Se cumplen 17 años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio “Tito” López, en el marco de su participación en el primer juicio de lesa humanidad realizado luego de la declaración de nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Este juicio, que concluyó con la primera condena judicial que contempló los delitos de lesa humanidad, fue fundamental para sentar una jurisprudencia capaz de darle solvencia a los posteriores procesos judiciales en esta materia.

Testigo y querellante, el albañil y militante peronista, cercano a las organizaciones políticas armadas de los años 70', sería un personaje fundamental para lograr que el Estado argentino sea acusado de “genocidio”, reconociendo la aplicación de un plan sistemático de exterminio contra diversos sectores sociales.

La primera desaparición forzada de “Tito” fue realizada por un grupo de tareas del Ejército argentino, el 27 de octubre de 1976 en Los Hornos, La Plata. Luego de pasar por distintos centros de exterminio durante cinco meses, fue “blanqueado” y estuvo preso dos años más. Una vez liberado, Julio llevaría a cabo una sigilosa y completa investigación durante décadas, con el objetivo de identificar lugares y personas relacionadas a su calvario, lo que lo llevó a reconstruir el “circuito Camps”, una serie de Centros Clandestinos de Exterminio (CCE) de la última dictadura cívico militar, a cargo del General de Brigada Ramón Camps y su mano derecha, Miguel Etchecolatz, Director de Investigaciones de la Policía bonaerense. Recuerdos, datos, pensamientos, todo quedaría registrado en un escrito al que mantuvo con estricta reserva y protección, denominado “Archivo negro de los años en que uno vivía a donde termina la vida y empieza la muerte”.

Entre el miedo presente y los fantasmas del pasado

Si el objetivo de los militares en la segunda desaparición de López consistía en intentar garantizar la impunidad para los represores, a los cuáles el sobreviviente había identificado como autores de diversos delitos criminales, como también para seguir utilizando el terror social con fines de inmovilizar a más testigos y sobrevivientes, se puede decir que tal objetivo no se concretó.

Actualmente se registran más de 300 juicios, con un total de 1.146 personas condenadas. Sin embargo, la gran mayoría de los represores se encuentran con prisiones domiciliarias y la pata civil-empresarial de la dictadura, ha logrado eludir estos procesos, viéndolos de costado.

Volviendo a López, declarar con los genocidas aún en las calles no sería tarea fácil. Las amenazas no eran broma y la restauración democrática todavía no había cumplido con sus promesas de castigo a los represores. Pese a ello, el albañil no se guardó nada. El silencio que mantuvo por casi 30 años se convirtió, durante el juicio, en el grito de 30mil. Rubén López, su hijo, rescata de su padre el valor de cumplir con su compromiso de narrar la verdad, aún sabiendo que podía generarle consecuencias.

“Los testigos tuvieron miedo, pero no permitieron que ello los paralizara”, expresa Rubén en diálogo con Enfant Terrible, al mismo tiempo que tiende un puente con el presente: “Tener miedo es lógico, pero eso no nos puede inmovilizar, no podemos permitir el avance de sectores pro dictadura que ni siquiera son negacionistas”.

Rubén entiende que tanto la desaparición de su padre como el actual grado de legitimidad de sectores pro-terrorismo de Estado son hechos que no se previeron cuando se lo debería haber hecho: “En su momento, no se cuidó a los testigos con los genocidas en la calle y mi viejo desapareció. Ahora, no se previó a estos sectores y el primero de septiembre casi matan a la Vicepresidenta”.

“Hace años venimos agitando una ley anti negacionista, con la cuál quizás evitábamos el avance de los sectores que se reconocen como libertarios”.

En el año 2021, un grupo de legisladores, del entonces Frente de Todos, presentó un proyecto de ley que contempla la sanción civil y penal a conductas negacionistas y/o apologistas del genocidio y crímenes de lesa humanidad, de la soberanía Argentina sobre las Islas Malvinas, y de políticas públicas sobre epidemias que pongan en riesgo la salud pública. Pero todavía sigue encajonada y sin oportunidad de ser tratada.

Frente a las deudas de la democracia, responsabilidad civil

Rubén se muestra convencido de que no sólo las dirigencias políticas son responsables por la hegemonía de los discursos de odio, también hace foco en la responsabilidad civil en su totalidad:

“Los ciudadanos somos también responsables de que esta gente, como Milei y Bullrich, sea candidata. Más allá de cómo se está gobernando actualmente, que hubo un montón de cosas que se hicieron y no se comunicaron, como también políticas que no les han llegado a los más necesitados, lo cual ha generado bronca que se traduce posteriormente a un voto a estos personajes. La verdad, me parece, lo que tenemos que asumir es que nosotros también somos responsables, porque somos -o tendríamos que ser- los jefes de nuestros políticos. Ponemos el voto pero después no le exigimos nada, ¿Cómo es?”.

Rubén vuelve a insistir con el ejemplo de su padre, como una especie de ejercicio al que se debería incurrir, cuando de saldar las deudas democráticas se trata:

“Mi viejo sentía la obligación de ir a cumplir con su deber democrático. Él fue a contar más lo que vio, que lo que vivió. El relató cómo y quiénes asesinaban a sus compañeros. Ese compromiso asumido, aún con los genocidas, en la calle demuestra que nosotros tenemos el poder de ir a decir y exigir lo que creemos correcto. Tenemos ahora la oportunidad de votar por un gobierno comprometido con la Memoria, la Verdad y la Justicia, aún con todas las críticas que podamos hacerle. La responsabilidad ciudadana debe enfocarse en los valores democráticos, aún teniendo nuestras críticas constructivas para con el sistema”.

Finalmente, López remarca lo que identifica como dos grandes deudas no saldadas, que atentan todavía con los valores democráticos a la vez que sostienen el modelo económico que instaló la última dictadura:

“Nunca se juzgo en su totalidad a la pata civil empresarial de la dictadura, y son los mismos empresarios o sus amigos los cuáles siguen teniendo las riendas de nuestra economía. Esa impunidad nos sigue costando caro. El Poder Judicial nunca se democratizó realmente, siendo que los jueces son más políticos que los políticos de carrera y actúan de manera parcial e injustamente”.