¿Institucionalidad sin ley?

 

La institucionalidad del Estado se basa en el cumplimiento de la ley, del contrato social. Y son a los organismos del Estado a los que se les ha conferido el poder para hacer respetar las normas. Claro está que el diálogo es un proceso armonioso de alcanzar consensos, pero la gran pregunta es ¿qué pasa si una de las partes se niega a lograr acuerdos o plantean la expulsión de la contraparte? ¿Cuál debería ser la actitud que asuma el Estado? ¿Inhibirse, dejar que la estrategia de dilatar —ad eternum— un diálogo sin voluntad real de concertar? ¿Eso es actuar de buena fe?

Las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar el pleno ejercicio del Estado de derecho en todo el territorio nacional. El Perú no es un archipiélago ni una reunión de múltiples y pequeños estados en la que cada cual  actúa en función a su real saber o entender. Si ese fuese el caso, la quiebra del Estado unitario está próxima y no es algo que la ciudadanía deba dejar pasar.

El Estado sirve, pero también se sirve de sus ciudadanos a través de las contribuciones, más allá de los actos de corrupción en que se haya envuelta un sector o varios sectores de la clase política. No es aceptable que un grupo se oponga al desarrollo de un proyecto que resulte beneficioso a la inmensa mayoría de ciudadanos, recordemos que no existe derecho de veto.

Propiciar el diálogo para informar y perfeccionar las propuestas formuladas por las autoridades nacionales es saludable. Pero pretender vetar una decisión de carácter gubernamental constituye un desacato, el cual no es aceptable en ninguna sociedad que se precie de ser respetuosa de las instancias de Gobierno.

Peor aún si el desacato se lleva a cabo de manera soterrada, “digo que sí, pero en la práctica hago todo lo contrario”. El corte del ramal norte del oleoducto norperuano es una mala señal porque constituye un atentando contra la propiedad pública o privada. Petroperú ha informado que la paralización del bombeo del crudo por 82 días ha significado más de US$ 40 millones en pérdidas, además del derrame de 8,000 barriles de crudo que impactarán el ambiente en esta zona de la Amazonía.

Si la comunidad Mayuriaga fue la responsable del corte, o algunos de sus miembros, lo cierto es que la impunidad no puede ser la receta más adecuada. Lo sucedido constituye un llamado de atención a las autoridades porque, de seguro, con un monto menor al que se registra como pérdida, se hubiese podido satisfacer las expectativas de dicha comunidad en cuanto a servicios de salud, educación y generación de puestos de trabajo.

Otro hecho condenable es el que se registra en la comunidad apurimeña de Fuerabamba (Cotabambas), donde un grupo de personas ha bloqueado la carretera desde hace 13 semanas con la intención de paralizar las operaciones de la mina Las Bambas. ¿Realmente consideramos que paralizando las actividades productivas vamos a generar recursos suficientes como para satisfacer la demanda de todos los sectores sociales?

Las Bambas, desde que inició el desarrollo de su proyecto —hoy mina—- ha impactado favorablemente en la mejora de la calidad de vida de las provincias de Cotabambas y Grau en la región Apurímac, reduciendo drásticamente los índices de pobreza de sus pobladores. Este proceso no puede ni debe ser detenido.

Las dirigencias tienen una gran responsabilidad en lo sucedido, pero es el Estado el que promueve la formación de ciudadanía. Las opciones políticas existen en toda democracia, aunque las políticas de Estado son aquellas que no pueden estar sujetas a la coyuntura política. Tengamos presente que sin operaciones extractivas en muchos lugares del interior del país, el mero concepto de Estado unitario quizás sería imperceptible para algunos pobladores.