La informalidad en el Perú

La expresión o concepto de informalidad puede abarcar muchos y distintos temas. Este artículo, por sesgo profesional como economista, está circunscrito a la informalidad empresarial y laboral, problemas que si bien nos acompañan por mucho tiempo en el país, se están agudizando los últimos años por diversas razones. Ello ha motivado que se pronuncien al respecto organismos públicos y privados, así como múltiples académicos y profesionales, buscando caracterizar el problema y planteando soluciones, todas ellas –en nuestra opinión– parciales, cortoplacistas, simplistas, de visión parroquial, que no solo no lograrán atenuarla, y menos eliminarla, sino –lo que es peor– más bien agravarla. Por ello, pretendemos en este breve artículo tocar lo sustantivo del tema, no con la esperanza de que las actuales autoridades, desde el Ejecutivo o Legislativo, se aboquen a tratarlo, sino con el ánimo de que se entienda de manera integral qué la genera y, por tanto, cómo enfrentar con eficacia este crítico problema, en la oportunidad que se tengan nuevas autoridades.

En el caso peruano tienen que analizarse y tratarse de manera simultánea cinco aspectos centrales, muy interrelacionados, que son la esencia del problema de la informalidad empresarial y laboral. Concretamente nos referimos a la productividad, la política regulatoria, los títulos de propiedad, la política tributaria y la política laboral. La visión y acción conjunta sobre ellas permitirá progresivamente reducirla y eventualmente eliminarla; no es con mejoras o correcciones parciales de una o algunas de las mismas que puede lograrse, como son las propuestas que han circulado y se conocen, pues el resultado podría ser incluso opuesto cuando sabemos por la teoría del segundo mejor que la eliminación de una o algunas de las restricciones pero no de todas puede conducir a un escenario peor que el anterior. 

El universo empresarial del Perú está compuesto, según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del 2021, en un 96% por micro y pequeñas empresas, las llamadas “mypes” que, en mi opinión y por otras fuentes, llegarían en la actualidad al 99%; es decir, alrededor de 5.6 millones de empresas son mypes. Ellas en su gran mayoría tienen una productividad bajísima, pues no disponen de tecnologías de punta e idóneas para la actividad que realizan, tienen escasa inversión en equipos y maquinarias (en su mayoría obsoletas o inadecuadas) y operan en locales por lo general no aptos, a lo que se suma que los servicios e infraestructura básica que requieren y que deben ser provistos por el gobierno nacional, regional o local pertinente no existen o son inapropiados.

En este contexto el grueso de las mypes, calculamos el 90%, actúan y son calificadas como informales por no disponer de los registros correspondientes; como por ejemplo la licencia de funcionamiento que otorga la municipalidad por la demora en obtenerla y los costos de la misma, o por no disponer de RUC (para evitar pagar impuestos), a más de no tener a todos o la mayoría de los trabajadores en planilla (por la existencia de salario mínimo vital y elevados beneficios sociales asociados que elevan la retribución del trabajador por encima de su rendimiento). Es decir, las mypes son informales por no estar en condiciones de afrontar los costos que la formalidad conlleva en razón a su baja productividad. Esta cruda realidad explica en gran medida por qué no funcionan acciones aisladas en el campo laboral, tributario o regulatorio, muchas de las cuales incluso fomentan el “enanismo” de las empresas, agudizando el problema.

En cuanto al empleo, por cifras del INEI conocemos que actualmente alrededor del 80% es informal con tendencia al alza pues el empleo que se está generando es de esta naturaleza; trabajadores en su mayoría de mypes y que están en esa condición por las razones precisadas en el párrafo anterior, es decir, la política laboral vigente desconoce la baja productividad del trabajador peruano, por su limitada y deficiente educación, capacitación y entrenamiento, que aunada a las condiciones no idóneas de las empresas señaladas anteriormente determinan una productividad-competitividad muy baja de las mismas y por ende rendimientos insatisfactorios. En resumen, un alto porcentaje de empresas y trabajadores del país tienen una productividad muy baja que explica en gran medida la elevada informalidad existente y que si no se toma en cuenta no podrá resolverse de manera efectiva este agudo problema.

A lo anterior se suma la absurda política regulatoria que impera en el ejecutivo en sus tres niveles, nacional, regional y local. Se desconoce o no se reconoce que la Constitución establece como sistema económico la economía social de mercado, que implica dejar funcionar al mercado para que dé las señales correctas a los agentes económicos para la asignación eficiente de los recursos y una adecuada competencia e intervenir sólo para corregir externalidades negativas o distorsiones específicas. Empero, sabemos que por diversos argumentos absurdos se ponen múltiples trabas y barreras burocráticas, se establecen engorrosos trámites, requerimientos y procesos administrativos, todo lo cual encarece sobremanera y dilata en tiempo la operación de las empresas y se constituyen además en caldo de cultivo para acciones de corrupción de distinta índole. Es lamentable constatar que ante cualquier dificultad o problema, en muchos de los casos temporales, se busca la solución vía complejas normas administrativas que complican y encarecen más el accionar de las empresas. Por ello, las mypes optan por saltarse estas exigencias, es decir, por ingresar a la informalidad.

El problema se agudiza cuando los empresarios vinculados a las mypes no disponen de los títulos de propiedad de parte importante del patrimonio de ellos o de las empresas, como la maquinaria y equipo o los inmuebles, en especial estos últimos, con lo cual se torna imposible ser sujetos de crédito de las entidades del sistema financiero al no poder utilizarlos como garantía de los créditos que requieran; peor aún, se ven forzados a acudir al mundo financiero informal en el cual las tasas de interés son leoninas y muy peligrosas las consecuencias de no honrarlas. La exclusión financiera se da en estos casos no por las elevadas tasas de interés del sistema financiero formal si no por no disponer de las garantías pertinentes que se requieren para acceder al crédito.

Ignorando la realidad descrita se mantiene una política laboral totalmente inadecuada, rígida, agravada recientemente con normas que castigan la tercerización laboral de las empresas y premian y fomentan la atomización de los sindicatos, desconociendo que apenas el 20% de la población económicamente activa (PEA) es formal, con empleo adecuado, precisamente por la absurda política laboral vigente. Más aún, se deja sin efecto el régimen especial agrario, que en el tema laboral había logrado poco menos que pleno empleo en el sector, política que más bien con leves ajustes debió ser extendida con carácter universal para toda la PEA. Se impulsa de esta forma que las empresas se tornen intensivas en capital, viable para las medianas y en especial las grandes, o que se pasen al mundo de la informalidad, que es lo que hacen precisamente las pymes. 

Finalmente, pero no por ello menos relevante, está lo correspondiente a la política tributaria, que desde la reforma integral realizada a inicios de los noventa para corregir sus innumerables distorsiones, múltiples tasas y el sistema obsoleto de administración -para lo cual se creó la SUNAT- no se ha efectuado otra a la luz de la realidad y tendencia actual, más bien se han introducido en distintas ocasiones y frente a coyunturas específicas modificaciones parciales, muchas de las cuales inapropiadas como aquellas que fomentan el enanismo de las empresas para tener menos exigencias y pagar tasas más bajas, todo lo cual ha favorecido la corriente en pro de la informalidad.

En este contexto queda claro que no es con propuestas que abarcan parcialmente uno o dos de los cinco aspectos centrales que explican la informalidad que se logrará siquiera atenuarla. El problema es agudo con connotaciones económicas y sociales muy preocupantes, por lo que amerita enfrentarlo de manera prioritaria e integral actuando simultáneamente sobre los cinco aspectos explicados: productividad empresarial y laboral, política regulatoria, títulos de propiedad, política laboral y política tributaria. Conlleva la elaboración y ejecución de diversas reformas estructurales como la de educación y salud, la de innovación, ciencia y tecnología, la reforma del estado para al menos desterrar las barreras y trámites burocráticos, así como las reformas laboral y tributaria, conjuntamente con buscar la universalidad de los títulos de propiedad.

Será un proceso largo y complejo pues en los últimos diez o quince años se han dictado medidas que han exacerbado la informalidad, como lo muestran las cifras. Además hay que precisar que el escenario óptimo de iniciar una acción en esta dirección es cuando la economía crece a ritmo creciente, abriendo oportunidades de empleo, en un contexto donde lo que debe buscarse es consolidar los cimientos del crecimiento, léase la estabilidad macroeconómica y la institucionalidad, a la par con potenciar los motores del crecimiento como son la inversión y productividad. No en un escenario como el actual que registra tasas anémicas de crecimiento a ritmo decreciente, en un contexto de enorme incertidumbre, desconfianza y descontrol, donde los dos organismos claves para dirigir este proceso actúan de manera aislada, enfrentados, me refiero al ejecutivo y legislativo, peor aún sin claridad hay que decirlo de cómo manejar este tema de la informalidad, pues en realidad no parecen siquiera entenderlo. Para colmo con un ejecutivo y parte del legislativo que no comulgan con la economía social de mercado y por tanto no favorecen la esencia de lo que corresponde realizar, es decir, la dirección que tienen que tener las reformas estructurales precisadas.

Toca por tanto esperar la oportunidad para actuar, pero ello no debe ser óbice para elaborar y tener listo el programa que tendrá que aplicarse si en efecto se quiere reducir y eventualmente erradicar la informalidad empresarial y laboral en el país.