San Pedro, feudo del chileno abstencionista: “No tenemos idea del debate constitucional”

La preferencia de los que se quedaron en casa cuando la mitad del padrón electoral de Chile decidió de manera abrumadora redactar una nueva Constitución es una de las grandes incógnitas de cara al plebiscito del 4 de septiembre sobre si aprobar o rechazar la propuesta de la convención. San Pedro de Melipilla es el municipio de la Región Metropolitana de Santiago que menos participó en el primer referéndum. Solo el 36% de los registrados acudió a las urnas el 25 de octubre de 2020, 20 puntos menos que el promedio regional. A 10 días de la gran fecha, la extensa comuna rural de unos 12.000 habitantes votará, dicen los vecinos, porque es obligación, pero confiesan su desconocimiento sobre lo que está en juego. “Si entendiera el texto me importaría, pero aquí nadie ha venido a explicar nada”, sostiene este miércoles Dario Jerez, de 58 años, empleado municipal de aseo.

En San Pedro, la cuna productiva de frutillas (fresas) del país, no hay actos de campaña ni puerta a puerta. Tampoco hay servicios básicos. En el territorio agrícola y ganadero de 700 kilómetros cuadrados ubicado a una hora y media en coche al suroeste de la capital, el 61,5% de la población no cuenta con luz, gas, teléfono o agua, siendo esta última su principal carencia y uno de los derechos que consagra la propuesta constitucional. La veintena de entrevistados para este reportaje no mencionó este tema entre los artículos que conocía o le importaban. Tres cuartas partes aseguraron que marcarán rechazo, la mayoría de ellos no votantes en el primer plebiscito.

El sistema nervioso de la séptima comuna más grande en superficie de la Región Metropolitana son cuatro calles del centro del municipio. En la estación de bomberos, Jorge Pizarro, de 24 años, afirma que no votó en el plebiscito de entrada porque “no tenía mucho conocimiento de qué se trataba”. El bombero voluntario y empleado de una empresa de seguridad votará por el rechazo. “Dicen que van a hacer algo y después lo cambian todo”, lanza como crítica al acuerdo al que llegaron los partidos que sostienen al Gobierno de Gabriel Boric sobre las mejoras y aclaraciones que le harán al texto constitucional si se aprueba. Pizarro sostiene que el tema no se discute entre sus amigos o familiares. Lo mismo que comenta Estefania Pontigo, de 20 años, dependienta del centro de conveniencia ubicado frente al municipio. “Mis amigos no están ni ahí. No les interesa”, apunta.

Pontigo tampoco acudió a las urnas en 2020. La estudiante de enfermería, que se vio obligada a congelar sus estudios en Santiago porque ya no le alcanza el dinero para pagar el arriendo en la capital, no sabe aún qué va a votar. Mientras atiende a los clientes explica que no le gustó el proceso, pero que se quiere leer el texto antes de decidir, especialmente los artículos sobre educación. A Verónica Cabrera, de 34 años, dueña de casa y madre de tres hijos, también es el tema que más le importa. Siempre había ejercido su derecho al sufragio, pero no votó en el referéndum de entrada porque no le “llamó la atención’'. Ahora va por el rechazo. “Prefiero que escriban algo nuevo, mejor. Dicen que la educación va a ser gratis para todos, pero sabemos que no será así”, asegura.

La encuesta Cadem del 31 de julio reveló que el 63% de quienes no participaron en el primer plebiscito votará por el rechazo. El 15,7% aún no ha definido su voto, según el último estudio de opinión realizado por Criteria antes de la prohibición de los sondeos que comenzó a regir el fin de semana pasado. El frutillero Pedro Urra, de 46 años, es uno de ellos. En medio de las plantaciones del icónico fruto del municipio, en la zona de Quilamuta, el pequeño agricultor afirma: “Voy a votar porque es obligación, pero vote por el que vote es la misma historia. Uno es del pueblo y va a trabajar sí o sí toda la vida. Independiente de la opción que salga”. Uno de sus compañeros de faena, de 60 años, comparte el diagnóstico desesperanzador. “No tenemos idea lo que están discutiendo. Solo hemos visto algo por la tele, pero son puras promesas. Al final, ¿quién lo ayuda a uno?”, dice, antes de agregar: “Nadie”.

El 70% de los más de 3.000 sampedrinos que votaron en 2020 lo hicieron a favor de una nueva Constitución. En la segunda vuelta de las presidenciales de 2021, el 56% respaldó a José Antonio Kast, el candidato de extrema derecha, y un 43% al izquierdista Gabriel Boric. Por primera vez en la historia, en la elección del próximo 4 septiembre, el registro de votantes es automático y el sufragio obligatorio. Más de 15 millones de chilenos deben por ley acudir a las urnas o arriesgan una multa de hasta 190 dólares. La intención de voto, según los sondeos, supera el 80%, por lo que se espera una participación inédita.

Al final de la avenida principal de San Pedro, Cristina Baquedano, de 33 años, atiende una marisquería. Votó apruebo y repetirá dicha opción en septiembre. “En la tele, los del rechazo hablan tantas cosas que al final nos dejan con dudas. ¿Está bien lo que estamos haciendo o vamos a quedar mal? Están jugando con ese miedo y están haciendo realmente que uno está medio confundida, pero sigo esperanzada en el cambio”, afirma. Su hermano comparte la idea. “Aquí hay mucha desinformación. Creen que les van a quitar la casa, que se van a quedar sin trabajo”, lamenta sobre las noticias falsas que circulan. “Somos un pueblo fantasma, aquí no llegan las campañas”, añade otra vecina.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región.