Cantabria ocupa el puesto 16, con una nota de 3,7 (irrelevante), en la calificación de las comunidades autónomas en el desarrollo de su Sistema de Servicios Sociales, con una tendencia "acusadamente descendente" desde 2013, marcada por la "pérdida continua de relevancia económica y un escaso desarrollo de la ordenación del sistema", según el Índice DEC correspondiente a 2022, elaborado con datos de 2021.
En esta aplicación se constata también el "deterioro" de la cobertura efectiva de prestaciones y servicios a la ciudadanía en la región, que "se agudiza" a partir de 2020, situando a la comunidad como "el mayor exponente de deterioro de su Sistema de Servicios Sociales en la última década”. Según señala, en el reconocimiento de derechos y ordenación del Sistema de Servicios Sociales Cantabria sigue teniendo solo como referencia la ley autonómica, "sin desarrollo a través de un catálogo o cartera de servicios y sin planificación estratégica". Tampoco ha integrado el Sistema de Atención a la Dependencia en Servicios Sociales, por lo que su calificación en este apartado es de solo 0,10 puntos sobre 1,5.
La caída en los perceptores de estas RMI desde la implantación del IMV es mucho más acusada en Cantabria que en la media estatal
Asimismo, la inversión que realizan en materia de Servicios Sociales las Administraciones públicas (Gobierno regional y entidades locales) registra un "deterioro continuado" desde 2013, en una tendencia divergente con la de la mayor parte de las comunidades y la media estatal, partiendo además de una posición muy destacada en la que alcanzaba la excelencia en este apartado que "ya ha perdido".
Como en el resto de comunidades, Cantabria incrementó su gasto en Servicios Sociales en 2021, pero lo hizo solo un 3,4%, pasando de 467,2 euros por habitante en 2020 a 478,5 euros en 2020 (15,8 euros). También, siguiendo la tónica general, el porcentaje del gasto en Servicios Sociales en relación con el presupuesto total de las Administraciones públicas en Cantabria ha aumentado en 2021 respecto al año anterior, pasando del 8,05% al 8,99%. No obstante, por primera vez este porcentaje está por debajo de la media estatal (9,27%).
En cuanto al porcentaje que representa el gasto en Servicios Sociales de las Administraciones públicas regionales en relación con el PIB regional, también siguiendo la tónica general, se ha reducido en 2021, situándose en el 2,02% (2,11% en 2020), aunque continúa por encima de la media estatal que es 1,82%.
El protagonismo de las entidades locales -ayuntamientos- sobre el gasto total en Servicios Sociales en Cantabria es el más bajo de todas las comunidades, y ni siquiera alcanza el 10%, correspondiendo a la comunidad el 90% restante. Este escaso protagonismo local, también en materia económica, reafirma que una de las causas de la "ineficiencia" del sistema en esta comunidad reside en esa "falta de implicación y protagonismo" de los ayuntamientos, ya que "incumple" uno de los paradigmas más sólidos del sistema: la proximidad.
La mayor parte de los indicadores de cobertura en Cantabria están por debajo de la media estatal
PLAZAS Y RENTAS
Sin embargo, hay dos aspectos en los que Cantabria destaca positivamente: las plazas residenciales para personas mayores de 65 años, con una cobertura de 3,29% (aunque dos décimas menos que el año anterior) superior a la media estatal que es 2,69%; y las Rentas Mínimas de Inserción, que las perciben en Cantabria el 11,6% de su población bajo el umbral de la pobreza, mientras que la media estatal es del 7,7%.
No obstante, la caída en los perceptores de estas RMI desde la implantación del IMV (2019 a 2021) es mucho más acusada en Cantabria que en la media estatal: un 37% menos de perceptores, frente al descenso del 19% de media estatal. En el servicio de ayuda a domicilio, Cantabria tiene una intensidad superior a la media estatal, con una media de 24,5 horas mensuales, frente a 17,8, pero su cobertura, con un 3,7%, es inferior a la media estatal, que es 5,1%.
De esta forma, la mayor parte de los indicadores de cobertura en Cantabria están por debajo de la media estatal, destacando la dotación de sus estructuras básicas de Servicios Sociales, con un profesional por cada 2.756 habitantes, muy por encima de la media estatal, que es de un profesional por cada 1.651 habitantes.
También destaca la baja calificación de su Atención a la Dependencia, con 3,5 puntos, por debajo de 5,1 de media estatal y la Ayuda a domicilio, con una cobertura del 3,9% frente al 5% estatal. No obstante, la intensidad de este servicio es mayor en Cantabria, con 25,7 horas de media mensual, que en la estatal, que son 19,7 horas. Asimismo, el servicio de teleasistencia, con una cobertura de 6,5%, es inferior a la media estatal de 9,9%; las plazas diurnas y ocupacionales para personas con discapacidad, con una cobertura del 2,3% en Cantabria frente al 3,2% estatal.
También las plazas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género, con 11 plazas por cada 100 mujeres con orden de protección en Cantabria, siendo la media de 13,1. Y las plazas de alojamiento para personas sin hogar, con solo 16,3 plazas por cada 100.000 habitantes en Cantabria, frente a 41,2 de media en España.
En centros de día para personas mayores (1,13% frente al 1,05% de media estatal), y en plazas residenciales para personas con discapacidad (1,8% en Cantabria y de media estatal), la comunidad se encuentra en la media.
DATOS NACIONALES
Navarra ha sido reconocida este viernes en Madrid, junto a Castilla y León, por "liderar durante la última década el ranking de los servicios sociales" de todo el país, según el Índice DEC, que ofrece una panorámica de la situación de los servicios sociales en España contemplando tres dimensiones: definición de derechos, estructuras y planificación, relevancia económica y cobertura efectiva de prestaciones y servicios.
En el transcurso del acto, se han presentado los datos extraídos del Índice DEC, en el que Navarra vuelve a ocupar la primera posición del ranking de las comunidades autónomas con una calificación de 7,4 sobre 10, que destaca en reconocimiento de derechos, al contar con una Ley foral que reconoce derechos subjetivos.
