Por José Ignacio Penagos H.
Parece ser parte de acciones coordinadas. De repente, arreciaron los ataques casi simultáneos que pretenden acallar y censurar la voz de quienes se muestran críticos a la gestión del Alcalde Daniel Quintero y a sus funcionarios.
En lo que va del mes de marzo, 9 días, ya se registra: una Tutela en contra de Bernardo Alejandro Guerra por parte de la Secretaria Privada Maria Camila Villamizar, Amenazas de muerte contra el Concejal Simón Molina quien impulsó una Moción de Censura contra la misma funcionaria; la persecución, agresión, estigmatización y persecución de la que han sido víctimas los miembros del Comité de Revocatoria a quienes iniciaron una investigación desde el CNE por cuenta de un twitter con información falsa publicado por el Alcalde y que los llevó a solicitar acompañamiento a la Procuraduría, la Defensoría, al MOE entre otras entidades.
A todo esto, se suma la Tutela interpuesta por el Vicepresidente de Asuntos Jurídicos de Empresas Públicas de Medellín, Alexander Sánchez en contra del portal informativo, IFMNOTICIAS.COM; el mismo medio que viene siendo objeto de suplantación y clonación de sus canales de divulgación de noticias para divulgar Fake News que atacan a los críticos del alcalde y defienden a los funcionarios del alcalde; los ataques y radicalización que a través de la plataforma Medellín Imparable, que vienen siendo objeto los concejales Daniel Duque, Alfredo Ramos y Daniel Carvalho.
Es como si todos los esfuerzos de funcionarios pertenecientes a la administración y de la institucionalidad, estuvieran siendo concentrados en señalar, estigmatizar, perseguir y atacar a quienes tienen posiciones diferentes al Alcalde de Medellín y sus funcionarios. Actúan como una “mafia vengadora” que no separa el dedo señalador de los celulares, utilizando las cuentas de twitter y de redes sociales como un gatillo que dispara irresponsablemente acusaciones falsas, amenazas y señalamientos que complementan con el uso de mecanismos de justicia, para acallar voces.
Parece que los funcionarios pierden más tiempo en twitter, que el que invierten en gobernar y utilizar el tiempo en cumplir con el encargo que la sociedad le ha encomendado de trabajar por sus comunidades. En este caso, lo que demuestran es que trabajan en contra de las comunidades.
Es como si el programa de perfilamientos denunciado por las víctimas el año anterior en el famoso contrato de Telemedellín con Selecta Consulting Group, propiedad de la familia de uno de los vicepresidentes de EPM, continuó en herencia su estrategia desde otras estrategias menos transparentes y cuyos oscuros protagonistas, están utilizando todas las formas de lucha que involucran ataques en redes sociales, uso del litigio estratégico con acciones de tutela y actos delincuenciales como amenazas de muerte; enfocados a ese grupo perfilado.
Los ciudadanos cada día están más atemorizados. El temor lo provocan quienes actúan impunemente escudados en haber sido elegidos. Olvidan que el ser elegidos no los autoriza para ejercer presión indebida en contra de los ciudadanos. Es el establecimiento de una especie de régimen del terror impuesto para someter la voluntad de quienes son críticos a las actitudes dictatoriales del alcalde y su séquito.
Los comportamientos de esta administración, se ha encargado de perseguir periodistas y acusarlos con sus jefes. Ha pasado con la periodista Isabel Escobar de la W Radio, de quien el Alcalde en persona llamó hace unos meses a su jefe Juan Pablo Calvás, para ponerle quejas y sugerir su despido. Pasó con las presiones a las mujeres que denunciaron al alcalde por acoso sexual en medio de un par de investigaciones periodistas que realizaban El Espectador y la W Radio. Las mismas denunciantes terminaron diciendo a las periodistas que habían sido llamadas y que no podían seguir hablando. Ocurrió con una funcionaria de la secretaría de Tránsito de Medellín que estaba dando cuenta de abusos en el interior y que debió quedase callada para no perder su trabajo. Ocurrió con el intento de acallar a Caracol Radio cuando pretendieron comprar el silencio de las denuncias de abuso sexual intentando comprar pauta y publirreportajes para que se hablara bien del alcalde.
Todos los hechos anteriores han sido preocupantes y dan cuenta del actuar sistemático de ese régimen del terror que se quiere imponer y que viene desde el año anterior, pero que este mes, en solo 9 días, arrecia en su accionar coordinado en contra de quienes continúan denunciando y criticando la gestión de la alcaldía de Medellín.
Es preocupante la situación actual y solo queda en el aire la pregunta sobre ¿qué hacen la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía que a la fecha, no se conoce la primera investigación de oficio iniciada para contrarrestar lo que viene ocurriendo desde la alcaldía?
El estado debe garantizar los derechos ciudadanos, pero este principio parece, al momento, ser una saludo a la bandera ante la inoperancia. La sociedad no puede estar sometida al terror, la persecución y la estigmatización de los gobiernos, y menos de gobiernos locales. Hace falta un corte radical de los abusos en contra de la sociedad inconforme. No puede ser que el derecho a disentir, a informar o a controvertir; ahora sea objeto de acallamiento, amenazas, campañas de desprestigio y acusaciones jurídicas.
