Yahoo Noticias Se cae caso Pegasus pese a que existen al menos 24 operadores del software espía en el país
En tan solo dos horas y media, el día de ayer un juez federal derrumbó el único caso abierto por la Fiscalía General de la República (FGR) por el uso ilegal del software espía Pegasus, usado en contra de la periodista Carmen Aristegui.
“La Fiscalía no logró acreditar ni aportó una sola prueba para probar que Juan Carlos (García Rivera) cometió la acción por la cual se le juzgó”, fueron las palabras que usó el juez Luis Benítez Alcántara, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, para tirar el caso que fue judicializado por la FGR desde el año 2021.
Mientras esto ocurría, la cara del fiscal Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que llevó personalmente todo el juicio, cambiaba rápidamente de su característico color pálido a un rojo intenso.
“Impugnaremos”, fueron las únicas palabras que alcanzó a decir el fiscal a un colaborador suyo ante la derrota por la que acababan de pasar.
Pese a lo anterior, el juez Benítez Alcántara señaló que dicha determinación de ninguna manera impide que la FGR y la FEADLE sigan investigando el caso, pues incluso señaló que existen al menos 24 operadores del software espía en el país.
“Tenemos de 24 a 29 personas más que estaban capacitadas para operar Pegasus en el país. De hecho, en algún momento se entregó un listado con sus nombres, por lo que no hay razón para señalar a una sola persona por este hecho”, dijo Benítez Alcántara.
Desde el lunes pasado el propio García Rivera, empleado de la empresa KBH, aseguró no entender la razón por la cual ha estado encarcelado durante dos años y dos meses por el caso Pegasus, si en el contrato de la operación del software espía con la entonces Procuraduría General de la República (PGR), en la que reconoció haber participado, hay otras dos personas mencionadas antes que él.
“Jairo Riso (colombiano) y Berta Sánchez (española) trabajaban para NSO Group y solo ellos conocen cómo funciona el sistema, cómo funciona la ‘caja negra’, porque a mí nunca me lo permitieron. De hecho, solo por ser mexicano, yo no podía participar en su operación supuestamente para evitar un conflicto de interés o filtración de la información. Entonces no entiendo por qué la Fiscalía General de la República no los investigó primero”, dijo.
De acuerdo con la carpeta de investigación, estas dos personas están mencionadas en el “Anexo Técnico” del contrato entre NSO y la PGR, mismas que atendían las fallas del software, daban la capacitación avanzada del sistema y conocían su operación.
Precisamente, la mención de esta situación provocó que ayer el juez Benítez retomara el tema e hiciera énfasis en que, durante el juicio, la propia FGR presentó como testigo a Janeth Aquino Paredes, trabajadora de la extinta PGR, “que fue capacitada en el sistema Pegasus aunque en principio no sabía de qué se trataba”.
“Ella dijo que la capacitación fue tomada por entre 20 y 25 personas más ¿Entonces el señor Juan Carlos era el único que podía operar el software? Pues no. ¿Quién más tenía este sistema? Pues la propia PGR e incluso la Secretaría de la Defensa Nacional”, dijo.
Incluso, recordó que dicha lista de más de 20 personas capacitadas fue proporcionada por Ricardo Joaquín Ramírez, un director adjunto del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), por lo que la FGR debe indagar más.
Además, el juzgador recordó que Aquino Paredes testificó que la capacitación fue realizada por dos personas identificadas como “Armando”, con características distintas a García Rivera y Jairo Riso, y “una mujer venezolana” que de entrada no comparte la nacionalidad con Berta Sánchez.
“Por ello mi resolución no acota la investigación que la Fiscalía debe continuar. La importancia de este asunto no inicia desde esta sala, inicia desde la investigación. Más tratándose de un sector que ha sido tan vulnerado en México”, dijo el juez, haciendo énfasis en la profesión de periodista de Aristegui.
Incluso reconoció que los peritajes realizados por expertos de Citizen Lab de la Universidad de Toronto sí acreditaron que el teléfono de la periodista fue intervenido con Pegasus entre 2015 y 2016, mismos que ocurrieron en el marco de la publicación de la investigación La casa blanca de Peña Nieto.
Sobre el testimonial de “Zeus”, principal testigo protegido de la FGR contra García Rivera, el juez señaló que sus dichos se deben dividir entre “lo que le consta, lo que dice que le dijo el señor Juan Carlos y la información que obtuvo por otras personas”.
En ese sentido explicó que “Zeus” es un “testigo referencial”, porque no le consta nada de lo que dice que le dijeron ni lo que escuchó por parte de Uri Ansbacher, dueño de KBH.
Desde el inicio del juicio, “Zeus” afirmó que entre la lista de personas que fueron espiadas con Pegasus estaban los empresarios Germán Larrea, Carlos Slim y directivos de Televisa, nombres que aparecieron en un Excel con más de 1,500 registros.
Según el testimonio de Zeus, el espionaje se realizaba bajo las órdenes directas de Peña Nieto y su entonces secretario de Gobernación, Osorio Chong, así como Eugenio Imaz, titular de la CISEN, quienes supuestamente se comunicaban directamente con Ansbacher para ordenarle realizar diversas intervenciones que a su vez realizaba Juan Carlos García Rivera.
“Pero la Fiscalía ni siquiera acreditó que la información que proporcionó ‘Zeus’ estaba radicada en la oficina de Juan Carlos. No queda duda que Juan Carlos operaba el sistema, pero el hecho es que no hay una sola prueba de qué utilizó este software para espiar a la víctima”, dijo.
Al salir de la audiencia, Carmen Aristegui señaló que la importancia del caso, tal como lo señaló el juez, radica en la obligación de la Fiscalía de continuar con la investigación de caso Pegasus de la manera más amplía, profesional y contundente, para que los responsables del “abusivo e ilegal” uso de Pegasus en México rindan cuentas ante la justicia.
“Salgo de la audiencia final con esta resolución y sentencia del juez Luis Benítez Alcántara, digamos, con un sentimiento encontrado, porque quedó totalmente reconocido judicialmente, sin dejar ya lugar a dudas que hay víctimas, por lo pronto una, y presumo que muchos más con Pegasus. Ahora toca a la Fiscalía ir a hacer su trabajo, elevar sus estándares si efectivamente no los cumplió como dijo el juez, y responder a México frente a un agravio extendido y cometido de manera ilegal, irresponsable y masiva”, dijo.
Por su parte las organizaciones Artículo 19, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Social TIC respaldaron lo dicho por Carmen Aristegui y se sumaron a la exigencia hacía la FGR para que sigan investigando este caso.
“El resultado del juicio refrenda la urgente necesidad de que la Fiscalía dirija sus indagatorias hacia todos los responsables, sean actores privados y/o funcionarios públicos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), el entonces Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cuya adquisición y uso del sistema Pegasus en el sexenio pasado han sido plenamente documentados”.
