Por: Rafael Jiménez R.

Dijo un candidato presidencial que predica el “respeto a la autoridad” pero aborrece el autoritarismo. Sin embargo, desde hace ya algún tiempo en el país, con la misma falsa premisa, se viene incubando el germen del autoritarismo.

AUTORICTAS o autoridad, es una expresión que significa aumentar y aparece en Roma unificada a la función tutelar. Así, el tutor poseía la auctoritas, que permitía sumar la voluntad del pupilo completando de tal modo su capacidad. En Derecho romano se entiende por auctoritas cierta legitimación socialmente reconocida, que procede de un saber y se otorga a una serie de ciudadanos. Ostenta la auctoritas aquella personalidad o institución, con capacidad moral para emitir una opinión cualificada sobre una decisión. Si bien dicha decisión no es vinculante legalmente, ni puede ser impuesta, tiene valor de índole moral fuerte. Así las cosas la autoridad tiene una base moral, de liderazgo que se asume y no se impone, porque la autoridad no es imperativa o coercitiva, que es el carácter que se le pretende dar cuando se habla del “respeto a la autoridad”, en la que ésta es entendida como aquella que tiene un mandato y lo puede imponer por la fuerza si es del caso.

Ese culto a la autoridad se observa en las nuevas generaciones, sedientas de un pretendido orden, por encima de consideraciones como la libertad, la autonomía y los derechos emparentados con los deberes. En este sentido la encuesta de cívica arroja desalentadores resultados: 73% de los jóvenes consultados en Colombia, apoya una dictadura, pues la consideran panacea a los problemas, en especial la corrupción. (¿Por qué los jóvenes están de acuerdo con los dictadores y la corrupción? JULIÁN DE ZUBIRÍA SAMPER).

En consecuencia, el ofrecimiento de mano dura que se corresponde con el anhelo de los ciudadanos, al menos en su mayoría, permite que el embrujo del autoritarismo se legitime. En el país no sólo la corrupción estimula la vocación por un gobierno fuerte, también la presencia de grupos armados ilegales, incluso la de los desmovilizados, a los que se responsabiliza de un engaño al país por su falta de voluntad de paz y por consiguiente estrategas de una falsa paz, hace que el temor estimule todavía más el anhelo de un gobierno autoritario.

La capsula del medicamento que se vende, no es entonces la oscura y oculta cara del autoritarismo, contrario a los principios democráticos, sino la de una pretendida AUTORIDAD que restaure el orden y facilite la convivencia. Los ciudadanos están dispuestos a hipotecar sus libertades, la posibilidad de mantener una postura crítica, la libre expresión, con fundamento en una presunta garantía de seguridad que les ofrece un gobierno para el que la paz se basa en la coerción. La paz se confunde con la seguridad. Un gobierno de tal naturaleza tiene en su recetario un arsenal de medidas que ofrece, con la misma visión tergiversada, seguridad que disfraza de paz. Un ejemplo, elemental, sobre el que su alcance se disipa en la niebla del pretendido combate al delito que signó el destino del país – el narcotráfico – lo constituye la eliminación del concepto de dosis personal.

Veamos sobre el particular el análisis de ALEJANDRO MARTINEZ en su artículo “EL PRESDIENTE NIXON INVENTO LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS PARA ACABAR CON LOS NEGROS Y LOS HIPPIES”: “Dan Baum en conversación con el asesor político de Nixon John Ehrlichman, quien estuvo involucrado en el escándalo Watergate, por el cual pasó 1 año y medio en la cárcel, cuenta que éste último le dijo: “la campaña de Nixon de 1968 y la Casa Blanca de Nixon, tenían dos enemigos: la izquierda antiguerra y los negros. ¿Entiendes qué digo? Sabíamos que no podíamos hacerlos ilegales por ser negros o estar contra la guerra, pero al hacer que el público asociara a los negros con la heroína y a los hippies con la marihuana, y luego criminalizar ambas sustancias fuertemente, podíamos fragmentar sus comunidades. Podríamos arrestar a sus líderes, redar sus casas, disgregar sus reuniones y vindicarlos todas las noches en las noticias”.

En aquella época de “guerra contra las drogas” se empezó a hacer ilegal la posesión de diversas sustancias como el LSD (1968) y a penalizar y perseguir con ahínco el uso de otras sustancias ilegales. La prohibición con fines de control o aplacamiento de grupos dentro de la población puede comprobarse hoy con las cifras de personas encarceladas en Estados Unidos. En 2013 el Departamento de Justicia de EEUU reconoció que 3% de todos los hombres afroamericanos estaban en prisión. Eso representa 2.805 presos por cada 100 mil habitantes; los hispanos siguen con 1.134, frente apenas 466 entre los blancos.

Dan Baum escribe: Como herramienta política fue cínica, pero todos los presidentes –demócratas o republicanos– han encontrado utilidad [para la guerra contra las drogas] por una u otra razón. Mientras tanto, el costo de esta guerra es imposible de ignorar: miles de millones de dólares gastados, baños de sangre en América Latina y las calles de nuestras ciudades y millones de vidas destruidas por un castigo draconiano que no termina en la puerta de la cárcel; uno de cada ocho afroamericanos ha sido privado de derechos por una condena.”

Otra medicina impregnada del veneno del autoritarismo, que se encubre en la falacia de la pretendida y necesaria autoridad, la encontramos cuando el candidato presidencial de marras dijo en su cuenta de twiter: “Nuestro gobierno será el que recupere la seguridad. Vamos a revivir las redes de cooperantes, los sistemas de recompensas y devolver la dignidad y motivación a las Fuerzas Armadas” (Cuenta de twiter de Ivan Duque).

Ese mismo candidato declaró: “el servicio militar obligatorio ha contribuido a la generación de un vínculo entre la ciudadanía y la Fuerza Pública” y propongo “revivir las redes de cooperantes, los sistemas de recompensas y devolver la dignidad y motivación a las Fuerzas Armadas”. En su programa de seguridad contempla el fortalecimiento de la capacidad de reacción rápida y efectiva, tanto de las Fuerzas Militares como de la Policía Nacional y la “restauración del honor y la moral militar”. (12 ABR 2018 – EL ESPECTADOR)

Surge el interrogante de la razón por la cual se pretenden revivir las redes de cooperantes con los nefastos antecedentes que tuvieron, las deformaciones de las famosas convivir, la mala experiencia de los falsos testigos, los espionajes a opositores, magistrados y periodistas, que son las ramas de este sistema de información que se desprenden del tronco de las redes de cooperantes. Más pertinente es la pregunta cuando es un hecho innegable que las FARC para cuyo combate se crearon estas redes ya están desmovilizadas, así se pretenda cuestionar falsamente esta incontrastable realidad.

La respuesta, aparentemente válida, porque se relaciona con un enemigo al que existe consenso en repudiar – el narcotráfico – se encuentra en la página web del partido del citado candidato, según la cual “El candidato presidencial…hizo un llamado desde Soacha a luchar contra las bandas criminales y el microtráfico para lo cual reiteró su propuesta de revivir la red de cooperantes ciudadanos y el sistema de recompensas, y de prohibir la dosis personal para perseguir a los jíbaros”

Como bien lo dijo un artículo de la redacción de motor de FEBRERO 03 DE 2010 “Las interesadas ‘redes de informantes’ han dejado mal sabor en otras latitudes. Lo que se debe hacer es perfeccionar los organismos de investigación del Estado y estimular la colaboración espontánea de los ciudadanos” Y como ominosa reminiscencia el mismo artículo continúa “Ya en varios escritos de estos días se han señalado los peligros que supone pagar por información, que a veces se falsifica para obtener una recompensa. Al parecer ese fue uno de los alicientes de los tristemente célebres “falsos positivos” Este sistema fue usado por los “vilipendiados gobiernos comunistas- primos antagónicos de nuestros gobiernos autoritarios de derecha…las ‘redes de informantes’ han dejado mal sabor en otras latitudes, como recuerda bien el pueblo alemán. Lo que se debe hacer es perfeccionar los organismos de investigación del Estado y estimular la colaboración espontánea de los ciudadanos. Incentivar el ánimo de lucro, en estos casos, puede ser ‘peor remedio que la enfermedad’.

La receta del tratamiento autoritario se completa con una pretendida y necesaria reforma a la rama judicial que se centra en la creación de una Supercorte. La cándida discusión sobre si es mejor una Supercorte que varias Altas Cortes encubre que esta reforma se convierte en amenaza para las actuales Cortes que, como bien afirmó Rodrigo Uprimny las deja en interinidad, forzándolas a congraciarse con el gobierno de turno, pero que además establece el riesgo de control sobre la nueva Corte así creada, sin contar con la injerencia que el ejecutivo tenga en su conformación. Dijo así Rodrigo Uprimmy: “Los riesgos de esa propuesta son enormes, pues implicaría casi inevitablemente la revocatoria de las actuales altas cortes. ¿O cómo podría transitarse a una supercorte, en un plazo corto, sin dicha revocatoria?

Algunos dirán que esa revocatoria no es grave, debido a los escándalos que han comprometido a algunos magistrados de las cortes. Y es un sentimiento comprensible, pero poner en interinidad a las cortes es riesgoso, pues erosiona la independencia judicial, que exige la estabilidad de los jueces en sus cargos, mientras tengan buen comportamiento. Por ejemplo, en Venezuela, el chavismo puso en interinidad a las cortes y los jueces, lo cual le permitió la cooptación del poder judicial y la destrucción de la democracia en ese país. Ahora bien, a pesar de todos los problemas de su justicia, Colombia ha tenido independencia judicial significativa, que ha sido garantía democrática. ¿Por qué entonces aventurarnos en una propuesta riesgosa, que no soluciona los problemas de la justicia colombiana, en vez de hacer propuestas más realistas y específicas?” Curioso que, nuevamente, un candidato de derecha recurra a fórmulas que han cuestionado cuando han sido utilizadas por sus antípodas de izquierda. Se reitera, que es porque las formulas se legitiman en el envase de la apremiante y necesaria recuperación de la autoridad en medio del caos.

Dice así JULIAN DE ZUBIRIA: “Este es el contexto en que los jóvenes colombianos concluyen que un mesías les va a resolver los problemas. No saben que estos remedios siempre resultan peores que la enfermedad. Las dictaduras se convierten en los gobiernos más corruptos posibles, porque desaparece el control que ejerce la oposición, la ciudadanía y la prensa. Todos los dictadores, sin excepción, terminan restringiendo las libertades y prohibiendo el pensamiento crítico. Para hacerlo tienen que espiar y asesinar la oposición, disolver las cortes judiciales y el Congreso, para concentrar el poder. Eso mismo lo han hecho una y otra vez dictadores de izquierda y derecha. En corrupción y violación de derechos humanos, son mayores sus semejanzas que sus diferencias”

Para finalizar, se omitió en este texto, para no sesgar la lectura, el nombre del candidato que promueve el rescate de la autoridad y su filiación, aunque a estas alturas es imposible no identificarlo. Se escribe esta reflexión por la preocupación cuando se constriñe gran número de electores; a quienes en aras de evadir un gaseoso e indefinible CASTROCHAVISMO se les está empujando a aprobar en el país un, y ese si real, FUJIPINOCHETISMO.