Desafíos del Patrimonio Cultural Inmaterial

El Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) está sometido cada vez más a presiones sociales, económicas y a la privación de derechos, resultado de las políticas relacionadas con el patrimonio cultural. De hecho, el reconocimiento del patrimonio cultural no se lleva a cabo de manera inclusiva e imparcial: los sectores dominantes, como el turismo o las corporaciones económicas, pueden ejercer una considerable influencia y presión en las decisiones finales sobre el PCI. Los portadores culturales, como los titulares de los derechos culturales, también se encuentran bajo la influencia de las políticas en curso, que se ilustra mediante un proceso de reconocimiento algo excluyente. En particular, los sistemas de listas y procesos selectivos similares reflejan las realidades diarias de las decisiones finalmente unilaterales en lo que respecta a la salvaguardia. Esto da lugar a posiciones desiguales y perpetúa la restricción del «espacio cada vez más limitado» para que la sociedad civil pueda expresar las demandas de la comunidad local y sus necesidades.

Por lo tanto, los grupos más marginados de las sociedades enfrentan cargas adicionales, lo que convierte la salvaguardia en una tarea indispensable y multidimensional. La falta de medidas positivas pone de manifiesto los vacíos legales persistentes en la protección de las necesidades particulares que surgen en tales contextos. De hecho, los regímenes del patrimonio cultural no logran garantizar una protección efectiva de los derechos humanos. Hasta ahora, la investigación existente ha pasado por alto en gran medida esta persistente fragmentación, que se desarrolla en detrimento de grupos específicos de titulares de derechos. Al investigar estas «cajas negras» en el derecho internacional, este estudio revela nuevas formas de vulnerabilidad, interseccionalidades y respuestas (o falta de ellas) desarrolladas por instrumentos legales pertinentes.

Del mismo modo, surgen desigualdades a nivel internacional cuando el patrimonio cultural inmaterial se somete a las normas del patrimonio material. Por lo tanto, es necesario abrir y ampliar los debates conceptuales para revisar y discutir la necesidad de reformar el actual régimen de salvaguardia de manera inclusiva, que permita codificar las prácticas excluidas. El «Sur Global», por ejemplo, ha sido ampliamente excluido de los debates sobre el patrimonio material de la UNESCO y la salvaguardia correspondiente. Las tradiciones orales indígenas ilustran estas formas de exclusión y su perpetuación institucional a través del reconocimiento del PCI a nivel nacional y de las negociaciones internacionales.

Rastrear los orígenes histórico-legales de los regímenes del PCI nos proporciona más información sobre las particularidades de estos regímenes, incluyendo las medidas de salvaguardia específicas dirigidas a la sociedad civil y sus respuestas respectivas para mitigar las relaciones interestatales desfavorables. Sin embargo, dichos regímenes también crean espacios donde surgen nuevas desigualdades, que evolucionan de manera independiente a los regímenes internacionales de derechos humanos existentes. De hecho, las violaciones de los derechos culturales también se han vuelto prominentes en la gobernanza internacional de los derechos humanos, a pesar de los esfuerzos multilaterales realizados en el ámbito de los derechos culturales, la jurisprudencia y el trabajo de supervisión. Esto puede atribuirse al desconocimiento de las leyes y los mecanismos de supervisión existentes, la falta de experiencia legal, los reclamos contradictorios a nivel local, la desconfianza en los sistemas de justicia en general o la carga de agotar los recursos legales internos en primer lugar. Sin embargo, las comunidades y los grupos han ido abriéndose paso gradualmente en los marcos legales, exigiendo el respeto a su propio derecho a la autodeterminación cultural colectiva mientras sanan las heridas de las injusticias del pasado.

Sin embargo, las desigualdades no se limitan a los contextos globales, donde se vuelven visibles las necesidades de reconocer epistemologías alternativas no escritas, que eventualmente se traducen en discursos sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) y, en última instancia, en disposiciones y políticas efectivas. Se pueden observar vulnerabilidades adicionales a nivel comunitario y entre los titulares de derechos que se enfrentan a actores poderosos como es el Estado. Estos actores suelen adoptar procedimientos que favorecen a la mayoría, lo que dificulta la aplicación integral e inclusiva del PCI tanto a nivel nacional como en el ámbito de las salvaguardias internacionales de la UNESCO. Sin embargo, las presiones para cumplir con estas normas provienen de una serie de actores más allá del Estado, como el sector de los recursos naturales, que tiende a privatizar los servicios básicos y, en última instancia, los derechos, así como el turismo insostenible, la digitalización y los patrones de mercantilización, lo que limita el espacio disponible para la práctica del PCI. Las medidas de salvaguardia urgentes ejemplifican estos impactos adversos, que se ven agravados por una compleja combinación de desarrollos geopolíticos y sociales, perpetuados por políticas insostenibles.

Los procesos agresivos de acaparamiento de tierras aumentan la carga existente, lo que resulta en la expulsión de pueblos indígenas y minorías culturales/étnicas de sus tierras, así como en nuevos movimientos migratorios. Esto revela otra dimensión de vulnerabilidad y desigualdad inherente al Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI). En este sentido, el estudio se centra en desarrollos más allá del marco legal, capturando las complejidades de los cambios sociopolíticos de alcance global que afectan de manera especialmente grave a estos grupos. Como resultado, se niegan los derechos básicos de acceso, a pesar de la naturaleza no discriminatoria de las disposiciones existentes para el PCI. De hecho, las políticas arbitrarias y los impactos desproporcionados ejemplifican particularmente las deficiencias de los regímenes de PCI que se supone que son inclusivos y no discriminatorios.

La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial aborda de manera explícita el dilema de la alienación de aquellos que practican el PCI. Específicamente, establece un régimen participativo de implementación dirigido a los portadores culturales y, en última instancia, a los titulares de derechos culturales, expertos e institutos de investigación. Del mismo modo, los desequilibrios entre los actores y las instituciones se equilibran mediante un marco en constante evolución y ajuste, que se encuentra en las Directrices operativas de la Convención y en un conjunto de principios éticos. Sin embargo, la propia naturaleza de estos instrumentos y estándares de salvaguardia puede no garantizar plenamente un acceso no discriminatorio a su régimen de protección, desviándose de los estándares generales de los derechos humanos. De hecho, los conflictos entre el PCI y los derechos culturales amenazan de manera demostrable la implementación y la interpretación, especialmente cuando se orientan hacia los titulares de derechos, como comunidades, individuos o grupos. Esto se hace evidente en el caso de las violaciones basadas en el género, que demuestran una exposición particular a la violencia y a las «prácticas culturales» que van en detrimento del respeto a otros derechos, incluyendo las implicaciones para las identidades de género.

Se pueden hacer observaciones similares a nivel regional, especialmente al adoptar los estándares desarrollados por la Unión Europea (UE) y el Consejo de Europa. Las medidas específicas del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) dirigidas al cumplimiento de los derechos culturales apenas encuentran su lugar en la jurisprudencia y las políticas, a pesar de la existencia de sólidos fundamentos legales. Esto, a su vez, puede dar lugar a nuevos patrones de desigualdad, arbitrariedad y, en última instancia, vulnerabilidad, que causan impactos perjudiciales y adversos en grupos específicos de comunidades e individuos. Los pueblos indígenas, las minorías étnicas y culturales, así como los migrantes en particular, se encuentran sujetos a estos regímenes fragmentados, enfrentándose a actores poderosos en la gobernanza internacional y a la dinámica sistémica de privación de derechos impuesta por los regímenes mayoritarios.

Por lo tanto, los futuros estudios e investigaciones deberían abordar y analizar los siguientes aspectos:

1. Los elementos del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) que están en peligro de extinción y que requieren medidas urgentes de protección.
2. Los profesionales más afectados y vulnerables dentro del ámbito del PCI, tanto a nivel individual como grupal.

De manera similar, si nos enfocamos en en la práctica del PCI, podremos demostrar que está impulsada por agencias y empoderamiento, respondiendo y cuestionando los patrones culturales impuestos actualmente. Mediante entrevistas con partes interesadas, miembros de la sociedad civil, académicos y, especialmente, los portadores de la cultura, se profundiza en la implementación cotidiana y los límites sociopolíticos que afectan el pleno disfrute de los derechos culturales.

En primer lugar, se identifican las dificultades asociadas con la reconciliación de las solicitudes del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) en el contexto de la superposición de marcos de derechos humanos. En segundo lugar, se analizan las interacciones y refuerzos mutuos entre los diferentes regímenes de derechos de las minorías, lo cual tiene efectos positivos en el disfrute de los derechos culturales tanto en el amplio espectro de los derechos humanos como en categorías específicas de los derechos de las minorías étnicas, culturales y de los migrantes. Además, se arroja luz sobre las prácticas mismas que están en juego en este contexto, como las celebraciones de carnaval, el teatro y otras expresiones artísticas. Estas ilustran cómo diferentes grupos marginados asimilan y dan forma al PCI, y cómo lo introducen en contextos «no tradicionales».

En ese sentido, se comprende la práctica emergente en términos de su funcionalidad. En este caso, el PCI puede adoptar un espíritu de empoderamiento y resistencia al statu quo, desafiando las fuerzas homogeneizadoras y asimiladoras de la gobernanza cultural.

Finalmente, estas persistentes dificultades para hacer efectivos los derechos culturales se entienden dentro de diferentes contextos institucionales y regímenes relacionados. Se examinan críticamente los regímenes de propiedad intelectual, descubriendo desafíos comunes como garantizar un acceso equitativo y no discriminatorio al PCI y los problemas intrínsecos relacionados con la incorporación del PCI en el marco de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual). Al explorar el potencial conceptual y de salvaguardia de los marcos de derechos humanos, se obtienen más conocimientos, lo que permite la «salvaguardia de múltiples marcos» y eventualmente la adopción y el reconocimiento universal de los elementos del PCI como derechos culturales. Estos debates abordan preocupaciones comunes en cuanto a la exigibilidad, la condición de titular de los derechos, los procesos de listado y reconocimiento, revelando así la multiplicidad de lagunas persistentes en los marcos legales y en las formas extrajudiciales de garantizar los derechos culturales. Como resultado, se proponen medidas para abordar las deficiencias actuales, respondiendo a las necesidades urgentes planteadas a nivel comunitario por los propios titulares de derechos y a los marcos internacionales que hasta ahora no han sido adecuados para satisfacer las demandas específicas que surgen en los contextos del PCI, tal como se expresan a través de los derechos culturales de las personas y los pueblos.

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Fotografía: Suzanne Barbezatç

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