A las cinco de la tarde del 18 de diciembre de 1919, en Micaela Cascallares, alrededor de 300 trabajadores rurales discutían cómo seguir con la huelga que habían comenzado días atrás en busca de mayor salario y mejores condiciones de trabajo.
El reclamo, siempre insatisfecho, venía de lejos. Eran tiempos en que se trabajaba de sol a sol, la comida era mala y poca, y lo que ganaban alcanzaba para poco y nada.
A principio de mes se había echado a correr el rumor de que si la situación no mejoraba los huelguistas podrían llegar a quemar las cosechas. Un panfleto anónimo así lo advertía. La amenaza, cierta o falsa, había generado temor y las fuerzas del orden locales, reforzadas con milicos mandados desde La Plata por el gobernador radical Camilo Crotto, fueron instruidas para impedir cualquier disturbio.
Aquél 18 los ánimos estaban especialmente caldeados porque el día anterior los trabajadores en paro habían sufrido una razzia policial y dos de ellos quedaron detenidos acusados de exhortar a la violencia.
Mientras se desarrollaba el debate obrero apareció la policía y produjo el desbande, las detenciones y la matanza.
La versión oficial de lo sucedido es la que difundieron los medios de comunicación, en aquellos tiempos solo los diarios, limitados a divulgar lo que les informara la policía, el gobierno y el juez bahiense que actuó sobre las consecuencias de los hechos.
Se dijo que los huelguistas, armados y violentos, estaban prontos a asaltar la comisaría de Cascallares con el propósito de liberar a los dos compañeros presos y que cincuenta metros antes de llegar al lugar los uniformados le dieron la voz de alto. La respuesta fue el inicio de un tiroteo. La versión señala, obviamente, que la balacera la comenzaron los obreros y que duró alrededor de diez minutos, al cabo de los cuales muchos de estos fueron apresados y otros se dispersaron.
Según el parte oficial el saldo fue de tres peones muertos, varios –no dice cuántos- heridos, y ningún policía lastimado.
También se informó que los manifestantes que lideraban la lucha obrera se habrían escapado y que muchos obreros decían haber sido víctimas de los engaños de aquellos.
En esta versión no hay coincidencia sobre el número de detenidos. La Voz del Pueblo informó que serían entre 200 y 250 y el diario La Nación consignó sólo 150. Sí acordaron en que habían sido encerrados en vagones de carga ubicados en la estación ferroviaria y en que muchos presentaban heridas graves.
El 19, muy temprano, el juez del crimen del Departamento Judicial Costa Sud, doctor Ernesto Núñez Monasterio, acompañado por su secretario, Joaquín Cisneros, por el jefe de investigaciones, comisario Nemesio Llanos y por 50 efectivos policiales llegó a Cascallares. Luego de entrevistarse con las autoridades locales y de asegurar que su actuación sería ejemplificadora, dispuso que todos los detenidos fueran trasladados al asiento de su juzgado en Bahía Blanca.
El día siguiente La Nación publicó la opinión del juez sobre los sucesos: “… nos encontramos en presencia de una amenaza gravísima para la tranquilidad pública y para la seguridad del trabajo y la producción en esta zona. (…) … los trabajadores extreman las exigencias a los chacareros habiendo llegado a solicitar en forma de ultimátum no solo jornales de 14 pesos diarios, sino hasta un menú especial de comidas en el que no falta un medio litro de vino para cada peón. (…) Se trata de un movimiento francamente subversivo. (…) Me ha sido satisfactorio comprobar que sólo dos ciudadanos argentinos han prestado su concurso a los revoltosos, siendo éstos, en su mayoría, españoles y turcos, siguiéndole en número los rusos.”
Mientras tanto el intendente local, Domingo Echegoyen –del Partido Conservador-, disponía una partida adicional de dos mil pesos para distribuir entre las fuerzas de seguridad que habían trabajado “en la defensa del orden y la tranquilidad”.
Otra versión dieron las publicaciones de diferentes corrientes del movimiento obrero de aquellos años, en concordancia con la transmisión oral rescatada por la entidad gremial de los peones rurales. Osvaldo Furlani, dirigente de ese sindicato en Adolfo Gonzáles Chaves, ha relatado el testimonio que recibió de varios participantes en los hechos que no se conocían entre sí. Estos contaron que en realidad la manifestación era pacífica, que los huelguistas no estaban armados, que el objeto del debate era cómo seguir con el paro y liberar a los compañeros presos. También que en medio de la asamblea aparecieron patrones arrendatarios diciendo que tenían que dar el aumento y estar junto a los trabajadores porque sus verdaderos enemigos eran los cerealistas y los dueños de los campos. Y cuando se estaba cerca de un acuerdo atacó la policía, que llegaba a caballo desde atrás de un corte de vagones. Los testigos contaron que caían muertos y heridos por todas partes.
Lo publicado por el diario local El Debate, cuyo primer número data del 1º de enero de 1920, es tributario de este relato. El nuevo matutino, dirigida por Leonardo B. Halkett, un socialista de 28 años que hasta ese momento se había desempeñado como corresponsal de La Vanguardia, se hizo eco de denuncias contra la policía por su actuación en la represión del movimiento huelguista. En su primer ejemplar indicó que ocurrieron “atropellos de todo calibre, ocultación de muertos y heridos y muchos otros hechos más que criticables, punibles y que revelan el desconocimiento más craso de lo que significa la palabra Humanitarismo.” El día siguiente informó que “mientras eran conducidos a Bahía Blanca los 200 braceros detenidos en Cascallares, después de sufrir el suplicio impuesto por el juez Monasterio, fallecieron en el tren de 25 a 30 sujetos. En pleno campo, según versiones fidedignas, cayeron también, faltos de toda asistencia médica, muchos obreros que al sentirse heridos, huyeron del sitio del desastre, espantados por la carnicería.”
El juez Ernesto Núñez Monasterio, disconforme con lo publicado en El Debate ordenó la detención de Halkett y del secretario de redacción del diario, F. A. Irurozqui Garro, acusándolos del delito de desacato. El comisario Andrés Carcano y su segundo, subcomisario Raúl E. Sevilla, detuvieron personalmente a los periodistas, quienes pasaron la primera noche en la comisaría local y al día siguiente fueron trasladados a la Cárcel Departamental de Costa Sud, en Bahía Blanca, desde donde dos días después, luego de verificarse que no tenían antecedentes, recuperaron la libertad.
Llegamos hasta hoy sin certezas en torno a la cantidad de muertos y heridos por la represión. Lo único que no admite contradicción es que de parte de la policía no hubo bajas.
El deliberado ocultamiento de la verdad por parte de las autoridades de la época y el silencio temeroso de gran parte de la población que conoció lo sucedido, sumado a que las víctimas eran muy pobres y en su mayoría foráneas –a veces extranjeras- y por lo tanto sin posibilidad de que alguien se interese por sus destinos, imposibilitó conocer acabadamente el saldo final de la represión.
Los abogados sabemos que para los hechos reparables existe la justicia. La matanza de Cascallares es un hecho irreparable. Para él existe la memoria.

(*) Abogado