, la gente fue creyendo no solamente por lo que yo decía, sino también por lo que hacía. Esa persuasión paulatina me dio a mí un predicamento político del que yo carecía anteriormente. Yo no tenía antes nada de eso dentro de la masa, pero lo fui obteniendo con mi trabajo de todos los días y con una interpretación ajustada de lo que era el panorama de lo que esa gente quería y de lo que era. Cuando llegó el momento que todos creían que ese trabajo era vano, que yo había perdido el tiempo hablando, sobrevinieron todos los acontecimientos que me demostraron a mí y a todos los demás que no habíamos trabajado en vano, que esa masa estaba ya, mediante un proceso lento pero bastante efectivo, captada, con lo que ya tenía el primer factor que es necesario tener para conducir, que es la unidad total y que se obtiene cuando la masa comienza a estar organizada. La masa inorgánica comenzó a tomar unidad y a ser conducible. Es indudable que para esto tiene gran importancia que el que conduce sepa utilizar lo que tiene a mano para hacerlo. El proceso de capacitación de la masa, si uno fuera a tomar uno por uno, es inalcanzable. Es algo así como el que quiere terminar con las hormigas arrancándolas una por una y tirándolas al fuego. Hay un procedimiento mucho más eficaz que los hombres olvidan, que es el de tomar a la masa en grandes sectores. Los políticos nunca habían utilizado la radio para su acción. Más bien utilizaban las conferencias callejeras, donde los hombres los veían. Yo también me hice ver, primero, porque eso es indispensable. La acción de presencia y la influencia directa del conductor es importante, pero la mayor parte de la masa ya me había visto y yo, entonces, les hable por radio, que era como si me siguieran viendo. De manera que yo les hablaba a todos. Imagínense lo que significa la utilización de los medios técnicos en la política, cosa que no habían hecho mis antecesores. Por eso me fue posible el día anterior a las elecciones, dar una orden que el día siguiente todos cumplieran. Fue así como ganamos las elecciones. Nuestros adversarios políticos, cuando nosotros dimos esa orden, se reían, pero después del escrutinio ya no se rieron tanto. Era lógico. Eran sistemas mediante los cuales asegurábamos una unidad de acción de la masa peronista que ellos no pudieron asegurar. Esa sorpresa, mediante el mantenimiento del secreto hasta el último momento, fue la que nos permitió, de un solo golpe, decidir la acción a nuestro favor” (1).

A la vez que atraía a los dirigentes de los trabajadores, el ambicioso coronel de aquella época intentó la captación de los políticos a quienes tanto vituperó posteriormente. Su posición oficial facilitaba la empresa. En entrevistas privadas les habló según conviniera al caso. Se mostró enemigo del “régimen” a los radicales, y adversario de éstos a los

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conservadores; agitó el peligro comunista a los católicos y el imperialista a los promotores del nacionalismo. A los industriales y comerciantes les quiso convencer de que su acción los favorecería porque implicaba la defensa del capital frente a las tendencias extremistas, fortalecidas en casi todos los países de Europa después del triunfo soviético en la segunda guerra mundial. De todos los partidos y grupos consiguió separar elementos. Presentían algunos de estos que el coronel movedizo y parlanchín montaría el “caballo del comisario” y, por lo tanto, ganaría la carrera. Seducía a otros la posibilidad de salir del anonimato en que hasta entonces andaban hundidos dentro de sus agrupaciones, y no faltaban quienes sólo se conformaban con hacer convenientemente negociados. El coronel aceptaba a todos. Necesitaba sumar de cualquier manera para luego ganar en cualquier forma. No consiguió, cierto es, mucha gente de positiva valía, pero en realidad no le interesaba. Hacía una “guerra de montonera”, como él mismo dijo, y para ella no le eran menester sino modestos ejecutores en la mayor cantidad posible. Muy pocas coincidencias había entre los dos sectores principales de ese conglomerado. En el de los trabajadores, reunidos o no en sindicatos, había de todo: socialistas, comunistas, sindicalistas, anarquistas. En el otro había nacionalistas, católicos, liberales. Unirlos no era fácil, y menos aún, con rapidez a fin de que sirvieran en la próxima contienda comicial. Zurció el coronel unos cuantos principios generales que tanto sirvieran para un roto como para un descosido, los estructuró luego en lo que llamó su “doctrina”, peroró copiosamente para hacerla entender a la gente sorprendida de su inigualada verborrea, y así improvisó un conglomerado suficiente para afrontar la elección del 24 de febrero de 1946. Triunfó. Obtuvo 1.479.511 votos y se adjudicó 304 electores. La fórmula de la oposición, Tamborini - Mosca, logró 1.210.822 votos y solo 72 electores de Córdoba, Corrientes, San Juan y San Luis. (2) Este triunfo hubiera satisfecho a cualquier otro partido, sobre todo a uno de reciente formación. Pero no satisfizo al coronel que lo había creado. Necesitaba una mayoría más neta, como las que en Alemania y países comunistas alcanzaban los regímenes gobernantes. Solamente así podría jactarse de que su partido era la nación misma y no el grupo más numeroso de ella. Por lo demás, aquella mayoría precaria, conseguida a fuerza de astucia e intimidación, podría desvanecerse en cualquier elección venidera. Para evitar esa contingencia, no había que dormirse. Nada de esperar nuevos comicios para hacer propaganda. Hablar al pueblo en seguida, hablarle directamente, obsesionarlo, distraerlo, halagarlo, indignarlo contra los enemigos verdaderos o supuestos, estar siempre presente ante él, de modo

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que casi nada pudiera hacerse o decirse sin que de un modo u otro no se nombrara a su conductor. En un principio su partido se llamó “Laborista”, luego “Partido Único de la Revolución”. Pero –ha dicho el dictador- sus amigos “continuamente insistían en utilizar la designación del Partido Peronista”, y a principios de 1947 le pidieron autorización para darla a todas las fuerzas que lo seguían. Consintió. Nadie, en el pasado, hubiérase animado a tanto. Ni los rivadavianos ni losurquicistas, mitristas, alsinistas, roquistas, juaristas, pellegrinistas o yrigoyenistas, seguidores de figuras de gran predicamento político en diversas épocas de nuestra historia, pensaron jamás en dar “oficialmente” tales denominaciones a los partidos en que estaban enrolados. Si a algunos obsecuentes se les hubiera ocurrido tamaño despropósito, los jefes los hubieran censurado, porque, por más decisiva que fuera su influencia y difundida su popularidad, la calificación personalista de sus partidos no sólo contrariaba sus convicciones democráticas, sino también su discreción y buen gusto. Ni siquiera los dictadores europeos que el coronel tuvo por maestros, llegaron a dar sus nombres a los partidos que habían formado. Tampoco se hubiera animado nadie, en otro tiempo, a crear un escudo para su partido, con ánimo de equipararlo con el nacional y con la intención, si posible fuera, de reemplazarlo. En cientos de miles de ejemplares se lo mostró en todas las oficinas y actos públicos, como un símbolo más de la Nación. La provincia del Chaco –que entonces se llamó Presidente Perón- lo adoptó como propio. “Este escudo –decía su ley Nº 4, artículo 1º.será exactamente igual al escudo del Partico Peronista, es decir, de fondo azul en la parte superior y de fondo blanco en la parte media inferior; una pica dorada sosteniendo un gran gorro frigio en color rojo y dos manos entrelazadas sosteniendo ese símbolo; además, tendrá un marco dorado circundando al escudo, y tres hojas de laureles en fondo dorado, y en el casquete de éste, un medio sol dorado”. A todo esto, que distingue el escudo originario del partido, el de aquella provincia agregaba “en la parte superior, mirando hacia el exterior, la cabeza del creador del justicialismo”. Jefe único e indiscutido del “movimiento” era el dictador. El secretario general de la CGT y los presidentes de las dos ramas del partido, y por lo tanto todos sus organismos y dirigentes, no eran más que dóciles ejecutores de su voluntad. Eduardo Vuletich, secretario de la central obrera, ha declarado lo siguiente: “El ex presidente no daba órdenes sino que, habitualmente, hacía insinuaciones o sugestiones que en la práctica importaban verdaderas órdenes, ya que si no eran cumplidas se hacían pasibles quienes las habían recibido de las sanciones del gremio u organización a que pertenecían; además, si satisfecha la orden recibida, su resultado era contraproducente, no se podía imputar al ex presidente el error, ya que él no la había dado simplemente, insinuado, asumiendo el ejecutor la responsabilidad del error” (3).

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“A mí me creían presidente del partido –ha dicho Alberto Teisaire- pero no lo fui. Presidente del partido era Perón. La dirección maestra era un poco decorativa; no podíamos hacer nada sin una orden que estuviera escrita y planificada”. Lo mismo aconteció en la rama femenina de la agrupación, con la sola diferencia que, mientras pudo, la dirigió “la Señora”, y luego el dictador.

Cómo se desarrolló El éxito atrae al éxito, sobre todo cuando quien lo busca carece de escrúpulos. En 1946 el gobierno de Corrientes había sido ganado por la Unión Democrática. De inmediato se interino esa provincia y el Senado rechazó a quienes debieron representarla en su seno. Era una advertencia. En adelante no se admitiría que el partido oficialista fuera derrotado. Desde entonces triunfó no sólo en Corrientes sino en todas partes. Con tal seguridad y con la presunción de que por mucho tiempo no habría posibilidad de cambio, quienes buscaban las ventajas y prebendas del oficialismo se volcarán al partido gobernante. Siempre había sucedido así y no podía esperarse otra cosa. Pero eso no bastaba, puesto que a pesar de ello los gobiernos solían perder elecciones. Entonces comenzó a practicarse la coacción. Las primeras víctimas fueron los empleados y funcionarios públicos. El dictador les exigía “la lealtad”, “entendiendo como tal la compenetración con los principios políticos, sociales y económicos inspiradores de la obra que desarrollaba el gobierno. Sin esa compenetración –decía en una de las circulares confidenciales pasadas a sus ministros en octubre de 1948- “el trabajo resulta consciente o inconscientemente, obstaculizador… Nuestro gobierno arranca de una revolución de sentido popular, preconizadora y prácticamente de la implantación de una política social que no puede ser sentida ni siquiera comprendida por una burocracia formada por la oligarquía capitalista y puesta al servicio de sus intereses de clase y no al de la colectividad. Por todo ello, recuerdo a los señores ministros la obligación en que se encuentran de sanear las oficinas a su cargo eliminando de las mismas a los empleados ineptos y a los que voluntaria o involuntariamente realicen una obra contraria a las normas de la revolución. Para llegar a ese saneamiento y a aquella doble selección, firmaré cuantos decretos de cesantía y de exoneración considere justos y me sean sometidos por los señores ministros” (4). Cuatro años después en la Tercera Conferencia de Gobernadores, expresó poco más o menos lo mismo. “una de las observaciones más fundamentales que hemos hecho

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nosotros es que todavía en la administración pública hay muchas personas que están fuera de su orientación diríamos así; ideológica en consecuencia, son saboteadores o inconscientes de la función pública. Esto se da en el orden de los funcionarios como los empleados de la administración pública, ya sea federal o provincial”. Luego de señalar el derecho del gobierno a poner en ejecución sus ideas, agregó que no debía quedar ni un solo empleado que no compartiera “total y absolutamente” su manera de pensar y sentir en lo que se refiere al orden institucional, administrativo y de gobierno dentro de todo el territorio de la República. “En esto hay que extremar: se lo deja o se lo exonera, según corresponda, por la simple causa de ser un hombre que no comparte las ideas del gobierno; eso es suficiente” (5) Consecuencia de esa directiva fue la afiliación en masa. Los tímidos, los pusilánimes, los necesitados, los tibios, los indiferentes, los miedosos, se apresuraron a inscribirse en el partido. Se sabían observados y temían las delaciones. En vísperas de la renovación presidencial de 1952, la acción proselitista fue aún más decisiva. Había que adherirse a la reelección del dictador, firmar los pedidos que sobre ella se hacían circular, contribuir a los gastos de la campaña, concurrir a las manifestaciones de público homenaje y a cuanto acto revelara la lealtad incondicional. El miedo aumentó, y de él se benefició la dictadura y el partido que la sostenía. Cuando cayó en 1955 casi no había empleado o funcionario público que no estuviera afiliado. La fuerza del “movimiento” era aparentemente incontrolable. En los comicios de abril de 1954, para la elección de vicepresidente y legisladores, obtuvo 4.994.106 votos contra 2.493.422 de la UCR. Era casi el 70% que el dictador había ansiado siempre. Podía confiar en el porvenir. Un año y medio después lo construido sobre mentira, el miedo y la coacción, se vino abajo.

Cómo se sostuvo Nunca ha sido fácil el sostenimiento económico de los partidos políticos. Apenas pueden contar con el aporte regular y periódico de sus afiliados, sobre todo si son de modestos recursos y sólo por excepción con donaciones de discreta importancia (6). La precariedad de medios los obliga, entre una y otra campaña electoral, a clausurar muchos de sus locales y a reducir al máximo la acción proselitista. En vísperas de comicios requieren contribuciones extraordinarias de afiliados, simpatizantes y amigos, insuficientes en la mayoría de los casos para costear los crecidos gastos de la campaña. Ni siquiera cuando un partido ejerce el gobierno debe contar con otros medios que los privados. Si esto no fuera así, el gobierno y el partido carecerían de decoro. El gobierno administra bienes del Estado, es decir de la Nación políticamente organizada. De ningún

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modo y por ningún motivo esos bienes pueden servir a un partido, aunque haya conquistado el poder, porque por más importante que sea sólo representa a una parte de la opinión pública. Los gobiernos corrompidos y los regímenes totalitarios confunden al Estado con el partido gobernante. Para ellos, el partido es la Nación, y por consiguiente el Estado. El resto, como decía Perón “son los barbaros, que no cuentan sino como enemigos a quienes es preciso destruir” (7). Todos los medios de que disponía el Estado estuvieron, durante la dictadura, al servicio del partido oficial, y es probable que muy pocos de sus dirigentes hayan dudado de que así debía ser. Uno de ellos, Héctor J. Cámpora, ex presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación e interventor del partido en la Capital Federal, consideraba muy natural la contribución de los organismos estatales, porque, a su juicio, “debían coadyuvar en la medida de sus posibilidades a la consecución de los objetivos perseguidos por el movimiento” (8). Para otro, Vicente Carlos Aloé, gobernador de la provincia de Buenos Aires, era perfectamente correcto que la Municipalidad de la Ciudad de La Plata pagara permanentemente el alquiler de un edificio a la sociedad La Gauloise, ocupado por la CGT, dado que ésta “desarrollaba una actividad gremial que lo justificaba” (9). Era el criterio general, revelador, sin duda, de supina ignorancia y de ilimitada desaprensión. Cuando el Partido Peronista Femenino necesitó instalar la sede de su consejo superior, el Ministros de Transporte le cedió dos pisos del inmueble avenida Roque Sáenz Peña 570; la Cámara de Diputados le proveyó de muebles; el Ministerio de Salud Pública de un consultorio ontológico completo, camillas para inyecciones y exámenes y una mesa e instrumental ginecológico de cirugía de emergencia y general; la Subsecretaría de Prensa y Difusión le proporcionó dos cámaras cinematográficas y la Municipalidad de Buenos Aires no sólo amueblo y decoró la sala de espectáculos e instaló los camarines de los artistas, sino dispuso la entrega de casas prefabricadas y locales varios con destino a las unidades básicas (10). En el resto del país se hizo lo equivalente en locales y dependencias de la Nación y de las provincias. En la de Buenos Aires “el gobernador Mercante proporcionaba a la sede del partido, en La Plata, los elementos necesarios para su gestión, como ser papel, estampillas, sobres, nafta, las reparaciones y arreglos de las sedes de las unidades básicas, por intermedio de la Municipalidad de dicha ciudad, así como también los automóviles de la gobernación (11). La casi totalidad del personal empleado en el Partido Peronista Femenino pertenecía a la administración pública y era pagado por ella (12). Imposible es estimar lo que esto importó durante varios años, pero a modo de ejemplo daremos algunas cifras suministradas por unos cuantos departamentos gubernativos. Sólo se refieren a unas 1.604 empleadas públicas, que trabajaban en diversas unidades básicas.

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Si se calcula una asignación correspondiente a un sueldo básico de $ 700.- m/n., durante 65 meses, o sea desde que esas empleadas ingresaron a la administración nacional a partir del 1º de abril de 1950 hasta la fecha en que cesó su adscripción a las referidas unidades, o sea hasta el 31 de septiembre de 1955, habíase malversado la cantidad de $ 119.485.652,65 según el siguiente detalle: Sueldo básico, $ 700, de 1.604 empleadas durante 65 meses

m$n 72.982.000.-

Aguinaldo 6.081.833,33 Salario familiar desde el 171752 al 31/9/55 calculando una persona a su cargo m$n 5.293.200.Bonificación decreto 6.000/52 desde 1/3/52 al 31/9/55

m$n 13.473.600.-

Bonificación decreto 7.025/51 desde 171751 al 30/9/55

m$n 12.575.360.-

Aporte patronal: 6% hasta 31/1/52

m$n 1.605.603,99

14% desde 1/2/52 en adelante

m$n 7.322.527.33

Total aporte patronal:

m$n 8.928.131,32

Seguro de vida: $ 0,75 mensuales desde el 1/1/51 al 31/12/53

m$n 43.308.-

$ 2,75 mensuales desde el 1/1/54 al 31/9/55

m$n 88.220.-

Total Seguro de vida:

m$n 131.528.-

Total malversado

m$n 119.465.652,65

En esa cantidad no se incluyen, como se ha visto, los gastos que demandó el uso de automotores de propiedad del Estado, puestos al servicio de algunas calificadas empleadas. Tampoco se señala el valor locativo de los locales ocupados por las unidades básicas (13), ni de las viviendas utilizadas por dichas empleadas en edificios nacionales, provinciales o municipales. La presidente del consejo superior del partido ha declarado también que los funcionarios del mismo poseían carnets y pases libres de tránsito para todos los ferrocarriles de la República y que la gobernación de Buenos Aires abonaba los pasajes que necesitaban los dirigentes señalados por la delegada censista. Juana Larrauri, que cumplia tales funciones en Entre Ríos, expresó que de acuerdo con un pedido de Eva Perón al gobernador, general Albariño, esa provincia contribuyó con $ 3.500.- mensuales hasta el mes de septiembre de 1955.

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“La provincia de San Luis –dice el informe de la Comisión Investigadora Nº 47- pagó asimismo el tributo al “movimiento” proveyendo automotores, choferes, combustible, lubricantes, viáticos y hasta tuvo que abonar $ 20.262,55 m/n. por la reparación de su coche Chevrolet –modelo 1946-, que había facilitado. Esa provincia contribuyó también con máquinas de escribir, cocinas, estufas, herramientas, y entre otras cosas con las fincas lote 9 del barrio Sosa Loyola, y la sita en Colón y Ayacucho, por la que abonaba la provincia a su propietario, señor Jorge Barboza, $ 1.100 mensuales en concepto de alquiler. “El Ministerio de Transporte (nota SG Nº 58/56), informa de la contribución prestada al Partido Peronista con la facilitación de 182 pases con derecho a cama, que hiciera por pedido de su presidente Alberto Teisaire. “Por su parte, el Ministerio de Hacienda de la Nación, entre otras muy diversas prestaciones gratuitas al Partido Peronista –empleados, automotores con chofer, nafta, aceite, muebles y útiles- desde fines de 1950 hasta octubre de 1955, facilitó los siguientes locales para unidades básicas: Capital Federal, barrio C. Saavedra, casa Nº 188; Ezeiza, barrio Esteban Echeverría, casas Nos. 63 y 83; Matanza barrio General Belgrano casas Nos. 314 y 2.877; Caseros barrio Villa Caseros, casa 1.A. “En Salta, barrio General Güemes, casa Nº 75; en Catamarca barrio Los Ejidos, casa Nº 35, barrio El Mástil, casa Nº 37, barrio Fray Mamerto Esquiú, casas Nos. 1 y 2, barrio Chumbicha G-2, casa Nº 2; en Santiago del Estero, barrio Libertad, casa Nº 205; en Corrientes, barrio Yapeyú, casa Nº 175; en San Luis, barrio Aristóbulo de Valle, casa Nº 7-F, y en Resistencia, barrio Nº 16, casas Nos. 4, 11 y 36. “Los alquileres que debieron devengar estos inmuebles durante el lapso que los ocupó gratuitamente el Partido Peronista, ascienden a $ 181.857,73; las refecciones que debió hacer el Ministerio de Hacienda cuando las recuperó importaron $ 4.283, lo que totaliza $ 186.140,73. “La provincia de La Pampa no escapó a esta regla. De entre las contribuciones que hiciera al Partido Peronista señalaremos sólo algunas por su significación: “Entregas en dinero efectivo: UES (14) General Pico

$ 1.960.-

UES General Pico

$ 2.453,30 Expediente 15.840/54

Unidad Básica General Pico

$ 2.000.- Expediente 15.840/54

Delegación Regional CGT

$ 10.000.- Expediente 595/55

Equipo Sonoro Cine p/ Int. Partido Peronista

$ 15.000.- Expediente 9.718/54

Cuadro Eva Perón

$ 4.000.- Expediente 15.414/54

Reintegro subvención a CGT p/ Día de la Lealtad

$ 3.000.- Expediente 13.846/54

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Partido Peronista

$ 10.000.- Expediente 10.434/54

Juventud Peronista

$ 70.000.- Expediente 6.974/54

“En el mismo expediente 24/56, consta el detalle de los muebles, útiles de oficina y hasta un juego completo de dormitorio, juego de living, cortinados, alfombras, ropas y vajilla, “que la delegada censista Erminda Villanueva de Seefeldt tenía en uso en su domicilio particular y que pertenecen a la provincia.” Las concentraciones públicas en Buenos Aires y en el interior, y muy especialmente las campañas electorales, requerían el aporte ilimitado de las reparticiones públicas. Empleados, automotores, pasajes en ferrocarriles, ómnibus y barcos, todo cuanto podía necesitarse en tales emergencias, incluso el alojamiento y alimentación de grandes cantidades de gente movilizada, era puesto al servicio del “movimiento”. Estaban forzados a hacer lo mismo las compañías de transporte vinculadas al Estado. Cuando se realizó en agosto de 1951 el “cabildo abierto del justicialismo”, por ejemplo, la Compañía Argentina de Navegación Dodero, en liquidación, se vio obligada, por pedido del ministro de Transporte, a dar alojamiento en sus buques “Córdoba” y “Buenos Aires”, con desayuno, almuerzo y comida (15), todo sin cargo, a novecientas personas, y por solicitud de la CGT debió alojar en el “Yapeyú”, en igual circunstancia e idénticas condiciones, a quinientas personas más. Aparte de eso debió proveer de desayuno a treinta y dos mil concurrentes a tal acto. Algo semejante sucedió el 17 de Octubre siguiente, con motivo de celebrarse el denominado “Día de la Lealtad”, en que la empresa debió compartir por partes iguales con la Flota Mercante del Estado los gastos de provisiones para los servicios de almuerzo y comida de los concurrentes venidos del interior. No debemos fatigar al lector con más detalles sobre el particular. Bastan los referidos para documentar lo que es de conocimiento público, pero que el tiempo haría olvidar si de ello no quedara constancia. A diferencia de los partidos de la oposición, perseguidos y pobres, el oficial no tuvo problemas de sostenimiento. Bastábanle los recursos del Estado, pero también contaba con las donaciones, casi siempre forzosas, requeridas a empresas y personas interesadas en no malquistarse con los peligrosos solicitantes (16). Sobre tales donaciones el partido no pagaba impuestos. La Dirección General Impositiva lo había eximido, fundada en que la ley respectiva dispone que están exentos de él los réditos que obtengan las asociaciones y entidades civiles de existencia social, caridad, beneficencia, etcétera. Ninguno de esos casos era el del partido oficial, pero importaba poco.

Cómo elegían sus candidatos

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La agrupación gregaria, formada en poco más de dos años, sin tradición alguna y sin conocimiento de sí misma, no tuvo tiempo de organizar sus cuadros directivos antes de las elecciones de 1946. No hubiera podido, en consecuencia, designar sus candidatos por cualquiera de los medios habituales, sea el de votación directa de los afiliados o el de la elección por asambleas o cuerpos más reducidos. Se vio obligada a designarlos de cualquier manera, teniendo en cuenta, principalmente, a los muy pocos afiliados de cierta notoriedad, y dejando que el resto, saliera al azar. Es posible que, para el caso, contara un tanto la voluntad del jefe, pero no era mucho lo que él mismo conocía de su partido. Con el tiempo hubieron algunos cambios, pero no esenciales. Aumentó considerablemente la influencia de “la Señora”, y el propio dictador hizo valer la suya, pero entonces, como al principio, no contaban para nada los afiliados. De las indagatorias hachas a los legisladores del partido, resulta que la candidatura de gran número de ellos fue señalada por el presidente, su esposa y por algunos influyentes en el ánimo del matrimonio. (Declaraciones de Judith Elida Acuña de Giorgetti, Josefa Dominga Brigada de Gómez, María Rosa Calviño de Gómez, María del C. Casco de Agüer, maría Elena Casuccio, António J. C. Deimundo, Elena Di Girolamo de Valente, Esther Mercedes Fadul, Virgilio M. Filippo, Dora M. Gaeta de Iturbe, Bernardo gago, Jorge N. Gianola, Alberto Antonio Graziano, Mario Guberville, Mafalda Piovano de Castro, Zulema N. Prácánico y Carmen Salaber). Otros fueron hechos candidatos a diputados o a senadores nacionales por decisión de las delegadas o subdelegadas censistas, y en muchos casos ellas mismas fueron designadas. (Casos de Generosa Aguilar de Medina, Hilda N. C. de Baccaro, María Nélida Costa, Nélida Antónia Domínguez de Miguel, Camila Flores de Quinteros, Ana Carmen Macri, Amelia Pardo Lavanchi, Ceferina Rodríguez de Copa.) La inmensa mayoría de los elegidos supieron con sorpresa por los diarios o la radio de sus designaciones, enterábanse después acerca de quienes los habían propuesto, y hasta existe el caso de un legislador que nunca supo por qué ni por indicación de quien fue elegido diputado nacional. (Declaraciones de Teodomiro de la Luz Agüero, Héctos A Blasi, Máximo Alejandro Bosco, María del C. Casco de Agüer, María Elena Casuccio, Zelmira de Luca de Soto, Luis D’Jorge, Francisco Giménez, José María Maldonado Lara, Blanca Moreno Bianchetti de Moyano, Orlando L. Parolin, Ramona I. Pereira de Keiler, Tito V. Pérez Otero, Oreste Tofanelli, Ángel Kiyoshi Gashu.) Salvo contadas excepciones los candidatos del partido carecían de actuación política anterior. La mayoría era inexperta, y muchos de ellos carecían de la preparación mínima necesaria para el ejercicio de la función pública. Eso no importaba. Era suficiente con que fueran dóciles, que dijeran e hicieran lo que se les mandaba, sin reserva alguna, aunque contrariaran ideas y sentimientos íntimos; que

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lo hicieran “con fanatismo”, como pedía “la Señora” y como antes de ella había exigido a los suyos Adolfo Hitler.

Su disolución En pleno delirio de grandeza se proyectó la construcción de un monumental edificio para sede del partido oficial. En él tendrían sus sedes el consejo superior, la intervención del distrito federal, la juventud peronista, la peña de amigos y se instalarían el hotel para dirigentes del interior, los salones de conferencias, exposiciones, exhibiciones y otros actos. Debía ese edificio ser gemelo y simétrico del que en la actualidad ocupa el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, uniendo a ambos por un arco en la parte superior, sobre la avenida 9 de Julio, cuyo nombre se cambiaría por el de Eva Perón. Su costo calculado en cien millones de pesos, se financiaría mediante la importación de 1.000 automóviles que se venderían con un sobreprecio de cien mil pesos cada uno. Ese edificio, como jamás podría hacer otro igual un partido democrático, hubiera sido un monumento a la obsecuencia, al sometimiento y a la adulación. No llegó a construírselo. En cuanto al partido cuyas autoridades debió albergar, fue disuelto el 30 de noviembre de 1955 por decreto del gobierno de la Revolución Libertadora. Sus “considerandos” coinciden con el juicio que sobre aquél ha formulado la ciudadanía libre y que la historia ha de recoger algún día. NOTAS: (1) Conducción política, página 248. (2) (Nota del transcriptor) Antes de la reforma la elección de Presidente y Vicepresidente de la Nación se hacía por sistema de electores. El voto no era directo, sino que se votaba a un grupo de personas que reunidos en congreso votaban al presidente y vice. (3) Declaración de Eduardo Vuletich en expediente “Degliuomini de Parodi, Delia s/ investigación general, foja 211. (4) Circular confidencial Nº 1 del 22 de octubre de 1948, dirigida por el presidente a sus ministros. (5) Tercera conferencia de Gobernadores, página 177. (6) (nota del transcriptor) A la fecha, cuentan con la ley 26.215 de Financiamiento de los partidos políticos; que si bien regula más equitativamente el aspecto de los recursos para este fin, sigue siendo válida la apreciación, al menos histórica de la época que estamos tratando.

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(7) Tercera Conferencia de Gobernadores, página 31. (8) Comisión Investigadora de la ex Secretaría de Asuntos Políticos, sumario 19, declaración 15. (9) Ibíd., declaración 97. (10) Declaración de la presidente del Consejo Superior del Partido Peronista, Delia Degliuomini de Parodi, en el expediente sobre información general. (11) Ibíd. (12) Ibíd., declaración de José Justo Marrón, de la tesorería del partido, foja 128. (13) (nota del transcriptor) Nombre que se le daba a los locales partidarios del Partido Peronista. (14) (Nota del transcriptor) UES “Unión Estudiantes Secundarios”. (15) (nota del transcriptor) Se refiere con “Comida” a la cena. (16) La venta del “Almanaque peronista” –según resulta de una lista incompleta hallada en la sede central del partido- produjo $ 10.800.00. Fueron sus adquirentes, por crecidas cantidades, empresas industriales y comerciales de considerable importancia.

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LOS LEGISLADORES DE LA DICTADURA

Los viejos parlamentarios Ninguno de los poderes del Estado representa como el legislativo a la opinión pública. A diferencia del ejecutivo, expresión en casi todos los casos de una mayoría circunstancial, el legislativo reúne en su seno a diversas y contrapuestas corrientes del país, se hace eco de sus intereses y debate públicamente sus asuntos. Si de cualquier modo el ejecutivo cercena, menoscaba o desconoce las facultades constitucionales del Parlamento, si interviene en la elección de sus miembros o si le dicta sus decisiones, el régimen democrático sufre tanto como cuando otorga a un gobernante facultades de excepción. Alguna vez se ha dicho que al salir nuestro país del dominio español y al organizarse en 1853, estaba más preparado para el régimen federal que para el sistema representativo. Como consecuencia de ello, algunos grupos dirigentes se creyeron en la necesidad de ejercer una especie de tutela sobre el supuesto estado de incapacidad del pueblo para elegir sus gobernantes. Las candidaturas y el fraude electoral sirvieron al ejercicio de esa tutela hasta que aquellos mismos grupos, sensibles al progreso general de la Nación, consideraron que debía asegurarse la libertad electoral y acatarse la decisión de las urnas. Es digno de señalar, sin embargo, que durante el referido período llegaron al Parlamento los más eminentes hombres públicos de nuestro país, sin distinción de partidos o de ideas. Esos legisladores del viejo Parlamento –ha dicho con razón José Nicolás Matienzo- eran “personas competentes y dignas, capaces de defender los verdaderos intereses del país y de representar la opinión pública llegado el caso. Sería un error de política y de sociología juzgar los legisladores y demás funcionarios por el origen de su nombramiento y no por el mérito de sus actos. No está en las manos de los candidatos reformar las costumbres electorales y políticas de su país; pero sí lo está la dirección de su propia conducta en los cargos que desempeñan” (1) Con esas figuras pudo asistirse a la enconada lucha trabada en memorables debates legislativos, no inferiores por cierto a los siempre recordados de los más ilustres parlamentarios del mundo. Tales, los producidos en la Legislatura porteña, en 1852, sobre el Acuerdo de San Nicolás, que sirvió de base a la organización nacional, y en 1880 acerca de la cesión de la ciudad de Buenos Aires para capital de la República. También los debates del Congreso sobre algunas intervenciones a las provincias, sobre los recursos de fuerza, la enseñanza común, el matrimonio civil, el divorcio, la ley electoral, los frigoríficos, además de los realizados a raíz de ciertas interpelaciones. Cuestiones todas que apasionaron y divirtieron a la opinión pública, manifestada no solo

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en el parlamento por la palabra elocuentísima de los legisladores, sino en la prensa y en la calle, que de tal modo dieron el ejemplo de un pueblos que rápidamente se adiestraba para el ejercicio pleno de su soberanía. Legisladores han sido Vélez Sárfield, Mitre, Alberdi, Sarmiento, Rawson, Félix Frías, Manuel Quintana, Bernardo de Irigoyen, José Hernández, Aristóbulo del Valle, José Manuel Estrada, Pedro Goyena, Eduardo Wilde, Leandro N. Alem, Carlos Pellegrini, Roque Sáenz Peña, Manuel Dídimo Pizarro, Lucio V. Mancilla, Luis María Drago, Estanislao S. Zeballos, Belisario Roldán, Lisandro de la Torre, Juan B. Justo, Enrique del Valle Iberlucea, Mario Bravo, Vicente C. Gallo, Juan Balestra, António de Tomaso, entre otros muchos ya desaparecidos; hombres cuyas vidas y obras darán siempre ejemplo a las sucesivas generaciones de argentinos. Es posible que posteriormente los partidos políticos no siempre hayan acertado en la elección de sus representantes en el Congreso Nacional y en las legislaturas provinciales, y que esos errores hayan producido un marcado descenso de nivel de la función parlamentaria. Acaso se deba a ello la extremada docilidad de algunos legisladores con respecto al Poder Ejecutivo, no ya en la época de la dictadura reciente (2), sino antes, cuando la briosa oposición los califico con acertada dureza. De esa docilidad, que se asemejó bastante a la obsecuencia, se derivaron muchos contratiempos, no sólo para el país, que es lo principal, sino para los mismos partidos mal representados. Cuando, luego de otros errores, pudo alentarse la esperanza de una renovación profunda y un más alto nivel parlamentario, se rebajó éste a extremos insospechados, semejantes a los padecidos durante los peores períodos de nuestra historia.

Cómo actuaron los legisladores de la dictadura Hemos visto ya cómo el peronismo eligió sus candidatos a legisladores. Salvo escasas excepciones, los que triunfaron en las elecciones del 24 de febrero de 1946 carecían en absoluto de condiciones para el ejercicio discreto de sus mandatos. Los pocos que las poseían –tal vez no llegaban a veinte- habían militado en los viejos partidos políticos; los demás habían sido tomados de los grupos amorfos con los que el jefe quería congraciarse. Lo mismo aconteció, aunque notoriamente empeorado, en los comicios del 11 de noviembre de 1951, en los que el dictador fue reelecto, y en los del 25 de abril de 1954, que eligieron nuevo vicepresidente y, con excesiva antelación, los legisladores que entrarían en funciones un año después. No estaba mal -¿Cómo habría de estarlo?- qué muchos de ellos pertenecieran a las fuerzas del trabajo y a los sectores más populares, porque unos y otros tenían igual derecho que los demás a ejercer funciones de gobierno y podían contribuir a realizar,

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dentro de causes constitucionales, una verdadera renovación o, si se quiere, revolución social. Pero el partido oficial no era un partido democrático sino un órgano de la dictadura. De esa particularidad derivaron los males que hemos conocido. Desde luego, el dominio absoluto de un hombre, el llamado “conductor”, que pensaba por todos y decía de qué manera debían todos ejercer sus pensamientos; que casi siempre elegía tales ejecutores entre los menos capacitados de sus partidarios; que vigilaba su actuación, no para valorar su digna eficacia sino para comprobar su servil obsecuencia; que los corrompía para asociarlos a la general corrupción que su régimen necesitaba para sostenerse y perdurar; que los ridiculizaba, en fin, acaso con la secreta intención de desprestigiar al parlamento democrático y reemplazarlo oportunamente por un organismo corporativo que destruyera definitivamente todos los grupos políticos y afirmara al partido único del régimen totalitario. Los legisladores de la dictadura eran semejantes a los más dóciles que tuvo Rosas. Votaron los diputados el juicio político a los ministros de la Corte Suprema, y el Senado, totalmente oficialista, los condenó. Después de eso todo era posible. Votaron las leyes que implicaban los fundamentales derechos y garantías establecidos por la Constitución, como la que declaró el 28 de septiembre de 1951 el estado de guerra interno, con cuya sanción podía aplicarse lo establecido por la ley 13.234 de organización general de la Nación para tiempo de guerra y posibilitaba la condena a muerte de militares y civiles. En virtud de ella se persiguió a los opositores y se llenaron las cárceles de la República. “Todo, hasta la justicia misma, quedaba supeditada por esa ley a la autoridad militar”, ha dicho la Comisión Investigadora de los ex legisladores. “La ley 14.400 que reglamenta los actos y reuniones públicas –agregó la misma Comisión- suprime en la realidad el derecho de reunión y la libre difusión de las ideas, no obstante lo expresado enfáticamente en su letra, pues todo queda librado a la voluntad de una llamada autoridad de aplicación que siempre encontró razones para la negativa. “La ley 12.996 aprueba las inversiones y realizaciones del primer Plan Quinquenal. Por el artículo 4º se declaran de utilidad pública todos los inmuebles “necesarios a los fines de llevar a ejecución el plan de gobierno”, facultad extraordinaria que viola el artículo 17 de la Constitución Nacional vigente en ese entonces y que originó los abusos que son de pública notoriedad. “La ley 14.184 aprueba el segundo Plan Quinquenal, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo al invertir discrecionalmente la suma de 33.500 millones de pesos, escondiendo en sus entrañas confusas e inconexas la imposición de una doctrina única para la Nación, a la manera de los Estados totalitarios. Una mayoría accidental suprimía la libre discusión de las ideas.

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“La ley 14.185 crea el fuero policial, substrae al personal de policía de la jurisdicción común y facilita la impunidad de los abusos, crueldades y vejaciones impuestas a hombres y mujeres y ancianos sospechados de oposición al gobierno. “La ley 13.569 prácticamente impide la crítica de la conducta de los funcionarios públicos por la severidad de sus sanciones. “La ley 14.126 impone como texto en las escuelas argentinas el libro titulado “La razón de mi vida”, con el que se acentuaba la propaganda política, creando un mito en la mente de nuestros niños.”

No es de extrañarse, por consiguiente, que los dóciles legisladores de la dictadura fueran capaces de manifestar al “libertador de la República” (3), el 18 de abril de 1953, que apoyaban “todas las medidas que creyera necesario adoptar para afirmar la obra de ls revolución peronista, eliminando los obstáculos que se opongan al cumplimiento de tan patriótica finalidad, procediendo de acuerdo a su altísimo criterio y serena voluntad, y obedeciendo únicamente a los dictados de su pensamiento y de su convicción”, y juraran, además. “ser guardianes y ejecutores celosos de todas las directivas que impartía, vigías alertas a sus órdenes en la marcha de la revolución peronista, custodios insobornables de su doctrina, poniendo al servicio de estos fines supremos nuestra acción y nuestras vidas”. Esta declaración, que implicaba el compromiso de conceder al jefe del gobierno facultades extraordinarias y la suma del poder público, delito castigado por la Constitución Nacional con la “pena de los infames traidores a la patria”, no había sido formulada en situación de peligro exterior, sino a los tres de aquel en que el dictador lanzó sus fuerzas de choque a quemar las sedes de los partidos políticos y del Jockey Club y a cometer desmanes en los frentes de las embajadas, monumentos públicos y algunos comercios. Toda la ciudadanía, inclusive el sector bien intencionado que apoyaba al gobierno, había quedado horrorizada ante esos hechos crueles e injustificados. De nada valía el ejemplo de lo acontecido durante la primera tiranía (4), cuando otra Legislatura había otorgado, contra el voto de los federales doctrinarios, las facultades extraordinarias a Rosas. El “odioso poder” según éste calificaba al que se le había conferido, no fue rechazado por el segundo tirano. Su tiempo no se parecía al otro, pero quienes se asemejaban eran los legisladores al servicio de ambos gobernantes. “Los pocos y estrechos intersticios por los que se pudo filtrar alguna noticia periodística sobre la actividad del Parlamento durante la dictadura –dice también la Comisión Investigadora Nº 43-, escasamente permitieron a la ciudadanía enterarse de lo que allí ocurría. Los medios de difusión, plagados solamente de las noticias y artículos de escribas oficiales, dieron al Congreso la publicidad mínima. El desarrollo de la mayor

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parte de las sesiones se ocultó cuidadosamente a la opinión pública, con el propósito parcialmente conseguido de mantenerla en la ignorancia sobre el denigrante espectáculo que teatralizaron las representaciones peronistas. “Hechos tan trascendentales como monstruosos, cuales fueron la expulsión de legisladores de la oposición y la negativa a incorporar electos; la apropiación de diarios o instituciones particulares; la sanción de leyes vejatorias de los derechos y dignidad humana, tuvieron como eco periodístico unas pocas líneas o fueron directamente soslayados. El nombre y la palabra de los diputados opositores, por mandato oficial no aparecía nunca en el periodismo de la dictadura. “Esa confabulación en la publicación de noticias, fue indispensable para ocultar también el bochorno institucional que significó el modo en que se tramitaron y sancionaron las leyes en el Congreso disuelto. Las comisiones, que deben ser gabinetes de meditado estudio y discusión previa de los proyectos, tuvieron sólo por objeto reunir a los diputados o senadores para la firma de los despachos ya confeccionados que les traían los figurones, de acuerdo con “la orden de arriba”, expresión de tanto uso en la época. Numerosos legisladores, sincerados ante la Comisión, estuvieron contestes en declarar lo que antecede.

“Pero aún más numerosos fueron los proyectos que se aprobaron sin despacho de comisión y esto ocurrió precisamente con los de mayor importancia. La anormalidad apuntada se repitió hasta el cansancio con el desleal propósito de substraer a los diputados de la oposición al conocimiento y examen de los asuntos, que aparecen sorpresivamente en el recinto, como ladrón nocturno. Leyes de la más grande trascendencia se trataron por este medio innoble e ilegal y fue en estos casos cuando las instituciones de la Casa de Gobierno trajeron las consignas en la forma típica de régimen policial; en un plazo perentorio, que tanto podía ser de un día como de una hora, el o los proyectos remitidos debían ser sancionados. Se indicaba a los oradores y en muchos casos se remitían los discursos que debían leer (declaraciones de Delia Degliuomini de Parodi y otros legisladores). “La actitud de extrema sumisión que los representantes peronistas observaron frente a los mandones oficiales se invierte en su trato con los diputados de la oposición, para convertirse en violencia exasperada. Fieles a un plan invariado, sus gritos destemplados ahogaron la palabra de sus adversarios todas cuantas veces intentaron hablar y hasta hubo esbirros catalogados por su matonismo (Gramajo, Alonso, Otero, De Prisco, Peralta) con misión expresa de amenazar e incomodar permanentemente a sus colegas de la oposición. Esta posición de los legisladores peronistas, inventada a través de nueve años, pasa a ser incalificable vileza por la agravante de que descargaron su iracundia en función de desproporcionada mayoría contra el puñado de hombres a que quedó reducida la oposición en virtud de las leyes electorales de fraude y engaño que ellos mismos votaron.

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“Los sistematizados cierres del debate, las continuas violaciones del reglamento, son mínima parte del plan de intimidación que debieron cumplir las representaciones peronistas, el que tiene su expresión culminante con la expulsión de tres diputados por supuestos desacatos, que no fueron sino comunes expresiones políticas, sometidas como todo al control de la policía, y dichas por hombres poco gratos al ex presidente o a su esposa (casos Sammartino, Rodríguez Araya y Balbín), en lo que los diputados peronistas no tuvieron la menos vacilación en violar la Constitución Nacional, en los fueros y normas indispensables que consagra para la convivencia política. “Pero donde el Congreso dejo de ser la triste parodia descripta para convertirse en tragicómico aquelarre, cuyo paralelo debe buscarse en la época de los cesarinos más degenerados por no haber ejemplo en la historia moderna, fue en materia de homenajes. Todas las barreras que la decencia y el sentido común demarcan para esta clase de manifestaciones, cayeron abatidas por los legisladores peronistas en su desenfrenada carrera de adulación. “Quien tenga oportunidad de recorrer el Diario de Sesiones de esos nueve años, quedará apabullado ante la cantidad y características de los homenajes y honores tributados al ex presidente y a su esposa: las cámaras de la dictadura fueron escenario de increíbles certámenes de servilismo. La capacidad de postrarse y rendir pleitesía fue el único mérito que se reconoció a los hombres y mujeres del régimen; no hubo otra vía para escalar posiciones y tener acceso a las intimidades del círculo de privilegio. “La breve expresión numérica que sigue, bastaría para confirmar el aserto; Cámpora, que no pudo ser superado en estos menesteres, encabeza la nómina de los que subscriben más iniciativas, con 21 proyectos; Vica, con 19; Miel Asquía, con 18; Teisaire, con 10; Durand y Balbi, con 9; Larrauri, Parodi, Castañeira de Baccaro, Roche y Acuña, con 7; Decker, Calviño de Gómez, Carreras, con 6; Giavarini, Luco, Pineda de Molina, Colom, De la Torre y Trebino, con 5; José Alonso, Benitez, Gramajo, Preste, Celina E. Rodríguez de Martínez Paiva y Tesorieri, con 4; y así siguen otros nombres don un total de 383 firmas patrocinando leyes para el otorgamiento de honores y sumisiones que implican un olvido y apartamiento tan completo de las normas y deberes fijados por la Constitución Nacional, que hoy es necesario juzgarlos en el plano de las jurisdicciones comunes. “Todo el léxico de la alabanza y el ditirambo quedó agotado en boca de los diputados y senadores del peronismo durante las sesiones en que fundaron proyectos de ley, de declaraciones o resolución de homenajes al matrimonio Perón, entre los que se destacan manifiestamente el que autorizó a la señora Eva Perón, el uso del Collar de la Orden del Libertador General San Marín (Diario de Sesiones de las Cámaras de Diputados y Senadores, julio 18 de 1952, artículo 3º, ley 14.128, agregado al artículo 4º de la ley 13.202); la sesión extraordinaria con motivo de la renuncia de la misma a la candidatura a vicepresidente de la Nación (Diario de Sesiones de las Cámaras de Diputados y Senadores del 6 de septiembre de 1951); la declaración como día de duelo nacional en

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homenaje a la señora Eva Perón (Diario de Sesiones de las Cámaras de Diputados y Senadores del julio 28 de 1952, ley 14.131); designando “Período Legislativo Eva Perón” al año parlamentario de 1952 (proyecto del diputado Cámpora); la designación del ex presidente y su esposa con los títulos de “Libertador de la República” y “Jefa Espiritual de la Nación” (Diario de Sesiones de las Cámaras de Diputados y Senadores de, mayo 7 de 1952, ley 14.131).

“La discusión de la ley que dispuso la erección de un monumento en la Capital Federal a la señora Eva Perón, merece un comentario particular por constituir una muestra de adulación sin precedentes. Con los Diario de Sesiones a la vista, se verifica que para fundar este homenaje la Cámara de Diputados dedicó íntegramente sus sesiones de los días 18, 19, 25 y 26 de junio de 1952 y el Senado dos días 2, 3 y 4 de julio del mismo año, habiéndose pronunciado ochenta y cuatro discursos para exaltar las virtudes de la mujer del ex presidente de la República y demostrar la justicia de tal monumento. Solamente la lectura de las doscientas páginas de ese Diario de sesiones permite imaginar el grado de relajamiento moral e intelectual a que descendieron los legisladores de la dictadura en esas sesiones.

“Inmediatamente después de votarse el proyecto y como broche final de dos semanas de una adulación llevada al grado de lo demencial, el presidente Cámpora (5), por propia iniciativa, en una actitud tan inconsulta que habrá sorprendido a sus propios colegas tomó juramento a todos los diputados y delegados presentes de lealtad al ex dictador y a su esposa (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados del 26 de junio de 1952, tomo I, página 297).

“Los nueve años de Parlamento peronista han pasado bajo el ambiente descrito; a más de estos homenajes hubo una infinidad de otras adhesiones al gobierno, con motivo de als fechas de nacimiento o muerte de la señora del ex presidente, minutos de silencio, rememoraciones del renunciamiento antes aludido y de cuantos gestos creyeron conveniente; descubrimiento de placas, misas, invocaciones, etcétera. Entre los más disparatados proyectos que no llegaron a sancionarse está el que propugnaba el parpadeo de las luces de todo el país, diariamente, a las 20 y 25 (proyecto de ley del ex diputado Alberto Fontana, de agosto 20 de 1952 y otro ordenando una pintura que representa la “glorificación de Eva Perón” en la bóveda de la cúpula del Congreso, para cuyo estudio se designó una comisión (Proyecto de ley de Juana Alicia Espejo y otros, de septiembre 11 de 1952).” La transcripción ha sido extensa, pero era necesario hacerla. No hubiéramos podido decir en forma más concreta y precisa cómo actuaron los legisladores de la dictadura.

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Cómo se los vigiló Nada o muy poco eran, como se ha visto, los diputados y senadores que formaron la mayoría parlamentaria, pero a pesar de ello se creyó necesario vigilarlos a fin de evitar la más mínima desviación. A ese efecto, se comenzó por exigírseles –con particularidad a los cegetistas (6) - las renuncias sin fecha, para hacerlas efectivas cuando fuera menester. Si, malogrado las previsiones, la desviación se producía, se les sancionaba con la expulsión del partido, y consecuentemente con la privación del cargo. Así fueron privados de sus bancas Cipriano Reyes, que luego sufrió prisión durante siete años, Dominga I. Ortiz de Sosa Vivas, Roberto Adolfo Carena y la senadora Elvira E. Rodríguez Leonardi de Rosales. Las legisladores eran especialmente vigiladas por “la Señora”. Por muy adictas que se le manifestaran, podrían serle infelices, y lo prudente era curarse en salud. Valióse para ello de un sencillo expediente, que todas aceptaron: el de la confesión de ideas que no tenían y de deslealtad que no habían cometido. Tenemos sobre este particular dos testimonios de interés indudable. Uno es el de Delia Degliuomini de Parodi, presidente del Consejo Superior del Partido Peronista Femenino y a la vez vicepresidente de la Cámara de Diputados; otro es el de Atilio Renzi, intendente de la residencia presidencial y hombre de confianza de la pareja gobernante. El de la señora de Parodi dice así:

“Inmediatamente después de la elección del año 1951, en que resultaron electas senadoras y diputadas por el Partido Peronista, todas las legisladoras de la rama femenina debieron firmar y extender cartas dirigidas a familiares y amigos conteniendo expresiones que importaban una verdadera deslealtad partidaria, y daban la impresión de que había sido interceptada. Esta exigencia la hizo la señora de Perón, unas veces personalmente y el la mayoría de los casos por intermedio de la dicente, en razón de hallarse ella muy enferma en esa época. Esos documentos fueron confeccionados en la residencia, pasando al señor Renzi, que fue el encargado de guardarlos. En lo que atañe al contenido de su carta o nota, aparecia dirigiéndola a su hermano Constante, diciéndole falsamente que, a pesar de la apariencia, no estaba identificada con el peronismo (7) El mencionado Renzi ha agregado otros detalles: “Según propias manifestaciones de la señora de Perón al declarante, esas cartas le servirían como arma para eliminar a las firmantes de las funciones legislativas “cuando no se ajustaran a sus directivas”, textuales palabras. Aunque no tiene presente el contenido de cada una de esas cartas, ni tampoco quienes fueron todas sus firmantes, recuerda que entre ellas figuraban las

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senadoras Larrauri, Gómez y Pineda y las diputadas Álvarez y Espejo. En días posteriores a los sucesos del 16 de junio, personalmente el general Perón dio orden de quemar esa documentación y toda la que guardaba el declarante vinculada a la obra social en lo relativo a la adjudicación de viviendas, automóviles, subsidios, becas, etcétera, en cumplimiento de lo cual destruyó lo que queda dicho. Volviendo al contenido de las cartas fraguadas, es decir, de las que la señora de Perón exigió a las legisladoras, algunas decían a un pariente o amigo que “militaba en las filas del partido por razones de conveniencia” o que “no estaba de acuerdo con el desempeño de cargos por determinados personajes”, y hasta aparecieron como que íntimamente profesaban otras ideas políticas, en una palabra, eran declaraciones que servían para ser expulsadas del partido y por consiguiente, del cuerpo legislativo a que pertenecían. Con posterioridad al fallecimiento de la señora de Perón, una o dos legisladoras que habían cumplido su mandato, cuyo nombre no recuerda, le pidieron al dicente la devolución de las cartas a que se ha referido, lo que efectivamente hizo” (8)

Su acrecentamiento patrimonial La Comisión Investigadora ha establecido que sobre 419 legisladores peronistas, 202 llegaron al Congreso sin bienes de ninguna naturaleza y algunos carecían de medios de vida conocidos. “Nada de desdoroso tendrían estos antecedentes –expresa la Comisióny, muy por el contrario, podrían hasta constituir honroso título”, excluidos claro está los últimos; pero muchos tuvieron las tentaciones que ofrece la función pública. Así han podido esos legisladores acumular bienes cuyo valor ascendía, en 1955, a más de 206.000.000.- de pesos sin computar el importe de las dietas ni los beneficios obtenidos por parientes socios o testaferros. “Muy pocos salieron indemnes de la prueba; de algunos, por sus conocidos antecedentes personales o policiales, no cabía sino esperar que fueran directamente al saqueo sin disimulo de otros, quizás sin malas intenciones, pero de convicciones endebles, hay que decir que sufrieron la malsana seducción del ambiente en que les tocó actuar. “Sabiendo el peligro y el margen de injusticia a que toda generalización –continúa el informe de la Comisión-, corresponde poner de manifiesto que hay excepciones entre los legisladores cuyo mérito no es otro que el de haber resistido las facilidades que les ofrecía un medio en extremo corrompido, pero éstos, estrictamente considerados, no han hecho más que cumplir con su deber. Estas excepciones, desgraciadamente, en el grueso de la nómina legislativa peronista, son ínfima minoría. Las prebendas que recibieron, comprometedoras de su voluntad e independencia, han impedido que las excepciones fueran más numerosas. “Entre los casos más notorios, individualmente considerados, de exagerado acrecentamiento patrimonial, se encuentran los siguientes:

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NOMBRE

En 1943

En 1955.

Acosta, Policarpo

-.-

512.100

Agüero, Teodorino de la Luz

17.004

539.215

Albariño, Ramón Amancio

20.000

686.000

Albrieu, Oscar E.

-.-

565.800

Álvarez Pereyra, Manuel

-.-

800.000

Amado, Elías Teodoro Francisco

300.000

2.824.600

Antinucci, Atillio

100.000

1.000.000

Argaña, José María

4.000

405.500

Astorgano, José

5.000

1.441.000

Atala, Luis

-.-

717.000

Babi, Almar Armando

-.-

1.085.500

Basaldía, Juan Carlos

-.-

2.041.985

Beguiristain, Raúl E.

-.-

590.000

Benítez, António J

120.000

14.000.000

Bidegain, Raúl Oscar

-.-

716.353

Blasi, Héctor Azor

-.-

1.179.250

Bonino, Alberto C

-.-

435.000

Boullheser, Pedro Armando

-.-

900.000

Brigada de Gómez, Josefa D

-.-

519.783

Brisoli, Blas

-.-

1.138.600

Bustos Fierro, Raúl

52.053

7.780.000

Cámpora, Héctor J.

30.000

2.000.000

Camus, Eloy P

169.684

2.917.445

Cantore, Luis

-.-

400.000

Libro Negro de la Segunda Tiranía * Comisión Nacional de Investigaciones * año 1958

Carballido, Dorindo

-.-

420.000

Carena, Ezio Armando

40.000

3.363.000

Carena, Roberto Adolfo

100.000

1.344.166

Carreras, Ernesto Augusto

48.000

1.736.600

Conte Grand, José Amadeo

-.-

500.000

Correche, Susana

-.-

993.044

Cruz, Luis

-.-

1.222.000

Cursack, Roberto Enrique

-.-

1.157.146

De Rocha, Alejandro J.

-.-

410.000

Deker, Rodolfo A.

-.-

3.500.000

Degliuomini de Parodi, Delia D.

-.-

595.500

Degreef, Juán Ramón

600.000

3.271.000

Deimundo, Antonio

160.000

1.062.000

De Prisco, Guillermo

2.500

429.000

Diskin, David

-.-

634.000

Erro, Saturnino S.

20.000

835.000

Espejo de Ramos, Juana Alicia

-.-

625.000

Estrada, Ángel C

50.000

512.000

Fernández, Baltasar Sixto

738.698

4.417.400

Flores, Francisco

-.-

500.000

García, Manuel Anselmo

-.-

1.400.000

Giavarini, Alejandro Bautista

-.-

600.000

Gabello, José

-.-

500.000

Gomis, Pedro

-.-

1.000.000

Herrera, Paulino Bernabé

-.-

563.377

Herrera, Ramón Esteban

-.-

878.000

Libro Negro de la Segunda Tiranía * Comisión Nacional de Investigaciones * año 1958

Iturbe, Alberto José

3.000

550.000

Juárez, Carlos Artún

-.-

1.600.000

Lavia, Ludovico

-.-

500.000

López, Pablo

-.-

500.000

Lucero, José Raúl

260.000

1.000.000

Luco, Francisco Rafael

-.-

426.000

Maldonado Lara, José Marta

85.000

2.043.000

Manguel, Pablo

-.-

2.000.000

Martiarena, José Humberto

-.-

631.200

Mendiondo, Francisco Daniel

129.797

1.664.000

Montes, Abel

-.-

1.105.000

Osinalde, Rafael

4.500

912.146

Parolín, Orlando Ludovico

-.-

552.000

Peralta, Ángel Enrique

-.-

600.000

Pereyra, Luis Alberto

47.600

643.000

Pericas. Luis

475.000

3.817.200

Pineda de Molins, Hilda Leonor

-.-

629.773

Pirani, Antonio Santiago

-.-

3.519.263

Presta, José

-.-

585.000

Preste, Pascual Nicolás H.

10.800

507.700

Rapela, Raúl Norberto

180.000

900.000

Rocamora, Luis Alberto

-.-

545.000

Roche, Luis Armando

1.200

496.000

Rodríguez Gallardo, Alberto

-.-

542.500

Ruiz Villasuso, Eduardo Pío

13.000

2.400.000

Rumbo, Eduardo I.

-.-

3.400.000

Libro Negro de la Segunda Tiranía * Comisión Nacional de Investigaciones * año 1958

Scatamacchia, Mauricio A.

41.410

4.658.000

Siboldi, Agustín R.

500.000

4.280.000

Silvestre, Adolfo Jorge Bianchi

-.-

2.000.000

Sivori, Alberto Dolorino

-.-

700.000

Spachessi, Modesto A. E.

58.000

862.500

Teisaire, Alberto

-.-

14.000.000

Tejeda, Ramón Washington

18.000

785.000

Tommasi, Victorio M.

-.-

716.000

Velloso Colombres, Manuel F.

-.-

1.050.000

Vergara, Armando

-.-

460.000

Visca, Emilio S.

-.-

7.000.000

Xamena, Carlos

-.-

508.000

Zamudio, Juan Carlos

-.-

1.730.000

Zerega, Oreste Alejandro

-.-

416.000

“En la lista precedente no se han indicado los contados ex legisladores que poseían bienes de fortuna, como el ex diputado Leloir, quien habitualmente dedicado a la atención de las tareas agrícola-ganaderas de sus mayores, aparece asociado con dos flamantes importadores (Rotman y Jajan) al solo objeto de introducir al país chapa por valor de 90.000.000 de francos, operación que le dejó a él, por el solo hecho de avalar el permiso, más de $ 200.000 moneda nacional de utilidad. “Otros caso análogo, con patrimonio anterior a la época de la dictadura (9) es la del ex senador Durand, que acrecentó en forma exorbitante durante su mandato con la acumulación de cuantiosos bienes en el país y en el extranjero. De la caja de seguridad en un banco se esta capital se le secuestró una suma aproximada de $ 3.000.000, la mayor parte en moneda de oro mejicana (su declaración a réditos en 1954 fue de $ 26.926.051,00). “Entre las situaciones más notorias de ex legisladores que no tenían bienes, y que su fortuna es solo el resultado del calor oficial, pueden comentarse, entre muchos otros, los casos de Benítez, Decker, Manguel y Parodi.

Libro Negro de la Segunda Tiranía * Comisión Nacional de Investigaciones * año 1958

“El ex presidente de la Cámara, doctor Antonio J. Benítez en 1939, al disolverse el estudio jurídico que tenía en sociedad con otras dos personas, le correspondió el 30% de las utilidades, representadas por la suma de $ 900; en la actualidad posee bienes por un total superior a los $ 14.000.000. En la declaración que el nombrado presenta ante la Comisión, ocultó la existencia de una caja de seguridad, de la que es titular en el Banco Industrial Argentino, en cuyo interior guardaba la suma de $ 47.000, en efectivo. “Rodolfo Decker, en el año 1948 ocupa una banca en la Cámara, a la que ingresa sólo con el título de abogado, profesión en la que nunca tuvo éxito. “Creada la Comisión Investigadora Bicameral presidida por Visca, él ocupa la secretaría de la misma. Y de ahí arranca su carrera para la adquisición de bienes; rápidamente se cuenta bancaria, que había sido nula, adquiere estuvo de preñez. Se instala con dos estudios jurídicos, como corresponde a su notoria gravitación en las esferas oficiales por su actuación en la Comisión Investigadora y el cargo de presidente del bloque peronista. “Hoy es hombre de cuantiosa fortuna, que por su situación de prófugo, no ha sido posible investigar a fondo, pero se puede calcular en $ 3.500.000 y otra suma muy aproximada tiene su hermano Carlos que fue secretario de la Cámara de Diputados. “El ex legislador Pablo Manguel, al iniciar su actuación en la vida pública en 1943, carecía totalmente de bienes al igual que su familia. De la investigación efectuada en su patrimonio por la Comisión se comprobó que en la actualidad tiene en efectivo la suma de $ 2.000.000, una propiedad ubicada en Belgrano, cuyo valor de tasación se ignora, amueblada a todo lujo. No podía faltar en dicha propiedad la bodega, símbolo del nuevo rico peronista, en la que se encontraban los más costosos vinos y licores importados. “Delia Degliuomini de Parodi, antes del 4 de junio de 1943 percibía $170, como empleada de una compañía, no poseyendo bienes. A la fecha (10) es propietaria de una lujosa residencia en Don Torcuato, con pileta de natación; un departamento en Capital, dos automóviles “Fiat 1900” y “Oldsmobile 1955” –aparte de las órdenes revendidas (11)-, terrenos en la ciudad de Mar del Plata y Barranca de los Lobos, acciones de “Atanor”, depósitos en bancos, aparatos de televisión, tapados de nutria y Astrakán, habiendo recibido en calidad de obsequio de la extinta Eva Perón una estola de visón. Nunca se consideró obligada a pagar réditos. “En el rubro de las órdenes de automóviles, se verifica que 281 legisladores reciben 649 órdenes para retirar automóviles con privilegio de pagarlos al precio de lista. No se han sumado a este cómputo los que obtuvieron como consecuencia de las misiones oficiales con que periódicamente y con cualquier pretexto salían hacia el exterior para agenciarse además “divisas fuertes”, introducir contrabando o, cuando menos, la conocida nómina de enseres electrónicos.

Libro Negro de la Segunda Tiranía * Comisión Nacional de Investigaciones * año 1958

“La reventa de las mencionadas órdenes de automóviles dejó distintos márgenes de ganancia según las épocas y las marcas o modelos de coches. Esa utilidad osciló entre los $ 60.000 y 110.000 por unidad, lo que permite efectuar el siguiente cálculo sin temor a equivocarse: 649 órdenes de automóviles, negociadas a un promedio de $ 80.000 de beneficio por cada una $ 51.920.000. Es de hacer notar que de las órdenes recibidas 512 fueron de inmediato convertidas en dinero, unas en el mismo recinto legislativo, otras en los pasillos del Congreso u organizaciones formadas con ese fin, y el resto en agencias o a particulares. Solo 137 se utilizaron para adquirir los automotores algunos de los cuales aún conservan y otros fueron vendidos tiempo después. Este estado de cosas se agrava por el hecho de que los legisladores no fueron agraciados a título personal o por razones particulares o especiales de algunos de sus miembros, sino en forma masiva, en función de poder legislativo con la expresa indicación de constituir un obsequio del presidente de la República, que se distribuía en unos casos por los titulares de las Cámaras y en otros por el encargado de la residencia presidencial, señor Atilio Renzi. “Los legisladores peronistas, como se ha visto, en su mayoría insolventes encontraron en las instituciones del sistema bancario oficial el aliado presto a despachar aceleradamente las financiaciones que necesitaban. Vemos cómo obtuvieron del Estado 423 créditos que totalizaban la importante suma de pesos 33.997.140 sin contar la gran cantidad que fueron omitidos en las declaraciones, y otra no inferior tramitada a favor de parientes y amigos. El justicialismo peronista, en esta materia crediticia como en todo, no es más que la política del privilegio en usufructo de los jerarcas, de sus familiares y de los incondicionales de la dictadura (12). Para una mejor estimación de las cifras y promedios que anteceden, téngase presente que 40 legisladores no declararon por distintas causas y no se conocen sus bienes; como asimismo que 70 ingresaron en mayo del corriente año (13), los cuales carecen casi de actuación parlamentaria y cuyo vacío haber patrimonial no pudo en tres meses sufrir modificaciones porque, tomando las propias y expresivas palabras pronunciadas ante la comisión por un legislador. “en tan pocos meses no hubo tiempo para nada.”

Los legisladores provinciales En el órden provincial acontecía lo mismo que en el nacional. Demasiado extenso sería este capítulo si nos referimos a cada Legislatura. Bastará, para no abrumar al lector con excesivos detalles, que mencionaremos solo una: la de la provincia de Buenos Aires en su actuación desde 1952, época en que se operó el verdadero avasallamiento de las facultades legislativas por el Poder Ejecutivo de ese Estado.

Libro Negro de la Segunda Tiranía * Comisión Nacional de Investigaciones * año 1958

El julio de 1953, el gobernador Aloé –ese “cuenta porotos”, según lo calificaba su correligionario el general Albariño- afirmó que en el país no existía otro gobernante que el presidente Perón y que todos los demás, lo mismo que los legisladores y jueces, no eran sino sus representantes. Aunque expresó posteriormente que había formulado tan peregrina manifestación en “un momento de exaltación política”, tanto él como la gente menos culta de su partido lo creían sin la menor perplejidad. Los legisladores del peronismo se redujeron, por lo tanto, a ser meros ejecutores de las órdenes que recibían de quienes consideraban sus amos. Entre éstos se contaban los miembros del llamado “comando táctico” del movimiento peronista, presidido por el gobernador e integrado por delegados de la CGT y de las dos ramas del partido oficial “Su acción fue tan excluyente –dice la Comisión Investigadora de la Legislatura bonaerense- que los legisladores oficialistas, temerosos de que sus iniciativas pudieran no contar con la aquiescencia de tales organismos, se abstuvieron de presentarlas y optaron por una conducta de total inoperancia en materia legislativa. A partir del periodo 949 (1950-1951) esta anomalía adquirió características definitivas, para llegar al período 98ª (1954-1955), en el cual se ha establecido que sobre 76 leyes sancionadas, 75 correspondieron a iniciativas del Poder Ejecutivo, lo que hace un 98,89 porciento, y solamente una de origen legislativo, que representa el 1.3 por ciento. Este ínfimo porcentaje constituyó la libertad legislativa de los oficialistas, que todavía fue dedicada a homenajes al presidente y a su esposa. A este respecto –añade la comisión referida- se llegó a extremos inconcebibles, a una verdadera competencia para lograr la adulación más extrema. Era menester que cada legislador oficialista evidenciara su obsecuencia de la manera más insólita. Para lograrlo se comparó a la pareja gobernante con las figuras próceres de nuestra historia. En esa carrera por la obtención de la marca más singular, en pleno recinto llegó a decirse que la esposa del presidente “era Dios mismo” y que había sido llevada al cielo “para purificar el paraíso”. Con respecto a las renuncias en blanco y a las cartas de forzada confesión de una inconducta partidaria inexistente, tendríamos que repetir aquí lo ya dicho acerca de los legisladores nacionales. No lo hacemos. Pero debemos dar los nombres de los legisladores que así lo han declarado. Son estos: Alberto Albanesi, Juan A. Argüello, Alberto Asenjo, Aimar Balbi, Luis A. Barba, María L. Barone, Eduardo Baylet, C. Belletti, R. C. Bereilh, F. Beverati, A. Brandoni, Lidia Juana Burgueño de Viera, M. B. Cárdenas, E. Carosella, B. Costa, J. Faranna, Juan Fernández, H. J. Ferrara de Pardo, LF. Filippi, F. Fraccia. J. V. Fulco de Bellegitti, V. A. Gaitán, A. M. Galeano, Justo García, A. N. Giordano, T. Gómez, R. Groves, A. Ijurco, E. Juárez de Cigliutti, Juan Martínez, J. Médico de Lucagnoni, L. J. Montero, M. L. Montesano de Melichio, A. A. Nicolini, V. Palazzo, I. Piaggi, E. Pizzorno, M. L. Pizzuto de Rivero, E. Poli, P. P. Rivas, D. Rocca, J. E. Salvo, B. Santos, C. D. Semería de Acuto. Extensa lista, sin duda, pero necesaria para evidenciar la verdad de los hechos y la abundancia de la prueba testimonial.

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Se forzó a los legisladores a optar por la fórmula laica del juramento, aunque contrariaran sus creencias religiosas, como también a cambiar el nombre de la ciudad de La Plata por el de Eva Perón, aunque violentaran sus convicciones históricas y sentimentales. Con referencia a la idoneidad de los legisladores, se hizo en la provincia de Buenos Aires lo que se practicó en todo el país: una selección invertida de valores. “Hombres y mujeres que nunca habían leído la Constitución Nacional ni la provincial, que desconocían lo que es un régimen de gobierno constituido en base a la armonía de poderes, fueron llamados por el peronismo a integrar el Poder Legislativo de la provincia de Buenos Aires.” A las Cámaras llegaban los proyectos de ley remitidos por el gobernador Aloé junto con los antecedentes del asunto y los discursos que debían leer los legisladores en apoyo de los mismos. Muchos de ellos confesaron que el leer al discurso se enteraron por primera vez de lo que estaban tratando. “Cuando el asunto era más complejo se elegía –al parecer con un sentido grotesco del humor- a los legisladores menos preparados. Cuando se consideró el proyecto por el que se solicitaba la intervención al Poder Judicial, obligaron a leer sobre el tema a personas que apenas sabían hacerlo. Fue así cómo se vieron en figurillas cuando tenían que citar a tratadistas extranjeros cuyos nombres veían escritos por primera vez en sus vidas. Al tratarse el despacho en el proyecto sobre creación del Instituto Inversor de Cambios, asunto por demás complejo y para cuyo conocimiento era menester realizar un prolijo estudio, usaron de la palabra personas que desconocían en forma total el problema y que repitieron lo que los dirigentes de la política oficial les habían señalado. Así lo confesó ante la Comisión Investigadora el ex legislador Orsi, que intervino oportunamente en dicho debate.” Con respecto al enriquecimiento de los legisladores bonaerenses dice el informe de la Comisión Investigadora: ·En pocos años se formaron enormes patrimonios. Favorecidos por el uso ilimitado del crédito bancario oficial otorgado oportunamente – en momentos en que se lo negaba al pequeño ahorrista para la construcción de la vivienda propia,- implicados en negociados de todos los elementos críticos del mercado nacional, favorecidos con dádivas de toda naturaleza, produjeron el surgimiento de una neo oligarquía que monopolizó las actividades comerciales e industriales. La entrega de órdenes para la provisión de coches importados, es una de las más crudas de la inmoralidad reinante. En el período 1952-1955 sólo un legislador no se benefició con la venta o adjudicación de coches, y ello porque ignoraba cómo tenía que proceder en la emergencia. Un gran porcentaje logró dos, tres o más órdenes cuya negociación les permitió obtener el capital necesario para lanzarse a mayores especulaciones.” Basta lo transcripto para tener clara idea de lo que fue esa Legislatura, ni peor ni mejor que las restantes del país durante el gobierno dictatorial. Pero aún debemos mencionar algo. El libro de actas del bloque de senadores peronistas contiene en su página 40 esta constancia: “Comunica la presidencia (ejercida por José Campano) que si la minoría

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solicita rendir homenaje a la Constitución del 53 y al Himno Nacional, cuyos aniversarios se han cumplido en fechas próximas pasadas, se han preparado sendos discursos para que el bloque peronista conteste a los radicales. Si los radicales no solicitan dichos homenajes, éstos no han de rendirse.” En tales palabras se sintetiza, no diremos el pensamiento porque sería excesivo, pero sí la actitud del peronismo con respecto a nuestra tradición histórica, y a la vez el sometimiento de los legisladores del partido oficial. NOTAS: (1) J. N. Matienzo: El gobierno representativo federal en la República Argentina 2ª edición, página 179. (2) (nota del transcriptor) se refiere a la de Perón. (3) (nota del transcriptor) En el Libro del tirano Perón “Conducción Política” - Presidencia de la Nación – Subsecretaría de informaciones – Buenos Ares año 1958, hay un retrato del autor (como en todo libro del dictador) que tiene ese título que le dio el congreso de “libertador de la República” al tiempo que a “la Señora” el de “Jefa espiritual de la Nación” como una forma más de la obsecuencia de los legisladores peronistas. (4) (nota del transcriptor) Juan Manuel de Rosas. (5) (nota del transcriptor) Presidente de la Cámara de Diputados, se aclara porque después lo será de la Nación en lo que fue una de las presidencias mas desastrosas de la República con la liberación de todos los terroristas que habiendo sido juzgados y condenados en democracia liberó –incluso antes de firmar el indulto- al solo efecto de que ajusticiaran a los jueces que los condenaron y a seguir cometiendo actos de terrorismo durante la década del ’70. Luego, no se encontraron jueces dispuestos a juzgar a estos terroristas por temor a sufrir represarías por –llegado el caso- condenarlos, eso hará que, el gobierno de esos años, tomara las medidas que son conocidas por todos. (6) (nota del transcriptor) Se trata de aquellos que procedía de la C.G.T.; La Confederación General del Trabajo. (7) Declaración de Delia D. Degliuomini de Parodi en expediente 22.043 – N – 56; Comisión 43, fs. 12. Lo mismo han declarado Hilda Pineda de Molina y Américo Pedro Bardell (fs. 13 y 15 del expediente antedicho). (8) Declaración de Atilio Renzi en expediente citado, fs. 10 y 11. (9) (nota del transcriptor) se refiere a la de Perón. (10) (nota del transcriptor) hablamos de 1955. (11) (nota del transcriptor) Los automóviles se importaban con la condición de darle al gobierno una cantidad de autos a precio de costo para que los distribuyeran entre ciertos beneficiarios. Los de venta al público, por lo tanto eran mucho más caros. Los legisladores como otros integrantes del gobierno peronista, obtenían esas órdenes de venta a precio de costo, y luego de obtener el automóvil, lo vendían a precio de mercado sacando una gran diferencia con este proceder al menos inmoral. (12) (nota del transcriptor) Se refiere a la peronista de 1943/46 a 1955. (13) (nota del transcriptor) 1955.

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MEDIOS DE PROPAGANDA Y DOMINACIÓN

Una página de la Política de Aristóteles

Hace veintitrés siglos señaló Aristóteles los medios de que se valen los tiranos para conservar su fuerza y su poder: rebajar a los que tienen alguna superioridad; vigilar a los ciudadanos a fin de saber lo que hace y dice cada uno; tener espías y mandar escuchas a las reuniones, “porque se habla con menos libertad cuando se teme ser oído por gente sospechosa”; procurar “que los ciudadanos se calumnien mutuamente, que los amigos se enfaden entre sí, que el pueblo se irrite contra los magnates y que los ricos no puedan entenderse y estén desavenidos”. Señalaba luego que “los demagogos son bajos aduladores del pueblo” y que “gusta la tiranía de la lisonja. Por eso quiere a los malos puesto que quiere la adulación, vicio a que nunca se rebajan los hombres buenos y dignos”. “El hombre de corazón ama, pero no adula –agregaba-. Entra asimismo en el carácter del tirano el complacerse poco en el trato de los hombres que aman la libertad, pues la quiere para él solo; no estima a los austeros, porque de ellos no espera adulaciones. El que muestra sentimientos de dignidad y libertad le quita al tirano su superioridad y su poder, y el tirano lo aborrece como a un rival que él despoja de todo su prestigio… Esas maniobras y muchas otras del mismo género mantienen la tiranía; no falta en ellas ningún grado de perversidad”. (1) Desde que Aristóteles escribió tales palabras, muchas cosas han variado en el mundo, pero no la esencia de la tiranía. Han cambiado, empero, los medios de que se vale su perversidad, porque debe actuar sobre millones, y no ya sobre miles de seres; también, porque debe obrar sobre una opinión pública más o menos adiestrada por la democracia, y, en fin, porque el progreso ha creado medios extraordinarios de llegar a todos los sectores y zonas, no solo de un país, sino del mundo entero.

La propaganda Si en todo tiempo de la era contemporánea la propaganda ha sido un elemento de la política, nunca alcanzó, como bajo los regímenes totalitarios el carácter de verdadera arma. Las modernas tiranías no pueden imponerse y sostenerse sólo por la fuerza y el terror. La opinión pública existe porque existen los medios con que naturalmente se forma. Aunque deben, por consiguiente, adueñarse de tales medios y, a la vez excluir de su uso a los adversarios. Formarán así esa opinión, la unifican en apoyo a sus intenciones y doctrinas, y procuran que a la postre un país entero no sólo obre, sino piense como quiere el tirano y el grupo que lo rodea.

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No es posible alcanzar este fin sin una técnica perfecta. Son tantos y tan complejos los factores psicológicos, sociales, políticos e históricos a cuidarse para el éxito de tal propaganda, que solo puede realizarse por organismos especializados. Cierto es que entre sus medios de acción tienen éstos los de la arbitrariedad, pero deben ejercerla con método para obtener de ellas el máximo beneficio. En ningún país como en la Alemania nazi llegó a tanta perfección la propaganda política del régimen imperante. Se la debía realizar dentro y fuera de la nación, en colectividades disímiles y en circunstancias diferentes. Debía vencer tenaces resistencias de toda índole y especie, colectivas o individuales. Le era necesario deshacer lo que aún quedaba de la vieja Alemania imperial y lo que sobrevivía del régimen republicano. Menester le era, asimismo, divulgar e imponer el ideario nacionalsocialista, acentuar el resentimiento del pueblo y preparar al país para el momento decisivo de una nueva guerra. Y debía, en el exterior, mirar las defensas morales de los enemigos, predisponer en su contra a los neutrales, estimular el nacionalismo de las colonias, roer a las democracias y crear una mística que permitiera establecer “por un milenio” el dominio de Alemania en el mundo. Poco faltó para que tan vasto plan tuviera éxito. Si no lo alcanzó, no ha sido por deficiencias de su propaganda, sino por errores políticos y militares, y sobre todo porque las democracias se defendieron con todas sus fuerzas y destruyeron, al fin, el régimen que quería aniquilarlas. Algún día se estudiará por lo menudo cómo obró esa propaganda en Iberoamérica, y cómo lo hizo en nuestro país en el decenio que media entre la conquista del poder por Hitler y la revuelta militar del 4 de junio de 1943. No es eso lo que debemos tratar ahora, sino como, a su ejemplo, se la realizó en la Argentina a partir de 1943 y muy en particular desde 1946 hasta la revolución de 1955.

La prensa La prensa es, sin duda, el más importante medio de propaganda política. Lo fue durante todo el siglo pasado (2) y lo sigue siendo en el presente. Aunque otros existan ahora. Desarrollada con la libertad y la democracia, la prensa ha servido para la difusión de las ideas y para el debate de las doctrinas contradictorias. Pero su misión es aún más amplia. Debe informar al pueblo con verdad, con exactitud y con espíritu de bien público. Si no obra así, si tergiversa los hechos y tuerce el criterio de los lectores con sabida falsedad, y sobre todo si está al servicio de una causa innoble, la prensa se convierte en terrible elemento de perturbación. Es muy difícil establecer normas firmes para el ejercicio de la prensa. Sus excesos – porque los hubo, y considerables, en casi todas las épocas de su historia- han hecho

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pensar muchas veces en la necesidad de reglamentarla, pero muy pronto se advirtió el grandísimo peligro que había en ello, porque al coartarse la libertad de expresión se anulaba uno de los más esenciales derechos del hombre. Así lo ha entendido la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz, celebrada en Chapultepec, Méjico, en 1945, cuando declaró que “la libertad de comunicación del pensamiento, tanto de palabra como por escrito, representa la condición esencial para desarrollar una opinión pública mundial, activa y vigilante”, y recomendó para ello “el libre acceso de todos a las fuentes de información”. También lo ha entendido así la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando proclamó en 1948 que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión”, y señaló que “este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Formulándose ambas declaraciones después de un largo período de sojuzgamiento de la prensa por los regímenes totalitarios, con la esperanza de que nunca más pudieran ejercer sus poderes tiránicos sobre la opinión pública. Cuando tales cosas se dijeron, el totalitarismo de Alemania e Italia había sido vencido, pero aún pervivía en otros países y estaba en pleno desarrollo en el nuestro. La dictadura se había adueñado de él y lo primero que quiso dominar fue la prensa, a fin de dominar, por su intermedio, a la nación entera.

La libertad de prensa en la tradición argentina Desde el momento mismo de la Revolución de Mayo, se tuvo en nuestro país por supremo ideal de vida el de la expresión libre de las ideas. A fin de hacerla efectiva se fundó la “Gaceta de Buenos Aires”, que no sólo debía ser el órgano de la Junta Gubernativa, sino de los “hombres ilustrados” que sostuvieran y dirigieran “el patriotismo que tan heroicamente se ha desplegado”. Consideraba felices a los tiempos “en que se puede pensar lo que se quiere y decir lo que se piensa”, porque con ello se disipa las tinieblas, se corrigen los errores y se borran las preocupaciones ciegas. “La verdad, como la virtud tienen en si mismas su más incontestable apología; a fuerza de discutirlas y ventilarlas aparecen en todo su esplendor y brillo; si se oponen restricciones al discurso, vegetará el espíritu como la materia, y el error, la mentira, el fanatismo y el embrutecimiento, harán la divisa de los pueblos, y causarán para siempre su abatimiento, su ruina y su miseria.” Poco después, en una de esas jornadas de 1810 en que se estaba haciendo nada menos que “una nueva y gloriosa nación”, Manuel Belgrano decía en las páginas de “El Correo del Comercio”: “La libertad de la prensa no es otra cosa que la facultad de escribir y publicar lo que cada ciudadano piensa y puede decir con la lengua. Es tan justa dicha facultad como lo es la de pensar y hablar, y es tan injusto oprimirla como lo sería tener atados los entendimientos, la lengua, las manos o los pies de todos los ciudadanos.”

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Acabábamos de salir del dominio español, y las ideas de libertad –sobre todo, la libertad de escribir- no eran unánimemente compartidas. Honrados patriotas temían el desorden que podría producir si se la empleaba abiertamente. El dean Gregorio Funes, uno de los más ancianos próceres de la Revolución, a quien el carácter sacerdotal no inclinaba a las riesgosas experiencias, aquietó esos temores y señaló que “sin libertad de prensa quedaría impune un atentado contra los derechos del pueblo, y eso serviría de título para cometer otro” y agregaba: “De usurpación en usurpación se viene al fin a poseérselo todo, No hay duda que para disfrutar tranquilamente estas usurpaciones, conviene que no haya libertad de prensa, La ignorancia que le es consiguiente, siempre es muy a propósito cuando como a un vil rebaño se quiere gobernar al pueblo a discreción”. Con igual fuerza de convicción el deán destruía las supuestas amenazas contra la seguridad del ciudadano. “La ley celosa del honor y la virtud del ciudadano como de la guarda de sus bienes –dijo-, se armará contra el agresor y haciendo ver que esa fama vulnerable es un bien que la justicia mira como propio y que ella consagra su gloria. Castigará al difamador según la gravedad de la ofensa, como castiga al autor del hurto…” Seis meses después, el primer Triunvirato, formado por Chiclana, Sarratea y Paso, del cual era secretario Bernardino Rivadavia, estableció en forma definitiva el pensamiento revolucionario sobre dicha materia, pensamiento que se ha transmitido a todas las generaciones argentinas y solo fue desconocido durante los períodos de nefasta dictadura. Declaró que la libertad de prensa “es un derecho natural destinado a formar la opinión pública y a consolidar la unión de los sentimientos del pueblo, debiendo ser celosamente respetado y amparado por las autoridades” Con fecha 23 de noviembre de 1811, el Triunvirato completó su histórico decreto sobre libertad de prensa, con el no menos notable sobre seguridad individual, cuyo preámbulo establece el nexo entre ambos derechos y la estructura condicional del Estado. Dispuso en definitiva que “siendo la libertad de la imprenta y la seguridad individual el fundamento de la seguridad pública”, los decretos en los que se establecen formaban parte de Reglamento constitucional y que los miembros del gobierno, en el acto de su ingreso al mando, jurarían “guardarlos y hacerlos guardar religiosamente”. Largo ha sido el proceso de nuestra organización político, pero a través de sus muchas vicisitudes siempre se ha mantenido vivo el pensamiento de la libertad de prensa. Lo hallamos en la Asamblea del año 13, en el Estatuto Provisional de 1815, en el Congreso de Tucumán y en las constituciones de 1849 y 1826. De esas fuentes pasó a la Constitución de 1853, en cuyo artículo 14 se declaró expresamente que todos los habitantes de la Nación gozan del derecho de “publicar sus ideas por la prensa sin censura previa”, y en el artículo 32 que el Congreso “no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”.

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Esa es la tradición del país, mantenida a pesar de los abusos que varias veces la hicieron peligrar. Jamás se creyó que podría ser desconocida o alterada. Cuando eso aconteció, se tuvo la certidumbre de los males tremendos que seguirían.

Martirologio de la prensa libre. De diversas maneras puede la dictadura ejercer su dominio sobre la prensa. Una, mediante reglamentaciones que cercenen su libertad; otra, acallándola brutalmente; una más, apoderándose de todos o casi todos sus órganos. De esos tres procedimientos se valió la dictadura peronista. Tuvo, sin embargo, algunos antecedentes. Desde luego, en los países totalitarios, y también en el nuestro, durante la presidencia de Castillo. La notoria influencia ejercida entonces por los agentes nazis y la necesidad de silenciar la opinión adversa a la política internacional del gobierno manifiestamente favorable al llamado eje Roma-Berlín, determinó al decreto del 16 de diciembre de 1941 que declaró el estado de sitio “con carácter preventivo” en todo el territorio de la República. Juzgábase necesario reprimir las actividades tendientes “a exacerbar las pasiones despertadas por la guerra, que perturbando el orden comprometen la tranquilidad pública con incitaciones subversivas y muestras inconvenientes de expresión”. De inmediato se hizo saber a los directores de diarios que “en virtud de instrucciones superiores”, debían abstenerse “de comentar la medida adoptada por el Poder Ejecutivo, así como de toda apreciación tendenciosa sobre la situación internacional y de cualquier publicación que pueda perturbar la tranquilidad pública interna”. Con ese decreto comenzó el avasallamiento de la prensa, sobre todo de la que no era subvencionada por los nazis porque la otra gozaba de especial tolerancia. Repetidas suspensiones sufrieron en 1943, antes o después del 4 de junio (3), “Critica”, “Noticias Gráficas”, “La Vanguardia” y “Argentina Libre”, de la Capital; “El Litoral” y “El Orden”, de Santa Fe; “Tribuna”, de Rosario; “La Gaceta”, de Tucumán; “El Intransigente”, de Salta; “La Época”, de Concordia; “La Unión”, de Rio Gallegos; “El Orden”, de Nueve de Julio; “La Hora”, de Tres Arroyos; “Tribula” de Rio Cuarto; y “Los Andes” y “El Diario”, de Mendoza. “La Provincia”, de Salta; y “El Debate”, de Jujuy, fueron clausurados, y “Crónica”, de Rosario, amonestado. El sistema persecutorio se perfeccionó con la Oficina de Informaciones y Prensa de la Presidencia de la Nación, creada bajo el gobierno del general Ramírez, el 21 de octubre de 1943. El 9 de noviembre siguiente se detallaron sus fines y el 31 de diciembre se organizó la subsecretaría de igual nombre, a la que se dio importancia de ministerio. Su mentido propósito era el de “asegurar la dignidad del derecho de libre expresión de las ideas y contribuir a la defensa y exaltación de la tradición histórica, de la cultura y

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de los valores morales y espirituales del pueblo argentino”; su intención real era la de fiscalizar las actividades de la prensa, la radiodifusión, la literatura social y política, el teatro, el cinematógrafo y los espectáculos públicos; impedir la libre actuación de las agencias y corresponsales extranjeros, especular con el abastecimiento de papel y de película vírgenes para el logro de fines tendenciosos, difundir la ideología oficial y organizar la propaganda del Estado y de sus dirigentes. Hacer, en una palabra, lo que Goebbels (4) quería que fuera la prensa bajo el régimen nazi: un piano en el que su ministerio de propaganda ejecutara de tal modo que no hubiera sino “una sola opinión pública”. Su modelo fue el “Sottosegretariato per la Stampa e Propaganda” del régimen mussoliniano. “En realidad –dice el informe de la Comisión Investigadora Nº 21- tanto la organización italiana como luego el ministerio de propaganda hitlerista, al igual que el sistema del comunismo ruso, coinciden en sus objetivos fundamentales. Era, en principio, la relación intima y constante “entre la opinión pública y el régimen”, por encima de la opinión y la discusión libre de los asuntos del Estado. De acuerdo con este sistema, el Estado retenía y ejercitaba el patrimonio exclusivo de la verdad inconmovible sobre hechos e ideas. La censura entre nosotros llegó a ser tan rigurosa que nos enfrentó al hecho inusitado de prohibir la publicación de las renuncias de ministros o las actuaciones públicas de comisiones investigadoras. Y algo más definitivamente sensacional: prohibir la publicación de un discurso pronunciado por el propio presidente de la República en la ciudad de Mendoza”. La reglamentación sobre las actividades de prensa implicaba una nueva forma de coartar su independencia, imponiendo sanciones a quienes violan sus preceptos. Estas eran, progresivamente, las de “amonestación, suspensión, eliminación del registro respectivo, clausura del periódico, clausura de la empresa, incautación de la maquinaria y demás elementos”. O sea la confiscación, “borrada para siempre del Código Penal argentino”, por expresa disposición del artículo 17 de la Constitución Nacional. “Con dicho acto, ejercitado sin escrúpulo por la dictadura –prosigue la Comisión mencionada- se penetró decididamente en el terreno arbitrario, prepotente y absoluto del régimen totalitario, retrotrayéndonos a las épocas más tenebrosas e infames de nuestra historia.” A partir de entonces se persiguió implícitamente al periodismo independiente. El 5 de junio de aquel año, es decir al día siguiente de la revuelta militar, el correo no distribuyó “La Vanguardia”; el 7 se clausuró el diario “La Hora” el 12 “El Diario”, de Paraná. Antes de terminar el mes se suspendió a “Los Andes”, de Mendoza, y se cerró “Argentina Libre”, cuyo director debió asilarse en la embajada del Uruguay. La dirección de Correos publicó por esos días una larga lista de periódicos cuya circulación estaba prohibida. “La nómina –sigue diciendo el informe referidocomprende 109 publicaciones nacionales y 79 extranjeras”. Las prohibidas, editadas en la Argentina, se dividen así: Capital Federal, 90; provincia de Buenos Aires, 10;

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Córdoba 4; Corrientes, 1; Entre Rios, 1; Mendoza, 1; San Juan, 1; Formosa, 1. Las extranjeras: Chile, 13; Estados Unidos, 22; España, 4; México, 20; Uruguay, 13; Bélgica, 1; Cuba, 1; Venezuela, 1; República Dominicana, 1; Rusia, 1, Esta lista es convencional, pues los diarios censurados fueron muchos más. “Colma el inicuo acosamiento emprendido contra la prensa libre en ese año de 1943 la detención de gran número de sus directores. Centenares de hombres y mujeres son encarcelados por el tremendo delito de opinar. El 7 de julio el periodista norteamericano Frank Breese, encargado del manejo de las noticias del exterior e interior de U.P., es asaltado, golpeado y herido por “desconocidos”, según la versión policial. “Se allanan las editoriales Claridad y Problemas, recibiendo la prensa en esa oportunidad orden terminante de no publicar nada al respecto. Cuando cae Mussolini – julio 25- la prensa y la radio reciben instrucciones precisas sobre lo que deben o no deben publicar y los titulares a emplearse. En la mayoría de las provincias se adopta el procedimiento, cada vez más riguroso, de acallar la libre expresión, reemplazada por la voz oficial.” El 24 de octubre se pasó una circular a los diarios haciéndose saber que no debía “informarse sobre ninguna noticia de carácter estudiantil, sea oficial o no, con excepción de las que dé a conocer, exclusivamente la Oficina de Informaciones y Prensa de la Presidencia de la nación”. Y agregaba que en esa prohibición hallábanse comprometidas las renuncias, cesantías, notas y comentarios de los miembros de las universidades, facultades, colegios nacionales, etcétera, pudiendo publicarse únicamente las fechas de reunión de las mesas examinadoras. Otras circunstancias prohibieron dar noticias referentes a cláusulas y superaciones de publicaciones y paros obreros. “Las condiciones reinantes en el año 1943 –prosigue el informe- muestran que las disposiciones del decreto de estado de sitio, dictado el 16 de diciembre de 1941, que originalmente estaban referidas a las situación internacional, fueron pretexto para atacar al periodismo independiente y al movimiento obrero. Las prohibiciones a los diarios de hicieron cada vez más estrictas. Así, por ejemplo, la crónica parlamentaria en cuanto se refiera a las cuestiones más candentes del momento no podía ser transcrita ni comentada. El atentado de que fue objeto el escritor Waldo Frank se mantuvo en penumbra y no pudo pasar de las escuetas noticias de la información oficial, silenciándose las medidas adoptadas por el gobierno. No podían darse las noticias vinculadas con el conflicto de propietarios y conductores de autos colectivos (5), ni tampoco transcribir discursos pronunciados en actos públicos y, en especial, los que tenían relación con la carestía de la vida. Y, como detalle característico, la prohibición se ensañaba con cualquier indicio de una posición democrática argentina. En tal sentido, la Comisión Investigadora de Actividades Antiargentinas, de la Cámara de Diputados, no sólo no pudo hallar eco periodístico durante ese año, sino que tampoco le estaba permitido mencionar siquiera la prohibición que pesaba a ese respecto.”

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En febrero de 1944 el señor Adolfo Lanús, ex gobernador de La Rioja y entonces presidente del Círculo de la Prensa, fue traído preso desde aquella provincia. En agosto la policía federal allanó y destruyó la imprenta de Ranelagh, que editaba subrepticiamente la mayor parte de los periódicos de la resistencia, proliferados a partir de julio de 1943. Sin embargo, la difusión de las hojas impresas o mimeografiadas prosiguió sin descanso. Tales eran, entre otras: “El Garrote”, “El Himno Nacional”, “¡Urquiza, despierta!”, “la Voz de Mayo”, “Maipú”, “Libertad”, “Resistencia”, “Mayo”, “¡Presente!”, “Llamada”, “Joven Argentina”, “En la pendiente de la humillación”, “1918”, “Libertad y reforma”, “Libertad, Constitución y Democracia”, “Carta de la Libertad”, “Sarmiento”, “Las ideas no se degüellan”, “El Constitucional”, etcétera. También en agosto se allanó “La Unión”, de Paraná, y su director, don Silvano Santander, fue arrestado. En septiembre un grupo de periodistas argentinos, verdaderos héroes en su momento, hicieron un llamado a “los hermanos de América” sobre presos políticos cuyos nombres se prohibió publicar. Se allanaron o clausuraron “El Comercio”, de San Rafael, Mendoza, “Tribuna”, de Tandil, Provincia de Buenos Aires, y “La Provincia”, de Salta. “La Gaceta” y “La Unión”, ambos de Tucumán, fueron amonestados. Se suspendieron “La Acción”, de San Juan, y “La Voz del Pueblo”, de Esteban Echeverria, Provincia de Buenos Aires, por emitir juicios desfavorables al gobierno. Los directores de algunos de esos periódicos fueron encarcelados. En octubre, el dictador en cierne creyó necesario decir algo sobre la libertad de prensa, que por todos lados era avasallad. Cuidábase todavía de desconocerla expresamente. “La libertad es el clima natural de la prensa y fuera de ella vive amordazada”, expreso entonces. Pero agregó: “A lo que nos opondremos y nos seguiremos oponiendo con toda la fuerza de la autoridad es a esa arbitraria invocación a la libertad de expresión con que encubren campañas destinadas a confundir y desorientar a la opinión pública”. Y añadió: “Las linotipias y las rotativas no pueden ser impunemente convertidas en armas de perturbación económica, de disolución social, ni de vehículos de idearios extraños, ni de ambiciones políticas, ni de desahogos personales”. Como estaba en poder del gobierno la facultad de determinar cuáles eran esas “armas” y “vehículos”, continuó la persecución implacable. El 6 de noviembre se arrestaron en Bahía Blanca 65 personas por repartir hojas mimeografiadas. El 25 de ese mes “EL Liberal”, de Balcarce, provincia de Buenos Aires, fue clausurado y su director detenido. Causa: artículo titulado “Queremos libertad”.

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En junio de 1945 partió al exilio el profesor y ex diputado Américo Ghioldi, director de “La Vanguardia”. En las cárceles de Villa Devoto, Paraná, Neuquén y otros lugares del país quedaron recluidos muchos periodistas; otros vivían en la expatriación. El 25 de julio de 1945 estalló un petardo en el Círculo de la Prensa y ocasionó graves daños materiales. El 2 de septiembre se atacó a “Critica” por grupos de matones. En el tiroteo cayeron dos más muertas y treinta y tres heridas. En noviembre aumentaron las trabas del correo para la distribución de diarios. El 1º de febrero de 1946, el subdirector de “Noticias Gráficas”, Alberto De Simone, fue secuestrado, torturado y herido por “desconocidos” que usaban un automóvil de la Policía Federal. El gobierno del general Farrell, del cual formó parte Perón hasta octubre de 1945, había cumplido con la misión intimidatoria señalada por los consejeros totalitarios. El ambiente ya estaba preparado para la dictadura y los medios a utilizarse ya se habían ensayado. Solo faltaba “el dictador” que los empleara en su provecho.

La prensa bajo la dictadura Desde 1943 a 1945. Perón formó parte del gobierno surgido de la revuelta militar del 4 de junio, primero como secretario de Guerra, luego como secretario de Trabajo y Previsión, y posteriormente como ministro en aquel departamento, vicepresidente de la Nación y presidente del Consejo de Posguerra. Su influencia fue en todo instante; era el más capacitado y el más audaz del equipo mediocre, y el único que sabía lo que ambicionaba y cómo había de lograrlo. Nadia de lo realizado entonces se hizo sin su inspiración, consejo o aprobación; por eso es responsable más que ninguno de la persecución sufrida por la prensa. Son ser tremenda, no llegó esa persecución a los extremos alcanzados durante el decreto de la presidencia. Antes de ella, se redujo a castigos –amonestaciones, suspensiones y algunas pocas clausuras-, odioso sin duda, pero nunca tan graves como las confiscaciones y expoliaciones que vinieron después. Una de las víctimas de ese desborde de poder fue el diario “La Prensa”, de Buenos Aires, fundado el 18 de octubre de 1869 por el doctor José C. Paz. Debemos detenernos en el relato de su clausura e incautación porque tuvo vasta repercusión dentro y fuera del país. Había asistido y contribuido ese diario al desarrollo sorprendente de la Nación. Con insobornable espíritu de independencia, sin vínculos con los partidos actuales, sin ataduras a créditos, grupos o intereses, habíase esforzado en ser intérprete de la opinión

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pública y en juzgar a los hombres y acontecimientos con ecuanimidad, guiado por el propósito de servir al país. En su larga existencia había disentido muchas veces con la obra de los gobernantes, ya fueran los surgidos de los cabildeos palaciegos contra la voluntad de la mayoría, ya los elegidos en comicios libres, pero cuya política consideró errónea. Era el “centinela de la Constitución”, es decir, del sistema republicano representativo federal, y de los derechos y garantías que ella establece. Aunque dolieran algunos de sus juicios, no pasó por la mente de nadie el pensamiento de acallar su voz. No sólo porque se reconocía su autoridad y prestigio, sino, principalmente, porque se respetaba la libertad de prensa, consubstancial de la democracia y de nuestro desarrollo histórico. Sufrió el primer ataque en 1944, durante el gobierno de Farrell, cuando se suspendió por cinco días su publicación por haber señalado el error de ciertas economías en los hospitales del municipio. Tan absurdo era el pretexto de la sanción, que nadie creyó en él. Ese castigo, sin base legal, importaba una advertencia: el gobierno no toleraría la libertad de opinión. No se atemorizó el diario. Al reaparecer el 1º de mayo comentó en un editorial el significado de la fecha universal del trabajo y del doble aniversario del pronunciamiento del pueblo argentino contra la tiranía de Rosas y de la sanción de la Constitución democrática de 1853. No pudo, en cambio, publicar el decreto que había dispuesto su temporal clausura. Desde entonces, durante siete años, “La Prensa” debió luchar denodadamente por mantener su libertad frente al clan antidemocrático adueñado del gobierno y a los sumisos que cumplían sus órdenes. Muchas veces fue apedreado su frente por pequeños grupos resguardados por la policía; muchas veces, también, se lo amenazó con destruirlo o incendiarlo. Hubo un tiempo en que desde un balcón frontero se lo injurio con altavoces y fueron muchas las veces en que se inspeccionaron sus edificios y talleres en procura de infracciones que justificaban la aplicación de sanciones severas. Así se había clausurado “La Vanguardia” y no había por qué no hacer lo mismo con “La Prensa” A los pocos meses de iniciado el primer período presidencial de Perón se halló un pretexto que, bien o mal explotado, podía servir para coaccionarlo y eventualmente para destruirlo. Ese pretexto era de orden fiscal. Ni “La Prensa” ni “La Nación”, ni ningún otro diario pagaba derechos de aduana por el papel extranjero que importaban para sus ediciones. Una ley del año 1917 los eximia de tal impuesto, sin distinguir el papel que se utilizaba entre noticias y comentarios del que se empleaba en la inserción de avisos. El diario era uno solo y como tal debía considerárselo. En mérito a ello, tampoco abonaban derechos

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de aduana los diarios que venían del exterior. No podían confundírselos con los catálogos, folletos y revistas de exclusivo carácter comercial. La aviesa denuncia contra “La Prensa” y “La Nación” tuvo una tramitación lenta. De tanto en tanto, “una orden de arriba”, según los vaivenes de las circunstancias políticas, urgía el procesamiento. No detallaremos sus instancias. A la postre el Ministerio de Hacienda, apartándose de la opinión del procurados del Tesoro, confirmó la decisión de la Aduana, que juzgó pertinente la aplicación del impuesto. Liquidado éste a “La Prensa” por el papel importado desde 1939 hasta 1948, arrojó un total de $ m/n 32.038.391,20 por cuya cantidad se dispuso iniciarle juicio de apremio. No era extraño que el celo fiscal sólo reparara en dos diarios independientes, ambos desafectados al gobierno, y no en los restantes que estaban en idéntica situación, porque lo que se deseaba era acabar sólo a éstos y dejar vivir a los demás. En eso se estaba cuando comenzó a actuar la tristemente famosa Comisión Bicameral, designada originariamente para investigar las denuncias de torturas, formuladas en el Congreso, pero a la que se añadió posteriormente la misión de hacerlo también con referencia a “la conducta de ciudadanos extranjeros y argentinos”. Esa comisión, en la que sólo actuaban dos de sus miembros, los diputados peronistas Visca y Decker, allanaron periódicos de todo el país e intervinieron sus contabilidades para determinar el movimiento de sus fondos. Lo mismo hizo en “La Prensa”. No halló lo que buscaba, es decir, las supuestas vinculaciones con potencias y capitales extranjeros, pero a pesar de ello solicitó al Ministerio de Hacienda que se excluyera a ese diario del registro de importadores. También suspendió el montaje de una gran rotativa, luego incautada y transportada al grupo ALEA. Omitimos mencionar otros episodios de la persistente campaña. Para referirnos a los que determinaros su clausura e incautación. El golpe definitivo fue el 25 de enero de 1951. Ese día el Sindicato de Vendedores de Diarios, Revistas y Afines, exigió a “La Prensa” la supresión de sucursales y subscriptores, a efectos de que aquél distribuyera y vendiera el diario, y a la vez reclamó el 20% del importe bruto de los avisos clasificados. Sin esperar la respuesta, que en realidad no se deseaba, se ordenó la huelga. Sólo algunos trabajadores la acataron, pero los restantes fueron amenazados. Reclamaron protección para su libertad, de trabajo, mas no se les atendió. El diario dejo de publicarse el 26. Durante un mes procuró “La Prensa” hallar una solución al conflicto. No le fue posible. En vista de ello, la casi totalidad de sus redactores, empleados y obreros comunicaron al gobierno y a todas las agencias noticiosas que el 27 de febrero reanudarían las tareas, interrumpidas durante un mes. La policía prometió que serían respetados.

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Luego de reunirse en la casa central, salió una parte del personal en dirección a los talleres situados en Azopardo y Chile. Iban en pequeños grupos tranquilos y relativamente confiados. El público los veía pasar con honda simpatía. Eran obreros libres dispuestos a trabajar, porque nada habían reclamado y nada se les había negado. Pero la dictadura no lo quería. Movilizó sus bandidos, los situó en las inmediaciones del edificio en que esos talleres estaban instalados; y apenas llegaron los honrados y valientes trabajadores, los hizo atacar a mansalva. Cayó muerto el obrero Roberto Nuñez y otros catorce fueron heridos. La policía estaba ausente. “El grupo agresor era fácilmente identificable –dijo el diario “La Nación”- y no pertenecía ni al gremio periodístico, ni al gráfico, ni al de vendedores de diarios. Pudo consumar su plan impunemente, ya que ninguno de sus componentes fue detenido. En cambio, el personal que entró en los talleres e inició sus tareas para el número que debía salir al día siguiente, fue obligado a interrumpirlas y detenido, por decisión exclusiva de la policía. Esta es la verdad de los hechos producidos. La opinión pública la conoce, y será vano pretender tergiversarla. Queda como un testimonio más de nuestra época. Queda también el ejemplo simbólico de que un obrero haya caído muerto, en medio de sus compañeros, porque deseaba ejercer tranquilamente el derecho de trabajar”. Vino después la Comisión Interventora e Investigadora del diario “La Prensa”, resuelta en sesiones extraordinarias del Congreso. El 20 de marzo tomó posesión de todos los bienes del diario, sin aceptar protesta alguna de su director. Y en seguida dispuso la colocación de grandes retratos del dictador y “la Señora” en el frente y en todas las dependencias del edificio principal del diario. Pocos días después firmó un despacho aconsejando la expropiación de “todos los bienes que constituyen el activo de la sociedad colectiva “La Prensa”, incluyendo expresamente los inmuebles y el título del diario, y se tasó su valor en m$n 18.454.515,10, o sea poco más de la mitad de la suma supuestamente adeudada a la Aduana. Votado ese despacho por ambas Cámaras del Congreso, quedó satisfecho el propósito de la dictadura. “La Prensa” había sido silenciada y robada. El escarnio se completó cuando, pocos meses después, con el mismo título, escrita en la misma casa y compuesta con sus mismos tipos de imprenta, apareció otra, la sumisa, la que exaltaba al dictador y a su régimen (6). De arbitrariedad igualmente censurable fueron, entre otros, los casos de “El Intransigente”, de Salta, y de “La Vanguardia” y “El Pueblo”, de la Capital Federal. “El Intransigente”, dirigido por don David Michel Torino, se distinguió, durante los primeros años de la dictadura, por su decidida defensa de la libertad y su valiente critica

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de la política oficial. Dentro de la corriente del radicalismo histórico, había juzgado con igual severidad los errores y demasías de los gobiernos fraudulentos. Pero la dictadura no toleraba tales críticas. En 1949, el senador peronista Durand había planteado, en el cuerpo a que pertenecía, una cuestión de desacato por cierta información dada por ese diario. En virtud de ella, fueron traídos a Buenos Aires sus redactores y obreros con el pretexto de hacerlos declarar ente la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, pero, en realidad, con el avieso propósito de impedir la publicación del diario. Tiempo después fue detenido el señor Michel Torino y expropiada su imprenta. Para silenciar a “La vanguardia”, órgano del Partido Socialista, se empleó otro procedimiento. No fue oficialmente clausurado, sino cerrados sus talleres gráficos por supuesta contravención de alguna ordenanza municipal. De nada valieron las defensas y recursos alegados por la empresa editora, como tampoco las gestiones realizadas para conseguir la habitación del local. Después de cinco años, ya en 1952, el presidente, accediendo a un pedido formulado por el doctor Enrique Dickmann, dispuso el inmediato cese de la clausura, pero no devolvió el diario a sus legítimos propietarios sino que lo entregó a los llamados “socialistas revolucionarios”, puestos al servicio del dictador. “El Pueblo”, diario católico fundado a comienzos de este siglo (7), debió correr la suerte derivada del conflicto (8) de la dictadura con la Iglesia. Su castigo comenzó con la reducción de la cuota de papel; posteriormente fue detenido el administrados, señor Jorge C. Dussol, a la vez que el presidente de la Editorial Difusión, don Luis Luchia Puig. A fines de 1954, los delegados gremiales señalaron que “con lógico estupor” habían observado en el diario “una inexplicable disminución de la importancia de las noticias que se refieren a actos de gobierno u homenajes que fuerzas del trabajo rinden al primer magistrado…, las que prima facie configura una conducta tendenciosa”. Días después llegaron al diario los consabidos inspectores municipales y el secretario del sindicato gráfico. Este exigió el pago de la quincena, que debía hacerse efectivo seis días después, o del aguinaldo actual, cuyo plazo legal se extendía hasta el 7 de enero. No llegándose a un acuerdo de partes, los delegados gremiales dispusieron el paro y la consiguiente clausura. Muchos otros casos podríamos agregar a los anteriores, pero su mención extendería demasiado este capítulo.

Incautación de la mayoría de los diarios y revistas del país La radiodifusión A la despiadada persecución a los órganos de la prensa, siguió la apropiación de las principales empresas periodísticas del país. “Para lograrlo –ha dicho la Comisión Investigadora Nº 21- se practicó el método de presionar permanentemente en la parte

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económica a los propietarios o a la de los diarios y periódicos en circulación, hasta obligarlos a enajenar sus derechos patrimoniales sobre los mismos. Además, se usó de la fuerza y del terror contra los reacios a entregarse sin condiciones. “Abreviando el proceso iniciado en 1946, en cuyo desarrollo intervienen Miranda, Maroglio, Mercante y Aloé, entre otros menos destacados personeros, se llegaron a supervisar muchas empresas, de las cuales el ex presidente y su esposa se adueñaron desde más del 50 al 100% de las acciones.” A la vez que el monopolio de la prensa, la dictadura necesitaba para su propaganda el de la radiodifusión. En sus manos serviríale exclusivamente, y en modo alguno podría ser utilizada por los partidos contrarios. La adquisición por el Estado de las radioemisoras privadas se promovió en septiembre de 1947 mediante una nota reservada dirigida por Correos y Telecomunicaciones al presidente del Consejo Económico Nacional. La conveniencia de la operación se fundó, en otras, en “elementales razones de defensa nacional y concepción espiritual”. Para realizarla, el Instituto de promoción del Intercambio –IAPI- facilitó la cantidad de m$n 18.475.000. “En algunas oportunidades –expresa el informe de la Comisión Investigadora número 56- el IAPI actuó como mandatario de Correos y Telecomunicaciones; en otras fue parte directa esta última repartición y, en las restantes Radio Belgrano y la Primera Cadena Argentina de Broadcasting S.A. adquirió empresas por cuenta de Correos y Telecominicaciones. “La escrituración de los boletos de compraventa tropezó con dificultades ya que se querían eludir las exigencias legales de publicidad y obtención de certificados del Instituto Nacional de Previsión Social. Para evadir las obligaciones legales se recurrió a los siguientes procedimientos irregulares: 1º) se dictó en decreto Nº 30.625 del 15 de diciembre de 1949, al que no se dio publicidad, el cual declaró no comprendidas en las prescripciones de la ley 11.867 las adquisiciones por el Estado nacional de los activos físicos de las radiodifusoras; 2º) Con el régimen de excepción que el artículo 25 de la ley 14.241 consagrara el disponer que sólo después de enajenar los bienes de propiedad del Estado y percibidas sus importes, podrá efectuarse el pago de las deudas que las radioemisoras mantengan con el Instituto Nacional de Previsión Social. “La explotación de las radioemisoras adquiridas por el Estado se inició con la cuenta bancaria que abrió el IAPI con un depósito de m$n. 800.000 en el Banco de la Nación Argentina. “Con el anticipo antes aludido y el producido de la explotación de los activos físicos iniciales, se adquirieron las restantes emisoras con excepción de LV1 Radio Colón de San Juan y aquellas de las cuales era permisionaria la Editorial Haynes.

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“También con el producido de la explotación se instalaron nuevas emisoras, a saber: LW3, LU3, LT13, LT16, LT11, LU9, LC15, LR3 TV, LV9, LT12 y LU10. “Igualmente se adquirieron inmuebles en Tartagal, Posta de Toledo, Gualeguaychú, Esquel, Colonia Eldorado, San Fernando, Morón y Mendoza. “El Estado, que había adquirido las emisoras privadas fundado en razones de defensa nacional y concepción espiritual el 11 de septiembre de 1947 al mes siguiente, 14 de octubre de 1947, entrega la explotación total de dichas emisoras a la S.A. Radio Belgrano, a la que había descalificado en fecha anterior inmediata, por resolución recaída respecto de serias irregularidades.” Agrega el informe referido que previa consulta con “La Señora” se decidió autorizar nuevamente la explotación por particulares del servicio de radiodifusión. A ese efecto elaboraron en el Ministerio de Comunicaciones los anteproyectos de ley de radiodifusión, de su decreto reglamentario y del pliego de bases y condiciones para su instalación, funcionamiento y explotación de las redes privadas. “Tales proyectos fueron substancialmente modificados en el Ministerio de Asuntos Técnicos, en perjuicio de la administración pública y en beneficio de los futuros adjudicatarios… Los beneficiarios de las maniobras antes aludidas fueron Editorial Haynes, La Razón y APT. Respecto de dichas sociedades, procede destacar la situación de APT. Todos los participantes de su acto constitutivo, salvo el doctor Israel Senderey, admiten no haber aportado capital. Se desconoce el paradero de las acciones y el doctor Víctor Madanes, sin figurar como accionista ni desempeñar cargo alguno, ha actuado como dueño absoluto de la empresa”. Desde que las radiodifusoras particulares quedaron en manos de los personeros del dictador, tuvo éste todos los medios de dirigir la opinión pública. Su voz, como la de “la Señora” y la de la gente que la Subsecretaría de Prensa y Difusión, eran las únicas que podían llegar a los oyentes del país.

Monopolio de la publicidad Al producirse la revolución el 16 de septiembre de 1955 Aloé conducía y supervisaba, por cuenta y orden de Perón, las siguientes empresas o actividades:

1. S.A. “Democracia”. (Con posesión del 100% de las acciones); editora de los diarios “Democracia” de la Capital Federal, y “Democracia” y “Rosario” de Rosario (Santa Fe). 2. S.A. ALEA. (Con posesión del 100% de las acciones); impresora.

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3. S.A. “La Razón”. (Con posesión del 100% de las acciones); editora del diario “La Razón” de la Capital Federal y concesionaria de la Cadena “Splendid” de radiodifusión. 4. S.A. Editorial Hayness. (Con posesión de más del 50% de las acciones), editora del diario “El Mundo” y de las siguientes revistas, todas de la Capital Federal: “Mundo Agrario”, “Mundo Radial”, “Mundo Infantil”, “Mundo Atómico”, “Mundo Argentino”, “Mundo Deportivo”, “Caras y Caretas”, “PBT”, “El Hogar” y “Selecta”. Concesionaria de la cadena Radio “El Mundo” 5. CADEPSA. (Con posesión del 100% de las acciones); editora del diario “Critica” de la Capital Federal. 6. S.A: Luz. (Con posesión del 100% de las acciones); editora del diario “La Época” de la Capital Federal y propietaria de la agencia de publicidad “Alerta”. 7. S.A. “El Día”. (Con posesión de más del 50% de las acciones); editora del diario “El Día” de La Plata. 8. S.A. Atlas. (Con posesión del 100% de las acciones). Edificación. 9. S.A. El Trabajo. (Con posesión del 100% de las acciones). Seguros. 10. “La Mañana”. (Con posesión del 100% de las acciones); editora del diario “La Mañana” de Mar del Plata. 11. “La Libertad” S.R.L. (Con posesión del 100% de las acciones); editora del diario “La Libertad” de Mendoza. 12. “El Meridiano” SRL. (Con posesión del 100% de las acciones); editora del diario “El Meridiano” de Córdoba. 13. “Nueva Provincia” (Sociedad colectiva, con posesión de más del 50% del capital); editora del diario “Nueva Provincia” de Bahía Blanca. 14. S.A. AFA. (Con posesión de más del 50% de las acciones); editora de los diarios “El Argentino” y “El Plata” de la Plata y “El Atlántico” de Mar del Plata. 15. S.A. Agencia Latina de Noticias. (Con posesión del 50% de las acciones); Agencia noticiosa internacional con sede en Río de Janeiro. 16. Saporiti. (Sociedad colectiva, con posesión del 50% del capital). Agencia noticiosa.

Agrupado por ramo las actividades que esas empresas comprenden, se obtiene la siguiente clasificación:

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1. Imprentas. A) Capital Federal: Democracia, Alea, Editorial Haynes, La Razón, CADEPSA, B) Interior: Democracia (Democracia y Rosario), Rosario; El Meridiano, Córdoba: La Mañana, Mar del Plata; APA (El Atlántico), Bahía Blanca; APA (El Argentino y El Plata), La Plata; El Día, La Plata; Nueva Provincia, Bahía Blanca; La Libertad, Mendoza; APA (Tribuna), Tandil. 2. Periodismo. A) Diarios, a) Capital Federal: “Democracia”, /El Laborista”, “Noticias Gráficas”, “El Mundo”, “La Razón”, “Critica”, “La Época”. b) Interior: “Rosario”, Rosario, “Democracia”, Rosario; “El Meridiano”, Córdoba; “La Mañana”, “Mar del Plata”; “El Atlántico”, Bahía Blanca; “El Argentino”, La Plata; “El Plata”, La Plata; “El Día”, La Plata; “Nueva Provincia”, Bahía Blanca; “La Libertad”, Mendoza; “Tribuna”, Tandil. B) Revistas: “Mundo Agrario”. “Mundo Radial”, “Mundo Infantil”, “Mundo Atómico”, “Mundo Argentino”, “Mundo Deportivo”, “Caras y Caretas”, “PBT”, “El Hogar”, “Selecta” 3. Radiodifusión. a) Red Azul y Blanca de emisoras argentinas, dependiente de Editorial Haynes y compuesta por las siguientes emisoras radiales: LR1, Radio el Mundo, LRX (onda corta). LRX1 (onda corta), LS10, Radio Libertad; LR6, Radio Mitre; LR9 Radio Antártida. Cadena del Interior: LT3, Rosario; LT9, Santa Fe; LU7, Bahía Blanca; LV3, Córdoba; LU6, Mar del Plata; LT5, Resistencia; LV8, Mendoza; LV7, Tucumán; LV%, San Juan; LS11, La Plata; LU4, Comodoro Rivadavia; LT15, Concordia; LW7, Catamarca; LW13, San Luis; LW8, Jujuy. B) Red Argentina de Emisoras Splendid (RADES), dependientes de La Razón, S.A. y compuesta por emisoras radiales: LR 4 Radio Splendid, LRS1 (onda corta), LRS2 (onda corta). Cadena del interior: LT2, Rosario; LT4 Posadas; LT6, Goya; LT11, Concepción del Uruguay; LT16, Presidencia R. Sáenz Peña; LU6, Bahía Blanca; LU5, Neuquén; LU8, San Carlos de Bariloche; LU12, Rio Gallegos; LU13, Necochea; LV4, San Rafael; LV6, Mendoza; LV15, Villa Mercedes; LW1, Córdoba; LW3, Tucumán. 4. Información. A) Agencia Latina de Noticias, Sede central; Río de Janeiro, Brasil. Sucursales: La Paz, Bolivia; Montreal, Canadá; Bogotá, Colombia; Guayaquil, Ecuador; Nueva York, Estados Unidos; Asunción, Paraguay; Caracas Venezuela. Corresponsalías: Buenos Aires, Argentina; Santiago, Chile; La Habana Cuba; Quito, Ecuador; México, Méjico; Lima, Perú; París Francia; Guatemala, Suiza. B) Agencia Saporiti. Con sucursales en el interior del país y en el extranjero. c) Alerta publicidad. Dependiente de la S.A. Luz. 5. Varios. a) Atlas S.A. Empresas de edificación. b) El Trabajo S.A. Sociedad de seguros.

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Sus propósitos ¿Qué se proponía el dictador (9) con tan vasto apoderamiento de diarios, revistas, imprentas y redes radiales? Concretamente ha contestado su personero Aloé: “Mantener el organismo necesario para la difusión y la propaganda, y tener como medios a su alcance los necesarios para llegar a la opinión pública, en cualquier momento y en cualquier circunstancia” (10). Este “grupo de opinión”, según lo denominaba el dictador, no obedecía a otra voluntad que la suya. Pero atribuía su propiedad al “movimiento peronista”. De la indagatoria que hizo a este respecto la Comisión Investigadora Nº 7 resulta que “la Posesión y propiedad de las acciones y valores descritos por Aloé y que él detentaba, correspondían a Juan Domingo Perón”. Sólo cuando éste se vio perdido resolvió, en la madrugada del 20 de septiembre de 1955, transferirlos a la CGT, que no los aceptó. Próximo a terminar el primer período de gobierno (1946-1952) y en vísperas de la elección para el subsiguiente (1952-1958), la dictadura estableció un plan de acción política intensa, con el fin de triunfar en los comicios por considerable mayoría y aniquilar a la oposición. En ese plan la prensa debía servir considerablemente, y desde luego, todos los otros medios de propaganda al cuidado de la Subsecretaría de Informaciones. En febrero de 1951m ésta hizo balance de “las posibilidades de la prensa partidaria para enfrentar la lucha preelectoral”. Las consideró “vastas” y creyó que podían asegurarse “resultados óptimos por la siguientes razones: a) superioridad numérica; b) mayor tirada y por ende, mayor circulación, c) preferencia en el suministro de papel a cargo del Estado.” Con respecto a las dos primeras razones, la Subsecretaría hizo la siguiente clasificación de la prensa:

Publicaciones

Tirada mensual

Favorables

224

57.088.522

Opositores

120

28.572.950

Independientes

227

10.293.090

Como se ve, la tirada mensual de la prensa partidaria excedía en 28.515.572 ejemplares a la de oposición. Si se tenía en cuenta que algunos diarios “independientes” prestaban

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al régimen “gran colaboración cada vez que se les solicita”, fácil era entender a muchos de ellos, con lo que la tiranía correspondería, poco más o menos, al siguiente cuadro:

Favorables:

65.786.897

Opositores:

28.572.950

Independientes:

1.594.715

Es decir, la prensa partidaria aumentaría en la acción preelectoral en 8.698.375 ejemplares mensuales. Con respecto a la preferencia en el suministro de papel, corresponde decir que en 1945 el gobierno había resuelto intervenirlo, a efectos, según se aducía, de evitar el acaparamiento y el alza de precio. Al año siguiente dispuso la expropiación del papel adquirido por las empresas periodísticas para su propio uso, material que se destinaría, según palabras del respectivo decreto, “a satisfacer necesidades oficiales de orden educativo, cultural e informativo, pudiéndose distribuir los remanentes sobre la base de un prorrateo a efectuarse entre las empresas periodísticas que carezcan de papel o que no puedan proveerse del mismo por resultarles muy difícil o imposible la adquisición en plaza, estando el prorrateo a cargo de la Subsecretaría de Informaciones”. Los diarios que se habían provisto de papel en previsión de tales dificultades o sea los más importantes y responsables del país, comprendieron de inmediato el peligro de poner en manos del Estado la facultad de redistribuir el papel en que debían imprimirse, y que a la postre sería la de abastecer a la prensa adicta el papel de la prensa independiente. Estas disposiciones se agravaron en 1948, con la obligación de reducir a 16 el número de páginas de los diarios, que tenían mayor cantidad de ellas, lo que favoreció a los que tenían menos, que eran muchos de los oficialistas, que pudieron aumentarlas hasta alcanzar el mínimo permitido. Además, el decreto disponía que “a los efectos de la limitación de páginas dispuestas no se tendrá en cuenta los espacios destinados a la publicación de noticias, comunicados, gráficos y fotografías provenientes del organismo del Estado”. Lo que aún beneficiaba a los periódicos oficiales. Como consecuencia de estas disposiciones, la prensa opositora quedó neutralizada. Varios diarios y periódicos desaparecieron, principalmente en el interior. Solamente en la Patagonia dejaron de imprimirse por carencia de papel “El Eco”, de San Julián; “La Unión” y “La Mañana”, de Río Gallegos; “El Pueblo”, de Santa Cruz; “El Sur, de Puerto Deseado; “El Social”, de Cipolletti, etcétera.

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En 1951 la Subsecretaría de Informaciones consideró que “la prensa opositora por una razón numérica y de circulación –esto último condicionado al suministro de papel- no podrá en ningún caso neutralizar a la prensa partidaria o sobrepasarla en su función informativa o de propaganda.” En cuanto a las empresas periodísticas enroladas abiertamente en la oposición, la Subsecretaría estimaba que sólo eran “captables por medios económicos. El estudio de las finanzas de cada uno de esos órganos –decía- permitirá establecer las posibilidades de neutralizarlos o incorporarlos a la órbita partidaria. Se exceptúan “La Prensa” y “La Nación”. “Igual temperamento es aplicable a los órganos de segundo orden. “El problema de los órganos clandestinos, es netamente policial y se combate intensificando la vigencia de todo tipo de imprenta o medios impresores. “Con respecto a la propaganda que pueda entrar del exterior, debe intervenir la policía de aduana. “La reapertura de órganos clausurados sólo se explica cuando se asegura su incorporación a la órbita partidaria. Para ello será necesario iniciar tratativas con los propietarios o directores de los mismos. “Pero es necesario destacar que los órganos que adquieren notoriedad y prestigio en las filas opositoras por sus violentas campañas, actualmente clausurados, no deben incorporarse al movimiento.” En cuanto al cine, la Subsecretaría de Informaciones decía contar con la película virgen a obtener de la casa Kodak, de Estados Unidos, para lo cual el ministro de Finanzas ofrecía las divisas necesarias. Agregaba que la acción propagandista se realizaba por tres noticiarios semanales, editados por empresas privadas, con notas de difusión de la obra de gobierno, pasados en todas las salas del país (11).

Otros medios de publicidad La Subsecretaría convocó, además, a productores, argumentistas, directores y exhibidores t les requirió “para seguir recibiendo los beneficios que otorga el gobierno a la industria, que cada productor debe estrenar dentro de este año -1951-, por lo menos una película de largo metraje de contenido justicialista” Para neutralizar la propaganda opositora, recordaba que la producción cinematográfica nacional y extranjera estaba sujeta a la visación por parte de la Subsecretaría de Información y Prensa, desde la Dirección General de Espectáculos Públicos. Como es

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de suponer, caerían bajo la censura aquellas películas extranjeras que podían servir de argumento a la oposición; vale decir, las que tuvieren como tema exaltar la democracia o la libertad. El teatro también entraba en el círculo de la propaganda vigilada por la Subsecretaría, con métodos similares a los adoptados por el cine y la prensa. En cuanto al aspecto radial, aconsejaba dicha repartición la supresión de conferencias radiotelefónicas, excluyendo, por cierto, los discursos y exposiciones del dictador y “la Señora”. Señalaba también la necesidad de prohibir en el periodo preelectoral el uso de la radiodifusión para “todos los partidos políticos sin excepción”. “Se quitaría con ello a la oposición el arma siempre esgrimida en sus tribunas callejeras y repercusión en el exterior, de que la radiofonía está al servicio exclusivo del oficialismo”. Como podía suponerse que esto dañara al partido oficial, la Subsecretaría de Informaciones señalaba que el desarrollo de los planes propuestos por ella hacía “prácticamente innecesario el uso de las emisoras privadas para conferencias para su candidatos o dirigentes políticos, porque a través de dichos planes han sido previstos todos los aspectos posibles de la propaganda”. Así era. En tales planes entraban las “embajadas artísticas” al interior, que divulgarían libretos de propaganda justicialista; novelas y programas transmitidos por las emisoras del interior, ahogando los conceptos doctrinarios del peronismo, grabaciones de audiciones con motivos populares, recitados de romances u otras referentes a la bondad del régimen dictatorial, informaciones de la misma índole, difusión de frases de carácter eminentemente político, difusión por altavoces de frases de definida tendencia partidaria, exposiciones, micropantallas, comisiones cinematográficas, etcétera. Y, además, propaganda impresa –folletos, “afiches”, gráficos monumentales, libros, etcétera-, de la cual en todo momento se había hecho gran empleo, y que en vísperas electorales tenía mayor aplicación. Entre los años 1949, 1950 y los primeros meses del 51, la Subsecretaría de Informaciones y Prensa distribuyó un total de 2.032.273 “afiches”; 14.404.000 folletos; 2.859.000 láminas con retratos del matrimonio gobernante; 6.747.000 postales, de lo mismo; 252.745 volúmenes de literatura justicialista; 1.272.000 carteles; 5.551.000 volantes; 93.000 carteles menores; 91.000 escarapelas y 151.000 fotoláminas. Los distintivos repartidos entre 1950 y 1951, alcanzaron la cantidad de 141.480; en los primeros seis meses de 1952, esta cifra llegó a 147.217. A más de lo anotado, había en ejecución para 1952, 5.011 unidades entre folletos, afiches, postales, láminas y escudos. En los años 1954 y 55 se hicieron 5.787.640 folletos; 6.633.100 láminas y postales; 4.642.500 volantes; 1.535.900 “afiches”; 808.400 carteles; 2.000.000 de estampillas; 408.630 programas, amén de otros trabajos en cantidades menores.

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A lo que deben agregarse: mástiles con el escudo partidario, cajas de fósforos con las efigies del dictador y “la Señora”, lápices de tamaño gigante y otros de mina retráctil, con inscripciones del partido; juegos infantiles con graciosos detalles en que, por ejemplo, la clásica oca se ajustaba a las prescripciones del segundo plan quinquenal; mates con las consabidas efigies, ceniceros plásticos, pañuelos estampados con alegorías partidarias, agendas de distinta clase de encuadernación, billeteras en nylon o en cuero, etcétera. “En suma –concluye la Comisión 21 en el informe que contiene los datos precedentestodos los recursos del país y del Estado puestos al servicio exclusivo del partido oficial de la dictadura para cumplir el fraude más completo en la elección “libre” de un pueblo engañado por la técnica de un gobierno dirigiendo la opinión pública y la voluntad popular.”

El miedo Hasta aquí nos hemos referido a los medios de propaganda que utilizaba la dictadura. Ahora debemos señalar sus medios de intimidación. En diversos lugares de este libro hacemos mención de las instrucciones que daba el dictador a efecto de anular la acción política de sus adversarios a la vez que la opinión independiente contraria al gobierno. Las medidas que a ese respecto tomó la dictadura tendieron uniformemente a infundir el miedo en el país, a silenciarlo y paralizarlo. Procedió como los despotismos de todos los tiempos. Repetidas veces expresó el dictador que su método preferido era el de la persuasión, y a ese fin abusó de su incontinencia verbal. Pero los hechos de su gobierno eran más elocuentes que sus discursos, conferencias, lecciones magistrales, mensajes al Parlamento, artículos periodísticos, libros de propaganda y cuanto dijo y escribió para hacer aceptar su régimen. El país se asfixiaba, y cuando no pudo resistir más se rebeló. Entre tanto, el dictador decía a sus elementos de gobierno: “A unos se los conduce con persuasión, el ejemplo; y a otros, con la policía. Cuando sean capaces de conducir con el ejemplo, con la persuasión al 90%, y con la policía al 10% restante, estarán bien. Pero cuando sea necesario conducir al 90% con la policía y el 10% con el ejemplo, estarán mal” (12). Los oyentes –gobernadores de provincia, intendentes y presidentes de consejos deliberantes de las comunas del interior y cuantos tenían alguna función ejecutivacarecían en absoluto de condiciones persuasivas. Harto lo sabía el dictador. Para suplir esa incapacidad, y también se propio fracaso, optó por aumentar el miedo.

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El país se sabía vigilado. Los obreros y empleados, los funcionarios de la administración pública, las autoridades de todo rango y variada importancia, los diplomáticos actuantes en el exterior, los legisladores, los jueces, los profesores y maestros, las fuerzas armadas, la policía, los partidos políticos, la prensa, los centros sociales y científicos, las agrupaciones empresarias, los sindicatos, los simples ciudadanos en sus diarios movimientos, las amas de casa dentro de sus hogares, todos, en fin, sabían que a su lado había ojos y oídos atentos, y voluntades listas para la denuncia. Bastaba ésta para sufrir sinsabores: la privación de la libertad, los apremios ilegales, los procedimientos arbitrarios contra los bienes, los atentados por elementos anónimos o demasiados conocidos, la pérdida de los medios de subsistencia, etcétera. Por miedo, en gran parte, se votaba a favor de la dictadura, se concurría a sus actos públicos, se manifestaban adhesiones a su política, se pedía la reelección del dictador, se le rendían homenajes, se lo obsequiaba, se contribuía al sostenimiento del partido, se callaban las propias opiniones y se acataban sus órdenes en los cuerpos legislativos y tribunales de justicia. El miedo que la dictadura quería infundir al país tenía su origen en la propia cobardía. A pesar de la apariencia, se sabía débil. De ahí que menudeara sus “demostraciones de fuerza”, tanto más abundantes cuanto mayor era el peligro en que se hallaba. Nada podía tranquilizarla. Triunfaba holgadamente en las elecciones cuidadosamente preparadas, pero de inmediato detenía a quienes en la campaña comicial habían atacado al gobierno; para eso utilizaba la monstruosa ley sobre el desacato. Contaba con la casi totalidad de los periódicos, pero bastaba que los muy pocos independientes o de partido se le opusieran para que los castigaran con la privación de papel, con la clausura de sus imprentas y con la detención de sus redactores. Tenía sometidos a todos los dirigentes gremiales, pero si alguno era apenas díscolo o insuficientemente efectivo, se le separaba sin piedad (13). El miedo de la dictadura, en los últimos meses de su ejercicio, llegó al extremo. Dominado por él, quiso aterrorizar. Las cárceles y prisioneros estaban llenas de detenidos. Las torturas eran implacables, aún con mujeres. Pero la resistencia era cada vez más grande, sobre todo se produjo el absurdo conflicto con la Iglesia. De entonces fueron las señales rojas en determinados sectores de la ciudad y en los domicilios de los presuntos opositores. De entonces, también, el aislamiento de barrios enteros.

Un ejemplo de intimidación pública. El 31 de agosto de 1955, día en que el dictador simuló el propósito de renunciar, se interrumpió el servicio telefónico de noventa mil abonados de la ciudad de Buenos Aires y se dispuso el corte de corriente eléctrica en el mismo radio. Los jefes de las

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empresas productoras de energía –dice el informe de la Comisión Investigadora del Ministerio de Industria-, “alarmados por las graves consecuencias de todo orden que esa suspensión del servicio eléctrico podría tener para el sector de la ciudad afectado, donde hay hospitales, sanatorios, instalaciones bombeadoras de agua para los transportes y la vida normal de la ciudad, trataron de ponerse en comunicación con el ministerio de Industria, al tiempo que gestionaban reducir la extensión del corte de corriente y su duración, procurando que, si se hacía, fuese en horas del día y no de la noche, como querían hacerlo los obreros. Luego de infructuosas tentativas para comunicarse por teléfono, los directores generales de las dos empresas fueron recibidos en su despacho por el subsecretario del ministerio, ingeniero Guillermo Benito De Feo Vila, ante quien expusieron la situación y le solicitaron instrucciones. El ingeniero De Feo se comunicó por teléfono con el entonces titular de la cartera, señor Orlando Santos, que se hallaba en la presidencia, quien indicó al consultante que se mantuviese al tanto de la situación por medio de los jefes de las respectivas reparticiones y que, entre tanto, tratase de obtener la reducción del área y la duración de la interrupción, mientras el ministro intentaría entrevistarse con su colega de Trabajo y Previsión, Alejandro Giavarini, y con el secretario general de la CGT, Hugo Héctor Di Pietro. “Como consecuencia de todas estas consultas –continúa diciendo el informe de la Comisión Investigadora-, quedó acordado que los directores de las compañías no debían requerir el auxilio de la fuerza pública “porque el gobierno había aceptado esa demostración de fuerza” y que tratasen de negociar amigablemente las reducciones del área afectada y su duración. “El corte de servicios públicos en el “barrio norte” de la ciudad, tuvo repercusiones, por momentos de carácter muy grave, en el suministro de gas. En las primeras horas de la mañana, los obreros de Gas del Estado se entrevistaron con el gerente para pedirle el corte de suministro de fluido al barrio norte, por orden de la CGT. El funcionario se negó transmitiendo la novedad a sus superiores, la que así llegó hasta el subsecretario. A eso de las trece horas, el subsecretario, que por la mañana había aprobado la actitud de sus subordinados, ordenó al administrador general de Gas del Estado, el corte de suministro de fluido. Ante ese repentino cambio de conducta, en el que invocó instrucciones superiores, la orden fue cumplida por los demás funcionarios sin poder suprimir totalmente es servicio, en razón de la interconexión de las cañerías de baja presión y en atención a que el paro decretado había reducido el consumo habitual por el cierre de fábricas, talleres y casas de comercio. Pero el aumento de consumo en las últimas horas de la tarde, hizo que a eso de las 19 horas la presión descendiera al punto que se apagaron algunas llamas votivas y los artefactos funcionaron defectuosamente. “Los funcionarios técnicos que han declarado en este sumario señalan que la gravedad del corte de gas reside en que, a causa de la baja presión es frecuente que se apaguen las llamas de los picos abiertos, pero el gas sigue fluyendo y si eso no es advertido a tiempo

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por los moradores de las casas, podía ser causa de explosiones e incendios con víctimas y daños incalculables. “Ya hemos dicho que después del mediodía del 31 de agosto pasado hubo un cambio repentino de actitud del subsecretario del ministerio, ingeniero De Feo, que había resistido el corte del servicio de gas y procurado limitar el de energía eléctrica. ¿Qué factores determinaros ese cambio, que se transmitió a la Dirección de Gas del Estado, y por ésta a las demás dependencias de la repartición? Según resulta de las aclaraciones presentadas por el ex ministro señor Orlando Santos, por el ex subsecretario ingeniero Guillermo Benito De Feo Vila, por el entonces administrador general de Gas del Estado, ingeniero Pedro F. Rodríguez, por el actual administrador general de esa repartición, ingeniero Juan B. Siri, por el subdirector general de la Compañía Argentina de Electricidad, ingeniero Raúl Jorge Escola, y el director general de la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad, ingeniero Agustín Zamboni, con informes técnicos aclaratorios y fotocopias de planillas en apoyo de sus dichos, por ambas empresas de electricidad y por Gas del Estado, los altos funcionarios y los dirigentes de ambas empresas privadas actuaron en la forma que resulta de estas actuaciones. “Ese día, a eso de las 7.15 horas, el señor Santos, que se preparaba para trasladarse a su despacho, recibió en su domicilio una comunicación telefónica de la Presidencia de la Nación, convocándolo a una reunión de ministros para las 8 horas. Al llegar al despacho del entonces presidente se encontró con sus colegas del gabinete y con los secretarios de gobierno, a quienes el ex mandatario informó respecto a su renuncia. Hubo un cambio de ideas entre todos los concurrentes hasta que se transmitió el mensaje del señor Di Pietro. Antes de retirarse el ex ministro Santos recibió un llamado telefónico del subsecretario, ingeniero De Feo, para comunicarle noticias sobre interrupción de los servicios públicos en la zona norte de la ciudad. Ante la gravedad de la situación, se trasladó a su despacho, donde impartió las instrucciones adecuadas. “En horas de la tarde, una de esas comunicaciones lo sobresaltó, porque en ella el subsecretario le informó que el mayor Máximo Renner, ayudante del presidente, en términos conminatorios le había hecho notar que estaban suprimidos los otros servicios públicos, pero no el de gas, lo que llamaba la atención como excepción a la actitud general. Penetró luego el ministro al despacho presidencial, que estaba lleno de gente, y llevando a un aparte al ex mandatario le comunicó la novedad y le explicó los peligros que encerraba el corte del fluido en tan extensa zona. El presidente le contestó “que se trataba de un asunto ajeno a sus posibilidades; que era cuestión del resorte de la CGT como consecuencia de la declaración de huelga que había decretado”. Fue entonces cuando se comunicó por teléfono con el subsecretario y le dio instrucciones para que procurase satisfacer las demandas de los obreros reduciendo la presión del gas en la zona afectada. A eso de las 17, estando el ministro en rueda de personas en las antesalas de la Presidencia, el mayor Renner lo interpeló, en forma y términos que equivalían a una

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amonestación, dado el lugar y la cantidad de las personas que allí se encontraban, porque continuaba habiendo servicio de gas en el barrio Norte, no obstante haberse suprimido los otros servicios. El interpelado contestó, en tono un tanto seco, que ya había hablado sobre el particular con el presidente de la República, y se retiró molesto de la rueda. A todo esto, el ministro consiguió una comunicación con su colega de Trabajo y Previsión, señor Alejandro Giavarini, a quien explicó los peligros que encerraba la actitud de los obreros en lo relativo a los servicios de electricidad y de gas, especialmente este último, contestándole el señor Giavarini “que era un problema que escapaba a sus posibilidades, pero que trataría de atenuar en lo posible, los males que pudieran derivarse de esa actitud”. El país entero, que asistía al desarrollo de los sucesos de ese día, intuyó, con esa perspicacia que desarrolló la experiencia anterior, que esa renuncia ante organizaciones ajenas al juego regular de las instituciones, era una farsa preparada con finalidades políticas, pero la trama íntima había escapado a la comprobación fehaciente que arroja esta investigación. “Hasta pasado el mediodía, aparecía la CGT por si y ante sí, disponiendo la huelga y la medida de fuerza contra el barrio Norte, donde se suponía que residía el núcleo fuerte de la oposición al régimen. “Recién en horas de la tarde, se descubre la verdad. El ayudante del presidente impartía órdenes y amonestaba a ministros y subsecretarios porque continuaba prestándose uno se los servicios, y va de suyo que no puede adoptar esa actitud sin estar respaldado por la orden recibida de su superior inmediato, a menos de admitir que el gobierno había pasado a sus manos ese día. Ni este ayudante ni ningún ministro habría osado autorizar esa suspensión de servicios públicos si no hubiese mediado la orden superior, irresistible para quienes estaban sometidos a la férula del sistema. “El presidente dice que nada puede hacer; tampoco el ministro Giovarini y menos Hugo Di Oietro. Todos resultan impotentes ante el peligro que se cierne sobre una extensa zona de esta ciudad. Todos se pliegan con mansedumbre. Mientras unos actúan resueltamente –los de más abajo- los otros dejan hacer, poniendo algún freno al impulso.” Aquí nos detenemos. Lo mostrado en este extenso capítulo basta para evidenciar los procedimientos de propaganda e intimidación de la dictadura. No es necesario abundar en otros detalles. NOTAS: (1)Aristóteles: Política, libro VIII, capítulo IX. (2) (nota del transcriptor) Se refiere al siglo XIX (3) (nota del transcriptor) de 1943.

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(4) (nota del transcriptor) El ministros de propaganda Nazi, en el peronismo ese lugar fue ocupado por Apold. (5) (nota del transcriptor) En los años 1940 empiezan a funcionar ciertos automóviles de alquiler y taxis en recorridos predeterminados transportando varios pasajeros a la vez, es el origen de lo que hoy conocemos como “colectivo” “bus” “Autobus” “Bondi”, etc. este medio de transporte llamado “colectivo” es de invención argentina. (6) En el volumen titulado “Por defender la libertad”, editado en Méjico en 1952, se ha hecho la crónica completa de la incautación de “La Prensa” y se han publicado los principales artículos aparecidos en sus columnas sobre la libertad de imprenta. (7) (nota del transcriptor) se refiere al siglo XX. (8) (nota del transcriptor) La Iglesia Católica fue fuertemente perseguida por el peronismo, encarcelados sus obispos y sacerdotes, perseguidos y torturados sus fieles, quemados sus templos, etc. Perón llego incluso a la excomunión por estos actos. (9) (nota del transcriptor) se refiere a Juan Domingo Perón. (10) Declaración de Aloé ante la Comisión Investigadora Nº 7 (11) (nota del transcriptor) Se trata del los famosos “Sucesos Argentinos” que se proyectaban en las salas antes de la película. Se han visto por televisión y hoy puede encontrárselo en internet en sitios como YouTube. (12) Discurso del 15 de mayo de 1953. Un mes antes, exactamente, la dictadura había mandado quemar las sedes de los partidos políticos, del Jockey Club y varios locales de Buenos Aires. (13) Recuérdese lo sucedido a varios secretarios generales de la CGT y muy particularmente a José G. Espejo, a quien la dictadura preparó una silbatina al celebrarse en la plaza de Mayo uno de sus actos habituales.

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LA JUSTICIA

La justicia de la dictadura

Mucho ha dicho el dictador (1) durante el ejercicio de su poder omnímodo. Procuró con ello vituperar a sus adversarios y adoctrinar a sus seguidores. Pero en ninguna de sus frases alcanzó tan terrible elocuencia como en aquella, salida del alma, que como una orden impartió a su ministro Subiza. Esa frase, digna, por su brevedad y fuerza, de algunas otras que en la historia se han hecho memorables, caracteriza no sólo a un hombre sino también a un régimen, y basta para condenar a ambos. “¡Al enemigo, ni justicia!!!” Tres signos, como tres espadas de exterminio, siguen en el original (2) a esas palabras. Después de haberlas escrito, en un estado de ánimo semejante al de la tarde aquella en que amenazó con la más grande hoguera de que hubiera memoria, o de aquella otra del 31 de agosto de 1955 cuando incitó a matar a sus conciudadanos, su furor no se había aplacado. Con lo que de él restaba, trazó los tres signos, y debajo de todo ello, tres rayas paralelas, a fin de que su pensamiento se hiciera sangre y nervio en quien debía ejecutarlo: “¡Al enemigo, ni justicia!!!” =================== Cuan distinta es esta expresión de su personalidad verdadera, manifestada privadamente a uno de sus más implacables ministros, de aquella otra, dicha para congraciarse con el pueblo: “Yo soy de los hombres que piensan que el que gobierna ha de tener en su alma el sentido innato de la justicia.” “Sin esa condición –agregaba- ningún hombre puede hacer buen gobierno.” En verdad, la justicia, su justicia, era para los suyos. Para los demás –enemigos o simplemente adversarios-, la arbitrariedad, las torturas y la cárcel.

El juicio político contra los ministros de la Corte Suprema El avasallamiento de la justicia comenzó, como es sabido, con el juicio político contra cinco dignísimos miembros de la Corte Suprema de la Nación. Desde que este alto tribunal declaró en un fallo del 1º de febrero de 1946 la inconstitucionalidad de las delegaciones regionales de la Secretaría de Trabajo y Previsión, su suerte quedó sellada. La dictadura en cierne no estaba dispuesta a tolerar

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que ningún poder del Estado pusiera valla a sus demasías. Nada importaba que la decisión de la Corte hubiera sido tomada en defensa de las autonomías provinciales, de acuerdo con claros preceptos de la Constitución. Vio en esa sentencia el propósito de “dar el primer paso para deshacer las mejoras sociales que lograron los trabajadores” y amenazó con las consecuencias que podían aparejar decisiones judiciales de esa índole. La suposición era completamente absurda, puesto que el fallo referido no resolvió una cuestión de legislación laboral sino de simple jurisdicción, en virtud de que tales delegaciones regionales violaban el régimen federal de gobierno. A poco de triunfar el coronel Perón en la elección del 24 de febrero de 1946 y de ocupar la primera magistratura, se dispuso el enjuiciamiento por “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”, de cuatro ministros de la Corte –los doctores Roberto Repetto, Antonio Sagarna, Benito A. Nazar Anchorena y Francisco Ramos Mejía- y del procurador general de la Nación, doctor Juan Álvarez. A ese efecto, los diputados de su partido recibieron orden estricta de votar sin discriminación alguna todos los argos de la acusación formulada por el presidente del bloque, Rodolfo Decker, y el Senado, constituido en tribunal, la de obstruir la defensa y condenar a los enjuiciados. La ciudadanía libre advirtió, desde el primer instante, el gravísimo significado de ese proceso, que no sólo involucraba a cinco prestigiosos magistrados, sino al más alto tribunal de la Nación. Para los diputados del oficialismo, sus decisiones eran “Feas maniobras”, realizadas “con claro criterio de protección a las clases privilegiadas, en perjuicio de los humildes trabajadores”, y, en lo político, importaban una “traición a la patria” por haber consentido dos gobiernos de hecho: los surgidos de las revoluciones del 6 de septiembre de 1930 y del 4 de junio de 1943. De todos es sabido que nuestro sistema de gobierno se basa en la separación de los tres poderes del Estado, cuyas facultades, limitaciones y funcionamiento establece la Constitución Nacional. Ninguno de esos tres poderes puede invadir ni cercenar las atribuciones de los restantes, y del exacto equilibrio entre ellos depende el predominio de la ley sobre el capricho y la arbitrariedad de los hombres, o sea, la libertad (3). La Corte Suprema de Justicia ha sido durante casi una centuria de nuestra agitada vida institucional y política el poder regulador y moderador, ajeno a los intereses circunstanciales de los partidos, ceñido a la lay fundamental, cuyo espíritu interpretó siempre con admirable sabiduría. Mereció por ello el respeto de la Nación. No se lo tuvo, en cambio, el gobernante que necesitaba sojuzgarla para someter luego al resto del país. Ese gobernante había participado en los movimientos armados de 1930 y 1943, perturbadores del orden tan difícilmente establecido después de muchos años de luchas civiles. Si el capitán de 1930 t el coronel de 1934 juzgó necesario el derrocamiento de dos gobiernos de origen, tendencias y características muy diferentes, mediante simples revueltas militares carentes de verdadera voluntad revolucionaria, es porque creyó, como la mayoría de quienes actuaron en las mismas, que para remediar

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las faltas que se les atribuían, bastaba con sacarlos del poder, sin cambiar nada de nuestra organización política. Los gobiernos de facto surgidos de tales revueltas, acatados por todo el país y con fuerzas suficientes para mantener la paz y el orden, juzgaron cumplir la Constitución y mantuvieron en funciones al poder judicial. Ante esas circunstancias, la Corte Suprema reconoció los hechos consumados, sin que ello importara, como es lógico, la legitimación de tales gobiernos, ni la concesión de facultades discrecionales. Solo quería evitar males mayores, tal vez el caos, a la espera de la pronta normalización institucional (4). Pero el militar revoltoso de 1930 y 1943, convertido en gobernante gracias al último de esos motines, temió desde el primer instante de su presidencia la repetición de tales hechos. Sus diputados calificaron de “usurpadores” a los gobiernos que él mismo había contribuido a formar, y para curarlo en salud contra cualquier posible revolución futura, atacaron a la Corte que, llegado ese caso, presumiblemente obraría de igual modo. Antes de que tal eventualidad se presentase, era necesario prevenirse contra posibles fallos que negaran legalidad a las demasías del gobierno. En el mensaje leído ante la asamblea legislativa del 4 de junio de 1946, dijo el flamante presidente de la nación: “Pongo el espíritu de justicia por encima del Poder Judicial, que es requisito indispensable para la prosperidad de las naciones; pero entiendo que la justicia, además de independiente, ha de ser eficaz, y que no puede ser eficaz si sus ideas y sus conceptos no marchan al compás del sentimiento público. Muchos alaban en los tribunales de justicia su sentimiento conservador, entiendo por ello que defienden lo tradicional por el solo hecho de serlo. Lo considero un error peligroso, tanto porque puede poner en opresión a la justicia con el sentimiento popular, cuanto porque a la larga produce un organismo anquilosado. La justicia, en sus doctrinas, ha de ser dinámica y no estática. De otro modo se frustran respetables anhelos populares y se entorpece el desenvolvimiento social con graves perjuicios para las clases obreras. Estas, que son naturalmente, las menos conservadoras en el sentido usual de la palabra, al ver como se les cierran los caminos del derecho, no tienen más remedio que poner su fe en los procedimientos de la violencia.” Nos parece innecesario señalar los errores de concepto que este párrafo contiene. Demasiado sabido es que los tribunales de justicia no tienen otra función que la de aplicar a casos concretos la legislación vigente, y que el progreso de ésta deriva del Poder Legislativo que la sanciona y del Ejecutivo que la promulga. El Poder Judicial debe “conservar” esa legislación, en el sentido de no alterarla con fallos arbitrarios o con interpretaciones que la exceden o desnaturalizan. Y debe, sobre todo, “conservar” la Ley Suprema de la Nación, su Carta constitucional, ante cuyas disposiciones deben ceder todos los restantes y, desde luego, las contrapuestas corrientes de opresión por más numerosas y populares que sean.

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El dictador no la entendía así y tampoco lo aceptaba su partido. Uno y otro querían una justicia al servicio de su causa, una justicia peronista. Muy claramente lo dice el “Plan de acción política 1955-56”, publicación de carácter secreto de la Secretaría de Asuntos Políticos: “La justicia puede destruir un movimiento sentando jurisprudencia contraria a la “doctrina”. Por eso, recordando aquello de que un lado de la biblioteca dice “peronismo” y el otro: “antiperonismo”, los fallos deben ser dados utilizando el lado peronista de la biblioteca” (5). Con este criterio, contrario a toda norma institucional y jurídica, fueron enjuiciados los miembros de la Corte Suprema por haber aplicado claros preceptos constitucionales, vulnerados por extralimitaciones del Poder Ejecutivo. Nunca se vio una intromisión más grande de la política partidaria en un juicio de esa importancia. Acusadores y jueces pertenecían a un mismo bando y como tales obraron. Los acusadores eran los diputados de la mayoría oficial; los jueces eran los senadores del mismo partido. En los actos públicos hablaban unos y otros para fustigar parejamente a los enjuiciados. Ninguna garantía tuvieron los magistrados de la Corte de ser juzgados como Story lo creía necesario: con imparcialidad, integridad, inteligencia e independencia. “Si falta cualquiera de estas condiciones –decía el ilustre constitucionalista- el juicio es esencialmente defectuoso. Para asegurar la imparcialidad –agregaba- el tribunal debe en cierto modo estar apartado de la influencia de las pasiones populares, de la acción de las preocupaciones locales y de la más peligrosa, la del espíritu de partido. Para garantizar la integridad debe haber un profundo sentimiento del deber y de la responsabilidad ante Dios como ante los venideros.” Story, como los demás constitucionalistas, estaba en el lado antiperonista de la biblioteca. No había por qué tenerlo en cuenta. En el lado peronista estaban el dictador y sus legisladores. Estos eran los depositarios de la verdad, la fuente de todo saber y justicia. Las leyes de enjuiciamiento, como todas las demás, deben ser anteriores a los casos en que corresponde su aplicación. No se concibe que puedan hacerse leyes o reglamentos ad hoc con posterioridad al juicio establecido. Y sin embargo, eso es lo que el Senado de la dictadura, convertido en tribunal, dispuso para el caso de la Corte Suprema. El 19 de septiembre de 1948 la Cámara de Diputados comunicó al Senado la declaración de haber lugar a la formación de causa a cuatro ministros de la Corte y al procurador general de la Nación; el 25 comunica la composición de la comisión acusadora; el 10 de octubre el Senado sanciona el nuevo reglamento para el juicio político y el 11 se constituye en tribunal. Con razón ha dicho uno de los magistrados acusados: “Todo cambia. El juicio con debate oral y público se transforma en un juicio escrito, en el cual el secretario leerá, en forma monótona, la acusación un día y la defensa veinte días después, ante un tribunal

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distraído y una barra desierta. Se hace un reglamento ex profeso para un juicio determinado, que amordaza y enmudece la defensa, tan luego cuando los acusados son la totalidad, puede decirse, de los miembros del más alto tribunal de la nación. Se teme la fuerza de la defensa y se quiere proteger la debilidad de la acusación. Se enmudece la primera para que no tenga que hablar la segunda” (6). La Cámara de Diputados resuelve acusar “de acuerdo con lo que establece el artículo 45 de la Constitución Nacional”. Pero dicho artículo señala tres causales: mal desempeño, delito en el ejercicio de las funciones, crímenes comunes. Al votarse esa resolución no se discriminaros las que a cada uno de los acusados correspondía imputar. ¿De qué se iban a defender, por consiguiente?. La comisión acusadora quiso obviar la grave omisión de la Cámara. En su primer escrito sólo les imputa “mal desempeño de sus funciones”, en mérito del “informe de la mayoría de la comisión de juicio político, de la presentación acusatoria del señor diputado Decker y del debate de la honorable Cámara de Diputados de la nación”; en el segundo imputa a los acusados mal desempeño y delitos en el ejercicio de sus funciones y se apoya en una exposición en la que puntualiza los cargos que considera comprendidos, “expresa o virtualmente, en la denuncia y antecedentes que se tomaron por base por la Honorable Cámara de Diputados para resolver esta acusación”. Es decir, que la comisión decidía por su cuenta las causales en que se fundaría el juicio, causales que, como hemos dicho, la Cámara no había votado discriminadamente con respecto a cada uno de los acusados. No nos detendremos en enumerar otras deficiencias de la acusación, pero debemos señalar que el segundo escrito se presentó después de la primera sesión del tribunal; es decir, fuera de término. La defensa de los acusados puntualizó los errores y falsedades de la acusación. Demostró luminosamente cómo su reconocimiento de dos gobiernos de facto estaban de acuerdo con la doctrina universal sobre la materia a efecto de preservar la paz y el orden en la comunidad y evitar el caos que podría derivarse del ejercicio del poder sin limitaciones legales. Señaló, asimismo, la abundante jurisprudencia de la Corte consagratoria de la legislación en beneficio de la clase obrera y levantó uno por uno todos los cargos contra los acusados. Pero fue en vano. No se dejó a los defensores que leyeran sus escritos y de limitó la prueba. Uno de los defensores concretó su pensamiento con enérgicas palabras: “Los jueces son enemigos de los acusados y en este caso no hay tribunal ni hay justicia.” Era verdad. Como debía esperarse, los dignísimos miembros de la Corte Suprema fueron condenados. Una nueva época comenzaba para nuestro país: la época en que se negaría justicia al enemigo.

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Sometimiento de la judicatura. Algunos ejemplos Enemigo, para la dictadura, era ante todo el político opositor. En la 4ª Conferencia de Gobernadores, Perón dijo: “Hay que dar la más absoluta libertad al pueblo en todas las cosas y restringir la acción política, que es lo que está podrido, que es lo canceroso; a ésa, ninguna libertad; a ésos, hay que restringirlos, cerrarlos y no dejarlos mover” (7). Para ellos, por consiguiente, ni justicia ni libertad. No sólo los políticos eran los enemigos, sino también aquellos que, de cualquier manera, contrariaran la voluntad del dictador, que no estuvieran dispuestos a toda mansedumbre y acatamiento: sus propios partidarios si se mostraban ariscos, los periodistas independientes, los industriales (8) y comerciantes que señalaban los errores de su gobierno, las instituciones sociales, científicas o gremiales que en una u otra forma provocaban sus enojos o simplemente su recelo (9), los trabajadores que no se arrebañaban; todos los que, en fin, no lo exaltaban en la forma y medida que él y sus personeros juzgaban necesario. Para la función persecutoria halló al hombre que necesitaba: el ministro de Asuntos Políticos, Román A. Subiza. En otra parte decimos quien era. Ninguno lo podía aventajar en la tarea de sojuzgar a la justicia y en hacerla a los propósitos del régimen. Si debía servir al dictador para que no se opusiera a sus excesos de poder; debía ser útil al ministro para el logro de sus aviesas intenciones profesionales y económicas. En poco tiempo quedó sometida y se convirtió en instrumento no sólo del régimen, sino de sus grandes jerarcas- Como los demás órganos del Estado, como el parlamento y la universidad, rindió homenaje repetidamente a la pareja gobernante y contribuyó a hacer su propaganda. Inconcebible era en que ese tiempo que un fallo pudiera ser adverso al gobierno o a sus hombres si de algún modo se hubieran interesado en la favorable decisión. El miedo, si no siempre el servilismo, paralizaba a los magistrados. El ejemplo del juicio político a los miembros de la Corte Suprema perduraba en la memoria de todos, y de conformidad con ese recuerdo acomodaban su conducta. La ejecución de las sentencias podía paralizarse si así se ordenaba desde la Casa de Gobierno. A través de largos años –dice el informe de la Comisión Investigadora Nº 48- se tramitaron numerosos juicios de desalojo para los cuales se obtuvo orden de lanzamiento. Ante recursos interpuestos pasaron a la Corte Suprema de Justicia para que resolviera las cuestiones planteadas. En ella quedaron demostrados por orden expresa de su presidente Rodolfo Valenzuela. Posteriormente, más de dos mil expedientes en trámite fueron remitidos al Congreso por resolución del presidente de la Cámara de Diputados Antonio J. Benítez. No se trataba –y aunque así hubiera sido- de gente adinerada que había reclamado la decisión judicial de acuerdo con la ley, sino, en la casi totalidad de los casos, de pequeños propietarios, sin otro bien que algún inmueble adquirido con privaciones durante muchos años de labor. El gobierno que no había sabido o querido resolver el problema de la escasez de viviendas, lo remediaba

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sacrificando al sector más modesto de los propietarios, compuesto en grandísima proporción por trabajadores o por sus familias. No nos es posible mencionar en este capítulo todas las arbitrariedades cometidas por la justicia durante la dictadura, pero como simple ejemplo de ellas mencionaremos un caso cuidadosamente dirigido desde el Ministerio de Asuntos Políticos por Román A. Subiza: el de la Manufactura Algodonera Argentina S.A. En virtud de la participación accionaria que en esa sociedad tenía el llamado “Grupo Bemberg”, se canceló su personería jurídica, se la intervino y embargó en cumplimiento del decreto 9.997/48. Comprendióse inmediatamente que la liquidación de tan importante empresa aparejaría inútiles perjuicios a la economía pública y en mérito de ello se halló la solución de aceptar la venta de la totalidad de acciones de los Bemberg a la Compañía Fabril Financiera. “Esa solución –dice la Comisión Nº 47- satisfacía los siguientes principios: a) la compañía adquirente no absorbía el total del capital accionario; b) se cubría ampliamente el importe de los impuestos y multas debidas por los Bemberg y referidas a la sociedad; c) no importaba ni creaba ni compartía un monopolio; d) la Compañía Fabril Financiera constituía una firma sólida, independiente, desvinculada del interés de los Bemberg; e) la Fabril Financiera estaba integrada por hombres de moral intachable y de grande solvencia económica”. El juez en le civil doctor Ismael Segovia lo entendió así y aceptó la operación, por considerar que con ella se satisfacían “los requisitos económicos, sociales, fiscales y éticos”. La sentencia dejó constituido un nuevo estado de cosas, un nuevo orden de derechos; llevaba el amparo legal de la irrevisibilidad y tenía la autoridad de cosa juzgada. Dos años después una nueva providencia dio en tierra con lo anteriormente resuelto. ¿En virtud de qué? Se había sancionado la ley 14.122, de implacable liquidación de todos los bienes de Bemberg, y en virtud de ella se consideró comprendida a la Manufactura Algodonera. La referida ley era posterior al acto aprobado, se había oblado (10) el precio de las acciones, los derechos estaban adquiridos y fueron ejercitados. Nada importaba. La dictadura tenía interés en adueñarse de la empresa y eso bastaba para que se violaran las normas legales. El juez no era más que un ejecutor de las órdenes que se le impartían en el Ministerio de Asuntos Políticos, como lo comprueban los resúmenes de conversaciones entre Subiza, Segovia y el jefe de Control de Estado, confeccionados por este organismo y remitidos para “ayuda memoria” del ministro. En el correspondiente a una de esas reuniones leemos: “El señor ministro doctor Subiza… insistió en el problema que crea la presencia, en las sociedades en liquidación,

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de accionistas que serían de buena fe y verdaderamente ajenos a Bemberg, señalando que había sido consultado el señor general Perón, quien aconsejó que no se contemplaran esos intereses particulares porque ello imposibilitaría o demoraría la conclusión de la liquidación.” Se estimó el precio de la Manufactura Algodonera Argentina en cantidades variables entre setenta y doscientos millones de pesos. A juicio de Control de Estado debía fijarse en ciento cincuenta millones. De acuerdo con órdenes de Subiza el juez dispuso la venta de la empresa sin base y al contado y que el depósito de garantía fuera en efectivo y por el 20% de la oferta. Las propuestas debían presentarse en la sede de la Manufactura. No hubo sino un solo interesado: Phila S.A. que ofreció $ 75.000.000.- a plazos, según lo certificó el escribano Horacio Carlos Martínez Ruiz. No obstante, en el juicio tramitado ante el juzgado aparece una propuesta de DINIE. Había sido hecha fuera de término y en lugar no señalado en la licitación, hecho que se quiso salvar con notificaciones fingidas. Sin considerar otros detalles procesales, bastemos decir que DINIE ofreció únicamente 20.000.000.- en títulos no negociables y sin correr con los gastos e impuestos. A pesar de la disparidad de valores y que ninguno de los dos ofrecimientos era de pago al contad, el juzgado adjudicó el fondo industrial a DINIE. Al tiempo que esto se hacía, resolvíase en el Ministerio de Asuntos Políticos, según las anotaciones que hemos mencionado: “Es conveniente propiciar una reunión con el señor ministro de Finanzas para que imparta las órdenes necesarias para la restricción del crédito bancario que se solicite para la formación de las operaciones de compra de las sociedades en liquidación.” Otra anotación dice: “Se adoptó el procedimiento de la venta sin base con el propósito de facilitar la compra por el Estado al precio más bajo posible”. Esta expoliación causó malestar en el mundo de los negocios, y así lo hicieron saber al gobierno los representantes de algunas importantes entidades económicas. Se perjudicaba injustamente a accionistas grandes y chicos sin ninguna vinculación con los Bemberg, inducidos a tal inversión de capital porque la firma emisora de los títulos había quedado desafectada de todo impedimento. Y si bien el dictador manifestó “Que era una evidente injusticia y había que repararla”, no pensó cumplir en momento alguno. El presiente de Fabril Financiera declaró ante la Comisión Investigadora Nº 47 que el ministro Subiza le dijo: “Olvídese de Manufactura Argentina. Es asunto concluido para usted y los accionistas”. Luego agregó el ministro: “Tenemos recursos legales y no legales que harán que Manufactura no sea más de ustedes… Tenemos medios para privar de crédito a las firmas que represente… Hay inspecciones de Réditos que siempre encuentran algo, por más que las cosas estén bien realizadas y registradas. Hay disposiciones aduaneras elásticas, para que el perfecto cumplidor esté en alguna violación.” Y como en la Fabril Financiera hay invertidos grandes

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capitales italianos, cuya defensa podría dar motivo a alguna reclamación diplomática, agregó Subiza: “Olvídese del embajador de su país, que en mi ministerio no tiene nada que hacer.” El gobierno de la dictadura se quedaba, así, con una de las empresas industriales más importantes del país, con total desprecio de la moral, de la ley y de la justicia. Como alguien significara a Subiza que el juez podía proceder de acuerdo a derecho, el ministro le contestó: “Segovia firmará la liquidación, quiera o no quiera, y lo traeré aquí y quedará hasta que haga lo que yo quiera, y si no le agrada lo reemplazaré con otro.” El juez así lo hizo. Se excusó diciendo “que cumplía órdenes que le daban en el Ministerio de Asuntos Políticos”. Y añadió: “Yo no soy juez; soy un títere que debe obedecer órdenes que vienen de Subiza.” De igual modo procedió en la liquidación de la Fábrica de Gas Carbónico y Levadura Martelli S.A., cuya enajenación era obligatoria por disposición del decreto 9.997 de 1948 ya mencionado. Adquirida por Gascarbo S.A. –entidad formada al efecto por un grupo de muchos pequeños industriales-, la operación fue oportunamente homologada por el juez Segovia y el dominio fue inscrito legalmente. Como en el caso de la Manufactura Algodonera Argentina, esa compra-venta quedó firme y no podía ser revista. A pesar de ello, el mismo juez, en cumplimiento de iguales órdenes de Subiza la privó del patrimonio adquirido. Toda reclamación fue inútil. El juzgado resolvió que la intervención decretada, en virtud de la ley 14.122, sobre liquidación de las empresas Bemberg, “no afectaba el desenvolvimiento de la sociedad”. Recurrido el auto, puesto que Gascarbo S.A. no podía ser incluida en el régimen de interdicción de la ley referida porque no formaba parte del consorcio Bemberg ni lo había integrado nunca, ni tampoco figuraba en la enumeración taxativa del decreto 9.997 de 1948, la cámara denegó el recurso. Lo mismo hizo la Corte Suprema. A todas las instancias llegaba la voluntad de Subiza. Los magistrados debían ser “títeres”.

La justicia de la provincia de Buenos Aires En tres provincias –Buenos Aires, Catamarca y Córdoba- el gobierno nacional intervino el Poder Judicial, removió los antiguos magistrados y los reemplazó por otros totalmente adictos. No podemos referirnos detalladamente a cada uno de estos casos. Tomaremos sólo en de Buenos Aires.

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Confiada la intervención a un íntimo amigo de Subiza, el doctor Raúl J. Rodríguez de Felipe, se procedió de acuerdo con las instrucciones, deseosas e intereses del muy poderoso ministro, sobre todo en lo que respecta al departamento de San Nicolás, donde éste tenía su bufete de abogado y actuaban sus socios. “El procedimiento empleado para todos los fueros de la justicia en lo que se refiere a exoneraciones, cesantías y nombramientos –expresa la respectiva Comisión Investigadora- era fielmente reflejado en los cuadros que la intervención llevaba estadísticamente, la que se extendía al personal administrativo y de maestranza. No dejaba ningún resorte sin ser ajustado, llevándose a cabo la finalidad política para la cual se había intervenido el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. “En los archivos secuestrados al interventor se encontraron más de mil sobres con antecedentes de cada uno de los magistrados, funcionarios y empleados, decreto de nombramiento, recomendación, aval de su convicción peronista, etcétera. En muchos de ellos o en su casi totalidad existía la ficha de afiliación y el aval de subcomando técnico de cada localidad para la cual era propuesto el magistrado, funcionario o empleado que debía designarse.” He aquí, tomado al azar, el contenido de uno de esos sobres:

“Agnusdei, Luis Reinaldo. – Juez en la civil y comercial. La Plata. Ficha: recomienda Ángel P.Gherman, diputado provincia de Buenos Aires. Doctor Dionisio Ondarra (Secretario de la Honorable Cámara de Diputados Buenos Aires). Bloque peronista de la Honorable Cámara de Senadores de Buenos Aires. Doctor Carlos A. Díaz vicegobernador de Buenos Aires. Legajo personal. (178). Tarjeta de Dionisio Ondarra. 2) Nota dirigida por Ángel P. Gherman al interventor Rodríguez de Felipe, recomendando al causante con fecha 16-10-52. Documentación personal. 1) Solicitud de empleo avalada por Vicente A. Langoni (representante del P.P.) (11), Mariano Eduardo Loedel (intendente municipal), Luis F. Suárez (presidente de la C.G.T.), María Reina Prendi (representante P.P.). 2) Certificado de afiliación al Partido Peronista firmado por el doctor Dionisio Ondarra y Aimar Balbi, con fecha 17-12-54, 3) Proposición de afiliación al P. Peronista firmada por José C. Barro, con fecha 15-9-52. 4) Proposición de empleo con fecha 15-12-52, avalada por E. Oscar Larrosa (senador), 178 vuelta. 5) Copia del decreto por el que se lo designa juez en lo civil y comercial del departamento Capital, con fecha 28-1-55. 6) Memorándum dirigido por senadores del bloque peronista al interventor Rodríguez de Felipe con fecha 30-9-52, recomendando a Agnusdei y que firman los siguientes senadores: Fidel Guadalupe, Francisco Quindimil, José Gicolli, E. Oscar Larrosa, Ramiro Lombardía. Ängel Siri y Oscar lara. 7) Memorándum de Carlos A. Díaz (vicegobernador de Buenos Aires) a Rodríguez de Felipe, elevando memorándum anterior, con fecha 20-10-52. 8) Memorándum elevado al vicegobernador por el presidente del bloque de senadores peronistas doctor José

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Campano con fecha 10-10-52. 9) Memorándum elevado por senadores peronistas a José Campano con fecha 30-9-52, 10) Datos personales proporcionados por CIDE”.

Los demás son más o menos iguales. A pesar de la seguridad que los antecedentes partidarios podían dar sobre el comportamiento dócil de los magistrados, la dictadura no los consideró suficientes. Como en el caso de los legisladores les exigió también la presentación, sin fecha de sus renuncias, para llenar el claro y aceptarlas en cualquier momento, apenas cualquier sentencia o decisión contrariara a los amos. Casi todas son iguales y breves. Una hay, sin embargo, más extensa: la del juez de primera instancia en lo civil y comercial de Mercedes, doctor Rapallini. Entre otros párrafos, contiene los siguientes: “Elevo esta renuncia por disciplina partidaria y en cumplimiento de mi deber de afiliado peronista. Por lo mismo, esta renuncia es absolutamente incondicional, como el que firma, entiende y declara serlo; y su aceptación escueta, sin indicación de motivos de ninguna especie, será recibida por el subscrito en total silencio, entendiendo que es ése su más exigible deber y aceptando de antemano calificación de infidente si cualquier otra cosa hiciera. Sobre esta base y en esta unívoca inteligencia, el afiliado que firma se permite rogar a vuestra excelencia, por motivo de honra personal, que en caso de ser aceptada esta renuncia, mande vuestra excelencia consignar en el texto los motivos de su elevación.” No sería fácil a tales jueces hacer justicia. Como es sabido, la dictadura sancionó, entre otras leyes monstruosas, la que modificó el Código Penal con respecto al desacato. Desde entonces no fue delito solamente el ofender en su dignidad o decoro al presidente de la Nación, un miembro del Congreso, un gobernador de provincia, un ministro nacional o provincial, un miembro de las legislaturas provinciales, un juez o a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o al tiempo de practicarlas, sino también aludir al poder que representa o al organismo público de que forme parte, o de cualquier otra manera indirecta. A los directores de periódicos se los responsabilizó de lo que en ellos se publicara, y a efecto del juzgamiento y sanción oportuna se les obligo a dar su nombre y domicilio. Cercenada de tal manera la libertad de prensa y de opinión, menudearon los juicios por desacato, muchas veces con suerte adversa. Para nada se refería la ley a personas ajenas al gobierno, pero una había, “La Señora”, que los jueces de la dictadura no se animaban a excluir. Un juez nacional de Azul (provincia de Buenos Aires), el doctor Jorge Zavala Rodríguez, procesó por “desacato a Eva Perón” a Justo Raúl Cabrera en 1952, y fundamentó el auto de prisión preventiva, en las siguientes consideraciones, entre otras:

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“Que Eva Perón ha sido provocada por el Honorable Congreso de la Nación Jefa Espiritual de la Nación, y que es también título que le da en alto y ejemplar merecimiento al pueblo argentino, en exteriorizaciones colectivas, sociales, políticas y de toda índole. Ante ello, Eva Perón es un símbolo de la Nación Argentina, pues eso significa de por si la declaración del Congreso Nacional. Símbolo, según define el diccionario de la lengua, es “la expresión por cualquier medio sensible de algo moral o intelectual”. En el caso de la Jefa Espiritual de la Nación, ella, como asimismo el monumento que se ha resuelto erigirle por una ley nacional, “como homenaje del pueblo argentino al espíritu que inculca su obra de bienestar colectivo y su acción de mejoramiento social”, adquieren el carácter y el concepto de un símbolo (leyes 14.124 y 14.128).” Cuando el juez ad hoc doctor Héctor Ricardo Soler modificó la calificación anterior por la de “desacato indirecto al presiente de la Nación”, el defensor oficial –actuando como fiscal nacional subrogante-, doctor Raúl Horacio Ríos Centeno, apeló por ante la Cámara Nacional de Apelaciones de La Plata, tribunal que por el voto coincidente de los doctores Agustín Coll Zuloaga, Roberto C. Costa, Diego Vicini y Ventura Estévez, confirmó la prisión preventiva dictada por el doctor Zavala Rodríguez. El fiscal, doctor Julián R. Estévez, pidió se condenara al procesado a sufrir la pena de 18 meses de prisión, que el juez redujo a un año y dos meses, en suspenso. Ignoramos si en alguna otra parte del mundo se ha dictado en nuestro tiempo una sentencia parecida. Si así fuera, ha de ser en un país de justicia comprometida.

La justicia al finalizar la dictadura En 1954 muy poco quedaba por hacer para que la justicia quedara totalmente avasallada. Teníase por seguro que ningún juez sería capaz de contrariar al dictador. Inesperadamente, sin embargo, la Corte de Justicia de la Provincia de Salta se animó a absolver a don David Michel Torino, director del diario “El Intransigente”, que ya llevaba tres años de prisión (13) por causa política. De inmediato fueron acusados de prevaricato sus miembros doctores Jerónimo Cardozo y Carlos F. Douthat y procesados en juicio político. No se admitió que la causa se abriera a prueba. Fueron condenados y se les declaró incapaces por tiempo indeterminado de “ocupar mpleo de honor, confianza o a sueldo de la provincia”. Poco después, el ministro del Interior y Justicia, Borlenghi, expresó al inaugurar el año judicial de 1955 lo que a juicio del peronismo debía ser la misión del juez. “La esencia del alma de nuestro pueblo es la doctrina que la refleja con toda pureza: la Doctrina Nacional.

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“La Doctrina Nacional constituye la fibra medular del nuevo derecho. En consecuencia, siendo la misión del juez adentrarse en el espíritu del precepto para que fluya a través de su dictamen la savia de la justicia contenida en su memoria, sólo podrá conocer, interpretar y aplicar debidamente nuestras leyes, si conoce, interpreta y aplica la doctrina que es su esencia. “No se puede concebir al juez sin identificarlo con los términos absolutos de la pura justicia: Perón y el pueblo.” Era una advertencia. Los jueces quedaban notificados. En consecuencia, pocos días después, los nuevos miembros del Supremo Tribunal de Justicia de Córdoba dirigieron un mensaje al dictador concebido en estos términos: “Inspirados en el patriotismo de toda vuestra vida ejemplar, en la acción de nuestra inolvidable Eva Perón y en los principios que uniforman la doctrina, asumimos con fervor peronista las altas funciones de vocales y fiscal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia con que nos habéis honrado por intermedio del prestigioso y distinguido interventor, doctor Felipe S. Pérez, juramentados en inquebrantable adhesión y lealtad hacia vuestra insigne persona como líder de la Nueva Argentina Justicialista.” Cuando toda la justicia quedó sometida, el dictador se sintió satisfecho. Nada podía en adelante oponerse a su voluntad. En sus manos estaba todo el poder del Estado. Solo que esto creen los dictadores cuando están próximos a caer.

NOTAS (1) (Nota del transcriptor) Se refiere a Juan Domingo Perón. (2) (Nota del transcriptor) Ver facsímil de la nota en el apéndice del libro. (3) Hamilton dijo con acierto que “no hay libertad si el poder se juzgar no está separado de los poderes Legislativo y Ejecutivo”, y añadió que la libertad nada tiene que temer del Poder Judicial solo, pero debe temerlo todo de su unión con cualquiera de los otros poderes” (El Federalista, capítulo LXXVII). Sabias palabras, cuya verdad hizo evidente la dictadura peronista. (4) (Nota del transcriptor) En una palabra no se puede desconocer que todas las decisiones afectan a la sociedad irreversiblemente y no se puede volver sin generar un caos el tiempo atrás. Los contratos que realizara un gobierno de facto para obras, mantenimientos, compra de útiles; decretos otorgando pensiones, jubilaciones, retiros; legislación en general, creación o retiro de impuestos, nombramientos, etc. afecta a la Nación entera y considerarlos o tenerlos por nulos trae más problemas que soluciones. (5) Capítulo III, apartado 14, Justicia. (6) Francisco Ramos Mejía, El juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, página 18. (13) Llevaba tres años procesado y detenido en una cárcel sin sentencia firme, o sea sin condena, sin una sentencia judicial, sin un fallo.

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(7) Cuarta Conferencia de Gobernadores, página 171. (8) Recuérdese lo acontecido al Instituto Massone, en castigo de la actuación opositora de su director don Arnaldo Massone. También lo sucedido a Textil Escalada S.A., en represión del civismo valiente de su fundador y director don Raúl Lamuraglia. (9) Por ejemplo, el Jockey Club, la Unión Industrial Argentina, el Centro Argentino de Ingenieros, la Sociedad Científica Argentina, etcétera. (10) (Nota del transcriptor) de óbolo moneda; se había pagado el precio de las acciones. (11) (Nota del transcriptor) “P.P.” siglas de Partido Peronista”.

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POLÍTICA INTERNA Concepción totalitaria del Estado

El 26 de julio de 1947, Perón expresó: “En este país jamás se había ejercido otro gobierno que el político. Nosotros tomamos las riendas no solo del gobierno político sino también del económico y del social. Orientamos las tres actividades para tener un gobierno integral.” Esa integralidad es lo que en otros países se ha llamado totalidad. El integralismo de la dictadura peronista es totalitarismo. Claro que hay algunas diferencias entre su totalitarismo y los practicados en Italia, Alemania, la URSS (1) y sus satélites (2), pero también las hay –impuestas por el tiempo, el lugar y las circunstancias- entre los de estos países. Coinciden, sin embargo, en lo siguiente: a) Son anti individualistas. Por lo tanto, contrarios a lo que durante el siglo XIX se tuvo por esencial: la libertad de la persona humana frente al poder del Estado; la limitación de este poder a fin de garantizar esa libertad; la ordenación jurídica que asegure su ejercicio. b) Son estatistas. Es decir, que el Estado expresa en ellos la voluntad única e intransigente de la Nación, ejercida por un poder ejecutivo fuerte, al cual los demás poderes quedan prácticamente sometidos. c) Son antidemocráticos. O sea no admiten la legitimidad de las opuestas corrientes en que se divide la opinión pública, y por lo tanto, eliminan o persiguen como a enemigos del Estado –vale decir, de la Nación o de la patria- a los partidos e individuos que no comparten la doctrina oficial. d) Para ellos, la Nación es un todo, ni más ni menos que una máquina con sus muchas piezas. El Estado no es sólo el cuidador de su buen funcionamiento, sino el determinante de su razón de ser. Mussolini decía que no es la Nación la que crea el Estado, sino a la inversa. “A la Nación la crea el Estado, que da al pueblo, conocedor de su propia unidad moral, una voluntad, y por lo tanto una efectiva existencia” (3) La “unidad moral” que buscaba el totalitarismo fascista quiso alcanzarla la dictadura mediante la “doctrina peronista”, erigida en “Doctrina Nacional” por una ley de 1952. Desde entonces tuvo la Nación, prácticamente, dos constituciones: la reconocida como tal, vale decir de le 1853, reformada en 1949, y la “doctrina”. Los enunciados de aquella

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podría ser violados o desatendidos, sobre todo si eran los de la Constitución primitiva; los de la reforma y la “doctrina” debían ser respetados y cumplidos estrictamente. Para la dictadura había dejado de ser verdad aquella con que se había hecho la Argentina. “Su” verdad exigía la realización de lo que llamaba una “Nueva Argentina”, cuya expresión jurídica era el “Estado Justicialista”. No se cambia de un día para otro el ser de una Nación, pero las dictaduras no pueden esperar porque, siendo personales, deben medir su tiempo de acuerdo con la vida posible de quienes las ejercen. De ahí su urgencia realizadora y, también, la violencia de sus procedimientos. Tienen que destruir un orden establecido y de cualquier modo reemplazarlo por otro en el plazo más breve. Si nuestro país la hubiese requerido o si razones extremas la hubiesen determinado –la derrota en una guerra internacional o un grave levantamiento del pueblo, por ejemplo-, hubiese producido una verdadera revolución, creadora de derechos absolutamente distintos de los anteriores. El “movimiento justicialista” no tuvo ni podía tener ese carácter. Por más demoledor que pretendiese ser, las circunstancias internas y externas no le permitían extenderse en las reformas. Debió acomodarse a aquellas. No pudo hacer una nueva Constitución sino reformar la existente, introduciéndole algunos de sus “postulados” y, sobre todo, lo que la dictadura personal necesitaba para su percepción: quitar de en medio la norma que la prohibía. La política interna se redujo, de tal manera, a muy poco, que puede concretarse así: a) Conservar una apariencia constitucional dentro de la línea histórica; b) Conservar una apariencia democrática acorde con lo que se entiende por democracia en los países no comunistas; c) Mantener una apariencia federal aunque de diversas maneras se desconociesen las prerrogativas de las provincias; d) Organizar al pueblo de tal manera que el dictador pudiera conducirlo según su voluntad; e) Hacer que las múltiples no conocieran otra opinión que la oficial; f) Considerar a la opinión disidente como enemiga de la seguridad de la Nación; g) Crear un estado policial fuerte que vigilara la actividad de todos y reprimirá con máxima energía cualquier desviación, ya fuera de los adictos al régimen, ya de sus opositores; h) Crear mitos para seducir a las masas ingenuas;

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i) Crear intereses para satisfacer la codicia y asegurar la obsecuencia de los principales sostenedores de la dictadura; j) Monopolizar la propaganda; k) No descuidarse en momento alguno. Los principales órganos ejecutores de la política planeada por el dictador fueron el Ministerio del Interior y la Secretaría –por un tiempo ministerio- de Asuntos Políticos.

El Ministerio del Interior El menos importante fue el Ministerio del Interior, el cual bajo la dictadura se convirtió en una especie de ministerio de Policía. Su titular, Ángel G. Borlenghi, gustaba de tal función, sobre todo bajo el estado de sitio y, más aún, bajo el estado de guerra interno. A su antojo disponía entonces de la libertad de las personas. Encarcelaba a su gusto, se olvidaba de los detenidos, hacía vigilar las reuniones públicas, manejaba a los espiones dispersos en todos los ambientes de la Capital, clausuraba locales, concedía o negaba permisos para la realización de actos públicos, así fueran de exclusiva índole cultural; impedía el funcionamiento de instituciones culturales como la Sociedad Científica Argentina, la Sociedad Argentina de Escritores, el Colegio Libre de Estudios Superiores, ASCUA, etcétera; daba o negaba pasaportes, y luego esperaba tranquilo y sonriente que los interesados se humillaran a solicitarle aquello de lo que nunca debieron ser privados. Había militado en el Partido Socialista, sin conseguir destacarse. Su fuerza residía en la Confederación de Empleados de Comercio, de la cual era secretario. A fines de 1943 firmó el manifiesto de los profesores, periodistas y hombres de negocios, en el que se reclamó “democracia efectiva y solidaridad americana”, duramente juzgado por el gobierno de Ramírez. Se puso en contacto con Perón cuando éste creó la Secretaría de Trabajo; lo abandonó asustado, a raíz de su forzada renuncia, y, a la postre, se adhirió a él definitivamente después del 17 de octubre. Desde 1946 hasta poco antes de caer el dictador, fue su ministro del Interior y luego también de Justicia, Fue propietario de “El Líder”, al que benefició con amplia publicidad oficial; dispuso a su antojo de los “fondos reservados” del ministerio; se hizo propietario de valiosos inmuebles e intentó hacerse donar por la confederación que dirigía una hermosa quinta en La Lucila. Cuando tuvo que renunciar después de ordenar, o de hacer ejecutar, la quema de la bandera argentina y, sobre todo de los sucesos del 16 de junio (4), huyó al extranjero precipitada y sorpresivamente. En la política interna no fue más que carcelero y verdugo.

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Tal fue el titular de la cartera desempeñada en otros tiempos por Rawson, Vélez Sárfield, Sarmiento, Roca, Joaquín V. González, Indalecio Gómez y José Nicolás Matienzo. Había alguna diferencia…

El Ministerio de Asuntos Políticos La dictadura necesitaba algo más efectivo que el Ministerio del Interior para la consecución de sus fines. De esa necesidad nació la Secretaría de Asuntos Políticos, convertida posteriormente en ministerio y, por último, en algo así como súper ministerio. En virtud de la ley 13.529 competía a ese departamento lo inherente a la orientación, dirección y fiscalización de la política interna de la Nación para que estuviera acorde en todos sus aspectos y actividades con la “doctrina” que el gobierno había impuesto. A ese efecto analizaba tal política en sus aspectos generales, locales y particulares y proponía al Poder Ejecutivo las medidas pertinentes; actuaba “en lo relativo a la identificación de las organizaciones nacionales o internacionales, cualesquiera que sean sus fines, que sustenten principios opuestos a las libertades que reconoce la Constitución de la nación Argentina”; coordinaba los planes de acción política interna con los demás planes de gobierno; etcétera, etcétera. En realidad, los “asuntos políticos” de que ese ministerio debía ocuparse no eran otros que los de “luchar empleando todos los medios y conceptos a fin de que todos los habitantes de esta patria sean peronistas”, según decía el “Plan de acción política 1955/56”. De él salían las constituciones de las nuevas provincias y los discursos políticos de muchos convencionales y legisladores; en él se preparaban los triunfos comiciales del peronismo, se disponían las medidas de fuerza contra los adversarios peligrosos, se planeaba el aniquilamiento o división de los partidos opositores, se sojuzgaba a la justicia y se destruía el federalismo. Fue su titular durante todo el período de la dictadura el doctor Román Subiza, oscuro abogado de San Nicolás hasta 1844. En ejercicio de sus funciones, Subiza organizó todo el mecanismo político del Estado providencia, de acuerdo con las directivas del dictador. Puso en movimiento los comandos y subcomandos tácticos; manejó a los gobernadores de provincias como a simples dependientes del gobierno nacional, y a las autoridades del partido oficialista como a gente carente de importancia. A su arbitrio manejó la justicia, y, en particular, a

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la de la provincia de Buenos Aires, a la que reestructuró con el fin de dominarla y aprovecharla (5). Creía en la utilidad social de los hombres al servicio del mal y hasta de los delincuentes. “El hombre que viola la ley y la enfrenta, es el término de referencia imprescindible para que la virtud brille -escribió en cierta ocasión-. Si no hubiera hombres malos, resulta claro que tampoco los habría buenos. Considerado desde este punto de vista, el hombre malo, el perverso, el inmoral, el que delinque, presta a la sociedad un imprescindible servicio”. Antes de ocupar el Ministerio de Asuntos Políticos, su situación económica era muy precaria, según lo declaró el doctor Alberto R. Rodríguez Fox, su socio y amigo. En pocos años, y mediante la colaboración de prestanombres, estuvo en situación de adquirir campos, casas, acciones de sociedades anónimas, diarios de San Nicolás y de tener participación en diversos negocios. Es probable que alguna vez pensara en reemplazar a su amo si las circunstancias le fueran favorables. No tuvo suerte. El dictador debió temerle, como él temía al dictador. Lo separó del ministerio y lo conformó con la senaduría por la provincia de Buenos Aires. Poco después, en un episodio trágico, Subiza halló la muerte.

Los partidos políticos A pesar de los defectos que en los partidos políticos como en toda agrupación humana, pueden señalarse con justicia, los nuestros no difieren fundamentalmente de los que actúan en otros países democráticos. Hay en ellos buenos y malos elementos, hay desinteresados y codiciosos, sedientos de mando e indiferentes al ejercicio del poder. Algunos partidos son más severos que otros en lo que atañe a la conducta de sus afiliados; y es posible que en el ejercicio de la función pública se puedan establecer diferencias entre ellos. Cierto es, sin embargo, que a todos los partidos debe el país su progreso, que todos han atendido loas aspiraciones colectivas y contribuido a establecer las instituciones requeridas para la buena práctica de la democracia. Empero, no pensaba lo mismo el gobierno formado a raíz de la revuelta del 4 de junio (6). A su juicio, todos los partidos eran malos. Creía que “Las organizaciones partidarias no respondían ni responden en el presente a la realidad de la vida política de la Nación, ni son representativas de la auténtica opinión nacional, por haber desnaturalizado su función específica, contrariando elementales normas de ética política; usando del fraude, del soborno y de la venalidad, como armas de lucha, y haciendo de los beneficios particulares sus fines, con olvido total de los legítimos intereses de la patria”.

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En virtud de ello, y siendo su propósito decidido –según afirmaba- “retomar la vida política de la Nación al cauce natural en que debe desenvolverse por la madurez de su espíritu, por su cultura, la capacidad de sus ciudadanos, su riqueza y su tradición”, resolvió disolver los partidos existentes a fines de 1943. ¿Quién inspiró, dentro del gobierno, esa medida de esencia totalitaria? No lo sabemos pero lo presumimos. Poco después, el presidente general Ramirez señaló la contraposición entre la actitud del pueblo honesto y trabajador y la “repudiable y antiargentina de algunos ex políticos profesionales que desplazados de sus lucrativas posiciones, tratan de impedir por medios solapados y encubiertos la unión de todos los argentinos”. Agregó que quienes conspirasen contra la tranquilidad de la Nación serían considerados como traidores a la patria y, en consecuencia, “tratados con la severidad y violencia correspondientes”. Con la disolución de los partidos y la persecución de sus dirigentes y afiliados más activos, el gobierno del 4 de junio facilitó el nacimiento de otra fuerza política, la que por entonces se esforzaba en construir el ambicioso secretario de Trabajo y Previsión con base en los sindicatos obreros. La forzada renuncia de Ramirez y el nombramiento del coronel Perón como vicepresidente del gobierno provisional (7 de julio de 1944), acentuaron aún más el influjo de este en la política del país. Los partidos no podían actuar, mas la opinión pública existía. El ejército era vigilado, pero sus miembros estaban alerta. Para aquietar a aquella y tranquilizar a éstos, Perón se vió en le necesidad de manifestar, el 22 de julio, que no tenía ambiciones personales a la presidencia de la Nación y que sus deseos eran retirarse “a sus funciones ordinarias una vez terminada la obra de la revolución”, salvo que “una decidida y categórica expresión del pueblo” le hiciera reconsiderar tal determinación. Pocos días después, luego de confesarse autor de la proclama revolucionaria del 4 de junio, expresó: “Nuestro golpe de Estado ha durado ocho meses. Comenzó con la deposición de un gobierno tambaleante, siguió inmediatamente con la deposición de un gobierno que no era mejor que el anterior y luego con la renovación de otros valores que tampoco había llegado a comprenderla”. Atacó el individualismo y dijo que “vamos pasando poco a poco a la socialización de las grandes agrupaciones humanas” (7). El gobierno procuraba por todos los medios la formación de un partido único, como los que, hasta poco antes, habían dominado en Italia y Alemania. Las corrientes democráticas, canalizadas en los partidos disueltos, se oponían decididamente a ello, como también vastos círculos de las fuerzas armadas. Las primeras expresaron su repudio en la manifestación del 19 de septiembre de 1945, y los segundos en el movimiento que forzó a dimitir a Perón el 9 de octubre siguiente.

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Los acontecimientos posteriores y la convocatoria a las elecciones de febrero de 1046, determinaron el restablecimiento de los partidos, sin otra variante que la pérdida de los elementos pasados al coronel (8). Con el triunfo de la candidatura oficial, la política del nuevo gobierno tendió a la eliminación de los partidos opositores, persiguió y encarceló a sus jefes en cuanta ocasión pudo aprovechar, impidió su propaganda y sobre todo su crítica, y a la postre promulgó una ley estableciendo el régimen de los mismos. Según ella, los partidos nuevos no serían reconocidos sino a los tres años del registro del nombre, doctrina política, plataforma electoral, carta orgánica y autoridades constituidas, luego de acreditar que sus fines no importaban desconocer la Constitución, las leyes de la Nación o las autoridades que de ellas emanan, no contuvieran principios ideológicos susceptibles de alterar la paz social, incitaban a la violencia o a la alteración del orden como forma de propaganda política, admitieran vinculación con entidades internacionales u permitieran el apoyo de las mismas en las contiendas políticas. Los partidos existentes se tendrían por reconocidos aunque estaban igualmente obligados a cumplir la referida exigencia dentro de término perentorio. Debían integrar las listas de sus autoridades y las de sus candidatos a cualquier cargo electivo con los propios afiliados y presentarse y concurrir a todas las elecciones nacionales. Les estaba vedado disponer medidas contrarias al cumplimiento de la obligación de votar y fusionarse, aliarse, unirse o coligarse con otros partidos y aconsejar el voto por otros candidatos que los propios. El incumplimiento de tales disposiciones se sancionaba con la disolución, que podía ser decretada por el juez electoral, ya fuese de oficio, ya a requerimiento de un partido político o por denuncia subscrita por los integrantes de la nómina de las autoridades directivas, locales o centrales, o por los miembros de sus convenciones o asambleas, o por denuncia de cualquier elector perteneciente al distrito donde se cometiere la infracción Prohibía la abstención, que muchas veces expresa la actitud opositora de un partido, como también la unión de distintas fuerzas políticas que juntas, pueden ser la mayoría del electorado y, sobre todo, facilitada la disolución de las agrupaciones adversarias, la dictadura tuvo en sus manos la suerte de todos los partidos. Vivirían mientras sirvieran a sus propósitos de dar apariencia democrática al régimen imperante, pero si se tornaban muy peligrosos, se acababa con ellos.

Cómo se hizo la reforma constitucional de 1949 La dictadura no podía imponerse ni perdurar sino tergiversando, primero y reformando más tarde la Constitución de 1853, dictada con la dolorosa experiencia de la primera tiranía.

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El propósito principal de la reforma de 1949 fue el de permitir la reelección del presidente y vice, o sea el mando sin interrupción y prácticamente sin término. Nadie en el país, fuera del dictador y del círculo gobernante, tenía interés en eso. Tan sabia, amplia, justa y generosa era la Carta del 53 y tan manifiestos los resultados óptimos de su vigencia, que cualquier intento de modificarla parecía ofrecer más peligros que ventajas. Teníase por seguro, además, que sólo beneficiaría a la dictadura. En la Casa de Gobierno se estudió y proyectó la reforma. Dio cuenta de ello ante la Comisión Investigadora Nº 47 el ex senador y convencional constituyente Teisaire, en las palabras que reproducimos textualmente: “-¿Qué intervención tuvo usted con respecto a la Constitución Nacional del 49?

“-Fui constituyente, nada más; y fui presidente provisional en una reunión que habrá durado veinte minutos. Allí ya había una cuestión hacha.

“-¿Quién la preparó? “-Ese español, Figuerola (9). Después la tomó como informante el que luego fue fiscal de Buenos Aires” (10).

De cómo se eligieron los constituyentes dan idea las siguientes comunicaciones halladas en la Secretaría de Asuntos Políticos: “El gobernador de Jujuy, A. J. Iturbe, saluda con distinguida consideración a su excelencia el señor secretario político doctor Ramón Subiza, y en vista de su requerimiento telefónico relativo a los candidatos convencionales constituyentes por esta provincia y a la conversación personalmente esta mañana, propone como candidatos al señor vicegobernador de la provincia, don Juan José Castro, y al señor senador nacional don Miguel A. Tanco. Jujuy, octubre 8 de 1948”. Análoga comunicación hace el interventor federal de La Rioja, quien “propone” a Julio Coloma, obrero ferroviario, al doctor Segundo Cecilio Ávila, abogado, y a Carlos Alberto Carreño, de quien dice el firmante, Jorge C. Pellerano, ministro de Gobierno e instrucción Pública: “Por razones de parentesco el señor interventor federal no auspicia su nombre, sino como una solución por cualquier inconveniente que hubiere respecto de los ya arriba mencionados”.

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Idéntica comunicación hace con fecha 5 de octubre el gobernador de Salta, quien “propone” al doctor Ernesto F. Bavio, a Alberto Durand y al doctor Juan Carlos Cornejo Linares. En igual fecha que el anterior, el gobernador de San Juan propone a César Idelfonso Camargo, Eusebio Baltasar Zapata, doctor José Amado Conte Grand, ingeniero Reinaldo Viviani, doctor Ramón Héctor, Albarracín y doctor Manuel Estanislao Rodríguez Gómez. El gobernador de San Luis, Ricardo Zavala Ortíz, “propone” a su vez a los doctores Juan Carlos Saa y Juan H. Páez, con fecha 7 de octubre. El comisionado nacional de Santiago del Estero, Almerindo Dionisio Di Belgrano, más temeroso que los anteriores, con igual fecha expresa a Subiza: “A pesar de habérseme pedido únicamente seis nombres, le envío los que quince personas a fin de que usted tenga a bien seleccionar los que crea más convenientes” Carlos Dominguez, gobernador de Tucumán, también cumple la orden telefónica que se le impartiera como a todos los demás y propone al doctor Alfredo David Maxud, senador nacional don Luis Cruz, diputado provincial Ramón Guillermo Villafañe, Lorenzo Obdulio Rivarola y Carlos A. Márquez. Finaliza así su comunicación: “Además se agregan copias en detalle de todos los precandidatos”. El interventor federal en Córdoba, general Aristóbulo Vargas Belmonte, responde al requerimiento enviando la nómina de “constituyentes propuestos”, como así el gobernador de Entre Ríos. Catamarca no queda atrás y luego de indicar a Carlos Correa, Manuel Risso y León Alberto Aguilar, aclara para tranquilidad del “gran elector”: “Todos los candidatos han sido contemplados con cuidado y como conviene. Ninguno de ellos responde ni remotamente a la fracción del senador” (se refiere a Saadi). Es éste el origen bastardo de la Constitución justicialista. Lo que realmente persiguió está sintetizado en las palabras del miembro informante de la mayoría en la Convención Constituyente: “Se comprende entonces, señor presidente, que si la suerte de esta empresa argentina depende de la posibilidad constitucional de que el general Perón sea reelegido presidente de la República por el voto de sus conciudadanos, debe quitarse de la Constitución ese impedimento que no aconsejan ni la prudencia política ni la circunstancia histórica que vive el país” (11). Estas palabras motivaron oportunamente la réplica del presidente del bloque minoritario, doctor Moisés Lebenshon: “El propio miembro informante de la mayoría ha confesado ante la conciencia argentina que la Constitución se modifica en el artículo 77 para Perón, con el espíritu de posibilitar la reelección de Perón. La representación radical desiste de seguir permaneciendo en este debate, que constituye una farsa” (12). Inmediatamente se retiró de la Convención.

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Para hacer admisible la reforma constitucional sobre reelección del presidente, necesitábase algo que sedujera a las masas. Se pensó que un atractivo era la declaración de los “derechos del trabajador, de la familia de la ancianidad y de la educación y la cultura”, que facilitaba la propaganda a favor del régimen. Otro era el de “la función social de la propiedad, el capital y la actividad económica, con el enunciado peronista de que “la organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a la justicia social”. Había también otros, como el derecho “de reunirse” y el de interponer el recurso de hábeas corpus. Durante más de seis años, la Constitución reformada sirvió a la dictadura, pero no al país. En virtud de ella, el presidente y el vicepresidente fueron reelectos –caso único en nuestra historia- (13) para el subsiguiente período de gobierno (14). A esta reelección debemos los excesos de poder de la segunda presidencia de Perón y todo lo que de ello se derivó. En cambio, no gozó de los derechos enfáticamente enunciados en la reforma. Jamás se desconoció más el de reunión, no mencionado por la constitución del 53, pero que, por estar implícito en los demás derechos y garantías respetaron todos los gobiernos. Nunca tuvo menos éxito el recurso de hábeas corpus, porque casi permanentemente rigió no solo el estado de sitio, sino el de guerra interna, monstruosidad jurídica que permitió las máximas arbitrariedades y desde luego la suspensión de las garantías individuales. El presidente de la Nación aumentó sus facultades. Tuvo entre ellas la de hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras, privativas, anteriormente, del Congreso. También podía declarar “el estado de prevención y alarma en uno o varios puntos del país en caso de alteración del orden público que amenace el desenvolvimiento de la vida o las actividades primordiales de la población”, de lo que solo estaba obligado a dar cuenta al Congreso. La reforma quitó a éste derecho de recibir la memoria detallada del estado de los negocios de los respectivos ministerios, facultad que en adelante tuvo el presidente. En cambio, aunque el presidente y el vicepresidente no podían, según la constitución de 1853 y la reforma de 1949, durante el mismo período “ejercer otro empleo, ni percibir ningún otro emolumento de la Nación, ni de provincia alguna”, el presidente nombró secretario de Estado de Asuntos Políticos, al Vicepresidente Teisaire, sin que nadie de su partido señalara la violación del precepto constitucional. Al declarar Teisaire ante la Comisión Investigadora, expresó “que no conocía tal disposición”

Un plan electoral

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Casi al término del primer período de gobierno, la situación política era favorable al peronismo aunque algunos síntomas indicaban la posibilidad de cambios en la oposición. Contra éstos debía prevenirse la dictadura. El Ministerio de Asuntos Políticos estudió lo que era necesario hacer. Sus conclusiones quedaron concretadas en un documento secreto, del que extractamos lo siguiente:

“20-2-51

Situación política

“Medidas de carácter político que se estima necesario adoptar para afianzar el Partido Peronista, - Entiende este ministerio que debe enviar un proyecto de ley, mediante el cual se modifique la ley electoral, adelantando la elección presidencial para el 4 de junio del presente año, u otra fecha que se estime oportuna. “Con ello se lograrían las siguientes ventajas: “Tomar desprevenida y desorganizada a la oposición, con sus fuerzas individualmente divididas y no coordinadas como frente nacional o unión democrática. “Aprovechar su falta de organización en el aspecto femenino y de su movilización en el masculino. “Sacar provecho de nuestra superioridad en los medios económicos, de propaganda y movilidad, al acortar los plazos en que se pueda realizar la campaña. “Beneficiarnos con el actual clima político, favorable al gobierno. “Aprovechar la mayor paralización que se produciría en las fuerzas opositoras, al tener conocimiento de que transcurrirá un largo año desde su actuación en la oposición hasta la entrega del gobierno. “Alejar lo más posible la contienda electoral del conflicto internacional (15). “Otra medida sugerida para acrecentar el poderío electoral del movimiento en la próxima contienda, es la de disponer que se realice bajo el sistema de la circunscripción uninominal, pues de esa manera las fuerzas opositoras en el Congreso quedarán reducidas a un máximo de seis o siete diputados, con la ventaja de que los mismos no podrán ser los líderes opositores del radicalismo, en virtud de no poder ir incluidos en las listas generales. “Concordante con la sugestión precedente, corresponderá asimismo propiciar la modificación de los artículos 12, 13 y 15 de la ley Nº 11.387 referentes a las fechas en que deben imprimirse las listas provisionales y definitivas de electores.”

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La elección presidencial que debía efectuarse en marzo de 1952 se realizó el 11 de noviembre de 1951. El radicalismo obtuvo dos millones y medio de votos, aproximadamente, y apenas llevó a la cámara catorce diputados. El plan del Ministerio de Asuntos Políticos había obtenido el éxito esperado.

Avasallamiento de las provincias La unidad del régimen implicaba el aniquilamiento del federalismo. Mucho se ha escrito en nuestro país sobre los antecedentes y prácticas de éste. Aunque se enraiza en la tradición histórica, nunca se lo ejerció de verdad. El poder central, incomparablemente más fuerte y más rico que cualquiera de los provinciales, contribuyó a desvirtuar sus instituciones y a alterar su normal desarrollo. A pesar de ello existe en el país un profundo sentimiento regional y en virtud de él apenas se concibe la posibilidad de una reforma constitucional que introdujera el sistema unitario de gobierno. La sangre corrida durante largas décadas en casi todo el territorio argentino, impediría el cambio de régimen. Lo que por cierto no evita su anómalo funcionamiento. Ningún interés tenía la dictadura (peronista) en cambiar las prácticas viciosas del pasado. Todo lo contrario. Reemplazo la oligarquía –gobierno de grupo- por el poder omnímodo de un hombre, y a la imperfecta democracia por la excluyente voluntad personal. Las provincias, como los poderes e instituciones del Estado, sufrieron el menoscabo inevitable. Claro está que los propósitos de dominación centralista se doraban con palabras melifluas (16), en las cuales casi nadie creía pero con las que todos, en el partido oficial, simulaban conformidad. Entre esas palabras estaban las que el dictador decía a los gobernadores y altos funcionarios de las provincias en las periódicas conferencias que se celebraban en Buenos Aires. Como a Roma van los altos dignatarios de la Iglesia a postrarse ante el Sumo Pontífice (17), venían a la Capital los gobernadores del interior a hacer lo mismo, aunque en sentido figurado, ante el pontífice máximo del “justicialismo”. Particular importancia tuvieron entre esas conferencias las que sirvieron para perorar acerca de los planes quinquenales, pero más aún las que a la vez trataron sobre los planes anuales, políticos y económicos. Por ejemplo, la 3º conferencia, realizada a principios de 1952.

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Concurrieron a ella los gobernadores en ejercicio y los electos, como así también los ministros, personal de compañía y comandantes de fuerzas, todo el equipo en fin del gobierno del país. El presidente fijo en la reunión inaugural el carácter de la misma: “más que nada, una reunión de amigos para coordinar las funciones que a cada uno de nosotros compete dentro del gobierno nacional o de los gobiernos provinciales y territoriales”. Su objetivo era, “fundamentalmente, asegurar una coordinación lo más perfecta entre los distintos gobiernos”. Entrado ya en materia, el dictador expresó: “Difícilmente puede haberse presentado al país, en el orden de la coordinación, una situación más ventajosa que la que disfrutamos nosotros: un gobierno nacional, compuesto en su totalidad por peronistas; dieciséis gobiernos provinciales compuestos también por peronistas; y el resto de los territorios nacionales compuestos totalmente por peronistas. Si en este momento no se realiza en la República Argentina una absoluta coordinación, habremos cometido un grave error y habríamos dejado pasar una maravillosa oportunidad para realizarla.” En seguida vinieron las palabras tiernas. Quería “un federalismo fraterno, no un federalismo político, porque el federalismo fraterno es el que nos va a llevar a la ayuda mutua para que todos marchemos en un mismo pie de felicidad y grandeza en el futuro. En el federalismo político el egoísmo y las ambiciones de los hombres destruyen toda unión y toda ayuda”. Luego de manifestar sus buenas intenciones con respecto a las provincias que “durante cien años hemos desposeído” a favor del litoral, se refirió a lo que más le interesaba: el plan político interno de 1952. No dijo sino lo que podía publicarse, porque lo principal lo reservó para una reunión que “por su carácter confidencial –expresó- conviene no divulgar”. Lo que podía hacerse público –aunque a medias, puesto que el libro en que está impreso también es “confidencial personal”- expresaba que la orientación básica del gobierno era consolidar el peronismo, transformar “el movimiento gregario en una institución política”. ¿Cómo hacer esa transformación? Ya se supone; mediante la organización. Una organización centralizada o una semejante “a la forma representativa y federal que estatuye nuestra Constitución para la organización del Estado”. Aunque veía conveniencias e inconveniencias en ambas, se decidía por la última. “Soy un convencido –decía para halagar a sus oyentes del interior- de que es necesario que nuestra organización corresponda a la necesidad federal, sobre el cual se ha erguido todo el organismo de la propia nacionalidad”.

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De inmediato siguió una confesión: “Hasta ahora no lo hemos hecho así porque no lo hemos podido, porque para hacer eso hay que estar preparados y nosotros no estamos preparados” Si así se hiciera prematuramente “nos van a surgir caudillos en todas partes y cada uno se va a sentir un Chacho, un Urquiza, un Ramírez, un López”. Ninguna división quería el dictador. El único caudillo debía ser él. Si alguna duda hubieran tenido los gobernadores, pronto les fue disipada por el ministro Subiza, cuando les hizo notar que sólo se les había confiado “el gobierno administrativo, pero no el gobierno espiritual de los partidarios” dentro de sus respectivas provincias. “Cumplid, con vuestro deber –terminó diciéndoles- y dejad el gobierno espiritual al movimiento, que es a quien corresponde” (18). Aún en lo administrativo, los gobernadores eran vigilados de cerca por los representantes del partido y de la CGT en cada provincia. El “federalismo fraterno” era por consiguiente, un federalismo servil, vale decir, la absoluta negación del federalismo.

Comando estratégico y comando táctico Antes de impartir las ordenes minuciosamente elaboradas sobre el plan político de 1952, el dictador explicó a los gobernadores la organización estratégica y táctica del “movimiento”. Dijo: “El comando estratégico, que toma la dirección conjunta de todo nuestro “movimiento”, ya sea en su acción gubernamental como en su acción política, está constituido por el presidente de la República, por el comando superior del Partido Peronista masculino, la comisión nacional del Partido peronista Femenino y el consejo directivo de la Confederación General del Trabajo. “Esa persona y esos tres organismos forman lo que llamaríamos el consejo superior o el comando estratégico de todo el “movimiento” en el país. Ese organismo da la directiva general para la acción política. En cada provincia debe funcionar un comando táctico, que está formado, a la vez, por el señor gobernador de la provincia, por el representante del partido masculino, por el representante del partido femenino y por el representante de la Confederación General del Trabajo. Vale decir, que tomamos en esta conducción cuatro agentes de los organismos políticos y de gobierno, en forma de poder conducir el gobierno siempre coordinadamente con la acción política, para que el gobernador no solamente en su acción táctica tenga su dirección, sino que tenga el apoyo persuadido de las organizaciones políticas que funcionan en su provincia. El hace su gobierno y la política la hace el organismo, pero los dos marchan totalmente de

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acuerdo. En las decisiones de gobierno se fortalece la política de los organismos, y en la acción de los organismos se facilita la acción del gobierno.” Después de varias consideraciones explicativas, agregó: “El comando táctico, en posesión del plan que yo le entrego, debe inmediatamente elaborar también allá su propio plan. Este plan político ha sido elaborado en el comando estratégico con la intervención del gobierno, del consejo superior, de la comisión nacional de mujeres y de la Confederación General del Trabajo. Los cuatro de acuerdo hemos elaborado este plan que entregamos a los señores en líneas generales.” Luego de señalar la necesidad de hacerlo conocer a quienes debían ejecutarlo, prevenía que la difusión debida estar bien calculada. “No hay que decir más de lo que se debe. Hay muchas cosas que no se pueden decir, porque sería entregar armas a nuestros adversarios para que ellos mismos nos combatan con eficiencia. En este sentido, pues, habrá cosas del plan que solo habrá que decirlas confidencialmente a algunas personas, a quienes sea necesario decirlas y que sean de la confianza indispensable” (19). No conocemos el plan “en líneas generales” entregado por el dictador a los gobernadores, pero sí el remitido por el presidente del consejo superior del Partido Peronista a los interventores del mismo en el interior. Presumiblemente es igual. No haremos sobre él ningún comentario. No lo necesita. Dice así:

Plan político año 1952 Organización para anular, aniquilar la acción de los revolucionarios dentro de esa provincia o territorio El plan de los revolucionarios debe ser contestado con otro que contemple: a) La anulación. Mediante la formación entre los funcionarios y empleados del verdadero concepto de la disciplina y del trabajo, subordinación de las autoridades constituidas, defensa de las instituciones y de la ley, apoyo al gobierno, unidad con las fuerzas armadas y las instituciones justicialistas; b) El aniquilamiento. Mediante la acción de un frente sólido, activo y enérgico, para así enfrentar el trabajo disociador de los enemigos internos y externos, y aniquilar las fuerzas de los antipatrias que pretenden destruir la unidad nacional, desafiando la declaración del estado de guerra interno en el país. De acuerdo con lo dispuesto este gobierno, procederá:

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A que el “comando técnico” planifique y dirija la acción preventiva y ejecutiva. Será integrado por representantes del Partido Peronista Masculino y femenino y la delegación local de la CGT. Dependerá del comando general para las realizaciones preventivas y las ejecuciones. En este “comando técnico” se llevará al día la situación en lo que respecta a las actividades de los opositores, registro de los mismos. Se intercambiaran informaciones. Las fuerzas armadas y la gendarmería nacional, prestarán a este comando la colaboración y protección, que, en cada oportunidad, le fuera solicitada. Se planificará: a) Como medida preventiva: -Contacto e intercambio con los servicios de informaciones de las fuerzas armadas. -Estimular el servicio de informaciones propio del gobierno y de la Oficina de Prensa. -Intensificar la información y vigilancia sobre actos de sabotaje o contrabando de armas. -Prever las comunicaciones con el gobierno nacional mediante las propias de la delegación de la Policía Federal de esa provincia. -Registro de los antecedentes de los agentes, asimismo de las organizaciones nacionales o extranjeras opositoras o indiferentes al gobierno. b) Como medidas ejecutivas: -Para el caso de un atentado al presidente de la Nación, ese “comando táctico” preparará para poner en ejecución en todo el territorio de su jurisdicción un plan que responda al concepto: “Al atentado contra el presidente de la nación, hay que contestar con miles de atentados.” Para ello se preparará lo siguiente: Objetivo: -Lista de dirigentes opositores. -Lista de instituciones reconocidas como desafectas al gobierno. -Lista de firmas o de casas comerciales dirigidas y ligadas a los opositores. -Lista de las representaciones cuyos gobiernos realizan campañas opositoras al nuestro. Personal: -Serán empleados grupos previamente instruidos y seleccionados de las organizaciones dependientes de la CGT y del Partido Peronista Masculino.

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Misión: -Atentados personales. -Voladuras. -Incendios. Los comandos tácticos remitirán a este “comando general” copia de la distribución de objetivos, personal y misión previstos para sus respectivas jurisdicciones. -El empleo de todos los medios de la provincia o territorio, debiendo tenerse presente que las fuerzas policiales deben ser utilizadas en primer término, y que el éxito depende de la perfecta coordinación de los esfuerzos; coordinación que debe ser hecha en tiempo y espacio. -Los servicios públicos deben ser asegurados en todo momento teniendo a mantener su normal funcionamiento. Adoctrinamiento: Como primer objetivo se adoctrina a la totalidad de los agentes y funcionarios, es menester afianzar la cohesión y la lealtad de los mismos en todas las zonas, para lo cual es imprescindible: a) Defensa de la Constitución Justicialista, de la propia, de los objetivos nacionales, provinciales y locales: -Adoctrinar a los empleados y funcionarios en el nuevo concepto de la Constitución justicialista, ya que, habiéndola jurado, cada uno debe ser un defensor decidido y enérgico. -Cada funcionario y empleado debe ser un defensor consciente y a fondo, de los objetivos fijados por la Nación; la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. -Trabajar intensamente en el sentido de inculcar la Doctrina Nacional hasta despertar una verdadera mística en todo el personal y obtener así hombres decididos a defender, a toda costa, contra el enemigo interno y externo lo que más convenga al país. Hombres entusiastas, leales y sinceros servidores construyen las victorias. -hay que destruir el falso concepto de que el funcionario o empleado es neutro en su acción y función. El funcionario o empleado es un órgano del Estado, y, en consecuencia, no puede ser neutral cuando la existencia y el orden estatal están en peligro. La autoridad y existencia del funcionario o empleado emanan del Estado; por ello, antes que nada, es su servidor. El estado son el gobierno y sus instituciones; por ello es que el empleado, funcionario y obrero son servidores del gobierno; de aquí entonces, se infiere que cuando éstos no son de la confianza del gobierno pueden ser

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separados de sus puestos sin otro requisito que la disposición discrecional del Poder Ejecutivo. -hacer una prédica constante entre todo el personal, del verdadero concepto del servicio. -En este momento de crisis pone a prueba y en peligro a todas aquellas instituciones que, enfrentadas a la voluntad nacional, están amenazadas en su propia existencia. Por ello es que es patriótico luchar por impedir desviaciones que pueden ser funestas para dichas instituciones y para el país (20).

Preguntado Teisaire sobre este plan, quiso eludir toda responsabilidad, y dijo que en diversas oportunidades se lo giró a las provincias y territorios por la CGT y las dos ramas del partido oficialista, “de acuerdo a las órdenes recibidas en forma verbal y personal del ex presidente de la Nación”. Agregó que esos planes, según era de su conocimiento, “eran confeccionados y entregados en propias manos a las autoridades de cada organismo por parte del ex mandatario”. Con respecto al plan político en que se ordena contestar con miles de atentados a uno probable contra el presidente, “atentados que se materializarían en incendios, depredaciones y otros estragos por parte del personal debidamente instruido al efecto”, según rezaba, y a cumplir por personal debidamente instruido al efecto”, según rezaba, y a cumplir por la rama masculina del partido y la CGT, Teisaire manifestó que “procedió a su oportuna remisión a pesar de que no estaba de acuerdo con el método que se ordenaba en el mismo, y exclusivamente por la orden que recibió del entonces mandatario de la República de hacerlo así”. Agregó que “dicho desacuerdo surgía del clima de violencia que se sustentaba en ese plan, situación que no admitía ni podía nunca admitir bajo ningún concepto”. También expresó “que nunca estuvo de acuerdo con los métodos preconizados por el ex mandatario”. Al considerar el episodio de la quema de las iglesias dijo que “se debía a la obra pura y exclusiva del entonces primer mandatario de la nación”, y que tampoco pudo estar de acuerdo con ella, a pesar de que firmó una nota oficial dirigida al entonces presidente y que los términos de la misma eran la expresión y voluntad del bloque, por lo que la firmó sin modificarla (21). Este inocente personaje, que parecía obrar en estado de inconsciencia permanente – según quiere hacerlo creer- fue elegido vicepresidente de la Nación en las elecciones de 1954- Cuando cayó en septiembre de 1955 hizo la declaración que figura en el Apéndice de este libro.

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Otros planes de acción Además del plan transcripto, el partido peronista difundió otros con igual advertencia sobre su carácter “personal” y “secreto confidencial”. Cada ejemplar estaba numerado a fin de facilitar su identificación. Hemos visto el que lleva el número 42. Se refiere a varios asuntos. En cuanto a la “información”, dicen algunos de sus puntos:

“4. – Los servicios de informaciones propondrán la explotación de noticias en el momento oportuno, para lo cual se mantendrán al día. “5. – proponer la explotación de antecedentes políticos o personales en el momento oportuno, para neutralizar o ridiculizar al individuo que interese. “6. – Determinar las conexiones y vinculaciones de los enemigos del gobierno con elementos extranjeros. “10.- Neutralizar en el extranjero la acción de elementos opositores que nos hacen una campaña sistemática. “11. – Dificultar hasta anular las actividades comerciales de los consorcios, monopolios y/o personas enemigas del gobierno.”

Respecto a “lo político”, dice entre otras cosas: “2. – Intensificar la acción de dividir a los partidos políticos anulando los dirigentes y atrayendo las masas. “5. – Preparar núcleos de obreros dentro de cada gremio, quienes tendrán la misión específica de actuar en la “acción directa” en todos los terrenos que el comando respectivo ordene, de acuerdo a las circunstancias y establecimiento preestablecido.”

Otros puntos se refieren a la represión del comunismo (22).

En cuanto a los funcionarios y personal del Estado, las prevenciones eran severísimas. Tenemos a la vista las “disposiciones especiales para el Ministerio de Economía”, firmadas por el dictador, presumiblemente semejantes a las que deben haberse tomado para otros departamentos.

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Luego de referirse al plan de rumores y difamaciones que atribuía a los presuntos revolucionarios, decía: “Es menester que todo el personal conozca que el movimiento está dirigido desde los Estados Unidos contra el país y que los que se enrolen en sus filas caen bajo la calificación de traidores a la patria y que como tales serán tratados… hay que terminar con la campaña de desaliento que se sigue con los funcionarios leales. Ella se caracteriza por una acción insidiosa de detalle, disimulada en la acción de sus tareas. Es una persecución disimulada y desleal que si bien no puede probarse en todos los casos, debe ser severamente sancionada ante la sola sospecha… No puede aceptarse que un funcionario o empleado no sea un decidido partidario del gobierno…Recordar al personal que el país se encuentra en “estado de guerra interna” por lo tanto existe la obligación de todo agente del Estado de informar a sus superiores de toda novedad de carácter subversivo. Hay que mantener una estricta vigilancia y control sobre los clubes y lugares de reunión dependientes del ministerio, para que no se conviertan en lugares de murmuraciones, rumores o conspiraciones (23). ¿Cómo puede juzgarse una política interna como la ejercida por la dictadura peronista? Nada hay que se le parezca, en nuestro país, después de la caída de Rosas. El terror, el espionaje, la delación, el sometimiento, la obsecuencia, no son medios de que se valen los gobiernos de la democracia. La nuestra tuvo muchos defectos en el pasado, pero no tuvo esos vicios tremendos, propios de las tiranías.

NOTAS: (1) (Nota del transcriptor) La URSS Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoy desaparecida fue sucedida por el Estado de la Federación Rusa aunque varios Estados se separaron y se siguen separando, es casi el actual territorio de Rusia. (2) (Nota del transcriptor) La URSS tenía estados formalmente independientes pero cuyos gobiernos en realidad eran títeres de lo decidido en Moscú la capital de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). (3) Mussolini: Fascismo: doctrina, en “Enciclopedia Italiana”, tomo XIV, página 348. (4) (Nota del transcriptor) del año 1955. Se trata de la Quema de la Bandera Argentina para culpar a los católicos; la quema de La curia y de muchos templos de la Ciudad de Buenos Aires y de otras ciudades de la república. (5) Tanto fue así, que cuando su esposa, que lo había demandado por divorcio y era cruelmente perseguida por él, buscó la protección del dictador en la residencia presidencial, oyó de labios de éste el consejo de someterse a la voluntad de su marido, porque había nombrado todos los jueces y éstos harían “lo que les ordenara”. (6) (Nota del transcriptor) Se refiere al Golpe de estado de 1943 dado por el GOU “Grupo de Oficiales Unidos” en el que Perón ocupara varios puestos entre ellos el de Vicepresidente de facto la Nación. (7) (Nota del transcriptor) Agrupaciones humanas en el sentido fascista. O sea que atacando la democracia individualista de “un hombre un voto”, Perón promovía el fascismo corporativista.

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(8) Refiere el contraalmirante Guillermo D. Plater, jefe de la Casa Militar del presidente Perón durante los años 48 y 49, que éste le dijo en cierta ocasión que en 1945 reuniéronse a su lado “dos grupos de gente: el pueblo que ansiaba una vida mejor y la “resaca (textual) de todos los partidos, con el agregado de alguno que otro independiente. Estos últimos y esa “resaca” vinieron con la esperanza de ocupar cargos públicos. (Una gran lección, página 147.) (9) El doctor José Figuerola, que por entonces era secretario técnico de la presidencia de la Nación. Anteriormente había sido funcionario del viejo Departamento Nacional de Trabajo, donde probablemente sugirió a Perón la creación de la Secretaría del Trabajo, según el molde de igual organismo de España en el cual había actuado como asesor. (10) Se refiere al doctor Arturo E. Sampay, ex fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires. (11) Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente, página 292. (12) Ibíd, página 339. (13) (Nota del transcriptor) Con la reforma constitucional de 1994 esto se volvió a dar con el Presidente Carlos Saúl Menem quien ejerció la presidencia en dos períodos consecutivos (1989-1995 y 1995-1999) el primer período de seis años según el texto vigente en ese momento (más los seis meses debido a la renuncia del Presidente Raúl Ricardo Alfonsín) y tras la reforma, cuatro años para el segundo período. Esta vez, tras un acuerdo previo entre la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista que se llamó “Pacto de Olivos” en el que además participaron –al menos como consultados- los demás partidos minoritarios, especialmente la Unión del Centro Democrático y la Alianza de Centro, se reforma a dos periodos de cuatro años, a diferencia de la peronista del 49 que seguían siendo de seis años pero períodos indefinidos. Si el pacto de olivos presento una reforma “a paquete cerrado” fue, justamente por la desconfianza mutua entre los dos partidos mayoritarios y en mucho tiene que ver la política de los años de la dictadura peronista. No es difícil comprender que temieran que al aprobar uno, sus propias reformas, se levantara para impedir se traten las reformas pretendidas por el otro. De ahí, el pacto y de ahí las consultas. (14) El vicepresidente Juan Hortensio Quijano falleció el 3 de abril de 1952, dos meses antes de iniciarse el segundo período presidencial. Posteriormente lo reemplazó el contralmirante Alberto Teisaire elegido en abril de 1954. (15) Refiérese a la guerra de Corea. (16) (Nota del transcriptor) Melifluo, -flua adj. 1 Que contiene miel o tiene alguna característica que se considera propia de la miel. meloso. 2 Se aplica a la persona o comportamiento que es muy dulce o amable, especialmente si es falso o poco natural: su meliflua amabilidad no está exenta de hipocresía. meloso. 3 Se aplica a la forma de hablar o al comportamiento que es dulce, suave o amable. meloso. (17) (Nota del transcriptor) La visita Ad Limina Apostolorum (expresión latina que significa "los umbrales (de las basílicas) de los apóstoles") (Pedro y Pablo), es decir, la visita a Roma. Esta visita a la Santa Sede la realiza cada obispo del mundo cada cinco años para dar cuenta del estado de su diócesis. El Código de Derecho Canónico habla de esta visita en los cánones 399 y 400. Se conoce por visita ad limina Apostolorum la visita que tienen que hacer los obispos del mundo a Roma para dar cumplida cuenta de sus diócesis. El nombre viene del latín y significa “los umbrales de los Apóstoles”, refiriéndose a los apóstoles san Pedro y san Pablo. El objeto de esta visita no es simplemente la peregrinación hacia las tumbas de los apóstoles, sino, por encima de todo, mostrar una adecuada reverencia hacia el sucesor de san Pedro, para reconocer de una manera palpable su jurisdicción universal, dando también cuenta de la disposición de las iglesias particulares de recibir consejos y advertencias y de esta manera estar estrechamente unidas a los miembros de la Iglesia Universal con su cabeza visible.

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En los tiempos más antiguos era costumbre que los obispos visitaran al papa, e incluso lo visitaban personalmente en circunstancias concretas, aún asi, no hemos podido encontrar ningún dato antiguo de cualquier obligación en la que tuviesen que viajar a Roma en tiempos concretos. Las primeras referencias de esta visita se encuentran en la antigua práctica de celebrar dos veces al año los concilios provinciales de los obispos de Italia, que pertenecían a la provincia del romano pontífice. En el siglo V, el Papa León I insistió en la custodia de Sicilia enviando cada año a tres obispos a Roma para participar en su concilio. En el siglo VI, Gregorio I declaró que aunque en aquel tiempo los obispos sicilianos estaban obligados a visitar Roma sólo una vez cada tres años, él alargó el periodo a cinco en lugar de tres. Un concilio romano bajo el mandato del Papa Zacarías (año 743) decretó que los obispos que estuviesen consagrados por el papa, y que viviesen junto a Roma, deberían hacer la visita ad limina cada año y en persona, y los que se encontrasen fuera de Roma deberían de realizar la misma obligación por carta . Una costumbre que gradualmente surgió, al menos a partir del siglo XI, obligó a los metropolitanos que pidiesen la visita, y poco después, a que todos los obispos visiten “los umbrales de los apóstoles” en las veces indicadas, personalmente o mediante un sustituto. El carácter obligatorio de esta visita se puede apreciar en las expresiones de Pascual II , y sobre todo en los decretos de Inocencio III. En los decretos de Gregorio IX, aparece una forma de juramento, en la que los obispos están obligados a que antes de su consagración prometan que visitarán Roma cada año, personalmente o por un representante, a no ser que el papa determinara otra cosa. En 1585 Sixto V publicó la Constitución " Romanus Pontifex ", que durante más de trescientos años dictó las principales normas y reglas para las visitas ad limina. Este documento, expone detalladamente en qué periodo de tiempo cada obispo, de cualquier parte del mundo, debía de visitar Roma, y qué mandatarios debía de considerar para la elaboracion de su informe al papa. Benedicto XIV (el 23 de noviembre de 1740) en la Constitución "Quod Sancta”, amplió la obligacion a los prelados nullius que dominen un territorio separado. Del mismo modo, este papa estableció una comisión especial “statu super ecclesiarum” para estudiar y valorar los informes de los obispos cuando éstos hubiesen terminado la visita. La actual normativa de las visitas ad limina se encuentra en el Decreto de la Sagrada Congregación, publicada según la orden de Pío X (el 31 de diciembre de 1909) para todos los obispos. Este decreto declara que cada obispo debe dar al papa una relación completa del estado de su diócesis una vez cada cinco años. Este periodo de tiempo comenzó en 1911. En el primer año del quinquenio el informe debe ser enviado por los obispos de Italia y de los obispos de las islas de Córcega, Cerdeña, Sicilia, y Malta; en el segundo año, los obispos de España, Portugal, Francia, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Escocia, y Irlanda; en el tercer año, por los obispos de los Imperios Austrohúngaros y alemanes y el resto de Europa; en el cuarto año, por los obispos de toda América; en el quinto año, por los obispos de África, Asia, Australia, y las islas adyacentes. En su primer informe, los obispos están llamados a contestar cada pregunta adjuntando un elenchus, pero en las siguientes relaciones deberán aportar los nuevos datos desde la visita anterior e informar de las realizaciones y conclusiones de los consejos y advertencias dadas por la Sagrada Congregación en su respuesta a la última visita. Los obispos cuando van a Roma a cumplir su obligación de la visita ad limina deben primeramente visitar las tumbas de los apóstoles y presentarse en persona ante el papa. También las órdenes religiosas que residan fuera de Europa están obligadas a visitar la Ciudad Eterna una vez cada cinco años o cada diez. El obispo puede realizar esta obligación, personalmente, por su coadjutor, por el obispo auxiliar o incluso con el permiso de la Santa Sede, por un sacerdote. Finalmente, el decreto declara que esta visita junto al informe diocesano al papa, no tiene que ser como la visita canónica de la diócesis, que debe ser realizada anualmente, o, en diócesis grandes, cada dos años. A este decreto de la Congregación se le añade un elenchus el cual contiene los puntos de la información que debe ser suministrada mediante una relación a la Santa Sede. Brevemente puede ser resumido así: El nombre, edad, y patria del ordinario; el nombre de su orden religiosa, si es que pertenece a una; cuándo es que comenzó a gobernar su diócesis; y si es que se trata de un obispo, cuando fue consagrado. Una declaración general acerca de la condición religiosa y moral de su diócesis y un informe sobre el progreso de la fe desde la última visita ad limina. Otros datos que se solicitan son: origen de la diócesis, su grado jerárquico y los principales privilegios, sínodos diocesanos celebrados; el grado y extensión de la diócesis, su gobierno civil, su clima, su lengua; la residencia de los los ordinarios, con todas las direcciones necesarias para una segura correspondencia

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epistolar; el número de habitantes y sus principales ciudades; cuantos católicos hay, y si existen diferentes ritos y si es que estos aún prevalecen, cuántos católicos pertenecen a cada uno y si es que no hay otros católicos de rito distinto, a que religiones pertenecen si es que pertenecen a una; La curia diocesana; el vicario general, los jueces y examinadores sinodales, el tribunal eclesiástico y sus funcionarios, los archivos, cancillería; el número de sacerdotes seculares y clérigos , su vestido, su modo de vida y como es que atienden a sus obligaciones si es que existen, y detallar cuáles son estas obligaciones. Ver si se aplican los cánones del derecho canónico. Cuántas parroquias hay y cuál es el número de creyentes distribuidos por edades; vicarios extranjeros y parroquias rurales. Cuantas iglesias no parroquiales y oratorios públicos hay; si es que existe algún lugar sagrado y santo famoso y, si es así, dónde se encuentra y sus características; acerca de la administración de los sacramentos, catequesis, etc. exhortaciones para frecuentar comunión, devociones especiales, misiones, fraternidades, y trabajos sociales; el seminario diocesano, sus edificios, gobierno, enseñanza de la teología, filosofía, y liturgia; la admisión y despido de seminaristas; el seminario inter diocesano, si lo hay . Cuántos institutos y ordenaciones de religiosos existen en la diócesis, número de casas y de integrantes religiosos, tanto sacerdotes como hermanos; que trabajo realizan estos religiosos y a qué se dedican junto a sus relaciones con el ordinario del lugar; cuales son los institutos de mujeres religiosas en la diócesis junto con el número de casas y personas si es que existen; acerca del claustro de mujeres religiosas, su trabajo y la observancia de prescripciones canónicas; la instrucción y educación de la juventud; y la edición y publicación de libros y revistas. (18) Tercera Conferencia de Gobernadores, página 260. (19) Tercera Conferencia de Gobernadores, página 325. (20) Expediente “Alberto Teisaire s/ intimidación pública”, fojas 2. (21) Expediente “Alberto Teisaire s/ intimidación pública”, fojas 7 vuelta. (22) Expediente 5870 – 55 - Compendio 2. (23) Expediente 5880 – 55 – Compendio 2.

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POLITICA SOCIAL La legislación social argentina anterior a 1943 Muchas veces hablo el dictador Perón sobre la situación en que se hallaban los trabajadores argentinos antes de 1943. De continuo les expresaba que habían vivido bajo un régimen oligárquico “de explotación y esclavitud”, hasta que se liberaron merced a la justicia social enunciada por su doctrina. “De una carencia absoluta de leyes de trabajo y previsión que nos colocaba en el último lugar, hemos pasado en sólo diez años a estar en la cabeza del mundo en la materia”, ha escrito después de su caía. ¿Era verdad todo eso? Tantas veces lo dijo, que acabaron por creerlo los ingenuos y los mal informados. Es necesario por consiguiente, recordar lo que en nuestro país se hizo, antes de 1943, en lo que respecta a legislación laboral. Desde sus primeros momentos de país libre encararon sus gobernantes los problemas derivados de la injusticia social. El primero fue el de los esclavos, es decir, el de los seres humanos que eran propiedad de otros seres y carecían en absoluto de libertad. Habían sido traídos de África por tratantes autorizados por la corona de España y vendidos luego como piezas de ganado. Los había en toda América, incluso en la que había sido conquistada por británicos, franceses, holandeses y portugueses, porque era una brutal práctica de la época, a la que ninguna nación colonizadora había hecho excepción. Cupo a nuestro país la honrosa prioridad de iniciar su liberación. “Este bárbaro derecho del más fuerte que ha tenido en consideración a la naturaleza desde que el hombre declaró la guerra a su misma especie –expreso la Asamblea de 1813desaparecerá en lo sucesivo de nuestro hemisferio, y sin ofender el derecho de propiedad, si es que éste resulta de una convención forzada, se extinguirá sucesivamente hasta que regenerada esa miserable raza iguale a todas las clases del Estado, y haga ver la naturaleza nunca ha formado esclavos, sino hombres, pero que la educación ha dividido la tierra en opresores y oprimidos” En virtud de tan altos principios, la misma Asamblea que nos dio el Himno, suprimió los privilegios de sangre, destruyó los instrumentos de tortura y abolió la inquisición, declaró la libertad de quienes naciesen de vientres esclavos y aún de aquellos que, teniendo tal condición, pisasen tierra argentina. Cuarenta años después ya casi no quedaban esclavos en nuestro país, y los pocos que aún podían existir fueron declarados libres por la Constitución de 1853.

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Igual determinación tomó la Asamblea con respecto a los “miserables indios” que hasta entonces, según afirmaba, habían “gemido bajo el peso de su suerte”. Derogó la mita, las encomiendas, el yanaconazgo y el servicio de los indígenas, a quienes desde entonces se tuvo en las Provincias Unidas “por hombres perfectamente libres y con igualdad de derechos a todos los demás ciudadanos que las pueblan” No corresponde hacer menuda referencia de las ideas sobre problemas económicos y sociales expuestos antes de nuestra organización nacional por los más ilustres argentinos. Basta recordar que las mismas fueron concretadas en la Constitución que durante un siglo rigió nuestro desarrollo nacional y nos llevó al privilegiado lugar que hasta 1943 ocupábamos entre los más jóvenes países de la tierra. En el preámbulo de la Constitución se mencionan sus objetivos de afianzar la justicia, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para los argentinos de todos los tiempos y para los hombres del mundo que quieran habitar en nuestro suelo. Consecuente con tales propósitos establece los derechos de trabajar, de asociarse con fines útiles, de enseñar y aprender. No era necesario decir más para hacer posible la igualdad social y económica en la Argentina. Ya vendrían las leyes que reglamentaran el ejercicio de los derechos y garantías que reconocía la Constitución, a medida que aparecen las necesidades.

Entre éstas se hizo evidente, a principios de este siglo (1), la de legislar sobre los derechos de los trabajadores. Había comenzado la industrialización del país y su comienzo se había desarrollado prodigiosamente. La vieja Argentina criolla y pastoril desaparecía ante la nueva de acentuado carácter cosmopolita. Las ideas sociales difundidas en los grandes centros fabriles de Europa tuvieron su entrada en nuestra tierra; se organizaron los primeros centros obreros y, a la vez, se produjeron los primeros conflictos entre patronos y trabajadores. De inmediato se buscaron soluciones. Dos fueron las principales: una, represiva; previsora, la otra. La primera se concretó en la “ley residencia”, que autorizó al Poder Ejecutivo a expulsar a los extranjeros peligrosos. La otra solución –a la que ya nos hemos referido- fue dada mediante el proyecto de ley nacional del trabajo, enviado al Congreso en 1904, al término de la segunda presidencia del general Roca. Era su autor el ministro del Interior doctor Joaquín V. González, eminente estadista que comprendió y estudió con hondura la realidad de los nuevos fenómenos sociales. El proyecto recogía la experiencia de las naciones más importantes de la tierra, que en virtud de su desarrollo industrial había padecido los más agudos conflictos entre el capital y el trabajo. Pero a diferencia de aquellas, que solo habían dado soluciones parciales y sucesivas a algunos aspectos del vasto problema, el proyecto González lo

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consideraba en su totalidad, a fin de evitar en nuestro país las conmociones sociales ya previsibles. Tratábase en el del contrato de trabajo y de los intermediarios en el mismo, o sea de las agencias de colocaciones entonces existentes. Referíase luego a los accidentes del trabajo y a la duración y suspensión del mismo. Seguía con el trabajo a domicilio y con el de menores y mujeres. Más adelante disponía sobre el trabajo de los indios, como también sobre el contrato de aprendizaje, las condiciones de higiene y seguridad en los lugares de labor y las asociaciones industriales y obreras. Y finalizaba con el establecimiento de la Junta Nacional de Trabajo y de los tribunales de conciliación y arbitraje. El cambio de gobierno impidió la sanción legislativa del magnífico proyecto, pero en sus disposiciones se inspiran casi todas las leyes que se promulgaron posteriormente. Entre 1903 y 1943 emanó de los diversos sectores políticos de nuestro Parlamento la legislación de trabajo y previsión social anterior a la revuelta del 4 de junio (2). Hecha sin ruido ni alharaca por quienes tenían conciencia de su deber, no sirvió para la propaganda de ningún hombre, sino para los trabajadores, que son, todavía, sus beneficiarios inmediatos. ¿Cuáles son esas leyes? Nadie las ignora, pero conviene recordarlas. Helas aquí:

Ley 4.235 del 28-9-1903: Pensiones a las clases y agentes de Policía y Bomberos de la Capital Federal y territorios nacionales. Ley 4.349 del 10-9-1904: Creación de una Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones para los funcionarios y agentes civiles de la administración. Ley 4.661 del 31-8-1905: Obligación del descanso semanal en la Capital Federal y territorios nacionales. Ley 4.707 del 25-9-1905: Disposiciones a pensiones (régimen orgánico del ejército). Ley 4.856 del 29-9-1905: Disposiciones relativas a pensiones (régimen orgánico de la armada). Ley 8.999 del 30-9-1912: Ley orgánica del Departamento Nacional del Trabajo. Ley del 12-8-1913: Sobre descanso en las fiestas nacionales (25 de Mayo y 9 de julio) Ley 9.148 del 25-9-1913: Establecimiento de agencias públicas y gratuitas de colocaciones. (3). Ley 9.511 del 29-9-1914: Sobre inembargabilidad de sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones.

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Ley 9.653 del 21-6-1915: Creación de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones para los empleados ferroviarios. Ley 9.661 del 25-8-1915: Reglamentación de agencias particulares de colocaciones. Ley 9.675 del 25-9-1915: Ley de cuadros y ascensos del ejército. Ley 9.688 del 29-9-1915: Reparación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Ley 10.505 del 8-10-1918: Reglamentación del trabajo a domicilio. Ley 10.650 del 24-4-1919: Organización de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de empleados ferroviarios. Ley 10.917 del 30-9-1919: Pensiones de las viudas e hijas de expedicionarios al desierto. Ley 10.988 del 30-9-1919: Pensión de viudas e hijas de guerreros del Brasil, Paraguay y expedicionarios al desierto. Ley 11.110 del 28-1-1921: Creación de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Subsidios de empleados de empresas particulares que prestan servicios públicos. Ley 11.127 del 8-6-1921: Sobre represión del fosforismo. Ley 11.232 del 1-10-1923: Creación de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de empleados de empresas bancarias. Ley 11.264 del 25-10-1923: Se extienden a los deudos de militares fallecidos con anterioridad a la ley 10.656 los beneficios acordados en el inciso 4’, artículo 12, título IV de la ley 4.856. Ley 11.278 del 30-10-1923: Forma y condiciones del pago del salario. Ley 11.293 del 24-11-1923: Liquidación de pensiones a viudas e hijas de guerreros del Brasil, Paraguay y expedicionarios al desierto, cuyos causantes murieron con anterioridad a la ley 9.675. Ley 11.317 del 30-9-24: Sobre trabajo de menores y mujeres. Ley 11.338 del 1-9-1928: Prohibición del trabajo nocturno en las panaderías. Ley 11.412 del 18-9-1928: Pensión a hijas y nietas, solteras y viudas, de guerreros de la Independencia. Ley 11.471 del 24-9-1928: Jubilación a las obreras que trabajan a domicilio para reparaciones del Estado.

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Ley 11.544 del 29-8-1929: Limitación de la jornada de trabajo. Ley 11.575 del 2-12-1929: Organización de la Caja Nacional de Jubilaciones Bancarias. Ley 11.591 del 21-7-1932: Autorización al Poder Ejecutivo para expedir pasajes gratuitos a los trabajadores desocupados. Ley 11.640 del 29-9-1932: Descanso obligatorio en la tarde del sábado. Ley 11.672 del 29-12-1932: Destino del importe de las multas impuestas por violación de las leyes de trabajo. Ley 11.729 del 26-9-1933: Reforma de los artículos 156 y 160 del Código de Comercio (indemnización por despido). Ley 11.837 del 5-7-1934: Cierre uniforme de los establecimientos comerciales en la Capital Federal y territorios nacionales. Ley 11.868 del 9-8-1934: Censo de desocupados. Ley 11.898 del 21-9-1934: Junta nacional para combatir la desocupación. Ley 11.933 del 29-9-1934: Prohibición de empleo de mujeres antes y después del parto y organización del seguro obligatorio de maternidad. Ley 12.102 del 29-9-1934: Completa la ley 9.661. Ley 12.111 del 30-9-1934: Régimen legal especial para las empleadas y obreros del Estado Nacional. Ley 12.205 del 23-9-1935: Sobre el uso de asientos con respaldo. Ley 12.383 del 9-8-1938: Prohibición de despido por causa de matrimonio. Ley 12.579 del 25-1-1939: Jubilación de magistrados y cuerpo diplomático. Ley 12.581 del 27-6-1939: Creación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Periodistas. Ley 12.583 del 28-7-1939: Se incluyen en los beneficios del artículo 1º de la ley 11.293 a los pensionistas de guerreros del Brasil, del Paraguay y Expedicionarios al Desierto, cuyos causantes fallecieron entre la sanción de la ley 9.675 y el 1º de julio de 1920. Ley 12.601 del 28-9-1939: Jubilación de empleados de policía. Ley del 30-9-1939: Creación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones y Retiros de la marina Mercante nacional. Ley 12.637 del 4-9-1940: Estatuto de los empleados de bancos particulares.

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Ley 12.651 del 24-9-1940: Estatuto de viajantes a domicilio. Ley 12.789 del 29-9-1942: Braceros para las tareas agrícola, ganadera, minera y forestal. Ley 12.821 del 30-12-1942: Pensiones graciables o favores pecuniarios.

Se omiten en la enumeración precedente las leyes modificatorias de otras anteriores, como también las que ratifican acuerdos y convenciones internacionales sobre trabajo. Tal era la legislación social antes de 1943. A ella debe agregarse la asistencia social privada –religiosa y laica-. Por medio de muchos centenares de sociedades benefactoras y mutualistas con hospitales, sanatorios, salas-cuna, consultorios gratuitos, asilos, talleres, escuelas, campos de deportes, colonias de vacaciones, etcétera, diseminados en toda la extensión del país, acción admirable, realizada sin otro propósito que el muy noble de la solidaridad humana, carente de intención política y vanagloria personal. ¿Pudo ser más abundante aquella legislación? Acaso. No debe, sin embargo, juzgarse con criterios actuales el ritmo legislativo del pasado. Las circunstancias económicas, sociales y jurídicas de nuestro país en las cuatro primeras décadas de este siglo difieren de las presentes, como éstas, sin duda, no serán iguales a las del año 2000. No faltarán entonces, sin embargo, quienes nieguen la existencia o el valor de la legislación social anterior, porque estará en su juego político el decir que el mundo empieza con ellos. Y tampoco faltarán los simples que lo crean. En 1943 la segunda gran guerra mundial no había terminado y teníase por cierto que, como sucedió después de la primera, se producía a su término cambios fundamentales en la estructura política, económica y social del mundo. Aunque nuestro país no había intervenido en la contienda, sus efectos repercutirían necesariamente en él. “El golpe de timón hacia la izquierda”, que uno de nuestros políticos conservadores señaló como necesario algunos años antes, parecía ineludible a esa altura de los acontecimientos. Lo hubiera dado cualquier gobierno de origen auténticamente democrático y sentido progresista. Lo que sin duda no hubiera hecho es crear antagonismos sociales, sembrar el odio y dar estructura totalitaria a las fuerzas sometidas del capital y del trabajo.

El dominio de los sindicatos como medio de conquistar el poder. La política social de Perón no tuvo otro propósito que el de obtener el apoyo de los trabajadores para la conquista del poder y, luego, para el sostenimiento de la dictadura.

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Entre los fines de la revuelta del 4 de junio de 1943 no figuraba el de la justicia social, y los primeros actos del gobierno surgido de aquella fueron de tan enérgica vigencia de las organizaciones gremiales que hubieron de producir una huelga general revolucionaria. Estudiada la situación en el Ministerio de Guerra, cuya secretaría desempeñaba el coronel Perón, advirtiéronse los puntos vulnerables del eventual enemigo. Y se llegó a la conclusión de que era preferible anular sus fuerzas a luchar contra ellas. Existían en esa época tres centrales obreras: la Unión Sindical Argentina (USA), de poca importancia, y la Confederación General del Trabajo (CGT) separada en dos grupos enemigos: la CGT Nº1 y la CGT Nº 2. Además de ellas, funcionaban algunos sindicatos independientes. Divididas por ondas divergencias ideológicas, su peligrosidad era muy relativa. El coronel Perón trazó entonces, como de costumbre, su plan estratégico y su plan táctico. El estratégico tenía por fin la atracción y organización del proletariado como base de una eventual campaña política; el táctico, el apoderamiento de los sindicatos mediante la eliminación de los dirigentes comunistas, anarquistas, sindicalistas o socialistas que ofrecieran resistencia, y luego la formación de una central obrera única, sometida a su voluntad. Como medida previa necesitó hacerse de algo así como un cuartel general de operaciones, puesto que, para el caso, no podía valerse de la secretaría del Ministerio de Guerra, desde la cual ya estaba maniobrando parejamente con respecto al ejército. Pensó en el viejo Departamento Nacional de Trabajo, cuya restringida actividad no contaba con la simpatía de los trabajadores. Sea como fuera, era lo único de que el coronel podía valerse. Lo solicitó al presidente Ramírez y lo obtuvo. Poco después creó, según dijo en un discurso pronunciado en la Bolsa de Comercio, “un organismo que encauzara el movimiento sindical argentino en una dirección, lo organizase e hiciese de esa masa anárquica, una masa organizada, que procediese racionalmente, de acuerdo con las directivas del Estado. Esa fue la finalidad que, como piedra fundamental, sirvió para levantar sobre ella la Secretaría de Trabajo y Previsión.” El Estado no tenía, por entonces, otras directivas que las que quisiere impartir el movedizo coronel. En la Secretaría por él creada era amo absoluto, y aunque su acción era observada con creciente preocupación por las fuerzas armadas y los sectores económicos y políticos, nadie en el gobierno se animaba a oponérsele, sobre todo cuando unió a su cargo en tal organismo los de ministro de Guerra y Vicepresidente de la Nación. Por de pronto, tenía que atraer a los sindicatos. No eran muchos; tal vez unos quinientos. Algunos eran dirigidos por comunistas; en otros actuaban algunos anarquistas; los más eran de tendencia sindicalista o socialista. Con los dirigentes

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comunistas no hubo arreglo al principio y a los anarquistas no los tuvo en cuenta. Con los restantes la tarea fue más fácil. Como en cualquier otra agrupación humana, había en ellos individuos honestos y deshonestos, leales y tránsfugas, firmes y oportunistas, desinteresados y ambiciosos, fanáticos y tibios. La capacitación comenzó por los más blandos. El atractivo fue el de los convenios paritarios. Hubiera o no razón para reclamar mejoras en los salarios y condiciones de trabajo, debían exigirlas a los empresarios. Nunca había sucedido nada que se le asemejara. Por eso sorprendió a quienes escuchaban al coronel y a sus colaboradores. Rápidamente prepararon los petitorios correspondientes y poco después fueron convocados los representantes patronales para discutirles ante funcionarios de la secretaría. Por primera vez se trataban tales asuntos, no directamente entre los obreros de cada establecimiento y su patrono sin intervención del sindicato, sino colectivamente para toda una industria o rama de comercio, bajo la vigencia de un organismo estatal. Presionados de diversos modos, los empresarios consintieron mucho de lo que se les solicitaba. Inútil les era que señalaran las consecuencias económicas de las concesiones exigidas, puesto que, según decía el coronel, “por no dar un 30% van a perder dentro de varios meses todo lo que tienen y, además, las orejas.” El procedimiento puesto en práctica tuvo inmediata repercusión en el campo laboral. No sólo se había conseguido las mejoras solicitadas, sino la necesaria intervención de los sindicatos en toda tramitación con los empleadores. Desde entonces podían considerarse fuertes y con halagüeño porvenir. El coronel “cumplía” y, por tanto, podía exigir. Si los sindicatos tenían dirigentes adictos a su persona y política, obtendrían todo y pronto, si no, los petitorios sufrirían una tramitación larga y a la postre obtendrían muy poco. La elección no era difícil. Uno tras otro fueron cayendo los gremios en las redes de la secretaría. Los dirigentes díscolos perdieron su ascendiente en ellos; los mansos, prosperaron. Dos o tres años después, los más dóciles, útiles u obsecuentes, fueron llevados al Congreso Nacional, a las legislaturas provinciales, al servicio exterior como agregados obreros, y algunos a los ministerios. Tuvieron casas y automóviles, y los deshonestos pudieron hacer negociados. Quedaban las masas laboriosas, los obreros de fábricas y talleres, los empleados de comercio, el servicio doméstico, los peones de campo y los trabajadores independientes. El coronel recibía a cuantos le fuera posible. Les hablaba; les hablaba interminablemente en in idioma simple y calculadamente chabacano. Atacaba a la “oligarquía entreguista”, a los “explotadores del trabajo ajeno”, al “capitalismo deshumanizado”, etcétera. Despertaba recelos, acentuaba enojos, provocaba el resentimiento, producía artificialmente la lucha de clases, si verdadera en los países de

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Europa, inexistente hasta entonces en nuestro país. Los trabajadores, después de oírle, volvían rebelados a sus lugares de labor. Se creían víctimas, y no querían serlo más. Los más jóvenes e inexpertos dominaron en cada taller o comercio a los más antiguos y capaces. Se quebró la disciplina, disminuyó la producción, comenzó el sabotaje, se trabajó a desgano y se provocaron graves hachos de violencia. Como el ámbito de la secretaría era reducido, el coronel utilizó la radio. Le escuchó entonces el país entero. Y en todas partes consiguió lo mismo: la división en dos campos enemigos. Entretanto, la Secretaría de Trabajo y Previsión continuaba su tarea. El coronel necesitaba completar su propaganda de dominar los sindicatos. Intervenía a los más rebeldes para separar a sus dirigentes díscolos y poner en su reemplazo a los adictos; deshacía algunos y creaba muchos. De las varias centrales obreras hacía una, la CGT definitiva, mansa ejecutora de su voluntad. Al cumplirse el primer aniversario de la secretaría, el coronel hizo una demostración de su fuerza en el campo laboral, no sólo con fines de propaganda dentro del mismo, sino, también, con el propósito de mostrarla a quienes dentro del gobierno, de las fuerzas armadas, de los partidos democráticos y de los medios económicos y financieros resistían su gestión desquiciadora. Las entidades gremiales fueron advertidas de que en esa oportunidad no se admitían ausencias ni excusas. Todas, con el máximo de sus afiliados, debían concurrir a la concentración en las proximidades de la secretaría. Con tamaña “libertad”, lógico es suponer que la manifestación fue numerosa. El encarecimiento de la producción, como consecuencia de los convenios paritarios y la reducción de la misma, había producido un alza en el costo de la vida, Por tanto, al vencer el término de un año de su vigencia, se formularon nuevos petitorios, los cuáles se trataron, como los primeros, ante los funcionarios de la secretaría. Esta vez las discusiones fueron más ásperas. Los dirigentes obreros se sabían respaldados por el coronel demagogo, y aleccionados por sus discursos, se mostraron agresivos y poco conciliadores. Los empresarios debieron aceptar la casi totalidad de cuanto le pedían. El resultado fue un nuevo aumento de precios de las mercaderías y el consiguiente encarecimiento de la vida. ¿Para qué continuar? Anualmente durante una década, y cada dos años hasta finalizar la dictadura, sucedió lo mismo. Hasta ahora no se ha podido dar fin a tal proceso. En el libelo que el dictador publicó en el extranjero después de su caída (4) ha dicho que “los salarios de 1945 a 1955 subieron el 5005; el salario real se mantuvo en un mejoramiento del 50%, pues el costo de vida llegó, con el control de precios de primera necesidad, a un aumento del 250%”.

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Si eso fuera verdad, ¿Por qué anualmente pedían los trabajadores aumentos y otras mejoras? Y si no lo era, ¿cómo no buscó una solución adecuada para evitar el continuo encarecimiento de aquella? Lo cierto es que, a causa de la creciente depredación de nuestra moneda, esos aumentos no servían para nada. Pero ese fracaso no dañaba al dictador. Si efectivamente hubiera logrado elevar al nivel de vida de las masas laboriosas, como decía ser el propósito del justicialismo, los sindicatos hubieran perdido muchas razones de solicitar mejoras y, por consiguiente, de satisfacer a sus afiliados. Necesitaban mantener el descontento, como otrora, en resguardo de la propia supervivencia, debían mantener ciertas plagas los encargados de exterminarlas. Los beneficiados olvidan pronto a sus benefactores, pero los necesitados no se apartan de quienes pueden satisfacer su necesidad. Perón lo sabía tanto como los dirigentes gremiales. Para uno y otros les era indispensable mantener el inconformismo de los trabajadores y no perder posibilidad de complacerlos periódicamente. Nada les era más simple y seguro que valerse, para el caso, de los convenios paritarios. Hacían lo que los médicos inescrupulosos: daban medicamentos inocuos o dañinos que, al empeorar al paciente, lo obligaban a una nueva consulta. Con la diferencia que los trabajadores no podían cambiar de médico. Mientras se ejecutó esta política cesaron en los gremios las diferencias ideológicas de antaño, no tanto porque triunfara el justicialismo sobre las otras corrientes, sino porque al agitar a las masas las preparaba con eficacia notoria para su adecuada utilización futura. Era cuestión de esperar, y entretanto fingirse peronistas.

La legislación social posterior a 1943 En materia de leyes de trabajo y previsión social, como en cualquiera otra del derecho positivo, siempre se está en evolución. Lo que es bueno hoy dejará de serlo mañana, y lo que ahora es suficiente y adecuado, no lo será en el futuro. No es de sorprenderse, por lo tanto, que en gobierno surgido de la revuelta de 1943 y el que lo sucedió a partir de 1946 tuviera amplias posibilidades en esa materia. No en vano había progresado el país y habían cambiado en el mundo las ideas y las situaciones sociales que precedieron al estallido de la segunda gran guerra. Cualquier gobierno con mediano sentido de lo social hubiera tenido en cuenta esas circunstancias y adecuado la legislación laboral a las exigencias de la época. Lo que no hubiera formulado son declaraciones como las que la dictadura peronista introdujo en la Constitución a fin de disimular el motivo principal de su reforma, o sea la reelección presidencial. Los “derechos del trabajador”, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura” estaban implícitos en la Constitución de 1853, puesto que su Preámbulo enunciaba el propósito de “promover el bienestar general”.

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Aquella declaración significaba poco mientras no se dictara la pertinente legislación, y ésta pudo hacerse sin necesidad de una formulación específica en la carta constitucional. No tuvo otro fin que el ya enunciado y el de servir a la propaganda del régimen. Las principales leyes sociales de la dictadura fueron de carácter organizado: la de creación del Ministerio de Trabajo y Previsión, la de asociaciones profesionales, la de tribunales del trabajo , la de creación de la Administración Nacional de la Vivienda, la de Dirección de Municipalidades, la de organización del Patronato nacional de Ciegos, la del Instituto de Previsión Social, etcétera, con las cuáles se continuó el proceso iniciado mucho antes de 1943 y no se interrumpirá, por cierto en el futuro. La legislación restante se refiere, principalmente, a “estatutos” para diversos gremios – del peón de campo, de los empleador bancarios, de obreros del petróleo, de los periodistas, etcétera- que con ser numerosos no alcanzaran a la totalidad de las actividades laborales y, por consiguiente –si es posible- en el porvenir. Hemos visto ya que la Secretaría –después Ministerio- de Trabajo y revisión tuvo en su origen y desenvolvimiento el propósito exclusivamente político de encauzar a los gremios “de acuerdo con las directivas del estado”, o sea del Dictador Juan Domingo Perón. La más importante de sus facultades es la de “concesión, fiscalización y retiro de la personería gremial”, establecida por la ley de asociaciones profesionales. Aunque ésta dispone que la asociación profesional podrá constituirse libremente y sin necesidad de autorización previa, establece también que para obtener la personalidad gremial que permite representar a los trabajadores de una actividad determinada ante el Estado y los empleadores, debe demostrar que sus afiliados son mayoría dentro de ésta. Pero, a efecto de evitar posibles sorpresas, la ley antedicha establece que “será tenida en cuenta para resolver sobre la retención de la personalidad gremial del sindicato superado en número de afiliados su actuación sindical, así como su contribución en la defensa y protección de los intereses profesionales”. Vale decir que el ministerio puede escoger a su antojo el sindicato que mejor cuadre a “las directivas del Estado” y neutralizar la voluntad mayoritaria de los trabajadores. Los tribunales del trabajo han reducido considerablemente al trámite de los jicios sobre aplicación de las leyes obreras y si bien en el comienzo sus decisiones fueron muchas veces arbitrarias e influidas por el ministerio del ramo, su especialización en derecho laboral ha contribuido al progreso de este. La legislación del trabajo dictada en tiempos de la dictadura peronista ha tenido efecto psicológico más que positivo. La propaganda oficial y gremial convenció a los trabajadores de la importancia de sus “conquistas”, pero la realidad les ha enseñado que la mayoría debe ocuparse de dos o tres empleos (5) para subvenir a sus necesidades de vida. Lo mismo acontece a los muchos jubilados de distintas cajas, obligados a no gozar en la vejez, a veces sin fuerzas ni salud, del descanso que necesitan. Sólo quienes tienen la ayuda de sus familias están en condiciones de aprovecharlo.

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La asistencia social tuvo, como todo lo que hizo la dictadura peronista, marcado propósito político. La gran dispensadora de sus beneficios fue “la Señora”. Sobre todo cuando a la Fundación por ella creada se le encomendó la atención de los fines sociales señalados anteriormente al Instituto Nacional de las Remuneraciones. Se vio entonces cómo el Estado que tendía a monopolizarlo todo, hacía excepción con una sola entidad privada, que desenvolvía su acción en forma independiente de aquél. A esa se destinaron las cuantiosas sumas percibidas hasta entonces por el Instituto, provenientes del aporte del 3% del monto total abonado como sueldo anual complementario, y de las que por igual concepto se pagaran en lo sucesivo. Con recursos tan considerables –superiores a los de la mayoría de los organismos del Estado- la Fundación, manejada por la esposa del presidente sin intervención ni vigilancia de ningún órgano de aquel, pudo aparecer ante los trabajadores y empleados como algo excepcionalmente beneficioso, y servir de tal manera a la propaganda del régimen peronista.

NOTAS: (1) (nota del transcriptor) se refiere al siglo XX. (2) (nota del transcriptor) del año 1943. (3) (nota del transcriptor) Esto es: agencias de empleo. (4) (nota del transcriptor) “El soberano la fuerza es el derecho de las bestias” Juan Perón 1958. (5) (nota del transcriptor) No necesariamente en el sentido individual. Antes, y en reglas generales, con que uno solo de los integrantes de la familia trabajara alcanzaba para todos. A partir del peronismo la cosa fue cambiando.

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POLÍTICA ECONÓMICA

Nuestra situación económica al terminar la segunda guerra mundial El gobierno surgido de la revuelta del 4 de junio de 1943 y su sucesor, iniciado en 1946, se hallaron en la situación del feliz y atolondrado heredero de una cuantiosa fortuna. Las reservas monetarias de oro y dólares alcanzaban, al finalizar la segunda guerra mundial, a un equivalente de 1680 millones de dólares. Jamás habíamos acumulado tanta riqueza y nunca la hemos tenido posteriormente. Tan cuantioso caudal era el producto del trabajo de nuestro país, realizado durante largos años bajo las garantías de la libertad. Si pudo acrecentarse considerablemente en el transcurso de la guerra, fue porque antes de su estallido la Argentina se capacitó para producir en gran escala lo que necesitaba y aún lo que era dado colocar en los mercados extranjeros. La ganadería, la agricultura, la industria, habíase desarrollado libremente. En poco más de medio siglo, a partir de 1880, nuestro país se había convertido en uno de los primeros y mejores productores de carne, en uno de los principales exportadores de cereales y en la nación más industrializada de América del Sur. No tuvo necesidad de que ningún gobierno “encauzara” su trabajo. La iniciativa privada era más ágil e inteligente que el dirigismo estatal. En 1945 podía pensarse en que había sonado para la Argentina la hora de ascender a uno de los primeros de la economía mundial. Tenía 16 millones de habitantes y había ocupación plena. No existían cuestiones sociales agudas y su nivel de vida era uno de los más elevados de nuestro continente. Bastaba obrar con cautela para mantener, y aún acrecentar, el ritmo de nuestro progreso. Desgraciadamente no fue así.

Resultados de la política económica de la dictadura peronista Los nuevos gobernantes parecían ignorar la suma de infinitos esfuerzos y propicias circunstancias que habían producido la riqueza del país. Tenían delirio de grandezas y complejo de superioridad. Lo requerido, en definitiva, para lanzarse a la aventura de una política desorbitada. Estaban convencidos, además, del estallido a plazo breve de una tercera conflagración. El resultado de la segunda los había contrariado; la que esperaban y anunciaban señalaría la derrota de los países occidentales que habían vencido al Eje. Entonces llegaría el momento de ejecutar el programa esbozado en el manifiesto que circuló en los cuarteles a mediados de 1943 y en la conferencia de Perón en la Universidad de La Plata.

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La política económica de la nación a partir de 1946 se basó en estos tres principios fundamentales: a) la liberación de todo influjo extranjero; b) el monopolio estatal de las principales fuentes de riqueza; c) la reforma de la legislación bancaria. Al “capitalismo imperialista” se culpa de haber substraído a nuestro país el futuro de su trabajo, de haberlo convertido en una colonia y, también, de haber decidido en el pasado la elección de sus gobernantes. Para que todo eso no fuera posible en el futuro, creyeron que debía comenzarse por declarar nuestra independencia económica, la que el dictador Juan Domingo Perón hizo solemnemente en Tucumán el 9 de julio de 1947, aniversario de la independencia política. El monopolio estatal de las principales fuentes de riqueza tendía a la eliminación de los consorcios internacionales que explotaban algunos servicios públicos y la comercialización de las cosechas. Con la reforma del sistema bancario se puso en manos del Poder Ejecutivo, a falta de recursos presupuestarios, medios ilimitados de pago para financiar inversiones del Estado, cubrir pérdidas cuantiosas en sus operaciones comerciales derivadas principalmente del mantenimiento de tipos de cambio artificialmente bajos, y suplir con emisiones de moneda aquella parte del ahorro privado que entes se orientaba hacia la inversión hipotecaria para la construcción de viviendas. En virtud de esta política se rescató la deuda exterior, se hicieron diversas adquisiciones –ferrocarriles, transportes de la ciudad de Buenos Aires, teléfonos, compañías de gas, etcétera-; se crearon las flotas mercante y aérea y se organizó el IAPI (1) para comerciar con el exterior. Cuando todo esto quedó realizado, el dictador Perón se consideró victorioso. Nada debía el país al extranjero y era propietario de los servicios públicos que en el pasado habían producido importantes salidas de divisas. Y todo lo había hecho su gobierno “sin un solo centavo”, según afirmaba. A la inflación que comenzó entonces su espiral aún incontenida, el dictador le quitaba importancia. Era menos que en otros países y eso debía conformarnos. Servía, entretanto, para dar la sensación de enriquecimiento colectivo; los negocios se activaban y aumentaban los salarios. Era bastante por el momento; después se vería. No se tardó mucho en saber que las mismas explotaciones que hasta entonces había producido las utilidades cuya salida se había evitado, daban pérdidas cuantiosas y su material se desgastaba sin posibilidad de ser repuesto. Lo mismo acontecía con el IAPI y con casi todas las empresas administradas por el gobierno. Las reservas de oro disminuían rápidamente, pero tampoco tenía importancia; para el caso el dictador enunciaba teorías económicas que solo convencían a los crédulos (2). Hubo un momento en que el comercio y la industria se quedaron sin crédito en el exterior porque el importe de sus obligaciones, saldado en los bancos de acuerdo con los

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compromisos contraídos, no pudo ser transferido por carencia de divisas. Se dijo entonces que eran deudas de particulares y así se quiso ocultar las dificultades económicas del Estado, pero poco después el Banco Central debió garantizar al banco de Importación y Exportación un préstamo de 125 millones de dólares a los bancos argentinos para cubrir las importaciones impagas. Había sido descuidado el campo, que siempre ha constituido y constituye el pilar de la economía argentina, al punto que todavía hoy procede de él. El 95% de las divisas que el país obtiene en su intercambio comercial y ha sido en todo momento segura fuente de trabajo y bienestar para los hombres que a él se dedicaron con valor y entusiasmo. Antes de 1943 la Argentina aventajaba a Rusia, India y Estados Unidos en la producción mundial de lino. Exportábamos entre el 80 y el 90% de la nuestra, lo que equivalía al 10% del total de exportaciones argentinas y al 20 0 25% de todas las ventas de productos agrícolas. Por graves errores cometidos por los asesores del gobierno peronista, disminuyó el cultivo de lino, y por lo tanto su exportación. Los precios “compensatorios” pagados por el IAPI determinaron la caída catastrófica de la producción. “En 1936-37 –dice el informe de la Comisión Investigadora Nº 21- sembramos 3.500.000 hectáreas (el quinquenio anterior tuvo un término medio superior a 3.000.000 de hectáreas). En 1945-46, por efecto del “justicialismo”, sembramos solamente 1.864.000 hectáreas. En 1954-55 el descenso llega a 739.300, y en 1955-56, solamente se sembraron 680.200 hectáreas. “Algo semejante ocurre con el girasol, que hasta 1950, dada la insuficiencia de nuestra producción olivera, significó una próspera industria de aceite de 1.500.000 hectáreas; en 1950, una extensión superior a 1.800.000, cosechando más de 1.000.000 de toneladas. Siendo la producción mundial de 2.100.000 toneladas, nuestro país produjo la mitad de las cosechas mundiales. Con estas semillas hicimos aceite para el consumo y la exportación. En 1935-39 se produjeron 31.000 toneladas anuales. En 1940-41, 112.000; en 1945-49, 186.000; en 1950, 234.000 toneladas. “En cuanto interviene el IAPI y mediante la fijación de bajos precios de compra, se desalientan los productores. De 1.500.000 hectáreas sembradas en 1959, bajamos en 1952-53 a 816.709, y en 1954-55 a 559.000, y el 1.000.000 de toneladas de semillas cosechadas en 1950, se reduce en 1951-52 a 692.000; en 1952-53 a 528.000, y en 195354 a 228.000. Las pobres cosechas provocaron la ruina de la industria aceitera y, también en este caso, de país productos y exportador pasamos a ser nación importadora. Ya no disponemos de las 60.000 toneladas que exportábamos en 1959 y nos trajeron 50.000.000 de pesos, ni de las 185.000 que necesitábamos para el consumo interno.

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En cuanto a la ganadería puede decirse que no corrió mejor suerte que la agricultura bajo un régimen de intenso intervencionismo estatal. Disminuyó la producción de carnes y más aún sus exportables. En el lapso de pocos años las considerables reservas de oro y divisas acumuladas durante la segunda guerra mundial fueron despilfarradas en buena parte. El desarrollo industrial indiscriminado no produjo aquella independencia económica y por el contrario determinó mayores necesidades de divisas para su mantenimiento, al paso que disminuían progresivamente los saldos exportables. Los balances comerciales del país, tradicionalmente positivos, resultan así repentinamente desfavorables a partir de 1949. No obstante las severas restricciones en las importaciones de productos esenciales para el mantenimiento de la actividad económica y la contracción de fuertes deudas comerciales con el exterior, no fue posible renovar adecuadamente los equipos industriales del país; los elementos de transporte – ferroviarios y automotores-, por falta de reposición, cayeron en lamentable estado; descuidada la producción de combustible y en particular la extracción de petróleo, el creciente déficit energético terminó por afectar a la propia industria. Del análisis de la evolución de la renta nacional surge que el ingreso per cápita prácticamente no aumentó durante el período de la dictadura peronista, ni fue repartido con criterio apropiado a los intereses del país. En síntesis: al caer ese gobierno, el estado económico de la Argentina podía considerarse como muy crítico, con sus producciones principales deprimidas, las reservas de oro y divisas reducidas a un nivel muy bajo, un presupuesto abultado cuyo crónico déficit se cubría con la emisión de títulos de absorción forzada, una deuda exterior por un total de 757 millones de dólares, que al tipo de $ 18 m/n. el dólar, alcanzaba a 13.626 millones de pesos, y una deuda interna de aproximadamente 57.576 millones. A esto se agregaba la deuda exigible real del país, que según lo ha señalado el ex ministro de Hacienda, doctor Eugenio A, Blanco, alcanzaba a 10.548 millones de pesos de cuya suma correspondían 7.921 millones al déficit acumulado de las empresas de transporte, y 308 millones a Obras Sanitarias. Razón tuvo la Comisión Asesora Económica y Financiera del Gobierno Provisional, cuando expresó que la situación argentina era más grave que aquella que el presidente Avellaneda hubo de conjurar “ahorrando sobre el hambre y la sed”, y más que la de 1890 y que la de hace un cuarto de siglo (3), en plena depresión mundial. “El país –dijo también dicha comisión- se encontraba en aquellos tiempos con sus fuerzas productoras intactas. No es el caso de hoy: están seriamente comprometidos los factores dinámicos de su economía y será necesario un esfuerzo inmenso y persistente para restablecer su vigoroso ritmo de desarrollo”.

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NOTAS: (1) El Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) fue un ente público creado por decreto 15.350 el 28 de mayo de 1946, que si bien fue firmado por el Presidente Farell, formaba parte del conjunto de medidas que el coronel Juan Domingo Perón y su equipo de asesores habían proyectado. Funciono bajo la órbita del Banco Central de la República Argentina (BCRA), con el fin de centralizar el comercio exterior y transferir recursos entre los diferentes sectores de la economía. (2) Entre otras la de que “llegaría una tercera guerra mundial con la cual ese oro y divisas volverían”. Jamás ocurrió (3) La caída de la Bolsa de Wald Street en Estados Unidos de Norte América.

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LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA

La educación en la libertad Desde los albores de nuestra nacionalidad ha sido preocupación constante de casi todos los gobiernos de educar al pueblo sin distinción de sectores. Apenas salidos del régimen español, debieron los hombres del período revolucionario preparar al pueblo para la libertad, la igualdad y la democracia, los tres principios esenciales de la que Esteban Echeverría llamaba “la tradición de Mayo”, es decir, de nuestra emancipación. No fue fácil esa tarea. Muchos prejuicios, muchos intereses y, sobre todo, el caos institucional nacido precisamente de la general ignorancia, se opusieron a logro de tan alto propósito. El resultado fue la instauración de la dictadura rosista. Cuando aún se estaba bajo su dominio, los espíritus más lúcidos de nuestro país, expatriados en Uruguay, Chile, Brasil y Bolivia, planteáronse el problema de la educación pública como medio de sacarlo del marasmo en que se hallaba. Echeverría, Sarmiento, Alberdi, Mitre, Vicente Fidel López, Juan María Gutiérrez y la mayor parte de quienes formaron el grupo esclarecido que el primero reunió en torno a la Asociación de Mayo, expresaron en libros, artículos periodísticos, discursos y conferencias, lo que debía hacerse apenas fuera posible derrocar la tiranía. Cuando ésta cayó en el campo de Caseros, tocó a esos grandes hombres, orgullo de nuestro pueblo, la faena de realizar su magnífico pensamiento. Sólo uno, Echeverría, no pudo retornar al suelo amado por haber muerto en el destierro un año antes de su liberación, pero sus ideas vivían en sus discípulos y amigos, y sirvieron para la hermosa empresa colectiva. Había que “educar al soberano”, pero ¿Cómo se haría esa educación? Los hombres de la ilustre generación de 1937 no coincidían del todo en las soluciones. Según unos se debía instruir, comenzando por combatir el pavoroso analfabetismo. Sarmiento fue el más decidido propulsor de ese programa de educación popular. Era el criterio de las naciones que en aquella época estaban al frente de la civilización occidental. Alberdi, por el contrario, pensaba que no debía confundirse la educación con la instrucción. La instrucción, si no está adecuada a las necesidades del país, puede ser perniciosa, y juzgaba que a veces lo había sido entre nosotros. Propiciaba, por ello, la de ciencias y artes de aplicación, de cosas prácticas, de lenguas vivas, de “conocimiento de la utilidad material e inmediata”, según decía. La educación, en cambio, debía operarse por la absorción de lo europeo, porque “europeo es todo en la civilización de nuestro suelo”. Esas ideas de Alberdi tenían un propósito: salir del aislamiento receloso en que se vivía, abrir el país a la inmigración, enriquecerlo de bienes materiales y lograr por medio de ellos aquello que Rousseau llamaba la “educación de las cosas”.

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Lo que posteriormente se hizo sobre el particular concilió las ideas de Alberdi con las de Sarmiento. Se difundió la instrucción pública, especialmente la primaria y se europeizó el país. Advirtióse con posterioridad que el aluvión inmigratorio lo ponía en peligro de descaracterización y se pensó que, para evitarlo, era menester acentuar la enseñanza de lo nacional, comenzando, como es lógico, por nuestra historia. De los hijos de inmigrantes provenientes de las tierras más diversas, con idiomas distintos y costumbres dispares, había que hacer argentinos, instruirlos de una tradición que sus antepasados ignoraban y darles el sentido y el orgullo de la patria nueva. Se enseñó entonces cuán difícil y heroica había sido la tarea de hacer el país: cómo habían germinado y triunfado las ideas esenciales de nuestro desenvolvimiento histórico –la libertad, la independencia, la democracia-; cómo habían sido llevadas por los ejércitos de la emancipación a las naciones hermanas de América; cuáles eran nuestras figuras próceres, veneradas por las sucesivas generaciones. Sébese lo que en nuestro país se realizó desde 1852 hasta 1943. Millares de escuelas y colegios diseminados en todo el territorio de la Nación difundieron la educación popular, a la vez que las universidades lo hicieron con la cultura superior. Hacia 1923 pudo vanagloriarse un eminente hombre público, ante una conferencia internacional, de que en la Argentina hubiera muchos más maestros que soldados. Estaba en lo cierto, porque el ideal de aquel tiempo no era hacer un Estado gendarme, con intenciones imperialistas o dictatoriales, sino una nación civilizada, preparada para la paz y el progreso. Habíanse desarrollado las ciencias y las artes. El nombre argentino no sólo se pronunciaba en el exterior para señalar la excelencia de nuestros productos agropecuarios o nuestras inmensas posibilidades económicas, sino también para distinguir la obra de nuestros sabios, pensadores y artistas, que en algunos casos alcanzaron nombradía universal. Las academias nacionales, los museos, los centros de cultura, las empresas editoriales, las publicaciones especializadas, y en general el interés de grandes sectores del público por las altas expresiones de la ciencia y de la belleza, demostraban que no se había trabajado en vano. Aunque mucho fue lo realizado, no llegó a ser suficiente, puesto que permitió establecer una nueva dictadura. Lo mismo había acontecido en Italia, Alemania y otros países, pero no eran iguales las causas y circunstancias. Nuestro país estaba sano, pero no inmunizado contra las ideas liberticidas. La educación no había previsto la posibilidad del virus exterminador. Y éste se introdujo en un descuido y enfermó a la nación por largos años.

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Propósito de la educación bajo la dictadura peronista La norma de “educar al soberano” jamás se intentó aprovecharla en beneficio de los partidos gobernantes, ni hacerla servir para torcer las corrientes históricas del país. La dictadura cambió esa práctica tradicional. No tenía ni quería tener vínculos con nuestro pasado fundado en la libertad. Proponíase hacer una “Nueva Argentina”, cuya “doctrina”, concebida, difundida e impuesta por el dictador Perón, uniera a todos los ciudadanos en un pensamiento común dado por el Estado, del cual ese hombre era la encarnación. Comprendió de inmediato la importancia que para su afirmación y perpetuación tenía la enseñanza en sus etapas diversas –primaria, secundaria y superior- y se preparó para variarla en su beneficio. No es mucho lo que su llamada “doctrina” dice sobre el particular, aunque varias veces se refirió el dictador Perón a los problemas de la educación. Según aquel, la educación debía ser orientada hacia la consecución de un objetivo común, el perseguido por el Estado “para orientación del pueblo de la Nación”. Sobre esto no admitía discrepancia alguna. “De una distinta manera de ver los problemas sale una distinta manera de apreciarlos; de una distinta manera de apreciarlos, sale también una distinta manera de resolverlos, y de ello sale una manera distinta de actuar dentro del país, por parte del ciudadano”, decía el dictador Perón en 1947. Y agregaba: “Lo que el Estado debe dar a cada hombre es cómo debe pensar como argentino, para que él, como hombre piense como se le ocurra”. En realidad, lo que se pretendió es que se pensara como el partido gobernante, o por mejor decir, como su conductor indiscutido. Claramente lo expresó el Ministerio de Educación cuando trazó en 1951 el “plan básico de informaciones necesarias para alcanzar los objetivos del segundo Plan Quinquenal”: “No debe perderse de vista a este respecto –dice- que el objetivo fundamental perseguido en materia de educación es realizar la formación moral, intelectual y física del pueblo sobre la base de los principios fundamentales de la Doctrina Nacional”. Para lograr ese propósito el ministerio señalaba los siguientes medios: “a) planes de estudio; b) forma en que se apliquen los mismos; c) rectitud integral del material humano encargado de su aplicación; d) preparación de la receptividad del material humano al que se dirigen; c) causas, especialmente ideológicas y gremiales, que atenten contra el desarrollo natural que se anhela”. Con referencia a los planes de estudio, requería la información siguiente: “a) ¿Se ajustan los programas coordinadamente en todas las materias y ramas de la enseñanza a los objetivos fundamentales que perdiguen la Doctrina Nacional y el segundo Plan Quinquenal?; b) Cuando así fuere ¿Se aplican esos programas sin deformaciones maliciosas desde la cátedra?; c) ¿Cuáles son los docentes que,

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tendenciosamente, se apartan de los principios establecidos en los planes de estudio?”. Con respecto al cuerpo docente quería saber: “a) ¿Cuál es el personal docente que profesa ideologías espirituales o políticas adversad a la Doctrina Nacional y, por ende, a los objetivos del segundo Plan Quinquenal?; b) ¿Cuál es el personal que, sin haberse podido individualizar aún como contrario a aquella doctrina, se desempeña, no obstante, al margen de sus premisas y, por tanto, de los objetivos fijados en el segundo Plan Quinquenal?” En lo referente a los gremios, preguntaba: “a) ¿Qué asociaciones gremiales agrupan al personal docente, en todas sus ramas?; b) ¿quiénes son sus dirigentes y cuál es su posición intelectual, espiritual, moral y política?; c) ¿Qué cuestiones gremiales tienen pendientes?”. El plan de informaciones requería asimismo: “a) ¿Qué asociaciones de carácter estudiantil agrupan al alumnado?; b) ¿Cuál es su posición ideológica, espiritual y política?; c) ¿Quiénes son los dirigentes y afiliados, en las adversas a la doctrina del gobierno nacional, si las hubiere?; d) ¿Qué cuestiones agitan al estudiante?; e) ¿Quiénes promueven esas cuestiones?; f) ¿A quién o a quienes interesa y beneficia su planteo?”. Como se ve, nada escapaba al propósito dictatorial de moldear el espíritu de los educandos dentro de su doctrina y de vigilar a maestros, profesores y alumnos para que el mismo se alcanzara rigurosamente.

La enseñanza primaria La dictadura quería hacer peronistas desde la infancia. Era la técnica totalitaria de la URSS (1), Italia y Alemania (2). Debía ser los lo tanto, la de la llamada “Nueva Argentina”, enemiga de la libertad. Todo en la escuela debía inculcar en las mentes infantiles la idea de que nada superaba la excelsitud de la “Doctrina Nacional”, de su “genial creador” y de “la Señora”. En ésta, particularmente, los niños de los grados inferiores debían personificar todas las virtudes humanas. El libro en que aprendían a leer debía decir y repetir que era “la madrecita amorosa”, “el ángel”, “el hada buena”, “la dulce”, “la pura”, “la celestial”, “la amiga de los pobres”, “el sostén de los ancianos”, etcétera. “El libro –dice el informe de la respectiva Comisión Investigadora- debía ser el primer contacto de la nueva generación con un Estado totalizador y absorbente. Las imágenes y expresiones reiteradas presentarían las realizaciones del régimen, ciertas o simplemente enunciadas, con perfiles tan definidos y sobresalientes que la actualidad pareciera una eclosión sin antecedentes, casi un hecho divino”.

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La peronización de esos libros de desarrolló en tres etapas. La primera, ocurrida a fines de 1949 y principios de 1959, se caracteriza por la tentativa de imposición de un texto único para el primer grado inferior de las escuelas comunes. Fue durante los últimos meses de actuación del ex ministro doctor Oscar Ivanissevich. Se trataba del libro “Florecer”, cuya autora, Emilia C. de Muñoz, era a la sazón subinspectora general de escuelas de la Capital Federal a cargo de la Inspección General. “Esta obra tiene el triste privilegio de ser la primera que lleva en sus páginas los retratos del dictador y de su mujer y de haber incorporado a su contenido temas que el régimen usaba en su campaña publicitaria de esos días. Por ello fue considerada modelo de los libros que en adelante se emplearon en las escuelas” El ministerio la adoptó sin realizar concurso de autores, y los inspectores que se pronunciaron por su autorización, dictaminaron sin estudio previo y a requerimiento de la propia autora. La edición oficial fue de 200.000 ejemplares de distribución gratuita, y su costo, de 380.000 pesos. Esta inversión no se hizo por licitación pública sino por adquisición directa, pretextando razones de suma urgencia que la Contaduría General de la Nación observó sin éxito. La segunda etapa que lleva el sello inconfundible del ex ministro Méndez San Martín y del ex director general de enseñanza primaria Alberto J. Galmarino, ocurre en el período que va desde septiembre de 1950 al mismo mes de 1952. Corresponde al concurso para textos escolares regido por un reglamento que se inspiraba en las consignas políticas del oficialismo. Los libros fueron juzgados, principalmente, según su mayor o menor fidelidad a “la orientación espiritual, filosófica, política, social y económica de la Nueva Argentina”. El concurso fracasó por la inconformable obsecuencia del ministro, que pedía libros más y más peronistas. Unos meses antes de dar por terminado el concurso reunió en su despacho a los autores y editores a quienes acusó de saboteadores y ofreció la última oportunidad para producir los libros que necesitaba el gobierno. “Los libros de lectura –dijo en esa ocasión- deben referirse a Perón y Evita desde la tapa hasta el colofón”. La mayoría de los autores procuró satisfacer estas órdenes y algunos fueron aprobados por la comisión designada al efecto. Antes de terminar esta etapa de envilecimiento de los textos escolares, la mayoría peronista del Congreso estableció por ley la lectura obligatoria del libro “La razón de mi vida” en todos los ciclos de instrucción pública. La misma medida fue tomada por los gobiernos provinciales.

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Producida la muerte de su presunta autora (3), los altos funcionarios de la comisión permanente de textos pidieron que el retrato de Eva Perón se incluyera obligatoriamente en todos los libros de todos los grados. La tercera etapa, la de los libros para el sometimiento de la mente de los niños argentinos, empezó el 28 de septiembre de 1952 y concluyó con la deposición del tirano. El ministro Méndez San Martín modificó la reglamentación para acelerar el trámite de autorización de los textos, sin vaciar los artículos de carácter político. Con este sistema de obras se autorizaron dentro de los quince días de su presentación, y el secretario de didáctica, inspector Prudencio Oscar Tolosa, dictaminó sin descanso para que nuestras escuelas fueran invadidas por los peores libros que recuerda la Nación. La Comisión Investigadora juzga a este respecto: “Su lectura indigna y deprime. Son libros inaceptables por su falta de valor literario, incorrectos por su concepción metodológica, inmorales por la finalidad de lucro y de obsecuencia que les dio origen, impuros por su contenido, indignos por su propósito e inolvidables por el daño moral que hicieron”. Concluye esa Comisión diciendo que el libro de lectura cumplió en esos años una obra perniciosa tan extendida y profunda, “que debe considerársela como un crimen de lesa patria”. Afirma, asimismo, que el régimen “no necesitó del texto único, porque tuvo en autores y editores la cooperación que le permitió conseguir, con la pluralidad de obras, la uniformidad ideológica que necesitaba, dando así la apariencia de una libertad de expresión que no existió en ningún momento”.

Forzada organización del magisterio primario En un discurso de 1947 el dictador Juan Domingo Perón dijo lo siguiente: “Nunca he podido explicarme por qué en los últimos tiempos la enseñanza había caído en manos mercenarias cuando ya en su época remota los griegos no querían que los esclavos instruyesen y educasen a sus hijos”. Cuando esto expresaba, tenía el propósito, precisamente, de convertir a los maestros en esclavos de lo que llamaba su “doctrina”. Nada podía ser más opuesto al espíritu del magisterio argentino que la posición antihistórica del peronismo. Por su cultura y su espíritu de cuerpo, no era fácil de engañar y, mucho menos, de someter. Advertía la falsedad intrínseca de las disquisiciones presidenciales que solo podían convencer a quienes ignoraban en absoluto nuestro pasado y el extraordinario empeño de varias generaciones por dar al país instituciones y normas civilizadas. Jamás dejó de creer en la libertad y en la democracia. Sabía cuán ardua fue la tarea de lograrla y no ignoraba los errores cometidos para hacerlas efectivas en su plenitud. Su misión nobilísima era, como es ahora y lo será siempre, la de formar el espíritu de los niños de acuerdo con altos ideales

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de convivencia y respeto humano, y moldear los caracteres para hacer buenos ciudadanos de la admirable República legada por nuestros próceres. En él, como en los niños que la confianza del país ponía en sus manos, estaba el porvenir de la Nación. Pero el dictador quería que ese porvenir fuera suyo. Érale preciso, en consecuencia, valerse de los maestros para que hicieran de continuo el panegírico de su persona y de su régimen, con el pretexto de inculcar la tal “doctrina”. A fin de que tal propósito fuera realizable buscó la adhesión de todo el personal docente, y como sospechaba que no había de lograrla, intentó organizar su gremio con el objeto de vigilarlo como a los demás trabajadores. “Contó para ello –dice el informe de una de las comisiones investigadoras del Ministerio de Educación- con los grupos que en todos los ámbitos de la actividad humana merodean la mesa del poderoso a la espera de la migaja.” Agrega esa comisión que ante el cuadro de general corrupción que alcanzó a todos los estrados de la vida social argentina, el magisterio adoptó una postura de prescindencia y retraimiento de su actividad gremial o cultural. Tenía sus organismos regionales y procuraba unirlos en un ente nacional, pero sus dirigentes se vieron de pronto impedidos de actuar, ya porque se les separó de sus cargos, ya porque se clausuraron los centros que tan trabajosamente habían constituido con el esfuerzo solidario de sus afiliados. Había que substituir, por consiguiente, la libre agremiación por entes artificiales, ajenos a las inquietudes del magisterio, pero dóciles a los requerimientos del oficialismo. Algunos docentes “anhelosos de una notoriedad que el gremio no les otorgaba – expresa el referido informe- o impacientes por escalar posiciones al margen de la ética profesional, se dieron a la tarea de constituir “Ateneos” o sindicatos de docentes peronistas, y aún cuando contaron con la manifiesta complacencia ministerial no lograron su empeño”. Debido a ello, el gobierno procedió, con desprecio de las noemas democráticas de organización gremial, a constituir la Agremiación del Docente Argentino (ADA), que fracasó poco después a causa del general repudio de los maestros y profesores. En reemplazo de ADA se formó UDA (Unión Docentes Argentinos), con directa intervención del dictador. “Inspirados en el ejemplo y la obra educativa que realiza el primer maestro de la Nueva Argentina, general Juan Domingo Perón”, los organizadores enunciaban sus propósitos concordes con “los fines sociales, económicos y políticos propugnados por la doctrina nacional justicialista”. Corría el año 1953. La dictadura parecía afianzada y el miedo dominaba en muchas esferas. A quien no estaba con el dictador se le consideraba que estaba en contra suyo. Por consiguiente, había que eliminarlo. Para seguir viviendo era preciso callar y someterse. Los docentes no pudieron hacer otra cosa. “No es posible suponer –dice el informe referido- que en un régimen en el que los derechos cívicos de los ciudadanos habían sido anulados por la legislación

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totalitaria y en el que los gremios habían sufrido una total distorsión en su significación social pudiese existir uno democráticamente organizado. Esto ocurrió con UDA, en la que el divorcio entre dirigentes y afiliados fue total”. “Así es –concluye la Comisión Investigadora- cómo tanto la ADA como la UDA fueron creaciones artificiosas destinadas a confundir a la opinión pública, a neutralizar el movimiento gremial docente, a consolidar la dictadura y servirle de pantalla para sus fines; que ambas instituciones cumplieron de manera reiterada directivas del gobierno depuesto y rindieron tributos inmerecidos a las figuras más representativas del régimen; que contribuyeron en forma directa a la deformación de las conciencias infantiles por la destrucción de los principios básicos de la educación democrática mediante la reforma de planes de enseñanza y la adopción de textos tendenciosos”.

Docentes sin título (Maestras “Flor de Ceibo”) Desde 1951 hasta septiembre de 1955, la dictadura peronista otorgó 4.199 certificados de habilitación para el ejercicio de la docencia a personas carentes de título. La Inspección General de Escuelas Particulares concedió 1.143 certificados de aptitud pedagógica para ejercer la enseñanza en establecimientos particulares sobre un total de 1.144 exámenes rendidos. En el mismo lapso egresaron de las escuelas oficiales e incorporadas 27.967 maestros que se sumaron a los millares de diplomados sin puesto y que habían obtenido el título tras largos años de estudio. El organismo investigador no ha podido conocer la calidad de los exámenes ni los temas propuestos a los aspirantes, en razón de que las pruebas escritas han siso destruidas sin excepción, contraviniendo expresas disposiciones de la reglamentación pertinente. Por otra parte, en el mismo período la Inspección General de Escuelas de Adultos y la inspecciones técnicas de materias especiales, dependientes de la Inspección de Escuelas de la Capital, otorgaron 3.056 certificados de competencia para la enseñanza de las distintas especialidades que figuran en los planes de las escuelas oficiales diurnas y nocturnas. En ese tiempo, los numerosos establecimientos nacionales que preparan profesores y especialistas en las mismas asignaturas concedieron título oficial a 51.005 egresados. De la revisión de las pruebas de competencia surgen las irregularidades siguientes: 1. No se ha cumplido el requisito sobre la constitución del tribunal examinador que debe estar integrado por tres miembros. 2. Resulta notorio el favoritismo con que se calificaron algunos exámenes, como lo demuestran algunas pruebas escritas plagadas de errores ortográficos.

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3. Sin adoptar siquiera el examen de competencia fueron designadas en Salta veintisiete maestras especiales. Para regularizar la situación se resolvió formar tribunales examinadores que tomaron “exámenes orales de labores”. Observando el procedimiento volvió a constituirse la mesa. Esta vez se exigió a los aspirantes el aval partidario, que fue otorgado por el ex gobernador de esa provincia, Ricardo Joaquín Durand. Como cinco aspirantes no cumplieron satisfactoriamente la práctica, se les volvió a tomar un nuevo examen resultando, esta vez, aprobados. 4. En marzo de 1952 fueron designadas diez maestras especiales en Entre Ríos a propuesta de la delegada censista Juana Larrauri. No tenían título, no rindieron examen de competencia ni tomaron posesión de sus puestos, pero cobraron sus haberes en el Ministerio de Educación con la certificación de dicha ex senadora, como que prestaban servicios en el partido oficial. 5. Los certificados de competencia permitieron alcanzar el estado docente a personas incultas, a parientes de empleados de jerarquía diversa y a recomendados por las unidades básicas.

La enseñanza secundaria Aunque en menor grado que la primaria, la enseñanza media debió impartirse de acuerdo con los fines de peronizar al país. Este objetivo se siguió por tres medios: 1º) La incorporación de la asignatura titulada “Cultura ciudadana”, la cual, después de explicar el proceso de formación de la sociedad argentina, loaba las “realidades justicialistas”; 2º) La orientación tendenciosa de algunas materias, sobre todo las llamadas de “formación histórico social”, que con notable habilidad soslayaron la tradición liberal y democrática de nuestro pueblo y exaltaron el espíritu reaccionario y el rosismo; 3º) Las referencias obligatorias al segundo plan quinquenal, aún en aquellas asignaturas en las que esta inclusión resultaba evidentemente forzada. Y si con ello no bastara, la lectura obligatoria del libro “La razón de mi vida” en las clases de castellano, literatura e idiomas, completaba la empresa de captación. ¿Quién concibió y aplicó tal planificación? El ministro Méndez San Marín. Interrogados los miembros de la comisión que tuvo a su cargo la redacción y ordenamiento de los respectivos planes, especialmente los que actuaron como coordinadores en las materias de formación histórico-social, confesaron que a él se debían las directivas acerca de la prédica fervorosa a favor del régimen.

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La Comisión Investigadora de Educación ha señalado, asimismo, la grave responsabilidad que recae sobre los autores de textos de “Cultura ciudadana”, porque consciente y voluntariamente se prestaron a la propaganda del régimen dictatorial. Aproximadamente, unos veinte autores escribieron dichos textos, pero parece que en la Escuela Superior Peronista se gestó un texto único escrito por el doctor Layús y Sesé, porque aquellos, no obstante su obsecuencia, no eran considerados suficientemente fervorosos y eficaces.

Las organizaciones estudiantiles A la vez que se propuso la dictadura organizar a los docentes, intentó hacer lo propio con los estudiantes secundarios y universitarios. Ninguna de esas organizaciones alcanzó como la UES –Unión de Estudiantes Secundarios- tan vasta repercusión en el país. El motivo espurio que originó su creación fue revelado por el ministro Méndez San Martín el día que llamó a los primeros profesores para poner en funcionamiento la organización “Proporcionar atracciones al presidente que acaba de perder a su esposa”. Pero tuvo también propósitos políticos, puesto que el estatuto de la UES establece que sus fines son, entre otros, los de “inculcar el concepto de responsabilidad y respeto mutuo dentro de la doctrina nacional justicialista” y “Propender el conocimiento a fondo de la doctrina nacional”. Cierto es que también expresa ese estatuto que “La Unión de Estudiantes Secundarios no sustenta diferencias de razas ni de religiones como así tampoco posición política de ninguna clase”, pero a continuación agrega: “De manera alguna busca satisfacer aspiraciones que atenten contra la seguridad de la Nación y estén contra la Doctrina Nacional.” Se confirman esos propósitos políticos en el artículo inicial de la revista UES, donde se dice “Nuestra misión tiene esencia y continente en la doctrina nacional. Y nuestra guía, el maestro creador de esa doctrina, Perón, es quien ha marcado ya la ruta libre de contingencias espurias… El ámbito del aula es –será así siempre en adelante- un calco, una misma instancia con el ámbito societario total organizado en la égida de la Doctrina Nacional del maestro Perón… Esta revista quiere entroncar en toda la patria la voz cálida, el afán nacional, el trabajo persistente de la juventud en procura de los grandes objetivos de la doctrina del líder.” La marcha de la UES también expresa su orientación política. En la 4ª estrofa dice: “La juventud con decisión sigue la ruta señalada por Perón.”

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En la 5ª estrofa: “La UES a su meta se encamina y firme su promesa va a cumplir: con fe de peronista y argentina…” En la 6ª estrofa: “La juventud hoy es acción porque ahora tiene que cumplir una misión.” Y en la 8ª estrofa dice: “Con paso decidido y bien seguro penetra en el camino del futuro y siente arder su corazón con esa llama luminosa de Perón.” El nombre de Perón aparecía en el frente de los edificios, y sus lemas, emblemas, retratos, etcétera, estaban fijados en todos los lugares. En los actos de la institución se cantaba la marcha “Los muchachos peronistas” y en sus locales se distribuían los distintivos partidarios. Los jóvenes de ambas ramas de la UES –masculina y femenina, como las del partido oficial- debían concurrir a las concentraciones políticas de la Plaza de Mayo, y después de los acontecimientos del 31 de agosto de 1955 cubrieron con leyendas las paredes de la ciudad en adhesión a Perón. La pintura les fue suministrada en sus respectivos locales, y en el de la rama masculina por su mismo presidente. No es necesario abundar en otros detalles. Los mencionados bastan para evidenciar la tendencia netamente política de la institución. “Fue una política personalista y no de partido, y la adhesión de los jóvenes estudiantes se intentó con los mismos procedimientos que se aplicaban para la conquista de la masa. Se buscó cautivarlos emocionalmente con la mística del redentor y en ningún momento se trató de lograr un reconocimiento y aceptación racionales de principios y programas”, afirma la Subcomisión que ha investigado las actividades de la UES. Dado su origen y propósito, la UES no fue una institución estudiantil libre, sino un órgano del Estado, con personal y profesores dependientes del Ministerio de Educación. A pesar de lo cual, se decía a los estudiantes, con seductora frase, que la UES les pertenecía y debía ser manejada por ellos (4).

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La Subcomisión mencionada ha trazado en su informe un cuadro vívido de lo que ha sido. De él hemos tomado las noticias precedentes y las que siguen, empleando muchas veces sus propias palabras. El dictador concedió a la UES recursos desmedidos con las posibilidades del país. En sus tres años de vida costó más de 240 millones de pesos aproximadamente (5), y los siete números de la revista UES, 232.728 pesos. Había que hacer la cosa en grande para deslumbrar a argentinos y extranjeros. Todo en la UES convergía sobre la figura del dictador. Allí lo era todo: el más grande, el más puro, el más sabio, el primero, el único, el superhombre. Nada había imposible para él, ningún problema le era grande si se empeñaba en resolverlo. “El avasallador influyo de la presencia, y en su ausencia, sus frases estampadas en todas las paredes, su nombre repetido constantemente, sus retratos, su poder casi mágico que flotaba en el ambiente, contribuían a la formación del mito Perón. Pero Perón y la UES se identificaron y el mito de Perón se hizo el mito de la UES. La UES tanía que ser inigualable e invencible. Las trayectorias de Perón y la UES debían forzosamente ser una serie ininterrumpida de triunfos. Superar y derrotar a la UES era superar y derrotar a Perón, destruyendo el mito. Eso era inadmisible y la UES debió ser un permanente éxito para demostrar la supremacía de Perón” También señala el informe de la Subcomisión el ambiente de ostentosa e ilimitada prodigalidad que dominaba en la UES. “Pero esta largueza falazmente presentada como desinteresada encubría el inconfesable propósito de lograr una rápida conquista de los estudiantes. Esta despreciable maniobra condujo a los jóvenes, y esta es quizá su más grave consecuencia, a una desviada concepción de la vida y de la conducta, al mostrar la posibilidad de obtenerlo todo sin esfuerzo alguno, despreocupadamente y por camino fácil. Se instauró de esta manera una filosofía hedonista y sensual y se corrompió y extravió a los jóvenes con ingentes regalías. Muchos de ellos solo concurrían con el interesado fin de obtener alguna ventaja de esa inagotable cornucopia; otros se dedicaron afanosamente a las actividades deportivas preferidas por el ex mandatario para obtener los valiosos premios que sólo allí podían lograrse.” Agrega el referido informe: “Perón utilizó desaprensivamente la crisis de ruptura con lo tradicional y establecido, y el impetuoso impulso de revisión y renovación propios de la adolescencia para iniciar a los jóvenes a quebrar las normas de nuestra cultura, a desbaratar su ordenamiento, a subvertir su jerarquía de valores y al desprecio por sus instituciones y autoridades. Movió a la rebeldía contra padres y maestros, estimuló el menosprecio por lo ordenado y sistemático, por la disciplina, la responsabilidad y el deber. Pero sus posibilidades sólo alcanzaron a desarticular y desmontar las estructuras existentes y no fue capaz de crear nada sólido y coherente para reemplazar lo abatido y repudiado. De esta manera llevó la confusión y el desconcierto a las mentes juveniles. Le ocurrió así lo que al aprendiz

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de mago (6); las fuerzas desatadas quedaron en incontrolada libertad. El móvil primero de esta maniobra, que puso en abierta pugna a los jóvenes con la generación adulta –sostenedora de la cultura y por tanto de sus aspectos normativos y de jerarquización- fue sustituir todo y a todos por su omnímoda, omnisapiente y omnipotente persona.” El ambiente incontrolado de la UES permitía los excesos juveniles. El dictador no les daba importancia. Al inaugurar el túnel que unía a las instalaciones de la quinta presidencial con el sector Balneario y Náutica de Olivos dijo Perón: “Esos que crecen y viven de la mano de la madre, cuando les falta ese apoyo so saben qué es lo que tienen que hacer. Hay que independizarse de esa tutela que reduce el carácter y hace timoratos a los hombres y a las mujeres”… “Ninguna persona es inmoral si tiene carácter y no quiere ser inmoral. Algunos creen que la moralidad consiste en no conocer la inmoralidad. El que no conoce la inmoralidad es un estúpido. El moral es el que la conoce y no la comete porque no quiere.” (Revista UES, año I, Nº 2, página 4 y 5). No es extraño, por consiguiente, que en una oportunidad manifestara a un muchacho a quien había prometido un viaje a Alemania, que la mejor manera de aprender alemán era convivir con una alemana y a continuación le relatara sus propias experiencias y aventuras, destacando la superioridad de la mujer alemana a la francesa. Ni tampoco es de sorprenderse que en los veranos de los estudiantes en Rio III, Chapadmalal y Bariloche se produjeron actos de inconducta que desprestigiaron justamente a la institución y pusieron en tela de juicio la moralidad y buen nombre de aquellos. A estos sucesos debemos agregar el menoscabo en que se tuvo a los profesores y el desdén por la disciplina en todo lo que tenía relación con las actividades de la UES. Esta situación anormal creó el desorden y provocó situaciones irregulares y evidentes privilegios para los dirigentes y más conspicuos miembros de esa entidad. Los directores y rectores no podían tomar medidas disciplinarias contra los alumnos que no cumplieran los horarios por demorarse en la UES. La directora de la Escuela Normal Nº 6 tomó medidas de esta naturaleza y por orden del ex ministro de Educación debió dejarlas sin efecto. El informe de la Subcomisión Investigadora de la UES termina con estas palabras que sintetizan su juicio y que creemos oportuno reproducir: “Empleando también la UES su política, Perón aprovechó el ansia de poder, que es otra de las notas propias de la adolescencia, y les confirió la fuerza y un amplio respaldo a toda sus acciones. Además, él mismo les sirvió de ejemplo con su arbitrariedad, prepotencia, abuso de autoridad y desdén por toda legalidad.

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“La suma del poder discrecional crea alrededor del tirano un campo de círculos concéntricos en el que se ordenan los adictos de acuerdo con el grado de favor que gozan, donde juegan, en oculta y oscura lucha, las más bajas y despreciables pasiones y apetitos humanos y se utilizan los más indignos recursos para penetrar en el ámbito de los más próximos. Los jóvenes en la UES tuvieron ante si y bien de cerca ese inmoral ejemplo de vida y de conducta deslumbrados por el oropel que disfrazaba esta ominosa miseria humana, aprendieron y utilizaron, algunos con ingenua fe y otros con malicia y astucia, los procedimientos imperantes: la adulación y el servilismo, la amenaza y la delación. “De esta manera, las excesivas atribuciones y el poder que se les confirió, además de la general aceptación con que podían utilizar los recursos señalados, hicieron de los dirigentes de la UES tiranos en potencia, que amenazaron, delataron, exigieron reconocimiento y acatamiento a su voluntad, con singular osadía e insolencia. “Todos estos hechos prueban de una manera incuestionable que la UES no fue una organización al servicio de la juventud sino al servicio de Perón; que no fue una organización estudiantil sino un órgano de propaganda del Estado; que en ella buscó Perón, por una parte, esparcimiento, satisfacción de su vanidad y placer y, por otra, una incondicionada y total adhesión a su persona; que Perón creó demagógicamente un clima propicio para la conquista de los jóvenes, deslumbrados con una ilimitada prodigalidad, incitándolos a la rebeldía contra instituciones, normas y valores de nuestra cultura y colocándolos en pugna contra padres y maestros para erigirse en único y supremo guía y, finalmente, concediéndoles poder y total respaldo a sus acciones; que Perón utilizó el deporte como recurso fundamental para lograr sus objetivos personales y que este fue desvirtuado y constituyó un elemento corruptor de la juventud. “Todo esto determinó la desviación moral de un amplio sector de la masa estudiantil, una subversión de jerarquías y valores, el menoscabo de padres y educadores, un grave trastorno para la educación, la desorganización de la escuela y la corrupción del deporte juvenil”. Otra organización estudiantil fue la CGU (Confederación General Universitaria), creada con el propósito de enfrentar a la FUBA (Federación Universitaria de Buenos Aires) y a la FUA (Federación Universitaria Argentina), ambas –en ese tiempo- de tan firme y valiente tendencia democrática, que constituyeron uno de los primeros grupos alzados no solo contra las demasías de la dictadura peronista sino de los gobiernos de facto que la precedieron. Muchos de sus dirigentes y afiliados conocieron cárceles y destierro, sufrieron horribles torturas y fueron expulsados de las facultades donde estudiaban. Nada, sin embargo, los arredró. Unos sucedían a los otros en los claustros universitarios; pertenecían a todos los sectores de la población, aún a los más humildes; dispares eran sus tendencias partidarias, pero se igualaban en el fervor democrático y en la activa militancia.

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El dictador los detestaba y temía. Inútil le era procurar atraerlos, como a los inexpertos estudiantes secundarios, con algo que se pareciera a la UES. No lo conseguía. Concibió entonces la CGU, “agrupamiento gremial de dirigentes estudiantiles”, según lo calificaba el “Comando General de la Casa de Gobierno”. Sus funciones eran las de “continuar intensamente su prédica justicialista, su acción proselitista y su actividad vigilante ante los elementos que en conexión con los partidos políticos de la oposición, tratan de desarrollar una campaña subversiva y disolvente contra el orden y la disciplina que deben imperar en las casas de estudio”. En realidad, la CGU fue una fuerza de choque de la dictadura peronista. Mezclados a unos pocos estudiantes actuaban en ella matones a sueldo, que sólo asomaban en las facultades cuando se creía necesario golpear a presuntos revoltosos. Gozaba la CGU de privilegiada posición con respecto a las autoridades docentes. Sus pedidos eran órdenes. Disponía, además, de fondos cuantiosos proporcionados por las universidades a requerimiento del Ministerio de Educación. A ese efecto se abrió una cuenta especial titulada “Benefactores del estudiante argentino”, la cual debía ser administrada por un “Consejo Asesor Honorario”. Los importes ingresados en el curso de tres años ascendieron a cerca de $ 8.900.000.-, cantidad de la que el referido consejo dispuso la mitad ajustándose a las normas legales. No se tardó en considerar que el trámite de las inversiones no era suficientemente “ágil”, y en virtud de ello se optó por entregar los fondos directamente a la CGU, entidad que, según la investigación realizada, “no ha rendido cuentas de la inversión de pesos 2.490.409,88.-, que no ha podido aportar pruebas del pertinente registro contable, y que por otra parte estaba exenta de todo contralor”.

La Universidad En 1947 dijo el dictador: “No deseamos una cultura oficial ni dirigida; no deseamos un molde al que se sujeten los universitarios; no queremos hombres adocenados y obsecuentes a una voz de mando. Queremos una universidad señera y señora; una universidad libre de tutelajes e interferencias.” Cuando tales propósitos enunciaba, la universidad de Buenos Aires había perdido 1.253 profesores, expulsados por la naciente dictadura peronista. Había entre ellos algunos hombres de prestigio mundial, eminentes investigadores y hombres de ciencia, tratadistas de obra copiosa, catedráticos respetadísimos. Algunos habían firmado el manifiesto de 1943 en el que se requería “democracia efectiva y solidaridad americana”, tan duramente sancionado por el gobierno del general Ramírez; otros se habían manifestado en contra de los procedimientos dictatoriales del gobierno y todos se habían solidarizado con los rectores que éste había encarcelado.

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No era la universidad, como luego se quiso hacer creer, una institución a la que sólo podían ingresar unos pocos privilegiados de la “oligarquía”, ni había permanecido ajena a las inquietudes sociales y políticas del país. Millares de jóvenes modestos, pertenecientes a varias generaciones, habían cursado en ella los estudios superiores, y ya graduados en profesiones diversas, conservaban de sus maestros y claustros perdurables recuerdos. La autonomía de que la universidad gozaba, jamás había sido menoscabada por ningún gobierno. Aun en los momentos de duras contiendas ideológicas y partidarias, el pueblo y los sucesivos gobiernos la habían respetado. Sabían que sus aulas, laboratorios, bibliotecas y museos se elevaba la cultura argentina, ideal supremo de nuestros más eminentes hombres públicos, compartido por el pueblo sin distinción de grupos o actividades. La reforma de 1918 la había remozado, y los ideales que entonces movieron a quienes despertaron su espíritu para comprender los nuevos problemas sociales, perduraban treinta años después en los jóvenes recién llegados a sus casas de estudio. La dictadura peronista la quería mansa y sometida, ni más ni menos que el resto del país. La intervino, cambió su estatuto, la privó de su autonomía, modificó sus cuadros docentes, redujo su nivel intelectual. La “peronizó”. Comenzaron entonces los homenajes al dictador y “la Señora”, las encuestas definitorias sobre el mayor o menor fervor “justicialista” de los profesores, el espionaje y la delación. De esa época son también los cursos de formación política, las forzadas adhesiones a la reelección presidencial y la afiliación obligatoria al partido oficialista. Ni “señera” ni “señora” era la universidad. El dictador Juan Domingo Perón había hecho de ella exactamente lo contrario de los propósitos enunciados en 1947.

Las academias nacionales No escaparon las academias nacionales al espíritu destructor de la dictadura peronista. En una de ellas se estudiaba con pasión fervorosa cómo se hizo nuestro pueblo en su admirable gesta por la independencia, la libertad y la democracia, o sea lo que el dictador Juan Domingo Perón quería hacer olvidar. En otra se analizaba el derecho, vale decir, las normas que regulan la vida pública y privada de los pueblos, tanto más seguras cuanto más libres de arbitrariedad prepotente. En las demás se cultivaban las ciencias médicas, las económicas, las manifestaciones del arte y otras expresiones de alta cultura. En la Academia Nacional de Letras, como en sus congéneres de España e Hispanoamérica, se estudiaba el hermoso idioma común y se juzgaba a las grandes figuras que en él han escrito.

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Los intereses de la calle no variaban el giro de sus deliberaciones. La ciencia o el arte unían a todos los académicos en una común aspiración espiritual. Buscaban la verdad, la justicia y la belleza. La política militante les era ajena. El dictador Juan Domingo Perón no podía admitirlo. A quienes no estaban con él los consideraba enemigos, y como a tales los destruía. La Academia de Letras le dio el motivo. Uno de los más nefastos ministros de la dictadura, Armando Méndez San Martín, la puso a prueba. Pidió que solicitara y prohijara la aceptación de la palabra “justicialismo” por la Academia Española. Estudiada la proposición, la academia la rechazó con buenas razones lingüísticas. Poco después de interesó el ministro Méndez San Marín en que la Academia de Letras presentara a la Academia Sueca la candidatura de Eva Perón para optar al premio Nobel de literatura por la publicación del libro “La razón de mi vida”. Aquella se excusó de hacerlo por haberse adherido ya, juntamente con las academias de la Historia y de Bellas Artes, a la candidatura del ilustre escritor español don Ramón Menéndez Pidal. Fue lo suficiente. Al poco tiempo, un decreto dispuso la cesantía de todos los académicos mayores de sesenta años. Muy pocos tenían menos; renunciaron en seguida. Aunque en un comienzo se pensó en reorganizar las academias para lucimiento de algunos fieles de la dictadura peronista, no se llegó a tanto. Inactivas quedaron esas corporaciones hasta que el gobierno de la Revolución Libertadora les dio nueva vida.

Las instituciones de cultura Parecida suerte corrieron las instituciones de cultura. Donde se pensara, se reuniera y se hablara, la dictadura peronista veía enemigos potenciales. Preciso era anularlas. Servía para el caso el “estado de guerra interno” en que el país vivía por decisión del gobierno de Perón. Cesaron las conferencias públicas en casi todas ellas, y si por azar se permitía alguna, la policía vigilaba el acto y recogía la palabra de los oradores. El centenario de Echeverría no pudo ser festejado. Tampoco el del pronunciamiento de Urquiza contra Rozas y el de la Constitución del 53. Esas “cosas” de la vieja Argentina eran peligrosas para quien la negaba. El país no se resignó al silencio. En cuanto pudo habló y obró.

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NOTAS: (1) URSS es la “Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas” desmantelada en la década de 1990 y que hoy sucedió la actual “Federación Rusa” (Nota del transcriptor) (2) Se refiere a la Alemania Nazi de Adolf Hitler y a la Italia Fascista de Benito Mussolini. (Nota del transcriptor) (3) María Eva Ibarguren (Duarte) de Perón (Nota del transcriptor) (4) Revista UES, año 1, Nº 1, página 12 idem año 2 Nº 6, página 20. (5) Frente a esta cifra –dice la Comisión Investigadora Nº 4- es oportuno recordar que para la “conservación y refección de edificios fiscales del Ministerio de Educación e toda la República, se asignan cuatro millones en 1951, dos millones en 1952 y veinte millones anuales a partir de 1953. Y la mayoría conoce el estado en que se encuentran esos edificios”. Un decreto de 1954 declaró de “urgencia las obras, trabajos y adquisiciones con destino a la UES” y delegó en el Ministerio de Educación las facultades y obligaciones emergentes de la ley 13.064. “Segregada la UES del contralor directo de la Dirección General de Administración y sus técnicos, descentralizados sus servicios, la anarquía más absoluta y el discrecionalismo fueron sus características.” Basta decir que el 85% de los comprobantes de la Caja ha sido observado, que no existen constancias de haberse practicado inspección alguna en la administración de los campos, ni tampoco hay inventarios de los mismos. (6) Ver la película de Wald Disney “Fantasía” (Nota del transcriptor)

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CORRUPCIÓN Y DESORDEN La corrupción oficial En todos los tiempos y bajo todos los gobiernos, en nuestro país y en el extranjero, se han cometido irregularidades, dilapidaciones y negociados. Ningún sistema político puede evitarlos, como no es posible impedir la delincuencia, la corrupción y el vicio. Pero bajo los regímenes dictatoriales, aquellos no sólo son más frecuentes, sino también necesarios para el sostenimiento del sistema imperante. “En una democracia libre –ha escrito el ilustre publicista y político italiano Francisco Nitti- todos los errores, todos los actos de corrupción son revelados, denunciados, casi siempre exagerados, y por ello es fácil, o por lo menos posible, su remedio. En los regímenes autoritarios se callan los actos de corrupción y a menudo se exalta a quienes los cometen. Solo después de su caída se conocen sus culpas, cuando las pruebas han desaparecido casi por entero”. La irregularidad y la dilapidación son productos del desorden y del discrecionalismo, el negociado lo es de la tolerancia, complicidad o favor de los gobernantes. Un gobierno débil o incapaz puede ser víctima de la ejecución de aquellos; no así el gobierno fuerte, porque dispone de los medios, legales o no, que le permiten sancionar rigurosamente a los malos funcionarios y a los audaces que prosperan al amparo del poder. Si así no procede, es porque está interesado en tolerar esos vicios. Muchas veces se ha dicho –y el dictador Perón solía repetirlo- que los gobiernos como los pescados comienzan a podrirse por la cabeza. Cuando tal hacho acontece, el país entero entra en putrefacción, como a la inversa, el pueblo se dignifica si el ejemplo de dignidad es dado por los dirigentes. En una de las primeras páginas de este libro hemos recordado las palabras del dictador Perón con la afirmación de que cuanto se hacía durante su gobierno, estuviera bien o mal, era él quien lo hacía, y en otro lugar mencionamos lo que también dijo acerca de las “porquerías y deshonestidades” que a diario le proponían quienes a él se acercaban. Si eso era así, como sin duda lo era, debíase al ambiente de corrupción creado en su beneficio. No se refirió en sus clases de conducción política a tan eficaz medio de hacerla efectiva, pero lo practicó durante todo su gobierno. Daba para recibir –do ut des-, sin excluir a nadie. A legisladores, magistrados, funcionarios de cierto rango, agentes políticos, dirigentes obreros, estudiantes, les llegaron sus donativos más o menos valiosos, como él y su mujer recibieron de los poderosos inmuebles, automóviles, joyas, etcétera. Solo que él, además, obtuvo la sumisión de sus beneficiados y benefactores. Cuando tal ejemplo se daba en la primera magistratura del país, no es de extrañar que casi no hubiera grupo social que no se corrompiera. Sobornos, peculados, cohechos, prevaricatos, malversaciones de caudales públicos, exacciones ilegales, usurpaciones,

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daños, fueron delitos corrientes –y admitidos como una fatalidad- en esa época nefasta. Y también otros más graves: la intimidación pública, la instigación al crimen, los incendios y estragos, el abuso de autoridad, cometidos por los mas altos gobernantes ante el estupor de la ciudadanía. “El pueblo es lo mejor que tenemos”, decía el dictador Juan Domingo Perón, y así es en efecto. El Pueblo todo, sin distinción de sectores. Pero ese pueblo ha sufrido durante algo más de una década la más insipiente y organizada campaña de envilecimiento de que se tenga memoria entre nosotros. Lo malo que podía haber en él, como en todo grupo humano, fue de tal modo estimulado que hubo momentos en que se pensó con honda desesperanza. “Naides es más que naides”: ni el honestos, ni el sabio, ni el abnegado, ni el patriota, ni el trabajados, ni el estudioso, ni el prudente; nadie era más que quienes carecían de toda virtud, y muchas veces a éstos se los tenía en más que a los otros. ¿Para qué conducirse con honestidad durante una vida entera –se preguntaban los mejores-, si el honesto podía ser llevado a la cárcel por el deshonesto? ¿Para qué trabajar con orden y capacidad en bien de la propia existencia y del país si el audaz se enriquecía en pocos años y alcanzaba honores y privilegios? ¿Para qué estudiar, si el ignorante se encumbraba más fácilmente? ¿Para qué empeñarse en transmitir a hijos e hijas las virtudes domésticas, si aquellos y aquellas que no las tenían alcanzaban riquezas y dignidades? ¿Para qué enseñar en las escuelas lo mucho y admirable que se hizo en nuestro país durante su vida de casi siglo y medio, si desde las altas esferas del gobierno se quería convencer a los menos informados que la opresión y la traición habían inspirado a todos los gobernantes anteriores, inclusive a los más ilustres? Diez o doce (1) años de criminal demagógica, ocultación de la verdad, seducción de las masas y embrutecimiento colectivo, sirvieron a la dictadura para intentar el desarraigo de la moral, base de toda sociedad organizada. Aunque sólo parcialmente logró sus fines, pasará mucho tiempo antes que se recupere de tanto daño y perversión. Los deshonestos aún viven; también los audaces y envilecidos. Corromperán donde estén o vayan. El país superará más o menos pronto su crisis económica; no así su crisis moral y política. Un gran flagelo asoló a los argentinos. No se inmuniza fácilmente. En la Cámara de diputados, en algunos diarios independientes, en los círculos vinculados a la economía y a las finanzas, se denunciaron muchos de los negociados e irregularidades que se cometían. Recordará el lector algunos de ellos: El negociado de la Compañía Argentina de Pesca, que operaba en la Bolsa con el apoyo y oportunas informaciones de altos dirigentes del Banco Central, los negociados de la hojalata, de la carne, el aluminio y la bauxita, el de la lana, el acaparamiento de azúcar, el contrabando da caucho y neumáticos, los robos y negociados en la Empresa Mixta Telefónica Argentina, el negociado con el subsidio del aceite, el asunto del cemento portland, el de los tanques de guerra, el de los permisos de importación, los incendios en los depósitos del IAPI (2), el otorgamiento verbal de permisos de radicación de extranjeros, la entrega de papel de diario a las empresas peronistas, la ocultación del informe del teniente coronel Rodríguez Conde acerca de las

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compañías de electricidad, y tantos otros cuyo esclarecimiento fue negado sistemáticamente por los legisladores y funcionarios del gobierno. Es imposible detallar en este capítulo todos esos casos. De algunos apenas quedaron pruebas. A punto de caer la dictadura peronista, los más avispados se pusieron a cubierto de lo que veían venir. Liquidaron sus negocios en nuestro país y partieron al exterior. Quienes aquí quedaron hicieron lo posible por huir a tiempo o por hacer desaparecer cuanto papel podía comprometerlos. Nunca, desde los incendios de abril de 1953 y junio de 1955 (3), tuvo el fuego tan abundante misión destructora. En reparticiones públicas, en algunos bancos oficiales, en las casas de los jerarcas del régimen peronista, se incendiaron documentos de gran importancia. Pero han quedado otros, no menos reveladores de la corrupción dominante. Observados en conjunto, los negociados han obedecido a dos propósitos principales: ante todo, el de enriquecer fabulosamente a algunos jerarcas de la dictadura peronista, y en segundo término, el de afianzar el régimen mediante el soborno y la complicidad de un reducido grupo de sus elementos. Las dilapidaciones, mezcladas muchas veces con los negociados, derivaron de la necesidad de asombrar al pueblo –como es propio de los gobiernos absolutos- con obras espectaculares, desproporcionadas con los recursos de la Nación. Las irregularidades fueron consecuencia del sistema de corrupción y favoritismo generalizado en casi toda la administración pública, y de la violación de las normas dicadas para impedirlas. Unos y otras han empobrecido al país en poco más de una década y han creado la escasez de medios para poder recuperarse. Los cuantiosos recursos acumulados al finalizar la segunda guerra mundial, época coincidente con la de preparación e instauración de la dictadura peronista, han desaparecido para la Argentina, sin posibilidad de recuperarlos por mucho tiempo. Malgastados o llevados al exterior para provecho de unos cuantos aventureros de la política y los negocios, señalan la responsabilidad del gobierno más pernicioso sufrido por la Argentina en la época contemporánea. Varios volúmenes como éste serían necesarios para detallar todos los casos estudiados por las diversas comisiones investigadoras. En este capítulo sólo resumimos algunos de distinto carácter, demostrativos por igual del régimen desorden arbitrariedad, dilapidación y corrupción que durante una década debió soportar nuestro pueblo.

La compra de los ferrocarriles extranjeros.

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Uno de los hechos que más se envaneció la dictadura y sirvió ampliamente a su propaganda, fue el de la compra de los ferrocarriles extranjeros. Era el primer paso hacia lo que llamó “independencia económica” de nuestro país, y a la vez satisfacía a la vanidad e intereses de sus gestores. La carencia de libertad ha impedido oportunamente el estudio de esa operación excepcional. El dictador Juan Domingo Perón se preciaba de haberla realizado “sin un centavo”, guiado por “el genio del mago”, del “zar de las finanzas argentinas”, don Miguel Miranda. Tantas veces lo dijo que muchos lo creyeron; y lo expresó con tanta suficiencia y hasta con buen humor, que fue celebrado por los suyos como el prototipo del “vivo” criollo, de indudable atracción entre los que aspiran a serlo. No ha sido fácil a la Comisión Investigadora el escudriñar los detalles de esa operación. “Gran cantidad de expedientes en los que constaban resoluciones y antecedentes imprescindibles para el sumario –dice su informe- ha desaparecido de las oficinas y ministerios que debían guardarlos, por lo que algunos claros han debido llenarse con apreciaciones y asociación de hechos, no obstante lo cual el trabajo ha quedado trunco. “A pesar de lo expuesto- agrega el referido informe- se puede afirmar que la compra de los ferrocarriles británicos y empresas subsidiarias constituyó un negociado de proyecciones incalculables, ya que se estipuló un precio de compra por pesos 2.482.500.000, pese a una tasación mucho menor, habiendo pagado el pueblo, realmente, una cantidad que en mucho la supera. “Si se tienen en cuenta la liberación impositiva y de gastos fijados en el convenio, la liberación a las empresas de todo compromiso y obligaciones contraídas con anterioridad a la fecha de compra, las deudas a instituciones oficiales y particulares, impagas o de las que se ha hecho cargo el Estado, -entre ellas la de 75.000.000 de pesos a la Caja de Jubilaciones de gremio ferroviario y los subsidios y quebrantos soportados por el Estado en cumplimiento del convenio Andes, referente al suministro de carne, que sobrepasa los 300.000.000 de pesos- habría que agregar al precio del convenio varios centenares de millones. “De ahí que pueda afirmarse que lo pagado por el pueblo argentino por los ferrocarriles británicos y empresas anexas supera los 3.000.000.000 de pesos”. El dictador Juan Domingo Perón quiso tratar el asunto sin traba alguna. A ese efecto comenzó por obtener del presidente Farrell la disolución de la Comisión Interministerial Permanente de Política Económica creada durante la presidencia de Ortiz con la finalidad de coordinar el asesoramiento al gobierno sobre convenios con países extranjeros y la recopilación de todos los antecedentes que debían enviarse al Congreso Nacional para su oportuna ratificación. Libre ya de ese obstáculo, y apenas asumió el mando, designó una nueva comisión, no ya asesora como la disuelta pocos días antes, sino “negociadora”, a cuyo frente puso a

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Miguel Miranda. De tal manera substraía a los legisladores el conocimiento de las negociaciones próximas a entablarse. La compra de los ferrocarriles franceses fue tratada en primer término. La operación, que involucró a las redes de la Compañía General de Ferrocarriles de la Provincia de Buenos Aires, Compañía Francesa de Ferrocarriles de Santa Fe y Compañía del Ferrocarril Rosario-Puerto Belgrano, fue tratada con los respectivos diplomáticos de Francia y de las empresas sobre la base de un precio de 200.000.000 de pesos, que era aproximadamente la valuación realizada por la Dirección Nacional de Ferrocarriles. “Mientras se trataba la adquisición de estas redes ferroviarias, -señala la Comisión Investigadora- circuló la versión de que se abonaría por ellas pesos 500.000.000, rumor que llegó a la ex Dirección Nacional de Transportes. Funcionarios de la misma indagaron con los medios a su alcance y llegaron a la evidencia de que se tramitaba en la operación una coima de 300.000.000 de pesos. De inmediato impusieron a su presidente, general Aristóbulo Vargas Belmende de dicha circunstancia, quien resolvió entrevistar a Perón para informarle. Este no adoptó ninguna medida, aparte de la de llamar a Miranda y recomendarle que estuviera atento para que tal coima no se concretara. Al retirarse los funcionarios en la entrevista, el señor Miranda manifestó que “no veía por que se protestaba tanto contra la coima si ella quedaría en el país”. “Después de esta denuncia, se imprimió a las negociaciones un ritmo y una característica netamente comerciales, llegándose por fin a adquirir los ferrocarriles en pesos 200.000.000, previa deducción del 50% del fondo de renovación, que importaba unos 35.000.000 de pesos, es decir, en conclusión, se pagaron pesos 182.796.173,98.“Al ratificar el convenio, el directorio del IAPI (Instituto Argentino de Producción del Intercambio) lo hizo condicionando la ratificación a la aceptación por parte de las empresas francesas de una reserva de pesos 8.000.000 para responder a obligaciones de las mismas, con anterioridad al 1º de junio de 1946, que incluía en el punto 9º una previsión superior a pesos 1.500.000 para hacer frente a litigios no conocidos. “El embajador de Francia, en representación del gobierno de su país y de las empresas de ferrocarriles franceses, aceptó la reserva y solicitó el pago del precio estipulado en el convenio de compra del 17 de diciembre de 1946.” Por decreto del 7 de octubre de 1947 esos ferrocarriles quedaron incorporados al patrimonio argentino. En cuanto a los ferrocarriles de capital británico y a las empresas anexas fueron valuadas de acuerdo con su rentabilidad por la ex Dirección Nacional de Transportes en 730.000.000 pesos, y deducidas las cargas impositivas de 280.000.000 de pesos, pero en el convenio del 13 de febrero de 1947 se fijó un precio de pesos 2.482.500.000 (libras 150.000.000), que según la Comisión Investigadora “fueron pagados al Reino Unido

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con envíos de carne y no con los 140.000.000 de libras que existían bloqueadas en Inglaterra, como se informó en esa ocasión” El Reino Unido envió dos misiones a la Argentina, invitadas expresamente por el dictador: una comercial y otra financiera, presidida aquella por sir Percibal Liesching y ésta por sir Wilfres Eady, integrada por el presidente de los ferrocarriles angloargentinos y de los de Sud y Oeste, sir Montague Eddy. Las tratativas entre Miranda y la misión británica fueron difíciles y en cierto momento desagradables. Para el primero lo más importante era el problema del desbloqueo de las libras existentes en el Reino Unido; para la misión británica lo esencial era el problema de los suministros. En una de las etapas de la discusión, aquel llegó a impedir embarques de carnes y granos para lograr el solicitado desbloqueo. En cuanto a los ferrocarriles, Miranda expresó que no intentaba su compra, puesto que estaban prestando servicios y no convenía a nuestro país hacer inversiones que no produjeran rente. Posteriormente añadió que esos ferrocarriles eran “fierro viejo” y no valían mas de mil millones de pesos. Los negociadores llevaban ya larga tramitación cuando se concertó al 17 de septiembre de 1946 el convenio Eady-Miranda. Se estableció en él que el saldo al contado de libras acumuladas en cuentas especiales argentinas en Gran Bretaña se fijaría a la fecha del convenio y que la Argentina podía disponer de parte de su monto para repatriar deudas públicas en libras, como también para transferir a Brasil, sujeto al consentimiento del mismo, 10.000.000 de libras, y finalmente para rescatar inversiones de capital británico en nuestro país. Para el caso, tales inversiones eran las de los ferrocarriles. “Referente a las carnes –agrega el informe de la Comisión Investigadora-, se convino que el Reino Unido compraría a la Argentina, durante cuatro años el saldo exportable, a partir del 1º de octubre de 1946; pero en el convenio en si no se fijó cupo, no obstante que el representante británico sir Eady, en un memorándum del 19 de agosto de 1946, dirigido al gobierno argentino, expresó que el Reino Unido estaba dispuesto a comprar hasta 450.000 toneladas anuales de aquel producto. El gobierno depuesto no fijó cupo; presumiblemente, esa circunstancia le favorecía para presionar y asegurar su objetivo, que era la libre disponibilidad de las libras, una vez desbloqueadas. En cuanto a ferrocarriles, se acordó formar una compañía mixta, con capitales del Estado argentino y de particulares argentinos. Se convino, asimismo, que nuestro gobierno designaría una subcomisión técnica asesora, para que se reuniera antes de fines de octubre de 1946, con representantes de las empresas, a los efectos de dejar concretada la expresada sociedad mixta. Para ello, el 30 de octubre de 1946, se dirigió la mencionada subcomisión técnico-asesora, por decreto 16.534, refrendado por Bramuglia. Mal pudo, en consecuencia, reunirse con los representantes de las empresas

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británicas antes de dicho mes. Estimase que solamente se fingió cumplir con ese requisito”. Mientras tales cosas se trataban en Buenos Aires, ¿Qué se pensaba en Gran Bretaña? Una publicación del “Financial Times” del 23 de junio de 1946 expresó claramente que en el mercado se hacían comparaciones halagüeñas entre las 100.000.000 de libras representadas por la cotización que entonces tenían los títulos y el precio posible de los ferrocarriles 150.000.000 de libras, representadas por los saldos en libras de la Argentina, haciéndose poco a poco ajustado lo primero a lo segundo. Es decir, que los británicos sabían en junio de 1946 el precio que el gobierno argentino iba a pagar el 13 de febrero de 1947. En esta última fecha se informó por nuestros diarios que el gobierno había adquirido los ferrocarriles en m$n. 2.482.500.000 (libras 150.000.000), es decir, por un monto casi cuatro veces mayor que el de la valuación realizada por la ex Dirección Nacional de Transportes, con el agravante de que las empresas británicas habían estado dispuestas a aceptar una eliminación de la cuenta capital por libras 35.189.723, según resulta de una carpeta hallada en el Banco Central. La compra se había realizado sin información al pueblo, y se la dio a conocer como un hacho consumado. Ese mismo día, 13 de febrero de 1947, una editorial del “Financial Times” decía que las acciones y títulos ferroviarios de la Argentina alcanzaban al cierre de la Bolsa de Londres del día anterior a un total de libras 121.000.000 o sea de 29.000.000 de libras menos que el precio de compra. “Aquí debe traerse a colación –dice también el informe de la Comisión Investigadora- la ratificación del convenio de compra de los ferrocarriles franceses- En esa oportunidad, el IAPI condicionó su ratificación al consentimiento de las empresas francesas de una reserva de pesos 8.000.000, en cuyo importe se incluía un fondo superior a 1.500.000 para litigios no conocidos. En la ratificación del IAPI por la compra de los ferrocarriles de capital británico y empresas anexas, la reserva debió superar en mucho la suma de 8.000.000, si se hubiese obrado con criterio parejo. “No sólo no se empleó el mismo criterio, sino que, por convenio de compra, se liberó expresamente de toda responsabilidad y obligaciones a las empresas ferroviarias adquiridas, inclusive la deuda que las mismas tenían pendiente en el Instituto Nacional de Previsión Social, Sección Ley 10.650, Caja de Jubilaciones para el personal Ferroviario. Dicha deuda que la Secretaría de Trabajo y Previsión hizo conocer en abril de 1947 a la Comisión de Compra de los Ferrocarriles, al 30 de junio de 1946 ascendía a pesos 49.016.943,08 y al 28 de febrero de 1948, fecha de la ratificación por el IAPI, era de pesos 74.999.626,62.

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“Esa suma aún permanece impaga. En la Caja de Jubilaciones del gremio ferroviario argentino faltan 75.000.000 de pesos.”

El negociado de automóviles Mercedes Benz La Comisión Investigadora Nº 11 ha llegado a determinar una maniobra del “Grupo Jorge Antonio”, de la que resulta perjudicado el Fisco nacional en muchos millones de pesos. Ese perjuicio tiene u origen en los sobreprecios cobrados en las venta de los automóviles Mercedes Benz, sobreprecios que no han sido contabilizados legalmente y en consecuencia tampoco declarados a la Dirección General Impositiva. Estas maniobras se realizaban por intermedio de las empresas COAR S.A. y Mercedes Benz Argentina S.A. En la composición del “Grupo Jorge Antonio”, figura en primer lugar y como matriz de las demás sociedades, la antedicha Mercedes Benz Argentina S.A., importadora de las unidades y repuestos de esa marca. Inmediatamente después de dicha empresa, y refiriéndonos solamente a la faz comercial, nos encontramos con COAR S.A. y Talleres Güemes S.A. La primera para la venta de unidades Mercedes Benz, y la segunda para la atención y servicio de las unidades vendidas. COAR S.A. fue fundada en 1942 bajo la denominación de COAR Combustibles Argentinos Sociedad Anónima Minera, con un capital autorizado de pesos 60.000 moneda nacional, que fue totalmente integrado. Su desenvolvimiento económico se efectuó siempre dentro de márgenes estrechos, generalmente con pérdidas. En 1949 se resolvió modificar la razón social y ampliar el objeto, quedando en definitiva como COAR S.A. Minera, Comercial e Inmobiliaria. A pesar de ello continuaron las pérdidas. Del estado de bancarrota pasó repentinamente, en 1952, a una situación floreciente. Se cambió su directorio y se elevó su capital a $ 10.000.000 moneda nacional. De esa cantidad, pertenecen a CONSIGNA S.A., de propiedad de Jorge Antonio, acciones por $ 9.600.000, aunque eran pertenecientes en las asambleas a nombres de varias personas. La sociedad transformada produjo en su primer ejercicio una utilidad contable de $ 10.394.315,48 m/n., que sirvió para absorber las pérdidas anteriores y dejar elevadísima utilidad. Es de señalar que si bien de acuerdo con las anotaciones contables la integración se efectuó realmente, quienes figuraban como accionistas han declarado que el capital se cubrió con los dividendos de los años 1952 y 1953, provenientes de las utilidades producidas por la venta de automotores. Ninguno de los fingidos accionistas ni los aparentes directores de COAR S.A., salvo su presidente señor Jorge César Bellestrasse, percibió dividendos ni honorarios. Este ha

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declarado que recibió $ 200.000 m/n., es decir $ 150.000 m/n. por los ejercicios 1952 y 1954, “ya que el remanente, así como las remuneraciones de los restantes miembros del directorio, fueron entregados a Mercedes Benz Argentina S.A., de acuerdo a órdenes expresamente recibidas del señor Jorge Antonio”. La evolución económica de COAR S.A. desde 1951 hasta 1954 es la siguiente:

Total de pérdidas acumuladas a fin del año 1951: 59.168,31 m$n. Año 1952: utilidad del ejercicio:

10.265.147,17 m$n.

Año 1953: utilidad del ejercicio:

13.283.453,41 m$n.

Año 1954: utilidad del ejercicio:

13.792.408,77 m$n.

Estos beneficios que figuran en la contabilidad de COAR S.A. provienen de las ventas de las siguientes unidades: Años 1952 y 1953

3.018

Año 1954

1.758

Año 1955 (30-I a XI/55)

1.915

Total 6.691

Hay que tener en cuenta además el renglón “repuestos” que también reportaba beneficios considerables. La referida Comisión Investigadora señala que el cuadro transcripto corresponde a los beneficios legales y contables; pero que en realidad fueron muy superiores, por los márgenes no facturados ni contabilizados (sobreprecios o “dinero negro”). Veamos cómo. COAR S.A. –dice el informe de la Comisión- efectuaba sus ventas diariamente, facturaba una parte, la cual se halla contabilizada en los libros legales, y cobraba una diferencia (“negro”), en efectivo o cheque al portador, diferencia ésta que era registrada en libros de “dinero negro” de la sociedad, secuestrados por la Comisión. En la documentación y de las constancias escritas obtenidas, la Comisión ha llegado a determinar en principio que la suma total de dichos sobreprecios percibidos por todo concepto y para el período comprendido entre febrero de 1952 y septiembre de 1955 alcanza a $ 208.377.184,40 m/n.

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Interrogados sobre el método operativo, los concesionarios han declarado que, ya antes de la organización de COAR S.A. a principios de 1952, los excedentes de “dinero negro” eran manejados en la oficina de esta compañía, en la sede de la calle Carcas 684, 5º piso Capital, y posteriormente en la sede de COAR S.A. Es de hacer notar que en todas estas negociaciones tenía injerencia directa Jorge Antonio, según resulta de numerosas declaraciones.

Otro negociado de automóviles La Comisión Investigadora Nº 50 del Ministerio de Hacienda informa de otro importante negociado de automóviles. Dice así: “Cuando en 1951, las autoridades del gobierno depuesto permitieron la entrada al país de alrededor de diecisiete mil automóviles marca Chevrolet, Pontiac y Mercury, en su mayoría se distribuyeron los mismos en una forma que llena de suspicacia a esta Comisión. De esa enorme cantidad de vehículos, sólo se entregaron a los viejos y acreditados agencieros en la plaza, la cantidad de seis mil unidades y a cada uno de ellos se les obligó a tener la mitad de los coches asignados a órdenes de las autoridades. De esta manera tres mil coches sirvieron para la distribución entre las instituciones oficiales, semioficiales y funcionarios y dirigentes del partido peronista, a los que se les concedían tales vehículos a precio de lista. Los agencieros vendieron el resto, o sea el 50% de los vehículos asignados en venta libre, cobrando sobreprecios, que oscilaron entre $ 70.000 y $ 120.000 por unidad. “Quedaron en manos de los funcionarios que constituían el grupo económico del gobierno depuesto, 11.000 unidades, que fueron distribuidas entre varias sociedades que se constituyeron al efecto, tales como Hugo Guido, Rodríguez Ugarte, Crivielles Padilla y Cía., etcétera. “Todas estas sociedades o comerciantes, evidentes personeros de los dueños del negociado, vendieron los 11.000 coches restantes con los sobreprecios ya mencionados de 70.000 a 120.000 pesos. Tomando el mínimo de este sobreprecio y multiplicándolo por las ya mencionadas 11.000 unidades, se llega a la enorme suma de setecientos setenta millones de pesos, que fueron substraídos al pueblo argentino por el dictador y sus secuaces. “Gran parte de esta suma fue a parar indudablemente a poder del dictador Juan Domingo Perón, su esposa y su testaferro principal Jorge Antonio, pero es también indudable que parte de ella quedó en poder de Cereijo y su grupo.

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“Las visitas de los hermanos Rodríguez Ugarte y de Crivielles Padilla (individuo que recibió 1.000 coches para vender y que desapareció misteriosamente, ignorándose si huyó estafando a su socio o fue eliminado por divergencias en la rendición de cuentas) visitas asiduas y reconocidas en declaraciones formuladas de la secretaría de Cereijo, demuestran la vinculación de éste con las mencionadas personas. “Aparece como principal testaferro de todas estas operaciones Manuel Rodríguez Ugarte, quien ante la enorme cantidad de coches disponibles para negociar, utiliza como filial la firma Fandiño y Cía., la que en el término de un año, vende más de 1.800 unidades cobrando el sobreprecio en efectivo y entregándolo en manos de Rodríguez Ugarte, limitándose a ganar el porcentaje habitual sobre el precio de lista. Sin embargo, y dada la enorme cantidad de automóviles vendidos, la firma Fandiño y Cía. ganó en un año de actividad comercial, sin capital, la suma de cerca de cuatro millones de pesos. Así consta de las declaraciones prestadas por el socio Germán Marcos.”

Negociado de televisores Como consecuencia de un estudio encomendado a principios de 1951 por el ministro de Finanzas, Alfredo Gómez Moralez, acerca del límite máximo de aparatos de televisión que se podían importar al país sin uno de divisas, se llegó a la conclusión de que tal límite podría fijarse en cincuenta mil. (4) Apenas realizado ese estudio, Jorge Antonio propuso a la firma D’Alkaine S.R.L. la realización del negocio mediante la radicación de capital por la firma Evans International Corporation, de Washington, limitando la intervención de D’Alkaine S.R.L. a la simple comisionería con un diez por ciento de beneficio. La actuación de esta firma en el negociado se justifica solamente por estar inscripta como importadora y merecer la confianza de aquél. Aceptadas las condiciones impuestas por Jorge Antonio a D’Alkaine S.R.L., éste se presenta al Banco Central e inicia la obtención del permiso que se tramita con intervención de dicho Jorge Antonio, sin que en ningún momento apareciera la firma Evans (5). Obviadas las dificultades del comienzo –la principal de las cuales fue la de la garantía por $ 11.890.000 exigida por el Banco de la Provincia de Buenos Aires a la firma importadora, por el cumplimiento de las obligaciones contraídas, aval que dio Jorge Antonio- se obtuvo el permiso en noviembre de 1951 por resolución escrita de puño y letra del ministro Gómez Morales. Llegada la mercadería era trasladada directamente de la Aduana al depósito de Leopoldo Gold S.A., empresa previamente adquirida en $ 80.000 por Jorge Antonio y señalada por él para la comercialización y venta de los aparatos. De allí se distribuía a distintos mayoristas. Los aparatos eran adquiridos por Gold a D’Alkaine a precios que

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oscilaban entre $ 3.000 y $ 5.000 y revendidos a esos mayoristas de $ 7.000 a $ 11.000 cada uno. Desde principios de 1952 hasta septiembre de 1955 se vendieron más de 36.000 aparatos que produjeron una utilidad superior a $ 180.000.000 que fue retirada por uno de los personeros de Jorge Antonio, sin pagar impuestos a los réditos, ni a los beneficios extraordinarios, ni a las actividades lucrativas, los cuales sumados a las multas correspondientes deberían reportar al fisco un mínimo de $ 1.060.937.300 moneda nacional. A esto había que agregar las utilidades producidas en la importación de $ 13.660.798,11 de componentes, que naturalmente deberían pagar los impuestos y multas respectivas. En este negociado de televisión se evadieron más de $ 102.500.000 para pagar en los Estados Unidos el precio de los aparatos y componentes importados con el permiso obtenido por D’Akaine, considerado el precio de 70 dólares por unidad, pero como el precio real fue de más de 200 dólares cada uno los negociadores tuvieron que convertir más de $ 160.000.000 en dólares para pagar en su origen la mercadería importada. El desenvolvimiento del negocio desde su origen hasta la distribución y comercialización de los aparatos prueba que todos los hechos, sin excepción, han respondido a las directivas de una sola persona, de una sola voluntad: la de Jorge Antonio, y así cuando los mandatarios de Evans debían hacer las inversiones, las realizaban en acciones de sociedades del “grupo Jorge Antonio”, como APT, Talleres Güemes, Fahr, COAR y Suranor. Una sola inversión se hizo cumpliendo requisitos legales: la compra de acciones de la constitución de CONSIGNA S.A. por $ 4.800.000. Con respecto a las otras inversiones que se realizaban por CONSIGNA S.A:, sociedad constituida para absorber la radicación, consistentes en $ 28.595.000 también invertidos en CONSIGNA S.A., y reinvertidos en APT $ 11.940.000; Fahr S.A. $ 3.000.000; COAR S.A: $ 9.000.000; Talleres Güemes S.A. $ 6.955.000, y Suranor S.A: $ 1.900.000, que suman en total $ 33 395.000, de los que debemos deducir los primeros $ 800.000 mencionados, fueron invertidos sin autorización previa del Banco Central. Esta irregularidad es tanto más grave cuanto que las inversiones se hacían, sin excepción, en acciones de compañías del “grupo Jorge Antonio” que eran de su exclusiva propiedad y manejo. Por ejemplo COAR S.A. es la distribuidora de unidades de la Mercedes Benz Argentina S.A: con un directorio completo de prestanombres de Jorge Antonio; Talleres Güemes S.A: es el taller que presta el “service” Mercedes Benz, cuyo directorio estuvo compuesto también por personeros del mismo Jorge Antonio; Fahr S.A., compañía importadora de tractores y finalmente, APT, sucesora de Radio Belgrano en televisión, que constituye uno de los eslabones de este negociado, y Suranor Maderera. Luis Gabriel Scheiner, socio de la firma D’Alkaine S.R.L. dijo en su declaración que toda la correspondencia intercambiada con la firma Evans de Estados Unidos relacionada con este negocio era indicada en su detalle al declarante y a su socio, al principio por el señor Jorge Antonio en forma directa, y, posteriormente, por el doctor

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Roberto Roig o por Víctor Madanes, según las épocas, pues Roig manejó este asunto más o menos de marzo de 1952 hasta principios de 1954 en que fue sustituido por el señor Madanes. El doctor Roig ha declarado que los negocios de Leopoldo Gold S.A. durante el tiempo que él los manejó debieron producir una utilidad de $ 100.000.000 moneda nacional en dos años, sin pagar el impuesto a los réditos ni a los beneficios extraordinarios ni a las actividades lucrativas que suman como mínimo el 53,50 %. Es decir, que durante este período se producen defraudaciones al fisco por valor de $ 56.070.000 moneda nacional, pasibles de una multa del décuplo que sumada al impuesto llegaría a pesos 616.770.000 moneda nacional. Otro testigo, Juan Marcos Sellares, tesorero de Leopoldo Gold S.A., declaró que en tal carácter todo el dinero que entraba en caja, proveniente de las ventas de aparatos televisores, repuestos, lámparas, en una palabra, todo lo que importaba D’Alkaine S.R.L. y era vendido a terceros por Leopoldo Gold S.A., era llevado por él personalmente en sumas de 500 y 600.000 pesos a los escritorios de Jorge Antonio en Charcas 684, donde lo entregaba sin recibo a varios secretarios de éste, y, posteriormente, a Madanes por indicación del mismo Jorge Antonio. Llegados a este punto debemos preguntarnos: ¿Es acaso posible que en cuatro o cinco años un desconocido sujeto, sin otro medio de vida que su modesto sueldo de seiscientos pesos mensuales como empleado de Obras Sanitarias de la Nación, dejado cesante en 1947, amase la enorme fortuna de cientos de millones de pesos sin el apoyo directo de la dictadura? ¿Cuál era su parte en ella, y cuál la de su sospechado protector? Desgraciadamente no lo sabemos. Pero la opinión pública ha formado su juicio (6).

La Comercialización de la producción agrícola. La comercialización de los granos y subproductos con destino a la exportación, es la fuente principal que tiene nuestro país para el ingreso de divisas. Con el mentido propósito de defender sus intereses, el Estado dispuso realizar y fiscalizar las adquisiciones y ventas en el mercado, tanto externo como interno, en función de la comercialización exterior. Estas tareas fueron de competencia del IAPI (Instituto Argentino de Producción del Intercambio) y de la Dirección General de Granos y Elevadores hasta diciembre de 1954. A partir del 1º de enero de 1955 quedaron a cargo del Instituto Nacional de Granos y Elevadores (INGE), de acuerdo con la ley 14.378.

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Tanto el IAPI como el INGE operaban en forma directa, es decir, comprando a los productores y vendiendo con destino al consumo interno, o a la exportación cuando existían excedentes. Operaba, además, con el sistema de diferenciales, consiguiente en que el organismo percibía o tomaba a su cargo las diferencias de los precios entre la comercialización interna y externa, realizando directamente por empresas privadas. Otro sistema de operaciones era el de compraventa calzado, que consistía en comprar y vender a la misma firma interviniente, quedando con ello a cargo o favor del Instituto las diferencias entre los precios internos y los de operaciones de los productos comercializados. Este sistema se aplicó preferentemente al tanino, fibra de algodón, harinas, etcétera. Las de mayor significación eran, indiscutiblemente, las operaciones directas, es decir, aquellas en las que el Instituto adquiría la producción a un precio fijo determinado por el Estado y vendía a los exportadores a los precios de mercado internacional (7). Un cúmulo de errores, improvisaciones y maniobras en abierta violación de las disposiciones, normas y costumbres mercantiles, impuesto por la dictadura peronista a la colocación y movimiento de los productos destinados a la exportación, produjo grandes pérdidas para el Estado y a la economía del país. (8) Las investigaciones realizadas por la Comisión Nº 14 han llegado a determinar que al amparo de la complicidad oficial se han creado ingentes fortunas particulares, substraídas a la economía pública y depositadas en el exterior para seguridad de los jerarcas de la dictadura peronista y sus más próximos allegados. Diversas fueron las maniobras para posibilitar la radicación de esos capitales fuera de nuestro país, desde la creación de grandes compañías en los países tradicionalmente compradores de nuestra producción, previa conformidad de las autoridades en el otorgamiento de concesiones especiales, y principalmente en los precios bajos de los productos, hasta las facilidades tácitamente concedidas para modificar las condiciones de compra en los casos en que las especulaciones internacionales con nuestra producción agrícola no resultaran plenamente satisfactorias. Las utilidades de la comercialización de la producción agrícola provenían de la diferencia entre los precios de compra y los de venta, pero principalmente de la radicación de tales utilidades en el exterior, ya que, de ingresarlas en el país, debían negociarlas por el mercado oficial de cambios, que por cada dólar entregaba cinco pesos moneda nacional, en momentos en que el dólar valía treinta pesos, aproximadamente, en los mercados mundiales. Una de las muchas irregularidades cometidas en la comercialización de los cereales, con el consiguiente perjuicio para el Estado, es la constituida por el pago de bonificaciones a causas de incumplimiento de entrega de mercaderías por el Instituto. Se convenían con

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él operaciones que de antemano se sabía imposibles de ejecutar por el mismo, para luego reclamar aquellas. Los perjuicios emergentes de esa práctica alcanzaron aproximadamente a 11.000.000 de dólares, o su equivalente de m$n. 300.000.000, suma que en un 70% benefició a las empresas Tricerri y Fabar. Debemos señalar aquí el enriquecimiento de prodigiosa rapidez, producido en virtud del favor oficial, de Silvio C. R. Tricerri. En 1947 Tricerri era un joven de veinticinco años, y según resulta de sus propias declaraciones, su patrimonio alcanzaba a unos ciento cincuenta mil pesos. En la actualidad sería difícil estimar su fortuna, radicada totalmente en el extranjero; pero en 1952 él mismo la estimaba en más de cien millones de pesos. ¿Cómo se ha producido tal incremento? En 1947 se vinculó con Miguel Miranda, presidente por ese entonces del Banco Central, y luego del Consejo Económico, con cuyo favor obtuvo permisos de importación que le dejaron cuantiosos beneficios, inmediatamente extraídos del país en divisas fuertes. Paralelamente emprendió operaciones de trueque de considerable volumen, cuyas ganancias disimuló a objeto de esquivar el pago de los impuestos a los réditos y a los beneficios extraordinarios. Cuando Miranda abandonó, en 1949, su importante cargo, Tricerri lo acompañó al extranjero y cesó en sus negocios dentro del país. Tres años después decidió probar suerte en el negocio de exportación de la producción agrícola argentina, al que consideró “el único realmente interesante, pues cada cosecha produce beneficios que llegan a sumar centenares de millones de pesos, de los cuales una parte, la menos, se obtiene en pesos moneda nacional, y la otra parte, la mayor, en dólares u otras divisas fuertes que se radican en el extranjero sin el menor control por parte de la Argentina” (9). Para ello consideró necesario desplazar a las firmas cerealistas tradicionales. La realización del ambicioso proyecto requería el apoyo del dictador Juan Domingo Perón, y de inmediato procuró obtenerlo. Su amigo Raúl Mendé, secretario de Asuntos Técnicos en aquella época, lo puso en relación con Jorge Newton, director entonces de la Escuela Superior Peronista, a quien Tricerri obsequió y cultivó generosamente para lograr su finalidad. De las conversaciones entre ambos resultó la fórmula a aplicarse: se daría al negocio el carácter de una iniciativa de beneficio nacional, suplantando a las empresas extranjeras especializadas por sociedades argentinas, con lo cual, según se afirmaba, el beneficio quedaría “para el país”. La realidad era otra, pues se convino que los beneficios que

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arrojare el negocio quedarían fuera de él en divisas extranjeras, presumiblemente a disposición del dictador, con quien Tricerri se vinculó en junio de 1953, apartándose de Newton, razón por la cual éste manifestó desconocer la suerte ulterior de la negociación, en la que originalmente intervino. Pero la actitud posterior de Perón permite asegurar que el acuerdo se realizó plenamente. En efecto, durante el mismo mes de junio de 1953 tuvo lugar una reunión en la residencia presidencial (10), durante la cual el dictador ordenó al ministro Cafiero de atender con preferencia a Tricerri y Jorge Antonio en todo lo relacionado con la adquisición de granos, “por tratarse de firmas argentinas”. Mendé, por su parte, recibió la orden, según lo ha declarado, de convertirse en gestor de los mismos ante los ministerios y reparticiones públicas, allanándoles las dificultades que se les presentaran en la concertación de sus negocios con el IAPI y el INGE (11). Más tarde, el mayor Renner sucedió a Mendé en su función de gestor de dichas empresas. Así fue cómo, con toda la gravitación del poder presidencial, Tricerri y Jorge Antonio aparecieron súbitamente operando en gran escala en nuestro mercado de granos. Al comienzo actuaron en combinación con la organización mundial Najar, excluida del mercado argentino por la sanción impuesta a su agente Contimar, cuyo lugar ocuparon hasta que cada uno creó su propia organización en el extranjero: Jorge Antonio la empresa Argencer en Francfort, Grandil en Montevideo y una serie de filiales en todo el mundo, y Tricerri las sociedades de su nombre en Lausana, Milán, Roma, Londres y sus correspondientes filiales y agencias. Ha señalado la Comisión Investigadora Nº 38 “que el sistema para el rápido aprovechamiento del mercado frente a otras firmas poderosas y experimentadas, ha sido, principalmente, el ofrecimiento de precios altos, a veces superiores a los vigentes en el mercado internacional, desplazando así a la competencia y revistiendo a las operaciones de inobjetable seriedad. Esa manera de operar de aparente importancia, no comprometía en éxito del negocio, porque siguiendo el proceso de cada contrato, el precio pagado en definitiva resultaba sensiblemente inferior al ofrecido por la competencia, mediante la obtención de descuentos y bonificaciones en base a reclamos por falta de entrega, demoras, diferencias de calidad, etcétera, aceptados por la administración con criterio sólo explicable por la influencia de órdenes superiores, reguladoras de las relaciones con las firmas de referencia. “También habrían mediado otras maniobras sobre la base de operaciones ocultas relativas a los medios de pago, o sea la posibilidad de solventar la operación, no en las monedas “fuertes” que las licitaciones exigían, sino en monedas “blandas”, lo que se traducía en un beneficio para el comprador y, consecuentemente, en un perjuicio para el país. “Nada más elocuente –agrega ese informe- que la parte final de la declaración prestada por el ex secretario de Asuntos Técnicos, Raúl Mendé, que dice así: “Los privilegios que pudieron obtener las empresas Tricerri y Jorge Antonio, preferentemente tratadas

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por el ex presidente de la nación, representaron una substracción de dinero al pueblo mismo, en contra de la doctrina predicada, según la cual debía haber menos pobres y menos ricos.” Y agregó: “Autorizó a que estas declaraciones sean puestas en conocimiento del público.” A fin de hacer evidente el favor de que gozaban Tricerri y Jorge Antonio (FABAR S.A.), basta el siguiente cuadro: PRODUCTO

Contratos obtenidos Importe desde en 12 /1953 a 8 / 1955, Pesos

Porcentaje tenido en cuenta en el total exportado por las firmas que operan en el mercado 1954

1955

en toneladas. m/n. Tricerri Trigo 429.325 131.175.375 1,28 Avena 185.645 45.158.838 14,14 Cebada 123.550 32.947.475 3,45 Centeno 91.800 20.794.600 0,45 Maíz 789.359 216.280.330 29,7 43.968 18.265.846 18,89 Tortas y/o expellers 56.600 21.549.400 17,96 Harinas de extracción Azúcar 14.636 5.897.948 Arroz 17.968 7.846.200 Aceite de lino 5.000 4.250.000 0,99

Fabar Tricerri 21,57 10,75 16,94 85,5 5,89 16,22 2,5 22,95 48,29 15,87 16,93 37,32 47,57 17,4 49,66 34,27 3,88

Fabar 28,59 0,01 16,46 49,01 15,85 63,18 38,55

90,48

El Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) “El Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, creado por decreto Nº 15.350 del año 1946 con carácter de organismo autárquico, habría tenido por finalidad cumplir una alta misión que redujera en beneficio de la economía nacional” dice el informe de la Comisión Investigadora Nº 14. “En efecto, nació en un período en que la guerra había concluido y los principales países del mundo sufrían ingentes daños en su economía interna. Dentro de ese panorama, la Argentina se encontraba en óptimas condiciones de poder comercializar su producción normal y aún colocar aquellos productos que habitualmente habían tenido dificultades de distinta índole para su colocación en el mercado internacional. “Por ello la finalidad por la cual se creó el Instituto, tendería a coordinar la promoción del intercambio en una forma orgánica, nacional y práctica para asegurar beneficios positivos a la economía nacional, ya sea respaldando mediante su intervención los intereses de los productores agropecuarios, como así también los de la industria

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nacional, asegurándolos contra las perturbaciones de los mercados, originados por elementos económicos naturales o por medidas tomadas por los gobiernos extranjeros. “Además se trataría de colocar la producción nacional en nuevos mercados y de afianzar los existentes, como asimismo proveer, para el mejor desarrollo e incremento de la economía del país, las materias primas y equipos para la explotación industrial. Toda esta actividad dinámica, en torno al comercio interior y exterior, se complementaría con la creación de almacenes, depósitos, zonas francas en los puertos internacionales, y también mediante una colaboración directa con las instituciones oficiales o particulares, del transporte y de la industria. “Aparentemente su creación no tenía por objeto eliminar al comercio exportador e importador normal, pues las relaciones de éstos con sus representantes o representados del exterior, eran indispensables para el normal desarrollo de su cometido, persiguiendo –así cabría considerarlo- solamente el fin de eliminar al comerciante arribista u ocasional. Vale decir que su actividad no habría sido dirigida a monopolizar la acción de la actividad privada, sino, por el contrario, la complementaria en forma adecuada para beneficio de ella y de la colectividad, encauzada su acción preferentemente hacia aquellos renglones que, por circunstancias fortuitas, no llegasen al consumidos dentro de los verdaderos valores de costos, más los incrementos normales requeridos para su comercialización. “Por último se infiere el espíritu que debía animar la actividad de ese Instituto era el de contener los efectos negativos de la tendencia inflacionista, llegando a nivelar la oferta y la demanda de bienes. De esta manera el poder adquisitivo de nuestra moneda se defendería contra la especulación desenfrenada que podría provocar privaciones y malestar a la mayoría de los habitantes en beneficio de unos pocos”. A continuación señala el informe de la Comisión Investigadora Nº 14 los desaciertos incurridos en los diversos sistemas de comercialización adoptados por IAPI en sus operaciones de importación. Dice así: “En el período comprendido entre los años 1946 al 1948, su actuación se orientó preferentemente a la importación de máquinas industriales, automotores, etcétera, con el objeto de abastecer la gran demanda del mercado interno, en forma tal –como lo prueban las distintas investigaciones realizadas- que permitió el ingreso al país de mercaderías en estado deficiente (surplus de guerra, sobrantes de producción, material procedente de desmantelamientos de fábricas, maquinarias de construcción técnica improvisada no adaptable a nuestro uso, etcétera), a precios que estaban muy por encima de las cotizaciones que regían en el mercado internacional para esos mismos elementos, que provinieron de fábricas acreditadas y de gran solvencia técnica.

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“En efecto, los distintos presidentes que en la época comentada actuaron –señores Miranda, Maranglio y Devris- intervinieron directamente, cerraron y concretaron operaciones de adquisiciones sin estudio previo, prescindiendo de la solvencia y seriedad de las firmas, es decir, que solamente ante la presencia de la oferta se adjudicaba a las firmas proponentes negocios voluminosos, con un desprecio absoluto de la ética que exigía guardar el racional y eficiente abastecimiento del país. “Así se concretaron adquisiciones de materiales ferroviarios que, posteriormente se comprobó, habían sido ya rechazados por los ferrocarriles nacionales, tractores Empire, jeeps, barcazas, camiones, equipos para vialidad, materias primas, tejidos, etcétera, materiales cuya absorción fue resistida en principio por la plaza y que luego lograron introducirse merced a la falta absoluta que existía de los mismos y que se vieron favorecidos por la inflación que se manifestó en nuestro país. “Luego, cuando el IAPI amplió su radio de acción incorporando otros productos a sus compras, funcionarios de menos jerarquía intervenían directamente en la concreción de las operaciones, y es así cómo, de acuerdo con las preferencias de ellos, recomendaciones e intereses creados, se favoreció a determinadas firmas que llegaron a constituirse en proveedoras habituales del organismo, sin que mediase la intervención de la competencia como medio eficaz para obtener mejores precios. “Posteriormente, en circunstancias en que el país atravesaba por un período de gran escasez de medios de pago para concertar operaciones directas, se recurrió al tipo de las competencias que, como se ha comprobado, eran realizadas por firmas privadas que proveían al IAPI el material de la importación con mucha posterioridad a la fecha en que recibían el producto que se exportaba. Hubo casos en que esta diferencia de tiempo alcanzaba hasta los diez meses. Como este movimiento comercial se efectuaba sin giro de divisas, el IAPI se convertía en el verdadero financiador de ambas operaciones. “En las compras realizadas por llamados a concurso de precios se presentaban las siguientes alternativas:

“a) Estos concursos, en la mayoría de los casos, se realizaban solicitando cotizaciones de cualquier origen, sabiéndose posteriormente que solo era posible la compra en determinada área, según la disponibilidad en divisas que en cada caso hacía conocer en Banco Central. Ello daba lugar a que algunas firmas se viesen favorecidas por informaciones suministradas por funcionarios del Instituto, las que, aprovechando esa circunstancia, presentaban sus ofertas en las condiciones que hacían factible el cierre de la operación. “b) Otro aspecto que debe destacarse es la prerrogativa que tenía el IAPI de declarar desierto el concurso, aceptando parcial o totalmente las ofertas que estimó más convenientes, en forma discrecional y fuera de toda ética administrativa.

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“Este sistema dio lugar a que se cometiese una serie de hechos que configuraron verdaderos negociados, pues se declararon desiertos concursos de precios en los cuales algunas firmas cumplían con los requerimientos del pliego de condiciones, para adjudicar las compras con el pretexto de que el IAPI, en base a su criterio exclusivo, podía solicitar mejoras de precios a determinadas firmas, las que previamente eran impuestas de la cotización más baja del resultado del concurso. De esta manera se le daba a la misma la oportunidad de contra-ofertar y obtener así la adjudicación de la operación. “En el último período, cuando la influencia de las firmas allegadas directamente a la Presidencia de la Nación, tales como FABAR, Tricerri y COFACO (Grupo de Jorge Antonio) monopolizaron la exportación de cereales y otros productos y ampliaron su acción en negocios de importación, se vieron favorecidos por adquisiciones realizadas por IAPI de materiales que ellas a su vez tenían que adquirir a firmas de esta plaza en razón de que carecían de representaciones efectivas de firmas extranjeras, encareciendo innecesariamente el valor de la mercadería. Ello como consecuencias de maniobras realizadas por funcionarios del IAPI y Banco Central que orientaban su gestión a otorgar en definitiva a las citadas firmas las órdenes de compra de los productos a importarse. “De las observaciones precedentes se desprende que el IAPI, no obstante haber sido creado con la finalidad exclusiva de actuar como organismo oficial regulador de la economía de la Nación, no ha podido llevar a cabo ese cometido, y, en aquellos casos en que pretendió hacerlo, desvirtuó ese propósito por los ingentes perjuicios que ocasionaron al país los grandes negociados que el propio Instituto admitió y fomentó. “En su mayor parte esta situación ha derivado de la actuación deshonesta de los distintos funcionarios que tuvieron en sus manos la dirección de ese organismo, quienes solo procuraron su propio enriquecimiento, para lo cual no repararon en asociarse y aun crear sociedades con el exclusivo fin de comercializar ilícitamente con él. “En efecto, en el primer período, cuando el país contaba con grandes saldos de divisas de libre disponibilidad y que por lo tanto podía haber actuado como comprador de los materiales o equipos en los mercados donde se le ofreciesen las mejores condiciones de calidad y precio, se crearon sociedades directamente allegadas incluso a la Casa de Gobierno, apareciendo así personeros con la finalidad de hacer de intermediarios en las grandes compras que proyectaban el IAPI (tal el caso de Ceferino Alonso Irigoyen, Lutteral Chapman, Patiño Pacios, Doaida, Segal e hijos, Shffner, etcétera). “Estas firmas o personas, una vez obtenidas las órdenes de compra (las cuales, como ya se dijo anteriormente, no estaban sujetas a estudio previo) operaban con los dólares previamente colocados en el exterior –créditos confirmados en su mayor parteobteniendo beneficios extraordinarios que no se reducían a las simples comisiones normales del comercio, sino que eran verdaderos sobreprecios que alcanzaban porcentajes elevados. De esta forma se configuró una elevación formidable de divisas,

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debilitando decididamente nuestras reservas de pago. Al propio tiempo, y como consecuencia de este aumento en el precio de las mercaderías adquiridas en el exterior, que se tradujo a su vez, en los precios de venta en nuestro mercado interno, contribuyó a sostener la inflación que ya se acentuaba en el país, desvirtuándose de esta manera la misión reguladora que debía cumplir el IAPI. “La desastrosa política de compras adoptada originariamente por el organismo, lo obligó, al ver disminuidos los medios de pago del país, a recurrir a los convenios bilaterales para poder cumplir su normal abastecimiento. En este nuevo sistema operativo surgieron las irregularidades, ya que si bien el IAPI colocaba sus productos a precios que estaban por encima del mercado internacional, los mismos no guardaban relación con los sobreprecios pagados por las mercaderías de importación que, en algunos casos estaban recargados hasta más del 100% (tejidos, carbón, papel, hilados, etcétera) dando lugar a que esa falta de proporcionalidad entre los valores de importación y los de exportación provocase en breve plazo desniveles desfavorables en nuestra balanza comercial, con la consiguiente repercusión en el mercado interno. “En este estado de cosas y dado que los convenios se daban por cumplidos o denunciados, se recurrió al sistema de operaciones compensadas, en las que se continuó incurriendo en las mismas fallas enunciadas. “La adquisición de materiales de diversas especies en el exterior permiten aseverar, en términos generales, que no han sido previamente considerados aspectos fundamentales referidos a la situación del mercado interno y su absorción; en otros casos, no se contempló la situación de importantísimas industrias nacionales (vidrio, madera, cemento, etcétera). “Pretendiendo en IAPI =tal como se ha manifestado anteriormente= ser organismo regulador de la economía nacional, no se justifica que haya dado curso a pedidos inconsultos de otras representaciones, sin detenerse a considerar previamente la situación del mercado y por consiguiente, las reales necesidades del país, y paralelamente considerar la influencia de dichas adquisiciones en el normal desenvolvimiento de la industria nacional. “Un caso típico lo constituye la importación de cantidades inapropiadas de cemento portland, consecuencia de exigencias del gobierno referidas en un primer momento a duplicar la producción sin aportar medidas previas que aseguraran el mantenimiento de maquinarias, de su reposición, de ampliación de las plantas, transporte y combustible. Ante la falta total o parcial de ese indispensable apoyo oficial, la industria nacional se vio ante el gravísimo problema de mantener su producción, no ya de incrementarla. “El IAPI, ante un pedido de la Dirección de Abastecimiento de Industria y Comercio, en 1952, para importar 500.000 toneladas de cemento, no analiza sus consecuencias, pese a la experiencia que ya tenía en materia de tales importaciones, ni considera la capacidad de absorción del mercado, ni estima la gravitación del precio resultante.

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“Lógicamente, por razones de falso planteamiento, se debieron adoptar a continuación medidas de defensa para el cemento importado, que variaron desde el equiparamiento de precios del cemento nacional al importado, hasta la limitación de zonas, contribuciones al déficit de importación extraídas de la venta de producción nacional, etcétera, y lo más notable es que esto se producía conociendo que cualitativamente el cemento importado era inferior al nacional. A ello debe agregarse que se pagaron importantísimas sumas por almacenajes y sobrestadías y que se contribuyó al mercado negro haciendo del IAPI un depositario gratuito, resultando de todo esto que la regulación del mercado era un mito para los funcionarios que tenían el deber de imponerse de las reales necesidades y posibilidades del país. Por lo demás, ello resultó factible por no poder combatirse la media palabra oficial, representada en estos casos por funcionarios sin el menor sentido de la responsabilidad”. Con referencia a la política comercial seguida por el IAPI en la programación y ejecución de las distribuciones de materiales y mercaderías de importación, dice el informe de la Comisión Investigadora Nº 14: “Las importaciones realizadas por el IAPI representaron a lo largo de toda su actuación un volumen de gran significación dentro del panorama total de las mercaderías que ingresaban al país, habiendo actuado respecto de algunos rubros como único y exclusivo importador. “Dos aspectos fundamentales pueden destacarse de la actuación seguida por el organismo en la distribución y venta a los importadores y usuarios, en su misión de regular el normal abastecimiento del mercado interno.

“a) Distribución según cuotas establecidas por distintas reparticiones oficiales.

Entre los distintos productos que se negociaban por este sistema: metales no ferrosos en general, papel para diarios, películas, semillas de papas, chapas y aceros, carbones de arco voltaico, bananas, etcétera, tomaban intervención entre otras la Dirección Nacional de Abastecimiento, Subsecretaría de Informaciones, Ministerio de Agricultura, etcétera. “En este tipo de comercialización, la actuación del IAPI se limitaba a formalizar las ventas y entregas, conforme a las listas de adjudicaciones que les suministraban las reparticiones competentes. Es así como sucedía que los requerimientos del abastecimiento interno no se cumplían en la medida deseada en razón del divorcio que existía en las relaciones entre los distintos organismos, por cuanto, generalmente, no existía simultaneidad entre las existencias y programación de los embarques y adjudicaciones, dando lugar a gastos innecesarios que incidían en los precios de las mercaderías (movimientos, almacenajes, mermas, seguros, etcétera).

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“Además, a través de su contacto con los adjudicatarios, no escapaba a los funcionarios del instituto el hecho de comprobar que la falta de regularidad en las distribuciones daba lugar a especulaciones de distinta índole, como así también a negociaciones desmedidas, no ya con los materiales, sino también, simplemente, con las órdenes de entrega. De esta manera se desvinculaba la utilización directa de la mercadería, contribuyendo al mercado negro que se había creado con productos en que el IAPI actuaba como único importador, lo cual es inadmisible teniendo el gobierno en sus manos todos los recursos y elementos necesarios para evitarlo.

“b) Mercaderías cuya distribución y venta realizada directamente el IAPI.

“1º- Distribución mediante cuotas que se fijaban en base a antecedentes de los importadores y/o usuarios, ante el Banco Central o declaraciones juradas de consumo. “En la mayoría de las distribuciones realizadas por el Instituto: maderas, vidrios, cemento, etcétera, se deslizaron irregularidades por las preferencias que se tuvo con determinados importadores y usuarios, ya sea siguiendo órdenes impartidas por las autoridades del Instituto o por vía de manejos cometidos por los funcionarios del mismo. Se desvirtuaba así la finalidad de la regulación del abastecimiento, pues el destino de las mercaderías, en estos casos, sufría un pasaje por intermediarios que negociaban las órdenes obtenidas mediante sus influencias o dádivas. “La incapacidad, desconocimiento o desidia de las autoridades del organismo en la distribución, ocasionó algunos perjuicios al mercado consumidos por la irregularidad en las entregas, aumentos de precios por gastos innecesarios, y trabas puestas en la comercialización de productos cuya celeridad de entrega se imponía, por cuanto la demanda de la plaza era apremiante. “2º- Como consecuencia de las distintas importaciones realizadas por el IAPI, en los depósitos de Kilometro 10 existió y existe todavía gran cantidad de materiales, tales como automotores, herramientas, maquinarias, etcétera, que en determinado momento fueron muy solicitados por la plaza. En su generalidad no se comercializaban estos materiales para satisfacer el interés público, sino que su adjudicación estaba orientada hacia los pedidos efectuados por personas allegadas a las altas esferas del gobierno peronista, beneficiándose así con las diferencias de precios que la plaza les asignaba. “En consecuencia, queda demostrado que la acción del IAPI fue perniciosa, tanto como organismo comprador o vendedor, ya que en vez de organizar la distribución para contener los efectos nocivos de la tendencia inflacionista y procurar nivelar la oferta y la demanda, su intervención fomentó la especulación desenfrenada que contribuyó al malestar y privaciones de todo orden que tuvo que soportar el comercio en general.

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“De tal modo y como conclusión sobre este aspecto, puede afirmarse que la política comercial seguida por el IAPI en la programación y ejecución de las distribuciones de materiales y mercaderías de importación solo dio por resultado que un reducido número de firmas importadoras se enriquecieran libremente, amparadas por la cantidad exigua de mercadería que el Instituto entregaba a los usuarios y que no actuaba como efecto regularizador de los precios aplicados por los importadores. Por otra parte, la periodicidad de las distribuciones creó el clima propicio para los negociados. “En este orden de ideas, es interesante señalar que antes de la intervención del Estado en la comercialización de determinadas mercaderías, si bien los usuarios se abastecían de los importadores, éstos debían circunscribir su utilidad dentro de un margen razonable, puesto que, en caso de excederse, el usuario orientaba sus compras en el exterior, convirtiéndose en importador de sus propias necesidades. Durante la intervención del IAPI la utilidad del importador fue ilimitada en muchos productos, por no haberse fijado precios máximos para ellos. Esto permite captar fácilmente que las firmas importadoras se han visto favorecidas con márgenes excesivos por una simple mediación. “En lo que respecta a la dinámica seguida en la ejecución de las distribuciones –las investigaciones realizadas por esta Comisión permiten apreciar que adolecen de fallas fundamentales, v. gr.: adjudicación de materiales que los usuarios implícitamente habían reconocido no utilizar-, lógico es suponer que se vieron obligados a revender sus mercaderías, modificándose así el objetivo de las distribuciones y fomentando la especulación.” Termina el informe de la Comisión Investigadora Nº 14, en lo que respecta al IAPI, con las siguientes consideraciones generales: “La orientación que imprimió el gobierno anterior al Instituto Argentino de Promoción del Intercambio fue muy opuesta a los fines para los cuales fue creado, y provocó durante su larga intervención en la comercialización interna y externa, una dislocación económica del mercado proveedor y abastecedor, es decir, descanalizó el comercio internacional argentino de sus cauces naturales. De tal modo, en lugar de contribuir a la estabilización del valor adquisitivo de la moneda y a su respaldo, creando el clima de seguridad adecuado para una evolución progresiva del país, se llegó a una etapa que da la razón a todo lo que se expone en este informe. “Debemos destacar los resultados negativos de los convenios bilaterales, ya que han sido perjudiciales para la economía nacional, como consecuencia de la actuación del IAPI en las negociaciones posteriores, por haberse correspondido la parte más desfavorable, al sacrificar su posición en beneficio de la que imponían las partes interesadas de los países vendedores. “Este sistema, que obligó a nuestro país a adquirir mercaderías de inferior calidad y precios elevados, por cierto muy superiores en proporción a los contravalores de nuestra

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exportación, eliminando de tal manera la competencia y el libre juego de la oferta y la demanda, favoreciendo intereses ajenos a los de la nación misma, hace pensar con más firmeza y seguridad en el acierto con que se encara en estos momentos la implementación del multilateralismo en el comercio exterior para liberar la energía potencial de nuestro sistema económico financiero.” (12)

El caso Richter El 24 de marzo de 1951 el dictador Juan Domingo Perón anunció al país y al mundo que el 16 de febrero en la planta piloto de energía atómica, en la isla Huemul, de San Carlos de Bariloche, se habían producido reacciones termonucleares bajo condiciones de control de escala técnica. Recogieron la noticia los principales diarios extranjeros, y aunque pocos lectores creyeron en su veracidad, el nombre de Perón figuró por algunos días entre los más notorios de ese momento. ¿Quién era ese misterioso sabio alemán Ronald Richter que, según se afirmaba, había hecho en nuestro país y escasos medios, descubrimiento tan sensacional? Nadie lo conocía en los círculos científicos más calificados del mundo y lo ignoraban por completo los especializados en investigaciones termonucleares. Quedaron todos a la expectativa, aunque los más responsables se encogieron de hombros. Sólo la prensa oficialista celebró, entre nosotros, el magno acontecimiento como un gran triunfo del “conductor”. Ahora sabemos cómo pasaron las cosas, quién era el “sabio” y cuánto costó la experiencia que cubrió de ridículo al régimen peronista imperante, y por consiguiente al país entero. Ronald Richter llegó a la Argentina el 16 de agosto de 1945. Pocos días después fue citado por el dictador y con él mantuvo una larga entrevista. En esa reunión Richter le explico la posibilidad teórica de realizar reacciones termonucleares en cadena, cuya experimentación era también factible. El dictador lo escuchó complacido y al final le expresó: “Entonces, métale nomás” (13). Después de esto, permaneció Richter cuatro meses en Córdoba como huésped de Kurt Tank, experto en diseño y proyectos de aviones, a quien conociera en Europa y por cuya indicación había venido. En ese período firmó un contrato con la Secretaría de Aeronáutica –del cual, según afirma, nunca tuvo copia-, y de acuerdo con el mismo le fue instalado un laboratorio particular. En éste se produjo en 1949 un pequeño accidente, a raíz del cual Richter manifestó que el mismo había sido violado, y que en esa forma no podía continuar sus trabajos, pues suponía que era objeto de espionaje. El dictador Juan Domingo Perón puso el hecho en conocimiento del coronel Enrique P. González, quien de inmediato se trasladó a Córdoba. Allí pudo saber por Tank que lo

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ocurrido fue muy simple: a causa de un corto circuito durante la noche, había sido necesario violentar la puerta para que entrara el personal dedicado a la lucha contra incendios. Vuelto el coronel González a Buenos Aires, y enterado el dictador de lo sucedido, éste expresó que “era su deseo que Richter trabajara con la más absoluta independencia y que se le facilitaran todos los asuntos para poder encarrilar su investigación”. De acuerdo con ello se decidió buscar otro sitio donde instalar el laboratorio. Alguien indicó una zona desierta de San Juan; otros propusieron Calamuchita y Catamarca. Perón indicó la zona de Rio Negro y Neuquén, a donde se traslado Richter con varios acompañantes. Conoció allí la isla Huemul y la eligió, según él, por las siguientes razones: “1º posibilidad de abundancia de agua pura y fresca, 2º falta de polvillo, que perjudica a los aparatos, 3º porque para guardar secreto una isla es lo mejor.” En junio de 1949 se resolvió la creación del Centro Huemul, que se puso bajo la dirección de Richter, para el cual se nombraron varios colaboradores alemanes. “No había ningún argentino entre el personal técnico”, según textual declaración de aquél (14). Realizadas las construcciones necesarias, el “sabio” se puso a trabajar. Se sentía todopoderoso. El dictador había delegado en él “su misma autoridad” para ejercerla en la isla Huemul; una guarnición del ejército custodiaba sus límites; los recursos económicos llegaban en abundancia. Y no tenía oposición. Evidentemente, esa ínsula era el paraíso. A veces, sin embargo, debía fruncir el entrecejo. En mayo de 1951, se habían creado la Planta Nacional de Energía Atómica de Bariloche, a la cual fueron transferidas las diversas zonas y dependencias ubicadas en Neuquén, y la Dirección Nacional de Energía Atómica, dependiente del ministro de Asuntos Técnicos. Cierto que el mismo decreto mencionaba también al laboratorio nacional que dirigía Richter, y que ése, como planta, dependía directamente del presidente de la Nación; pero, de cualquier modo, asomaban algunas nubes en el horizonte. “La primera tentativa para fiscalizar la obra de Richter- dice el informe de la respectiva Comisión Investigadora- tuvo lugar a principios de 1952. El coronel Enrique P. González, entonces director nacional, requirió la opinión de los directores Teófilo Isnardi y José B. Collo, quienes expresaron fundadas dudas sobre la seriedad de las pretendidas investigaciones de Richter.” Con tal motivo, el coronel González consideró indispensable formar una comisión que inspeccionara las obras de Huemul. Informado de ello el dictador, aceptó la idea, aunque formuló algunos reparos sobre los componentes de la misma. El 6 de marzo de 1952 se realizó la primera pericia científica sobre los trabajos de Richter. Los expertos conceptuaron de su deber: “aconsejar la suspensión del apoyo

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moral y material que se le ha venido prestando”. Seis meses después se designó otra comisión, que luego de visitar la planta de Huemul y presenciar en ella varias pruebas, expreso que “el resultado de la demostración, desde el punto de vista de la experimentación nuclear para la que fue desarrollada, fue de resultado netamente negativo.” El dictamen de los técnicos fue replicado por Richter, y aquellos a su vez lo rebatieron. En vista de dicha divergencia de opiniones, el ministro de Asuntos Técnicos, Mendé, solicitó a los doctores Ricardo Gans y António E. Rodríguez, un dictamen al respecto, que fue producido en 20 de octubre de 1952, en total concordancia con la opinión de la comisión técnica. En virtud de ello, un mes más tarde se intervino y tomó posesión de la planta, suspendiéndose todas las obras que no fueran viviendas. La Comisión Investigadora, designada después de la Revolución Libertadora, ha analizado minuciosamente la cuestión científica referente al “proyecto Huemul” a fin de “decidir si hubo imprevisión, imprudencia, incuria, intención dolosa, etcétera, en quienes propiciaron y mantuvieron la realización de ese proyecto y especialmente en su principal actor: Ronald Richter”. No resumiremos de ese interesante estudio los detalles técnicos que escapan al conocimiento común de los lectores. Pero corresponde mencionar las conclusiones a que llegó esa comisión. En síntesis, son las siguientes: 1º El “caso Richter” que comprometió el prestigio y la seriedad científica del país, fue un fracaso completo. Sus experiencias no condujeron a ningún resultado y nunca presentó pruebas que tuvieran el más mínimo indicio de éxito. 2º Ronald Richter carecía totalmente de los antecedentes científicos que hubieran justificado la confianza en sus promesas y la facilitación de cuantiosos bienes del erario público. 3º Si antes de confiarle la realización de su costoso proyecto se lo hubiera enfrentado con físicos argentinos, se hubiera puesto en evidencia su incapacidad para realizarlo. 4º Se ha comprobado que su pretendido secreto acerca de la posibilidad de controlar reacciones termonucleares no existió nunca. Sólo ha expuesto nociones vagas, algunas de ellas anticuadas y otras disparatadas. 5º Nunca cumplió, ni aproximadamente, sus reiteradas promesas de liberar energía atómica y obtener radioisótopos mediante reacciones termonucleares controladas. 6º El principal responsable de la iniciación y prosecución del denominado “proyecto Huemul” fue el ingeniero Kurt Tank, actualmente ausente del país, quien aprovechó de su prestigio ce constructor de aviones para apañar la aventura de su amigo. Tank fue

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uno de los técnicos alemanes que actuaron en Córdoba con falsos documentos de identidad, según publicaciones recientes. 7º Ronald Richter afirmó repetidamente, ante la Comisión Investigadora, que el R. P. Bussolini avaló desde el principio el valor científico de sus proyectos. No está probado que propiciara la realización del “proyecto Huemul” con anterioridad a la declaración pública del ex presidente Perón anunciando su éxito (24 de marzo ce 1951), salvo en forma genérica, alentando como lo hizo, “cualquier proyecto que significara un enrolamiento argentino en el comercio mundial de la energía atómica.” 8º Posteriormente a dicha declaración el R. P. Bussolini expresó ante el ex presidente perón que en ciertos espectrogramas que le mostraron y los causales (que) examinó solo visualmente, aparecían en la región ultravioleta halos inexplicables en un espectro común “que podrían admitirse como manifestaciones de liberación atómica”. Ellos no son, sin embargo, ni siquiera un indicio de tal cosa. 9º El R. P. Bussolini no es físico e integró una comisión de expertos que fue a Bariloche para dictaminar sobre la labor de Richter. Sus opiniones sobre la capacidad científica de éste demoraron por algún tiempo el abandono del desgraciado proyecto. 10. La Comisión Investigadora no ha tenido conocimiento de ningún físico argentino que apoyara el “proyecto Huemul”. En particular, los técnicos de la Dirección Nacional de Energía Atómica expresaron firme e invariablemente la opinión adversa, no obstante los riesgos que tal actitud importaba; pero no pudieron hacer públicas sus opiniones porque se les hizo saber que serían pasibles de las sanciones que corresponden a quienes atenten contra la seguridad de la nación. Toda tentativa de complicarlos con aquel fracasado proyecto, sea franca o insidiosamente, es por lo tanto producto de ignorancia o de mala fe. 11. Contrastando con esta actitud de los círculos científicos y técnicos argentinos, el entonces rector de la Universidad de Buenos Aires se apresuró a otorgar a Ronald Richter, y desde luego sin asesoramiento técnico, el título de “doctor honoris causa”, sólo dos días después del mencionado anuncio del ex presidente, quien firmó el correspondiente diploma. 12. Se ha puesto en evidencia un inadmisible desorden administrativo, en cuanto se confirieron a Ronald Richter poderes absolutos, que utilizó discrecionalmente y le permitieron, sin dar cuenta a nadie, ordenar la realización de costosas construcciones y luego su demolición, a menudo antes de estar terminadas o de ser utilizadas; dar de alta o despedir personal de toda jerarquía, fijar sueldos y sobresueldos, etcétera. Todo lo cual revela una gran desaprensión respecto de cuantiosas dilapidaciones de fondos del erario público.

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13. El costo total del “proyecto Huemul” fue, en números redondos, sesenta y dos millones y medio de pesos, según constancias documentadas existentes en la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Construcción del gasoducto Comodoro Rivadavia – Buenos Aires Aunque inconclusa, la investigación realizada sobre este particular ha comprobado irregularidades diversas señaladas en el informe de la Comisión Nº 25. La construcción del gasoducto fue proyectada por el general Mosconi, y ese proyecto, exhumado por el ingeniero Julio V. Canessa, dio base a su posterior ejecución. Apenas se dispusieron las obras, -dice el informe referido- apareció en escena el doctor Daniel Castro Cranwell, interventor de la dirección de asuntos jurídicos de la Secretaría de Industria y Comercio. Vinculado a un grupo de ingenieros italianos que habían llegado al país para estudiar la fabricación de tuberías a fines de 1946, se aleja Castro Cranwell del cargo que desempeñaba, y poco después, el 3 de febrero de 1947, el Poder Ejecutivo autorizó la construcción de la obra. A pesar del aparatoso desfile de rodados con que la dictadura peronista subrayó el decreto con fines de propaganda, no había existencia en el país de tuberías ni de maquinarias para emprender la obra, ni se realizó el necesario relevamiento del terreno por donde debía tenderse el gasoducto. En abril comienza la intervención de la firma Dalmine Italiana y la formación del grupo italiano Teceint, apoyada por Castro Cranwell. La oferta es presentada el 21 de abril y el 23 se redacta y aprueba el contrato con Gas del Estado, sin intervención de ninguna oficina técnica. La retribución de Dalmine a Castro Cranwell consistió en un recargo de 20 dólares por tonelada de material, que representó alrededor de un millón de dólares. La invocación de los más bajos precios por Dalmine queda desvirtuada por los sobreprecios aceptados luego de 0,20 dólares por metro de pintura asfáltica y de 2,60 dólares por protección de extremidades, a lo que debe sumarse la disminución del diámetro de la tubería dispuesto por el gobierno como medida de economía, con disminución de la resistencia del tubo y del volumen del gas a transportar, a lo que debe añadirse la construcción de las válvulas de bloqueo fuera de los tipos standard, la que originó dificultades. La cañería adjudicada a Dalmine alcanzó a 51.000 toneladas y el resto a Areco y Siam Di Tella Ltda. Pero mientras la firma italiana gozó de todo género de faciulidades, Areco y Siam Di Tella son rigurosamente inspeccionados, lo que determinó la aplicación de fuertes multas y la caducidad del contrato parcial de ambas empresas, transfiriéndose a Dalmine la provisión restante, con el otorgamiento de sucesivos premios por anticipo en los plazos de entrega. De todo ello resulta que al precio básico pagado a Dalmine de 260,50 dólares, se suman 33,40, más 35, es decir, 328,90 dólares, a lo que debe sumarse 4.80 por protección de

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extremidades de los tubos y 0,20 por metro lineal de pintura anticorrosiva. Y, por fin, Dalmine exige 250.000 dólares por adelanto de entrega y 267.200 más por mayor costo del acero, lo que hace un total de 3.567.240 dólares. La obra se encarece extraordinariamente, en beneficio de Dalmine y por la intervención del citado abogado, lo que le lleva a un costo total de pesos moneda nacional 345.720.830,73 a fines del año 1955. Y todo ello con sacrificio de la industria nacional y de la consiguiente economía de divisas, a lo que se suma que, como consecuencia de ese apresuramiento, el gasoducto está trabajando a la mitad de su capacidad, por no hallarse instaladas las cinco plantas compensadoras, pues sólo se contaba con la central a la fecha de su habilitación. No obstante esto, con los fines de propaganda conocidos, se resuelve dar por terminada la obra y disponer su habilitación a fines de 1949, distribuyendo como premio m$n. 6.087.732,80 entre los colaboradores directos, esto es, la mitad de la llamada economía del costo. Ese premio no fue distribuido, como se propuso inicialmente, para estimular a quienes actuaban en los trabajos en terrenos insalubres y regiones inhóspitas, sino en forma discrecional, aún entre personas que nunca estuvieron en el terreno. Así, la del delegado de personal, César Scala, alcanza a 23.474,05 pesos moneda nacional; la del ingeniero Canessa $ 277.568,02; ingeniero Carlos Lucero Flores y Juan D. Siri, $ 161.550,61 y $ 105.973,90 respectivamente, mientras que personal común de la repartición percibió sumas que van de $ 161 a $ 12,35. Y esa supuesta economía de costo se destaca más aún si se tiene en cuenta que aún debe invertirse en la terminación de la obra la suma de $ 252.000.000. A estos elementos de juicio se agrega que, muerto el ingeniero Torcuato Di Tella, el señor Torcuato Sozio, amigo de Juan Duarte y dirigente de Siam Di Tella, rehace la vinculación de la firma con el gobierno, interviniendo en la gestión el entonces embajador en EE.UU. Jerónimo Remorino y llega a donar 82 motonetas t a ofrecer su colaboración decidida para la movilización de la CGT el 28 de septiembre de 1951. Como contrafigura, el ingeniero Teófilo Tabanera, subdirector de Gas del Estado, que osó criticar la adjudicación a Dalmine, fue suspendido y luego separado de su cargo porque “sus objeciones hacían indirectamente el juego a la oposición, lo que formaba parte de un plan de sabotaje a la ejecución del gasoducto”.

Aeropuerto de Ezeiza Apenas comenzó a acrecentarse el tráfico aéreo nacional e internacional se planteo la urgencia de resolver el problema de dotar a la ciudad de Buenos Aires de un amplio aeropuerto, que no sólo considerara las necesidades presentes sino las que en el futuro derivaran del normal y rápido desarrollo de ese tipo de comunicaciones. A tal fin se dictó en 1935 la ley número 12.285, que dispuso la construcción y habilitación de un aeropuerto dentro de los límites de la Capital Federal y litoral fluvial adyacente, y autorizó al Poder Ejecutivo a emitir títulos de deuda interna o externa de la nación hasta la suma de $ 10.000.000.- moneda nacional.

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Una comisión integrada por representantes de la Municipalidad de Buenos Aires y de los ministerios del Interior, Obras Públicas, Guerra y Marina (15) debía proponer en el término de noventa días la ubicación, área y reserva del aeropuerto, sus instalaciones y obras indispensables, los planos generales, bases de licitación, límites de la zona circundante y la servidumbre de orden aeronáutico que debía crearse. Declaraba finalmente, sujetos a expropiación por causa de utilidad pública, determinada por el Poder Ejecutivo, los terrenos necesarios para la formación, construcción y habilitación del aeropuerto. Después de estudiar las posibles soluciones, la comisión designada señaló los servicios que debía prestar ese aeropuerto y los que expresamente correspondía excluir, a la vez opinó que era insuficiente la cantidad prevista por la ley para la construcción del mismo. Aprobadas por el decreto Nº 99.235/1937 las conclusiones a que aquella arribaba, se dispuso que los ministerios de Guerra y Marina, no sólo completaran las bases, planos, presupuesto y especificaciones para tal construcción, sino que determinaran su ubicación exacta, de acuerdo con lo establecido por la ley y lo aconsejado por la comisión. Como la solución propuesta por ésta afectaba al trazado del Canal Costanero, se originaron nuevas actuaciones en los ministerios de Guerra y Obras Públicas, que determinaron la construcción de una segunda comisión. Analizados los proyectos que habían considerado la precedente y las nuevas soluciones propuestas separadamente por sus miembros, se expidió en junio de 1941 aconsejando que se emplazara el aeropuerto en la zona del litoral fluvial del Rio de la Plata, situada en la prolongación de la avenida General Paz, por satisfacer las condiciones técnicas, aeronáuticas y meteorológicas y permitir la solución integral del aeropuerto terrestre y marítimo. Advertía la comisión que el emplazamiento del aeropuerto en el extremo de la avenida Costanera y arranque de la avenida General Paz constituiría, a la vez que un magnífico exponente en el orden edilicio, un punto de atracción y esparcimiento público en una zona acerca de la cual se estudiaba entonces, por las autoridades de la comuna, la apropiada terminación de aquellas arterias. Calculaba la comisión, finalmente, que la construcción del aeropuerto requeriría la utilización de unas 250 hectáreas y la inversión total de $ 60.000.000 m/n. Por decreto Nº 99.132/1941 se aprobó este informe y se fijó el emplazamiento definitivo del futuro aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires en el lugar que aquella aconsejaba. Los estudios de ambas comisiones habían sido realizadas con extrema seriedad pro técnicos especializados, y entre ellos por dos eminentes pioneros de nuestra aviación militar y naval: Ángel María Zuloaga y marcos A. Zar. Otros estudios se agregaron posteriormente, y sus conclusiones concordaron con las de tales comisiones.

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En eso de estaba cuando se produjo la revolución del 4 de junio de 1943. Un año después, sin efectuar nuevos estudios y sin considerar los ya realizados que había dado solución al problema de la ubicación definitiva del aeropuerto, se dictó el decreto Nº 13.240/1944, por el cual se designó a los ministros de Guerra, Marina y Obras Públicas para proponer tal ubicación. Apenas transcurridos cuatro meses, un nuevo decreto ley –el que lleva el Nº 26.966, de 2 de octubre de 1944- consideró, en mérito de “lo informado y propuesto por los señores ministros de Guerra, Marina y Obras Públicas, asesorados por el comando en jefe de Aeronáutica y por la dirección de Aviación Naval”, que era inapropiada la ubicación escogida anteriormente para la construcción del aeropuerto, por lo que se la establecía en Ezeiza, cuyos terrenos en extensión de 6.800 hectáreas, presentan excelentes condiciones topográficas y geográficas y pueden comunicarse directa y fácilmente con el centro de la Capital Federal, mediante una carretera de tránsito rápido” Mucho era, en verdad, que en tan breve espacio de tiempo se hicieran estudios sobre el particular por tres ministerios y dos reparticiones técnicas, y mucho más, que coincidieran en sus conclusiones o armonizaran las divergencias. Pero nada era verdad de cuanto expresaba tal decreto ley en sus “conclusiones”. La Subcomisión Investigadora en el aeropuerto de Ezeiza ha comprobado plenamente que jamás se reunió la comisión de ministros ni hubo acuerdo “consciente”, acerca de la ubicación del mismo ni sobre la extensión requerida para su construcción. Cierto es que el decreto-ley 26.966/1944 estaba firmado por el presidente general Edelmiro J. Farrell y por los ministros de Guerra, Marina y Obras Públicas, pero sólo éste –general Pistarini- sabía lo que hacía y quería sobre el particular. Se lo había redactado de acuerdo con sus instrucciones y se lo subscribió sin ningún análisis, y posiblemente sin leerlo. El ex presidente Farrell declaró que por la información oportunamente dada por el ex ministro, estimó que lo que se expropiaba era solamente lo necesario para la construcción del aeropuerto. El ex ministro de Marina, Teisaire, expresó ente la Subcomisión que ni en forma personal, ni en el carácter que envestía, se requirió su juicio sobre la ubicación del aeropuerto y que en absoluto indicó o aconsejó su instalación en Ezeiza, pues al respecto compartía la opinión del personal especializado de la Marina que lo ubicaba en el litoral de Buenos Aires (Rio de la Plata). Añadió que desconocía que el Ministerio de Guerra hubiera producido informe sobre el particular y que tampoco se produjeron actuaciones conjuntas ni reuniones en el Ministerio de Marina para tratar la instalación del aeropuerto de Ezeiza y la expropiación de las tierras que se adquirieron.

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Ampliamente interrogado por la Subcomisión Investigadora, el ex ministro Pistarini declaró que la ubicación escogida “se debe a los reconocimientos que realizaron personas calificadas de la Aviación Naval y Militar que sobrevolaron los alrededores de Buenos Aires y que por las múltiples ventajas que ofrecía esa ubicación tuvo su aprobación”. Pero el caso es que el contraalmirante Gregorio A. Portillo manifestó ignorar en absoluto lo informado y propuesto sobre el particular, y lo mismo ha expresado el brigadier general Bartolomé de la Colina, añadiendo que no ha aconsejado ni indicado la solución de Ezeiza. El ex ministro Pistarini no conoció ni ponderó, según así lo ha declarado, las actuaciones que se originaron en cumplimiento de la ley 12.285, y, a su decir, solo recordaba que la comisión nombrada al efecto resolvió hacer un aeropuerto mixto en la prolongación de la avenida General Paz. A pesar de ello, se dictó por su iniciativa el decreto-ley que fijó la ubicación en Ezeiza, luego de desechar en uno de los “considerandos” la establecida en la ribera del Rio de la Plata, porque “desde el punto de vista constructivo presenta dificultades insalvables”. Dictado en decreto Nº 26.966/1944 se le puso en ejecución inmediata. No existían estudios, proyectos ni presupuesto –los que, por otra parte, nunca fueron formal y reglamentariamente establecidos, y por lo tanto aprobados-, pero era necesario cumplirlo sin demora. Para ello se dictó un decreto-ley extraordinario (Nº 4671/1945) por el cual se autorizó al Ministerio de Obras Públicas “para que cualquiera sea el monto, contratar directamente, o como mejor convenga, y para convenir, llevar a cabo por administración o encomendar la ejecución de las obras o trabajos necesarios para la construcción del Aeropuerto Nacional de Buenos Aires. Dispuesto por acuerdo 26.966 del 2 de octubre de 1944”. A la par, se dejaron sin efecto prescripciones de las leyes de Obras Públicas y de Contabilidad, que llevan implícitas las mayores garantías fiscales. Y rápidamente se tomó posesión de las 6.800 hectáreas en el lugar elegido. Para un aeropuerto comercial de primera categoría con carácter terminal como es el de Buenos Aires, -expresa el informe de la Subcomisión Investigadora- sólo se requiere disponer de 800 a 1.000 hectáreas, para desarrollar la infraestructura máxima indispensable y para satisfacer no sólo las mayores previsiones que pueda exigir el incremento del tráfico aéreo, sino también toda otra exigencia de orden aeronáutico. “Justifica tal concepto la superficie que tienen los mayores aeropuertos del mundo, en especial aquellos que por su carácter de aeropuertos de tránsito deben responder al más variado e intenso tránsito aéreo, transito que Buenos Aires está muy lejos de alcanzar. “Basta señalar que los súper aeropuertos actualmente en construcción (16), en los cuales las dimensiones de las pistas responden a las más amplias previsiones, tienen: Idlewild (Nueva York, Estados Unidos) –cuya planta funcional sirvió de base para el de Ezeiza,

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1.800 hectáreas; Orly (París, Francia), 1.500 hectáreas; London Airport (Londres, Gran Bretaña), 1.500 hectáreas; Ciampino (Roma, Italia) del mismo orden; Barajas (Madrid, España), 800 hectáreas. Es decir que prácticamente lo expropiado en Ezeiza casi supera la suma de la superficie de los cinco aeropuertos más importantes de Europa y Estados Unidos. “A título ilustrativo y solo a efecto de dar una idea de la magnitud de lo expropiado, basta señalar que la superficie adquirida para el aeropuerto de Ezeiza representa casi en 35% de la que tiene la Capital Federal. “El aeropuerto de Carrasco (Montevideo, República Oriental del Uruguay), que prácticamente debe responder a necesidades del mismo orden que el de Ezeiza, tiene una superficie de 800 hectáreas; cuatro pistas, una de 2.350 metros y dos de 2.300 metros con posibilidad de ampliación a 3.000 metros, y una cuarta con idéntica previsión. “Como por decreto ley 26.966/1944 se expropiaron 6.000 hectáreas (que luego resultaron 6.800), surge claramente que no ha existido ponderación de medida al resolver tal expropiación con destino al aeropuerto de Ezeiza. Por otra parte, ninguno de los funcionarios que por sus cargos, conocimientos y actuación, les correspondía haber intervenido o serles requerido su asesoramiento al respecto, fueron consultados, como se desprende de las manifestaciones del brigadier general De la Colina, de los contralmirantes Teisaire y Portillo, de los brigadieres Ojeda, Díaz Bialet y Muratorio, quienes declaran en autos que en absoluto no han intervenido en la determinación de dicha superficie y consideran que la misma debió ser del orden de las 500 a 1000 hectáreas. “Por lo tanto, ninguna razón de orden aeronáutico justifica que se haya expropiado una superficie mayor de 800 a 1.000 hectáreas, y como máximo de 1.500 hectáreas.” “El 82% de la superficie adquirida –añade el mencionado informe- “no era, no es, ni será necesaria para la construcción de la planta funcional del aeropuerto de Ezeiza y en especial las 2.000 hectáreas, adquiridas con pleno conocimiento de que eran anegables”. “Se exageró sin razones atenuantes la extensión a expropiar –ha declarado el ingeniero José Garralda, director de las obras del aeropuerto-, pues bastaba, aún sin proyectos previos, enterarse de las que se estaban recabando los más modernos aeropuertos comerciales del mundo para no incurrir en el disparate de expropiar 6.800 hectáreas.” En definitiva, sólo se utilizaron 1.217 hectáreas, en las cuales pueden desarrollarse las máximas previsiones de tráfico aéreo de la ciudad de Buenos Aires, inclusive la construcción de pistas de 3.500 metros.

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La zona expropiada tiene grandes desniveles, oscilando su altimetría de costas inferiores a cinco metros a otras que alcanzan a veinte, lo que exigió grandes movimientos de tierra. La superficie utilizad para la parte funcional representa una cuarta parte del total; las tres restantes han sido invertidas en expropiación de tierras sin destino preciso y sin requerirlo la construcción del aeropuerto, con lo que se violaron las disposiciones de la ley12.285 y del decreto ley 26.966/1944 que solo autorizaban a expropiar los terrenos necesarios para la formación, construcción y habilitación de aquel. Sin tener en cuenta el movimiento a servir ni su posible evolución normal, y sin proyecto integral previo, se comenzaron las obras. Las directivas las daba el ministro Pistarini; los demás acataban. “No hubo más remedio que ir desarrollando casi independientemente los proyectos parciales correspondientes a los edificios, pistas, hangares y demás implantaciones escalonando las adjudicaciones de obra a medida que se aprobaban dichos proyectos parciales”, ha declarado el ingeniero Garralda. Y agregó que “como es evidente, el presupuesto total de las obras del aeropuerto no pudo nunca tener la forma reglamentaria exigida por las leyes de Contabilidad y Obras Públicas. Fue una cifra fluctuante, no sólo a medida que se iba terminando cada proyecto parcial sino también en función de las modificaciones que se introducían y de las continuas variaciones de costos de los materiales y de la mano de obra, cuyos crecimientos vertiginosos debían reconocerse y pagarse por efectos de la ley 12.910.” Pistarini quiso hacer un aeropuerto monumental que impresionara a sus visitantes y sirviera a la perpetuación de su nombre, como que con ése se le designó, sin escrúpulo de modestia. Pero ese aeropuerto que por ahora, entre los de su categoría, el más incómodo y absurdo del mundo. Emplazado a 31,5 kilómetros del centro comercial de Buenos Aires, el traslado desde el mismo exige, por lo menos, de 43 a 50 minutos. Si se tiene en cuenta que no hace mucho se cubrió la distancia entre Santiago de Chile y Ezeiza en 1 hora 55 minutos, se advierte que las ventajas de la mayor velocidad de vuelo se anulan en gran parte por el tiempo requerido por el traslado terrestre. Para cubrir la distancia, medida en tiempo, entre el aeroparque y laspartes vitales de la Capital, se ha construido una autopista de unos 15 kilómetros, debiéndose seguir luego por la ruta nacional 205. El tramo, cuya construcción se consideró en primer término es el comprendido entre el aeropuerto y la intersección de las calles Lafuente y avenida del Trabajo (Capital Federal). El resto, entre este punto y la plaza del Congreso, plantea un problema sumamente complejo que aún no ha sido resulto. Tampoco ha sido posible establecer el monto que demandará la terminación de la autopista dentro de la Capital, por cuanto la Administración General de Vialidad Nacional, que tiene a su cargo los

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trabajos, no ha establecido una estimación de los mismos. Probablemente superará a los $ 200.000.000.- moneda nacional. Sin entrar en detalles prolijos sobre las que pueden denominarse construcciones “fundamentales”, “complementarias” y auxiliares”, correspondientes todas a la parte funcional del aeropuerto, cabe señalar algunas de sus principales características y deficiencias. En un principio se pensó que para el año 1950 debía disponerse de 4 espigones con 6 pistas, lo que importa contar con instalaciones para satisfacer 240 movimientos por hora, o sea 120 aviones. Pero sólo se construyeron dos espigones, uno con destino a los vuelos internacionales y otro a los nacionales. En la práctica no fue así, pues sólo el espigón internacional tuvo debida aplicación, mientras que el otro se utilizó como taller de reparaciones para las compañías extranjeras y el servicio que debía realizar se cumple, en parte, en el aeroparque de Morón y el resto en el espigón internacional. De los seis hangares previstos y necesarios, sólo se construyeron dos, lo que ha creado un verdadero problema para las compañías que deben efectuar el mantenimiento de sus máquinas. Cuando se comenzaron las obras no se tenía clara idea ni proyecto definido respecto a la cantidad y distribución de los edificios a construir, y tanto es así que en el primer esbozo se agruparon en un solo edificio todos los servicios que más tarde se desconcentraron, distribuyéndose en tres grandes edificios llamados aeroestación, hotel y correo-aduana. El edificio construido para aeroestación, de 19.000 metros cuadrados aproximadamente, se utiliza en un 40% de su capacidad total. Los principales servicios que debía prestar se realizan en una aeroestación provisional. En el hotel se preveía alojar, con todo el confort moderno, a pasajeros, pilotos y tripulación de los aviones. No bien terminado su construcción y aún antes de completarse sus instalaciones, fue transferido sin motivo aceptable a la ex Fundación (17). En cuanto al edificio de correo-aduana, donde también instalarían sus oficinas la gendarmería –que actúa como policía de aeropuerto-, los bomberos y la administración, su grado de utilización se reduce a un 50 por ciento. Algo inusitada y realmente absurda es la construcción de una pileta de natación en la parte funcional entre espigones, tan disparatada como si se construyera entre andenes de una estación ferroviaria. Ajenas a las obras de la parte funcional del aeropuerto, se realizaron en la vasta extensión expropiada para el mismo, trabajos de forestación, construcción de balnearios, de villas olímpicas y colonias infantiles.

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Los trabajos de forestación se iniciaron sin contar con autorización legal, ni con recursos arbitrados ni presupuesto previo. Se destinó a esa obra el 21% aproximadamente de aquella extensión. Para tal fin se adquirieron o se utilizaron de los viveros del aeropuerto y de la Tablada 4.797.000 árboles, de cuya cantidad solo se lograron 1.108.111 –según lo ha establecido la Administración Nacional de Bosquesmientras que la intendencia del campo, por iniciativa de la Subcomisión Investigadora, calculó, en base a distintas densidades, que el total alcanza a 1.374.650 árboles. Sea como fuere, resulta que se ha logrado aproximadamente del 23 al 28% de los árboles plantados. ¿Cómo fue esto? Porque el ex ministro Pistarini se mostraba en todo momento reacio a cualquier asesoramiento respecto de las tareas de forestación y que en ninguna circunstancia apoyó la realización de las mismas en base a estudios previos (18). Parte de la forestación se realizó en terrenos salitrosos, no aptos para la misma, por haberlo exigido Pistarini (19). Es de señalar, asimismo, que sin haber sido expropiadas ni iniciado actuación alguna para ello, el ex ministro Pistarini ordenó forestar 33 hectáreas pertenecientes a Transradio. Además, algunas partidas de árboles provenientes del aeropuerto se remitieron sin cargo a la estancia de Juan Duarte (20), en Monte. También sin autorización legal ni recursos aprobados se inició la construcción de balnearios, que afectó la prosecución de una obra trascendental y urgente como la de rectificación del Riachuelo, dispuesta por dos leyes nacionales. Prescindiendo de los proyectos que a tal fin existían, Pistarini impuso su voluntad, de modo que si se quisiera reanudar aquella obra en la actualidad, sería sumamente onerosa (21). También se comenzó sin previa autorización legal y sin contar con partidas específicas, la construcción de las llamadas villas olímpicas. Todas estas construcciones e instalaciones fueron transferidas al Ministerio de Hacienda, al que a su vez, por determinación de la esposa del ex presidente, lo hizo a la ex fundación. A los muchos hechos ilegales realizados por directas órdenes de Pistarini en el aeropuerto de Ezeiza y tierras expropiadas para ese fin, debemos agregar el arrendamiento y pastaje realizado durante los años 1946, 1947 y parte de 1948 en ese campo. Se lo realizó sin comprobación contable, recaudándose los importes en efectivo y en especie, sin ingresar los mismos al fisco. Parte de ellos fue depositada en el Banco de la Nación Argentina (sucursal Monte Grande) en una cuenta a la orden del intendente del campo de Ezeiza, teniente coronel Juan Gregorio Morillas, quien lo destino –según así lo ha declarado- a pagar compras ordenadas por Pistarini. En cuanto a los pagos en especie (310 animales), fueron utilizados en homenajes políticos y en asados con cuero, que convenientemente empaquetados, se distribuían casi semanalmente entre amigos del ex ministro, funcionarios de la CGT, dirigentes de sindicatos, etcétera.

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Con posterioridad –en 1948- se dictó un decreto por el que se autorizaba al Ministerio de Obras Públicas a explotar en arrendamiento, pastaje u otra forma, el campo de Ezeiza, cuyo producto debía destinarse a atenderlos gastos de las colonias infantiles, sin ninguna intervención de la Contaduría General de la Nación. Se lo invirtió discrecionalmente por el ministro Pistarini. Otras irregularidades comprobadas por la Subcomisión Investigadora son las referentes a las obras realizadas en el barrio Esteban Echeverria (ex barrio Nº 1), destinado a viviendas para el personal con tareas dentro del aeropuerto. Se las realizaron, como todas las demás, por orden diercta del ex ministro y sin sujetarse a un plan previo, lo que originó la necesidad de demoler la denominada Nº B. 51, al encararse l proyecto completo del barrio. El objetivo inicial no fue cumplido, y en la actualidad (22) sólo alcanza a un 30% el personal que vive en ese barrio y trabaja en el aeropuerto. En la vasta extensión del aeroparque, en el cual Pistarini se sentía señor y amo, necesitaba tener residencia gratuita. Ocupó así, el casco de la estancia El Descanso, expropiada a la señora María Luisa Estrugamou de Blaquier. La adaptó a sus necesidades y gustos, y en ella tuvo a su servicio personal pagado por la intendencia del campo. Lo mismo hicieron los ex ministros Cereijo, Gómez Morales, Barro y Nicolini. Para los dos primeros no sólo fueron refaccionadas dos viviendas existentes, sino que, les fueron construidas piletas de natación, canchas de pelota y usina eléctrica. ¿Cuánto ha costado el aeropuerto de Ezeiza, que tan insuficientemente cumple su destino? Difícil le ha sido establecerlo a la Subcomisión Investigadora, pues el ex ministro Pistarini resistió en todo momento la creación de cualquier organismo contable, por minúsculo que fuera (23). De acuerdo con la documentación que ha podido hallarse, esa Subcomisión ha comprobado que la inversión aproximada hasta 1955, en los trabajos realizados en el aeropuerto y los que fuera de él se efectuaron en la zona de Ezeiza, excede la cantidad de $ 668.279.000.- moneda nacional.

Frigorífico Nacional de la ciudad de Buenos Aires. Las investigaciones realizadas en este establecimiento han comprobado que más que un frigorífico es un simple matadero, ya que la industrialización de subproductos es insignificante en proporción a la matanza. Su evolución económica y financiera en el período comprendido entre al 31 de diciembre de 1943 y el 31 de diciembre de 1954, sin computar algunos pocos meses de 1943 y 1955 que corresponden a gobiernos distintos del depuesto.

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En ese lapso, el volumen de la faena se redujo a más de la mitad, no por falta de demanda sino por insuficiencia funcional, y su costo se ha elevado hasta alcanzar el 2.000% de lo que fue en 1943. “en otros términos, si en 1943 la faena de un novillo de 500 kilogramos costaba 9,20 m/n., en 1954 costó $ 182 moneda nacional” El informe respectivo agrega: En 1943 el personal que por todo concepto tenía afectado al establecimiento, era de 3.017 personas, siendo en 1954 de 6.019, lo que implica un aumento del 100 por ciento. “Si en 1943 con 3.000 hombres diarios se pudo realizar una faena de 3.187.089 cabezas, bien se pudo en 1954 con esa cantidad faenarse 1.420.433. “Pero las cosas no fueron así, pues se necesitó el doble. “Para faenar 1.420.433 cabezas, que es menos de la mitad de lo que se faenó en 1943, se necesitaron 6.019 hombres diarios, que es el doble de lo que se tuvo en la misma época, lo que significa decir que desde el punto de vista operativo la eficiencia empresaria disminuyó en un 75 por ciento. “Si en 1943 se faenó un promedio de 10.000 cabezas diarias, en 1954 sólo alcanzó 6.019, resultó que la relación hombre-res, que en 1943 fue de 3,33, en 1954 fue de 0,7 o lo que es lo mismo, que si en 1943 un hombre faenaba más de tres reses, en 1954 no alcanzó a faenar una. “La industria de las carnes constituyó un completo problema, de cuya ignorancia surgió la posibilidad de que las empresas privadas lucharan exorbitantemente, según públicamente se dijo sin que en realidad el Estado pudiera probarlo. “El triste recuerdo de las derivaciones que una acalorada sesión parlamentaria tuvo, es bastante elocuente al respecto. “La verdad no estuvo tan lejos. “El Estado municipal de la ciudad de Buenos Aires contaba con el gran frigorífico, hoy nacional, en cuyo interior se podía hacer lo necesario para que el Estado nacional supiera la verdad intrínseca y discriminada de tosa la economía de la res. “La técnica contable del momento posibilitaba grandemente ese propósito, utilizando a tal efecto los servicios de las máquinas de estadística y contabilidad de tipo Hollerith, que a ese efecto el frigorífico había incorporado. “La misma, amén de producir la información contable que se le había asignado, con sus fichas, posibilitaba la realización de importantes estudios, por la que se probaba el rendimiento de la res y por ende el porqué de la tendencia a faenar por las empresas extranjeras el animal de 500 kilos.

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“El novillo de 500 kilos es el que, conjugando calidad con el rendimiento, traduce el óptimo de su economía.

“El máximo de la matanza de exportación tiende al máximo del rendimiento en carne, mientras que en el nacional, el máximo de la matanza tiende al mismo del rendimiento de carne. “Y como los controles en esta rama industrial se basan fundamentalmente en la contabilidad de coeficientes, la falta de estas máquinas importó negar su posibilitación. “El régimen (peronista) depuesto no lo entendió así y las máquinas fueron devueltas a su locador, lo que constituyó una herejía estadística y contable. “En razón de las garantías de trabajo dadas por el establecimiento, la faena –dentro de los topes, cualquiera sea- da derecho al jornal, como si se hubiera cumplido el día completo. “Los jornales se han fijado para la realización de las siguientes matanzas diarias: Vacunos

4.000 cabezas

Lanares

3.300 cabezas

Porcinos

1.900 cabezas

“En 1954, de haberse hecho diariamente esta matanza, en los 297 días trabajados, el total faenado hubiera alcanzado las siguientes cifras: Vacunos

1.188.000 cabezas

Lanares

980.100 cabezas

Porcinos

564.300 cabezas

Total

2.732.400 cabezas

“Y como que estos jornales son fijos, cualquiera sea la matanza, de haberse cumplido en la medida de los topes establecidos hubiera insumido las siguientes cantidades; Vacunos

103.803.640,35 m$n.

Lanares

4.894.941,04 m$n.

Porcinos

10.110.667,04 m$n.

Total

118.809.248,43 m$n.

“Pero como la matanza real fue de:

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Vacunos

762.223 cabezas

Lanares

477.852 cabezas

Porcinos

180.358 cabezas

Total

1.420.433 cabezas

en razón de la garantía preindicada el costo fuñe el mismo. “Ello quiere decir que la diferencia entre lo que pudimos haber faenado con el mismo costo de lo que se faenó, no hubiera costado nada, o sea que hemos dejado de aprovechar una energía potencial de 46.590.631,31 m$n., que es la resultante de lo desaprovechado en las tres especies, y de acuerdo a la siguiente distribución: Vacunos

37.203.033,69 m$n.

Lanares

2.508.404,30 m$n.

Porcinos

6.879.174,72 m$n.

Total

46.590.613,31 m$n.

“Si el rendimiento del trabajo hubiera sido el imperante en 1942, dicha matanza pudo ser realizada con tres mil hombres, y mucho menos, ya que con tres mil hombres, en 1943, se había faenado no 1.420.433 cabezas sino 3.187.089 cabezas. “Pero, sin tomar en cuenta esta cantidad, o sea la diferencia entre los hombres que se utilizaron en 1943 para faenar 3.187.089 cabezas y que en igualdad de condiciones se hubiera requerido para faenar 1.420.433 cabezas, computando como necesaria la cantidad de tres mil personas el ahorro de salarios hubiera sido de $ 48.000.000 aproximadamente, ya que puede estimarse en esa cantidad la retribución anual que, por todo concepto, corresponde a la dotación de tres mil hombres excedentes. “Ello nos lleva a la cifra de una pérdida anual de más de $ 94.000.000, atribuibles a deficiencias funcionales del establecimiento, o sea: 1) Lucro cesante por no operar a pleno $ 48.000.000.2) Jornales excedentes Total

$ 48.000.000.$ 94.000.000.-

“Diferencia esta que la antieconomía del establecimiento vuelca en la economía del país, en particular en la economía del ganadero y en la economía del consumidor, con la consiguiente incidencia por cabeza faenada:

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Vacunos

101.- m$n.

Lanares

10.- m$n.

Porcinos

76.- m$n.

“El informe termina señalando la imposibilidad de continuar con ese estado de cosas y volver, por lo menos, a lo que el frigorífico era en 1943, a pesar de que ya en aquella época “estaba muy lejos de ser lo que debía ser”. NOTAS: (1) Para algunos la tiranía comienza con el golpe de estado de 1943 en el que Juan Domingo Perón entre varios cargos simultáneos que ocupó está el de vicepresidente de la Nación. Empezar a contar desde ese año, es acertado teniendo en cuenta que desde la secretaria de trabajo y previsión es desde donde comienza su escalada política. Para otros la tiranía empieza en 1946 cuando el coronel Perón asume la presidencia de la República. (Nota del Transcriptor). (2) IAPI: Instituto Argentino de Producción del Intercambio. (Nota del Transcriptor). (3) Se trata de los incendios ordenados por Perón a las casas partidarias de la oposición y del Jockey Club (1953) y de los Templos de la Iglesia Católica y la Curia con todo su archivo y biblioteca, la quema de la bandera argentina y el incendio a la Catedral de Buenos Aires producidos en 1955. (Nota del Transcriptor). (4) La población estimativa de la Argentina en 1051 era de aproximadamente 15 millones de habitantes. (Nota del Transcriptor). (5) De las informaciones solicitadas por el Banco Central al Chemical Bank and Trust Cº de Nueva York, al City Bank y al doctor César Bunge, agregado comercial a la embajada argentina en Washington, y del Banco Industrial Argentino a la Manufactured Trust Company de Nueva York, surge en forma coincidente que la Evans International Corporation fundada en 1946 era una empresa don un capital de 100.000 dólares, integrado en mil acciones de cien dólares cada una siendo componentes o accionistas los señores Hans Vap Dreyhansen, Paul Schynder y el doctor Carlos García Mata, este último conocido gestor de los negocios de Jorge Antonio en los Estados Unidos. De tales informes resulta también que esta compañía no tiene créditos bancarios y que a partir de 1950 ha sufrido una gran declinación en los negocios. (6) Ya en prensa estas páginas, se ha publicado el fallo de la junta Nacional de Recuperación Patrimonial en el expediente de Jorge Antonio. Luego de analizar los antecedentes actividades, favor oficial y enriquecimiento exorbitante del mismo, dispone la transferencia al patrimonio nacional de la totalidad de sus bienes existentes en el país y en el exterior. (Verlo en el apéndice). (7) En definitiva, tal como en la época colonial en que solo se podía comercializar con la corona española, comprar y vender solamente a ella, durante la tiranía peronista solo se podía comercializar con la “corona tiránica” quien se llevaba grandes sumas de dinero por no hacer nada, sin haber contribuido en absoluto a su producción y, como veremos, derrochando esas sumas en banalidades estatistas y dirigistas propias de toda tiranía. (Nota del Transcriptor). (8) Por harta experiencia ya a esta altura de la historia mundial y de la República Argentina deberíamos entender que cada vez que el Estado se mete a dirigir la actividad privada, a pretender modificar las leyes de mercado creara este tipo de desastres cuyas consecuencias son pagadas por muchas décadas. (Nota del Transcriptor).

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(9) Manifestación de Tricerri según memorándum de Jorge Newton, hallado entre los papeles de Perón en su casa de la calle Teodoro García. (10) Declaraciones de Raúl Mendé, Máximo Renner y Antonio Cafiero ante la Comisión Investigadora Nº 38. (11) Declaración de Mendé. (12) Toda vez que el Estado se ha metido a regular la economía, ha fomentado mayor pobreza, inflación, corrupción y desequilibrio en el sistema económico social. La intervención estatista y dirigista que dejó el peronismo es la causa mayor que desajusto la economía por más de cincuenta años. (Nota del Transcriptor). (13) Declaración de Ronald Richter ante la Comisión Investigadora, foja 31. (14) Decalración de Ronald Richter ante la Comisión Investigadora, foja 22 v. (15) Actualmente los ministerios de Guerra y Marina están reunidos en uno solo bajo el nombre de “Ministerio de Defensa”. (Nota del Transcriptor). (16) Se refiere a los aeropuertos en construcción hacia 1958. (Nota del Transcriptor). (17) Se refiere a la ex “fundación Eva Perón”. (Nota del Transcriptor). (18) Declaración del ingeniero agrónomo señor Carlos Alberto Bellón. (19) Declaración del señor José Guillermo Limberti. (20) Juan Ibarguren (Duarte) hermano de Eva Perón y secretario privado de su cuñado; el dictador Juan Domingo Perón. Falleció trágicamente como se relatara posteriormente. (Nota del Transcriptor). (21) Declaraciones de los ingenieros José Negri y Arturo Massera, ex directores de Estudios y Obras del Riachuelo. (22) Año 1958. (Nota del Transcriptor). (23) Declaración del ingeniero Garralda

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LOS GRANDES CRIMENES El miedo del dictador El miedo hace crueles a los déspotas. Todo lo preparan para ser obedecidos y temidos, pero cuando sus arbitrariedades despiertan a los pueblos, no aciertan sino a dominarlos por el terror. Al tiempo que esto acontece, aquellos ya están atemorizados. No confían en la ley ni en los hombres, y tampoco en quienes los rodean. Saben que sólo se sostienen por la corrupción y la mentira, y que han de ser abandonados apenas estén en peligro. Llegados a este punto, no conciben otra defensa que la represión desproporcionada con la causa que los acobarda. Y así cometen los grandes crímenes. No llegan a ellos de inmediato. Organizan previamente su sistema de intimidación individual y colectiva, disponen el espionaje, la delación, la formación de bandas armadas, la represión policial, las torturas. Retardan de tal modo la reacción del pueblo, pero a la vez contribuyen a hacerla más decidida. Cuando ésta estalla y comprueban el fracaso de sus métodos preventivos, se resuelven por los otros, los violentísimos, por el 2caiga quien caiga”, de triste recordación. Nunca será olvidada la tremenda amenaza que el dictador Juan Domingo Perón hizo desde el balcón de la Casa de Gobierno el 31 de agosto de 1955. Sabía que su régimen estaba condenado y presentía el alzamiento triunfal de la ciudadanía. Los hechos del 11 y 16 de junio de ese año le habían dado clara noción del cambio operado en la opinión pública y dudaba acerca de la resolución que debía tomar. En abril de 1953 se había referido a la caída de Hipólito Yrigoyen. “Pero a mí –dijo entonces- no me va a pasar lo de Yrigoyen, porque me voy a ir un año antes de que me volteen.” Los graves acontecimientos producidos en junio le hicieron prever la posibilidad de una nueva e inminente rebelión armada. Pensó entonces en la renuncia, pero se resistía a la idea de abandonar el poder. Optó por simularla, y a ese efecto escribió la que en la mañana de ese 31 de agosto se hizo conocer al país. Sabido es que, como de costumbre, la CGT fue convocada de inmediato y que ésta dispuso, tras de la paralización de las actividades laborales, la reunión de los trabajadores en la plaza de Mayo a fin de requerir el retiro de aquella. En esas circunstancias el dictador, olvidado del tono sereno de su dimisión (1), que a nadie había engañado, incitó a las masas a matar no sólo a quienes intentaren alterar el orden sino a aquellos que conspirasen. De fracasar la revolución del 16 de septiembre siguiente, barrios enteros de toda las ciudades argentinas se hubieran incendiado, y no cinco por cada uno de sus adictos hubieran muerto, sino millares, en “la más grande hoguera que haya encendido la humanidad hasta nuestros días” (2). En 1955 el pueblo había perdido el miedo, quien entonces lo tenía, y tremendo, era el dictador.

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El crimen premeditado no llegó a consumarse. Pero nuestra historia no olvidará algunos otros de su dictadura, cuya crónica pasamos a hacer.

Un hecho oscuro: la muerte de Juan Duarte. En las primeras horas de la tarde del 9 de abril de 1953 circuló `por el país una noticia sensacional: inesperadamente había fallecido Juan Ramón Ibarguren (Duarte), cuñado y secretario privado del dictador Juan Domingo Perón. Según las informaciones oficiales se halló sin vida en el interior de su departamento, en el 5º piso de la finca Callao 1944 y su deceso había sido causado por propia determinación. Los diarios dieron posteriormente detalles del hecho y publicaron un facsímil de la carta encontrada cerca del cadáver. Estaba dirigida al dictador y en ella acusaba a quienes, con el propósito de separarlo de él, lo “llenaron de vergüenza”. Afirmaba, además, haber sido honesto y, como era de rigor, exaltaba la figura de su amo. Esa muerte se había producido en circunstancias muy particulares. Las referiremos de acuerdo, ante todo, con la declaración escrita formulada por el comandante mayor de Gendarmería Nacional, Manuel V. Scotto Rosende. A fines de marzo de 1953, la actriz Malisa Zini (3) detuvo al dictador en los pasillos del teatro Colón durante un acto que allí se realizaba. Antes de que la custodia reaccionase, le expresó que era engañado por varias personas de su confianza, entre ellas por su secretario privado Juan Duarte. El presiente se separó del grupo que lo y se introdujo con la señora Zini en una dependencia privada. Media hora duró la entrevista y durante su transcurso la actriz detalló lo que conocía. Sus palabras debieron interesas al dictador porque la invitó a que lo visitara en la residencia presidencial el siguiente día. La sorpresiva actitud de la señora Zini no tardó mucho en llegar al conocimiento de los denunciados. Uno de ellos le remitió de inmediato un ramo de flores con una tarjeta amenazante. La actriz no se inmutó, y ratificó al presidente, en la residencia, cuanto le había expresado la víspera. Poco después dispuso éste que el jefe de Control de Estado, general Dalmiro J. Adaro, citara a la señora Zini, y en base a los cargos por ella formulados iniciara una discreta investigación. El general Adaro designó su colaborador inmediato al comandante Scotto Rosende, de quien tenemos la narración de tales hechos. Interrogaron a la denunciante, y lo mismo hicieron para después con la actriz Fanny Navarro (4). “En el interín –dice la declaración de Scotto Rosende- un conjunto de jefes militares, encabezados por el mayor Cialceta y el teniente coronel García Althabe, entre los que se encontraban los vice comodoros French y Villa, los capitanes de fragata Noguera Isler y Lascano, los tenientes coroneles Marcelino Martínez, García, Gonzalez y Tuya (5), consideraron que la actuación del citado secretario privado menoscababa el prestigio del general Perón, en razón de las versiones circulantes sobre los negociados que habría

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realizado y el empleo discrecional que hacía del nombre del señor presidente, todo lo cual se veía agravado por el círculo que habrían tenido alrededor de éste y del que formaban parte Cámpora, el coronel Balloffet, teniente coronel Passicot, Margueirat, comandante mayor Solveyra Casares, Gómez Morales, etcétera. “El lunes 6 de abril, a primera hora, ambos jefes se apersonaron al general Perón y le hicieron conocer los cargos que existían contra Duarte, procediendo el señor presidente a ordenarles ratificar la denuncia por escrito y asegurando que haría justicia, y que de ser exactos los cargos castigaría inflexiblemente a su secretario privado, pero que en caso contrario deberían estar dispuestos a asumir la responsabilidad de la denuncia. “De inmediato el general Perón ordenó la instrucción de un sumario, para rodearlo de mayores garantías dispuso que lo hiciera un general de prestigio, designando para ello al general León Justo Bengoa, quien se abocó a sus funciones el mismo día, aproximadamente a las diez. “Se noto de inmediato –prosigue la declaración- que el personal perteneciente a la Secretaría Privada de la Presidencia trataba, por todos los medios, de evitar pudiese avanzar la investigación, y horas después de iniciado el sumario, pese al carácter secreto del mismo, empezó a notarse el interés de algunos de impedir que el mismo tuviese éxito, lo que coincidía con la aparición en la Casa de Gobierno de oficiosos colaboradores, desplazados anteriormente de la función pública. “Transcurren las primeras investigaciones en este ambiente los días lunes 6 y martes 7 de abril, teniéndose conocimiento este último día que Bertolini había presentado su renuncia al presidente, el cual violentamente se la rechazó, echándolo de su despacho. “El día 7 de abril el señor general Bengoa (que se mantuvo noche y día en el juzgado durante los seis días que duró la instrucción del sumario, creo que sin retirarse para nada a su domicilio), poseía ya elementos de juicio que le permitirían llevar en horas de la tarde una primera impresión al presidente, a la vez que solicitó la comparecencia de Juan Duarte, a la que accedió el general Perón, haciéndole saber al señor juez que él mismo iba a decirle que concurriese a declarar. “Vuelto el general Bengoa a su despacho, nos hizo conocer esta novedad, circunstancia en la cual se inició la investigación directa del subscrito en el sumario, a raíz de los siguientes hechos, de los cuales doy fe por ser parte. “Aproximadamente a las 17 y 30 se supo en el servicio de informaciones de Control de Estado (división H, a mis órdenes), que el día anterior, y luego de retirarse el general Perón, Duarte, al parecer acompañado por Bertolini, había retirado papeles de su caja de hierro; que lomismo habría hecho Bertolini, pero que aún quedaban muchas cosas en el escritorio de este último, elementos que pensaría retirar esa tarde. “Ante esta información se ordenó vigilar discretamente las dependencias de la secretaría privada con personal del servicio de informaciones de Control de Estado y con el fin de

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no comprometer al señor general Bengoa en una revisión sin éxito de la secretaría privada, que no se justificaría sin un fundamento serio. Un grupo de jefes resolvimos fraguar la versión de que se estaban quemando papeles de la secretaría privada en el incinerador de la Casa de Gobierno, y que en las oficinas de Duarte ya estaban preparados otros paquetes de papeles para igual fin. “Ante lo serio de este seudo informe, el general Bengoa ordenó al subscrito constituirse en las dependencias de la secretaría privada y con personal de mi servicio asegurar la documentación existente y evitar cualquier atentado a la misma. Se señaló, sin embargo, la mesura, corrección y seriedad que debía privar en el procedimiento, dado que eran oficinas de dependencia directa del señor presidente de la Nación. “Teniendo presente esta lógica advertencia, procedí a constituirme en la secretaría privada y solicitar al señor Mollo, empleado de mayor jerarquía de la misma, mje acompañase a recorrer las diferentes habitaciones. “Comprobé así que en el que fuera despacho de Juan Duarte, tanto la caja de hierro como los cajones del escritorio y demás inmuebles se encontraban vacios, con vestigios en el interior de algunos papeles rotos. Inquirí al señor Mollo por que y desde cuándo estaban vacios lo0s muebles señalados, y me manifestó que desde el día anterior, en que al retirarse Juan Duarte se había llevado sus papeles personales. “En el despacho de Bertolini el escritorio y la caja de hierro del mismo estaban cerrados.” Conseguidas las llaves, se abrieron. “En los cajones del escritorio, en completo desorden –continúa la declaración del comandante Scotto Rosende- se encontraban mezclados perfumes extranjeros con zapatos y corbatas de hombre, publicaciones pornográficas y cartas sin archivar de puño y letra del presidente (los borradores) a personalidades extranjeras (Getulio Vargas, general Franco, Pio XII, general Ibáñez, entre otras) y las contestaciones, también manuscritas, en algunos casos hasta de diez fojas, todas de carácter secreto. “Existían asimismo algunas alhajas, libretas de cheques, dinero suelto, papeles comprometedores para Juan Duarte, como ser cartas-documentos, extendidos la mayoría con letra a mano y en papeles comunes con membretes de hoteles, por los cuales se le reconocían la propiedad de diversos caballos de carrera, o bien participaciones que variaban entre el 50 y el 75 por ciento, título de propiedad de su parte en le estancia de Monte; duplicado de órdenes impartidas al presidente del Banco Industrial para activar o conceder permisos o créditos, planos de un proyecto de construcción de un edificio en el barrio norte de varios pisos y de un valor de varios millones de pesos, y otros documentos que no recuerdo por el tiempo transcurrido, pero que se secuestraron y fueron agregados al sumario.

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“En la caja de hierro, entre otras cosas, un cuadro sinóptico completo, confeccionado por Control de Estado, en base a investigaciones del organismo, sobre el negociado de bananas, y que había sido pedido invocándose orden del señor presidente.” Dejamos la narración del comandante Scotto Rosende para ver cómo el dictador procedió por otro lado mientras se realizaba la peligrosa investigación. Utilizó, según su costumbre, a los dirigentes de la CGT. Había escasez de carne en la Ciudad de Buenos Aires a causa de los negociados de sus colaboradores inmediatos, la vida se encarecía, el descontento aumentaba. De todo eso era necesario sacar provecho antes que lo aprovechara la oposición. El día 8 anunció que la CGT le había planteado “muy seriamente” el problema producido por la especulación comercial. Expresó que, según aquella, los gremios no podían seguir como hasta entonces y que “antes de tomar ninguna otra determinación” lo exponían al gobierno, “porque si éste no actúa en contra de los especuladores, se van a ver en la obligación de tomas medidas por su cuenta”. Y agregaba lo increíble: “Es la primera vez que la Confederación General del Trabajo me ha puesto el cuchillo en la barriga.” No se limitó a eso el dictador Perón. Dijo, además, que “de cada cien personas que llegaban a su despacho, noventa y cinco iban a proponerle “cosas deshonestas” o a pedirle “porquerías”. Anunció que terminaría con ello. “He de terminar también con todo aquel que esté coimeando o esté robando en el gobierno. He ordenado una investigación en la Presidencia de la República para establecer la responsabilidad de cada uno, empezando por mí.” Expresó también que no perdonaría a nadie, fuese quien fuese. “Ni a mi padre dejaría sin castigo”, agregó. Pero al mismo tiempo dijo algo que a los investigadores les llenó de zozobra: “que no iba a tolerar que hubiera alcahuetes a su lado” (6). El dictador, que había soportado la proposición de deshonestidades y porquerías”, en tan alta proporción por sus visitantes, repentinamente se había tornado peligroso para quienes habían incurrido en ellas. Y éstos se atemorizaron. En esos momentos de inquietante expectativa llegó al despacho del ministro de Asuntos Políticos, su hija señora María Luisa Subiza de Llantada. Lo encontró muy preocupado destruyendo papeles. Tal era, además, su estado de nerviosidad, que en el término de media hora tres veces ingirió calmantes. De pronto, cuidando de que nadie lo oyera, le expreso: “No creas nada si te dicen que yo estoy preso o que me han muerto a mí o a Duarte. No creas nada de eso” (7). Y le pidió de se retirase inmediatamente. ¿Era el de Subiza el miedo de quien siempre temió ser asesinado, o tenía la certeza de que los acontecimientos de esos días podrían producir su desaparición violenta? No es posible saberlo. Lo cierto es, sin embargo, que no él sino Juan Duarte, murió pocas horas después.

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En la mañana del 9, Duarte tenía que prestar declaración ante el general Bengoa en Control de Estado, al tenor de un interrogatorio preparado la noche anterior. Estábase a su espera, cuando una comunicación telefónica del “valet” de Duarte hizo saber que éste se había suicidado. “Mientras Mollo –prosigue la declaración de Scotto Rosende- se dirigía a informar al general Perón, yo subí a poner dicha novedad en conocimiento del general Bengoa, quien se trasladó de inmediato al despacho del señor presidente. Tengo entendido que en esta circunstancia el general Bengoa expresó al general Perón el deseo de revisar la casa de Duarte antes que pudieran retirarse elementos que existiesen en la misma, contestándole que posteriormente hablarían de ello.” En horas de la tarde, el presidente ordenó al general Bengoa suspender el sumario, y dos días después una nueva orden dispuso que se le entregaran las actuaciones y los elementos obtenidos. La investigación no sólo tenía el propósito de inquirir la responsabilidad de Duarte, sino de todo el personal de la presidencia, empezando por el mismo jefe de Estado. El cadáver de Duarte evitó todo esclarecimiento. Nada se pudo saber de ella. El propio general Bengoa “solicitó, una vez entregado el sumario, a quienes intervinimos en el mismo, la mayor reserva”, a pesar de la cual, “teniendo en cuenta la gravedad e importancia de estas actuaciones”, el comandante mayor Scotto Rosende ha expresado que la substanciación del sumario ha permitido acumular ciertos cargos y pruebas que hubieran encuadrado a Juan Duarte en el terreno delictual. La información oficial sobre el suicidio de Duarte no convenció a nadie, ni siquiera a los más adictos elementos del dictador. Los más benévolos lo atribuyeron a la presión moral que sobre aquel se había ejercido; la mayoría, en cambio, creyó que había sido asesinado (8). El juez instructor sobreseyó definitivamente en la cusa, con lo que cerró la posibilidad de continuarla o reabrirla. La investigación realizada dos años y medio después de ese hecho no ha podido llegar al esclarecimiento total de la verdad, pero ha recibido declaraciones y ordenado pericias que hacen presumir que Duarte no murió por su propia voluntad. Por lo pronto cabe señalar que no fueron oídos por ninguno de los ocupantes del edificio Callao 1944 estampidos de arma de fuego en la noche del 8 de abril de 1953 y primeras horas del día siguiente, como tampoco por las personas al servicio de Juan Duarte. En cambio, de acuerdo con las manifestaciones de una señora que reside en un departamento ubicado frente a la entrada de la casa en la que aquél vivía, oyó, en las primeras horas de la madrugada del 9, dos ruidos que provocaron su atención porque temía que hubieran chocado al automóvil de su propiedad dejando junto a la acera. Asomada a una ventana que da a la calle, verificó que no había ocurrido tal cosa, pero al

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dirigir su vista hacia la casa de Duarte observó que dos personas descendieron de un automóvil llevando entre ellas a otra imposibilitada, hecho que atribuyó a un exceso de bebida, alcanzando a ver qué penetraban en esa casa, cuya puerta se abrió desde el interior. Otra testigo, moradora de un departamento ubicado justamente sobre el que éste ocupaba, declaró que al entrar en el edificio a las 2 y 30 tuvo miedo porque, contra lo habitual, el vestíbulo de entrada hallábase a oscuras. Inmediatamente de trasponer el umbral observó que había en el interior de la casa cuatro hombres con linternas, que estaban maniobrando sobre una consola. Asustada aún, se apresuró a tomar el ascensor, y ya éste en movimiento, vio sobre el piso una mancha de sangre de aproximadamente quince centímetros de diámetro. Mientras subía vio, a través de las puertas plegadizas, que el departamento de Duarte se hallaba abierto. A esto se debe agregar que la carta del “suicida” fue corregida antes de ser publicada en la Secretaría de Prensa y Difusión, y no se practicó sobre ella ninguna pericia caligráfica que la hiciera indubitable. Los médicos legistas han opinado que el disparo que causó la muerte de Duarte “fue hecho a cierta distancia no menor a veinte centímetros” y que las heridas que tenía en la cabeza fueron “producidas más posiblemente por cuerpo duro aplicado con fuerza y movimiento, que contra cuerpo duro por caída”. Sea como fuere, lo cierto es que Duarte debía morir para que la investigación Bengoa no prosiguiera. A pesar de ello quedó evidenciado que en torno al dictador actuaba un grupo cuyas actividades él no quiso descubrir.

Incendios de las sedes de los partidos políticos Mal se había iniciado para el dictador Juan Domingo Perón el mes de abril de 1953. Los negociados ya no se podían ocultar. La oposición parlamentaria los señalaba con energía y la opinión pública se hacía cada vez más severa con el círculo de sus parientes, protegidos y cómplices. La podredumbre del grupo gobernante era tanta que el propio presidente debió, contra su voluntad, ordenar la investigación que hemos referido. La muerte de Juan Duarte, voluntaria o no, revelaba el propósito de impedir el total conocimiento de lo que todos sospechaban acerca de la corrupción oficial. El dictador pretendió sofocar enérgicamente a sus enemigos antes de que la oposición creciese. Luego de atribuir a presuntos agiotistas y especuladores la escasez y encarecimiento de algunos artículos de primera necesidad y de anunciar que los obligaría “a culatazos” a cumplir con su deber, dispuso como otras veces la concentración de los trabajadores en plaza de Mayo, a fin de disciplinarlos en la obsecuencia y de escuchar sus amenazas a la oposición. Como siempre, tenía un plan trazado: sólo que esa vez era mucho más terrible. Comenzaría con tales amenazas, pero visto, a su parecer, que eso no era suficiente para

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amedrentarla, pensó en destruir las sedes de los principales partidos políticos que la constituían. Hitler le había enseñado cómo se hacían esas cosas. El ejemplo del incendio del Reichtag no había desaparecido de su memoria. En la nueva circunstancia bastaba con mucho menos para justificar la represión; por ejemplo, con el estallido de unas bombas durante la realización del acto preparado. Sus fuerzas de choque harían el resto apenas se diera el motivo y él impartiera la orden. La policía tenía instrucciones precisas: por lo pronto, dejar sin guardia a las víctimas previamente señaladas, y luego no molestar “a los muchachos”. Todos los funcionarios de esa repartición sabían por anticipado “que algo iba a ocurrir esa tarde” (9). Los bomberos sabían, además, que se producirían incendios, y que la orden de la Casa de Gobierno era la de dejar quemar y evitar solamente la propagación del fuego a las casas vecinas (10). Los criminales estaban listos y disponían desde mucho antes de elementos incendiarios y vehículos de transporte. Descontaban la impunidad, porque detrás de ellos estaba el dictador Juan Domingo Perón. A poco de iniciado el acto estallaron dos bombas: la primera en un restaurante; la segunda en la estación del subterráneo. El presidente no se inmutó. Eso bastaba para poner en ejecución el plan preconcebido. Desde el balcón dijo entonces: “Compañeros: vamos a tener que volver a la época de andar con el alambre de fardo en el bolsillo.” La insinuación quedaba hecha. De inmediato la recogieron los elementos preparados para la acción. “leña… leña”, gritaron estentóreos y delirantes. El tirano aprovechó entonces para impartir la orden ya pensada. “Eso de la leña que ustedes aconsejan, ¿por qué no empiezan ustedes a darla?... Todo esto nos está demostrando que se trata de una guerra psicológica, organizada y dirigida desde el exterior, con agentes en lo interno. Hay que buscar a esos agentes y donde se los encuentre colgarlos de un árbol…” Luego de referirse a los “malos peronistas”, de los cuales debían depurarse la República y su propio partido, expresó el dictador: “Si para terminar con los malos de adentro y los malos de afuera, si para terminar con los deshonestos y los malvados es menester que cargue ante la historia con el título de tirano, lo haré con mucho gusto”. Terminado el discurso, la multitud se desconcentró tranquilamente. Compuesta en gran parte de trabajadores y empleados públicos, forzados por sus sindicatos y jefes a concurrir a esas manifestaciones, no odiaba a nadie. Había creído o querido creer en quien acababa de hablar, lo había seguido y votado, y si todavía no había renegado de él, en él ya no confiaba. Solo algunos neuróticos y energúmenos mezclados en la multitud podían dar gritos de exterminio. Los demás querían volver antes a la tranquilidad de sus hogares.

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La parte más numerosa se dirigió por la avenida de Mayo hacia el oeste, y pasada la plaza del Congreso, siguió por Rivadavia. En esta avenida, entre las calles Rincón y Pasco está la Casa del Pueblo, y en ella tiene su sede el Partido Socialista. Hasta poco antes habían funcionado en ese local los talleres del diario “La Vanguardia”, que la dictadura peronista había clausurado. Una biblioteca de sesenta mil volúmenes estaba instalada en el vasto edificio. Varios millares de lectores, en su mayoría obreros, empleados y estudiantes, concurrían anualmente. En sus salones de conferencias era dado escuchar las disertaciones que acerca de los más diversos temas de política, economía y cultura pronunciaban miembros del partido. Representaba esa casa el esfuerzo de las clases laboriosas por elevar su nivel intelectual y económico, y, a la vez, las formas de la vida cívica argentina. Respetada por todos sus adversarios políticos, contaba con la simpatía de la población. Pero el dictador la había condenado a desaparecer. En casi diez años de vocear a los trabajadores, de destruir los sindicatos libremente organizados, de forzarlos a agremiarse en torno a la CGT manejada a su arbitrio, no había domeñado al partido que desde medio siglo antes luchaba por la justicia social y había obtenido la sanción de la mayoría de las leyes que hasta ahora la protegen. Confundidos con los manifestantes que se desconcentraban, llegaron frente a la Casa del Pueblo quienes estaban señalados para destruirla. Su cantidad apenas pasaría de un centenar. Disponían de armas de fuego y elementos incendiarios, además de palos, hierros y piedras. Al comenzar el ataque, en medio de gritos e insultos, hicieron varios disparos. Luego de forzada la puerta del edificio, penetraron en él y en pocas horas lo destruyeron por las llamas. De acuerdo con las órdenes impartidas, no había guardia policial en las inmediaciones. Los cinco o seis agentes de la comisaría 6ª se retiraron apenas vieron llegar a los manifestantes, y así pudieron los incendiarios obrar con toda libertad. Los bomberos no acudieron sino dos horas después. Sus instrucciones eran claras y debían cumplirlas: “obrar sin apuro, pasivamente” (11). Una autobomba, que durante largo rato estuvo estacionada en las inmediaciones, volvió a su sede sin actuar. Solo cuando se tuvo la certidumbre de que la destrucción era total, comenzaron las tareas de extinguir el incendio. El terrible episodio había conmovido a los espectadores. Tal vez muchos se sentían avergonzados. Habían consentido con su inactividad que un pequeño grupo de forajidos cometiera el vandálico hecho. Pero sabían que ese centenar de miserables tenía la protección del Estado. Comenzaba para el país, en esos momentos, una de sus épocas más trágicas.

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De la Casa del Pueblo el grupo criminal se traslado a la Casa Radical, Tucumán 1660, sede de un partido popular de honde raigambre argentina (12). De sus filas habían desertado algunos dirigentes de segundo orden cuando el coronel revolucionario de 1943 reclutaba a cuanto resentido hubiere en cualquier parte, pero la mayoría de sus afiliados permanecía fiel a sus principios. Desde 1946 los diputados radicales habían hecho con valiente decisión la denuncia del proceso del gobierno demagógico que no tardaría en acentuar su tendencia totalitaria y su espíritu dictatorial. Algunos habían sido expulsados de la Cámara por la mayoría oficialista, y ya privados de sus fueros, se habían expatriado a fin de escapar a las persecuciones del dictador. Los radicales, como sus adversarios socialistas, estaban condenados desde entonces. La ocasión esperada para destruir su sede había llegado y era preciso aprovecharla. El método de ataque fue igual que el ejecutado con la Casa del Pueblo, como que eran los mismos sus actores. Forzaron la cortina metálica que cerraba la amplia portada, penetraron en el edificio y luego de arrojar desde sus ventanas muebles, bustos, libros, banderas y cuantos objetos hallaron en sus dependencias, le pusieron fuego. Lo mismo hicieron con aquellos en medio de la calzada. Desde media hora antes de iniciarse el ataque se había desviado el tránsito por la calle Tucumán (13). La policía estaba ausente a pesar de que a una cuadra funcionaba la seccional 5ª. Si algún agente de las inmediaciones comunicaba a éste la noticia del incendio, se le ordenaba permanecer en su sitio y desenterarse de él (14). Los bomberos demoraron más de una hora en llegar, y cuando acudieron quedaron sin actuar durante largo tiempo, con el pretexto de que carecían de apoyo policial o de que el público agujereaba las mangueras. Sólo cuando los incendiarios terminaban su criminal faena y mucha parte de la Casa Radical quedó quemada, actuó la policía y aquellas funcionaron. Lo mismo hicieron en la sede del Partido Demócrata, ubicada en la calle Rodríguez Peña 525, a pocos metros de distancia de la Casa Radical. Pertenecía a una agrupación política que había gobernado el país durante largo tiempo, y aunque no tenía ya representación parlamentaria, su acción opositora no había cejado, razón suficiente para que no se salvara en esa noche trágica. También allí los incendiarios violentaron la puerta, arrojaron a la calle cuanto pudieron, y con todo hicieron una hoguera. Varias horas habían transcurrido desde el comienzo de los incendios. A la jefatura de policía, a la dirección de bomberos, a las seccionales de aquella, llegaban los requerimientos angustiosos de los vecinos. Las respuestas eran siempre iguales: que no tuvieran miedo, que a ellos no les iba a pasar nada, que ya irán las dotaciones… Mientras todo esto acontecía, el ministro Borlenghi llamó a Gamboa para ordenarle no interferir a los manifestantes y dejarlos realizar los incendios y actos vandálicos (15). El jefe de policía obró en consecuencia. Si alguno de sus subordinados le pedía

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instrucciones para contener a los grupos de forajidos, le contestaba que tenía orden de la Casa de Gobierno “de dejar que los muchachos anden por la calle” (16).

Incendio del Jockey Club Después de quemar las sedes de los partidos políticos los criminales se dirigieron al Jockey Club. Este centro social era uno de los más famosos del mundo, orgullo de nuestra capital y admiración de cuanto extranjero eminente llegara a ella. Se le tenía por sede de la llamada “oligarquía”, aunque solamente lo era de las gentes de diversos grupos que daban formas elevadas al trato con sus semejantes. Lo había fundado un ilustre argentino, Carlos Pellegrini, en la época en que “la gran aldea” (17) se convertía en pujante ciudad, ansiosa de alcanzar en todo a las tres o cuatro más importantes de Europa. Tenía una riquísima biblioteca, en cuyo salón principal disertaron hombres de prestigio universal y destacados argentinos. Entre sus colecciones bibliográficas poseía la que perteneció a Emilio Castelar, el gran repúblico y celebérrimo orador español, además de las muy nutridas sobre arte, historia, literatura, derecho, etcétera, al alcance de cuantos estudiosos, fueran o no socios del club, quisieran consultarlas. Famosa era, asimismo, su galería de cuadros y esculturas, en la que figuraban obras de Goya, Vanloo, Corot, Monet, Raffaeli, Carriere, Harpignies, Falguiere, Soroll, Anglada Camarasa, Figar, Fader, Bermúdez, Lagos, etcétera, cuyo valor actual, según estimaciones de la casa Wildenstein, alcanzaría a más de ocho millones de pesos (18). En ningún país del mundo había acontecido nada semejante. Ni en Francia, durante los días revolucionarios; ni en Rusia, cuando cayó la monarquía; ni en Alemania, cuando se impuso el nacionalsocialismo; ni en España. Durante la guerra civil el pueblo destruyó obras de arte. Tampoco lo hizo el pueblo argentino. Realizó esa infamia un centenar de asalariados de la tiranía peronista. El Jockey Club tenía que ser arrasado, y así lo fue en esa noche espantosa. ¿Qué faltas había cometido contra el régimen imperante? No era un centro político ni en momento alguno habíase expresado en oposición al gobierno. Entre sus socios había de todos los partidos, inclusive del que seguía al dictador Juan Domingo Perón, aunque la mayoría era de independientes y gran parte de extranjeros. En él no se conspiraba ni se hacía prédica adversa al oficialismo. A él se llegaba para olvidar las preocupaciones de la diaria labor, para distraerse en tertulia de amigos y conversar sobre las cosas amables de la vida. En la Casa de Gobierno se lo detestaba y en toda forma se lo quería avasallar. El ministro Subiza le tenía particular inquina y repetidamente había dicho que el Jockey

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Club “debía ser quemado con todos sus socios dentro” (19). Desde mucho antes tenía preparado y organizado su incendio y saqueo (20). Durante algún tiempo se puso junto a su puerta principal, sobre la calle Florida, una maloliente venta de pescado, luego se le quiso imponer la adquisición de cien mil ejemplares del libro “La razón de mi vida” y forzarlo a contribuir para el Partido Peronista de Buenos Aires y otras agrupaciones protegidas por el gobierno. La comisión directiva consiguió que el sucio mercado se quitase y se negó a la compra y contribución solicitadas. Tampoco dio curso a las solicitudes de ingreso de Juan Duarte y Jorge Antonio, cuyos escandalosos negociados señalaba la opinión pública (21). ¿Acaso eran éstas sus faltas? En todos esos casos el club estaba en su derecho, pero el déspota y sus secuaces no entendían que algo pudiera haber que no se les sometiese. El club, por lo tanto, tenía que desaparecer. Cuando la turba criminal llegó a su frente, las puertas estaban cerradas. Los episodios de la Plaza de Mayo y el incendio de las sedes de los partidos políticos opositores hacían prever los desmanes que lo amenazaban. Los últimos socios concurrentes lo habían dejado al oscurecer y sólo quedaban en su interior algunas personas de servicio. Poco antes de medianoche comenzó el ataque de los forajidos por el lado de la calle Tucumán. Violentadas la puerta y ventanas, comenzaron las depredaciones. Cayeron a la calle, arrojados desde el interior, cuantos objetos hallaron a su paso. Luego, en pocos minutos, y validos de elementos incendiarios de extraordinario poder, pusieron fuego en los principales salones y dependencias del suntuoso edificio. Las llamas asomaron por la calle Florida, alimentadas por las admirables telas que eran, más que propiedad del club, patrimonio de la cultura argentina. La Diana de Falguiere traída de París por Aristóbulo del Valle, cuyas graciosas líneas daban encanto a la imponente escalera, caía destrozada por los bandidos. Los tapices del gran comedor, los muebles, las colecciones de diarios y revistas, todo cuanto era difícil llevarse consigo, fue arrojado a las llamas para hacerlo más destructor. Un azar salvó del incendio gran parte de la biblioteca, de la que sin embargo se perdieron seis mil volúmenes (22). A la bodega no llegó el fuego, pero llegaron pocos días después los emisarios de quienes lo habían ordenado. Su valor era muy considerable, y según lo ha declarado el encargado de la misma, podía valuarse en cuatro millones de pesos “para hacer negocio”. Los vinos y demás bebidas de más calidad y precio fueron retirados con destino a las más altas autoridades de la Nación; los comunes fueron vendidos en distintos lugares. Algunos cuadros, esculturas y armaduras fueron llevados, en gran parte, a San Nicolás por orden de Subiza y del inspector general de justicia Rodríguez Fox. Otros se destinaron a la UES y a la Confederación de Deportes. Mientras se estremecía el corazón de los espectadores del crimen absurdo e injustificable, el ministro Borlenghi se comunicó con el jefe de la policía Miguel Gamboa. No le dio órdenes para que evitara las horribles depredaciones. Solo le dijo textualmente: “Che, incendiaron el Jockey Club”. Estas palabras, según declaró

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Gamboa, “las formuló en forma un tanto interrogante, aunque denotaba conocimiento de este suceso y que no le disgustaban tales hechos” (23). Durante varias semanas las multitudes silenciosas y doloridas contemplaron las ruinas del club. Si alguien no podía contener su indignación y la expresaba, así fuera con palabras prudentes y mesuradas, era inmediatamente detenido. El dictador estaba en todas partes. Oídos suyos eran los de sus agentes delatores y nadie escapaba a su implacable vigilancia. Meses más tarde se demolió el hermoso edificio. El lugar que ocupaba es todavía un amplio baldío en la calle más famosa de la ciudad… (24) El grupo criminal no había terminado su faena. Intentó, esta vez por propia iniciativa, llegar al diario “La Nación”, pero el dictador, que tenía noticia de los movimientos de los bandidos, pensó que tal ataque podía malquistarle la opinión periodística universal, tan severa después de la incautación de “La Prensa”. La policía, que no defendió las casas de los partidos políticos y del Jockey Club, impidió que se incendiara el diario de Mitre. Hasta la madrugada los facinerosos continuaron; cansados y ebrios, sus fechorías contra algunos comercios. El déspota Juan Domingo Perón podía darse por satisfecho. Sus “muchachos” de la Alianza habían trabajado bien. En muy pocas horas destruyeron todo lo que se les había ordenado, pero no lo que aquel más odiaba: los partidos opositores y la cultura. Esa noche el tirano comenzó su rápida caía hacia el abismo. Al día siguiente de los hechos producidos. Lo escucharon con tranquilidad e indiferencia, y no se interesaron en conocer a los responsables. De ello dedujo Gamboa que no debía ahondar en la investigación. (25). Y ésta no se hizo. Días después Borlenghi decía regocijado: “Ha sido un gol de Subiza” (26).

La quema de la bandera (11 de Junio de 1955) Dos años transcurrieron desde los incendios a las sedes de los partidos políticos y del Jockey Club. El dictador, cada vez más ensoberbecido, había perdido todo freno. Preveía el derrumbe de su régimen y aún confiaba en apuntalarlo con medidas de rigor. La situación económica era cada vez más difícil, el descontento crecía y la oposición se fortificaba. Dos hechos precipitaron los acontecimientos: el conflicto con la Iglesia y el proyectado convenio con una empresa petrolera norteamericana por el cual se le entregaba una extensa región de la Patagonia.

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Esos dos hechos aceleraron la preparación revolucionaria. En junio de 1955, el ambiente estaba ya formado. Solo faltaba el alzamiento popular, juntamente con el de gran parte de las fuerzas armadas. El 9 de ese mes la Iglesia celebraba la festividad de Corpus Christi, una de las más importantes del catolicismo y de las más tradicionales de nuestro país. Desde la época que precedió a la Independencia era costumbre en Buenos Aires que la procesión se realizara en la Plaza de Mayo. Pero la dictadura peronista había prohibido las reuniones públicas y suprimido casi todas las festividades religiosas. Autorizada excepcionalmente la procesión de Corpus Christi las autoridades eclesiásticas resolvieron realizarla en la tarde del sábado 11, con objeto de reunir la mayor cantidad de fieles y de evitar los inconvenientes que hubiera producido su concentración en la vía pública en día laborable. Apenas conocida esta decisión, el ministro hizo saber que la procesión solo había sido autorizada para el día 9 y por lo tanto no podía realizarse el 11. Los católicos estaban, sin embargo, dispuestos a efectuarla. De persona a persona, por todos los medios a su alcance, se trasmitió la consigna. Conocida por el gobierno, pensaron, sus jefes en cómo podían impedirla. Luego de meditar cuidadosamente, dispusieron dos servicios policiales: uno de seguridad, al que se afectaría gran número de efectivos, con el fin de imposibilitar en forma total y absoluta la concentración y desplazamiento de manifestantes; el otro se cumpliría con personal de investigaciones, encargado de vigilar y observar. Preveíase que, de aplicar el primer servicio, el choque con los católicos podía tener consecuencias de gran responsabilidad para el gobierno. En virtud de ello se decidió dejarlo sin efecto y organizar el otro, al que se encargaría la comisión de desmanes en lugares previamente señalados (27). Recibidas las instrucciones en la mañana del 10, el jefe de policía. Miguel Gamboa, informó al subjefe inspector general Ángel Luis Martín y al inspector general Justino W. Toranzo, que durante el acto religioso proyectado para el día siguiente “había que hacer algunos desórdenes y producir algunos destrozos”, a cuyo efecto requirió personal de absoluta confianza (28). Elegido éste, se recogió el material necesario para la siniestra tarea. Los fotógrafos de la repartición preparándose para obtener el elemento documental que debía entregarse al periodismo esa misma noche. Aún quedaba por disponer la ejecución de la parte más diabólica del plan trazado: la de quemar una bandera argentina, atribuir el hecho a los católicos, provocar la indignación pública y motivar los consabidos actos de desagravio. Mientras en la Casa de Gobierno y Jefatura de Policía se tramaba todo esto, los católicos se apresuraban a concurrir a la Catedral o a reunirse frente a ella en la plaza de Mayo.

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La prohibición de concentrarse no los atemorizaba, ni les detenían las múltiples trabas puestas a su transporte por los medios públicos. De toda la ciudad y sus alrededores fueron llegando silenciosamente a la plaza histórica inmensas multitudes. Niños, ancianos, religiosos, hombres y mueres de toda edad y condición, enfervorizados por la fe y por el civismo, ocuparon rápidamente el vasto templo, la plaza y las grandes avenidas y calles que de ella parten. Los primeros en llegar se sorprendieron de la aparente ausencia de policía. ¿Cómo era posible? La dictadura peronista cuidaba con recelo y ánimo represivo cualquier concentración pública de los opositores. ¿Cómo era que esa tarde no estaban ahí sus agentes para impedir la reunión prohibida? ¿Por miedo, acaso, o por prudencia? Las miradas de los circunstantes se dirigían, desconfiadas, a todas partes. Unos pocos sujetos sospechosos, que parecían observar atentamente, andaban por la plaza. Pero no les concedieron importancia. Sin embargo… Durante la ceremonia realizada en la Catedral, transmitida por altavoces al importante concurso de fieles reunidos en las inmediaciones, ningún episodio desagradable hizo presumir lo que acaecería poco después. Terminado el acto, comenzó la desconcentración. La mayor parte de la inmensa multitud se dirigió por la avenida de Mayo hacia la plaza del Congreso. No profería ningún grito hostil; entonaba cánticos religiosos y daba vivas a Cristo y a la Iglesia. Al desfilar frente al Palacio Legislativo, alguien enarboló en el mástil esquinero una enseña papal junto con una bandera argentina. Luego siguió la multitud por la avenida Rivadavia y, ya llegada la noche, cada uno de los muchos miles de manifestantes empuñó una antorcha improvisada con papeles de diarios. Continuó la columna por la avenida Pueyrredón hacia Santa Fe, y luego por ésta hasta la plaza San Martín. De las aceras y balcones llegaban a los manifestantes flores y aplausos entusiastas. Jamás se había visto nada parecido. La multitud había perdido el miedo que durante largos años había infundido la dictadura peronista y expresaba su anhelo de libertad con serena decisión. Las campanas de la basílica de San Nicolás se echaron a vuelo al paso de los fieles, y una emoción profunda conmovió a todos. La revolución ya estaba en las calles. Entretanto, los agentes del dictador cumplían el plan trazado. Mientras a la zaga de la manifestación salida de la plaza de Mayo unos cuantos facinerosos apedreaban el frente de “La Prensa” (29) y rompían varios cristales, otros manchaban los frentes de varias embajadas y las bases de algunos monumentos (30). Eso podía ser visto por la gente que circulaba por las proximidades; lo que no podía serlo era lo que muy secretamente se hacía para quemar una bandera y colocar cenizas al pie del mástil del Congreso. La tarea fue encomendada por el comisario Nardelli al agente Lapeyre. Quemó éste secretamente una bandera y algunos trapos en el baño de la comisaría, y una vez

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obtenidas las cenizas las condujo al lugar indicado, cuidándose de no ser visto en esa tarea. Luego de dejar en el Congreso la bandera parcialmente quemada, comunicó a Nardelli el cumplimiento de su misión. Aún se dispuso que un agente de apellido Pisani, a cargo de la parada de la esquina de Rivadavia y Entre Ríos, hiciera de consigna a la bandera y las cenizas. Enterado el jefe de policía del cumplimiento de la orden impartida, lo hizo saber a sus superiores y en seguida se dirigió al Congreso Minutos después llegaba al mismo lugar el dictador, acompañado de sus ministros Borlenghi y Méndez San Martín, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Aloé; su ayudante, Máximo A. Renner; el mayor Cialceta y Atilio Renzi. Todos pusieron caras compungidas y posaron para las fotografías destinadas a la publicidad (31). Al día siguiente los diarios y periódicos del régimen peronista, es decir, la casi totalidad de la prensa argentina, dirigida y orientada desde la subsecretaría dependiente de la presidencia de la República, inició su campaña contra los presuntos autores e instigadores del “horrendo crimen”, se organizaron en todo el país forzadas manifestaciones de desagravio y una vez más se envenenó a la crédulas mentalidades de pueblo. El 14 de junio, el jefe de policía dio la siguiente “orden del día”: “Hoy su texto está destinado a registrar el estupor infinito y la indignación incontenible de todos los integrantes de esta gran repartición ante el ignominioso vejamen inferido a nuestra enseña nacional por quienes, en un incalificable extravío, parecieron olvidar que lo más sagrado que tiene la patria es la bandera. Para reparar tamaña ofensa, henchidos nuestros corazones de unción patriótica y orgullosa argentinidad, haciéndose eco del unánime sentimiento de pena que nos embarga ante el hecho inaudito, sin precedentes en nuestra historia, quiere esta jefatura realizar una solemne y sentida ceremonia, un desagravio a la gloriosa enseña que ayer flameó triunfante en los campos de batalla de todo el continente, como símbolo de libertad y heroísmo y que hay cobija bajo sus pliegues generosos a argentinos y extranjeros que buscan paz y trabajo en esta maravillosa tierra, que es la nueva argentina justicialista, que marcha confiada al genio político y al patriotismo de nuestro líder, el excelentísimo señor presidente de la Nación…”, etcétera, etcétera. Muy pocos, en realidad. Creyeron en el infundio de la policía. Se conocían sus procedimientos bajo el régimen dictatorial peronista, y el hacho que se atribuía a los católicos era demasiado burdo. El comisario Nardelli, entretanto, no estaba tranquilo. Reunió al personal de oficiales en un despacho, les aconsejó calma, condenó toda posible infidencia y expresó que se haría responsable de lo que pudiera pasar. Como temía la imprudencia de alguien, advirtió que si lo descubría “lo iba a agarrar a patadas”

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La orden de Gamboa había trascendido hasta los empleados de investigaciones de cuya reserva, lealtad o confianza se dudaba. El miedo que había manifestado al recibir las instrucciones y la vacilación advertida en algunos para decidirse a cumplirlas, hizo temer a los altos jefes de la policía que tenían conocimiento de los hechos. Por otra parte, cada uno de los empleados comisionados para efectuar daños en monumentos y embajadas, era un testigo peligroso. No es necesario detallar en este libro cómo se instruyó el sumario por el comisario Nardelli, o sea por el mismo que cumplió la orden infame. Baste decir que el acta de iniciación la dictó personalmente el oficial principal Bonanno, consignando en la misma la comprobación del hallazgo de la bandera antes de haberse efectuado. A esto debemos agregar que días después de los hechos se detuvieron dos jóvenes manifestantes, uno de los cuales también se apellidaba Nardelli, y era por tal circunstancia muy apropiado para la coartada siniestra a fin de confundir y desviar a la opinión pública ya advertida de la culpabilidad de la policía. Terminado el sumario con todas las formalidades, fue elevado al Comando Politico Social, de donde pasó al juez doctor Gentile. Su conducta vacilante muestra al hombre manejado, incapaz de liberarse de las ataduras que lo unían al dictador Juan Domingo Perón. Tenía clara conciencia de las falsedades del sumario policial, pero no se resolvía a disponer lo necesario para que surgiera toda la verdad de la infamia cometida. Tampoco referiremos por lo menudo las constancias del sumario administrativo que se instruyó a raíz del hecho. De éste como del otro surge la evidencia de la culpa de los funcionarios policiales que en aquél intervinieron cumpliendo las órdenes recibidas de la Casa de Gobierno.

El ataque a la Catedral (12 de junio de 1955) y la expulsión de dos prelados (14 de junio de 1955) La imponente manifestación católica del día 11 inquietó al dictador Juan Domingo Perón. Después de la marcha del 19 de septiembre de 1945, precursora del movimiento que lo forzó a renunciar a los múltiples cargos que entonces desempeñaba – vicepresidente de la Nación, ministro de Guerra, secretario de Trabajo y Previsión y Presidencia del Consejo de posguerra-, no había visto nada semejante. Érale necesario, por consiguiente, obrar con rapidez a fin de aplastar a la oposición por cualquier medio, sobre todo a la de los católicos que con tanta valentía se habían alzado. El 12 de junio de 1955 se realizó en la Catedral de Buenos Aires una misa vespertina. Temeroso el gobierno de que diera motivo a otra gran concentración de fieles que caldeara más el ambiente, se dispuso a molestarla por medio de sus grupos de choque. Reunidos éstos frente al templo comenzaron a proferir gritos intimidatorios, a los cuales siguió una salvaje pedrea que hirió a varias decenas de personas. Poco después intervino

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la policía para detener a los que estaban dentro de la iglesia y disolver a sablazos a quienes circulaban por las inmediaciones. Mientras esto se hacía públicamente, otra determinación se tomaba en sigilo. A raíz de la denegatoria del ministro Borlenghi de permiso para celebrar el 11 en la plaza de mayo, la procesión de Corpus, monseñores Manuel Tato y Ramón Novoa habían reiterado ante él la solicitud formulada. Como el ministro insistiera en su determinación y se realizara la manifestación ya narrada, el gobierno responsabilizó a esos dos prelados de los hechos acaecidos (32) y decidió, en consecuencia, expulsarlos del país, a pesar de ser argentinos. Llamado el jefe de la policía a la Presidencia de la República, Perón, acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Remorino, le ordenó dispusiera la detención inmediata de aquellos (33). A tal efecto Gamboa los llamó al departamento de policía, de donde poco después fueron conducidos a la comisaría de orden político. Diez o doce horas más tarde se los condujo, fuertemente custodiados, al aeropuerto de Ezeiza. El avión en que debían partir al exilio se demoró un rato a la espera de los fotógrafos de la Secretaría de Prensa que debían tomar notas de la salida. Como los prelados carecían de equipaje y convenía informar al público que partían por su voluntad, se creyó necesario proporcionarles unas valijas ajenas y fotografiarlos con ellas, sin custodia alguna, a fin de “simular que se iban lo más contentos” (34). Nadie, por supuesto, creyó la burda superchería que aumentó la indignación del país. Apenas llegados a Roma los dos prelados, la Congregación Consistorial decretó la siguiente excomunión mayor del dictador y de cuantos funcionarios habían intervenido en la detención: Dado que recientemente han sido conculcados de muchas maneras en la República Argentina los derechos de la Iglesia y se ha usado violencia contra personas eclesiásticas y últimamente no solo se ha osado poner las manos violentamente en la persona del excelentísimo señor don Manuel Tato, obispo titular de Aulón, auxiliar y vicario general de la arquidiócesis de Buenos Aires, sino también se le ha impedido el ejercicio de su jurisdicción y se le ha expulsado del territorio argentino, la Sagrada Congregación Consistorial declara y advierte que todos aquellos que han cometido tales delitos, o sean funcionarios de todo tipo y categoría y los cómplices necesarios que hicieron que se realizasen los mismos, y aquéllos que han inducido a su comisión, que de otro modo no hubiera sido ejecutada, han incurrido en la excomunión “latae sententiae” reservada a la Santa Sede, de conformidad con los cánones 2343, párrafo 3; 2334, Nº 2; 2209, párrafo 1, 2 y 3 del Código de Derecho Canónico, y son pasibles de las demás penas establecidas por los Sagrados Cánones. Dado en Roma, en la sede de la Congregación Consistorial, 16 de junio de 1955.

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Firmado. Cardenal Piazza, secretario; José Ferreto, asesor” (35) Desde el estallido de la segunda guerra mundial, sólo las autoridades de Hungría, Checoeslovaquia, Polonia, Yugoslavia y Albania han sido tan severamente sancionadas por la Iglesia. Pero esas autoridades pertenecían a países comunistas. Ningún gobernante católico había sido excomulgado desde 1850. (36).

Incendio de los templos católicos (16 de junio de 1955) El espíritu revolucionario alentaba ya en el pueblo argentino. Encendía a los católicos de todo el país, cundía en las fuerzas armadas, movilizada a los estudiantes, apasionaba a las mujeres, preocupaba a los obreros y tenía alarmado al dictador Juan Domingo Perón. La inmensa manifestación religiosa del día 11 había dado la certeza del extraordinario vuelco de la opinión pública. Se había dicho “basta”; el tiempo diría cuando se entraría en acción. El 14 la CGT, sometida a la dictadura peronista, realizó uno de sus muchos actos de adhesión a su jefe. Esta vez en la plaza del Congreso, suponiéndose que la concurrencia sería tanta que requeriría más amplio espacio que el de la plaza de Mayo. Pero fue menos numerosa que otras veces, y también menos entusiasta. La magnitud de la manifestación católica obligaba a una réplica extraordinaria, pero ahora dudaban los trabajadores. Creyentes o no, pertenecían casi todos a familias católicas y no se explicaban el absurdo conflicto con la Iglesia, extraño a la causa por ellos perseguida y opuesto a cuanto el propio dictador había sostenido hasta entonces. Intuían, por lo demás, que el gobierno se debilitaba y presentían la proximidad de decisivos acontecimientos. Desde la tribuna vociferó el dictador como de costumbre. Sabíase en peligro y quería prevenirse atemorizando a los opositores. Y, presuntuoso y “sobrador” como todo falso criollo, pidió a la multitud que ese “partido” se lo dejaran jugar a él. Entretanto, se preparaba el alzamiento armado. Dos días después, apenas comenzada la tarde del 16 de junio, los aviones de la marina de Guerra y algunos de Aeronáutica atacaron la Casa de Gobierno, a la vez que la Infantería de Marina intentó ocuparla. La operación ofensiva debió retardarse a causa de la espesa neblina que envolvía a la ciudad e impedía ver el objetivo señalado. La demora permitió también que el gobierno se enterara del inminente ataque, huyera el dictador al edificio del Ministerio de Ejército y desde allí se tomaran medidas de defensa.

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Apenas comenzó el bombardeo, la CGT dispuso el cese del trabajo en la ciudad y la inmediata concurrencia de sus afiliados a la plaza de Mayo. Esta determinación absurda fue la principal causa de la crecida cantidad de víctimas que cayó esa tarde. La rebelión de la Marina de Guerra fue sofocada pocas horas después por el ejército. No corresponde analizar en estas páginas las razones del fracaso. El dictador atribuyó a los católicos la instigación a la revuelta y por medio de sus agentes quiso castigar a los presuntos culpables. En realidad, el plan de ataque a las iglesias estaba preparado antes del 16. Los discursos pronunciados desde la Casa de Gobierno y en las cámaras legislativas, la agresividad de los diarios oficialistas, los expedientes, prontuarios, informes y procesos realizados para dañar a la ciudadanía, las declaraciones de cientos de testigos y de responsables de los incendios, la observación de los destrozos, los careos parciales y la confrontación general permitieron el conocimiento amplio y la apreciación de los hechos. De ellos resulta que los responsables del incendio de los templos actuaron en virtud de una organización planteada en las altas esferas del gobierno. El ministro Méndez San Martín ejecutó su parte en la etapa inicial de persecución al clero y de ataques a la religión católica, mediante medidas preventivas que alcanzaron a la juventud estudiosa. La Policía Federal fue movilizada el 11 de junio, según queda referido, para realizar daños que horas después se comunicaron al país y al mundo como producto de una agresión católica. El 12 se atacó a los fieles frente y dentro de la iglesia catedral. Ese mismo día el jefe de policía ordenó a las comisarías seccionales que se abstuvieran de prestar ni la más pequeña protección en caso de ataque a las iglesias. El 14 del mismo mes de junio se movilizaron todos los organismos que debían realizar una tarea criminal y calumniosa. Dos empleados de Salud Pública, vinculados al vicepresidente Teisaire, transportaron en un automóvil del ministerio citado una horca de la que se hizo pender el cuerpo de un sacerdote, hecho de estopa y cubierto con vestimenta religiosa, en un local del partido oficialista de la calle Carcas. En las primeras horas del 15 fueron allanados en Buenos Aires y en el interior, parroquias, asilos, colegios, seminarios, monasterios y todos los locales en que funcionaban centros o círculos de la Acción Católica y clausuradas las sedes de la junta central, consejos femeninos y consejos de hombres. El 16 de junio se cumplió la orden de incendiar los templos de la ciudad de Buenos Aires, y otros del interior. La agresión fue realizada por diversos sectores del peronismo, y muy particularmente por las fuerzas de choque existentes en varias reparticiones públicas. En automotores oficiales los incendiarios, con los jefes de grupos a la cabeza, salieron en distintas direcciones. Los jefes de bomberos, reunidos por su director antes de que se procediera a la quema, recibieron órdenes como dos años antes en el caso de las sedes

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de los partidos políticos y del Jockey Club, de “no preocuparse mayormente por la extensión del incendio” (37), y de “dejar quemar”; “únicamente evitar la propagación del fuego a las casas vecinas” (38). La guardia de infantería y los comisarios de seccionales fueron avisados de no actuar contra el fuego. Es así como a la vista de los bomberos, los incendiarios acumularon bancos, maderas y tapices, con los cuales hicieron las pilas al pie de los altares. Cortinados y manteles se colocaron sobre los maderos cruzados, a los que se roció con nafta extraída de los camiones que la trasportaban. Los jefes de los diversos grupos disponían el desalojo de los sacristanes y del reducido número de sacerdotes omitidos en la “razzia” de religiosos dispuesta ex profeso antes de los incendios. La Curia Eclesiástica, primera en la orden de fuego, fue saqueada y totalmente destruida al promediar la tarde, siendo de señalar que los bomberos estaba frente a ella en guardia de prevención desde las 8:30 de ese día 16 de junio, es decir horas antes de que se hubiese sobrevolado la Casa de Gobierno. En la catedral fue violentado el Sagrario, quemados los confesionarios, destrozadas las imágenes, dispersadas las reliquias y destruida totalmente la sacristía. La siguieron la iglesia y convento de Santo Domingo, la Iglesia y convento de San Francisco, la capilla de San Roque, las iglesias de San Ignacio, San Juan, San Miguel Arcángel, la Merced, Nuestra Señora de Las Victorias, San Nicolás de Bari, casi todas del barrio más próximo a la plaza de Mayo y Casa de Gobierno, históricas muchas de ellas, y en particular la de Santo Domingo, por los memorables hechos producidos dentro de sus muros y en las inmediaciones. No sólo se quemaron en ellas los altares e imágenes religiosas, sino los archivos y bibliotecas, los coros con sus valiosos órganos, las celdas y dependencias interiores. En varios se violentaron las cajas de hierro y se robaron sus contenidos. Además, fueron detenidos por policías armados obispos, párrocos y sacerdotes, a quienes se trató como a delincuentes comunes. Lo mismo se hizo por orden de Borlenghi (39) y Aloé (40) con los diputados y políticos de la oposición. Al caer la noche de esa horrible jornada, se elevaron en la ciudad, oscura y triste, las hogueras que destruían sus más antiguos templos. En los hogares católicos se rezaba con profunda congoja; en muchos se lloraban a los queridos seres muertos en torno a la Casa de Gobierno, por culpa de la dictadura peronista que había desatado el odio entre argentinos. Durante varias semanas las multitudes doloridas desfilaron por los templos incendiados. Apenas podían expresar con palabras su indignación profunda. Besaban algunos las paredes destruidas, las imágenes mutiladas y caídas, los pisos destrozados. El demonio exterminador había pasado por Buenos Aires. No había que olvidarlo. Tres meses después se cumplió la promesa que ese día hicieron muchos corazones.

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Torturas, vejaciones y otros apremios ilegales A los hechos que hemos narrado debemos agregar otros igualmente odiosos y terribles: las torturas, vejaciones y otros apremios ilegales que la policía del régimen dictatorial peronista realizó sistemáticamente contra sus opositores. Algunas de las víctimas han perdido la vida; otras han sufrido lesiones graves; la moral de muchas ha sido afectada. Bastaba para el horrible tratamiento la simple sospecha de actuar en cualquier grupo de resistencia, o de encubrir a quienes estaban en ella. Lo temieron todos los detenidos por razones políticas y lo sufrieron indistintamente hombres y mujeres de los más diversos grupos sociales. No intentaremos dar todos los nombres de quienes han sido víctimas de esos delitos. Son tantos, que omitiríamos muchos. Ni siquiera podríamos mencionar a cuantos han perdido la vida, pero dos de ellos no han sido olvidados: el obrero Carlos A. Aguirre, torturado y muerto por la policía en los sótanos de la Casa de Gobierno de Tucumán, y el doctor Juan Ingalinella, a quien le cupo igual fin en la ciudad de Rosario. En ambos casos, procuraron los agentes de la dictadura ocultar y luego negar los hechos que la opinión pública tuvo por ciertos desde el primer instante; pero tan grande fue el clamor del pueblo, que acabose por saber que ambos habían sido cruelmente asesinados. Desde los castigos corporales múltiples producidos por puñetazos y puntapiés, hasta las torturas físicas realizadas mediante descarga eléctricas, con el propósito de quebrar la voluntad y arrancar declaraciones preconcebidas, desde los salivazos en la boca cuando los torturados por el peronismo, sedientos, pedían agua, hasta la arrancadura de dientes y muelas, y desde las heridas profundas con leznas preparadas adrede hasta las vejaciones en los órganos sexuales, todo lo más cobarde, repugnante y vil que la maldad y el sadismo han imaginado para dañar a los semejantes, ha sido hacho durante la dictadura peronista. En el Departamento Central y en varias seccionales, sobre todo en la 3ª, la 17ª, la 30ª y la 46ª de la ciudad de Buenos Aires, las torturas fueron particularmente crueles. Los gritos y quejas de las víctimas llegaban a veces al exterior, a pesar del cuidado que se ponía en acallarlos y disminuirlos. La 3ª estuvo instalada hasta hace poco (41) en la vieja casa que habitó Sarmiento. Inútil era que la oposición parlamentaria denunciara tales atrocidades y solicitara investigaciones. Los diputados oficialistas no creían o fingían no creer, en esos hechos. “Era el caballito de batalla de la oposición”, ha declarado Delia Degliuomini de Parodi. A pesar de ello se designó una comisión especial, pero en seguida se desvirtuaron sus fines encargándola de investigar las “actividades antiargentinas”, a raíz de una presunta conspiración tramada por ciudadanos exiliados en Montevideo. Presidida esa comisión por el diputado José Emilio Visca, nada investigó sobre las

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torturas denunciadas, y sólo se redujo a clausurar diarios y periódicos. Visca ha declarado posteriormente que “el supuesto complot no era tal, ni tenía ningún asidero, siendo por el contrario un simple pretexto para adoptar algunas medidas políticas contra la oposición” (42).

El delito de genocidio La mayor parte de los delitos narrados en este capítulo tienen un nombre internacional: genocidio. Establecido por la asamblea general de las naciones Unidas en sesión plenaria del 9 de diciembre de 1946, con el voto unánime de 56 miembros, inclusive la República Argentina fue calificado como “ultraje a la conciencia universal” y como “la negación del derecho de existencia de los grupos humanos”. Se entiende como tal –según expresa el artículo 2º de la convención respectiva“cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a) matanza de miembros del grupo; b) lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) sometimiento internacional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción total o parcial, etcétera. “Por otra parte, y como lo explica el profesor Rafael Lemkin, de la universidad de Yale, ex consejero del fiscal norteamericano en los juicios de Núremberg y gestor principal de la convención antedicha –dice el informe de la Comisión Investigadora Nº 2- también constituye genocidio, en el campo político, la destrucción de instituciones de gobierno propio; en el campo cultural, la prohibición o destrucción de instituciones o actividades culturales y la distorsión de la educación racional a fin de impedir un pensamiento humanístico, que se considera peligroso por cuanto conduce a la independencia de juicio; y en el campo religioso, la interferencia con las actividades de la Iglesia, por cuanto pudieran contribuir a condenar los actos y fines de la tiranía gobernante. “La definición contenida en el artículo 2º de la convención parece haber sido inspirada por las persecuciones de los nazis contra los judíos, pero es evidente que cuadran en ella de modo perfecto los procedimientos criminales aplicados por los estados policiales a cuantos no se someten con docilidad a los despóticos caprichos de sus autoridades; persecución, cárcel, tormentos, mutilación, confinamiento en campos de concentración, muerte, destrucción de la familia, etcétera, más la negativa sistemática a cuanto signifique libertad de cultura, de religión, de opinión, etcétera, poara los componentes del grupo indócil. “La República Argentina votó a favor de la convención mencionada pero la dictadura peronista, secundada por un parlamento complaciente y servil, nunca ratificó aquel voto ni explicó la causa de tal actitud, a pesar de haber sido planteada la respectiva cuestión

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por el diputado Nudelman. Y menos aún, jamás propició ante el Congreso nacional la sanción de leyes de prevención y de castigo que la convención estatuye”. Agrega la mencionada comisión: “Para la debida apreciación del caso que consideramos, es preciso tener en cuenta que la falta de la ratificación argentina de la citada convención internacional y la concordante ausencia en el país de la legislación punitiva y preventiva, recomendada en el artículo 5º de aquella, privan al gobierno de la Revolución Libertadora de los recursos y resortes jurídicos creados por dicho instrumento internacional”. A pesar de ello, considera la comisión que “quien abrigara las monstruosas ideas de asesinato en masa de un numeroso grupo de compatriotas y extranjeros indóciles a su despótica autoridad” y realizó “una intencionada y prolija campaña previa de profunda perturbación espiritual del país, mediante la mentira, la amenaza, la persecución, la cárcel, las torturas y el despojo, con uso y abuso de la fuerza, de la coacción y de la venalidad, que quebrantó la dignidad, destruyó la honra, estimuló la sevicia de los esbirros, anuló los derechos humanos, resquebrajó la economía general y se burló del pueblo, de su soberanía, de su buena fe, de sus tradiciones, de sus leyes, de sus creencias, de su orden social y de su moral más arraigada”, merece ser declarado incurso en el delito de genocidio. La única declaración que hasta ahora ha sido formulada contra el responsable de los gravísimos hechos de las noches del 15 de abril de 1953 y 16 de junio de 1955, que no “pudiera realizarse sin la complicidad del ex presidente, es la del Tribunal Superior de Honor, que en su fallo ha dicho: “Este Tribunal de Honor tiene la intima convicción de que en la ciudad de Buenos Aires, cuyo jefe constitucional es el presidente de la República, quien en ambas noches se encontraba en ella, no han podido realizarse tales actos sin su orden expresa, o por lo menos, sin su anuencia o su tácita aprobación. No se puede suponer que en un régimen de las características del que acaba de caer, funcionario alguno, por encumbrado que fuere, asumiera por si la iniciativa de ordenar o permitir, sin el consentimiento del presidente de la República, actos criminales de tanta trascendencia. Tampoco es admisible que de no haber mediado la orden o el beneplácito del presidente, hayan sido mantenidos en sus puestos, después de los hechos, los funcionarios a cuyo cargo directo estaban las custodias del orden público y que hayan quedado en la más absoluta impunidad quienes realizaron la parte material de los atentados”.

NOTAS: (1) “Modelo de hipocresía y simulación”, la calificó el ex vicepresidente Teisaire en su declaración pública del 4 de octubre de 1955. (2) Discurso del 1º de mayo de 1953. (3) María Luisa Zambrini (Malisa Zini), actriz argentina, nació en 1921 y falleció en 1985. Entre otras actuó en varios films: El sátiro (1970) como “Doña Rosa”; La cautiva de Alí Babá (1954) como “Matilde

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Pérez”; Los ojos llenos de amor (1954); Marido de ocasión (1952); Mujeres en sombra (1951); volver a la vida (1951); La culpa la tuvo el otro (1950) como “Nelly”; Arroz con leche (1950); Cuando besa mi marido (1950); Piantadino (1950); El extraño caso de la mujer asesinada (1949) como “Raquel”; Tierras hechizadas (inédita 1948); Cumbres de Hidalguía (1947); Nunca te diré adiós (1947); Lauracha (1946); La pródiga (1945); nuestra Natacha (1944); Las sospechas del divorcio (1943); Los hijos artificiales (1943); Ceniza al viento (1942); Corazón de Turco (1940); Huella (1940); …Y mañana serán hombres (1939) como “Ana”; Alas de mi patria (1939); Madreselva (1938); Con las alas rotas (1938); Viento Norte (1937); ¡Segundos Afuera! (1937); Fuera de la Ley (1937) como “la niñera”; Los muchachos de antes no usaban gomina (1936) como extra; Don Quijote del Altillo (1936). (Nota del transcriptor) (4) Fanny Navarro, actriz argentina, nació en 1920 y falleció el 18 de marzo de 1971. Filmografía: Desnuda en la arena (1969) como Esther; La Calesita (1963); Allá donde el viento brama (inédita 1963); Marta Ferrari (19569; El grito sagrado (1954); Deshonra (1952) como “Flora María Peralta”; Suburbio (1951); Marihuana (1950) como “Marga Quiroga”; Morir en su ley (1949) como “Natalia”; Mujeres que bailan (1949) como “Graciela Méndez”; El Capitán Pérez (1946); Dos ángeles y un pescador (1945); La suerte llama tres veces (19539; Sinfonía argentina (1942); Hogar, dulce hogar (1941) como “Lucia Vidal”; El susto que Pérez se llevó (1940); El solterón (1940); El hijo del barrio (1940); Ambición (1939); Doce mujeres (1939); Cantando llegó el amor (1938); Melodías porteñas (1937) como “Chica en fiesta”. (Nota del transcriptor). (5) Todos o casi todos formaban parte de la Casa Militar del presidente. (6) Declaración del comandante de aeronáutica Haroldo Héctor Andrés Ferrero. (7) Declaración de la señora María Luisa Subiza de Llantada en el expediente “Jockey Club s/ saqueo e incendio”. (8) Juan Ramón Duarte fue enterrado en el cementerio de la Recoleta, junto a su hermana María Eva, en un acto donde la madre de ambos Juana Ibarguren gritó a los cuatro vientos que le habían “matado a dos hijos”. (Nota del transcriptor). (9) Declaración del comisario inspector Juan Fernando Cevallo en el expediente “Casa del Pueblo s/ saqueo e incendio”, foja 74. (10) Declaraciones de los comisarios de la Dirección de Bomberos Severo Alejandro Toranzo y Alfredo Der y del subcomisario Eduardo Omar Olivera (expediente citado, fojas 272, 216 y 219, respectivamente). (11) Declaración del inspector general José Subrá 8expediente citado, fojas 65). (12) Se refiere a la U.C.R. Unión Cívica Radical. (Nota del transcriptor). (13) Declaración del inspector general José Subrá (expediente citado, fojas 65). (14) Declaración de los agentes Amadeo López, Julio Furno y César Horacio Guzman (expediente citado, fojas 29, 30 y 33). (15) Declaración del jefe de policía Miguel Gamboa (expediente “Casa del Pueblo” foja 162 y 175). (16) Declaración del comisario Ángel Luis Martín (expediente “Casa del Pueblo”, foja 35). (17) “La Gran Aldea” se refiere a la Ciudad de Buenos Aires, toma esta expresión del libro homónimo de Lucio V. López en el que el autor recrea la Buenos Aires que deja de ser aldea colonial para convertirse en la gran capital de un país pujante y que llegó a ser el séptimo del mundo hasta que la tiranía peronista lo llevó a ocupar una mediocre ubicación en la lista de las naciones.

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(18) La estimación corresponde al año 1958 aproximadamente y son pesos moneda nacional, hoy desaparecida pero, de todas formas, constituía una colección de mucho valor económico pero por sobre todo artístico. Es sabido que el peronismo y la cultura no se llevaron jamás como no se pueden llevar bien la educación y la barbarie. La horda peronista ha destruido a lo largo de la historia muchas colecciones, bibliotecas, pinacotecas, documentos, de gran valor histórico y cultural tal como se ha visto hasta ahora y se verá a continuación. (19) Declaración de la señorita Olga Ana Castaing, secretaria de Román A. Subiza (expediente Jockey Club s/ saqueo e incendio, fojas 114). (20) Declaraciones de la señora María Luisa Subiza de Llantada (expediente citado) y de su madre señora María Rioboo de Subiza (expediente “Farro de Vignoli, Norma Elida s/ presunta infracción de la ley penal”. (21) Declaración del ex presidente del Jockey Club, doctor Urbano de Iriondo (expediente “Jockey Club”, fojas 23). (22) Durante el incendio muchos libros no se quemaron gracias a su compacta ubicación en las estanterías. (Nota del Transcriptor). (23) Declaración de gamboa (expediente “Jockey Club”) (24) En la actualidad dicho solar lo ocupa la “Galería Jardín”. (Nota del Transcriptor). (25) Declaración de Gamboa (expediente “Casa del Pueblo”, ya citado, fojas 164). (26) Declaración de la señora Zoe Martínez (expediente “Jockey Club”, ya citado). (27) Tal como actualmente sucede con el gobierno peronista de Néstor Carlos Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner en donde un grupo se infiltra en la multitud para generar caos y disturbios. (Nota del Transcriptor). (28) Declaraciones de Martín y Torazo (expediente “Quema de la bandera”). (29) Recordamos que después de la incautación por el gobierno, “La Prensa”, había sido entregada a la CGT peronista. Los atacantes pertenecían a los grupos de choque de la dictadura peronista; sus desmanes debían ser atribuidos a los católicos, con quienes andaban mezclados esa tarde. (30) “Perón me llamó a una hora que podía ser, calculo, las diez de la noche. Me preguntó qué novedades había con respecto a la marcha de la columna y si tenía conocimiento de si se habían producido algunas manchas en las embajadas. Le dije que no. Me expresó que tenía que saberlo porque era importante y que ne iba a hablar el mayor Cialceta. Me llamó éste y me dijo que inmediatamente había que verificar si se habían realizado una serie de episodios de manchas de bleque. Agregó que era posible que se encuentren algunos frentes manchados: “donde no lo estén se puede manchar un poquito, Total una mancha no hace nada. Nosotros necesitamos tener la documentación de esos hechos hoy mismo”. El ministro Borlenghi me preguntó que noticias tenia de los daños provocados y me dijo que “donde no hay manchas se pueden hacer, pero hay que andar rápido porque tenemos urgencia”. El subcomisario del Ministerio del Interior, Krislavin, me habló dos veces para preguntarme qué noticias teníamos con respecto a esas cosas y me dijo que existían lugares que estaban manchados y otros que se podían manchar aunque no lo estuvieran, porque una mancha más no hacía nada. También me dijo que llamara a los muchachos del Político para que fueran a verificarlo o llamaran a la policía de seguridad, y ya saben –agregó-, una mancha más no es nada. Puede llamar la gente que ayude allí” (Declaración de Gamboa en expediente “Incendio de templos”, fojas 288 y siguientes).

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(31) Vuelto a la Residencia, Renzi oyó a Méndez San Martín que decía: “Mañana van a agarrarse la cabeza los curas”. (Declaración de Atilio Renzi ante la Comisión Investigadora Nº 7). (32) De las pintadas y quema de la bandera que ordenara Perón y ejecutara, entre otros, el mismo Borlenghi. (Nota del Transcriptor). (33) Declaración del jefe de policía Miguel Gamboa, expediente “Incendio de templos”, fojas 516. (34) Declaración del jefe de Orden Político comisario Camilo Aníbal Racana, en el mismo expediente a fojas 516. (35) “Osservatore Romano”, junio 16 de 1955 (36) A tal punto que Winston Churchill llegó a decir: “Perón es el único soldado que ha quemado su bandera y el único católico que ha quemado sus iglesias". (37) Declaración del comisario Alfredo Der (expediente “Incendio de Templos”, fojas 59). (38) Declaración de Rómulo Alberto Pérez Algaba, del cuerpo de bomberos (expediente citado, fojas 432). (39) Declasración del ex jefe de policía, Miguel Gamboa en expediente “Degliuomini de Parodi, Delia s/ investigación general, fojas 234. (40) Declaración del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Vicente Carlos Aloé, en el mismo expediente, fojas 242. No hizo excepción con los legisladores, porque a su juicio “el estado de sitio suspende las inmunidades legislativas”. (41) Hacia 1958. (Nota del Transcriptor). (42) Declaraciones del ex diputado peronista José Emilio Visca, en expediente “Degliuomini de Parodi, Delia s/ investigación general., fojas 238.

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DIFUSIÓN DEL PERONISMO EN EL EXTERIOR La propaganda del “justicialismo” En uno de los artículos que el dictador Juan Domingo Perón publicó en 1951 en el diario “Democracia” con el seudónimo de “Descartes”, se ha referido al “empleo perturbador de la inteligencia al servicio de la mala fe internacional”, que “ha creado en las relaciones internacionales de los países un estado latente de guerra sórdida y solapada”. A fin de contrarrestar esta acción se estableció, a mediados de ese año, la Subsecretaría de Difusión en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a cuyo frente se puso al comodoro Arturo Pons Bedoya, con la finalidad aparente, expresada en una de los “considerandos”, de “propender al mejor conocimiento de los valores de la argentinidad, difundir los principios de la cultura universalista, contribuir al respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales del hombre”, pero, en realidad, con el fin señalado en el artículo 2º, que dice: “En particular le concierne a la misma la difusión de la doctrina justicialista.” Conocida es la inquietud que en algunos países vecinos produjeron los intentos de penetración peronista. En uno de ellos, Chile, funcionó una comisión investigadora de esas actividades; en otros se sospechó el apoyo demasiado efectivo de Perón a ciertas candidaturas presidenciales. No nos detendremos en esos aspectos. Chile ha publicado algunos documentos interesantes sobre el particular y su prensa ha juzgado a los políticos de uno y otro lado de los Andes que en tales hechos tuvieron participación. En los demás países ha sucedido poco más o menos lo mismo. En este capítulo nos referiremos solamente a la infiltración del peronismo mediante la propaganda y las organizaciones obreras dirigidas por la dictadura argentina. “El principal instrumento de esa nueva fase de la acción –expresa la memoria de la Comisión Investigadora en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (1)- era la unidad básica que funcionaba en la sede de cada una de las representaciones diplomáticas en el exterior y que, como la define la propia subsecretaría, “es un sindicato intelectual y de trabajo, con un ejecutivo a su frente al cual, por razones obvias, se subordinan todos los restantes que lo constituyen”. La integraban los respectivos funcionarios técnicos, agregados de prensa y obrero y radio operador, quienes además de las instrucciones emanadas de la cancillería, las recibían de la CGT y sus organismos. “Actuaba, además, una vasta organización subsidiaria que, mediante todos los recursos y medios de la publicidad, servía claramente al fin de la penetración. De ella formaban parte la Agencia Latina de Noticias, las publicaciones subvencionadas, el Servicio Internacional Radiofónico Argentino (SIRA) y las delegaciones de la CGT, ATLAS, etcétera.

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“La Agencia Latina de Noticias (AL) se había constituido como sociedad anónima en Rio de Janeiro, en 1949, en torno a un notorio agente de la dictadura peronista. Dos años después cayó en la órbita de la Subsecretaría, pasando la mitad de sus acciones a uno de los jerarcas del régimen peronista. Su objeto, como se expresa en la directiva de operaciones Nº 3, consistía en “penetrar en los órganos y las radiodifusoras para su utilización a los fines de la Subsecretaría”. “Cumple su misión –agrega la memoria referida- mediante corresponsalías y agencias en todo el continente, realizando el tráfico de noticias falsas, tendenciosas, deformadas, que juega a favor o en contra de determinadas situaciones locales o internacionales, según los intereses del momento y las instrucciones que recibe a través de la Dirección General de Planificación y Asesoría. Su fuente noticiosa la constituye el “Boletín Radiotelegráfico”, del que recibe dos transmisiones diarias.

“La Agencia, establece la circular reservada Nº 2/1952, se comunicará normalmente por la vía cablegráfica ordinaria, pero “Cuando ese medio resulte inseguro o inconveniente, los textos respectivos se transmitirán por cable cifrado de la representación diplomática argentina”. “El Servicio Internacional Radiofónico Argentino (ISIRA), dependiente de la Subsecretaría, orienta y realiza la acción radial “por medio de audiciones tipo” en castellano, inglés, francés, italiano, alemán y sueco.” La principal de las publicaciones subvencionadas –“Verdad”- se concibió y actuó “como arma formidable de propaganda argentinoperonista, como órgano periodístico de agitación, penetración y choque en el exterior”. “Todos estos componentes de la disociadora organización subsidiaria simulaban ser ajenos entre si y de movían necesariamente en el plano de lo subrepticio, la intriga y el fraude. “Los elementos materiales de la acción de la Subsecretaría, en la que concierne a publicaciones, abarcaron desde el libro que pretende ser doctrina, hasta la literatura de agresión destinada a la doble finalidad de agitación y penetración. “Esta última comprendía una infinita gama de medios y tonos: el libro, estudiadamente preparado para impresionar por su objetividad y sorprender así la buena fe de los lectores; el opúsculo o folleto que, explotando determinados hachos o situaciones desafortunadas, agrede y ultraja; el libelo o el anónimo que, desaprensivamente, difama y destruye. El material impreso por orden de la Subsecretaría en forma de libro o folleto confirma la distribución precedente. En efecto, por una parte se realiza la propaganda del régimen peronista y la glorificación de su creador, con una literatura que pretende ser meramente informativa, mientras que por la otra se desata una campaña impresa de franca hostilidad y agresión a países con los que Argentina mantiene relaciones

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amistosas. Este tipo de libro tiende a todas las capas de la sociedad y aún por medio de gráficos y dibujos a los sectores más atrasados de la población. “Al tercer grupo pertenecen los sueltos fabricados en la Secretaría de Difusión con los elementos periodísticos remitidos por sus agentes en el exterior. Las unidades básicas (2), en distintos países, elaboraban con esas matrices notas y comentarios sobre hechos o episodios ocasionales, siempre ingratos y, generalmente, adaptándolos al ambiente local y al momento psicológico, de tal manera que, aunque dispares en forma, todos tenían simultáneamente un leit motiv común que traducía un complejo de resentimientos, alentando siempre un sentimiento de encono y de venganza. “En otros órdenes, el conjunto de los elementos y recursos de que se echaba mano constituye un capítulo indigno en el que se conjugan, con matices sádicos y mórbidos, el espionaje, el soborno, la delación, la dádiva. La intriga, para explotar la credulidad, la debilidad y las fallas humanas, utilizando a ciudadanos de ortos países como medios en la prosecución del fin inconfesable que se proponían. “La directiva número 5 ordenaba: “circular cartas anónimas”, “organizar campañas de rumores que tomen por blanco a autoridades locales norteamericanas y sus respectivas actividades, desprestigiándolas por todo los medios, aún los de apariencia más deleznable”, “oponer intereses de unos a otros”. “despertar recelos y envidias”, “suscitar el temor por la permanencia de beneficios”, “inventar negociados e indignidades”, etcétera. “Nada inhibía o repugnaba a la Secretaría. Ni el desprestigio de la reacción contra el país, ni la bajeza de la acción, ni uno de los frenos morales que contienen o limitan aún a los más desaprensivos, ni las consecuencias materiales, ni el temor al ridículo. “Agitando abiertamente las banderas del imperialismo y del capitalismo con que se identificaba de manera exclusiva a Estados Unidos., sobre el que se deseaba polarizar el odio, se creaba un espíritu de rebelión contra todo lo que –real o imaginario- se opusiera a sus falsos dogmas, a su mentido “humanismo”. “Encubiertamente, comprando la voluntad de los venales, ganándose la adhesión o la gratitud de los necesitados, comprometiendo la complicidad en intereses electorales de grupos políticos, afines o no, pero siempre substancialmente antidemocráticos, se obtenían, en el propio país, los elementos indirectos de la penetración. “Asombra que en este cuadro, que en algún momento pudo impresionar por las proyecciones de su aberrante concepción, cupiera, en plena vigencia del plan Marshall, la idea de distribuir ropas de la Fundación a los menesterosos de Washington. “El medio ambiente, en todo este plan, impuso las características y los alcances de la acción.

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En los países limítrofes, donde se pretendía imponer su programa definido de implicancias políticas, la técnica, los recursos y la intensidad del esfuerzo se fueron adecuando y adaptando a las alternativas cambiantes y a las exigencias de la finalidad propuesta. Así, en Chile, Bolivia, Brasil, Uruguay, Paraguay. En los países donde existían fermentos sociales, es decir, en aquellos con preponderantes poblaciones indígenas y agudos problemas económicos, la directiva de la circular Nº 5 hallaron campo propicio para su cruda aplicación. El espejismo del justicialismo ofreció una falsa esperanza a sus legítimos anhelos de mejoramiento. “En Estados Unidos, considerado eufemísticamente “Zona de exploración”, la acción oficial de propaganda se limitaba a la “difusión del material informativo”. La persistencia y la profusión de la campaña y el propio material –que se distribuía especialmente en las universidades, colegios, institutos de especialización, etcétera-, se consideraban y estudiaban, como manifestaciones de una nueva y confusa forma de totalitarismo híbrido, sin futuro, de estado policial sólo posible, en su modalidad, el Latinoamérica. “Del otro lado del continente, la acción se concretó primeramente en España e Italia a favor de la miseria de la posguerra y el mayor esfuerzo se hizo con la visita –que tanto costó al país- de la difunta consorte (3); más tarde, en Siria, por causas distintas. La enorme cantidad de material impreso, lastimosamente inadecuado a la cultura europea, no salió de los sótanos de las representaciones diplomáticas-consulares. “Donde la acción de propaganda fue más inoperante pero quizás más lesiva para la tradición de seriedad del país, ha sido en el seno de los organismos internacionales. Allí, las delegaciones del régimen, con frecuencia ajenas a los problemas y diferendos sometidos a su consideración, brillaban por su ausencia en los debates de las comisiones. Pero si cobraban relieves espectaculares en las sesiones públicas, especialmente las plenarias, para hacer a destiempo, sin tasa ni medida, el panegírico de las doctrinas y “realizaciones justicialistas” que ofrecían como fórmulas de salvación a los demás países concurrentes. “¿Cuánto costó al país este grotesco calco de los ministerios de propaganda de los países totalitarios? En la medida en que a esta Comisión le ha sido posible determinarlo, el presupuesto visible de la Subsecretaría de Difusión, por los años 1952 y 1953, exclusive de los cuantiosos gastos por igual concepto, directos e indirectos, visibles e invisibles del Ministerio de Relaciones Exteriores como tal de los organismos conexos, de las organizaciones subsidiarias de prensa y de la CGT, ascienden a m$n. 150.918.019.- Esta cifra incluye, para no citar sino algunos rubros, m$n. 11.000.000.para comunicaciones; m$n. 27.000.000 gastos reservados y 70.000.000 de pesos moneda nacional en propaganda y publicidad. Solo la elocuencia de las cifras puede dar una idea de la falta de equilibrio y sentido de responsabilidad de quienes manejaban esos fondos. Tres de los más inofensivos y menos costosos folletos –los que llevan por título “Policlínico Presidente Perón”, “La Casa de la Empleada” y “Hogar para

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Ancianos”- impresos en un total de 255.000 ejemplares -85.000 de cada uno- contaron al país m$n. 1.800.000.- ¿Cuál fue el destino final de esa valiosa propaganda? Contra toda lógica, la destrucción en su mayor parte. En el exterior destrucción cuando por su tono, provocaba indignada reacción a sus destinatarios; destrucción cuando por su inutilidad ocupaba lugar en las embajadas; destrucción en las aduanas al término de larga espera, sin que la retiraran; y finalmente, en los mismos depósitos de la Subsecretaría, destrucción. Aún hoy (4) esperan el mismo fin dos millones y medio de ejemplares. “El mantenimiento de la Agencia Latina costó anualmente 214.572 dólares para las agencias del exterior y 2.581.800 pesos moneda nacional para la pretendida sucursal de Buenos Aires. “Su liquidación repentina exigió los siguientes desembolsos: dólares 35.100; cruzeiros 609.800; o$u. 16.000; m$n 822.730. Todo ello con la agravante de que la conversión de las divisas se hizo al cambio preferencial, en un momento en que faltaban para satisfacer necesidades primordiales. “La forma en que se invirtió y administró esa impresionante cifra, el oscuro manejo de los fondos reservados, contabilizados –para no dar sino dos ejemplos- fue de la manera siguiente: “Entregado al señor subsecretario dólares 19.000 con destino a ESP”; “Entregados al secretario general 47.000 dólares, sin otro comprobante de inversión”, “por no haber sido posible conseguirlos”; simples vales o declaraciones juradas tratándose en algún caso de “2 máquinas de escribir y útiles de escritorio”, son sobradamente indicativos de la discrecionalidad en la aplicación de fondos públicos. “¿Cuáles fueron los resultados de la acción internacional de esta penosa creación de la dictadura peronista? “Las actividades de difusión en este país –dice uno de los diplomáticos del régimen que intervino en ella- contribuyeron a la intensificación de la campaña periodística a nuestros intereses”. Luego agrega: “ellas despiertan un sentimiento de encono aun en los sectores del pueblo que demuestran simpatía hacia nuestro gobierno”. “Otro jefe de misión, transcribe textualmente las expresiones vertidas en un acto público por un colega de América sobre “la ola de material impreso que se ha vaciado sobre Chile”. “Todos sabemos –precisa- que este material no tiene su inspiración o su origen en Chile, ya que no es otra cosa que una importación de nuestros enemigos. Es un obsequio que hace a Chile desde afuera y por mucho que se le examine no conduce a satisfacer las necesidades del país, a levantar plantas de acero, o contribuir al bienestar general.” “Otro señala “que mucha de la propaganda impresa contradice quizás en forma evidente los sentimientos políticos de las personas a quienes sería destinada”.

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“Y así los propios agentes encargados de la ejecución de las directivas contenidas en las circulares citadas más arriba y otras de tenor análogo, en una serie de informes que integran un legajo de centenares de páginas. Tal era el fracaso. “pero si se hubiera reducido a ello el daño se habría limitado al inútil despilfarro de los dineros públicos en una mala empresa frustrada para bien El verdadero fracaso, el daño real silenciado por los agentes materiales de la acción consistió en que el régimen peronista, en sus espurias maniobras de hostilidad divisionista, en su embozado intervencionismo para levantar los pueblos hermanos contra el orden constituido a expensas de la libertad, traficando con el hambre y el analfabetismo, comprometió la tradición invariable de moralidad internacional del país y lo rodeó de recelos y lo colmó de oprobio. “Agrava, si cabe, esa acción, el hecho de que el angustioso anhelo de convivencia pacífica había llevado en ls posguerra a los pueblos de América a concretar en instrumentos jurídicos internacionales –de los que la Argentina es parte- la proscripción y represión, no solamente de la agresión armada, sino de todas las otras formas de agresión: “Los Estados americanos procuran, por todos los medios a su alcance, difundir los ideales pacíficos y el principio de respeto que mutuamente se deben y reprimirán toda actividad o propaganda que directa o indirectamente tienda a sembrar el odio o la separación entre sus respectivos pueblos” (artículo 1º, resolución XLIII, Chapultepec, 1945). “Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente a la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de “injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen” (Artículo 15 de la Carta de los Estados Americanos, Bogotá. 1948). “Violando sistemáticamente esos instrumentos que definen el sistema de penetración indirecta con fines de perturbación y de agresión ideológica y quebrantando por todos los medios las normas de la decencia internacional, el gobierno depuesto se identificó plenamente en la conciencia mundial con las peores prácticas de las potencias agresoras. “El mandatario depuesto (5) hizo anticipadamente su propio enjuiciamiento y definió con rara exactitud para estigmatizarlo, el género de acción en que estaba empeñado: “La preparación de la opinión pública de un país soberano –expresa en 1951 bajo el seudónimo de “Descartes”, (6) el inspirador de la política de agresión ideológica-, es parte de la soberanía que ejerce el gobierno y no puede cederla al extranjero sin verse incurso en el delito de alta traición.” “Toda interferencia foránea presupone un acto desleal y de hostilidad inadmisible, aunque se trate de salvar las formas, disfrazando tal intervención con la libertad de prensa o de las fuentes de información, con empresas comerciales, con agregados al servicio diplomático u otros engaños semejantes” “No se borra el fondo de una ofensa con el acicalamiento de la forma.”

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“Meses después agregaba: “La responsabilidad en esos casos no recae en tales irresponsabilidades, sino en el país y en el gobierno que los dirige.” “los pueblos no olvidan nunca semejantes atropellos y tales afrentas a la dignidad nacional, que constituyen motivo de odios justificados y permanentes.” “En esto, como en todas las cosas de la vida, los que proceden mal sucumben víctimas de su propio mal procedimiento.” “Ni el mandatario derrocado ni los ejecutores directos, según se ve, pueden invocar como atenuante el desconocimiento de las nefastas consecuencias que su acción ocasionó al país.”

La Agrupación de trabajadores Latino Americanos Sindicales (ATLAS) A fines de 1951 se realizó en Méjico, con asistencia de catorce países americanos, una conferencia obrera internacional que proyectó crear una entidad que contrarrestara en nuestro continente la influencia de la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL), dirigida por el licenciado Vicente Lombardo Toledano y afiliada a la Federación Sindical Mundial con sede en Praga, Checoslovaquia. De aquella conferencia se originó la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT), con sede en Méjico, a la cual se afilió la American Labour Fedetation (Federación Americana del Trabajo AFL), que a su vez integró la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), fundada en 1949 y establecida en Bruselas. Los delegados obreros argentinos ante la referida Conferencia de Méjico –entre los cuales estaban los mayores jerarcas de la CGT- plantearon en seguida la constitución de otra central obrera americana, con fin de difundir en el continente la “doctrina justicialista” a otros dirigentes y seudos dirigentes uruguayos y paraguayos y acordaron realizar una conferencia internacional en Asunción, para llegar más tarde a la formación de una central obrera que cumpliera el propósito de la hegemonía continental justicialista. A principios del año siguiente se efectuó esa conferencia con gran ayuda del gobierno argentino y bastante del paraguayo. Concurrieron a ella 133 delegados que decían representar a 19 países latinoamericanos. Desde Buenos Aires se enviaron máquinas, aparatos de radio, artículos eléctricos, personal, etcétera, proporcionados por la CGT. En esta organización se cumplieron directivas y órdenes de Perón. De la Primera Conferencia Sindical de la Cuenca del Plata, como se denominó a esa reunión, se originó el Comité de Unidad Sindical Latinoamericana (CUSLA), con el propósito de “sostener la justicia social, la independencia económica y la independencia política”, vale decir la “doctrina” peronista. Al advertir esta tendencia, la Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT) hizo pública una declaración en la que expresó que

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“el justicialismo argentino, practicado pura y exclusivamente en la Argentina, no debía traspasar los límites de la frontera nacional por ser considerado un imperialismo”. En seguida CUSLA se dedicó a la formación de la central obrera continental. Luego de destacar emisarios en los países de América, preparó el ambiente para la realización de una conferencia en la ciudad de Méjico en noviembre de 1952. A ella concurrieron 131 delegados que decían representar a 14 países. No concurrieron Paraguay, Haití, República Dominicana, Ecuador, Venezuela, Brasil y Bolivia. La delegación argentina estaba dirigida por José G. Espejo, miembro del consejo directivo de la CGT, secretario general del CUSLA y representante del sindicato de la alimentación. De esa conferencia de Méjico nació la Agrupación de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalistas (ATLAS), cesando el CUSLA. En enero de 1953 se reunió por primera vez en Buenos Aires el comité ejecutivo de ATLAS. Anunció Espejo en ese acto que era deseo del mismo llevar la “justicia social” a todos los pueblos de América. Los diarios argentinos destacaron el hacho, especialmente “La Prensa” entregada a la CGT. Se crearon comités nacionales o delegaciones en los países adheridos: Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Haití, Méjico, Nicaragua, Panamá, Perú y Puerto Rico; y delegaciones en Guatemala, Honduras, Paraguay y Venezuela. A los primeros se agregó Brasil a comienzos de 1955. No se formó nada en Bolivia, Uruguay y República Dominicana. Luego, se logró una afiliación “moral” del dirigente máximo de la Federación de Obreros Gráficos Canadienses, a lo que se dio amplia publicidad, desnaturalizando el acto, para hacer creer que ese país había entrado en la organización ATLAS. Los componentes de los comités nacionales eran elegidos a veces por las entidades sindicales de cada país, y en otras ocasiones desde Buenos Aires, directamente. Las delegaciones eran ejercidas por representantes, elegidos también en esta ciudad. El nacimiento y expansión de ATLAS eran temidos por los organismos sindicales libres, ya que bajo la apariencia de loables enunciados se proponía la difusión del peronismo en este continente. Los agregados obreros en la embajada argentina tuvieron la misión de captar a las entidades de trabajadores de cada país de América. Los gobiernos de algunos de éstos vigilaban la pretensión peronista en los medios sindicales. Los fondos manejados por la agrupación provenían exclusivamente de la CGT argentina, y totalizaron $ 4.235.000.- moneda nacional provenientes de la Empresa Periodística Argentina (EPASA), editora de “La Prensa” sometida. Solo en una ocasión, la Conferencia Regional Obrera Mexicana (CROM) aportó $ 50.000 mejicanos para los gastos del congreso en ese país, cantidad de que no se hizo uso y quedo íntegramente a disposición de la entidad mencionada. En el extranjero los fondos para difusión del

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ATLAS provenían de las embajadas de nuestro país, por medio de sus agregados obreros. La propaganda de toda clase era remitida por valija diplomática, para facilitar su entrada en los países americanos. Lo mismo se hacía con los pagos y sueldos de dirigentes en el extranjero, quienes con loas al régimen peronista no cesaban de pedir ayuda económica. Se ha dicho por parte de sus dirigentes que ATLAS representó a dieciocho millones de afiliados, obreros de América latina. De la investigación realizada resulta que sólo la Argentina pudo considerarse adherida con 2.333.333 obreros cotizantes de la CGT y no 6.000.000 como aseguraban sus dirigentes. De Bolivia no hubo adhesión verdadera, puesto que la Central Obrera Boliviana (COB), que agrupa a la totalidad de los sindicatos, no podía adherirse a ningún organismo internacional. Lo mismo aconteció con Brasil por parecidas razones. En Canadá los obreros se mostraron cautelosos porque presumían que ATLAS estaba dominada por el dictador argentino Juan Domingo Perón. Algo logró de Colombia, donde el gobierno fue indiferente a la formación de esa entidad y pudo el agregado obrero argentino obrar libremente. Su base fue la Confederación de Trabajadores (CNT), considerada como anticatólica. La Confederación Nacional de trabajadores de Costa Rica, se adhirió a ATLAS con 1.600 afiliados. Su fuerza es escasa. En Cuba (7) se logró la adhesión de unos cuantos dirigentes activos, a quienes se enviaban fondos desde buenos Aires. Uno de aquellos formó el Partido nacional Justicialista y publicó un manifiesto de adhesión a Perón preconizando la unión de los pueblos latinoamericanos bajo la bandera del justicialismo. Cuba ha sido foco peronista en el Caribe. Sus leyes acogen todo lo extranjero y de tal libertad se aprovecharon los peronistas. Pretendieron imponer la idea foránea y tal vez lo hubiesen logrado si a ella no se hubiese resistido la mayoría de los trabajadores de la isla. Intensa fue la actividad del peronismo en Chile donde la subvención peronista fue abundante. Se creó con doble intensión un Comité de Acción de Defensa de la Economía Popular, organismo dirigido por los sindicatos de ATLAS con evidentes fines políticos. Cuando sus dirigentes no respondían a las instrucciones impartidas desde Buenos Aires, se les reemplazaba de inmediato. Uno de ellos declaró que se le había sugerido hacer espionaje peronista en contra de su patria. Como en todos los países, la embajada argentina prestó gran ayuda a esa infiltración. Se crearon varios periódicos y revistas para la propaganda peronista, tales como “Confederación”, “Basta” y “Justicia Vista”. En Ecuador, ATLAS tiene un comité nacional sin personería jurídica, desconocida por el gobierno y sin importancia en el campo sindical.

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En El Salvador funcionaba clandestinamente un comité de ATLAS, pues la constitución no permite la existencia de organizaciones extranjeras de ese carácter. No consiguió “entrar” en las masas obreras. La introducción del peronismo en Guatemala fue considerable. A tal punto llegó que, cuando en 1954 aviones de la fuerza aérea argentina fueron en busca de un grupo de obreros que habían apoyado al presidente depuesto Arbenz, se creyó que se trataba de una invasión de Perón. En Haití hubo bastante penetración, gracias a la indiferencia del gobierno. Hasta llegó a establecerse una Fundación Madame Paul E. Magloire, a ejemplo de la ex fundación (8) de nuestro país, y como aquí se usó el nombre de la esposa del entonces presidente. En Honduras el movimiento “pro Perón” no tuvo ninguna importancia. Al constituirse en Méjico el comité de ATLAS, se rindió homenaje a Eva Perón, considerándola más grande que Isabel la Católica y comparándola con Jesús de Nazareth. No pudo sin embargo adquirir ascendiente sobre los trabajadores. Poco es, asimismo, lo que ATLAS obtuvo en Nicaragua, aunque la Confederación General de Trabajadores, con 15.000 afiliados, se adhirió a ella. En Panamá se desconfiaba de esa entidad por considerarla al servicio de uno de los tantos imperialismos. No obstante haber sido Paraguay sede del congreso obrero de Asunción en febrero de 1952, no hubo allá comité nacional de ATLAS, sino un simple representante a quien se envió dinero desde Buenos Aires. Nunca llegó este a lograr algo efectivo, pues hubo seria resistencia, aunque la infiltración peronista se hizo en otros círculos y sectores, facilitada por la vecindad de ambas naciones. En Perú se afiliaron a ATLAS cuatro federaciones y 17 sindicatos, mencionándose como 7.600 adherentes. Al gobierno le resultó indiferente la actuación de aquella por su poca envergadura. Los portorriqueños no llegaron a constituir una célula peronista fuerte, si bien hubo algunos dirigentes entusiastas. En la República Dominicana, fue nula la infiltración peronista. En el Uruguay los organizadores del ATLAS debieron actuar en semiclandestinidad. Para lograr infiltraciones en el campo gremial, los agregados obreros crearon la Casa Argentina. Mucho dinero se mando a seudodirigentes sindicales, que nunca fueron más que simples obreros con pretensiones de encaramarse en posiciones públicas, al extremo que fundaron una especie de partido político denominado Movimiento Nacional Revolucionario La Escoba, con un periódico así llamado, que hacía propaganda contra el gobierno y a favor de Perón. Se sabe que los elementos adictos a ATLAS sólo

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alcanzaban a unos 24.000 afiliados, teniendo las organizaciones adversarias unos 150.000 adherentes. De cualquier modo, Uruguay fue el país donde más intensamente se efectuaron los trabajos de penetración. En Venezuela no logró nada, aunque en ella actuaron elementos decididos. El minucioso informe presentado por el interventor en ATLAS, del cual hemos tomado los datos precedentes, termina diciendo que en el exterior se afiliaron a ATLAS 2.358.000 obreros, “siendo generosos en las cifras”, aunque sus dirigentes afirmaban que alcanzaban a 18.000.000, lo que era un disparatado bluff. También sus dirigentes en el extranjero son de poca representación, en su gran mayoría. Si alguno tiene más importancia, la debe a su actividad política más que a la sindical. Todos fueron servidores pagos del régimen peronista, mancomunados para desquiciar y destruir los movimientos democráticos de los países de América. Como conclusión expresa el referido informe: “Todos los regímenes totalitarios de estos últimos tiempos en el mundo, han proyectado e intentado proyectar fuera de sus fronteras nacionales, su pensamiento y su conducta desquiciante, con el propósito de extender su dominación económica, social y política, sobre aquellos pueblos que ellos consideran atrasados o menos evolucionados, y a los cuales, mediante una propaganda engañosa y taimada, pretenden hacer creer que son los abanderados de ideales que a esos pueblos les son caros. Y como en este siglo XX todas las corrientes de opinión política totalitaria han puesto el acento sobre la cuestión social, en la intención de captar a la clase obrera para hacerle servir a sus planes reaccionarios e imperialistas, esa propaganda intencionada está dirigida fundamentalmente al sector del pueblo constituido por los trabajadores. El peronismo, como brote de ese tipo en nuestro medio, no podía constituir excepción a la regla. En efecto, no conforme con estafar a la masa obrera argentina en sus más caras y legítimas aspiraciones y respondiendo a esa intención imperialista que constituye la esencia de toda la corriente totalitaria, puso la mirada y sus garras sobre las masas obreras de Latinoamérica. “Para cumplir ese propósito, creó dos instrumentos de penetración que actuaban complementariamente: los agregados obreros a las embajadas argentinas acreditadas ante los países hermanos del continente y ATLAS. Este último nació por decisión exclusiva del dictador Juan Domingo Perón, sin intervención inicial de ninguna organización de trabajadores de los países de América latina. Apenas excluida la CGT de los congresos obreros internacionales en razón de ser un apéndice político de la tiranía en argentina, y carecer de autonomía e independencia como central sindical, y dejada de lado deliberadamente en oportunidad de constituirse CIOSL, que agrupa a las organizaciones de trabajadores de los países democráticos del mundo, los jerarcas de la CGT recibieron la orden de la dictadura peronista de constituirse en central sindical latinoamericana y cumplir dos objetivos inconfesados: 1) Exportar por vía sindical las ideas y propósitos de hegemonía o dominación económica, social y política, y 2) Oponerse a la ORIT (Organización Regional Interamericana de Trabajadores), filial del

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CIOSL para este trabajo en las masas obreras, y que prepara las condiciones que posibilitan su emancipación, mediante el esclarecimiento de su conciencia sindical y de clase. “ATLAS se integró con la CGT argentina y con algunos sindicatos cuyos dirigentes, de poca monta, eran conocidos en el ambiente obrero americano por sus ideas antidemocráticas. Los jerarcas de ATLAS se convirtieron en servidores pagos del régimen peronista, para desquiciar y destruir las bases de los movimientos gremiales democráticos de sus respectivos países. Recibían y difundían la propaganda que en cantidades les remitía personalmente la CGT; la oficina de prensa y propaganda del régimen peronista depuesto (Subsecretaría de Difusión) y ATLAS Central. Fomentaban, alimentaban y financiaban conflictos gremiales, creados artificialmente para provocar dificultades a los gobiernos democráticos y antiperonistas de Latinoamérica, como se puede probar. “Realizaban una sistemática campaña de intriga en el campo sindical del continente. Recurrían a maniobras de todo tipo para impedir que la ORIT se expandiera y comprendiese a todas las organizaciones obreras de Iberoamérica, haciendo creer a los trabajadores poco informados que dicha central estaba al servicio y era inspirada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, con lo que servían también los planes comunistas, a quienes también decían combatir. Agitaban, por fin, frases hachas, tratando de desunir a los pueblos o gobiernos que no se avenían a someterse a la degradante tutela del imperialismo peronista.”

NOTAS: (1) Se trata de la Comisión Investigadora Nº 45. (Nota del Transcriptor) (2) “Unidad Básica” es el nombre que el Partido peronista –hoy “Partido Justicialista”- da a sus locales partidarios. (Nota del Transcriptor). (3) Se trata de la “Señora”, María Eva Ibarguren (Duarte) de Perón. (Nota del Transcriptor). (4) Hacia el año 1958. (Nota del Transcriptor). (5) Juan Domingo Perón. (Nota del Transcriptor). (6) Con este seudónimo, apodo o Nick; Juan Domingo Perón publicó durante su tiranía en el diario “Democracia” una serie de notas que suman más de 150. (Nota del Transcriptor). (7) Recordamos que es la Cuba anterior al régimen castrista y su tiranía comunista. Nos referimos a tiempos anteriores al año 1955. (Nota del Transcriptor). (8) “Eva Perón”. (Nota del Transcriptor).

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ANEXOS

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Nota De Perón para el Dr. Subiza

Para el Dr. Subiza Preparar la secretaria política para accionar política y económicamente:

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-Políticos enemigos. Pedirle a Sadi la lista de los mismos de que habló y hacer una lista completa con sus bienes para traerla. - Lo mismo para comerciantes enemigos - Lo mismo para empresas enemigas - Lo mismo para entidades extranjeras enemigas - Lo mismo para diarios, revistas, papel diario, etc. Ej. Casa Iturrat terminala cuanto antes.Ej. Extranjeros enemigos o indeseables, preparar su represión y economía (no se entiende bien). Ej. Al jefe de policía pedirle los nombres de los que anden en actividades contrarias para hacer lo mismo. Ej.- Quizá preparar equipos especializados para actuar eficazmente en cada caso.-

En conclusión: seguir con la política pero dedicar la máxima actividad a la persecución implacable de los adversarios por todos los medios en contestación a los que ellos hacen y han hecho.-

¡Al enemigo, ni justicia! ===============

DECLARO DE LA ESCRITURA QUE ANTECEDE DEBE CONSIDERARSE, PERICIAL MENT COMO TRAZADA DE PUÑO Y LETRA POR JUAN DOMINGO PERÓN, DE ACUERDO AL TEXTO DE LA PERICIA LETRA P.Nº3 (Firma del perito)

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DISCURSO DEL DICTADOR, PRONUNCIADO EL 31 DE AGOSTO DE 1955 (Transcripción completa y literal)

Compañeras y compañeros: He querido llegar hasta este balcón, ya para nosotros tan memorable, para dirigirles la palabra en un momento de la vida pública y de mi vida, tan trascendental y tan importante, porque quiero de viva voz llegar al corazón de cada uno de los argentinos que me escuchan. Nosotros representamos un movimiento nacional cuyos objetivos son bien claros y cuyas acciones son bien determinadas, y nadie, honestamente, podrá afirmar con fundamento que tenemos intenciones o designios inconfesables. Hace poco tiempo esta plaza de Mayo ha sido testigo de una infamia más de los enemigos del pueblo. Doscientos inocentes han pagado con su vida la situación de esa infamia. Todavía nuestra inmensa paciencia y nuestra extraordinaria tolerancia, hicieron que no solamente silenciáramos tan tremenda afrenta al pueblo y a la nacionalidad, sino que nos mordiéramos y tomáramos una actitud pacífica y tranquila frente a esa infamia. Esos doscientos cadáveres destrozados fueron un holocausto más que el pueblo ofreció a la patria. Pero esperábamos ser comprendidos, aun por los traidores, ofreciendo nuesto perdón a esa traición. Pero se ha visto que hay gente que ni aún reconoce los gestos y la grandeza de los demás. Después de producidos esos hechos hemos ofrecido a los propios victimarios nuestra mano y nuestra paz. Hemos ofrecido una posibilidad de que esos hombres se reconcilien con su propia conciencia. ¿Cuál ha sido su respuesta? Hemos vivido dos meses en una tregua que ellos han roto con actos violentos, aunque esporádicos e inoperantes. Pero ello demuestra su voluntad criminal. Han contestado los dirigentes políticos con discursos tan superficiales como insolentes. Los instigadores, con su hipocresía de siempre, sus rumores y sus panfletos. Y los ejecutores, tiroteando a los pobres vigilantes en las calles. La contestación para nosotros es bien clara: no quieren la pacificación que le hemos ofrecido. De esto surge una conclusión bien clara: quedan solamente dos caminos: para el gobierno, una represión ajustada a los procedimientos subversivos, y para el pueblo, una acción y una lucha que condigan con la violencia a que quieren llevarlo. Por eso, yo contesto a esta presencia popular con las mismas palabras del 45: a la violencia le hemos de contestar con una violencia mayor. Con nuestra tolerancia exagerada nos hemos ganado el derecho de reprimirlos violentamente. Y desde ya, establecemos como una conducta permanente para nuestro movimiento: aquel que en

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cualquier lugar intente alterar el orden en contra de las autoridades constituidas, o en contra de la ley o de la Constitución, puede ser muerto por cualquier argentino. Esta conducta que ha de seguir todo peronista no solamente va dirigida contra los que ejecutan, sino también contra los que conspiren o inciten. Hemos de restablecer la tranquilidad, entre el gobierno, sus instituciones y el pueblo por la acción del gobierno, de las instituciones y del pueblo mismo. La consigna para todo peronista, esté aislado o dentro de una organización, es contestar a una acción violenta con otra más violenta. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de los de ellos. Compañeras y compañeros: hemos dado suficientes pruebas de nuestra prudencia. Daremos ahora suficientes pruebas de nuestra energía. Que cada uno sepa que donde esté un peronista estará una trinchera que defienda los derechos de un pueblo. Y que sepan, también, que hemos de defender los derechos y las conquistas del pueblo argentino, aunque tengamos que terminar con todos ellos. Compañeros: quiero terminar estas palabras recordando a todos ustedes y a todo el pueblo argentino que el dilema es bien claro: o luchamos y vencemos para consolidar las conquistas alcanzadas, o la oligarquía las va a destrozar al final. Ellos buscarán diversos pretextos. Habrá razones de libertad de justicia, de religión, o de cualquier otra cosa, que ellos pondrán como escudo para alcanzar los objetivos que persiguen. Pero una sola cosa es lo que ellos buscan: retroceder la situación a 1943. Para que ello no suceda estaremos todos nosotros para oponer a la infamia, a la insidia y a la traición de sus voluntades nuestros pechos y nuestras voluntades. Hemos ofrecido la paz. No la han querido. Ahora, hemos de ofrecerles la lucha, y ellos saben que cuando nosotros nos decidimos a luchar, luchamos hasta el final. Que cada uno de ustedes recuerde que ahora la palabra es la lucha, se la vamos a hacer en todas partes y en todo lugar. Y también que sepan que esta lucha que iniciamos no ha de terminar hasta que no los hayamos aniquilado y aplastado. Y ahora, compañeros, he de decir, por fin, que ya he de retirar la nota que he pasado, pero he de poner al pueblo una condición: que así como antes no me cansé de reclamar prudencia y de aconsejar calma y tranquilidad, ahora les digo que cada uno se prepare de la mejor manera para luchar. Tenemos para esa lucha el arma más poderosa, que es la razón; y tenemos también para consolidar esa arma poderosa, la ley en nuestras manos. Hemos de imponer calma a cualquier precio, y para eso es que necesito la colaboración del pueblo.

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Lo ha dicho esta misma tarde el compañero De Pietro: nuestra nación necesita paz y tranquilidad para el trabajo, porque la economía de la Nación y el trabajo argentino imponen la necesidad de la paz y de la tranquilidad. Y eso lo hemos de conseguir persuadiendo, y si no, a palos. Compañeros: Nuestra patria, para ser lo que es, ha debido ser sometida muchas veces a un sacrificio. Nosotros, por su grandeza, hemos de imponernos en cualquier acción, y hemos de imponernos cualquier sacrificio para lograrlo. Veremos si con esta demostración nuestros adversarios y nuestros enemigos comprenden. Si no lo hacen, ¡pobres de ellos! Pueblo y gobierno, hemos de tomar las medidas necesarias para reprimir con la mayor energía todo intento de alteración del orden. Pero yo pido al pueblo que sea él también un custodio. Si cree que lo puede hacer, que tome las medidas más violentas contra los alteradores del orden. Este es el último llamamiento y la última advertencia que hacemos a los enemigos del pueblo. Después de hoy, han de venir acciones y no palabras. Compañeros: para terminar quiero recordar a cada uno de ustedes que hoy comienza para todos nosotros una nueva vigilia en armas. Cada uno de nosotros debe considerar que la causa del pueblo está sobre nuestros hombros, y ofrecer todos los días, en todos los actos, la decisión necesaria para salvar esa causa del pueblo.

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DECLARACIONES DEL EX VICEPRESIDENTE TEISAIRE EL 4 DE OCTUBRE DE 1955 El porqué de su actitud La conducta de Perón como gobernante, su deslealtad para los que en él creyeron, su cobarde y vergonzosa deserción frente al adversario, abandonando al gobierno y a sus colaboradores (y no digo a sus amigos, porque jamás abrigó sentimientos de amistad para nadie), me habilitan para la actitud que asumo. No tengo por qué guardar consideraciones para quien no las tuvo con nadie, ni aun con el país, de cuyos destinos dispuso a su antojo. Algunos podrán preguntarse cómo fue que advirtiendo a mí alrededor tanta podredumbre moral e infamia no acusase en su momento al responsable directo de ese estado de cosas. Pero el sistema creado por Perón cerraba toda posibilidad de rebeldía, a crítica o disentimiento para los que no comulgaban incondicionalmente con sus ideas y sus planes. Porque quien lo hiciera, quien se atreviese a levantar su voz contra las directivas impuestas o servirlas con tibieza, era instantáneamente marcado como traidor, vendepatria u otras infamias por el estilo y perseguido en todos los terrenos juntamente con toda su familia. No importa que el disidente tuviese un prontuario limpio; no importa que su vida pública y privada resplandecieran de honor y pureza. Presentar las cosas al revés fabricando las pruebas difamatorias para demostrar que el “alzado” era un delincuente, un corrompido, un traidor, era cosa fácil en un régimen sin escrúpulos ni conciencia. Adviértase que no solo estaba en juego el riesgo físico, que cualquier hombre que se precie de tal afronta con entereza; no, era algo mucho más grave y tremendo: era quedar expuesto a la cárcel y el deshonor, y desencadenar la persecución más despiadada sobre amigos y familiares. El dar, pues, un paso así, comprometía la libertad, el honor y los bienes propios y familiares. Discrepar con Perón fuera del peronismo implicaba sus riesgos; pero disentir con él dentro del partido o del gobierno era exponerse a todos los males y perjuicios que la razón humana puede imaginar. Cuando se lucha contra un adversario leal, por duro e implacable que sea, rigen leyes de juego que se respetan. Pero frente a Perón, que sólo sabe utilizar golpes prohibidos, valiéndose de recursos de maldad, la lucha dentro de sus propias filas, resultaba una empresa sucia. Se explica así que muchos hombres que ocuparon posiciones prominentes en el régimen y fueron arrojados por la borda sin explicaciones, guardasen prudente y cauteloso silencio acerca de sus experiencias del gobierno, sin atreverse a abrir la boca frente a los ataques e insinuaciones injuriosas de los voceros oficiales.

Una presentación espontánea Por los conceptos que dejo expuestos es que, al hacerse cargo de la presidencia de la Nación el señor general don Eduardo Lonardi, en la Capital Federal, me presento

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voluntariamente para ponerme a sus órdenes y ser sometido –si así lo estimara conveniente el nuevo gobierno- a la investigación que se deseara realizar sobre mis actos, ya que no tenía nada que ocultar. Fui detenido e incomunicado, y dejo constancia que durante los días que permanecí en esa situación, fui tratado con tosa consideración, por lo cual expreso mi agradecimiento. Pude ausentarme del país o asilarme en cualquier embajada extranjera, para lo cual recibí sugestiones e invitaciones, pero yo he preferido quedarme aquí y no seguir el desgraciado ejemplo dado por Perón en ese sentido, quien después de utilizarnos, engañarnos y entregarnos, se fuga en un barco de guerra extranjero, lo que equivale a una traición a sus partidarios, a sus compatriotas y al país. Me considero obligado a denunciar la conducta de Perón, que hizo derramar sangre argentina de obreros, soldados y ciudadanos, para huir en el momento más álgido de los acontecimientos y cuando todavía las cosas no estaban decididas. Huyó mientras los trabajadores gritaban y daban “la vida por Perón”; pero Perón no supo, no fue capaz, tuvo miedo de exponer la suya por los obreros. Abandonó al Partido Peronista, su propio partido que siempre le acompaño con lealtad y sacrificio, pero él no supo ser leal ni sacrificarse por su partido. También abandonó a las mujeres partidarias, que tanto creían en él; pero él nunca creyó en ellas.

Asilado bajo bandera extranjera Se ha asilado bajo bandera extranjera, hecho único en la historia nacional, puesto que los dos únicos presidentes constitucionales derrocados por revolución, Yrigoyen y Castillo, no obstante su avanzada edad, afrontaron la situación con entereza y asumieron la responsabilidad de su magistratura frente a quienes encabezaron aquellas sediciones. Perón, en cambio, contra todas sus manifestaciones de hombría, de coraje, de valor, no ha sido capaz de afrontar la responsabilidad que le correspondía; ha tenido miedo. Bonito ejemplo nos ha dejado el famoso “conductor”, el “líder”, el “libertador”, a quien nosotros hemos idealizado y ensalzado con un candor y buena fe increíbles. Digo todo esto para que no existan en el futuro, en un pueblo sano, puro y bien intencionado como el nuestro, ídolos tan falsos como Perón. Frente al silencio y la deserción de Perón considero que hablar es para mí un deber inexcusable. No eludo ninguna responsabilidad, ni busco atenuar las que puedan alcanzarme. Pero tampoco eludiré manifestar la verdad aunque las cosas que se digan resulten duras y amargas. Para someter al pueblo, las instituciones y los hombres a su arbitrio. Perón creó e impuso –valido de su preponderancia de jefe de Estado- un sistema que está calcado de los peores regímenes totalitarios, organizando un aparato de represión de alcances inauditos. Es decir, que fingiendo ideales democráticos y bajo la apariencia de una

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estructura, construyó un sistema de dominación personal que no tiene precedentes. La verdad es que Perón no compartió con nadie y, por lo tanto, las responsabilidades de su gobierno son exclusivamente suyas y de los que puedan haberse prestado –por sumisión, ignorancia o complicidad- a fraudes o dolos administrativos.

El único responsable: Perón. Pero nadie puede llamarse a equívocos, hay un solo responsable de todo: Perón. Hay uno solo que inspiraba y ordenaba: Perón. No consintió ni admitió a nadie que lo aconseje o ayudase y, por lo tanto, a nadie puede culparse del desastre sino a él. Mucha gente humilde y de buena fe creyó en su lealtad hacia el pueblo, en su sinceridad, en su honradez. Es a esa gente a la que me dirijo para advertirles del error en que vivían, de la mentira en que creyeron, del engaño de que han sido víctimas. Algunos ya lo saben, lo han percibido a través de su fuga, de su traición cuando estábamos en medio de la batalla, defendiéndolo a él, a costa de nuestra reputación y de nuestras vidas. Pero todavía puede haber quienes duden, porque la comedia ha durado varios años, y en tan largo plazo cualquier mito, cualquier cuento, prende en el espíritu siempre crédulo e inocente del pueblo. Es para esclarecer la conciencia de ese pueblo, para que sepan la verdad sobre Perón, dicha por quien siente un imperativo la obligación de abrir los ojos y la mente de sus compatriotas. Comenzaré por referirme a mi retiro de la dirección partidaria, impuesto por Perón, que se resistía a comprender que la falta de fervor en sus adictos obedecía a los desaciertos de su gobierno, atribuyéndola, en cambio, a la falta de adhesión a su persona. Pensaba, seguramente, que la política de “brazos caídos” de sus amigos era obra de un “sabotaje” mío, cuando era la simple consecuencia de la pérdida de fe por los descalabros de su gestión política. La crisis partidaria fue, como es lógico, una consecuencia de la crisis política argentina. Se origina principalmente en la inmoralidad administrativa y culmina con la agresión contra la Iglesia, cuya iniciación nace del despecho que le produjeron a Perón los éxitos de público en los actos estudiantiles secundarios de Córdoba, frente al fracaso de los mítines organizados por la UES, creada por él como instrumento político. Pero como Perón no podía arrastrarnos a la lucha anticatólica con ese pobre argumento, fabricó la leyenda de la intromisión clerical en la política, a cuyo efecto inventó hechos imaginarios, exhibiéndonos elementos de juicio totalmente falsos. Embaucados de esa manera, se produjo el acto en el Luna Park, donde algunos oradores –haciendo fe en su palabra y en sus afirmaciones- censuramos esa intromisión de la Iglesia en la política, sin advertir –hasta días después- que todo era un fraude cuidadosamente preparado por el ex presidente, cuya fingida indignación era parte de la comedia representada.

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Quiso expropiar la Catedral Posteriormente, Perón intentó arrancar de las Cámaras legislativas una ley de expropiación del templo de la Catedral, a cuyo efecto le hizo presentar un proyecto a su ministro Méndez San Martín que, se empeño personalmente en prestigiarlo. Pero varios nos opusimos terminantemente a ese propósito, evitando que se consumara otro atropello contra la Iglesia. Ya estábamos en antecedentes de la verdad del problema y esta vez Perón no pudo sorprendernos con otro engaño. En lo referente a su desaprensión por la vida democrática, basta mencionar la circunstancia de querer eliminar al Partido Conservador y al Partido Socialista del panorama cívico argentino, por el solo hecho de no haber concurrido a las elecciones de 1954. Su entusiasmo por este cercenamiento cívico fue enorme y tan solo por la intervención mía y de otros integrantes del Poder Ejecutivo, tal propósito no se llevó a cabo.

La quema de la bandera Con respecto al caso de la bandera quemada, verdadero estigma del gobierno ejercido por Perón, debo claramente determinar las siguientes circunstancias: las banderas del Congreso Nacional no se encuentran izadas mientras no hay sesiones, por lo tanto dichas banderas se encontraban a buen recaudo. Las banderas argentinas y del vaticano izadas eran evidentemente llevadas a tal fin, y luego de izadas fueron retiradas, encontrándose actualmente en mi poder y en el del doctor Benítez (presidente de la Cámara de Diputados de la Nación). En consecuencia, la verdadera bandera quemada fue otra llevada de ex profeso al lugar de los hechos y luego quemada. Considerando el cúmulo de circunstancias existentes, es mi convicción más profunda que dicha felonía se ejecutó no solo con la autorización de Perón, sino bajo su inspiración. Este hecho de por si incalificable, se vio agravado por el verdadero sacrilegio de tener que rendirle homenajes de desagravio en todos los organismos, instituciones y reparticiones nacionales, constituyendo actos una verdadera tortura espiritual para la ciudadanía que presentía esa patraña de Perón. Con respecto a la dedicación de Perón a las funciones de gobierno, debo expresar que desde hace un año había prácticamente abandonado los asuntos de Estado para dedicarse a pintorescas actividades deportivas, artísticas, etcétera. Además, desde el año 1952, prácticamente se extinguió el impulso de gobierno, decayendo la conducción del Estado.

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La Alianza Libertadora Nacionalista y la CGT En cuanto a la Alianza Libertadora Nacionalista, constituía una verdadera fuerza de choque, totalmente ajena en su naturaleza y finalidad a lo que debe ser una agrupación o partido político. Tal organismo o fuerza de choque era utilizada para emplear la violencia, no sólo contra sus adversarios políticos, sino como tribuna insolente contra sus propios correligionarios. Dicha Alianza Nacionalista era subvencionada y dirigida por el propio Perón. Además, debo agregar, en este orden de ideas, que era verdadera intensión de Perón armar a la CGT, y no solo eso, sino convocar a una movilización militar no por clases, sino por llamados individuales, eligiendo, por supuesto, a ciudadanos totalmente incondicionales a su persona. En cuanto a la forma en que Perón ejercía el poder, debo significar que él conocía absolutamente todo y manejaba todo, hasta cosas muy chicas, y generalmente de mala fe. Nada de lo que el gobierno de Perón ha ejecutado, sea cual fuese la naturaleza de los hechos ocurridos, se ha llegado a concretar sin el consentimiento directo de Perón. En consecuencia, hemos asistido a un ejercicio del poder con el que no se gobernaba, sino que se ordenaba. Por lo tanto, al dedicarse Perón a la UES, el deporte, los artistas, etcétera, nadie se ocupaba de los asuntos trascendentales de gobierno, nada se resolvía, todo se atrasaba, todo se dejaba para luego, ya que nada podía resolverse sin su visto bueno. Es homenaje a la más estricta verdad, por muchos presentida pero por mi bien conocida, debo destacar que Perón carecía absolutamente de sentimientos. Sin sentimientos para la madre, para la esposa, para el hermano, para nadie, solo tenía el sentimiento del odio, sentimiento sensualista y codicioso. No quería al país.

La más grande estafa a su pueblo Por lo tanto, Perón ha cometido la más grande estafa a su pueblo: lo ha estafado en sus sentimientos, en sus ilusiones y hasta en su decoro. Cuando tuvo todo, no fue capaz de defender nada, y el pueblo puede tener la seguridad de que Perón no volverá. Todas estas verdades deben ser tenidas muy en cuenta por la ciudadanía, y en lo referente a los obreros, deben estar persuadidos de que las mejoras obtenidas constituyen un derecho que todo gobierno reconocerá, no fueron favores de Perón, sino conquistas merecidas y legítimas de la clase trabajadora. Los permisos de importación y de exportación, por ejemplo, estaban casi exclusivamente en manos de un monopolio de tres personas: Jorge Antonio, Tricerri y Amar, cuya investigación conducirá sin duda alguna al verdadero culpable, a través de un intrincado dédalo de complicidades concordantes y coincidentes. También se premiaba con permisos de exportación o gente totalmente ajena al comercio y la industria: actores o actrices; deportistas y paniaguados del ex presiente, que recibían

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esas órdenes en pago de sus elogios a Perón, revendiéndolas a los verdaderos interesados, que debían luego recargar los precios de sus mercaderías para resarcirse de los gastos, en perjuicio del pueblo consumidor. Cuando los acontecimientos estrechan su cerco alrededor de Perón y siente los impactos de la opinión pública, agraviada por la quema de la bandera y de los templos proyecta su penúltima farsa: el ofrecimiento de su renuncia al partido y a la CGT, en un documento que es modelo de hipocresía y simulación. Su actitud precipitó la mía y de otros altos funcionarios y magistrados, que advertimos que con ello se evitarían al país los trágicos días subsiguientes y creíamos en la sinceridad de su resolución, de la que nos dio cuenta por anticipado y con aparente lealtad.

Perón el 31 de agosto (de 1955) Horas más tarde y en medio del estupor, Perón rectificaba su actitud y pronunciaba la vociferante arenga del 31 de agosto, desde los balcones de la Casa Rosada. Nos había hecho creer que iba a decir otra cosa, a justificar su renuncia y declarar que si la gente estaba de acuerdo, iba a continuar. Pero nos quedamos fríos cuando habló, cuando dijo que había “que matar cinco adversarios por cada uno de nosotros” y pensamos: esto. ¿Qué es? En esa circunstancia, preparé y redacte mi renuncia indeclinable dispuesto a sostenerme en la actitud públicamente asumida. Declaraba en ese documento –que no llegué a presentar porque el pudor me impedía abandonar un gobierno en plena bancarrota- que si Perón se desdecía de su ofrecimiento, yo mantendría lo dicho. La intervención de algunos amigos, su insistencia en advertirme las circunstancias poco propicias para una resolución de esta naturaleza, que sólo agravaría las cosas, me disuadieron, a última hora, de esta decisión. No he de terminar estas palabras sin formular un llamado de advertencia a aquellos espíritus fanáticos que se empeñan aún en seguir aferrados a un ídolo. A ellos deseo dirigirme, especialmente, para que luego de estas palabras mediten, reflexionen y arriben a la conclusión de que nadie puede ser superior a la patria misma y que todos los argentinos, como exponentes de una ciudadanía sana, deben extraer de esta dura lección la firme decisión de mirar hacia el futuro feliz de la Nación sin idolatrías de ninguna especie. Finalmente, estas declaraciones involucran mi renuncia a formar parte del Partido Peronista, renuncia que ha sido enviada por la vía correspondiente.

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FALLO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE HONOR QUE JUZGO AL GENERAL PERÓN Síntesis: Al elevar sus conclusiones el tribunal formuló una serie de consideraciones preliminares, que concretan los conceptos sobre cuya base se ha realizado el examen de los hechos. En las mismas se expone que, constituido para examinar la conducta del general Perón, desde el punto de vista militar, no pudo dejar de tener en cuenta la trascendencia histórica de su cometido, tanto en lo referente al ejercito como en lo concerniente a la opinión pública del país. También establece el tribunal que al encarar su delicada misión, lo hizo con la serena ecuanimidad y la reflexiva madurez propias del elevado grado de los miembros que componen el organismo. Expresa que fue ajeno a toda pasión que no fuera el bien del ejército y que tiene como única inspiración la salvaguarda de los valores éticos, inmutables y trascendentes, que reflejan la vida de la institución y la conducta de sus integrantes. Además, agrega el tribunal, de esta manera cumple un ineludible imperativo de conciencia, al tiempo que contribuyó a la recuperación de los valores morales del ejército menoscabados a través de largos años de una acción persistente destinada a debilitar sus fundamentos y encaminada a convertirla en fuerza incondicional al servicio del régimen ocasional gobernante. Más adelante se expresa que si bien los hechos mencionados, ya en conjunto, ya aisladamente, pudieron motivar en su momento la formación de un tribunal de honor, no dependía de los miembros de la institución disponer el enjuiciamiento de quien a la vez ocupaba la primera magistratura del país, por cuyo motivo el ejército no tuvo a su alcance el medio de sancionar actos evidentemente atentatorios a su prestigio. Se manifiesta que es evidente que todo militar tiene el sagrado deber de honrar al ejército de que forma parte, ajustando en su proceder, cualquiera sean las circunstancias, a las normas éticas orgánicas y disciplinarias y a la gloriosa tradición militar argentina. También se estableció que la militancia política en la medida que lo permiten los reglamentos, no exime a miembro alguno del ejército del cumplimiento de dicho deber fundamental, toda vez que la personalidad es absolutamente indivisible. Después expresa el tribunal que, el concepto establecido en los reglamentos militares, todo deber de un miembro de la institución es tanto más sagrado e inexcusable cuanto más alto es el grado que se ostenta y, por consiguiente, mayor la responsabilidad resultante de su incumplimiento. Resulta más imperativo cuando el militar ejerce una función pública llevado por la confianza del pueblo, en cuyo caso su conducta debe caracterizarse en mayor grado por el desapego a los bienes materiales y la renuncia a toda ventaja o conveniencia personal en pro del bien supremo de la comunidad, sirviendo de esta manera de ejemplo a la ciudadanía.

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Señala también las virtudes que deben poseer los hombres que llegan a la jerarquía de general y que toda transgresión a las normas morales emergentes de la tradición, contenidas explícita o implícitamente en los reglamentos, comporta un desmedro del honor militar del culpable, quien resulta por esta sola circunstancia encuadrado en las prescripciones que rigen los tribunales de honor, cuyo fin primero y último, según las palabras de San Martín contenidas en el reglamento, es: “Garantizar que los oficiales de honor no sean confundidos con los malvados.” Se refiere luego el informe del tribunal al caso excepcional sometido a su consideración, por la jerarquía del mismo y la prominente posición que como presidente le correspondía, de comandante en jefe de todas las fuerzas armadas, señalándose que ello es motivo suficiente para que la decisión propuesta pueda servir de ejemplo. También el alto cuerpo considera los motivos de la no comparecencia del causante, expresando que resulta evidente la decisión del ex mandatario de no afrontar la responsabilidad que le podría caber por los actos emergentes de su gobierno, al ausentarse del país en circunstancias en que los mismos iban a ser sometidos a una formal revisión. Expresa que la situación resulta sin precedentes y destaca que la jurisprudencia señala que los tribunales de honor pueden expedirse sin que sea imprescindible la presencia del inculpado; existiendo casos en que acusados citados por dichos tribunales fueron juzgados en rebeldía por no haber comparecido. Además, se establece que, dada la urgencia con que reglamentariamente deben ser solucionadas todas las cuestiones de honor, no puede quedar librado a la voluntad del imputado de presentarse o no el paralizar una resolución que por su trascendencia afectaría no sólo a cada oficial en particular, sino a todo el cuadro de oficiales y a la institución en sí, que tiene en el honor militar la estructura vertebral de tosas sus virtudes. Por otra parte, se manifiesta que sostener una opinión contraria implicaría admitir que la ausencia del acusado podría permitir a éste no sólo haber cometido, sino continuar cometiendo actos atentatorios a la moral, sin que pudiera hacerse oír la reprobación de la institución, que es la fundamentalmente afectada. Si bien la situación planteada en este caso, por la imposibilidad de la comparecencia del causante, no se encuentra prevista en el reglamento de los tribunales de honor, éste prescribe que si el tribunal encontrara dificultades en su funcionamiento por falta de cualquier prescripción de procedimientos, los remediará en la forma que mejor convenga, por simple mayoría de votos. Ante la situación, el tribunal, por unanimidad, resolvió no citar al inculpado y formular sólo aquellos cargos de prueba fehaciente y que, por lo tanto, la declaración de aquel no puede modificarse. Finalmente, el alto tribunal formula los cargos imputados al causante y que se establecen a continuación:

Cargos imputados al causante

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Este tribunal superior no descarta la existencia de otros cargos que puedan imputarse al prevenido, además de los que serán analizados a continuación, pero siendo estos suficientes, por sí solos, para fundar la conclusión a que ha de llegar, estima preferible no extender la investigación a otros aspectos, dado que ello significaría dilatar considerablemente esa causa que, por su naturaleza, debe ser substanciada en el más breve plazo. Consecuentemente con lo antedicho, esta tribunal superior ha examinado los siguientes cargos:

A.- Sembrar el odio en la familia argentina e incitar a la violencia y al crimen. Incitación a la violencia Es público y notorio que el general Perón, a pesar de la alta investidura que desempeñaba y de pertenecer al ejército de la Nación, en diferentes discursos ampliamente difundidos por radiotelefonía y los diarios, desde el principio y hasta el fin de su gobierno, profirió violentas amenazas contra una parte de la población, ofendiendo a la dignidad de los habitantes, sembrando el odio y creando con su prédica una manifiesta división de clases. En este sentido se recuerdan entre otras las siguientes expresiones: “El día que se lance a colgar, yo estaré del lado de los que “cuelgan”, (2 de agosto de 1946). “Entregaré unos metros de piola (1) a cada descamisado y veremos quién cuelga a quien” (12 de agosto de 1946). “A mí me van a matar peleando” (13 de agosto 1946). “Con un fusil o un cuchillo a matar al que se encuentre” (28 de junio de 1947). “Esa paz tengo que imponerla yo por la fuerza” (23 de agosto de 1947). “Levantaremos horacas en todo el país para colgar a los opositores. (8 de septiembre de 1947). “Distribuiremos alambre de enfardar para colgar a nuestros enemigos” (31 de agosto de 1951). “Ustedes me piden leña (2): ¿Por qué no empiezan a darla ustedes?” (mayo de 1953). La violencia que preconizaba alcanzó su máximo expresión en su último discurso, pronunciado desde los balcones de la Casa de Gobierno el 31 de agosto próximo pasado (3), cuando impulso a las masas al crimen organizado, indicando la forma cómo debía

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procederse y dando, por consiguiente, un “bill de intensidad” a los que así lo hicieran, al expresar: “A la violencia la hemos de contestar con una violencia mayor. Con nuestra tolerancia exagerada nos hemos ganado el derecho de reprimirlos violentamente. Y desde ya establecemos como una conducta permanente para nuestro movimiento; todo aquel que en cualquier lugar intente alterar el orden en contra de las autoridades constituidas o en contra de la ley o de la Constitución, puede ser muerto por cualquier argentino. Esta conducta que ha de seguir todo peronista no solamente va dirigida contra los que ejecutan, sino también contra los que conspiren o inciten. La consigna para todo peronista, esté aislado o dentro de una organización, es contestar a una acción violenta con otra más violenta. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de los de ellos”. Ninguna circunstancia ha podido justificar tan tremendas amenazas por parte de quien, como presidente y como general, estaba obligado a respetar a la ciudadanía y a la ley, así como a guardar el orden y dar ejemplo de mesura y serenidad. Las amenazas e insultos, proferidos unas veces contra determinadas personas y otras indistintamente contra amplios y respetables sectores de la población, amparándose su autor en la impunidad que le deparaba su carácter de primer mandatario, revelan una falta moral incompatible con el pundonor (4) militar.

La Orden General Nº 1 De las constancias agregadas a estas actuaciones, resulta que el ex presidente, por intermedio del “Comando General de Estado”, impartió la “Orden General Nº 1, para la represión de alteradores del orden público”, del 18 de abril de 1952, por la cual se determinaba que en caso de atentado contra el presidente de la Nación se debía “contestar con miles de atentados”, cuya ejecución quedaba librada a la Confederación General del Trabajo y al Partido Peronista Masculino. A los efectos del cumplimiento de dicha orden, se confeccionaron “listas de objetivos, locales, organizaciones extranjeras de nuestro gobierno que actúan en común con los complotados y de personas opositoras que deben ser suprimidos sin más en caso de atentado al presidente de la Nación”. La citada orden disponía, “el ataque y destrucción de las mencionadas organizaciones enemigas y las operaciones punitivas contra los dirigentes de las mismas”.

Alianza Libertadora Nacionalista

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La titulada Alianza Libertadora Nacionalista configuraba una de las fuerzas de choque de que disponía el ex presidente para la realización de su política personal, y la imputación, tantas veces formulada por la ciudadanía, atribuyendo a los integrantes de aquél a muchos de los actos de vandalismo cometidos en la ciudad, ha quedado terminantemente probada en actuaciones de carácter policial. Es de pública notoriedad la vinculación del mandatario depuesto con la referida agrupación, a la que aquel, en declaraciones aparecidas en periódicos extranjeros (5), ha calificado de partido político integrado por “hombres jóvenes y patriotas decididos”. Dicha agrupación tenía como jefe a su “secretario general” Guillermo Patricio Kelly, cuyo prontuario, que este tribunal tiene a la vista, registra una condena por hurto en 1938, cuando tenía 17 años de edad, a la pena de un año y medio de prisión, registrando posteriormente ocho antecedentes delictuosos, por robo, hurto, extorción, defraudación, abuso de armas, estafa, etcétera. Pese a ello y a la circunstancia de tener la captura recomendad por jueces ordinarios de la capital, se le otorgó certificado de buena conducta y pasaporte en el año 1954. Debe agregarse que esas capturas no pudieron cumplirse porque la policía jamás lo halló, aún cuando es pública y notoria su participación, entre otros, en el acto de apoyo al presidente depuesto realizado en un teatro de esta capital el día 22 del mes de agosto pasado (6). El apoyo prestado por el general Perón a un sujeto de tales antecedentes y la ayuda que, a su vez, recibía de la agrupación dirigida por este, son incompatibles con el honor de vestir el uniforme militar: un general de la Nación ni puede apoyarse en delincuentes comunes ni asumir públicamente su defensa, sin mengua del prestigio que corresponde a la alta jerarquía que inviste.

Ataque a la religión católica. Incendio de Iglesias Son de público conocimiento los ataques a la religión católica llevados a cabo por el causante, creando un problema que no existía en el país, en su inmensa mayoría profundamente católico, concretando así la incitación a la violencia que predicaba. Los discursos pronunciados por miembros de su partido político en el acto del Luna Park el 25 de noviembre de 1954 constituyeron una afrenta a la cultura argentina, a pesar de lo cual merecieron la aprobación implícita del causante, que autorizó y presidió el acto. A ello cabe agregar la deportación, sin forma alguna de juicio y con violación de disposiciones constitucionales y legales, de dos ciudadanos argentinos que investían altas dignidades dentro de la jerarquía eclesiástica; los denuestos y calumnias proferidos en sus discursos contra los miembros del clero, que debieron sufrir persecuciones y cárceles por el solo hecho de defender su religión, que es la de nuestro pueblo; las trabas

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puestas a los colegios religiosos, algunos de los cuales fueron clausurados, y, finalmente, el incendio de iglesias. En la noche del día 16 de abril de 1953, luego de un acto en la Plaza de Mayo en que el ex presidente incitó a la acción violenta, se llevó a cabo el incendio y destrucción de los edificios del Jockey Club, de la Casa del Pueblo, de la Casa Radical y de la sede del Partido Demócrata Nacional, todos ellos ubicados en la zona céntrica. Dichos incendios fueron consumados ante la pasividad de la policía, quien protegió y amparó así a sus autores, a lo que debe sumarse la apatía con que al día siguiente los bomberos cumplieron su cometido. Dos años después, en una noche que será eterna afrenta para la ciudad de Buenos Aires, grupos criminales, utilizando la misma técnica y gozando de igual impunidad que en los casos anteriores, incendiaron y saquearon los más viejos templos de la ciudad y la casa de la Curia Metropolitana, consumando actos de inaudito sacrilegio y haciendo desaparecer reliquias que eran caras a los más nobles sentimientos patrióticos y religiosos de nuestra nacionalidad. Este tribunal superior tiene la íntima convicción de que en la ciudad de Buenos Aires, cuyo jefe constitucional es el presidente de la República, quien en ambas noches se encontraba en ella, no han podido realizarse tales actos sin su orden expresa o, por lo menos, sin su anuencia o su aprobación. No se puede suponer que en un régimen de las características del que acaba de caer, funcionario alguno, por encumbrado que fuere, asumiera por si la iniciativa de ordenar o permitir, sin el consentimiento del presidente de la República, actos criminales de tanta trascendencia. Tampoco es admisible que de no haber mediado la orden o el beneplácito del presidente, hayan sido mantenidos en sus puestos, después de los hechos, los funcionarios a cuyo cargo directo estaba la custodia del orden público y que hayan quedado en la más absoluta impunidad quienes realizaron la parte material de los atentados. Cabe, además, señalar la evidente posibilidad de que hubieran ocurrido hechos aún de mayor magnitud que los anteriormente señalados. Dicha posibilidad surge de las palabras que el ex presidente pronunciara en una reunión de gabinete, efectuada con posterioridad al 31 de agosto último, en la cual expresara, según declaración del ex ministro de Obras Públicas, prestada ante este tribunal: “que tenía tachos de nafta con jefes de manzana para quemar los reductos opositores que vivían en la zona norte de la Capital”. La probabilidad de que dicha amenaza se materializara también del claro y evidente nexo existente entre los incendios ocurridos y las instrucciones criminales contenidas en la Orden General Nº 1, en razón de que estos hechos configuraban algunos de los objetivos cuya destrucción allí se dispone.

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B- La quema de la bandera Argentina Este tribunal superior, al examinar la conducta del general Perón, debe considerar con particular atención el lamentable y doloroso episodio de la quema de la bandera, ocurrido en la Plaza del Congreso el día 11 de junio próximo pasado. El día 12 de ese mes, el país fue sorprendido por la gravísima imputación, formulada por el propio presidente de que un grupo de católicos, luego de la procesión de Corpus Christi, y en las circunstancias conocidas, había quemado una bandera argentina, consumando así un incalificable agravio a la sagrada enseña de la patria. Casi de inmediato al anuncio oficial, difundido por radiotelefonía y los diarios –los que insertaron fotografías en las cuales el entonces presidente aparecía contemplando la enseña ultrajada-, empezó a circular en la población el rumor de que la bandera nacional había sido quemada por personal de la Policía Federal, cumpliendo órdenes de la superioridad y al solo objeto de desprestigiar a los católicos que habían realizado, contra toda clase de prohibiciones, el mencionado acto religioso. Los hechos posteriores comprobaron la verdad de dicho rumor. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, apartándose ciertamente de su competencia específica, pero guiado por un hondo sentido de patriotismo y responsabilidad, emprendió la investigación, y con fecha 1º de julio de 1955, a fojas 2.371 de la causa instruida con motivo de los sucesos del día 16 de junio, declaró probado por unanimidad, que la orden de quemar la bandera había emanado de la Policía Federal. Como también consideró que en esa orden podían tener injerencia el ex ministro del Interior don Ángel G. Borlenghi y el ex jefe de la Policía Federal don Miguel Gamboa, dispuso comunicar de inmediato el resultado de la votación al entonces presidente de la República, solicitándole dispusiera la separación de su cargo del último de los nombrados y la detención de Borlenghi. En las actuaciones consta que ese día, siendo las 12:30 horas, el secretario del consejo, debidamente instruido por el presidente del mismo, se apersonó a la residencia presidencial y, ante la imposibilidad de entrevistar al general Perón, efectuó la pertinente comunicación a su ayudante, el mayor don Alfredo Máximo Renner, quien dos horas más tarde hizo saber al presidente del Consejo Supremo que la comunicación al general Perón había sido cumplida. El general Perón no adoptó medida alguna. No sólo no separó al jefe de Policía ni ordenó la detención de su ex ministro, sino que ni siquiera impidió la precipitada fuga de este último, que pocas horas más tarde –el 2 de julio a las 16 y 8- se ausentó en forma harto sugestiva, por vía aérea, para Montevideo, anticipando un viaje que proyectaba realizar varios días más tarde.

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Consta en la declaración formulada por el contraalmirante don Aníbal O. Olivieri ante este tribunal superior, que poco después del lamentable episodio de la plaza del Congreso, en ocasión de un acuerdo de gabinete, el ex presidente refiriéndose a la quema de la bandera expresó: “como éste es un juego de vivos, yo lo aprovecho políticamente.” El ex vicepresidente de la Nación, contraalmirante don Alberto Teisaire, en declaraciones que son de público conocimiento, ha expresado: “Es mi convicción más profunda que dicha felonía se ejecutó no sólo con la autorización de Perón, sino bajo su inspiración.” En conclusión: si bien no es posible declarar probado que la orden de quemar la bandera emanó del propio presidente, puede afirmarse, en cambio, que conoció la verdad de los hechos a poco de producidos, a pesar de lo cual no tuvo escrúpulos en valerse de lo que sabía una falsedad, para enfrentar a un amplio y respetable sector de la población, ni adoptó medida alguna para que los responsables materiales y morales del insólito atentado sufrieran el condigno castigo. A la precedente afirmación debe agregarse que, como es de pública notoriedad, el general Perón aprovechó de inmediato el incidente de la bandera para desatar una nueva ola de violencias verbales, al tiempo que imponía, o por lo menos permitía, que tanto las instituciones armadas como la casi totalidad de la administración pública del país realizaran actos de desagravio a la enseña de tal manera escarnecida.

C. – Incumplimiento del juramento de respetar la Constitución Nacional Las reiteradas violaciones a la Constitución Nacional imputables al ex presidente implican el incumplimiento del juramento que el mismo prestará en el sentido de respetarla y hacerla respetar. Si bien formuló dicho juramento en su carácter de presidente de la Nación, la circunstancia de ser miembro del ejército y revistar en él con el grado más alto de la jerarquía, presentaba para el causante un doble compromiso de hacer honor a la palabra empeñada a al Nación, compromiso que, desde luego, no podía ser mas sagrado. El incumplimiento de tan solemne juramento bastaría por si solo para señalar al causante como desprovisto de las condiciones morales que debe poseer un general de la Nación, más aún cuando dichas violaciones atacaban los principios de la Carta Magna: la forma representativa, republicana y federal de gobierno; los preceptos referentes a la religión católica; los deberes, derechos y garantías de la libertad personal y la armónica interdependencia de poderes, anulada en la práctica por el Poder Ejecutivo.

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D.- Deslealtad con la institución. Así como el presidente depuesto atacó los fundamentos mínimos de las instituciones básicas del país, a fin de favorecer la consecución de sus objetivos personales, el ejército, heredero de ilustres tradiciones y custodio de los más altos valores morales, debió soportar una intensa y persistente acción destinada a socavar los principios que lo sustentan. Los vicios del régimen presidido por el causante hicieron que muchos integrantes del ejército afrontaran la tremenda responsabilidad de alzarse contra el poder civil, llevados por el patriótico propósito de salvaguardar los más altos intereses de la Nación al precio de su sacrificio personal y, presumiblemente, del de sus propias familias, todo lo cual importa para el causante una grave responsabilidad. El general Perón ha explotado, con fines perjudiciales a la Nación, una de las virtudes de nuestro ejército: su espíritu de subordinación al poder civil. Este hecho configura una deslealtad al ejército y a los camaradas, así como una suerte de escarnio hacia una de las virtudes que deben caracterizar a las fuerzas armadas. Por todo ello cabe al inculpado, sea por su acción personal y directa, sea por haber aceptado la acción desarrollada por su ministro de Ejército, responsabilidad sobre el grave daño moral inferido a la institución, tanto por los hechos mención a los precedentemente como también por los que a continuación se puntualizan y que merecen una consideración particular.

Falso adoctrinamiento El adoctrinamiento del personal militar, desarrollado bajo el aparente propósito de fortalecer sus virtudes, procuró, mediante una acción encaminada al aplauso del ex mandatario y de los actos de su gobierno, el sometimiento de los integrantes del ejército a la voluntad del jefe del Estado y , por ende, a la ideología política representada por el mismo. Se impuso así a los cuadros la tortura moral que significaba la violación de los sabios y austeros principios en que fueron educados y que eran los pilares sobre los cuales se asentara la institución desde los albores de la Independencia. De este modo, quien debió ser el primero en velar por la institución, introdujo en ella la política, fuerza destructiva de la disciplina y la camaradería y factor que desnaturaliza la esencia y la razón de ser de las fuerzas armadas. De esta manera se creó un ambiente de inseguridad y desconfianza, totalmente contrario a la tradición de noble caballerosidad y lealtad que ha caracterizado a nuestros cuadros, tanto de oficiales como de suboficiales.

Pase a retiro y baja de oficiales

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Es conocida la forma injusta en que el Poder Ejecutivo pasó a retiro a profesionales que constituían verdaderos valores para la institución, por el mero hecho de no demostrar identificación con las ideas políticas partidarias. Por iguales motivos y sin ningún reparo, algunos oficiales fueron dados de baja, incluso encontrándose en situación de retiro.

Homenajes lesivos a la dignidad El tribunal no puede, al examinar la conducta del ex mandatario, prescindir de hacer referencia a los actos de homenaje que permitió se le rindieran. Al respecto debe señalarse que pueblos, barrios, calles, plazas, barcos, escuelas, museos, aulas, premios y hasta una provincia, en rasgos de servil idolatría fueron bautizados con su nombre, sin que él, desde su alta magistratura, lo impidiera, ni siquiera en razón de que ello se colocaba en un plano superior al de todos los próceres de nuestra patria. Igualmente, en todo el país se multiplicaban los bustos levantados en su honor, algunos de los cuales él mismo inauguró siendo público y notorio que el colosal monumento que se comenzó a erigir en esta ciudad, frente a la residencia presidencial, uno de los más grandes del mundo, iba a ser coronado con su propia efigie. Permitió asimismo que la obsecuencia de funcionarios y adictos llegara al extremo de que una canción partidaria, que proclamada sus méritos y excelencias, fuera cantada en actos públicos a la par del Himno Nacional y se convirtiera en la canción oficial del primer Estado argentino. Esta clase de homenajes no sólo degradan a quienes los rinden, sino también a quien los recibe y auspicia con su aquiescencia, máxime cuando en su mano está poner coto a los mismos. Es de advertir que esa complacencia determinó una desenfrenada carrera que llevó a colocarlo, como antes se ha dicho, por encima de los más grandes próceres de la nacionalidad, lo que puede comprobarse en los libros de texto de las escuelas, en los cuales se deforma nuestra gloriosa y auténtica historia a fin de hacerla servir a subalternos planes políticos. Si los oficiales de nuestro ejército han de interpretarse en la inmaculada figura del Gran Capitán, cuya proverbial modestia lo llevó a los más abnegados actos de renunciamiento, es obvio que el haber aceptado y propiciado los homenajes de referencia resulta incompatible don las tradiciones de la institución militar argentina y con las virtudes que deben distinguir a sus generales.

Menosprecio por el pasado histórico.

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Al calificar de “guardia pretoriana” al ejército de tiempos anteriores a su gobierno, en discursos difundidos por radiotelefonía, el causante ha inferido al glorioso pasado del mismo una ofensa gratuita, lesiva al prestigio legítimamente ganado en una Acción sacrificada y patriótica por el viejo ejército de la patria, que integrado por quienes fueron ejemplos de virtudes realizó las campañas de la Independencia, defendió la soberanía en cruentas guerras internacionales, conquistó el desierto para la civilización y el progreso y luchó por la organización nacional. Igualmente, al englobar en el término tan usado por él de “vendepatria” a quienes formaron parte de gobiernos anteriores, olvidó que, por el contrario, nuestra historia es rica en ejemplos de quienes lo dieron todo en beneficio del país.

Agravio a la marina de guerra No debe dejar de señalarse la falta de consideración observada por el imputado con respecto a la marina de guerra, al expresarse en la forma como lo hizo, luego de los sucesos del 16 de junio próximo pasado, agraviando a todos sus miembros sin reparo de ninguna especie.

Desnaturalización del servicio militar obligatorio El decreto 14.834, del 16 de septiembre último, emanado del ex mandatario y cuya finalidad importaba una desnaturalización inaceptable de la ley de conscripción militar, es un ejemplo que ilustra elocuentemente acerca del grave daño que su acción entrañaba para el ejército. Según constancias debidamente acreditadas, el decreto en cuestión tenía las dos finalidades siguientes: 1ª Reunir a los opositores políticos en unidades destinadas a la construcción de caminos, etcétera, que serían alejadas de la Capital hacia el interior del país. 2ª Reforzar ciertas unidades con adictos políticos. Si bien el artículo 2ª establece que “…la convocación prevista en el presente decreto podrá hacerse efectiva sobre clases, especialmente técnicas e individuos aislados según… mejor convenga…”, la intensión visible fue aplicar solamente la forma individual (por designación aislada). Dicho decreto fue entregado pas su aplicación al ministro de Ejército, quien dicto la resolución el 18 de septiembre de 1955, ordenando hacer la convocatoria por medio de “cédula de llamado al servicio”. A tal efecto, por orden del ex presidente, la CGT (Confederación General del Trabajo) preparó listas de voluntarios que se incorporarían al ejército para defender al gobierno.

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Dichas listas fueron entregadas al ministro de Ejército, quien a su vez las remitió a los organismos correspondientes para su ejecución. Es evidente que las comprobaciones referidas configuran una desnaturalización inaceptable de la ley de conscripción, convirtiéndola en un medio de persecución política y en un recurso ilícito tendiente a asegurar la incondicionalidad del ejército. El hecho de ser un general de la Nación el promotor de un procedimiento que atenta contra el prestigio del ejército al falsear el fundamento orgánico de las fuerzas armadas, revela en él una falta de escrúpulos absoluta en cuanto a la elección de los medios y un desprecio total de los intereses vitales de la institución.

E.- Falsedad en el vivir. Es notorio que aparte de los valiosos objetos adquiridos personalmente por el causante, éste aprovecho su encumbrada situación para beneficiarse con regalos fastuosos, hallados en sus distintas residencias y exhibidos en público en la ciudad de Buenos Aires. Aunque se alegara que aquellos han sido obsequios voluntarios de sus admiradores y partidarios, esta acumulación ilícita de riqueza y de fastuosidad llevada por el causante, totalmente incompatible con la austeridad militar, de la que hizo gala al afirmar que vivía con trescientos pesos mensuales, constituye, además de un falseamiento de la verdad, una burla para el pueblo a quien iban dirigidas y que lógicamente podía creer en ese aserto, siendo pronunciadas por quien investía el doble carácter de general del ejército y presidente de la Nación.

F.- Relaciones con una menor. Este tribunal superior ha comprobado fehacientemente, como lo atestigua la documentación agregada a las presentes actuaciones, que el general Perón ha hacho vida marital con una menos (7) –de hogar modesto- cuya declaración, fotografías y copia de la partida de nacimiento se acompañan, conviviendo con ella durante casi dos años en la residencia presidencial, hecho conocido por el personal de servicio de la casa, así como por ciertos altos funcionarios que frecuentaban la misma. El imputado se ha exhibido con dicha menor en los actos oficiales de carácter público a los cuales asistían también funcionarios de elevada jerarquía, conviviendo con ella en el Hotel Provincial de Mar del Platas, en ocasión de realizarse en esa ciudad un festival cinematográfico. Asimismo la hizo objeto de valiosos regalos, consistentes en una casa valuada en ciento cuarenta mil pesos, numerosas alhajas, algunas con dedicatoria a su extinta esposa Eva

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Duarte de Perón, y la cantidad de trescientos nueve mil pesos en dinero efectivo, que el imputado le entregó poco antes de refugiarse en una embajada extranjera. El tribunal ha comprobado mediante la pertinente pericia caligráfica la autenticidad incontestable de las cartas que el prevenido dirigió desde su lugar de asilo a la citada menor y cuyo texto fue reproducido en los diarios de esta capital el día 30 de septiembre último. Que el inculpado inició su amistad con dicha menor en la UES (Unión de Estudiantes Secundarios), institución de la cual es secretario general de la CGT (Confederación General del Trabajo), en su discurso del 25 de noviembre de 1954 dijo: “…no voy a hablar de la UES porque todos saben lo que es. Es raro un trabajador que no tiene la felicidad de contar con un hijo o una hija educados física y espiritualmente en los clubes de la UES y nos molesta porque tocan a nuestros propios hijos las apreciaciones difamantes…” El hecho en cuestión, que por la edad de la menor (14 años cuando el causante inició su vida intima con ella) cae bajo las sanciones del Código Penal ordinario, pone de manifiesto una desviación moral inadmisible, máxime tratándose de quien, prevalido de su alta investidura y al tiempo que pretendía erigirse en rector de la juventud, no ha vacilado en mancillar la honra de una criatura. Resulta obvio desde luego señalar el estupor de este tribunal ante la comprobación del hecho cometido, precisamente por quien tantas veces proclamara a la niñez como la única privilegiada bajo su gobierno y que defraudara así la confianza que depositaron tantos hogares en una institución que reiteradamente calificó como educadora de la juventud.

G.- No afrontar la responsabilidad Corresponde por último señalar la actitud asumida por el causante al recurrir al derecho de asilo en las circunstancias que son de pública notoriedad, evidenciando con ello su decisión de eludir las consecuencias que pudieran resultar del examen de su conducta. Tal proceder aparece calificado por sus propias palabras, pronunciadas el día 28 de septiembre de 1951, las cuales contradicen totalmente la referida actitud del causante. A este respecto corresponde recordar que uno de los pilares en que se apoya la autoridad moral de cuantos ostentan un grado militar, consiste en la exacta conciencia de los principios que se predican con los que rigen la propia conducta. Por otra parte, desde el punto de vista castrense correspondiente al ánimo de este tribunal superior, resulta evidente que dicha actitud no coincide con la investidura de general, en quienes el amor a la responsabilidad debe ser llevado hasta las más extremas consecuencias.

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En resumen: El análisis precedente, que se ha referido sólo a los cargos que las probanzas actuales ponen de relieve como de mayor trascendencia, define la conducta observada por el señor general de ejército don Juan D. Perón. El incalificable episodio de la quema de la bandera nacional; el sacrílego incendio de las iglesias, con la destrucción de tesoros religiosos, históricos y artísticos; la constante incitación a la violencia; la prédica de odios encaminada a disociar la familia argentina y crear una división de clases, y las reiteradas ofensas a diversos sectores de la ciudadanía, escudándose en la impunidad emergente de su alta investidura, constituyen algunos de los cargos examinados. A ello se suma que vulneró los principios constitucionales que había jurado respetar; que suprimió arbitrariamente la libertad, bien supremo del individuo y de los pueblos, y que socavó los fundamentos mismos del ejército introduciendo la política en sus filas; menoscabó la disciplina; falseó la ley de conscripción militar con miras a sus conveniencias partidarias, y que descendió, por último, rodeado de una fastuosidad producto de su enriquecimiento ilícito, a la comisión del delito privado previsto y penado en la Código Penal ordinario.

Resolución definitiva En la ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de octubre del año mil novecientos cincuenta y cinco, siendo las trece horas, y estimado este tribunal superior de honor que se encuentran suficientemente aclarados los hechos que motivaron su constitución y que fueron analizados detenidamente en la diligencia que antecede, se procede a votar las siguientes cuestiones, de conformidad con lo establecido en el Nº 54 del reglamento de los tribunales de honor (R.R.M. 70): a) ¿El general del ejército don Juan Domingo Perón ha incurrido en algunos de los actos comprendidos en el Nº 23 del reglamento de los tribunales de honor? El tribunal superior de honor por unanimidad considera que si, por ser los actos examinados contrarios al honor y a la tradición de las fuerzas armadas. b) ¿Los hechos que se le imputan constituyen faltas de honor? El tribunal superior de honor considera, por unanimidad, que si, dado las conclusiones a que arribara precedentemente. c) ¿Los hechos que se le imputan son actos aislados o constituyen por el contrario su conducta habitual? El tribunal superior de honor considera por unanimidad, que el

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número y la diversidad de los hechos cometidos por el causante configuran una conducta habitual de su parte. d) ¿Los hechos que se le imputan han afectado a las fuerzas armadas, al cuerpo de oficiales y a cada oficial en particular? Este tribunal superior de honor considera, por unanimidad, que los hechos, por su relieve y trascendencia, afectan no solo a cada oficial en particular, al cuadro de oficiales todo y a la institución misma, sino también a la Nación entera, hondamente afectada por los hechos cometidos. e) ¿Tiene atenuante? Este tribunal superior de honor considera que no tiene asu favor atenuante alguno. f) ¿Tiene agravante? Este tribunal superior de honor considera, por unanimidad, que tiene los agravantes de su elevado grado militar y de haber cometido los hechos cuando ejercía la primera magistratura del país. Es mérito de los resultados de las votaciones que anteceden, el tribunal superior de honor aprecia por unanimidad, que el señor general de ejército don Juan Domingo Perón se ha hecho pasible, por las faltas cometidas de lo dispuesto en el Nº 58, apartado 4º, del reglamento de los tribunales de honor, “descalificación por falta gravísima”, resultando incompatible con el honor de la institución armada que el causante ostente el título del grado y el uso del uniforme; medida ésta la más grave que puede aconsejar el tribunal. Con lo que terminó el acto, firmando todos sus miembros para constancia. – Tenientes generales Carlos von der Becke. – Juan Carlos Bassi. – Víctor Jaime Maó. – Juan Carlos Sanguinetti. – Basilio D. Pertiné.

Decreto “Visto el presente expediente letra V, Nº 262/55 (M.E.), lo resuelto por el tribunal superior de honor, lo prescrito por el número 75 del reglamento de los tribunales de honor (R.R.M. 70) y teniendo en cuenta, por lo demás, que la conducta del general de ejército don Juan Domingo Perón, en razón del alto cargo que ha desempeñado y de la gravitación que ha tenido en los destinos del país, trasciende del ámbito de la institución militar, lo que hace necesario, en un régimen republicano de gobierno, que sea conocida por toda la ciudadanía y, atento a los propuesto por el ministro secretario de Estado de Ejército, e presidente provisional de la Nación Argentina decreta:

Artículo 1º: Apruébese la resolución del tribunal superior de honor que declara al señor general de ejército don Juan Domingo Perón, encuadrado en el Nº 58, apartado 4º, del reglamento de los tribunales de honor (R.R.M. 70) “Descalificación por falta

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gravísima”, quedando por consiguiente prohibido al causante ostentar el título del grado y el uso del uniforme, por la indignidad que con su conducta ha puesto de manifiesto. El artículo 2º es de forma. Lonardi León J. Bengoa. NOTAS: (1) “Piola” cuerda, soga. (Nota del Transcriptor). (2) “leña” paliza, castigo violento. (Nota del Transcriptor). (3) Del año 1955. (Nota del Transcriptor). (4) El Pundonor: Amor propio, sentimiento que lleva a una persona a quedar bien ante los demás y ante sí mismo. (Nota del Transcriptor). (5) Perón, luego de huir del país, tal como se relata posteriormente, dio varios reportajes, grabaciones y escribió un libro. Esta prensa hizo que aún muchos crean en sus mentiras y fue lo que en definitiva le permitió volver a una tercera presidencia. (Nota del Transcriptor). (6) Del año 1955. (Nota del Transcriptor). (7) Se trata de Nelly Haydee Rivas. La sentencia no hace mención de su nombre ya que al ser menos de edad, debía protegerse su identidad. (Nota del Transcriptor).

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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre los bienes mal habidos del dictador.

Perón, Juan Domingo s/ Bienes mal habidos

Opinión del procurador general de la Nación.

Comparto plenamente las razones que fundan el fallo de fojas 260, contra el cual se ha deducido recurso extraordinario ante vuestra excelencia. Por ello he de limitarme a una breve consideración de los agravios enumerados en el escrito de fojas 310, ya que los mismos fueron exhaustivamente estudiados por el a quo con motivo del recurso de apelación interpuesto contra la decisión de la Junta Nacional de Recuperación Patrimonial. 1º Es infundado sostener que la medida dispuesta en el decreto ley 5.148/55 para el caso en que no se demuestra la licitud de la adquisición de los bienes de las personas allí enumeradas, importe la confiscación total de bienes prescrita por la Constitución Nacional, artículo 17 Tal como lo pone de manifiesto el fallo recurrido, lo prohibido por nuestra Carta Magna no es todo comiso o desapoderamiento de bienes, sino la confiscación “total” impuesta como “pena”, es decir, como un mal impuesto al delincuente en “retribución” de su delito. El desapoderamiento de bienes dispuesto por ley en concepto de “restitución” o de “reparación” no constituye, como es evidente, confiscación en el sentido de la mencionada cláusula de la Constitución Nacional, como no lo es, por otra parte, el que resulta de la multa o el comiso, aunque de hecho pudiera insumir el patrimonio de una persona. La obligación de restituir lo mal habido, lo adquirido ilícitamente, fundamento del decreto ley 5.148/55, no viola, pues, por si, bajo este aspecto ningún precepto constitucional.

2º La presunción iuris tantum, presupuesta por el mismo decreto ley, acerca de la ilicitud de la adquisición de los bienes de los jerarcas del régimen depuesto y sus adláteres, no importa tampoco transgresión constitucional alguna.

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Las presunciones legales, absolutas o relativas, al establecer como verdadera la imputación de una consecuencia a determinado hecho, se basan en reglas comunes de experiencia, de lo que generalmente acontece o de lo que es de pública notoriedad, y son fijadas por el legislador para facilitar la averiguación de la verdad en el trámite procesal; mas, desde otro punto de vista, las presunciones son también protectoras del orden público, al determinar que ciertas situaciones, cuya estabilidad o certeza interesa a ese orden, han de tenerse por existentes, a veces siempre (iuris et de iure), y otras veces hasta tanto se produzca prueba en contrario (iuris tantum). Y bien; la presunción establecida por el decreto ley 5.148/55 respecto del origen ilícito de los bienes de los interdictos está sólidamente fundada desde ambos puntos de vista. En lo que respecta al orden público, el tribunal a quo ha declarado con justicia:

1º Que antes de la revolución de septiembre de 1955 el país se hallaba sometido a un gobierno despótico, y en un estado de caos y corrupción administrativa, debido a la acción directa de las personas comprendidas en el decreto ley 5.148/55, y, en especial, a la del recurrente en esa causa.

2º Que uno de los fines primordiales de la revolución fue el de restituir al patrimonio público los bienes adquiridos ilícitamente por las personas indicadas, quienes, como es de pública notoriedad, se enriquecieron inmoralmente aprovechando los resortes del poder omnímodo de que disfrutaba Juan Domingo Perón y del que hacia participe a sus allegados. Estos hechos no necesitan ciertamente ser probados, pero es bueno señalar que su existencia, declarada irreversiblemente por él a quo, no sólo no ha sido negada en el recurso extraordinario interpuesto, sino que, por el contrario en él se hace mérito de que la revolución se hizo para restablecer el imperio del derecho. La presunción que fundamenta el decreto ley 5.148/55 no puede hallarse más consubstanciada que lo que lo está con la esencia misma de nuestro orden público, porque está consustanciada con la revolución de 1955, al punto de haber sido una de las causas principales que la desencadenaron y justifican, y ningún magistrado de los tribunales de justicia pos revolucionarios podría dejar de tenerla presente, sin negar, al mismo tiempo, la legitimidad del título en cuya virtud administra justicia. Si se prescinde de la conexión que guarda la cuestión que aquí se considera con la revolución misma, podría llegarse a absurdos tales como el de admitir que el recurrente reclama a vuestra excelencia, no solo la devolución de los bienes que no

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alcanzó a llevarse al extranjero, tal como aquí lo intenta, sino también el poder mismo del que fue despojado por la fuerza de las armas. Por eso, en la circunstancia de que la presunción establecida contra el recurrente y sus secuaces sea iuris tantum y no iuris et de iure no ha de verse sino una verdadera “conexión” otorgada a aquellos por la revolución, para preservar, sobre todo, su fin último, el imperio del derecho, ante la posibilidad de que algunos de los bienes de algunos de los interdictos no hubiera sido producto de maniobras ilícitas. Si es cierto que esta presunción, creada, o mejor dicho reconocida, por el decreto ley 5.148/55, se halla impuesta, como se ha visto, por nuestro orden público, no lo es menos que satisface la regla que antes enuncié acerca del criterio técnico para establecer la verdad en el proceso. Es perfectamente razonable, en efecto, como lo señala el fallo recurrido, que pasado ese estado de caos institucional en que se dabatió la República, deban los implicados en aquella presunción general de ilicitud probar el origen de los bienes, y no imponer al Estado, representante de la colectividad, la obligación de demostrar paso a paso un tortuoso laberinto de maniobras, cuyas huellas materiales han desaparecido muchas veces sin dejar rastros, gracias a la suma del poder público que disponían sus propios autores. ¿Podría decirse que no es razonable exigir a quien, como el recurrente, sólo contó con los modestos sueldos que correspondían a sus funciones, la demostración de que son legítimamente adquiridos los bienes por valor de millones de pesos que tiene ahora la audacia de reclamar?

3º El procedimiento instaurado por el decreto ley no importa declarar ilícito lo que antes no lo era, y, en consecuencia, afectar retroactivamente derechos adquiridos. Ya se puso de manifiesto que la garantía constitucional no protege la propiedad obtenida ilícitamente, y que el decreto ley, por otra parte, no declara ilegítimos, modos de adquirir la propiedad que antes no lo eran, sino que pone de relieve una ilicitud que ya era tal ante la ley y la jurisprudencia vigentes en la época en que los bienes pasaron a poder de los interdictos. La existencia de esa ilicitud, frente a las normas de derecho común, ha sido establecida irreversiblemente por la sentencia recurrida.

4º El decreto ley no restringe indebidamente la defensa en juicio asegurada por la Constitución Nacional, artículo 18. Tal como lo señala el a quo, el recurrente ha tenido amplia oportunidad de ser oído, sin que la restricción sobre el empleo de prueba testimonial pueda ser invocada

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eficazmente, desde que el recurrente no ofreció tal especie de prueba ni demuestra en qué medida ella hubiera podido desvincular las cuestiones de hecho que fundan la sentencia recurrida (ver fojas 289). En cuanto a la afirmación de que el procedimiento importa inversión del cargo de la prueba, es manifiesto que ella es infundada, toda vez que la imputación de ilicitud en la adquisición de los bienes, proviene de sólidas presunciones, que en éste como en cualquier otro caso obligan al interesado en destruirlas a aportar la contraprueba correspondiente. No hay, pues, inversión alguna del cargo de la prueba, debiendo recordarse, por otra parte, que aun en caso contrario ello no configuraría per se violación constitucional.

5º El a quo ha refutado concluyentemente los agravios relativos a la pretendida inconstitucionalidad del organismo creado para decidir en primera instancia sobre causas como la presente, concordantemente con la doctrina sentada por vuestra excelencia en Fallos: 205,551; 195,50 y los allí citados.

6º Las cuestiones sobre nulidad planteadas por el recurrente, y la decisión acerca de si el recurso de apelación concedido por el decreto ley contra las decisiones de la junta de Recuperación Patrimonial, corresponde o no el de nulidad, son de naturaleza evidentemente procesal. Lo decidido al respecto por el a quo es, pues, irrevisible en esta instancia extraordinaria.

7º Los agravios fundados en la errónea calificación que, según el apelante, el a quo habría dado a ciertos actos que aquél pretende fueron lícitos, no pueden ser considerados por vuestra excelencia, ya que la decisión apelada resuelve la materia a mérito de razones de hecho y prueba y por aplicación e interpretación de disposiciones de derecho común, ajenas al ámbito del remedio federal.

8º Corresponde, pues, en definitiva, confirmar la sentencia apelada en cuanto pudo ser materia del recurso extraordinario. –Sebastián Soler.

SENTENCIA:

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Buenos Aires, junio 21 de 1957.- Considerando: que el recurso ha sido interpuesto por el apoderado de Juan Domingo Perón contra la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Penal Especial y en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal, de fecha noviembre 15 próximo pasado (1), que resolvió: Confirmar la de 1ª instancia, de la Junta Nacional de Recuperación Patrimonial, en cuanto esta declaró transferido al patrimonio del Estado todos los bienes adquiridos por Juan Domingo Perón después de junio 4 de 1943; dejar sin efecto esta última sentencia: a) En tanto comprendía en el traspaso a las condecoraciones otorgadas por gobiernos extranjeros, a los bienes secuestrados a la menor Nélida Haydée Rivas y a los derechos de autor considerados en sí mismos sobre el libro La razón de mi vida; b) En cuanto mantenía la indisponibilidad de los bienes adquiridos por el reclamante y sus causahabientes antes de junio 4 de 1943; c) Dar intervención a la justicia penal especial, acerca de la posible comisión por Perón de los delitos previstos en el Código Penal, artículos 256 y 259. Contra esta sentencia el recurrente ha expresado los siguientes agravios: a) Que el decreto ley 5.148/55 que crea la junta Nacional de Recuperación Patrimonial como cuerpo dependiente del gobierno e integrado por jueces legos, establece una “comisión especial” y viola, por tanto, la garantía del artículo 18 de la Constitución, aunque el decreto autorice, contra las resoluciones definitivas de la junta, el recurso de apelación para ante un tribunal judicial. El gobierno surgido de la revolución de septiembre 16 de 1955 declaró expresamente que la revolución tenía por fin el restablecimiento del imperio del derecho y que garantizada la plenitud del Poder Judicial, por lo que considera el recurrente que debe hacerse lugar a la defensa opuesta; b) Que dicho decreto ley es también inconstitucionales cuanto a las reglas de procedimiento que establece son severas con los enjuiciados, particularmente cuando invierten el onus probandi, prohíben la prueba de testigos y condenan a quienes no se presenten dentro del plazo que fija, a la pérdida de los bienes en beneficio del patrimonio nacional; c) Que el decreto ley impugnado, “al determinar cuándo se considerará legítimo y cuando no, el dominio alegado por la parte de los bienes en interdicción… superpone una “calificación nueva” a las calificaciones preexistentes en la ley común, relativas a la eficacia de los títulos de adquisición y a los derechos de las personas sobre los bienes que componen su patrimonio”, desconociendo así la protección constitucional de la propiedad (artículo 17, Constitución Nacional). Sostiene que no cabe argumentar que existen actos ilícitos y ordenar la privación de los bienes, por tratarse de instrumentos de un supuesto delito, “si antes el Poder Judicial no sanciona procesalmente al imputado, en los términos que señalan los artículos 40, 41 y concurrentes del Código Penal”. Que, por tanto, aquella privación “tiene la naturaleza de una confiscación”, porque se realiza “por medios que no son, ni la anulación de un acto conforme a la ley civil, ni la indemnización de las consecuencias de un delito o cuasi delito conforme a la misma ley, ni la aplicación de una multa, establecida en la ley penal, ni la de un impuesto, tasa o contribución establecidos en la ley fiscal”. Su mandante, Juan Domingo Perón, tiene derechos adquiridos con respecto a todas las donaciones que recibió durante el

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desempeño de su cargo de presidente de la Nación, pues ellas reconocen causas legítimas y… no están originadas en la magistratura o en el ejercicio de la función pública; d) Por último, mantiene el apelante la afirmación de ser nula la sentencia por haber rechazado el recurso de nulidad que opuso contra la resolución de la junta de fojas 19/22, con el fundamento de que tal recurso no se halla previsto en el decreto 50148/55. Que antes de entrar a examinar cada uno de los agravios expresados por el apelante, corresponde tener presente un hecho básico ineludible: la revolución de septiembre 16 de 1955, que ha originado todos los hechos posteriores, inclusive el procesamiento de las autoridades depuestas y la investigación de los enriquecimientos ilegítimos que se hubieren producido durante el régimen anterior. Si se prescinde de aquel antecedente fundamental, pierde sentido, desde luego, todo lo que en la República ha ocurrido después: no solo este juicio, que llega ahora a conocimiento del tribunal, sino también el cambio violento de las autoridades públicas, el alejamiento del poder y del país del ex presidente, la instalación de las nuevas autoridades entre ellas los actuales tribunales de justicia. No hay objeto en examinar en esta causa –pues el recurso no se plantea en estos términos- si la revolución de septiembre 16 de 1955, se hizo solamente contra los “abusos” de un régimen o si, además –como se ha señalado a propósito de las verdaderas revoluciones- vino también a cambiar los “usos”, es decir, a introducir modificaciones substanciales en el orden social y jurídico del país. Es solamente dentro de aquel limitado fin, de corregir los abusos, que en suficiente medida es forzoso reconocer a todo movimiento revolucionario triunfante, donde cabe plantear el problema de las facultades de un gobierno provisional para establecer órganos y procedimientos adecuados con el objeto de hacer posible una reparación eficaz. En las primeras declaraciones del jefe de la revolución aparece, por lo demás, inequívocos y explicito, que entre las causas inmediatas de ella figura lo que la proclama dirigida al país, al día siguiente de iniciarse el movimiento, calificó de “auge de la corrupción”. Decía la proclama: “Con el pretexto de afianzar los postulados de una justicia social que nadie discute, porque en la hora presente es el anhelo común de todos los argentinos, ha aniquilado (el dictador) los derechos y garantías de la Constitución y suprimido el orden jurídico por su voluntad avasalladora y despótica”. “Esta opresión innoble sólo ha servido para el auge de la corrupción y para la destrucción de la cultura y la economía, de todo lo cual es símbolo tremendo el incendio de los templos y los sacrosantos archivos de la patria, el avasallamiento de los jueces, la reducción de la Universidad a una burocracia deshonesta y la trágica encrucijada que compromete el porvenir de la República contra la entrega de sus fuentes de riqueza” (diario “La Nación”, septiembre 23 de 1955, página 1). El 21 de septiembre, el general Lonardi dirigió desde Córdoba un comunicado a las fuerzas armadas, y dejó en él claramente establecido que “la revolución no se hizo contra el general Perón, sino contra su sistema de gobierno” (diario citado, página 2, columna 3).

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No puede válidamente discutirse, por tanto, el derecho de la revolución para investigar y reparar los abusos durante el régimen anterior. El decreto ley impugnado por el recurrente no está desvinculado de los fines inmediatos de la revolución, sino, al contrario, en estrecha conexión con ellos. Así ha podido decir ese decreto, en sus fundamentos, “que uno de los fines determinantes de la Revolución Nacional Libertadora es el de restituir a la Nación todos los bienes, materiales e inmateriales, de que fue desposeída por el régimen depuesto”, y que es un principio del gobierno republicano y un imperativo de la Revolución Nacional Libertadora la responsabilidad de los funcionarios, empleados públicos, cuyo enriquecimiento injustificado, así como el de sus cómplices, es conducta reproblable, desdorosa y prohibida, que impone la obligación natural de devolver los bienes mal habidos al patrimonio del Estado”. Dos días antes de ese decreto, las directivas básicas del gobierno provisional, dictadas en diciembre 7 de 1955, habían establecido como uno de los puntos del programa a desarrollar para el cumplimiento de los fines de la revolución, el de “restablecer la austeridad republicana en todos los órdenes de la vida pública y procesar a todos aquellos que hubieran cometido delitos” (apartado e). Es verdad que para lograr tales fines, el decreto citado crea un tribunal de 1ª instancia que no es ninguno de los originarios preexistentes –La Junta Nacional de Recuperación Patrimonial- y establece un procedimiento que se aparta en algunos aspectos del organizado por las normas generales de actuación judicial. Pero esta singularidad del tribunal y de los procedimientos no es suficiente para considerar a dicho decreto como repugnante a la Constitución, si no se demuestra que él desconoce o lesiona sustancialmente alguna de las garantías fundamentales. Es, al contrario, razonable que una investigación que tiene como fuente inmediata un movimiento revolucionario, deba hacerse en alguna medida por órganos y procedimientos distintos de los organizados para la vida ordinaria de la comunidad. Se trata, en efecto, de una de las situaciones caracterizadas en la doctrina jurídica como “de emergencia”, y que han justificado siempre y en todos los países una legislación excepcional. Estas situaciones derivan de acontecimientos extraordinarios, imprevisibles o bien inevitables con los recursos ordinarios, y que tienen una repercusión muy honda y extensa en la vida social, de suerte que demandan remedios también extraordinarios a veces, son acontecimientos de carácter físico, como un terremoto, una grave epidemia, etcétera; a veces de índole economía, como las que han determinado en nuestro país –y en la generalidad de los países extranjeros- legislaciones especiales, de efectos restrictivos para el derecho de propiedad consagrado por la Constitución: así las leyes de moratoria hipotecaria y de prórroga de los arrendamientos, declaradas constitucionales tanto en la Corte (Fallos: 136, 161; 172, 21 entre otros) cuanto por la de Estados Unidos (256 U.S. 134; 256 U.S. 170), con fundamentos análogos dada la similitud de los textos de sus leyes fundamentales: “La suprema Corte –dice el ex chief justice Hughes- ha reconocido que las asambleas legislativas pueden hacer frente a las situaciones extraordinarias por una acción que ordinariamente podría

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llevar más allá de su autoridad constitucional. Esta perspectiva no está limitada a las exigencias militares en el teatro de la guerra o a las necesidades extraordinarias provocadas por alguna gran calamidad pública. Situaciones menos graves, pero también extraordinarias y urgentes, pueden justificar disposiciones transitorias. Así, por ejemplo, la Suprema Corte mantuvo la acción del Congreso para la ayuda de los arrendatarios en el distrito de Columbia a causa de la situación que había surgido de la guerra mundial, y al mismo tiempo la Corte sostuvo la validez de la ley 1.920 del Estado de Nueva York suspendiendo en determinadas condiciones el derecho de los propietarios a recobrar la posesión de su propiedad (Charles Evans Hughes, La Suprema Corte de Estados Unidos, México, 1946, página 201). También la emergencia puede provenir, sin duda, de un acontecimiento político, como es la revolución, pues lo que hace que una situación tenga aquel carácter no es la naturaleza del hecho determinante, sino su modo de ser extraordinario, la gravedad y amplitud de sus efectos y la necesidad imperiosa de establecer normas adecuadas para restablecer los intereses públicos afectados. “Aunque la emergencia no puede crear un poder que nunca existió, ella puede proporcionar una razón para el ejercicio de poderes existentes y ya gozados”, dijo la Corte Suprema de los Estados Unidos (Wilson v. New, 243 U.S. 332, 343), cuya doctrina es siempre de interés en nuestro derecho público dados los antecedentes de la Constitución argentina. La emergencia no autoriza, en efecto, el ejercicio por el gobierno de poderes que la Constitución no le acuerda, pero si justifica, con respecto a los poderes concedidos, un ejercicio pleno y a menudo diverso del ordinario, en consideración a las circunstancias excepcionales que constituyen la emergencia. Esta flexibilidad y amplitud en el ejercicio de los poderes es de la esencia de todo gobierno, obligado constantemente a afrontar situaciones cambiantes y diversas, que requieren con frecuencia disposiciones urgentes y de distinta magnitud. Es por eso que la Constitución, después de enumerar prolijamente las atribuciones que corresponden al Congreso –alguna de ellas tan general y tan vasta, como la de “Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias” (artículo 67, inciso 16) (NOTA actual artículo 75 inciso 18 reforma 1994), dispone expresamente que pertenece también al Congreso la facultad de “hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes, y todos los otros concedidos por la presente Constitución al gobierno de la Nación Argentina”. (artículo citado, inciso 28) (NOTA actual artículo 75 inciso 32). “Los que redactaron la Constitución –dice Cooley a propósito de la disposición similar, pero más estricta, de la Constitución norteamericana- confirieron al gobierno de su creación poderes soberanos, prescribieron para él una esfera de acción limitada, en efecto, en lo que se relaciona con las personas y las cosas, pero dentro de la cual podría moverse con suprema autoridad, sin trabas de ninguna especie, excepción hecha de las restricciones que expresamente se le imponían, o que estaban implícitamente comprendidas en la existencia continuada de los Estados y en las

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instituciones libres. Pero no puede existir semejante cosa, como ser un soberano sin la elección de los medios por los cuales ha de ejercitar sus poderes soberanos” (Principios generales de derecho constitucional, capítulo IV, sección XV). “La interpretación restrictiva –expresa Stoty- es contraria a la regla admitida generalmente, de que los poderes en una misma Constitución y en particular los concernientes a la administración de los asuntos del país, como sus finanzas, su comercio y su defensa, deben ser interpretados con amplitud, para el adelanto y el bien público. Esta regla no depende de la forma particular de un gobierno o de la diferente demarcación de sus poderes, sino de la naturaleza y del objeto del gobierno mismo. Los medios de satisfacer las necesidades del país, de evitar los peligros, de aumentar la prosperidad nacional, son tan sumamente variados y complejos que debe dejarse una gran latitud para la elección y el empleo de esos remedios. De aquí resultan la necesidad y la conveniencia de interpretar ampliamente los poderes constitucionales” (Comentario sobre la Constitución Federal de los Estados Unidos, párrafo 611). Dentro de nuestro régimen constitucional, por consiguiente, todo gobierno, sin distinción de la “forma particular” que asuma –en el caso, se trate de un gobierno regular o de un gobierno revolucionario-, está facultado para establecer la legislación que considere conveniente, tanto en las situaciones ordinarias como en las de emergencia, con el límite de que tal legislación sea razonable y no desconozca las garantías individuales o las restricciones que la misma Constitución contiene en salvaguarda de las instituciones libres. La sola objeción de que se trate de una legislación excepcional –en cuanto crea nuevos tribunales o dispone procedimientos especiales-, no es suficiente en épocas de normalidad, mucho menos en una de emergencia, para desestimar tal legislación como contraria a la Constitución. La elección de los medios “convenientes” corresponde a quien tiene el ejercicio de los poderes constitucionales y, con el límite antes señalado, no puede ser objeto de revisión por los jueces. Por lo demás, esta corte ha reconocido reiteradamente al gobierno de hecho surgido de una revolución el poder de realizar todos los actos necesarios y, entre ellos, los de carácter legislativo para el cumplimiento de los objetivos de la revolución (Fallos: 158: 290; 196: 5; 201: 249, entre otros). Ni los fines normales de un gobierno ni los extraordinarios de una revolución podrían ser realizados, desde luego, sin el ejercicio de aquellos poderes implícitos o accesorios que reconoce al gobierno la Constitución (artículo 67, inciso 28). (NOTA actual artículo 75 inciso 32 - reforma de 1994) Que, en consecuencia, el gobierno provisional ha podido legítimamente dictar el decreto ley 5.148/55, para el cumplimiento de uno de los objetivos declarados de la revolución de septiembre 16/955, pues tal legislación, en ausencia del Congreso, le competía en ejercicio de los poderes de gobierno. Y ha podido también –como el propio Congreso- crear nuevos organismos y modificar los procedimientos ordinarios, como

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“convenientes” para la realización de aquellos fines, con las restricciones y límites establecidos por la propia Constitución. Que, siendo ella así, corresponde examinar en concreto si el decreto ley impugnado ha excedido o no los límites constitucionales y afectado o no las garantías invocadas por el recurrente.

a) Que, como primer motivo del recurso, se alega que el decreto 50148/1955 – que creó la Junta Nacional de Recuperación Patrimonial- es violatorio del artículo 18, Constitución Nacional, y está en contradicción con lo manifestado, en noviembre 12/955, por el propio gobierno provisional al proclamar el restablecimiento del Poder Judicial en toda su plenitud, que la Junta Nacional de Recuperación ha actuado en el caso como “comisión especial”, dependiente del Poder Ejecutivo y que su inconstitucionalidad no se salva por otorgarse contra las resoluciones de la junta recursos ante el Poder Judicial. Que, como bien se expresa en la sentencia recurrida, la Junta Nacional de Recuperación Patrimonial es un organismo con funciones jurisdiccionales y no un tribunal de justicia, de los mencionados por el artículo 94 de la Constitución (NOTA actual artículo 108 – reforma de 1994), y que responde a finalidades de bien público claramente enumeradas en el decreto 5.148/55. Conforme a él y a los antecedentes ya citados, estuvo dentro de los objetivos de la revolución, no sólo el restablecimiento de las instituciones subvertidas, sino también la privación de las garantías adquiridas ilícitamente por todos aquellos que detentaron el poder o se valieron de él durante el régimen depuesto, transfiriéndolas al Estado en beneficio de la comunidad. Así ha podido considerar el decreto que, para cumplir estos objetivos de carácter patrimonial, era “urgente y necesario seguir y salvar las deficiencias y obstáculos de orden procesal que presenta el régimen jurídico vigente, no establecido para situación tan excepcional, arbitrando las normas y procedimientos adecuados al logro de los fines primordiales de la revolución”. La posibilidad de una legislación especial con impostergables necesidades públicas, ha sido reiteradamente reconocida por esta corte, aún en épocas de normalidad institucional, como compatible con los principios y las normas de la Constitución. Así, en Fallos: 193, 408, dijo “que la jurisprudencia, encargando la complejidad de las funciones de la administración, ha encontrado admisible que cierto tipo de negocios o infracciones, por razón de la naturaleza pública de los intereses cuya tutela se procura, sean juzgados por funcionarios y formalidades especiales. El tribunal ha contemplado alguno de esos supuestos y admitido la validez de los procedimientos arbitrados con el fin de hacer posible y eficaz la aplicación de las disposiciones legales que rigen o sancionan los asuntos de que se trata (Fallos: 156, 81; 157, 386; 187, 79; 190, 101; 191, 497 y 514 y otros). Esta doctrina ha sido posteriormente mantenida en Fallos: 198, 142; 201, 428 y los allí citados.

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Lo mismo se ha declarado por la Corte Suprema de los Estados Unidos, de cuyo sistema constitucional deriva en buena parte el nuestro: “No constituye un requisito indispensable del debido procedimiento –decía el Chief Justice Stone, exponiendo la opinión de la corte- que cualquier trámite que afecte a la propiedad o libre disposición de objetos de propiedad, se efectúe exclusivamente por vía judicial. Dicho procedimiento legal no condena los trámites legales referentes a derecho de propiedad que, por la admisión del recurso posterior ante los tribunales, aseguran a las partes disconformes una posibilidad apropiada de ser oídas. Ejemplos familiares ofrecen las resoluciones y providencias de los organismos (agencies) administrativos que determinan derechos, sujetos a la subsiguiente revisión judicial” (Anderson National Bank v. Luckett J. E. y otros, 321 U.S. 233). Si, en consecuencia, las conclusiones de hecho o de derecho a que ha arribado la junta de Recuperación Patrimonial, previo el procedimiento correspondiente, han podido ser revisadas por un tribunal de justicia, no puede argüirse, con algún fundamento, que el enjuiciamiento ha sido sacado de sus jueces naturales para ser juzgado por una comisión especial o que se ha afectado por el decreto impugnado la plenitud del Poder Judicial.

b) Que el segundo de los agravios del apelante, fundado también en el artículo 18 de la Carta Fundamental, aduce la inconstitucionalidad del decreto impugnado en cuanto interviene la carga de la prueba, limita los medios probatorios, al excluir la testimonial, y condena a la pérdida de sus bienes a quienes no se presenten dentro de un plazo perentorio a acreditar la legitimidad de la adquisición de ellos. Que cabe observar a esto que el régimen relativo a la prueba no es de origen constitucional sino meramente legal: la constitución nada prescribe a su respecto, de suerte que no puede sustentar una objeción de inconstitucionalidad el sistema adoptado en un caso dado por el legislador, a menos que él fuera claramente irrazonable y pusiera a los interesados en imposibilidad o en grave dificultad de defender sus derechos. Pero la sola circunstancia de que la ley o el decreto invierta la carga de la prueba, no es suficiente para considerar que se halla configurada alguna de estas situaciones de excepción. No existen reglas que prescriban de una manera absoluta o, siquiera, terminante, el régimen concerniente al onus probandi: ninguno de los aforismos tradicionales –verbigracia ei incumbit probatio qui dieit non qui negat; onecessitas probandi incumbit el qui agit; etcétera- y ninguna de las construcciones de la doctrina tiene otro valor que el de meras indicaciones generales, que no excluyen en cada tipo de relaciones jurídicas un examen y, a veces una legislación particular. Los códigos de fondo y las leyes de procedimientos no se atienen exclusivamente a aquellos aforismos y doctrinas, sino que reglamentan la carga de la prueba con especial consideración de las circunstancias de hecho y de índole de las relaciones jurídicas correspondientes.

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Son estos elementos determinantes los que en materia de enriquecimiento ilegítimo de los funcionarios imponen, precisamente, la necesidad de que sea el funcionario quien tenga a su cargo la prueba de la legitimidad de los acrecentamientos de su patrimonio, y no el Estado la prueba de la ilegitimidad de ellos. Este es el régimen invariable en los países que han legislado sobre la materia y el de los proyectos presentados en el Parlamento de nuestro país en diversas oportunidades. Las leyes de Italia (ley 159, de julio 27/1944, y ley364, de mayo 21/1954); Francia (ordenanza de octubre 18/1944) y Alemania(ley 59, de noviembre 10/1947, zona norteamericana) citadas también en el fallo recurrido, legislan a este respecto de manera análoga al artículo 3º del decreto ley 5.148/55; asimismo las varias iniciativas de legislación formuladas en nuestro país: del senador Landaburu (Diario de Sesiones, Senado de la Nación, año 1938, tomo I, páginas 225/6; Tomo II, páginas 199/122, despacho de comisión; año 1941, tomo I, páginas 125, 134 y 137, despacho y sanción); del senador Sosa Loyola (ídem, año 1946, tomo I, página 468); del senador Durand (ídem, año 1949, tomo I, página 147); del diputado Corominas Segura (Diario de Sesiones, Cámara de Diputados de la Nación, año 1936, tomo III, página 73); del diputado Cisneros (ídem, año 1938, tomo I, página 249); del diputado Ruggieri (ídem, año 1940, tomo I, página 299); de los diputados Peco, Pinel y Ruggieri (ídem, año 1941, tomo IV, páginas 629/33). No puede hablarse aquí, en rigor, de una inversión de la prueba, apreciación que solo sería exacta comparando este régimen con el que rige en materias muy diferentes, lo que no es juicioso ni legítimo. Son las circunstancias mismas y la naturaleza de las cosas –que toda legislación seria debe respetar en primer término- las que exigen que sea el funcionario quien produzca la prueba de la legitimidad de su enriquecimiento, no el Estado la de la ilegitimidad; es aquél el que está en las mejores condiciones para suministrar esa prueba, en tanto que para este existiría, si no una imposibilidad, una grave dificultad evidente. Tampoco puede constituir óbice constitucional la exclusión de una cierta clase de prueba –en este caso la de testigos-, pues la facultad de hacer tal exclusión entra en el ámbito de los poderes normales del legislador, en atención a la naturaleza y modalidades de la relación jurídica a legislar. El Código Civil, verbigracia, contiene exclusiones de esa índole que nunca han dado motivo a reparos constitucionales (artículos 255, 1.017, 1036, 1190 a 1194, etcétera). En cuanto a la impugnación del decreto citado por condenar a la pérdida de los bienes a quienes no se presentan a justificar la legitimidad de su adquisición, es extraña al recurrente, como señala la apelada, desde que él se ha presentado. La cuestión tiene, un carácter puramente abstracto y no puede fundar el recurso ni ser decidida por el tribunal en esta ocasión.

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c) Que antes de examinar en concreto el tercero de los agravios contra la sentencia apelada, conviene precisar con claridad los hechos esenciales de esta causa.

En diciembre 3/1949, el ex presidente Perón, en un acto que tuvo gran publicidad, reunió en su despacho de la casa de Gobierno a periodistas de empresas nacionales y extranjeras, a fin de depositar en manos del escribano general del gobierno de la Nación la declaración jurada de sus bienes, previa lectura a los presentes de su contenido. Con este motivo se labró el acta que se transcribe a continuación:

“Acta número noventa y seis.-En la Capital de la República Argentina, a tres de diciembre de mil novecientos cuarenta y nueve, a requerimiento del excelentísimo señor presidente de la Nación, general de brigada don Juan Domingo Perón, me constituí yo, el escribano general del gobierno de la Nación, en su despacho de la Casa de Gobierno y encontrándose presente el excelentísimo señor presidente me manifiesta que es su voluntad que en este acto se proceda a abrir el sobre que contiene la declaración jurada de sus bienes que formulara el día cinco de junio de mil novecientos cuarenta y seis con motivo de haber asumido la Presidencia de la Nación y cuyo sobre me entregara para su guarda y custodia en esa oportunidad, encontrándose el mismo debidamente cerrado, lacrado y firmado, teniendo en su cubierta la siguiente leyenda: “sobre que contiene la declaración jurada de los bienes que poseemos con mi señora esposa a la fecha. Buenos Aires, junio cuatro de mil novecientos cuarenta y seis.- Juan Perón”. Este sobre cerrado tiene cinco sellos de lacre que dicen: “Escribanía General de la Nación”, además contiene la firma de los testigos de aquel acto, señores doctores Eduardo Soldano Deheza y Osvaldo Priamo Arriola, y la del infrascrito escribano general, acompañada de su sello. De todo lo actuado en esa oportunidad se labró un acta que fue registrada bajo el número cuarenta y seis y pasó al folio ciento ochenta y dos y ciento ochenta y tres del Libro de Actas de la Escribanía General del Gobierno de la Nación, la que fue subscrita por el excelentísimo señor presidente de la Nación, testigos nombrados y el subscrito escribano general. De inmediato el excelentísimo señor presidente de la Nación, previas palabras que pronuncia, invita a los señores periodistas presentes a examinar y abrir el sobre de la referencia, haciéndolo así los señores Milton Brackern, de “New York Times”; Willam Harsen, de “United Press”; Enrique Faltisek, de “Continental Headlines”; Ernesto Muello, de “La Razón”; José Pedro Correch, de “La Nación”, y Florentino Rocha Dçiaz, de la Agencia ANA, resultando contener dos sobres cerrados y lacrados, con el sello de la Presidencia de la Nación, con las siguientes leyendas: “Declaración de bienes del presidente de la Nación, general de brigada Juan Perón hacha el día siete de junio del año mil novecientos cuarenta y seis.- Juan Perón.General.” El segundo dice: “Declaración de bienes de la señora María Eva Duarte de Perón el día siete de junio de mil novecientos cuarenta y seis –Juan Perón.- General.” Abierto el primero de ellos por los mismos señores fue retirado un pliego que dice: “En

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la Cuidad de Buenos Aires, a los siete días de junio de mil novecientos cuarenta y seis, declaro bajo juramento, a los fines de establecer mis bienes al día de la fecha, que no poseo sino lo que a continuación detallo; a) Bienes personales: una quinta, con casa habitación en el pueblo de San Vicente, provincia de Buenos Aires, en total dieciocho hectáreas. Un automóvil Packard, efectos personales; b) Bienes testamentarios indivisos. Parte correspondiente en la testamentaria de mi padre, Mario Tomás Perón, que corresponde, indivisa y bajo la administración de mi madre, lo siguiente: un establecimiento de campo en Sierra Cuadrada, Comodoro Rivadavia, Chubut, comprendido campo, instalaciones y hacienda; una bóveda en el cementerio de la Chacarita. Un terreno en el pueblo de Roque Pérez, provincia de Buenos Aires. Es cuanto poseo y en este acto declaro no deber ni haber debido nada a nadie.- Juan Perón.General.” A continuación el excelentísimo señor presidente pide que se dé lectura del certificado expedido por el Banco Hipotecario Nacional con fecha treinta de noviembre próximo pasado, en el que consta que es deudor de dicha institución del préstamo Nº 472.512 suburbano, por la suma de cincuenta mil pesos moneda nacional, con garantía hipotecaria sobre el inmueble ubicado en el pueblo de San Vicente, provincia de Buenos Aires. En este estado procede a depositar el sobre que contiene la declaración jurada de la señora María Eva Duarte de Perón, en otro que cierro y lacro con el sello de la Presidencia de la Nación, al que se le pone la siguiente leyenda: “Sobre que contiene la declaración jurada de bienes de la señora María Eva Duarte de Perón al siete de junio de mil novecientos cuarenta y seis. Buenos Aires, tres de diciembre de mil novecientos cuarenta y nueve”. Este sobre queda depositado para su guarda y custodia en la Escribanía General del Gobierno de la Nación, a mi cargo. Con lo que termino el acto, firmando el excelentísimo señor presidente de la Nación, general de brigada don Juan Domingo Perón, los señores ministros y periodistas presentes y los testigos del acto que lo fueron los señores Emilio Solari Parravicini, director de “Noticias Gráficas” y Emilio Rubio, director del diario “El Mundo”, por ante mí, de todo lo que doy fe. Juan Perón.Milton Brackern (“New York Times”).- Enrique Faltisek (“Continental Headlines”).William Harsen.- José Pedro Correch (“La Nación”).- F. Rocha Díaz (ANA).- Ernesto Muello (“La Razón”).- B. Gache Pirán.- Enrique B. García.- Ramón A. Cereijo.- A.J. Cámpora.- J.C. Barros.- R. A. Ares.- A. Gómez Morales.- Raúl A. Apold.- E. Solari Parravicini.- Emilio Rubio.- Carlos Martínez Cuitiño.- Raúl de Oromi.- Rodolfo G. Valenzuela.- Hay un sello.- Ante mí: Jorge E. Garrido. (Testimonio del acta labrada, folios 325/330, del Libro de Actas de la Escribanía General de Gobierno de la Nación, fojas ¾ del expediente caratulado: “Expediente 52 –comisión 2-, extracto escribano general de gobierno. Copia de la declaración jurada de bienes de Juan Perón”. Agregado al expediente Perón, Juan Domingo, s/comunica bienes patrimoniales por intermedio de su apoderado.)

Seis años después, al día siguiente de estallar la revolución, cuando la suerte de la Nación, cuando la suerte de la Nación se iba a decidir por las armas y mientras

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exponían su vida militares y civiles, el entonces presidente de la República se preocupaba de la administración de sus bienes, ya notablemente superiores, según se desprende del documento, a los muy modestos que contenía su declaración jurada; en septiembre 17/1955 ante el escribano doctor Raúl F. Gaucherón, otorgaba poder general amplio a favor de Ignacio Jesús Ciacleta y Atilio Renzi (fojas 118 de estos autos), para que “administren libremente todos sus bienes, muebles, inmuebles, semovientes, créditos, acciones, títulos, dinero, establecimientos comerciales, industriales y todo lo que en el presente y en el futuro constituya su patrimonio; ya se encuentren en esta República como en el extranjero, a su solo nombre o en condominio con terceros; etcétera” (cláusula 1ª); y entre otros actos, los facultaba para que “otorguen préstamos de dinero a otro papel moneda nacional de curso legal, por los plazos, formas de pago, pactos, garantías, intereses, etcétera, que vieran convenir”. Etcétera (cláusula 5ª). La investigación realizada posteriormente al triunfo de la revolución, ha revelado que el presidente depuesto poseía, solamente en este país, una fortuna cuantiosa; además de los bienes que él declaró antes, uno de ellos, la quinta de San Vicente, con mejoras introducidas por valor de pesos 3.410.000, fojas 18 de la carpeta “antecedentes obra Parque 17 de de Octubre y Residencia Teodoro García Nº 2102”, agregada a estos autos, era propietario de la finca de la calle Gelly y Obes Nº 2287/89, de esta Capital, que consta de planta baja, 8 pisos y terrazas; del edificio de la calle Callao número 1944, integrado por planta baja y 8 pisos, con 17 departamentos; de otro inmueble situado en la calle Teodoro García Nº 2102, con tasación judicial de $ 545.300; de otro situado en Casa Grande (provincia de Córdoba), con valuación fiscal de $ 160.000. Poseía acciones por valor de $3.000.000 del Establecimiento Santa María, Monte, (provincia de Buenos Aires), que Juan Duarte entregó a Héctor J. Díaz, presidente entonces del Banco de la Provincia para ser depositadas en dicho banco, con la manifestación de que solo podía disponer de ellas J. D. Perón” (fojas 76 y 77 de estos autos); acciones de La Territorial la Victoria S.A., del Uruguay, por valor de 200.000 pesos oro uruguayos. En dinero, aparte de diversas sumas en depósito bancarios por valor de $ 50.000, más o menos, tenía a su sola disposición y sin cargo de rendición de cuentas, la suma de $ 5.623.707 correspondientes a la Fundación Eva Perón. Además, en las diversas residencias del ex presidente se encontraron 1.250 plaquetas de oro y plata, 756 objetos de platería y orfebrería. 650 alhajas (aros, anillos, etcétera), 144 piezas de marfil, 211 motocicletas y motonetas, 19 automóviles, 1 avión, 2 lanchas, 394 objetos de arte, 430 armas antiguas y modernas, además de otros objetos valiosos. El apoderado de Perón, en su escrito de presentación ante la Junta Nacional de Recuperación Patrimonial, después de manifestar que “en los años de gobierno de mi representado innumerables entidades nacionales y extranjeras han obsequiado a mi mandante con objetos preciosos de toda índole y que se hallan debidamente valoradas e investigados”, etcétera, pretende que esos objetos pertenecen a Perón “en forma legítima”, conforme a las disposiciones del Código Civil relativas a las donaciones (fojas 7/9).

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El apelante no ha acreditado, con respecto a la casi totalidad de los enriquecimientos patrimoniales de Perón, que ellos hayan tenido una causa jurídica válida. En el párrafo antes transcripto y en las diligencias de prueba que propuso ante la Junta Nacional de Recuperación Patrimonial, solo ha invocado que dichos enriquecimientos se deben a las “innumerables” donaciones hechas a Perón durante el desempeño de su cargo de presidente de la República. Este fenómeno de la donaciones, debe señalarse de inmediato, es engaño a las tradiciones civiles y políticas de nuestro país. Ningún presidente argentino ha recibido jamás tal suma de regalos de valor. No bastaría para explicar aquel hecho, mucho menos para justificarlo, invocar la popularidad del ex presidente, pues también fueron indiscutiblemente populares Mitre y Sarmiento, por ejemplo, en el siglo pasado (NOTA se refiere al siglo XIX), Sáenz Peña e Yrigoyen en el actual (NOTA se refiere al siglo XX), y todos ellos dejaron el poder más pobres que en el momento de asumirlo. Las constancias de autos, por otra parte, y entre ellas las propias manifestaciones hechas por el apoderado de Perón en este juicio, revelan que la gran mayoría de esos regalos no provinieron de elementos populares, sino de empresas comerciales del país y del extranjero, que tenían relaciones de negocios con el gobierno argentino. Además, los obsequios espontáneos que hace el pueblo a sus gobernantes populares son ordinariamente de poco valor económico, en parte por la modestia de los recursos de la gente del pueblo y, en parte, porque la riqueza del obsequio ofende y hiere al natural decoro de un gobernante democrático. La explicación de la extraordinaria cantidad e importancia de las donaciones hachas a Parón, reconoce obviamente otras razones: merced al empleo de los ingentes recursos del Estado, él había acumulado en sus manos una enorme suma de poder. Como decía la proclama revolucionaria, antes citada, el dictador había “aniquilado los derechos y garantías de la Constitución y suprimido el orden jurídico por su voluntad avasalladora y despótica”. Cuando esto llega a ocurrir en un país, los ciudadanos sienten que no gozan de “derechos” sino de meras “concesiones” de la autoridad, que esta puede suprimir o desconocer en cualquier momento y a su arbitrio. Es preciso, por tanto, a quienes no quieran correr riesgos, apaciguar y complacer con “donaciones” importantes o con expresivas declaraciones de lealtad. En todo el país y dentro de todas las actividades, agentes vinculados al gobierno recolectaban periódicamente fondos para regalos a Perón o a su esposa u organizaban adhesiones colectivas a la política y a la persona del ex presidente. Todo esto no puede evidentemente ser puesto al amparo de las disposiciones del Código Civil relativas a las donaciones válidas, cómo pretende el apelante. Se trata, es cierto, de donaciones, pero que tenían una causa ilícita y, por lo mismo, ningún título legítimo puede fundarse con respecto a las cosas así adquiridas. Es bien significativo, sin duda, que el apoderado de Perón en este juicio no haya formulado en ningún momento una negativa, ni intentado siquiera una refutación, de los hechos esenciales invocados por el decreto Nº 5.148/55 para disponer el desapoderamiento de los bienes mal habidos; en particular, “que es público y notorio que bajo el régimen depuesto,

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valiéndose de la suma del poder público, del aparato de la organización estatal y hasta de las formas legales ostensibles, se han constituido fortunas fabulosas al margen del esfuerzo y trabajo honesto que justifican y dignifican la propiedad”. Nada de esto ha sido controvertido por el apelante en las diversas instancias, habiendo limitado sus impugnaciones a los aspectos legales del decreto citado. La adjudicación al Estado de los bienes obtenidos por medios ilícitos o con causa lícita, constituye una sanción que el derecho privado ha incorporado a los códigos modernos, a partir del de Prusia de 1794 (Confr. Von Tuhr, Tratado de Obligaciones, I,51, VI-2 y nota 2; código de España, artículo 1305; de Panamá, artículo 1156; de Cuba, artículo 1305; de Portugal, artículo 692; de Méjico, artículo 1895; proyecto argentino de 1956, artículo 853). El decreto Nº 5.148/55 está dentro de la tradición jurídica al disponer que enriquecimientos ilegítimos obtenidos por los funcionarios del régimen depuesto y sus cómplices pasen al patrimonio de la Nación. Las ganancias constitucionales de la propiedad y de la defensa en juicio, invocadas por el recurrente, no protegen situaciones como las de esta causa. Mucho habría retrocedido moralmente la humanidad, si en 1957 un tribunal de justicia de cualquier país del mundo pudiese declarar legítimo lo que hace mas de 30 siglos se denuncia como corruptor y deshonesto. En las leyes que Moisés dictó para su pueblo ya se contenía este precepto categórico: “No recibirás regalos, porque deslumbran aún a los prudentes, y pervierten las sentencias de los justos” Vulgata Latina, Antiguo Testamento. Libro del Éxodo, parte III, capítulo XXIII, versículo 8). En tiempos más recientes, los corregidores y gobernantes que se nombraban para América, debían prestar juramento por el que se obligaban “a no tener ni celebrar negocios dentro de su jurisdicción, ni procurarse granjerías, ni por si ni por interpósita persona”; “la ley 8, título 2, libro 5, de las Recopilaciones de Indias, imponía la obligación de hacer inventario de los bienes que tenía el corregidor en el momento de subir al gobierno, y este inventario, que se entregaba a las Audiencias Reales, se conservaba como antecedente para cuando cesaba en el mando y se iniciaba el juicio de residencia, a efecto de comprobar si la fortuna había aumentado en su gobierno, pues por ese solo hecho era sospechado de mala conducta en el manejo de los intereses que se le habían confiado” (Aristóbulo del Valle, Derecho constitucional, página 57; Confr. Además, Recopilación de Leyes de los Reynos de Indias, Madrid, 1774, 3ª edición, II, 10 y 147). No es exacto, conforme a lo ya expresado, que Perón hubiese adquirido legítimamente los objetos donados según la ley común anterior al decreto Nº 5.148/55, de modo que este decreto introduzca una “calificación nueva”, según sostiene el apelante. Con prescindencia de este decreto, Perón había obtenido esos objetos ilícitamente, con una causa contraria al orden público y a las buenas costumbres civiles y políticas del país (artículos 19, 21, 953 y concs., C.C.). El decreto no crea ninguna nueva fuente de ilicitud, sino que sólo dispone lo conducente para su investigación y para la entrega al Estado de los beneficios mal adquiridos.

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Tampoco dicho decreto tiene naturaleza penal, como no la tienen en cuanto a la privación de los bienes las leyes de los países extranjeros que han legislado especialmente sobre el enriquecimiento ilícito de los funcionarios. La idea moral que preside estos ordenamientos, es la de que las ganancias resultantes de la actividad reprimida tienen una fuente impura; y se reconoce sin divergencias que dentro del régimen legal de los bienes, la apropiación por el Estado de las ganancias ilícitas carece de carácter penal (Jules Chaveneau, La confiscation des profits, París 1947, ps. 10 y 98). No puede aquí hablarse, en consecuencia, de que la privación de esos bienes signifique una confiscación prohibida por el artículo 17 de la Constitución: “Confiscar – dice Joaquín V. González recordando un fallo de esta Corte- es aplicar al erario o tesoro público, o al fisco, los bienes de algún delincuente sentenciado por un delito, y, por consiguiente, un castigo que deja a un hombre sumergido en la miseria, privado de los derechos sagrados de propiedad, impedido de disponer de ellos”. Y agrega: “Fruto de la crueldad y de la ignorancia antiguas sobre los verdaderos derechos de la personalidad humana, esta pena que en sus orígenes importaba la “muerte civil”, sirvió a los gobiernos despóticos para perseguir a los hombres y enriquecer al fisco a expensas de la fortuna privada… Al suprimirla de nuestras leyes, la Constitución era consecuente con su sistema de garantías y derechos que dignifican a la persona…(y) al mismo tiempo se reparaba una serie de actos dictados por los gobiernos de desorden o de barbarie de nuestro pasado, especialmente el tirano Rosas, que hizo de la confiscación un recurso ordinario contra los amigos de la libertad, que él encarcelaba, o mandaba fusilar, o se expatriaban (Manual de la Constitución Argentina, Nº 129). Por lo demás, como lo tiene declarado esta Corte, “las confiscaciones prohibidas por la Constitución son medidas de carácter personal y de fines penales por las que se desapodera a un ciudadano de sus bienes; es la confiscación del Código Penal, y, en el sentido amplio del artículo 17, el apoderamiento de los bienes del otro, sin sentencia fundada en ley o por medio de requisiciones militares”, etcétera (Fallos: 105, 50; 115, 111; 128, 114; 137, 212). Ninguna semejanza tiene, desde luego, esta confiscación prohibida por la Constitución, con la privación de las ganancias al funcionario que las obtuvo ilícitamente durante el desempeño de su cargo, sanción puramente civil, separada e independiente de cualquier ilicitud penal, más ceñida y estricta que aquella.

d.- Que, finalmente, corresponde también rechazar el agravio fundado en la nulidad de la sentencia por haber desestimado ésta el recurso de nulidad que opuso el recurrente contra la resolución de la Junta Nacional de Recuperación Patrimonial. Se trata de la cuestión puramente procesal que, por lo mismo, no puede sustentarse en recurso extraordinario, como lo ha decidido reiteradamente la Corte. Por otra parte, ningún perjuicio ha ocasionado al apelante el rechazo de este recurso, desde que la instancia judicial ha podido ampliamente, por vía de apelación, demandar la satisfacción de sus pretenciones.

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Por tanto, los meditados fundamentos de la sentencia apelada y el dictamen del procurador general, se confirma en cuanto ha sido objeto del recurso.- Alfredo Orgaz.Manuel J. Argeñaraz.- Enrique V. Galli.- Carlos Herrera.- Benjamín Villegas Basavilbaso.

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FALLOS DE PRIMERA INSTANCIA (Decretando prisión preventiva)

Héctor José Cámpora y otros s/ pedido de libertad Buenos Aires, diciembre 30 de 1955. Y Vistos: Para resolver los pedidos de libertad formulados a favor de Héctor José Cámpora, Oscar E. Albrieu, Antonio J. Benitez, Oscar R. Bidegain y José María Argaña, y en atención a lo resuelto por la excelentísima Cámara in re “Robles José s/ queja” e “incidente de falta de jurisdicción planteado por la defensa de Alejandro Leloir”. Y Considerando: Que conforme a lo prescripto por los artículos 366 y 456 del Código Procesal y a los efectos de proveer a las libertades solicitadas, cabe declarar que prima facie, a juicio del subscrito existe semiplena prueba de que los procesados nombrados, en su actuación como legisladores, han conferido facultades extraordinarias y la suma del poder público al Poder Ejecutivo, delito previsto por el artículo 20 de la Constitución Nacional y 227 del Código Penal; todo ello sin perjuicio de las restantes incriminaciones por las que se instruye este sumario. Por lo expuesto, decrétase la prisión preventiva de Héctor José Cámpora, Oscar E. Albrieu, Antonio J. Benitez, Oscar R. Bidegain y José María Argaña, de las condiciones personales obrantes en autos, por el delito de traición (artículo 366 del Código de Procedimientos en lo Criminal, 20 de la Constitución Nacional y 227 del Código Penal), prima facie considerado. A los efectos de los artículos 411 y 412 del Código de Procedimientos citado, intímese a los nombrados den bienes a embargo suficientes a cubrir la suma de cincuenta mil pesos moneda nacional para cada uno de ellos, librándose sendos mandamientos que deberá diligenciar el oficial de justicia del juzgado. Hágase saber. Luis Botet.

Ramón Amancio Albariño y otros s/ recurso de queja - pedido de libertad. Buenos Aires, diciembre 30 de 1955. AUTOS Y VISTOS: Para resolver los pedidos de libertad formulados a favor de Ramón Amancio Albariño, Pedro Villareal, José Ángel Maestro, José Gobello, Juana Larraburi, María Rosa Calviño de Gómez, Antonio J. C. Deimundo, Enrique Osella

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Muñoz, Alberto L. Rocamora, Ezio Armando Carena, Eloy P. Camus, Héctor Lorenzo Lannes, Eduardo Pio Ruiz Villasuso, José Alonso, José Colome Pérez, Juan Francisco Brizuela, Ángel Enrique Peralta, Pedro Ramón Otero, Francisco Isidoro Carrizo, Adolfo Lanfossi, Roberto Domínguez, Isaac Donaldo Moya, Carlos Arturo Juárez, Jesús Pablo Arias, Patrocinio Merlo, Hugo del Valle Chalup, Manuel Vicente Gómez, José Guillermo de Paolis, Pedro A. Ordoñez Pardal, Noé López, Bernardo Gago, Pedro Andrés José Gomis, Susana Correche de Novick, Josefa Miguel de Tubio, José Manuel Ulloa, Antonio Hermida, Teodomiro de la Luz Agüero y Carlos Joaquín Dominguez, y en atención a lo resuelto por la excelentísima Cámara in re “Robles José s/ queja” e “incidente de falta de jurisdicción planteado por la defensa de Alejandro Leloir”. Y CONSIDERANDO: Que conforme a lo prescripto por los artículos 366 y 456 del Código Procesal y a los efectos de proveer a las libertades solicitadas, cabe declarar que prima facie, a juicio del subscripto existe semiplena prueba de que los imputados nombrados en su actuación como legisladores han conferido la suma del poder público al Poder Ejecutivo y consentido la concesión al mismo de facultades extraordinarias, delito previsto por el artículo 20 de la Constitución Nacional y 227 del Código Penal; todo ello sin perjuicio de las restantes incriminaciones por las que se instruye este sumario. Por lo expuesto decretase la prisión preventiva de los procesados mencionados ut supra, por considerarlos prima facie autores del delito de traición (artículos 366 del Código de Procedimientos en lo Criminal, 20 de la Constitución Nacional y 227 del Código Penal). A los efectos de los artículos 411 y 412 del Código de Procedimientos citado, intímese a los nombrados den bienes a embargo hasta cubrir la suma de cincuenta mil pesos moneda nacional para cada uno de ellos, librándose sendos mandamientos que deberá diligenciar el oficial del juzgado. Hágase saber. Luis Botet.

John William Cooke s/ incidente de queja. Buenos Aires, diciembre 30 de 1955. AUTOS Y VISTOS: Para resolver sobre la situación del detenido John William Cooke, atento lo resuelto por la excelentísima Cámara en el incidente de queja respectivo; y CONSIDERANDO: I)Que ha sido revocada por el tribunal mencionado la excepción de previo y especial pronunciamiento acordada por el subscrito y en virtud de la cual sobreseyera definitivamente por el delito de traición, conforme al imperativo del artículo 454 del

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Código procesal que dice textualmente: “Cuando se declare haber lugar a cualquiera de las excepciones perentorias enumeradas en el artículo 443, se sobreseerá definitivamente”. II) Que en consecuencia, habiendo quedado anulado dicho sobreseimiento, reasumida la jurisdicción del juzgado por el delito de traición, en orden a lo prescripto por el artículo 366 del Código procesal y a los efectos de proveer a la excarcelación solicitada, cabe declarar que prima facie, a juicio del subscrito existe semiplena prueba de que el nombrado Cooke, en su actuación como diputado es uno de los legisladores que han conferido facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo, delito previsto por el artículo 20 de la Constitución Nacional y 227 del Código Penal. III) Todo ello sin perjuicio de las restantes incriminaciones por las que se instruye este sumario. Por lo expuesto, declárese la prisión preventiva de John William Cooke de las Condiciones personales obrantes en autos por el delito de traición (artículos 366 del Código de Procedimientos, 20 de la Constitución Nacional y 227 del Código Penal) prima facie considerado. Trábese embargo en los bienes del procesado, previa intimación, hasta cubrir la suma de cincuenta mil pesos m/n. (artículo 411 del Código Procesal). Hágase saber, y líbrese al efecto mandamiento que diligenciará el oficial de de justicia del juzgado. Luis Botet.

Guillermo Manuel Campano s/ traición y asociación ilícita Buenos Aires, julio 23 de 1955 Y VISTOS: Para resolver la situación legal de Guillermo Campano, en este sumario, instruido por traición y asociación ilícita. Y CONSIDERANDO: I) Que en ele estado actual de la investigación se encuentran reunidos, a juicio del subscripto, prima facie los extremos del artículo 366 del Código Procesal, por el delito de traición (artículo 20 de la Constitución), según el texto ordenado de la reforma vigente a la época del hecho –artículo 29 de la actualmente vigente- y 227 del Código Penal respecto de Guillermo Manuel Campano, por haber conferido la suma del poder público al Poder Ejecutivo con la aprobación de las leyes y declaraciones en el período que actuó y haber consentido durante todo su desempeño la concesión de facultades extraordinarias contenidas en la ley 14.062 de Estado de Guerra Interno, al omitir derogarla no obstante el uso que de ella se hacía y su carácter eminentemente ocasional.

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II) Que igualmente y por los fundamentos del considerando III de la resolución obrante a fojas 1739/1744, que se dan por reproducidos brevitatis causa el subscrito considera que Guillermo Manuel Campano, prima facie habría cometido el delito de asociación ilícita (artículo 210 del Código Penal). Por lo expuesto, RESUELVO: Convertir en prisión preventiva la detención que sufre Guillermo Manuel Campano, por delitos de traición y asociación ilícita (artículo 366 del Código de Procedimientos en lo Criminal, 29 de la Constitución vigente y 227 y 210 del Código Penal), debiendo trabarse embargo en sus bienes hasta cubrir la suma de cien mil pesos moneda nacional (artículo 411 del Código Procesal). Hágase saber y dese cumplimiento a la ley 11.752. Luis Botet.

Ricardo Antonio San Millán, s/ traición y asociación ilícita Buenos Aires, julio 19 de 1956 Y VISTOS: Para resolver la situación legal de Ricardo Antonio San Millán, en este sumario, instruido por traición y asociación ilícita Y CONSIDERANDO: I) Que en el estado actual de la investigación se encuentran reunido, a juicio del subscrito, prima facie los extremos del artículo 366 del Código Procesal por el delito de traición (artículo 20 de la Constitución) según el texto orientado de la reforma vigente a la época del hecho –artículo 29 de la actualmente vigente- y 277 del Código Penal respecto de Ricardo Antonio San Millán, por la concesión de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo al aprobar la ley de Estado de Guerra Interno Nº 14.062. II) Que igualmente y por los fundamentos del considerando III de la resolución obrante a fojas 1739/1744, que se dan por reproducidos brevitatis causa, el subscrito considera que Ricardo Antonio San Millán, prima facie habría cometido el delito de asociación ilícita (artículo 210 del Código Penal). Por lo expuesto, RESUELVO: Convertir en prisión preventiva la detención que sufre Ricardo Antonio San Millán, por los delitos de traición y asociación ilícita (artículo 366 del Código de Procedimientos en lo Criminal, 29 de la Constitución vigente y 227 y 210 del Código Penal), debiendo trabarse embargo en sus bienes hasta cubrir la suma de cien mil pesos moneda nacional (artículo 411 del Código Procesal). Hágase saber y dése cumplimiento a la ley 11.752 Luis Botet.

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Plácido Guillermo López y Fernando Riera s/ situación legal Buenos Aires, 29 de marzo de 1957 AUTOS Y VISTOS: Para resolver la situación legal de Plácido Guillermo López, que ha sido indagado a fojas 2.167, y de Fernando Riera, en virtud de tener conocimiento el subscrito, que aún no se lo ha hecho, por el escrito presentado por el doctor Pablo Zottola, que ha sido devuelto; y CONSIDERANDO: I. Que durante su mandato como diputado nacional, el primero de los nombrados contribuyó con su voto afirmativo a la sanción de las leyes números 14.165, que creó el Código de Justicia Policial; 14.184, que puso en vigencia el segundo Plan Quinquenal, y 14.400, que reglamentó los actos y reuniones públicos, así como también se adhirió a la declaración del 7 de mayo de 1952, por la que se nombraba al mandatario depuesto Libertador de la República. Todo ello surge de los respectivos Diarios de Sesiones, que se han tenido a la vista y, a pesar de la negativa del procesado al prestar declaración indagatoria, respecto de la declaración ya citada y de las leyes 14.165 y 14.400; en cuanto a la ley 14.184, reconoce haber votado por la Afirmativa su sanción. II. Que Fernando Riera, al prestar declaración indagatoria, reconoce haber votado por la afirmativa la sanción en el Senado Nacional de las leyes 14.165, 14.184 y 14.400, afirmación corroborada por los diarios de Sesiones de la Cámara de Senadores correspondientes a las sesiones de la fecha en que se trataron los proyectos de las leyes mencionadas. III. Que evidentemente, a juicio del subscrito, las leyes y declaraciones citadas precedentemente, concedieron al Poder Ejecutivo nacional derrocado por la revolución de septiembre de 1955 sumisiones y supremacías de tal naturaleza que importaron, en la práctica dejar a merced de dicho poder no sólo el honor sino la fortuna de los argentinos, esta última mediante alguno de los objetivos del segundo Plan Quinquenal, aprobado por la ley 14.184. Por todo ello, y encontrándose reunidos respecto de los procesados nombrados los extremos exigidos por el artículo 366 del Código de Procedimientos en lo Criminal RESUELVO: Convertir en prisión preventiva la detención que cumplen Plácido Guillermo López y Fernando Riera, por considerarlos, prima facie, responsables de la comisión del delito de traición (artículo 29 de la Constitución Nacional vigente y 227 del Código Penal). Debiendo trabarse embargo de sus bienes hasta cubrir la suma de cincuenta mil pesos moneda nacional, cada uno, librándose al efecto el correspondiente mandamiento que

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diligenciará el oficial de justicia del juzgado (artículo 411 y 412 del citado código de formas). Notifíquese. P.R.S. A. Cardoso.

Juan Carlos García s/ pedido de libertad Buenos Aires, diciembre 30 de 1955 AUTOS Y VISTOS: Para resolver sobre el pedido de libertad formulado por la defensa de Juan Carlos García, y en atención a lo resuelto por la excelentísima Cámara in re “Robles, José sobre queja”; y

CONSIDERANDO: 1º Que ha sido revocada por la excelentísima Cámara la excepción de previo y especial pronunciamiento acordada por el subscrito y en virtud de la cual sobreseyera definitivamente por el delito de traición conforme al imperativo del artículo 454 del código procesal, que dice textualmente: “cuando se declare haber lugar a cualquiera de las excepciones perentorias enumeradas en el artículo 443, se sobreseerá definitivamente”. 2º Que en consecuencia, habiendo quedado anulado dicho sobreseimiento, resumida la jurisdicción del juzgado por el delito de traición, en orden a lo prescrito por el artículo 366 del Código procesal y a los efectos de proveer al pedido de libertad mencionado cabe declarar que prima facie, a juicio del subscrito, existe semiplena prueba de que el nombrado García, en su actuación como diputado, es uno de los legisladores que ha conferido la suma del poder público al Poder Ejecutivo y consentido la concesión al mismo de facultades extraordinarias, delito previsto por los artículos 20 de la Constitución Nacional y 227 del Código Penal. 3º Todo ello sin perjuicio de las restantes incriminaciones por las que se instruye este sumario. Por lo expuesto, decretase la prisión preventiva de Juan Carlos García, de las condiciones personales obrantes en autos, por el delito de traición (artículo 366 del Código de Procedimiento, 20 de la Constitución Nacional y 227 del Código Penal) prima facie considerado. Trábese embargo en los bienes del procesado previa intimación, hasta cubrir la suma de cincuenta mil pesos moneda nacional (artículo 411 del código procesal).

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Hágase saber, y líbrese al efecto mandamiento que diligenciará el oficial de justicia del juzgado.

Luis Botet.

Héctor D. Lagraña y otros s/ pedido de libertad Buenos Aires, 30 de diciembre de 1955. AUTOS Y VISTOS: Para resolver los pedidos de libertad formulados a favor de Héctor D. Lagraña, Ricardo Octavio Lorenzón, Francisco Novellino, Manuel Anselmo García, Ramón Washington Tejada, Leandro R. Reynés, Saturnino S. Erro, Francisco Daniel Mendiondo, Ludovico Lavia, José Astorgano, Lorenzo Soler, Silverio Pontieri, Ricardo Lareo, y Pablo Antonio Ramella, y en atención a lo resuelto por la excelentísima Cámara in re “Robles José –s7 queja” e “Incidente de falta de jurisdicción planteado por la defensa de Alejandro Leloir”, y CONSIDERANDO: I.Que conforme a lo prescripto por los artículos 366 y 456 del código procesal y a los efectos de proveer a la excarcelación solicitada, cabe declara que prima facie, a juicio del suscrito, existe semiplena prueba de que los procesados nombrados en su actuación como legisladores han conferido facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo, delito previsto por el artículo 20 de la Constitución Nacional y 277 del Código Penal. II. Todo ello sin perjuicio de las restantes incriminaciones por las que se instruye este sumario. Por lo expuesto, decretase la prisión preventiva de Héctor D. Lagraña, Ricardo Octavio Lorenzón, Francisco Novellino, Manuel Anselmo García, Ramón Washington Tejada, Leandro R. Reynés, Saturnino S. Erro, Francisco Daniel Mendiondo, Ludovico Lavia, José Astorgano, Lorenzo Soler, Silverio Pontieri, Ricardo Lareo, y Pablo Antonio Ramella, de las condiciones obrantes en autos, por el delito de traición (artículo 366 del Código de Procedimientos, 20 de la Constitución Nacional y 277 del Código Penal) prima facie considerado. A los efectos de los artículos 411 y 412 del Código de Procedimientos en lo Criminal, intimase a cada uno de los procesados dé bienes a embargo hasta cubrir la suma de cincuenta mil pesos moneda nacional, librándose al efecto suficientes mandamientos que diligenciará el oficial de justicia del juzgado. Hágase saber y reitérese la orden de captura del evadido José Astorgano. –

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E. L. “bienes” vale. Luis Botet.

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FALLOS DE PRIMERA INSTANCIA PREVENTIVAS Y PROCESAMIENTOS

DECRETANDO

PRISIONES

Perón, Juan Domingo y otros s/ traición y asociación ilícita.

Buenos Aires, 17 de mayo de 1956

Y VISTOS: El presente sumario instruido contra Juan Domingo Perón y otros, por traición y asociación ilícita. Y Considerando: Iº) Que a fojas 1.366 y 1.331 se ha dictado la prisión preventiva de Héctor D. Lagraña, Ricardo O. Lorrenzón, Francisco Novellino, Manuel Anselmo García, Ramón Washington Tejada, Leandro R. Reynés, Saturnino S. Erro, Francisco D. Mendiondo, Ludovico Lavia, Lorenzo Soler, Silverio Pontieri, Ricardo Lareo, Pablo A. Ramella y John W. Cooke, por el delito de traición, consistente en la concesión de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo (artículo 20 de la Constitución –hoy 29-, y 227 del Código Penal). A fojas 1.375, se dictó similar pronunciamiento contra Ramón Amancio Albariños, Pedro Villlareal, José Ángel Maestro, José Gobello, Juana Larrauri, María Rosa Calviño de Gómez, Antonio J. C. Deimundo, Enrique Osella Muñoz, Alberto L. Rocamora, Ezio Armando Carena, Eloy P. Camus, Héctor Lorenzo Lannes, Eduardo Pio Ruiz Villasuso, José Alonso, José Colomé Pérez, Juan Francisco Brizuela, Ángel Enrique Peralta, Pedro Ramón Otero, Francisco Isidoro Carrizo, Adolfo Lanfossi, Roberto Dominguez, Isaac Donaldo Moya, Carlos Arturo Juárez, Jesús Pablo Arias, Patrocinio Merlo, Hugo del Valle Chalup, Manuel Vicente Gómez, José Guillermo de Paolis, Pedro A. Ordoñez Pardal, Noé López, Bernardo Gago, Pedro Andrés Jose Gomis, Susana Correche de Novick, Josefa Miguel de Tabio, José Manuel Ulloa, António Hermida, Teodomiro de la Luz Agüero y Carlos Joaquin Dominguez, también por traición, emergente de haber conferido la suma del poder público al Poder Ejecutivo y consentido la concesión a éste de facultades extraordinarias. Por último a fojas 1.374 se decretó igualmente la prisión preventiva de Héctor J. Cámpora, Oscar E. Albrieu, Antonio J. Benítez, Oscar R. Bidegain y José M. Argaña por el mismo delito de traición, configurada por la concesión al Poder Ejecutivo de facultades extraordinarias y suma del poder público. Que tales distinciones obedecieron a la actuación en distintos períodos parlamentarios de los primeros y segundos y la permanencia en ambos períodos de los últimos.

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II) Que en el estado actual del sumario se encuentran también reunidos prima facie a juicio del subscripto los extremos del artículo 366 del Código Procesal, por el delito de traición, (artículo 20 Constitución Nacional según el texto ordenado de la reforma vigente a la época del hecho –artículo 29 de la actualmente vigente- y 227 del Código Penal), respecto de Manuel Álvarez Pereyra, Domingo Bruno, Luis Cruz, Carlos A. Díaz, Ángel C. Estrada, Alejandro H. Leloir, Alfredo Machargo, Mauricio Scatamacchia y Luis Saporiti, por la concesión de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo al aprobar la ley de estado de guerra interno Nº 14.062; respecto de Elías Teodoro Amado, Blas Brisoli, Aimar A. Balbi, Delia Delfina Degliuomini de Parodi, Arturo R. Del Río, Luis D’Jorge, Juan António Ferrari, Expedito Fernández, Ana Carmen Macri, Miguel Musacchio, Adolfo Pallanza, Jorge S. Pellerano. Tito Vicente Pérez Otero, Luis Pericas, Manuel Félix Rodríguez, Alberto Teisaire y Otilia Villa Maciel de Cano, por haber conferido la suma del poder público al Poder Ejecutivo con la aprobación de las leyes y declaraciones promulgadas en el período en que actuaron, sobre los que fueron expresamente indagados y haber consentido durante todo su desempeño la concesión de las facultades extraordinarias de la referida ley de estado de guerra interno, al omitir derogarla no obstante el uso que de ella se hacía y su carácter eminentemente ocasional; respecto de Luis Atala, Alberto Durand, Alejandro Bautista Glavarini, Eduardo Julio Forteza, Abel Montes, Valerio Segundo Rouggier y Eduardo Rumbo, por la concesión de las facultades extraordinarias de la citada ley 14.062 y de la suma del poder público al Poder Ejecutivo, dada la actuación de todos ellos en ambos períodos parlamentarios, y respecto de Carlos Gro y Eduardo Mattia, no obstante lo dictaminado por el señor procurador fiscal a fojas 1.665, el subscrito encuentra su situación prima facie en la responsabilidad de haber consentido durante el período en que actualmente la vigencia de la ley de estado de guerra interno, que concedía facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo. III) Ampliadas las declaraciones indagatorias de los procesados con posterioridad al auto de fojas 775, surge en lo que se refiere a todos los legisladores mencionados en los pintos I y II y es corroborado por las restantes consecuencias del proceso, que los mismos han actuado en forma de absoluta sumisión y hasta en muchos casos en confesa situación de temor al ex presidente Perón y sus personeros, aprobando leyes bajo amenazas directas, leyendo como opiniones propias textos que se les entregaban ya redactados y con el agravante de que periódicamente recibían automóviles que significaban lisas y concretas entregas de sumas en efectivo, pues por lo general sólo debían firmar una transferencia para percibir determinados montos de dinero, sin ni siquiera ver tales vehículos. Existe también semiplena prueba de que funcionaba un comando estratégico integrado por el ex presidente Perón, su ex ministro Borlenghi, el secretario general de la CGT y las cabezas de las ramas femenina y masculina del Partido Peronista, cuyo comando decidía sobre las leyes necesarias para el mantenimiento del régimen depuesto y daban

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las órdenes de aprobación a los legisladores por intermedio de los jefes de bloque o las comisiones correspondientes. Estas circunstancias configuran prima facie la concertación de la asociación ilícita del artículo 210 del Código Penal, cuyas proyecciones, partiendo de la aprobación de esas leyes dirigidas al fin expuesto, se habrían pronunciado en todas las manifestaciones del vivir argentino, afectando la vida, el honor y los bienes no solo de los opuestos al peronismo, sino de la ciudadanía en general, sujeto pasivo de las consecuencias morales y materiales de la degradación psíquica y económica que esa acción dolosa significara, acción que trasunta de los numerosos procesos en trámite por los delitos de toda índole, cuya raíz proviene de la citada asociación y que resultan posibles en la mayor parte por la legislación dictada por los incriminados en el presente proceso. IV) Que con respecto a José G. Espejo y Eduardo Vuletich, indagados a fojas 1.040 y fojas 977 y 983, oído el señor procurador fiscal a fojas 1.665, corresponde declararlos prima facie incursos por semiplena prueba en el delito de asociación ilícita, como integrantes del referido comando estratégico, organismo que repugna a nuestra Constitución republicanodemocrática y que, en lo que se refiere a los hechos que son motivo de estos autos, fue factor determinante. V) Idéntica responsabilidad cabe para Juan Domingo Perón y Ángel Gabriel Borlenghi, dirigentes de la mencionada asociación ilícita (artículo 210 del Código Penal), debiendo agregarse respecto al primero su participación en el delito de traición por concesión al Poder Ejecutivo que desempeñaba, de facultades extraordinarias, primero y la suma del poder público después, como colegislador y beneficiario de esas sanciones legislativas (artículos 20, 70, 71 y 75 de la Constitución, según numeración vigente a la época de los hechos y 227 del Código Penal). En consecuencia, al margen de la pertinente orden de captura, en cumplimiento de lo dispuesto a fojas 775 y conforme con el artículo 646 del Código Procesal, corresponde pedir a las repúblicas de Panamá y Cuba, respectivamente, la extradición de Juan Domingo Perón y Ángel Gabriel Borlenghi, determinándose expresamente para llenar el requisito del artículo 661, inciso 1º del mismo código, que dicha asociación se ha pronunciado para ambos a partir del 28 de septiembre de 1951, fecha de la ley 14.062, que declaró el estado de guerra interno, prosiguiendo ese delito en forma continuada hasta el día 23 de septiembre de 1955, fecha en que comenzó la caída del régimen encabezado durante todo este lapso por Perón y secundado por Borlenghi como ministro integrante del referido comando ilegal, hasta el 30 de junio del mismo año. Por último, debe ser igualmente cumplido, conforme con el artículo 139 del Código Procesal, el requisito de la citación por edictos del prófugo. En cuanto a la Convención de Montevideo sobre extradición (1933), no es aplicable al presente caso, por cuanto establece expresamente su artículo 19 que regirá para delitos

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posteriores al depósito de su ratificación. La República Argentina recién lo hizo el 19 de abril próximo pasado. VI) En cuanto a Héctor Hugo De Pietro, indagado a fojas 1.024 y 1.062, su situación resulta ajena a este proceso, atenta la fecha de designación como secretario general de la CGT, por lo que corresponde desglosar las constancias vinculadas a sus dichos y formar proceso que correrá por cuerda separada. VII) Existiendo informaciones de que los imputados Selfa Argumedo de Pedroza., Juana Alicia Espejo de Ramos, Ricardo César Guardo, Diego Luis Molinari, José Eduardo Picerno, Modesto Antonio Enrique Spachessi, Héctor Asor Blassi y Celina Rodríguez de Martinez Paiva, se encontrarían asilados en las embajadas de Haití, los cinco primeros; Brasil los dos siguientes, y Ecuador y Paraguay los dos últimos, respectivamente, declárese su procesamiento y detención por los delitos de traición y asociación ilícita (artículos 29 de la Constitución vigente y 227 y 210 del Código Penal), debiendo requerirse su entrega por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores en la forma de práctica.

Por todo lo expuesto resuelvo: 1º) Convertir en prisión preventiva la detención que sufren Elias Teodoro F. Amado, Luis Atala, Manuel Álvarez Pereyra, Blas Brisoli, Aimar A.Balbi, Domingo Bruno, Luis Cruz, Alberto Durand, Carlos A. Díaz, Delia Delfina Degliuomini de Parodi, Alberto R. Del Rio, Luis D’Jorge, Ángel C. Estrada, Juan Antonio Ferrari, Eduardo Julio Forteza, Expedito Fernández, Alejandro B. Giavarini, Carlos Gro, Alejandro H. Leloir, Alfredo F. Machargo, Abel Montes, Ana Carmen Macri, Miguel Musacchio, Eduardo Mattis, Adolfo Pallanza, Jorge S. Pellerano, Tito V. Pérez Otero, LuisPericas, Manuel Félix Rodriguez, Valerio S. Bouggier, Eduardo I. Rumbo, Mauricio A. Scatamacchia, Luis Saporitti, Alberto Teisaire y Otilia Villa Maciel de Cano, por los delitos de traición y asociación ilícita (artículos 366 del Código Procesal, 29 de la Constitución vigente y 227 y 210 del Código penal, debiendo trabarse embargo en sus bienes hasta cubrir la suma de cien mil pesos moneda nacional para cada uno (artículo 411 del Código Procesal). 2º) Ampliar la prisión preventiva dictada contra Ramón Albariño, Teodomiro de la Luz Agüero, Oscar E. Albrieu, José Alonso M. Argaña, Jesús Pablo Arias, Antonio J. Benitez, Oscar R. Bidegain, Juan Francisco Brizuela, María Rosa Calviño de Gómez, Susana Correche, Héctor J. Cámpora, Eloy P. Camus, John William Cooke, Ezio Armando Carena, Francisco Isidoro Carrizo, Hugo del Valle Chalup, José Cuillermo de Paolis, Antonio J. C. Deimundo, Carlos Joaquín Dominguez, Roberto Domínguez, Saturnino Erro, Manuel García, Bernardo Gago, José Gobello, Manuel Vicente Gómez, Pedro A. J. Gomis, Antonio Hermida, Carlos Arturo Juárez, Juana Larrauri, Ricardo Octavio Lorenzón, Ricardo Lareo, Héctor D. Lagraña, Ludovico Lavia, Adolfo

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Lanfossi, Héctor L. Lannes, Noé López, F. Daniel Mendiondo, José Ángel Maestro, Patrocinio merlo, Isaac Donaldo Moya, Josefa Miguel de Tubio, Novellino Francisco Pedro A. Ordoñez Pardal, Enrique Osella Muñoz, Pedro Ramón Otero, Silverio Pontieri, Ángel Enrique Peralta, José C.Perez, Pablo A. Ramella, Edaurdo Pío Ruiz Villasuso, Leandro R. Reynés, Alberto L. Rocamora, Lorenzo Soler (h.), Ramón Washington Tejada, José Manuel Ulloa y Pedro Villareal, haciéndola extensiva del delito de asociación ilícita (artículo 210 del Código Penal), y aumentándose el embargo ya ordenado en cincuenta mil pesos moneda nacional para cada uno. 3º) Decretar la prisión preventiva de José Gregorio Espejo y Eduardo Vuletich por el delito de asociación ilícita, debiendo trabarse embargo en sus bienes hasta cubrir la suma de cincuenta mil pesos moneda nacional para cada uno (artículo 210 del Código Penal, y 366 y 411 del Código Procesal). 4º) Decretar el procedimiento y orden de detención contra Juan Domingo Perón y Ángel Gabriel Borlenghi, por los delitos de traición y asociación ilícita, el primero (artículo 29 de la Constitución vigente, y artículos 227 y 210 del Código Penal), y por asociación ilícita el segundo (artículo 210 del Código Penal), debiendo citárseles por edictos, cumplido lo cual y conforme con lo expresado en el considerando V, líbrense los exhortos de extradición en la forma de práctica. 5º) Decrétase el procesamiento y detención de Selfa Argumedo de Pedroza, Raúl Bustos Fierro, Héctor Asor Blassi, Juana Alicia Espejo de Ramos, Ricardo César Guardo, Celina Rodríguez de Martínez Paiva, Diego Luis Molinari, José Eduardo Picerno y Modesto Antonio Enrique Spachessi, por los delitos de traición y asociación ilícita (artículos 29 de la Constitución vigente y 227 y 210 del Código Penal), y oficiese al Ministerio de Justicia para que se requiera su entrega por las embajadas correspondientes –ver considerando VII-, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores. 6º) Desglosar las constancias de fojas 1.024/1.032, 1.062/1.081, 1.086/1.088, 1.097/1.102, 1.110, 1.112, 1.197/1.198, 1.207/1.208, 1221, 1.302, 1.514/1.515, 1.517/1.522, 1.687, 1.726 y 1.688 y testimoniar las de fojas 1.023 vuelta, 116, 1.132 vuelta, 1.376, 1.553, punto 3º y 1.725 vuelta, formándose proceso que tramitará por cuerda separada acumulando al presente, debiéndose dar entrada en el libro de causas. Hágase saber, elevándose previamente y sin más este proceso a la excelentísima cámara, en la forma de estilo, atento a la solicitud de fojas 1.712. Dese cumplimiento a la ley 11.752 y líbrese el requerimiento del punto VII).

Luis Botet.

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FALLO DE LA CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y PENAL ESPECIAL Y LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONFIRMANDO PRISIONES PREVENTIVAS A GERARCAS DEL PERONISMO Buenos Aires, marzo 12 de 1957 Y vistos: Para resolver en los recursos interpuestos contra los autos de fs. 1331, 1366, 1374, 1375, 1739, 1755, 1774, 1855 y 1882 que decreta la prisión preventiva de los recurrentes por los delitos previstos en los artículos 210 y 227 del Código Penal.

Y CONSIDERANDO:

I. – Que resueltas oportuna y definidamente en la instancia suprema en 8 de febrero y 6 de abril del año próximo pasado sendas excepciones previstas planteadas por las defensas de los encausados Juan Carlos García y Alejandro Leloir, vuelve este trascendental proceso a conocimiento de esta sala, cumplida ya parte de la etapa sumaria, con motivo ahora de los recursos de nulidad y apelación interpuestos por la mayoría de los procesados contra los autos que decretan su prisión preventiva. Que al pronunciarse este tribunal con fecha 28 de diciembre de 1955 en el incidente relativo a una de las aludidas excepciones previas, puso de manifiesto la extraordinaria importancia de esta causa, ya que por primera vez desde la organización constitucional del país, es traída a conocimiento de la justicia cuestión tan trascendente como es el enjuiciamiento de ex legisladores a raíz de uno de los delitos más graves sancionados por el Código Penal, en cumplimiento de la cláusula expresa de la Constitución Nacional que prohíbe al Congreso otorgar al Poder Ejecutivo nacional facultades extraordinarias, la suma del poder público, o sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos quedan a merced de gobierno o persona alguna. Que desechadas, como se ha dicho, las excepciones previas opuestas por la defensa de algunos de los procesados, corresponde a este tribunal de justicia, por imperio de las normas que establecen y regulan su jurisdicción específica, conocer del delito denunciado a fojas 1, no obstante su naturaleza excepcional, pues, como afirma Tifany, “si el pueblo hace una constitución, es para que se obedezca. Ni reglas ni jueces tienen derecho de mutilarla, sólo porque, en su opinión, sea incompatible o peligrosa, imprudente o impolítica” (derecho constitucional, página 193). En tales condiciones, y consciente el tribunal de la responsabilidad que legítimamente le corresponde ha de encarar el estudio de estas actuaciones, “sin ninguna de las pasiones que perturban el ánimo de los que acusan a se defienden” (J. V. González, Manual de la Constitución, 13º edición, página 103), y recordando que, según palabras de Lieber, “si el traicionar a

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la patria es vergonzoso en un ciudadano, doblemente inmoral es para un juez el traicionar a la justicia y a la libertad, prestándose a la adulteración y apartándose del camino de la verdad y del derecho, cuya custodia le ha sido especialmente encomendada”. Además conviene advertir que aunque sólo de trata por ahora de decidir; dentro de los límites que señala el artículo 366 de la ley procesal, si concurren los extremos necesarios para mantener legalmente detenidos a los apelantes, abordará el tribunal el análisis de las diversas cuestiones que el proceso suscita, dada la gravedad de las sanciones que impone la ley represiva. II. – Que solamente tres de los señores letrados han fundamentado en sus respectivos informes orales los recursos de nulidad oportunamente interpuestos, dos de ellos, los defensores de los procesados Ramella y Teisaire, por haberse dictado la prisión preventiva de que recurrieron sin haberse oído previamente a sus patrocinados acerca de los hechos respectivos, y en último en atención a seis razones de orden general que sucesivamente expuso. Estas últimas, en realidad, no son suficientes para justificar la grave sanción de nulidad impetrada, pudiendo ser considerados los agravios del recurrente por la vía del recurso de apelación, también interpuesto. Debe ser asimismo desestimada la nulidad que solicita la defensa del procesado Teisaire, pues éste tuvo en efecto oportunidad para declarar y se negó a hacerlo al amparo de lo que dispone el artículo 239 del Código de Procedimientos en lo Criminal, no siendo admisible que, formado en su voluntario silencio, pueda luego impugnar una resolución regularmente tomada en base a otras constancias sumariales. Por último, y en atención a lo que se resuelve acerca del delito de asociación ilícita respecto del procesado Ranella no cabe pronunciarse expresamente sobre la nulidad alegada por su defensor. III. – Que con excepción de Domingo Bruno, Delia Delfina Degliuomini de Parodi y Eduardo Vuletich, todos los demás procesados, o sus defensores en algunos casos, han deducido sendos recursos de apelación, tanto de los autos relativos al delito previsto y penado por el artículo 227 del Código Penal, cuando respecto de los autos referentes al delito de asociación ilícita, habiendo apelado tan solo por esta última infracción la defensa del procesado José Gregorio Espejo. En atención a la importancia de la denuncia a fojas 1 y a los relieves excepcionales del delito corresponde examinar en primer término los actos por los cuales se decreta la prisión preventiva por infracción al artículo 227 del Código Penal. IV. – Que esa disposición de nuestra ley represiva, en cumplimiento del precepto contenido en el artículo 29 de nuestra Carta Magna, castiga con las penas establecidas en el artículo 215 para los traidores a la patria a “los miembros del Congreso que concedieren al Poder Ejecutivo y a los miembros de las legislaturas provinciales que concedieren a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, la suma del poder público o sumisiones por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de algún gobierno o de alguna persona”. Quisieron los constituyentes, y atacando esa voluntad lo estableció así el legislador, que los privilegios de los miembros del Congreso, estatuidos para amparar las opiniones y los discursos que

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emitieran aquellos en el desempeño de sus mandatos, no los preservaran de responsabilidad penal en caso de que se apartaran de las condiciones del mandato otorgado por los electores, ya que, como lo dijo en 1853 el convencional Zapata, “la norma a que los legisladores han de ajustar sus procedimientos es la carta constitucional”, y “no podrían echarla por tierra destruyendo sus bases fundamentales para entregar maniatados a los pueblos que los envían a garantir sus derechos y afianzar sus libertades”. (Asambleas Constituyentes Argentinas, tomo IV, página 516). A tal efecto, tuvieron bien presente nuestros constituyentes, a no dudarlo, los duros años del tiránico gobierno de Rosas; y si bien se refirieron expresamente a los medios de que se valió aquel y a las facultades que concretamente le concedió la Legislatura porteña a través de las leyes de 1835, que depositó en su persona “toda la suma del poder público”, y de 1851, por la cual se estableció que “todos los fondos de la provincia, la fortuna, vida, fama y porvenir de los representantes de ella y de sus comitentes quedan sin limitación ni reserva alguna a disposición del mismo gobernante, así como a las “facultades extraordinarias” otorgadas al general Viamonte en 1829, buscaron en realidad esos mismos Constituyentes de 1853 defender, principalmente, las “bases fundamentales” de la Constitución, impedir que se entregaran maniatados a los pueblos por obra de quienes son elegido0s por ellos para “garantir sus derechos y afianzar sus libertades” y evitar, como lo dijo Sarmiento, “La repetición de actos como los que dieron a Rosas el poder arbitrario con que tiranizó a la República”. Vale decir, que, integrado en el caso la letra expresa de la ley, están aquellos designios de sus autores e intérpretes más eminentes, los cuales autorizan a sostener que el delito en examen, no sólo puede cometerse mediante la aprobación de una ley única que se expresa en la forma como lo hicieron las recordadas leyes de 1829, 1835 y 1851, sino también a través de varios actos que, sin presentar aquella característica de exclusividad, lleguen al mismo fin de tiranizar a la República, ya sea otorgando facultades extraordinarias o la suma del poder público, como concediendo sumisiones o supremacías por las cuales “la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de algún gobierno o de alguna persona”. Se trata, pues, de una infracción que contempla pluralidad de hipótesis, a cuyo respectivo contenido expresó hay que atenerse en la apreciación de los hechos que han originado el presente proceso, sobre la base de una interpretación progresiva y sin creer que la disposición invocada, por la Comisión denunciante sólo reprime la repetición textual de los hechos ocurridos durante el luctuoso período de la tiranía rosista. Que tomando como base y fundamento de esta decisión judicial las leyes y declaraciones sobre las cuales han versado las indagatorias recibidas en la causa, pues ellas trasuntan en realidad la actividad material en que se concreta el objetivo del respectivo procesamiento, el tribunal encuentra que, en su conjunto, la declaración aprobada por ambas Cámaras del Congreso de la Nación el 7 de mayo de 1952, por la cual se otorgó al ex presidente el título de “Libertador de la República”, y las leyes 14.165, 14.184 y 14.400 concedieron al Poder Ejecutivo nacional, derrocado por la revolución de septiembre de 1955, sumisiones y supremacías de tal naturaleza que

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importaron en la práctica dejar a merced de aquel no solo el honor, a través de disposiciones de todas las leyes y declaraciones citadas, sino también la fortuna de los argentinos mediante algunos de los objetivos del segundo plan quinquenal aprobado por la ley 14.184. Que, en efecto, si la mencionada declaración del 7 de mayo de 1952, y la ley 14.036, que rindió homenaje al ex presidente y aprobó asimismo la erección en vida de un monumento a su persona, reconocieron por si solas supremacías que, como se dijo en los considerandos del decreto ley 5.158/55, por el cual se prohíbe homenajes a los funcionarios públicos, “destruyen la vigencia de las formas republicanas y conducen fatalmente a la idolatría política y al despotismo”, ellas quedaron cabalmente completadas en el sentido del anatema constitucional por las leyes posteriores 14.165 y 14.400, la primera en cuanto sustrajo de la competencia del Poder Judicial y delegó en la propia Policía Federal y en el ministro del Interior el juzgamiento de los atentados de que podían ser objeto los hombres libres por parte del personal policial, y la segunda en tanto, so pretexto de garantizar la realización de actos y reuniones públicas, puso en manos del Poder Ejecutivo facultades que le permitieron suprimir totalmente el derecho de reunión y el libre ejercicio del culto religioso y acentuar la persecución contra los ciudadanos que no profesaban las ideas del gobierno. De esa manera se abolieron los medios a que podían recurrir los argentinos para defender el honor propio, mancillado por obra de aquellos actos de sumisión a la persona del ex gobernante y librado así a la merced del gobierno, al extremo de haberse producido imprudente numerosos atentados a las personas y a los bienes y proferido las más duras amenazas, como las que, hiriendo a no dudarlo el honor de los argentinos, culminaron con el discurso pronunciado por el ex jefe del Estado el día 31 de agosto de 1955, “por el cual, no sólo se declaraba la desaparición de toda norma jurídica del país, sino que se pretendía sancionar como único precepto para la sociedad argentina el crimen y la violencia entre hermanos” (ver decreto 3.855/55 de disolución del Partido Peronista). Que no solo el honor, del que debe hacerse un culto sagrado, quedaba a merced del gobierno anterior por obra asimismo de algunos de los objetivos del segundo plan quinquenal aprobado por la ley 14.184, sino también en algunos casos la fortuna de los argentinos. Dicha ley, en efecto, define e impone en su articulado y en el correlativo mensaje que forma parte integrante de ella como “doctrina nacional” a ser cumplida por el gobierno, el Estado y el pueblo argentinos pero conducida por la Presidencia de la Nación por la vía del Ministerio de Asuntos Técnicos (XXX-E-12), la doctrina peronista o justicialista, que proclama como objetivos, que afectan en la forma antedicha el honor y la fortuna de los argentinos, “la conformación de la unidad del pueblo argentino sobre las bases y principios de la Constitución Nacional peronista” (I. F.); el respeto por el Estado de las organizaciones sociales, económicas y políticas del pueblo en el ejercicio pleno de su libertad mientras concurran a la consolidación y defensa de los objetivos del plan (I-G-5): “la intervención del servicio de empleo como organismo coordinador de la oferta y demanda de mano de obra de todo el país” (II-G-1); “la formación moral,

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intelectual y física del pueblo sobre la base de los principios fundamentales de la doctrina nacional peronista” (IV-F); la capacitación del profesorado para el cumplimiento de los objetivos del plan (IV-5); la organización de la enseñanza privada en orden al cumplimiento de los mismos objetivos (IV-G-13); la adecuación total de los programas de estudio a los principios de la doctrina nacional (IV-E-11); la conformación de una cultura nacional inspirada en expresiones de las culturas clásicas y modernas y de la cultura tradicional argentina en cuanto concuerdan con los principios de la doctrina nacional (V-F); la redistribución de las tierras de propiedad privada, que no cumplían con su función social, en unidades económicas individuales de acuerdo con los objetivos del plan (X-G-3); la colaboración del capital de las empresas al servicio de la economía nacional y del bienestar social (XVI-G-1); la intervención del Estado en la actividad industrial, en el comercio exterior y en el comercio interno (XVII-F, XVIII-G1 y XIX-F); la radicación de industrias extranjeras cuando propendan al cumplimiento de los objetivos del plan (XVII-G-10); la distribución del crédito bancario en orden al cumplimiento de los objetivos del plan (XX-G-1); la racionalización de las actividades del gobierno y del Estado a fin de facilitar la conducción del país mediante la unidad de concepción del gobierno y la unidad de acción del Estado (XXVIII-F); y el adoctrinamiento del personal de la administración pública en el conocimiento y comprensión de la doctrina peronista y el ingreso del mismo a la administración previo examen de tales conocimientos (XXVIII-G-13 y 15). Objetivos de esta naturaleza dejaron, indudablemente, el honor y la fortuna de los argentinos a merced del gobierno anterior, principalmente en cuanto pretendiose con algunos de ellos unificar la enseñanza y la cultura y supeditar buena parte de la actividad de los ciudadanos a una doctrina “incompatible con el principio de supremacía constitucional” y “utilizada ostensiblemente como instrumento político” (ver decreto ley 356/55 derogatorio de la ley 14.184). Claro que esa ley del segundo plan quinquenal no implico el otorgamiento liso y llano de la suma del poder público ni de facultades extraordinarias, como lo dijeran en expresiones más políticas que jurídicas varios diputados de la oposición durante las sesiones de diciembre de 1952 (ver diario de Sesiones, 1952, tomo III, páginas 1952, 2007, 2052 y 2086), expresiones frente a las cuales algún representante de la mayoría habría manifestado encontrarse tranquilo “porque dichas facultades eran para el presidente Perón” (obra citada, página 2027), y otro, el procesado Cámpora alegó que tales facultades extraordinarias no eran de las consideradas por la Constitución Nacional., sino que “acrecentarán los bienes inmateriales y materiales al galvanizar la República en una revitalización extraordinaria” agregando: “No temamos, señores diputados, acordar esa clase de facultades extraordinarias. Por el contrario, deberíamos acordarlas sin ninguna hesitación porque se trata de un plan extraordinario concebido por un hombre extraordinario, (obra citada, página 2195); pero esa ley importó, evidentemente, conceder una supremacía tal al Poder Ejecutivo de aquel entonces que éste quedaba habilitado para instaurar un Estado totalitario y tiranizar la República como en la época anterior a la vida constitucional.

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Que si bien todos los ex legisladores procesados en esta causa han negado en sus declaraciones indagatorias que se hubieran propuesto conceder al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias o la suma del poder público, y algunos ex legisladores negaron ese alcance a la ley 14.184, ha de admitirse que, por el contrario, obraron con intención de otorgar las sumisiones y supremacías señaladas, pues tal intención, criminal en el caso, surge claramente de casi todos los discursos e intervenciones de los representantes del sector de la mayoría en el Congreso de la Nación, personalmente pronunciados por algunos de los procesados y que contaron con la adhesión espontánea de los demás, y que el tribunal ha tenido el cuidado de analizar con la atención que la trascendencia del caso reclama. Que, indudablemente, por provenir de un poder político, no pueden traerse a colación en apoyo de esta decisión judicial los conceptos emitidos por el actual gobierno provisional al derogar las leyes y declaraciones consideradas ut supra, como encuadradas dentro de la previsión del artículo 29 de la Constitución Nacional, pero si cabe recordar que el Tribunal Superior de Honor constituido para juzgar al ex general de ejército Juan Domingo Perón, en fallo cuya fotocopia auténtica obra de fojas 1.228 a fojas 1.251 de este sumario, puntualizó a su vez muchas de las sumisiones y supremacías de que fue destinatario el nombrado y que, a juicio del tribunal mencionado, le permitieron “sembrar el odio en la familia argentina e incitar a la violencia y al crimen” a través de varios de sus discursos y de la orden general Nº 1 del 18 de abril de 1952 a la Confederación General del Trabajo y al Partido Peronista Masculino; autorizar el incendio de sedes partidarias y de varias iglesias y la quema de la bandera nacional, inspirada, según el procesado Teisaire, por el propio ex presidente; y violar la Constitución Nacional en su forma representativa, republicana y federal, en el capítulo de derechos y garantías y en la armónica interdependencia de los poderes. Que, a los efectos de establecer fehacientemente la responsabilidad penal de cada uno de los ex legisladores procesados en esta causa, ha de estarse a los términos de las respectivas declaraciones indagatorias y a lo que resulta de los pertinentes Diarios de Sesiones, que el Tribunal ha tenido a la vista, pues ellos consignan, en forma oficial y pública, la concurrencia a las sesiones, la intervención de cada uno en los correspondientes debates y la forma en que emitieron sus votos. Prima facie, en esta etapa del sumario, en la cual no ha habido ni debate ni defensa y en la cual, como se dijera más arriba, la decisión judicial ha de encuadrarse dentro de los alcances del artículo 366 de la ley procesal, ha de bastar haber contribuido con su voto a la sanción de una sola de las leyes y declaración citadas ut supra sin exigir la participación en el conjunto. V. - Que por auto de fojas 1.739, del que también se ha recurrido ante el tribunal, al igual que de los posteriores que tratan la misma infracción, se ha dictado asimismo la prisión preventiva de los procesados por el delito de asociación ilícita. Fundándose para ello el señor juez a quo, en cuanto a la mayoría de los ex legisladores, en que actuaron en desempeño de sus mandatos en absoluta sumisión y con temor hacia el ex presidente,

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aprobando leyes bajo amenazas y recibiendo periódicamente varias órdenes de compra de automóviles a precio de lista, y respecto de los ex legisladores que estuvieron al frente de las ramas masculina y femenina del ex Partido Peronista y del procesado Espejo, por haber formado parte de un comando estratégico que habría dirigido la aludida actuación parlamentaria de los encausados. Que la asociación ilícita es, también un delito de extrema gravedad, que revela siempre la excepcional peligrosidad de sus autores. Consiste en el acuerdo a que arriban los delincuentes coasociados con el fin de cometer en el futuro, y en forma independiente del acuerdo en sí, delitos indeterminados, afectando por el solo hecho del pactum sceleris el orden público y la tranquilidad colectiva. Es un delito formal, que no produce resultado visible en el mundo exterior, y cuya pruebe depende o del propio reconocimiento de los delincuentes o de presunciones que derivan de la índole y del número de los delitos que, posteriormente y en cumplimiento del criminal acuerdo, se lleven a cabo, y que casi siempre así ocurre, ya que, revisados los anales de jurisprudencia de consulta corriente por los tribunales, no se encuentra ningún caso en que se haya instruido causa criminal por el solo delito de asociación ilícita, como hubiera sido éste de prosperar las resoluciones del interior de fojas 775 y 776. Que negado en este proceso por todos los recurrentes, tal como ha sucedido en otros sumarios por denuncias de la Comisión Nacional de Investigaciones en los que el tribunal ha entendido con anterioridad, todo acuerdo previo entre ellos con el fin de cometer delitos indeterminados, esta sala no encuentra por ahora presunciones con validez legal suficiente, ni aún con el alcance de una prueba semiplena, para acreditar la comisión del delito en cuestión por parte de ningún ex legislador, por cuya razón los autos traídos en apelación deben ser revocados en tal aspecto, sin perjuicio del curso de la investigación. Que en cuento a la situación del procesado Espejo, tampoco obran en los autos elementos de juicio suficientes que justifiquen, ni aún con el alcance de semiplena prueba, la existencia del delito de asociación ilícita por el que se le procesa, por cuya razón corresponde también revocar la resolución, que dicta su prisión preventiva, sin perjuicio de que pueda decretarse tal medida ulteriormente en éste u otro sumario. Claro que, prima facie, habría existido el Comando Estratégico a que alude la resolución apelada, pero nada induce a suponer por ahora que tuviera por finalidad la comisión de delitos indeterminados o que sus componentes lo hubieran construido con ese propósito. VII. Por estas consideraciones, se resuelve: 1º No hacer lugar a los recursos de nulidad; 2º Confirmar los autos apelados de fojas 1.331, 1.366, 1.374, 1.375, 1.739, 1.755, 1.774 y 1.862 en cuento convierten en prisión preventiva las detenciones que vienen sufriendo: John Willam Cooke, Héctor D. Lagraña, Ricardo Octavio Lorenzón, Francisco Novellino, Manuel Anselmo García, Ramón W. Tejada, Leandro R. Reynés,

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Saturnino S. Erro, Francisco Daniel Mendiondo, Ludovico Lavia, Lorenzo Soler, Silverio Pontieri, Ricardo Lareo, Pablo António Ramella, Héctor José Cámpora, Oscar E. Albrieu, Antonio J. Benítez, Oscar Bidegain, José María Argeña, Ramón Amancio Albiño, Pedro Villarreal, José Ángel Maestro, José Gobello, Juana Larrauri, María Rosa Calviño de Gómez, Antonio J. C. Deimundo, Enrique Osella Muñoz, Alberto L. Rocamora, Ezio Armando Carena, Eloy P. Camus, Héctor Lorenzo Lannes, Eduardo Pío Ruiz Villasuso, José Alonso, José C. Pérez, Juan Francisco Brizuela, Ángel Enrique Peralta, Pedro Ramón Otero, Francisco Isidoro Carrizo, Adolfo Lanfossi, Roberto Domínguez, Isaac Donaldo Moya, Carlos Arturo Juárez, Jesús Pablo Arias, Patrocinio Merlo, Hugo del Valle Chalún, Manuel Vicente Gómez, José Guillermo de Paolis, Pedro A. Ordoñez Pardal, Noé López, Bernardo Gago, Pedro Andrés José Gpmis, Susana Correche de Novick, Josefa Miguel de Tubio, José Manuel Ulloa, Antonio Hermida, Teodomiro de la Luz Agüero, Carlos Joaquín Domínguez, Elias Teodoro F. Amado, Luis Atala, Manuel Álvarez Pereura, Blas Brisoli, Aimar A. Balbi, Luis Cruz, Alberto Durand, Carlos A. Díaz, Arturo R. del Río, Luis D’Jorge, Ángel C. Estrada, Juan Antonio Ferrari, Eduardo Julio Forteza, Expedito Fernández, Alejandro B. Giavarini, Carlos Gro, Alejandro H. Leloir, Alfredo F. Machargo, Abel Montes, Ana Carmen Macri, Miguel Musacchio, Eduardo Mattis, Adolfo Pallanza, Jorge S. Pellerano, Tito V. Pérez Otero, Luis Pericás, Manuel Félix Rodriguez, Valerio S. Rouggier, Mauricio A. Scatamacchia, Luis Saporitti, Alberto Teisaire, Otilia Villamaciel de Cano, José Emilio Visca, Juan Nardo Deto Brugnerotto y Guillermo Manuel Campana por infracción al artículo 227 del Código Penal, fijándose en definitiva los montos de los embargos respectivos en la suma de cincuenta mil pesos moneda nacional para cada uno de los nombrados (artículos 386 y 411 del Código de Procedimientos en lo Criminal); 3º Revocar los autos apelados de fojas 1.739, 1.755, 1.774 y 1.862 en cuanto decretan la prisión preventiva de los mismos procesados en orden al delito de asociación ilícita; 4º Revocar el auto apelado de fojas 1.739 en cuanto decreta la prisión preventiva de José Gregorio Espejo por el delito de asociación ilícita, debiendo librarse el correspondiente oficio al señor jefe de la Policía Federal disponiendo la inmediata libertad del nombrado; y 5º Revocar el auto apelado de fojas 1.855 en cuanto decreta la prisión preventiva de Ricardo Antonio San Millán por infracción a los artículos 210 y 227 del Código Penal, debiendo librarse asimismo oficio al señor jefe de la Policía Federal disponiendo su inmediata libertad. Regístrese, líbrese los oficios ordenados, hágase saber y devuélvase. Entre líneas: “y que”. Vale.

Enrique Ramos Mejía – Hernán Juárez Peñalva.

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FALLO DE PRIMERA INSTANCIA (COMPLEMENTA EL DICTADO POR LA CÁMARA CONFIRMANDO 93 PRISIONES Y REVOCANDO 2)

Revoca una prisión preventiva Buenos Aires, 6 de junio de 1957.

Y visto: Esta causa Nº 4.798, caratulada “Perón, Juan Domingo y otros s/ traición y asociación ilícita”, en la que se están investigando las infracciones a los artículos 210 y 227 del Código Penal; y en la que está procesado Eduardo Vuletich, argentino, de 47 años de edad, casado, auxiliar de farmacia, y cuya declaración indagatoria corre a fojas 977 y siguientes, con sus ampliaciones de fojas 979 vuelta y 983 vuelta; y

Considerando: Que a fojas 1.739 este juzgado decretó la prisión preventiva del mencionado Vuletich por estimarlo incurso en el delito de asociación ilícita, acto que no fue apelado por el nombrado, Que a fojas 2.107, la excelentísima Cámara Nacional en lo Civil, Comercial y Penal Especial y Contencioso Administrativo de la Capital Federal, al conocer la apelación interpuesta por otros procesados, revocó la citada providencia de fojas 1.739 en orden a la infracción al artículo210 del Código Penal, entendiendo que no “obran en los autos elementos de juicio suficientes que justifiquen, ni aún con el alcance de semiplena prueba, la existencia del delito de asociación ilícita…”; Que en condiciones tales procede, y así lo

RESUELVO: Revocar el auto de fojas 1.739 en cuanto decreta la prisión preventiva de Eduardo Voletich en orden al delito de asociación ilícita (artículo 210 del Código Penal) y trabar embargo en sus bienes hasta cubrir la suma de cincuenta mil pesos moneda nacional. En consecuencia, dispóngase la inmediata libertad del detenido Eduardo Vuletich en esta causa, oficiándose al Servicio de Alcaidías de la Policía Federal y a la División Coordinación Policial del Ministerio del Interior; y habiéndose decretado el procesamiento del nombrado Vuletich por el mismo delito, con fecha 22 de febrero de 1957, a fojas 41 de la causa 5.196 de este mismo juzgado, dispóngase su detención en el

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aludido proceso, y, en su oportunidad, recíbanle declaración indagatoria. Existiendo en la declaración indagatoria de Vuletich prestada en los presentes autos, que corre a fojas 997 y siguientes, manifestaciones que se vinculan a los hechos que se investigan en el citado sumario Nº 5.196, extráiganse los testimonios del caso para su agregación a las respectivas actuaciones. Y en cuanto al escrito presentado por el doctor Pablo D. Zottola, defensor del procesado Fernando Pedro Riera, concédense en relación los recursos de apelación y nulidad interpuestos contra el auto de fojas 2.185 y elévanse los autos a la excelentísima Cámara nacional en lo Civil, Comercial y Penal Especial y Contencioso administrativo de la Capital Federal, en la forma de estilo y sirva el presente de atenta nota. Notifíquese y téngase presente el caso federal planteado.

Miguel F. del Castillo, Juez en lo penal especial.

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Buenos Aires, noviembre 5 de 1957 VISTO Y CONSIDERANDO: Que los señores defensores de los procesados Plácido Guillermo López y Fernando Riera han interpuesto recursos de apelación y nulidad a fojas 2.139 y 2.389 respectivamente, contra la resolución de fojas 2.185, que convierte en prisión preventiva la detención de los nombrados; Que en cuento a los recursos de nulidad, no observándose en el procedimiento ni en la resolución cuestionada vicios o defectos que la invaliden, corresponde desestimarlos; Que en cuanto a los recursos de apelación, ajustándose la resolución apelada a las constancias de autos y a los fundamentos aducidos por el tribunal a fojas 2.107 al mantener la prisión preventiva decretada a los demás procesados, corresponde confirmarla; Que por último, la cuestión promovida a fojas 2.419 por la defensa del procesado Riera con posterioridad a la hora de la audiencia y después de haber presentado memorial resulta extemporánea, sin que el criterio adoptado por el tribunal con carácter general para las audiencias de informes in voce haya, en el caso ocurrente, afectado el derecho de defensa en juicio, toda vez que el recurrente lo ha ejercitado regularmente mediante el memorial presentado en la oportunidad (ver nota de fojas 2.418).

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Por ello: SE RESUELVE: 1º Desestimar los recursos de nulidad; 2º Confirmar la resolución apelada a fojas 2.185 que convierte en prisión preventiva la detención de Plácido Guillermo López y Fernando Pedro Riera, y manda trabar embargo sobre sus bienes hasta la suma de cincuenta mil pesos moneda nacional; 3º No hacer lugar a lo solicitado a fojas 2.419. Regístrese, hágase saber y devuélvase.

Hernán Juárez Peñalva. – Enrique Ramos Mejía.

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FALLO DE LA JUNTA DE RECUPERACIÓN PATRIMONIAL EN EL EXPEDIENTE DE JORGE ANTONIO

Antonio, Jorge s/ Bienes mal habidos.

“Y vistos, para resolver estos autos sobre interdicción de los bienes de Jorge Antonio (expediente Nº 7.365) en virtud de lo establecido en el artículo 4º del decreto ley Nº 5140/55, reunida en la Sala “B” de la Junta Nacional de Recuperación Patrimonial, en acuerdo al efecto (decreto ley 6220/57) y correspondiendo votar en primer término al señor vocal doctor Enrique R. Burzio, dijo:

A fjs.613 se presenta en representación de don Jorge Antonio, los doctores Emilio A. Agrelo, Carlos Victorica Soneyra y Jesús H. Paz (h), en cumplimiento de lo que dispone el decreto ley Nº 5148/55. Acreditan su personería con el testimonio de mandato que obra a fs. 613, del cual resulta que los señores Armando Isidoro Silva y Roberto Eduardo Roig, sustituyen parcialmente a favor de los presentantes el poder general que el interdicto, Jorge Antonio, les otorga con fecha 19 de mayo de 1954. “El escrito se encuentra dividido en varios parágrafos, refiriéndose el primero de ellos a la personería que invocan, y a la que ya se hizo referencia, y el segundo al motivo de la presentación, que es, dicen, la circunstancia de haber sido incluido Jorge Antonio en la nómina de las personas a las cuales se ha aplicado el régimen estatuido por el decreto ley Nº 5148/55. “En el parágrafo III, plantean el caso federal, expresando que de conformidad y a los efectos que prevé el artículo 14 de la ley Nº 48 impugnan desde ya la validez y legítima eficacia del decreto ley 5148/55, impugnación que sustentan en la abierta y flagrante inconstitucionalidad del mismo, que sostienen por la lesión que irroga el mencionado decreto a la ley fundamental de la Nación. Dicha lesión, dicen, dimana de los siguientes extremos: 1º La interdicción general que prescribe el artículo 1º del decreto de interdicción significa lisa y llanamente privarlas de la disposición de lo que es suyo, característica que es ínsita del derecho de propiedad (artículo 2506 del C. Civil) y supone desconocer la garantía que a la propiedad de todos los habitantes del país acuerda la Constitución Nacional (artículo 17 Constitución Nacional), y una verdadera confiscación; 2º El hecho de que en el decreto de interdicciones mencionado, se incluye a determinadas personas, con exclusión de otras que viven dentro del ámbito de la nación, y que dicha inclusión se haga de una manera discrecional y sin perjuicio previo, importa consagrar una evidente y notoria desigualdad, transgrediéndose de esta manera el amparo que acuerda el artículo 16 de la Constitución Nacional, e rigiéndose al mismo tiempo comisiones especiales, creadas ex post facto que reemplazan a los jueces

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naturales, vulnerándose de esta forma lo que prescribe el artículo 18 de la Constitución Nacional; 3º La disposición que establece el artículo 3º del citado decreto ley Nº 5148/55, incurre en una violación manifiesta del principio que asegura la libre defensa en juicio (artículo 18 de la Constitución Nacional), pues arbitrariamente se invierte el cargo de la prueba (artículo 2242 del C. Civil), eliminando de las probanzas que puedan aportarse una de la trascendencia que inviste la testimonial. “En el parágrafo IV, manifiestan que aunque han cumplido con sus deberes como representantes de Jorge Antonio, haciendo la presentación que establece el decreto ley de interdicciones, ello no implica aceptar la legalidad de las normas del mismo, ni admitir que el lapso corra con respecto a su patrocinado. Dicen que éste se encuentra cometido a procesos que tramitan por ante el Juzgado en lo Penal Especial Nº 2 de la Capital Federal, y el Juzgado Federal de la ciudad de San Martín, provincia de Buenos Aires. Que por esos motivos estaba alojado en la Penitenciaría Nacional, que dada su calidad de defensores del señor Jorge Antonio y con el fin de consignar en esta presentación la más amplia justificación de su patrimonio, han solicitado a los magistrados que entienden en dichos procesos se los autorizara para entrevistarse con las personas que manejan sus asuntos. Que dicha medida fue ordenada por ambos jueces, pero nunca fue cumplida, por haberlo impedido las autoridades administrativas y más tarde por haber ordenado el Poder Ejecutivo, la incomunicación de Jorge Antonio y su traslado a Ushuaia, fuera de la jurisdicción de sus jueces naturales. Que en consecuencia, nunca pudieron entrevistarlo. Que esa situación material creada por el Poder Ejecutivo le impide, además de la asistencia de su representado, la adecuada defensa de sus intereses. Que ello supone la posibilidad de eliminar que el interdicto les suministre los elementos necesarios para especificar de manera integral y completa su acervo patrimonial y el proceso de su desarrollo, como el decreto ley Nº 5148/55, lo establece. En consecuencia, y por aplicación análoga de lo que prescribe al art. 3980 del Código Civil por vía de la regla que establece el art. 16 del mismo cuerpo legal, es que dejan formal y expresa constancia de que el término para completar y ampliar la denuncia de bienes y movimiento patrimonial de su mandante, queda de pleno derecho prorrogado hasta que cese el confinamiento e incomunicación que en la actualidad lo afecta. Piden que la junta, expresamente así lo declare al proveer esa presentación, manifestando que en la imposible hipótesis de que se negara ese requerimiento, habríase colocado a Jorge Antonio en virtual estado de indefensión, vulnerándose de esa manera la garantía fundamental que ampara en tal sentido a todos los habitantes de la República, planteo éste que explícitamente articulan a los fines del art. 14 de la ley 48. “El parágrafo V se refiere al patrimonio del interdicto Jorge Antonio. Dicen que al 4 de junio de 1943, su haber consistía exclusivamente en el producido de su trabajo personal, insumido totalmente en su subsistencia. Al día de la fecha, es decir, al 26 de enero de 1956, se remiten a las planillas que se adjuntan y que obran a fs, 3/5, alcanzando dicho patrimonio, de acuerdo a ellas a la suma de 54.733.203,84 pesos, en su activo, y a 19.220.808,01 pesos en su pasivo.

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“A continuación, y en el parágrafo VI, explican la evolución patrimonial del interdicto. Manifiestan que el actual patrimonio de Jorge Antonio tiene su origen en el año 1948. Que éste, Jorge Antonio, se hallaba sin ocupación cuando, con el producido de sus ahorros y con la ayuda financiera de los señores Francisco Khun y Héctor Zacco forma con estos la sociedad Cabinco S.R.L., para la distribución de fibrocemento, una de cuyas principales fábricas dirigía el señor Khun, que su cuota de capital era de 129.000 pesos. “Que poco tiempo después, el 31 de marzo de 1948, con un préstamo en chapas de acero que facilitó la firma Martini Hermanos, forma con el señor Antenor Aguirre y el señor Héctos Mastro, la sociedad El Litoral S.R.L., siendo su cuota de capital de 50.000$ moneda nacional. Esta empresa se dedicó a construir una primera chata arenera con el propósito de exportarla. “Como el costo de esa chata era muy superior al capital social (150.000 pesos), Jorge Antonio debió aportar 71.140,20 pesos, que los obtuvo de préstamos. “Aclaran que sobre estos préstamos, que hacían ascender la deuda total de Jorge Antonio, en ese entonces, a la suma de 197.000 pesos, que efectivamente eran préstamos, a pesar de que en 1952, la Dirección General Impositiva se los impugnó, computándoselos como réditos. “Que en el mismo año 1948, se vincula a la firma Aguirre Mastro y Cia., de la que percibe en dicho período, por comisiones de ventas de automóviles, la cantidad de 114.639,88 pesos. “Que esos ingresos le permitieron adquirir la finca de la calle avenida Aguirre 1299 de la localidad de Martínez, provincia de Buenos Aires, en 165.000 pesos, por la cual paga 45.000 pesos al contado y se hace cargo de una hipoteca de 120.000 pesos a favor del señor Antenor Aguirre. “Continúan diciendo que a fines de febrero del año 1949 habiendo tenido de la sociedad Cabineo beneficios considerables, la utilidad obtenida por Jorge Antonio, es cercana a los 100.000 pesos, alcanzando a fin de ese año la suma de 252.139,44 pesos. “Con parte de ese importe, con 23.700 pesos, percibidos por comisione y con doscientos veinte mil pesos que retira de El Litoral S.R.L., el 30 de noviembre de 1949, ingresa en diciembre de ese año Aguirre, Mastro y Cia., con una participación de trescientos mil pesos. “Que, a El Litoral S.R.L., le queda adeudando, descontando su cuota de capital, que es de cincuenta mil pesos ($50.000), la suma de ochenta y cinco mil quinientos pesos ($ 85.000.-), que se enjuga, quedando aún apreciable beneficio, con la venta de la chata arenera en ochocientos mil pesos ($ 800.000.-).

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“Durante el año 1950, manifiestan que Jorge Antonio, percibe sueldos en la firma Aguirre, Mastro y Cía., por la suma de 12.400.- pesos, y utilidades por la suma de 354.648.27 pesos, permitiéndole esto acrecentar a pesos 590.000su participación en la sociedad, aún cuando le debía 161.865,02 pesos en cuenta particular. Que también puede adquirir 100.000 pesos en acciones de Lucardi, Aguirre, Mastro y Cía. “En el mismo año -1959-, se desvincula de Cabineo S.R.L. Para aclarar esta situación, expresan que al terminar el período los bienes de Jorge Antonio eran la citada participación de quinientos noventa mil pesos ($ 590.000,-) de Aguirre, Mastro y Cía., su crédito contra esa sociedad por utilidades por la suma de 354.648 con 27 centavos moneda nacional: las acciones por 100.000 pesos moneda nacional de Lucardi, Aguirre, Mastro y Cía, el inmueble de Martínez, provincia de Buenos Aires: un depósito de 995,94 pesos moneda nacional en el Banco de la provincia siendo deudor de 120.00 pesos moneda nacional del señor Aguirre; de pesos 161.865,02 de Aguirre, Mastro y Cía. y de 22.885,43 pesos del Banco de la Nación. En resumen, su capital liquido ascendía a la suma de un millón diez mil novecientos veintitrés pesos con setente y seis centavos ($ 1.010.923, con 76 centavos). ·Este capital se quintuplica en 1951. Percibe en concepto de honorarios por su cargo de director de Lucardi, Aguirre, Mastro y Cía, la suma de 60.839,28 pesos. Asimismo las vinculaciones comerciales que había obtenido en el país las extiende a Estados Unidos donde consigue para la firma Hugo Guido S.A., una radicación de capital, lo que le reporta un beneficio de 3.000.000 de pesos y de 2.000.000 de pesos en 1952. Que esos pagos, se realizaron también por su asesoramiento técnico, organización administrativa y puesta en marcha de la empresa. “también percibe 172.192,96 pesos por dividendos de acciones de Lucardi, Aguirre, Mastro y Cía, por su desvinculación de la misma -$ 590.000 pesos, correspondiente a su cuota de capital- ; acciones de Lucardi, Aguirre, Mastro y Cía. por un valor nominal de 1.150.000 pesos; una utilidad liquida de 1.620.262,70 pesos; 145.000 pesos para el pago de las deudas al señor Aguirre y al Banco de la Nación, y 400.000 pesos por retiros de importancia, sin contar otros retiros menores, automóviles y pagos realizados por su cuenta por la firma. En total, Aguirre, Mastro y Cía. le liquido durante 1951 un monto de 4.104.579,47 pesos. Esos ingresos le permiten aportar a la firma Mercedes Benz Argentina S.R.L. una cuota de pesos 3.419.968,54; 1.000.000 de pesos en Fahr Argentina S.R.L., y 391.108,55 pesos en la adquisición de los lotes 2-11 en Martínez, provincia de Buenos Aires; 1.138.557 pesos en un campo de Glew, partido de San Vicente, provincia de Buenos Aires; un yate, 425.000 pesos, y una lancha Century, 31.000 pesos. Del aporte que dice efectuó a Mercedes Benz Argentina S.R.L., en realidad pagó la cantidad de 2.693.210,09 pesos, porque en cuenta particular tenía un saldo deudor de 726.758,45 pesos. “Continúan diciendo que en el año 1952 los ingresos de Jorge Antonio son considerablemente mayores.

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“En Lucardi, Aguirre, Mastro y Cía. Recibe honorarios como director por 43.800 pesos, y por dividendos, 133.000 pesos. De Hugo Guido S.A., como ya han dicho, recibe 2.000.000 de pesos; de Gasi S.A., por su intervención en la organización de la empresa, 2.001.460 pesos; de Fandiño y Cía., por el mismo concepto que de Hugo Guido S.A., la cantidad de 1.149.739,60 pesos, y de Mercedez Benz Argentina S.R.L. y Fahr Argentina S.R.L. la suma de 4.983.589,59 pesos. “Finalmente, una operación de compra y venta de grupos electrógenos le reporta 590.000 pesos, de donde nace su actual crédito de 524.083,52 contra Tafi S.A: “En total, tuvo ingresos por la suma de 13.000.000 de pesos. “Durante ese mismo año, dicen, vendió a SIASA, prácticamente sin beneficio, el inmueble de la avenida Aguirre, Martinez, provincia de Buenos Aires, y el campo de Glew, San Vicente, provincia de Buenos Aires. “En Mercedez Benz Argentina S.R.L. invierte 2.580.032 pesos, con lo cual su capital en dicha firma alcanza a 6.000.000 de pesos: en la construcción en lotes 2/11 de Martínez del edificio calle Muñiz 1364, invierte 2.604.516 pesos: en la adquisición de un departamento en Medrano 568, 82.209 pesos, con una hipoteca de 23.000 pesos: en la adquisición del lote de Martínez, provincia de Buenos Aires, circunscripción III, sección B, manzana 48, 65.000 pesos, quedando una deuda de 100.000 pesos, y en la adquisición de la lancha Silvita, 91.649,88 pesos. “El 4 de septiembre de ese año -1952- se crea Mercedez Benz Argentina S.A., con el principal objeto de adquirir de la S.R.L. homónima el activo y el pasivo, continuando sus operaciones, transfiriéndose el 31 de enero de 1953 dichos activo y pasivo. “A esa fecha, dicen, el capital societario de Jorge Antonio en la sociedad de responsabilidad limitada esa: capital, 6.000.000 de pesos; reserva, 600.000 pesos; utilidad al 31 de agosto de 1952, 4.588.168,01 pesos; utilidad al 31 de enero de 1953, 19.125.306,51 pesos. En total: 30.313.474,52 pesos. “Que Mercedes Benz Argentina S.A. aumenta su capital en sucesivas veces, alcanzando la suma de 100.000.000 de pesos. La integración se hace con utilidades. De dichas utilidades, las del ejercicio 1953 y las del de 1954 le corresponden a Jorge Antonio 17.500.000 pesos cada vez. Por ajustes de cuentas con la Daimler Benz A.G., el capital queda distribuido a la fecha: 54.335.000 pesos de la firma Daimler A.G. de Alemania y 45.165.000 pesos del interdicto Jorge Antonio. Otras inversiones representan 500.000 pesos. “Que ése es el capital accionario de Jorge Antonio en la firma Mercedes Benz Argentina S.A., pero que, según se sabe, en sucesivas entregas retira 13.000.000 de pesos para sus desembolsos personales; entre ellos, pagos de impuestos. “Agregan que tiene en 1952 y 1953 otros ingresos.

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“En 1953 percibió en concepto de dividendos en Lucardi, Aguirre, Mastro y Cía. la suma de 1.849.281,33 pesos y en el año 1954, 641.938, 55 pesos. “Asimismo, expresan, recibió en 1952 y 1954 por honorarios como directos 148.490,72 pesos y 49.400 pesos, respectivamente, de Lucardi, Aguirre, Mastro y Cía., y en 1954, 1.452.000 pesos, 60.000 pesos y 49.055,70 pesos, de Mercedes Benz Argentina S.A., Fahr Argentina S.A. y Editorial Democracia S.A., respectivamente. Recibió además de Fahr Argentina 419.345,97 pesos por utilidades, y 95.000 pesos por venta del departamento de Medrano 568. “En la construcción de la propiedad Muñiz 1364, Martinez, provincia de Buenos Aires, invirtió 1.587.995 pesos, y pagó la deuda de 100.000 pesos por la propiedad de la localidad mencionada, circunscripción III, Sección B, manzana 48. También adquirió el moblaje y los automóviles que figuran en el detalle de su patrimonio –ver planillas de fs. 3 / 5- adeudando a Mercedes Benz Argentina, respecto a los automóviles, los precios de 92.000 pesos y 43.000 pesos. Compró, además, la lancha Silvia Inés. “Finalizan este parágrafo diciendo que por último adquirió 393.000 pesos en acciones de La Argentina Sueca, y para que un hermano político, el señor Rafael Naya, se iniciara en la actividad comercial le otorgó un préstamo, que actualmente se encuentra reducido a 572.000 pesos. “En el parágrafo VII se refieren a la prueba que ofrecen para justificar la legitimidad del patrimonio que reclaman, para concluir en el VII habiendo el petitorio correspondiente a la presentación que se ha venido relatando. “En un otrosi solicitan, sin perjuicio de las medidas de prueba ya ofrecidas, otras probanzas que hacen también a su derecho. “Proveida dicha presentación a fs. 14, se produce la prueba que se agrega a partir de fs. 15. “Producida la prueba ofrecida y remitido el expediente a la Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial, este organismo, con fecha 10 de febrero de 1958, expide su dictamen (ver fs. 793 a 816). En dicho dictamen la Fiscalía concluye solicitando que deben transferirse al patrimonio nacional bienes del interdicto por un total de un mil setecientos treinta y tres millones ciento tres mil siete pesos con noventa y dos centavos moneda nacional, además de otros bienes ubicados en el país y en el extranjero, que indica en el curso del mismo, debiendo rechazarse las defensas de inconstitucionalidad alegadas. “Las defensas de inconstitucionalidad planteadas, dice, deben rechazarse por las razones y fundamentos ya expuestos en numerosos dictámenes anteriores emitidos y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se pronunció expresamente en el sentido de su validez, tanto más cuando en el caso en estudio los recurrentes incurren en el error de atribuirle al decreto ley de interdicciones carácter penal. Que la supuesta violación

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constitucional de defensa en juicio, que se plantea asimismo en forma expresa, también debe desestimarse, ya que no ha existido tal violación, pues los recurrentes no han podido demostrar la exactitud de sus afirmaciones en el sentido de que se les ha impedido comunicarse con el interdicto, sino que, por el contrario, fallado ese deseo probatorio, al resultarles contrario a sus pretensiones el informe que obra a fs. 146/147, ha quedado evidenciada la total garantía que tuvieron en defensa de los derechos de aquel, y solamente a la inactividad de los mismos sería imputable que las entrevistas no se hubieran realizado. “En cuanto a la supuesta exigüidad del plazo acordado a los peritos contadores propuestos por los recurrentes por las consideraciones que se hacen -ver fs. 795/796-, concluye que igualmente debe rechazarse la cuestión planteada. Con referencia a la evolución patrimonial, cuyo estudio se hace en extenso, acompañándose gran cantidad de pericias contables, documentación y declaraciones testimoniales, expresa el dictamen que resultó tarea ardua y compleja reconstruirla, principalmente en función de la sintética presentación –hábilmente hilvanada- fundada en las supuestas dificultades de información a que ya nos hemos referido y que perseguía como única finalidad tender una cortina de humo sobre la finalidad de ocultación, mimetizando la cuantiosa fortuna de Jorge Antonio con jalones de realidad. Dice que, analizando con criterio logístico la evolución patrimonial del interdicto, aún tomando en cuenta sus propias manifestaciones, no puede ser aceptada ni por más fantasiosa imaginación, pues su aumento en progresión geométrica no guarda relación con sus antecedentes ni con el capital invertido, ni aún suponiéndole al causante cualidades extraordinarias, de no mediar agentes o elementos extraños a su propia individualidad. Analizada en esta forma la evolución patrimonial, de Jorge Antonio, se advierte que prácticamente todos los considerandos del decreto ley de interdicciones le son aplicables, siendo, en consecuencia, el presente el caso típico que el citado decreto ley quiso reparar en sus disposiciones. “Existe patrimonio injustificado, actividad ilícita, enriquecimiento desproporcionado con relación al capital y a la actividad desempeñada, ocultación de bienes y disimulación de otros, privilegios y prebendas; y todo ello sin solución de continuidad. Así es que se llega al cargo total formulado y a que ya nos referimos, que puede dividirse en distintos conceptos, que son los siguientes: “Incremento patrimonial injustificado (ver plan “G” de carpeta acompañada). 128.432.012,81 pesos; 2) Bienes ocultos (plan “G”), 569.608.869,95 pesos; 3) Rentas y utilidades de capitales ocultos (ver plan “F”), 681.505.416,26 pesos; 4) Impugnaciones que surgen de la presentación, 100.106.428,32 pesos omisiones en la planilla “H”, 10.064.155,64 pesos; 5) Cuenta inversiones de capitales Mercedes Benz Argentina S.A., 143.386.125 pesos. Total: 1.633.103.007,92 pesos. “A fojas 817 se ponen los autos en secretaría a los efectos del último párrafo del artículo 22 del reglamento de la junta, intimidándose igualmente al interdicto para que

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manifieste a cuanto ascendió la suma empleada en su subsistencia durante el lapso comprendido entre el 4 de junio de 1943 y la fecha de presentación ante la junta, bajo apercibimiento de oficio, si dicha suma no se indicare o no se ajustare a su situación y medios de vida. “Ampliado el plazo para contestar la vista e intimación –ver fojas 819 vuelta-, se evacua la misma dentro del término con el escrito que obra a fojas 821. En dicho escrito los representantes del interdicto insisten sobre las cuestiones constitucionales planteadas en la presentación, rechazan el cargo que formula la Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial, solicita la íntegra y total liberación patrimonial de Jorge Antonio. Se reconoce asimismo que la suma de 18.694.970,96 pesos que indica la Fiscalía es la cantidad empleada por el interdicto en su subsistencia en el lapso indicado precedentemente. “Planteada en esta forma la situación de autos, estimo que antes de entrar a considerar la situación patrimonial del interdicto Jorge Antonio, corresponde considerar las defensas opuestas de inconstitucionalidad, ya que según sea el resultado a que se arribe deberá entrarse o no a considerarse aquella. “Inconstitucionalidad. –Estimo al respecto que sobre el punto ya se han expuesto suficientes argumentos en casos anteriores, especialmente en la causa de interdicción de Juan D. Perón –causas éstas que revisten características similares por no decir idénticos a la presente- y que esos argumentos y los fundamentos de la excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Penal Especial y en lo Contencioso administrativo de la Capital Federal, el procurador general de la Nación y la Suprema Corte de Justicia en la causa de interdicción citada –ver caso Perón-, que comparto y cuya transcripción omito en mérito a la brevedad, me inclinan a opinar en el sentido de que las defensas de inconstitucionalidad opuestas deben rechazarse. “Lo mismo considero con respecto a la supuesta violación de la garantía de defensa en juicio esgrimida por los representantes del interdicto, compartiendo en este punto el dictamen de la Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial.

“II. – Exigüidad del plazo para realizar la pericia contable. Con respecto a esta cuestión estimo que la misma ha sido suficientemente analizada al resolverse los distintos pedidos de los contadores y de los representantes del interdicto, por lo que no corresponde expedirse en esta oportunidad. No obstante y habiendo sido planteada, considero debe desestimarse atento a lo dictaminado por la fiscalía, con aclaración de que no se ha violado en ningún momento la garantía de defensa en juicio. Basta echar una mirada a los distintos cuerpos de que consta el expediente, para comprobar que aún en desmedro de los términos legales, la defensa contó con las más amplias garantías den el cumplimiento de su cometido.

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“III. – Personalidad de Jorge Antonio. Partiendo de las alusiones que contiene el dictamen de la fiscalía, acerca de la personalidad del interdicto, su defensa dedica un capítulo y no más breve de su alegato final, para ensalzar y de paso tratar de explicar la fabulosa carrera realizada por aquél. “No creo que estas alusiones, como se afirma en la defensa, obedezcan a ignorancia acerca del juego normal de instituciones claramente definidas en el Código de Comercio, ni que con sentido peyorativo se niegue toda posibilidad de hacer fortuna al interdicto, porque, el año 1947 era un modesto empleado de la administración pública con 600 pesos de sueldo y que a poco fue declarado cesante. “Y no lo creo, porque el trabajo inteligente y tesonero ha sido largamente recompensado en este país, lo que ha hecho posible y hasta frecuente, que personas de origen tanto o más modesto que el recurrente, se labraran una posición al amparo de nuestras libertades. “Pero no es este el caso que nos ocupa. La ascensión de Antonio a la cúspide del poder financiero, prescindiendo de sus orígenes y aún cuando le concediéramos extraordinarias dotes de inteligencia y laboriosidad, no obedece a los cánones comunes; tiene algo de mágico, algo que trasciende de la acción personal o individual y evidencia que estuvieron en juego factores de otra índole que los que puede poner en movimiento el más avisado hombre de empresa, aún en condiciones excepcionales. “Y ello, porque todos y cada uno de sus actos lleva el sello inconfundible del privilegio, el favoritismo y la franquicia indebidos, que solo puede dispensar quien detentaba todos los poderes del Estado y los utilizaba para su exclusivo beneficio y el de sus testaferros. “Repito que nada hay en la trayectoria de Antonio que no esté conformada a los procedimientos y modos de ser de la tiranía depuesta. “Hasta la aparente normalidad de esa impresionante multiplicación de millones, porque sabido es que quien poseyó la suma del poder público; quien modificó la Constitución con el solo objeto de perpetuarse y dictó leyes a su capricho; quien sometió todos los resortes del Estado a su voluntad omnímoda, tuvo también en sus manos la oportunidad y los medios de dar visos de legalidad a lo que en el fondo sólo implicó el más desvergonzado latrocinio, la más tenebrosa conspiración para sumir a la República en la pobreza y la esclavitud. Las precedentes consideraciones se hacen ineludibles para situar una época y a los que de ella usufructuaron en su verdadero terreno. De otra manera cualquier intento reparador carece de sentido frente a las facilidades con que contaron quienes se vieron beneficiados con la protección del tirano y su aparato de opresión. Por otra parte al dirigismo estatal impreso por el régimen depuesto a toda actividad económica del país, aunque parezca una paradoja, constituye la negación de aquellas condiciones propicias para la actividad de un hombre de empresa: un Estado

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comerciante, interviniendo en todos y cada uno de los procesos de la producción y comercialización de los productos, no deja margen al desarrollo de la iniciativa privada. Las dictaduras que padeció Europa hasta la finalización de la guerra con parecidos conceptos económicos, vieron florecer muchos de estos financieros apresurados, que amasaron considerables fortunas al amparo de la protección de los tiranos. “IV. - Patrimonio inicial. Evolución posterior. Carencia de pruebas. Ilegitimidad originaria. El vertiginoso y acelerado incremento patrimonial del interdicto no pudo ser producto del azar o de negocios afortunados lícitos. Se ha demostrado que el mismo se debió pura y exclusivamente al proteccionismo privilegiado, y con caracteres de pública notoriedad, por parte del dictador depuesto por la Revolución Libertadora. Podemos afirmar, sin lugar a dudas, que el caso presente tipifica y configura en toda su exactitud con caracteres netos los fundamentados considerandos del decreto ley de interdicciones número 5.148/55. Es oportuno recordar aquí algunos de ellos: “Que es público y notorio que bajo el régimen depuesto, valiéndose de la suma del poder público, del aparato de la organización estatal y hasta de las formas legales ostensibles, se han constituido fortunas fabulosas al margen del esfuerzo y el trabajo honesto, que justifican y dignifican la propiedad”… “Que de las propias declaraciones prestadas por los más altos funcionarios del régimen depuesto, resulta que dispusieron en su provecho y en el de sus amigos y correligionarios, de bienes, concesiones, privilegios y prebendas, beneficiándose dolosamente del sistema de discrecionalidad creado para servir a esa finalidad subalterna”… “Para justificar el dominio de los bienes adquiridos con posterioridad al 4 de junio de 1943, el decreto ley de interdicciones regla las distintas causales que pudieran presente. En el art. 3º del mismo, justifica dicho acrecentamiento cuando proviene de beneficios obtenidos en el comercio, industria u otra actividad lícita, siempre y cuando “estén proporcionados al capital inicial y a la labor personal desarrollada por el reclamante, y no respondan a situaciones de favor, influencia o discrecionalidad en el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, asignación de cupos o cualquier otro privilegio que hubiere acordado al reclamante el régimen depuesto”. En el caso, ¿el incremento se encuentra proporcionado al capital inicial, y a la labor personal del interdicto? “¿Ha respondido el mismo a situación de favor, o privilegio acordado por el régimen depuesto? La respuesta es fascinante deducible. En autos “Mercedes Benz S.A. s/interdicción”, quedó plenamente demostrado que el dictador prófugo, que centralizó en sus manos la suma total del gobierno del país, necesitaba para seguir manteniendo la fabulosa máquina de propaganda montada a favor del endiosamiento de su persona, de enormes recursos. Para el cumplimiento de tal obispo, no encontró mejor árbitro que organizar una empresa privada, de enormes ramificaciones, para abarcar progresivamente toda la gama de la economía nacional, a fin de que, con el amparo, el apoyo y la decidida y exclusiva protección del Estado, realizara y obtuviera fuentes ingresos.

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“Para el cumplimiento de tan subalterna finalidad, necesitaba que una persona física, obrando en su nombre y representación controlara todas las sociedades de ese gigantesco pulpo de la economía nacional. Para ello, utilizo en su toda medida al interdicto Jorge Antonio. El sistema fue sencillo. Centralizando en sus manos las acciones ya sea a su nombre o en el de terceros, incondicionales y simples prestanombres, pudieron manejar a su arbitrio exclusivo el sistema creado. La casi identidad entre el dictador y el interdicto Jorge Antonio fue pública y notoria. Vémoslo así, a través de los distintos capítulos que informan el presente voto, que sintetizan todas las actuaciones de autos, cómo Jorge Antonio va tomando progresivamente proporciones gigantescas manejando y controlando sociedades comerciales, básicas pilares de nuestra industria y organismos llaves de comercio. Llega así, en pocos años, bajo el total amparo de la dictadura depuesta, a convenirse en la primera figura dentro de la economía nacional. “Puede afirmarse, indudablemente, que difícilmente pueda juzgarse en este tribunal, un patrimonio interdicto que responda tan plenamente a una irritante, decidida y casi exclusiva protección estatal. “Lo grave de la situación expuesta fue que, dentro de un sistema económico del gobierno como el de la dictadura depuesta, en que el dirigismo estatal adquirió caracteres preponderantes y absorbentes dentro de todo el panorama económico, se especuló con las necesidades del país, obteniendo de las mismas ventajas fabulosas. Fue así cómo el interdicto, presta-nombre del dictador, se erigió en la principal figura que podía –siempre en provecho propio y en el de su tácito mandante- solucionar y aminorar en parte la situación artificiosamente producida de necesidad de los bienes más indispensables. El ejemplo más notorio lo constituyó la carencia de automotores, en que se monopolizó casi con exclusividad la importación de los mismos en la sociedad anónima Mercedes Benz, controlada en su totalidad por el interdicto. “Esta culminación de la meteórica carrera del interdicto fue la resultante típica del privilegio estatal. En autos, el interdicto no ha logrado probar por medio alguno admitido por el decreto ley de interdicciones el origen lícito de su capital inicial y de los acrecentamientos posteriores. Tal aseveración ha quedado ya plenamente demostrada a través del presente voto. En efecto, habiendo sido dejado cesante de su cargo en Obras Sanitarias de la Nación en noviembre de 1947, con un sueldo de seiscientos pesos mensuales, manifiesta aportar en el año 1948 la suma de 129.000.- pesos moneda nacional a la sociedad Cabinco S.R.L. Al mismo tiempo constituye la sociedad El Litoral S.R.L. con un aporte de 50.000.- pesos y uno posterior de 71.140,20 pesos moneda nacional. Tales sumas aportadas, que el interdicto expresa provienen de préstamos, no han logrado probar sus manifestaciones y tampoco de que provengan de ingreso lícito alguno. A fs. 7.981-799. La Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial, en apretada síntesis de todo lo actuado y probanzas acumuladas, demuestra acabadamente que en el año 1951, sobre un capital sin justificar, obtiene utilidades de ese capital negativo por la suma de pesos 3.501.463,13 de Aguirre Mastro y Cía. y

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172.192,98 pesos de Lucardi Aguirre Mastro y Cía. S.A. Tales ingresos son los que invoca el interdicto como origen de su acrecentamiento posterior. La falta de constancias probatorias que acrediten a la luz de las disposiciones del decreto ley Nº 5.148/55 la verosimilitud del dicho interdicto, hace que sea de aplicación el artículo 4º del decreto ley citado cuando dispone la transferencia al patrimonio nacional de los bienes “cuyo dominio no hubiere acreditado…” Esta ilicitud inicial ha sido la fuente originaria y exclusiva del incremento patrimonial experimentado posteriormente por el interdicto. Las sucesivas demostraciones en más del mencionado patrimonio, efectuadas, como quedó demostrado, al amparo oficial, siguen como esa ilicitud original, por lo que es de aplicación la norma legal que proscribe la transferencia al patrimonio nacional –decreto ley 5.148/55, artículo 4º-. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Penal Especial y en lo contencioso administrativo de la Capital Federal, en la causa de interdicción de los bienes de Juan Perón, efectuó un detenido estudio sobre la materia, en especial sobre el artículo Nº 953 del Código Civil, que al referirse al objeto de los actos jurídicos establece que los que sean ilícitos, contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes, son nulos, como si no tuviesen objeto. Déjase constancia de que la remisión, que aquí se efectúa con relación al Código Civil, es a mayor abundamiento, dado que, repito, la norma legal aplicable es el decreto ley Nº 5.148/55. Con dicha acumulación previa, se transcribe en lo pertinente las opiniones de los señores jueces que integran la Cámara citada precedentemente. “El señor juez doctor Gabrielli en su voto (párrafo V, in fine) dijo lo siguiente: “Ya se ha dicho que no es indispensable que una norma legal expresamente fulmine de nulidad al acto delictuoso, toda vez que su antijuridicidad, que ha sido el fundamento de la prohibición, lleva implícita su invalidez e ineficacia civil. El orden público, la moral y las buenas costumbres no estarían suficientemente tutelados si solo se castigara la conducta del transgresor, permitiéndosele, en cambio, disponer y usar libremente del producto del hecho delictuoso. La nulidad –sanción civil- que así surge de esos actos, es absoluta y hasta puede ser pedida por el Ministerio Público “en el interés de lo moral y de la ley” (artículo 1047, Código Civil). Lo mismo ocurre en el derecho administrativo. “Los actos que llevan un vicio de ilegalidad, que han nacido en violación de una norma jurídica, se consideran también actos sin valor, y como tales pueden ser anulados; este efecto se produce con retroactividad a la fecha en que los actos se originaron (extung). Si la Junta Nacional de Recuperación Patrimonial se halla facultada para comprobar el origen lícito o ilícito de los bienes de funcionarios públicos y de terceros vinculados a la Administración por actos de ésta, las funciones que así cumple la llevan necesariamente a valorar los actos jurídicos realizados dentro de ese ámbito lo que significa pronunciarse originariamente sobre la anulabilidad de los mismos. Aparte de la atribución señalada, de ella deriva, a su vez, otra que también compete a la Junta Nacional de Recuperación Patrimonial: la de representar la potestad del Estado de hacer valer la pretensión de los bienes declarados nulos por ilegitimidad de su origen. Esa

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pretensión tiene, pues, un sentido peculiar y propio que le da fundamento y que no puede ser confundido con la simple confiscación, reprobada por la Constitución Nacional”. “En esta inteligencia y establecida la ilicitud de su patrimonio inicial sobre el cual se pretende fundar toda la evolución posterior, el vocal opinante conceptúa irrelevante continuar con el análisis del mismo ya que todo él, por ser consecuencia y fruto del primero, según alega la propia defensa, ha de ser ilícito por su ilicitud original (art. 3º decreto ley Nº 51455). “Arribar a una conclusión contraria sería entrar en abierta contradicción por otra parte con el antes comentado artículo 953 del Código Civil y establecería como moral y lícito un hecho originariamente ilícito y a su vez desmentiría el viejo aforismo romano “Nadie puede fundar sus acciones en hechos propios ilícitos”. (Nemo ex delicto sue actionen consequi debet). “En virtud de la fundamentación legal expuesta y teniendo en cuenta que el interdicto Jorge Antonio no ha logrado demostrar por medio probatorio alguno la legitimidad originaria de su patrimonio inicial, fuente de su acrecentamiento posterior, todo él debe ser transferido al Estado nacional por aplicación de los artículos 3º y 4º del decreto ley Nº 5148/55.

“V. El grupo Jorge Antonio. – La Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial, en su antes mencionado dictamen, señala la existencia del grupo Jorge Antonio, y para mejor ilustración y comprensión del mismo, acompaña diversos gráficos. “Por sus detalles y amplitud de las sociedades que lo comprenden, es revelador de la existencia de un verdadero imperio económico, que abarcaba, puede afirmarse, todos los distintos matices que puede presentar una economía nacional en sus fases principales de industria, agricultura, ganadería y formas de financiación y administración de ellas. “Sin embargo, la defensa del interdicto, en su escrito de presentación y en su contestación de vista, solo reconoce que el causante Jorge Antonio tenía decisiva preponderancia de capital en las siguientes sociedades: Mercedes Benz Argentina S.A., La Argentina Sueca S.A., Lucardi y Aguirre Mastro y Cía. S.A., Tam S.R.L., La Rinconada S.A. y Talleres Güemes S.A. “En el capítulo anterior se ha demostrado que el reclamante Jorge Antonio no pudo lícitamente adquirir las acciones que compone su participación social en las indicadas sociedades por no haber probado en los términos del decreto ley de interdicciones, el origen del capital que le permitió participar en dichas sociedades. Por lo tanto, las precitadas sumas de participaciones en las sociedades denunciadas, deben ser transferidas al Estado nacional, por imperio de lo establecido en los artículos 3º, 4º y 8º del decreto ley Nº 5148/55.

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“Resta por contemplar la situación del capital en las restantes sociedades que la Fiscalía dice ser de propiedad del interdicto. “Para mejor claridad de este problema se seguirá la división del grupo Jorge Antonio, establecida en el informe contable producido por el contador Aquilino Ruiz (véase cuadernos acompañados por la fiscalía que obran por cuerda separada). A fs. 6 de dicho informe, primera parte, se establece que la organización está basada en tres grandes grupos, sirviendo de cabeza las siguientes sociedades: “a) Mercedes Benz Argetnina S.A., que concentra capitales societarios, aparte del suyo, por la suma de m$n. 218.074.683,98 m/n.; b) Investa S.A., en la que participan sociedades pertenecientes al grupo por un capital accionario de m$n. 84.836.498,86 m/n. A su vez, Mercedes Benz Argentina S.A. tiene capital accionario de esta sociedad –Investa S.A.- por la suma de $ 46.324.823,45 moneda nacional; c) Consigna S.A. posee capital accionario en firmas de este grupo por la suma de $ 33.395.000 moneda nacional. “Veamos ahora cuál es el juego accionario del interdicto Jorge Antonio en estos tres subgrupos mencionados: “1º En lo que se refiere al subgrupo Mercedes Benz Argentina S.A., esta Junta Nacional de Recuperación Patrimonial, por sentencia dictada en la causa de interdicción de la citada sociedad interdicta con fecha 20 de diciembre de 1957 estudió y demostró acabadamente, en su capítulo II, al tratar el origen y evolución patrimonial de esa empresa, la inexistencia de toda otra participación de capital que no fuere la del interdicto Jorge Antonio, vale decir, que el capital accionario de Mercedes Benz Argentina era a su vez propiedad de Jorge Antonio. “Asimismo, en la comentada sentencia se probó la participación de la empresa Mercedes Benz en las siguientes firmas: Mar Chiquita S.A.; Tafi S.A.; Plasmetal S.A.; Investa S.A.; Autaro S.A.; Lucardi, Aguirre Mastro y Cía. S.A.; Forja Argentina S.A.; Visargentina S.A.; Trapalco S.A.; Establecimientos Guell S.A.; SIASA; La Rinconada S.A.; Agropec S.A.; Impex S.A.; Copra S.A.; Fabar S.A.; Deutz Argentina S.A.; Resta S.A. y SIADA S.A. Por último se dispone la transferencia al patrimonio nacional de todos los bienes existentes en el país y en el exterior de que fuera titular la firma interdicta Mercedes Benz Argentina S.A., FICI y Mandatos. “Es evidente que al disponer esta Junta el traspaso de todos los bienes de Mercedes Benz Argentina S.A., al patrimonio del Estado, incluye también el capital accionario de que la mencionada sociedad era titular en las distintas sociedades enumeradas en párrafos anteriores.

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“Planteada en ese terreno, la situación del interdicto Jorge Antonio, y habiéndose demostrado como se ha dicho que éste es propietario del patrimonio de Mercedes Benz Argentina S.A., solo resta concluir, por lógica gravitación, que es también único propietario poseedor de las participaciones accionarias que poseía esta firma en las sociedades que formaban el sub grupo Mercedes Benz Argentina S.A., siendo esta firma Mercedes Benz la pantalla o el personero utilizado por Jorge Antonio para encubrir su participación en las mismas. “Queda por analizar una especial situación que surge del escrito de presentación y de su ampliación en la contestación de vista, al negar sus derechos de propiedad sobre las mismas. A juicio del suscripto, esta falta de reconocimiento de dichos bienes tipifican un vero proceso de ocultación, que prevé el artículo 4º del decreto ley número 5148/55. “Por lo expuesto, vale decir, por ser propiedad del causante Jorge Antonio cuya licitud patrimonial no ha sido demostrada por haber pretendido ocultar estos bienes a la consideración de esta Junta Nacional de Recuperación, los mismos deben ser transferidos al patrimonio nacional, cumplimentando así las expresas disposiciones de los artículos 3º, 4º y 8º del citado decreto ley de interdicciones. “2º En cuanto al segundo subgrupo, Investa S.A., Financiera Inmobiliaria y Mandataria, participa en distintas sociedades componentes del grupo, a saber: Fahr Argentina S.A.; Deutz Ana S.A.; Inyecto Magnet S.A.; Banco Continental S.A.; Rada S.A.; según se desprende de la antes mencionada pericia contable (3ª parte fs. 611 y sgtes.) De las constancias de la misma corroboradas por las pertinentes declaraciones en la 1ª parte, se arriba a la conclusión de que Investa S.A. ha sido formada exclusivamente con capital de Mercedes Benz Argentina S.A. En la referida sentencia se dictada por esta Junta en la causa de interdicción de Mercedes Benz Argentina S.A. llegó a igual conclusión. “En esta inteligencia, se reproduce en este subgrupo idéntica situación, reseñada en el punto anterior, vale decir, que habiendo sido formada Investa S.A., con capitales provenientes de Mercedes Benz Argentina S.A., y siendo estos últimos de propiedad del interdicto Jorge Antonio, forzosamente debe arribarse a la conclusión de que Investa S.A. es también de Jorge Antonio, y en consecuencia todas las participaciones de capitales que dicha sociedad tenga en las otras sociedades que forma este subgrupo, pertenecen a su vez al interdicto Jorge Antonio, y deben, por lo tanto, ser transferidas al patrimonio nacional. “3º -El tercer subgrupo, siempre de acuerdo con las constancias del informe contable citado, es el de Consigna S.A., que de conformidad con el mismo posee capital accionario en firmas del grupo Jorge Antonio, que ascienden a la suma de 33.395.000 pesos. Dichas firmas son: Fahr Argentina S.A., Coar S.A., Talleres Güemes S.A. y APT S.A. Si bien de constancias de autos y del informe fiscal no surge expresa y fundamentalmente de que este subgrupo integrara el grupo Jorge Antonio, existen en

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cambio serias presunciones de que el interdicto de esta causa tenía grandes intereses en Consigna S.A. y actuaba en ella y ante ella por medio de sus reconocidos personeros (ver declaraciones y constancias de los cuadernos que obran por cuerda separada, 1ª y 2ª parte). Esta Junta Nacional al resolver el expediente de interdicción de Consigna S.A. formuló reserva sobre la futura disposición de acciones de otras sociedades interdictas –las componentes de este subgrupo- por la recurrente. Entiende que el caso debe ser resuelto por la aplicación del artículo octavo del decreto ley Nº 5148/55, ya que esta sociedad deberá reclamar y presentar para su liberación las acciones que posea de otras sociedades interdictas y probar la licitud del origen del dinero con que las hubo, y en el caso de volverse en su contra esta prueba, deberán ser transferidas al Estado nacional. “VI. Las impugnaciones de la Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial. – La Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial finaliza su dictamen a fojas 816, formulando cargo al interdicto Jorge Antonio por distintos rubros, que en ella se mencionan y que ascienden a un total de $ 1.633.103.007,92 m/n. que solicita sean transferidos al Estado nacional, con más todo otro bien no determinado. “El vocal opinante, al estudiar en capítulo anterior la evolución del patrimonio del reclamante Jorge Antonio, y en especial el capital inicial que fue basamento y origen del cuantioso patrimonio que a la fecha posee el interdicto, arribó a la conclusión de que este capital originario no pudo ser probado en los términos que establece el decreto ley de interdicciones por el causante Jorge Antonio que, como manifiesta en su presentación a fojas 8 vuelta, arranca a partir del año 1948. “Esta falta de prueba lleva forzosamente a declarar la ilicitud del capital inicial en los términos de los artículos 3º y 4º del decreto ley 5.148/55 y obvio es entonces concluir que el incremento experimentado en magnitud astronómica a partir del año 1949 es también ilícito y por ende deben ser transferidos al patrimonio nacional. Ante tal conclusión, es innecesario entrar al estudio en detalle de cada una de las impugnaciones formuladas al patrimonio del interdicto por la Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial, atento al hecho incuestionable de que al disponerse el traspaso total de los bienes existentes en el país y en el exterior que componen el patrimonio del interdicto Jorge Antonio, están involucrados todos aquellos que en el precitado detalle la Fiscalía solicite su traspaso, reconocidos o no por la defensa en su alegato. “Cabe aún aclarar que dicha relación de bienes efectuada por la Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial deberá ser tenida presente en el momento de ejecutarse esta sentencia por la Comisión Liquidadora decreto ley 8.124/57, quien en uso de facultades que le sean propias dispondrá la transferencia la totalidad del capital accionario de la empresa Mercedes Benz citados u ocultados al juzgamiento de esta junta, por el interdicto Jorge Antonio.

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“Por último cabe aclarar expresamente que al disponer esta junta la transferencia total del patrimonio del interdicto Jorge Antonio involucra dicha transferencia la totalidad del capital accionario de la empresa Mercedes Benz Argentina S.A. y a su vez, el capital accionario de que ella sea titular en las distintas sociedades que componen el subgrupo y fueron analizadas precedentemente; igual procedimiento se seguirá con el capital accionario de Investa S.A., y las sociedades que la integran. “tal aclaración, si bien puede considerar innecesaria, dado el carácter amplio del término patrimonio, se formula con el único objeto de dejar debidamente aclarado que la transferencia al patrimonio nacional comprende la totalidad de bienes, derechos, acciones, etcétera, de que es titular el interdicto Jorge Antonio, existentes en el país o en el extranjero. “En definitiva, y teniendo expresamente presente lo expuesto en el párrafo anterior, soy de opinión que esta causa de interdicción debe ser resuelta disponiéndose la transferencia al patrimonio nacional de la totalidad de los bienes que integran el patrimonio del interdicto Jorge Antonio se encuentren en el país o en el exterior (artículos 3º, 4º y 8º del decreto ley de interdicciones número 5.148/55). “Todo ello sin perjuicio de las obligaciones de orden fiscal que el mismo tuviere pendientes y de la reposición del sellado de ley en estas actuaciones.

“El señor vocal Eneas H. Grosso, dijo: “1º El exhaustivo análisis de libros y demás documentos contables relacionados con todos los negocios en que directa o indirectamente intervino el causante, practicado por los expertos de la Fiscalía Nacional de Recuperación, cuyos resultados llenan numerosos cuerpos de estas actuaciones; el prolijo estudio de tales resultados hecho por el Consejo de la Fiscalía para fundar el dictamen consiguiente (fojas 793/816); y las consideraciones y conclusiones que, tras confrontar todo lo actuado con las alegaciones de la defensa, formula el vocal preopinante en el voto que antecede, parecerían motivos suficientes para dar por agotada la argumentación en la que debe fundarse el fallo de la presente causa. Pero a poco que se medite sobre la razón de ser de los tribunales colegiados, adviértese que lo que con ellos se persigue es, precisamente, la confrontación y balance de los juicios que tras el estudio de las causas respectivas, forman los integrantes del tribunal para que el doble análisis y, eventualmente, la mutua crítica, en función tamizadora, contribuyan a la mayor exactitud del veredicto. Por ello, y sin perjuicio de adherir en lo fundamental al voto que antecede, formularé otras consideraciones acerca del caso subexamen, las que, precisamente por agregarse “a mayor abundamiento”, serán breves.

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2º Es útil recordar que el decreto ley Nº 5.148/55 fue dictado a raíz “de las propias declaraciones prestadas ante organismos de la revolución por los más altos funcionarios del régimen depuesto” (considerando 6º), de las que resultaba lo que, por lo demás, era público y notorio) que diversas personas estrechamente vinculadas a dicho régimen se habían enriquecido en forma anormal. De aquí la presunción de ilicitud del enriquecimiento y la consiguiente obligación que se impuso a tales personas de justificar el incremento patrimonial logrado durante el régimen aludido. La justicia y la validez intrínseca de tal medida de buen gobierno, han sido reconocidas por el más alto tribunal de la Nación. Adhiero, pues, a las consideraciones que al respecto formularan la fiscalía y el vocal preopinante. Y en cuanto a las tachas de ilegalidad del procedimiento, indefensión, desigualdad, etcétera, formuladas por la defensa en diversos escritos, les son aplicables las siguientes consideraciones que formulé en el caso “Fiat”: “Es evidente –dije entonces- que las mismas constancias del proceso desvirtúan la impugnación. En numerosas carillas que integran un cuerpo del expediente subexamen, el defensor de la sociedad interdicta (aquí del interdicto Jorge Antonio), previa vista de la requisitoria fiscal y examen de las pruebas producidas, ha ejercitado con toda amplitud el derecho de defensa y ha aportado nuevas pruebas, lo que no hubiera podido hacer ni sún dentro del procedimiento común. ¿Cómo sostener, entonces, que se ha trabado el derecho de defensa y que ha habido desigualdad en el desarrollo de la relación procesal? Frente al rigorismo de los plazos, fijados en el artículo 3º del decreto ley 5.148/55 sólo cabe concluir que si alguna desigualdad hay en los procedimientos substanciados ante la junta, tal supuesta desigualdad favorece a los interdictos que tienen la última palabra y la última oportunidad en la litis”. Opino, por tanto, que las impugnaciones mencionadas deben ser rechazadas; y así lo voto. “3º El decreto ley 5.148/55 dábale al interdicto (que se hizo famoso por la riqueza adquirida durante la tiranía) una excelente oportunidad de desvanecer dudas y suspicacias, aclarando al detalle el origen lícito de su patrimonio y su evolución económica desde 1943. Pero no ha querido o no ha podido hacerlo. En la primera presentación (fojas 6/13) sus apoderados manifiestan que desde 1943 hasta principios de 1948 el causante no tuvo ningún capital. “Su haber –dicen- consistía exclusivamente en el producto de su trabajo personal, insumido totalmente por su subsistencia” (fojas 8). De las copias de las declaraciones prestadas por el propio interdicto ante la Comisión Investigadora, en los primeros días siguientes a la revolución Libertadora (ver cuerpo Nº 4 del anexo “Jorge Antonio”; Nº 1.164 Fiscalía Nacional) surge que antes de la época indicada estuvo empleado en la ex Secretaría de Asuntos Técnicos, a cargo del entonces poderoso José Figuerola, de donde pasó a Obras Sanitarias de la Nación. “Allí llegó a percibir el sueldo de 600 pesos por mes, en 1947. Ese mismo año el interdicto fue declarado cesante por razones de mejor servicio (decreto Nº 35.883/47) transcripto a fojas 797; y ello poco después de haber contraído enlace (partida de fojas 490) lo que, presumiblemente, aumentó las obligaciones pecuniarias a su cargo. Pues bien: sólo ocho años después –diciembre de 1955- el interdicto, por intermedio de sus

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apoderados, denuncia bienes por valor de 54.733.203,84 pesos y deudas por valor de 19.220.808,01 pesos (fojas 3/5), cifras que rectifica luego de la requisitoria fiscal admitiendo un incremento patrimonial entre 1948 y 1955 de pesos 79.532.017,21, y arguyendo que las propias constancias de autos revelarían que en ese período tuvo ingresos muy superiores: 101.287.713,34 pesos (fojas 872 vuelta). “4º ¿Cuál es, en puridad y al detalle, el origen de tal patrimonio? “Con el producto de sus ahorros y con la ayuda financiera de los señores Francisco Khun y Héctor Zacco –dicese en la presentación del interdicto a fojas 8 vuelta- forma con éstos la sociedad Cabinco S.R.L., para la distribución de productos de fibrocemento… Su cuota de capital era de 129.000 pesos”. Y se agrega a continuación: “Poco después, el 31 de marzo de 1948, con un préstamo en chapas de acero que le facilitó la firma Mariani Hnos., forma con el señor Antenor Aguirre y con el señor Héctor Mastro la sociedad El Litoral S.R.L., siendo su cuota de capital de 50.000 pesos. “5ª Podría pensarse que las razones de urgencia, plazos del decreto ley 5.148/55 y las dificultades para una adecuada información a que han aludido los apoderados del causante en diversos escritos con celo plausible, impusieron un cauteloso laconismo en esta referencia al origen del patrimonio del interdicto. Pero cabe señalar que más de dos años después, con todas las actuaciones a la vista, la defensa no ha podido ser más explícita a este punto fundamental de la prueba del origen del patrimonio, tratado a fojas 839 in fine y fojas 839 vuelta. “No han podido”, recalco. Y nadie podrá hacerlo, ateniéndose estrictamente a las constancias en autos. Los peritos propuestos por el recurrente expresan respecto a “Cabinco”, a fojas 506, que “no existen constancias de la constitución de la S.R.L., en virtud de no haberse tenido a mano ni el contrato respectivo ni el libro inventario de la sociedad, ni otros registros auxiliares”. Solo el libro diario pudieron consultar dichos peritos. Y a este respecto, es indispensable tener en cuenta lo que informa el experto de la fiscalía a fojas 583, resumiendo los resultados de su investigación en Cabinco, a saber: “a) Como ya se expresó, las anotaciones del libro Diario adolecen de serias anomalías (raspaduras, interlineaciones, etcétera) que les restan validez como medio de prueba. “b) La carencia de comprobantes que respalden los asientos contables no permite abrir juicio con respecto a la veracidad de las operaciones que se registran en dicho libro diario; “c) Por idéntica circunstancia no ha podido determinarse la licitud de los beneficios obtenidos por el interdicto durante su vinculación con Cabinco S.R.L. “6) Las objeciones son evidentemente serias. Pero supongamos que, prescindiendo de ellas, se admita como bien probada la participación de Jorge Antonio con 129.000 pesos en Cabinco el 30 de junio de 1948, según informan sus peritos a fojas 506. ¿qué se aclara con ello en la investigación del origen del patrimonio? Nada. El problema se

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desplaza, pero no se resuelve. ¿De dónde sacó esa suma a principios de 1948 el cesante de noviembre 1947? Los “ahorros” y el préstamo del señor Khum invocados a fojas 8 vuelta, que no han sido probados, no constituyen, a mi juicio, respuesta verosímil. Lo mismo cabe decir de su aporte a El Litoral S.R.L. (50.000 pesos el 31 de marzo de 1948). En la presentación de fojas 8 vuelta se manifiesta que el aporte consistió en chapas de acero que le había facilitado –también “en préstamo”-, la firma Mariani Hnos. Pero el dictamen de los expertos propuestos por el interdicto no confirma tal aporte de materiales (fojas 508). Y en perito de la fiscalía demuestra la inexactitud de aquella afirmación (fojas 586). Los contadores reconocen, sin embargo, que Jorge Antonio aportó 50.000 pesos. Y otra vez surge la pregunta: ¿De dónde provino esa suma? “El interdicto, por intermedio de sus apoderados, dice que esa suma y otros aportes que luego realizó hasta integrar 71.140,29 pesos (ver fojas 8 vuelta) “los obtuvo de préstamos”. Pero –repito- tales “prestamos” ni están probados ni son verosímiles. La Dirección General Impositiva los impugnó en su hora (fojas 8 vuelta). Y aunque los apoderados del interdicto manifiestan ahora su disconformidad con tal impugnación de 1952 (sin alegar ni probar que en propio interdicto expresara su disconformidad en el momento que la impugnación se formuló), no sería aventurado pensar que esto tiene alguna relación con las notas que se leen en muchas fotocopias de las planillas de réditos del causante, reunida en el cuerpo del expediente caratulado “Antonio, Jorge; cuaderno de pruebas”, y que dicen: “Reconstruida por orden de la superioridad, según nota confidencial del 24 de mayo de 1954”. “7º - A esta altura de la exposición conviene destacar por qué reviste fundamentalísima importancia analizar al detalle y con toda precisión el origen del patrimonio del interdicto en 1948. De allí arranca su inmensa fortuna, según propia declaración. Pero, sugestivamente y dejando de lado su anterior vinculación con el entonces secretario de Asuntos Técnicos, don José Figuerola (ver párrafo del presente), ese año 1948 nos da la primera prueba (que por las particularidades del caso tiene excepcional importancia) se du valimiento ante el elenco dictatorial. Es el primer eslabón de una larga cadena, áurea para el interdicto, pero que sirvió a una política que a la postre aherrojó (1) al país. Consta, efectivamente, a fojas 14 y fojas 20 del anexo caratulado “Antonio, Jorge: informe Banco Central”, que en octubre de 1948 (lo que significa que la solicitud se presentó antes de esa fecha) Jorge Antonio, que recién dejaba un modesto empleo público para “iniciarse” en la actividad comercial, obtuvo el permiso de cambio Nº B15/432 por valor de tres mil doscientos dólares (u$s. 3.200) para importar un Cadillac modelo 1948 tipo Club Coupé, con cambio hidromático, equipado con radio, calefacción, descongelador…. Etcétera (foja 14). “8º.- Pregúntase a cualquier ciudadano de la República no vinculado al régimen, si podía, así, tan fácilmente, importar un Cadillac último modelo de 1948. Eso lo consiguió Jorge Antonio, como está probado; y aquí no hay “préstamo” que sirva de explicación. El privilegio salta a la vista.

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“9º- Sería superabundante y fatigoso detallar los permisos de importación que, a partir de entonces, obtuvo Jorge Antonio para las más diversas adquisiciones en las más diversas plazas. Constan en el expediente ya mencionado (informe del Banco Central) y comprenden desde caballos de carrera y pianos de cola, pasando por heladeras y licuadoras hasta los botiquines, perchas, jaboneras, toallas, etcétera; artefactos éstos que, como es sabido, fueron adquiridos para su fastuosa residencia particular. Todo ello en momentos en que, so pretexto de proteger la industria nacional, las importaciones se restringían y esa misma industria languidecía por falta de maquinaria y materias primas cuya importación se retaceaba. “10.- Poco importa, a mi juicio, determinar si el causante fue o no un personero del dictador. No cabe duda, en cambio, que dentro del sistema por éste creado, de absorbente dirigismo estatal, sólo gozando del más amplio favoritismo oficial puede explicarse que en siete años se cree y controle esa fabulosa organización tan minuciosamente descrita por los expertos de la Fiscalía, y tan bien representada en los gráficos corrientes a fojas 905/909 del expediente caratulado “J. Antonio, informe producido por el contador Aquilino Ruiz, cuarta parte”. “11.- No incumbe a este tribunal abrir juicio sobre las aptitudes de hombre de empresa que puso de manifiesto el interdicto al crear y mantener la organización mencionada durante la tiranía. No se le niegan esas cualidades. Pero ya que la defensa cita por vía de ejemplo para cohonestar la actuación de Jorge Antonio, a figuras mundialmente famosas por aquellas aptitudes (fojas 836 y siguientes), conviene colocar las cosas en su punto, sin ninguna intención peyorativa y con el único objeto, desde luego, de llegar a un juicio equilibrado. “12.- Ya al entrar en el caso “Mercedes Benz”, en el que la defensa referíase también a grandes hombres de negocios, tuvo oportunidad de expresar: “No es evidentemente uno de los casos citados a fojas 415, de personas que crearon grandes empresas con el trabajo de muchos años de dedicación, de esfuerzos y de sacrificios, que dignifican y justifican la propiedad” Conviene desarrollar ahora esa breve reflexión. “13.- La imperiosa tendencia a avanzar y agrandarse, es algo inherente al hombre de empresa. “Siempre esperamos –decía una vez Carneggie- no necesitar agrandar más nuestra empresa, pero siempre vemos que una demora en una ulterior aplicación supondría un retroceso”. Y Henry Ford: “Si una empresa no se encuentra en vías de crecimiento está en camino de la ruina”. Y Pinner decía, refiriéndose a Hugo Stinnes: “Todo primer paso tenía como consecuencia un segundo; todo segundo, un tercero, porque se lo presentaban o eran propuestos muchos negocios afines o que necesitaban ser incorporados a otros; porque en ese sistema se producían constantemente excedentes de capital que pedían a gritos la inversión (Werner Sombart: “El apogeo del capitalismo”, Editorial Fondo Cultural Económico; México, 1946, tomo II, página 303). “14.- Si, todo esto es conocido. Pero esos hombres montaron sus enormes empresas en docenas de años. Actuaron dentro de regímenes político-económicos de plena o de

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relativa amplia libertad. Tuvieron parlamentarios y funcionarios amigos, prensa adicta, quizá algún juez complaciente. Pero estuvieron sometidos, no obstante su poder, al control y a la crítica de enemigos políticos que podían actuar libremente, de la prensa adversaria y de otros negociantes que les hacían competencia en mayor o menor grado, con mayor o menor apoyo oficial. Ese es el self made man, que se “hace” solo, luchando contra la competencia de otros en igualdad de circunstancias y que al cabo de decenas de años domina una determinada explotación: acero, petróleo, automotores, etcétera. “15.- Nadie podría negar, sin padecer ofuscamiento o fanatismo, que el caso Jorge Antonio es totalmente distinto de los mencionados anteriormente. Actuó dentro de un régimen en el que todos los resortes de un poder absoluto, que había suprimido la menor posibilidad de crítica, estaba a su servicio a través del dictador que detentaba en mando. ¿Quién hubiera podido hacerle competencia? De ahí la asombrosa rapidez de su encumbramiento. De ahí también la extensión de su dominio económico, ejercido sobre las más diversas actividades lucrativas. Es explicable que el hombre de empresa domine una explotación y todas las accesorias o conexas. Pero, ¿qué razonable nexo puede haber entre los automóviles, los televisores, las difusoras, los bancos, los hoteles y los caballos de carrera, que justifiquen una situación de preferencia para la explotación de tan distintas ramas de la actividad industrial y comercial? Y está probado en autos (aparte de que fue público y notorio) que Jorge Antonio gozó de injustificada preferencia en la explotación de esas y otras ramas de la actividad económica. “16.- Lo expuesto hace innecesario analizar al detalle el desenvolvimiento de las numerosas sociedades que, con asombrosa facilidad, constituyó el interdicto, las que – no se niega- pudieron proporcionarle ingentes recursos. Los gráficos citados en el párrafo décimo de este voto, que exhiben lo que está minuciosamente analizado y descrito en los diversos cuerpos del expediente allí también citado, muestran, con verismo notable, cuál era a fines de 1955 la potencialidad económica de esta organización. Tanta, que allanó luego rejas y fronteras. Todo eso, resultado de favores preferentes, debe volver a la comunidad. “17.- Por todo lo expuesto coincido con el señor vocal preopinante en cuanto estima que todos los bienes pertenecientes al interdicto, situados en el país o en el exterior, deben ser transferidos al patrimonio nacional, por aplicación del decreto ley 5.148 de 1955, y así lo votó.

“Por lo que resulta de la votación, la Junta Nacional de Recuperación Patrimonial FALLA: “1º Disponiendo la transferencia al patrimonio nacional de la totalidad de los bienes de que es titular el interdicto Jorge Antonio, existentes en el país y en el exterior.

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“2º Notifíquese, transcríbase, repóngase las fojas. “3º Consentida o ejecutoriada que sea, vuelva a los efectos de lo dispuesto en el artículo “4º del decreto ley 5.148 de 1955.- firmado: Valerio Pico, Enrique Burzio, Eneas Grosso”.

Notas: (1) aherrojar: Verbo transitivo 1) Atar o sujetar a alguien o algo con cadenas o instrumentos de hierro. 2) Someter o tiranizar a alguien. (nota del transcriptor)

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