Un impuesto contraproducente

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¿UN IMPUESTO CONTRAPRODUCENTE?
Manfred Nolte
En economía, como en casi todo en la vida, conviene aclarar a qué metas aspiran
y por qué medios abogan los responsables de su buena marcha. Los defensores
de la economía de mercado, a pesar de sus injusticias y limitaciones, abjuran de
un exceso de intervencionismo que socave la libre iniciativa. El mercado es la
conjunción casi infinita de ofertas y demandas, de precios y de cantidades. Está
bien y es muy necesaria la vigilancia de los excesos. Ya Adam Smith advirtió que
las bondades de la mano invisible solo oficiaban sus buenos resultados en
ausencia de posiciones dominantes de mercado. Pero los políticos, olvidan muy a
menudo estos sencillos postulados y al hacerlo provocan reacciones adversas en
el mercado, en su oferta y su demanda, en los precios y en las cantidades.
Limítese por decreto el precio de los alquileres y al poco tiempo habrá menos
oferta de inmuebles en alquiler. Auméntese el número de licencias
administrativas para el desempeño de una actividad (taxi tradicional vs. nuevas
formas de transporte) y el precio de acceso a dicha actividad se contraerá.
Si el sector público interviene de forma generalizada en la limitación de precios o
de cantidades replicaremos el modelo de Cuba, Venezuela o Corea del norte.
Aunque solo sea de forma sectorial. Los resultados de estos sistemas son bien
conocidos: desolación y pobreza absoluta.
No es fácil a estas alturas del guion que países desarrollados como España se
deslicen por la pendiente antisistema, aunque los actuales socios de Gobierno tal
vez hagan sus pinitos. Pero la esencia de una intervención mal calculada es
siempre la misma: reacciones negativas del mercado que se alejan del propósito
perseguido con las medidas del gobierno.

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Viene esto a colación de la nueva propuesta gubernamental, -la enésima menos
uno- de someter a las empresas privadas a un nuevo impuesto consistente en el
incremento del salario mínimo interprofesional (SMI).
Hay que dejar clara constancia de que la elevación de los salarios, en particular
los más bajos, los aproximadamente 1,3 millones afectados por el mínimo
interprofesional, es un objetivo loable y deseable. La reciente iniciativa, aun en
estado muy larvario, de la Comisión europea, para que sus estados miembros se
aproximen gradualmente a salarios mínimos equivalentes al 60% de sus salarios
medios, encaja en la bondad referida del objetivo. Pero apuntar a las estrellas es
solamente un ejercicio de nobleza, que debe acompañarse inexcusablemente de
los requisitos y limitaciones impuestas por la realidad.
Para conocer el alcance de la medida, dejando de lado a los 3.228.000
funcionarios públicos cuyas remuneraciones no vienen dictadas por
razonamientos de mercado, el colectivo de los perceptores del SMI representa el
8% de los 16,1 millones de afiliados a la seguridad social una vez deducidos los
trabajadores de las administraciones públicas (19,4 en total).
Resulta absolutamente razonable pensar que los candidatos a incorporarse a la
población ocupada, actualmente en desempleo, tendrán su primer trabajo en
actividades retribuidas al repetido SMI. En otras palabras, el SMI afecta a los
actuales perceptores -1,3 millones- para quienes la subida podría afectar a su
puesto de trabajo y a la mayor parte de los 3,2 millones de trabajadores en paro
(14,1% de la población activa) que podrían ver retrasada su entrada en el mercado
del empleo.
La incidencia de la subida del SMI hay que trasladarla al incremento de los costes
laborales que agregan al salario pagado las contribuciones sociales a cargo del
emprendedor, unas de las mal altas de Europa en términos relativos. La
referencia al mercado habla por si solo del resto de conclusiones.
Las subidas reales del SMI se desmarcan significativamente de las subidas de los
salarios medios en España en el periodo que va de 2007 a nuestros días.
Desglosando la subida bruta y la inflación del periodo, los sueldos medios reales
de los trabajadores españoles crecieron un 1,29% (18,69% – 17,4%) mientras que
en igual periodo el SMI ha aumentado un 38,7% (57% - 18,3%) y si contamos la
propuesta de 1.000 euros en 2020, un 55,6% (75% - 19,4%).
A decir verdad, las cifras quedan sesgadas por la subida del 22,3% en 2019 (900
euros) y la posible del 11,1% en 2020. Pero la pregunta critica sigue siendo la
misma: ¿puede el empleador afectado asumir la desviación de la tabla media del
mercado en incorporar en su unidad productiva ese incremento en los costes
laborales, esto es la subida del salario a la que hay que agregar nuevas y mayores
contribuciones sociales?
Para ello hay que recordar quien es el empleador afectado, que nunca es la gran
empresa, sino el pequeño empresario y el autónomo. El 95% de las empresas
españoles tienen menos de 10 empleados y en España hay 3,28 millones de
autónomos afiliados a la Seguridad Social, el 16% de la población activa. En estas
circunstancias es altamente probable que los empleadores no puedan acometer

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nuevos empleos y en su caso prescindan de alguno de sus trabajadores en activo,
lastrando los sectores de menor valor añadido y a los trabajadores precarios,
jóvenes, mujeres y personas de más edad. En tal caso la subida del SMI destruiría
trabajo bruto y trasvasaría recursos a la economía en negro, como ya ha sido
públicamente reconocido en instancias oficiales.
Esta conclusión ha sido ya avanzada por algunas voces e instancias muy
autorizadas. Para BBVA Research la última subida del SMI hasta los 900 euros
ha sido negativa para el mercado laboral, hasta tal punto que, en su ausencia, “la
afiliación a la Seguridad Social en los colectivos con mayor cobertura del salario
mínimo interprofesional (SMI) habría aumentado entre una y cuatro décimas
más en 2019” unos 45.000 trabajadores. En la misma línea, meses atrás el Banco
de España, lanzó una alerta sobre los efectos de recorte en el empleo del alza del
SMI. A ellas se ha unido la reciente advertencia realizada por su director general
de Economía, Óscar Arce, en similar dirección.
Aunque estas aseveraciones se revelan como muy difíciles de verificar, el
argumento autoridad de quienes las emiten supone una llamada al estudio, a la
prudencia y al consenso con los agentes sociales.
Y es que la evolución del mercado laboral en España es moderadamente
preocupante. El ritmo que venía imponiendo en los últimos cinco años se ha
cortado en 2019 aportando 385.000 afiliados más a la seguridad social, lejos de
los 563.000 de 2018 y aun más de los 611.000 de 2017. En el cuarto trimestre de
2019, en términos desestacionalizada el mercado laboral sufrió la primera
elevación del paro desde el inicio de la recuperación en 2012. Aunque en los
próximos meses es previsible que el empleo estable siga aumentando, resulta
improbable alcanzar el objetivo de paro del 12,3% previsto por el Gobierno en
2020, desde el 14.1% actual.

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