El Código Penal, en su disposición segunda del artículo 48, establece que la orden de alejamiento es una medida que prohíbe al sujeto acercarse a la víctima, así como a sus familiares o a otras personas que puedan considerarse necesarias, a una determinada distancia sin importar el lugar en el que se encuentren, lo que afecta, de manera evidente, a su domicilio habitual, su centro de trabajo y cualquier otro sitio frecuentado por la víctima.
Las órdenes de alejamiento tienen en cuenta cualquier canal de comunicación con la víctima, ya sea escrito u oral, próximo o en la distancia, y tienen la potestad de suspender el régimen de visitas, de comunicación y de estancia mientras se mantenga vigente.
Resumen del artículo
Cómo poner una orden de alejamiento
Para que un juez pueda imponer una orden de alejamiento se deben dar una serie de circunstancias. Para empezar, la víctima debe interponer una denuncia en la que acuse a un sujeto específico de un delito de especial gravedad que haya supuesto un peligro para su vida, la de sus hijos o la de cualquier otro familiar.
Además, deben existir pruebas suficientes como para que el juez pueda apreciar indicios de delito y justificar la decisión de emitir una orden de alejamiento, que suele estar sustentada por la realización de algún delito que veremos un poco más adelante.
Las órdenes de alejamiento forman parte del paquete de medidas cautelares que un juez puede decretar para salvaguardar la integridad física de la víctima, aunque el caso esté lejos de ser sentenciado. Por desgracia, las órdenes de alejamiento son conocidas por los numerosos casos de violencia de género que tienen lugar en España y que tienen como finalidad proteger la vida de aquellas mujeres que han tenido el coraje de denunciar a sus parejas o exparejas.
Pero también se puede decretar una orden de alejamiento por acoso, por intento de homicidio o por cualquiera de los delitos que se recogen a continuación.
¿Por qué clase de delitos un juez puede imponer una orden de alejamiento?
El Código Penal recoge una serie de delitos que justifica que un juez decrete esta pena privativa de libertad. En concreto, una orden de alejamiento tiene como fin último proteger a la supuesta víctima de un delito de lesiones, aborto, homicidio, amenazas, acoso y delitos contra la libertad en general, trata, torturas, hurto, robo y estafa, además de delitos contra la integridad moral, la libertad sexual, el honor, el patrimonio, el orden socioeconómico, la intimidad y la inviolabilidad del domicilio.
Una orden de alejamiento por acoso, por amenazas o por cualquiera de los delitos previamente citados solo puede ser determinada por un juez mediante sentencia tanto durante el proceso como a su término. La vigencia de la orden de alejamiento suele estar condicionada por la fase del proceso en la que es dictaminada.
Una orden de alejamiento que se decreta durante el proceso tiene un carácter cautelar y tiene el objetivo de proteger a la supuesta víctima de cualquiera de los delitos antes mencionados durante el lapso de tiempo en el que el caso está en trámite. Su vigencia suele concluir en el momento del dictado de la sentencia.
En cambio, por norma general, una orden de alejamiento dictaminada tras el proceso junto con la sentencia condenatoria tiene un carácter más incisivo en la condena y su duración puede oscilar entre 1 mes y 10 años, en función de la gravedad del delito cometido y de la percepción de peligro para la integridad física de la víctima que aprecie el juez.
Cómo se controla una orden de alejamiento
Existen varios métodos para medir la distancia entre el sujeto sobre el que pesa la orden de alejamiento y la víctima. Aunque en algunos casos se puede recurrir a herramientas de geolocalización por satélite integradas en dispositivos móviles, en los supuestos en los que el juez aprecie un especial peligro para la integridad de la víctima se pueden utilizar herramientas como las pulseras de control telemático que emiten una alerta en caso de quebrantar la distancia mínima decretada por la orden.
La orden de alejamiento es aplicable en multitud de supuestos y en todas las formas de transporte y desplazamiento, incluyendo encuentros fortuitos o paseos en coche por carreteras que se encuentren a menos de la distancia mínima estipulada en la orden.
No obstante, existe una diferencia fundamental entre si el incumplimiento de la orden de alejamiento por acoso, violencia de género o cualquier delito que justifique dicha orden se produce de manera fortuita e inconsciente de si se lleva a cabo de manera intencionada, como veremos a continuación.
Qué pasa después de una orden de alejamiento
La orden de alejamiento debe permanecer vigente hasta que el juez dicte lo contrario. Sin embargo, el incumplimiento de la orden de alejamiento es en sí mismo una infracción grave que no puede producirse en todo el periodo de tiempo en el que la orden se mantenga vigente.
En el caso de encuentros imprevistos, el condenado puede eludir el castigo si se aleja de inmediato de la víctima tras percatarse de su presencia, pero de no ser así el juez puede condenarlo a una pena de prisión de entre 6 meses y 1 año, además de exigirle el pago de una multa por el no cumplimiento de la orden judicial.
El incumplimiento de la orden de alejamiento, no obstante, tiene un sentido bidireccional. Esto quiere decir que la víctima tampoco puede, de manera deliberada, acercarse a su agresor, ni siquiera porque ella misma decida que ya no es necesaria. Y es que no basta con expresar la voluntad de retirar la orden de alejamiento para que esta sea efectiva: tiene que solicitarse ante un juez, quien tendrá la última palabra para decretar su suspensión o mantener su vigencia por el periodo de tiempo que estime oportuno.
