Es una discusión apasionada con posturas contrapuestas y pocas zonas grises. La educación de nuestros hijos es cosa seria y, por lo general, los padres no aceptamos mandatos impuestos y tenemos cada uno su propia fórmula.
Sin embargo, hay leyes, deberes y derechos establecidos en una sociedad de derecho que varía según los estados, culturas, ideologías y religiones. Esta vez, es una nueva resolución de El Consejo Constitucional de Francia lo que ha actualizado la polémica sobre la decisión de los padres de aplicar un chirlo como correctivo educativo.
Corrección física liviana o maltrato infantil. Según el alto tribunal constitucional francés prohibir esta práctica en el ámbito familiar es inconstitucional. Esto implica anular un artículo de la Ley de Igualdad y Ciudadanía, votada en Francia el año pasado, que prohibía el chirlo.
El principal argumento es una excesiva intromisión en la privacidad de las familias. El Estado no puede imponer una única forma de criar a los niños. Pero también aclaran que no puede equipararse con el maltrato infantil que sí implica un delito y está penado por la ley. No se puede criminalizar a los padres y equipararlos con abusadores o maltratadores. El artículo en cuestión prohibía el chirlo, la bofetada y hasta un golpe en la mano.
Los que defienden esta postura entienden que ese tipo de leyes va contra el orden natural de las cosas. Quitarles el poder a los padres es equipararlos a los hijos y eso altera la estructura fundamental de la familia
Según las estadísticas que publican los medios franceses, en esa sociedad entre un 60 y un 85 por ciento recurre a este método de castigo como correctivo para sus hijos. Es más, cuando se discutió la ley, siete de cada diez franceses estaban en contra de prohibir el chirlo.
En la vereda del frente, los que se han sentido fuertemente desilusionados por el Consejo Constitucional consideran que cualquier golpe, independientemente de su intensidad, constituye una violencia corporal que representa una violación a los derechos del niño. Además, recuerdan múltiples informes que confirman los futuros trastornos de personalidad y conducta que pueden sufrir los niños víctimas de castigos corporales.
En el mundo hay 51 países que han prohibido los castigos físicos, entre ellos la Argentina, desde el nuevo Código Civil.