EFEverde.- La Memoria de la Fiscalía General del Estado del 2014, presentada hoy, destaca entre sus actuaciones del pasado ejercicio en el apartado medioambiental la presentación de querellas contra actuaciones que podrían mermar el acuífero 27, del que se nutre el Parque Nacional de Doñana, basadas en una nueva tipificación penal.
La Fiscalía recuerda en su informe que ya había logrado condenas en esta materia por cambio de uso del suelo (de secano a regadío sin autorización), según el artículo 263.4 del Código Penal.
También logró condenas por delito contra la ordenación del territorio (construcción de balsas y casetas para alojar a trabajadores), según el artículo 319.1 y 2 y por delito de desobediencia, por no dejar de utilizar los pozos cuando existe una orden judicial, según el artículo 556.
Ahora, la Fiscalía destaca en su memoria que en 2014 ha presentado nuevas denuncias por uso fraudulento del agua, esta vez basadas en un presunto delito de extracción ilegal, regulado en el artículo 247 del Código penal, y en otro delito ecológico, según el artículo del 325.
Dos nuevas querellas
Estos dos nuevos proyectos de querella afectan a dos grandes fincas de Doñana: La Borrachuela y Matalagrana, de 150 y de 220,57 hectáreas respectivamente, e integradas cada una de ellas por varias explotaciones.
Ambas querellas, que como las anteriores tienen su origen en las denuncias presentadas por la organización conservacionista WWF, han sido remitidas por el fiscal delegado de Medio Ambiente de Huelva a los juzgados de instrucción de Palma del Condado.
La memoria de la Fiscalía General del Estado valora especialmente la "ingente y profesional labor policial" desarrollada por el Equipo de Investigación del SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva que inspeccionó sobre el terreno "de forma individualizada" cada pozo o sondeo de las explotaciones agrícolas de Matalagrana (Almonte); Laguna de las Madres (Moguer); los Hatos (Aznalcóllar); Arroyo de la Cañada (Almonte) y Cabecera de la Rocina (Moguer y Lucena), en el entorno y el interior del Espacio Natural de Doñana.
En esta exhaustiva inspección se comprobó si los pozos se encontraban en funcionamiento o en disposición de poder hacerlo y recabó la documentación necesaria para poder determinar la legalidad y situación administrativa de cada uno de ellos.
La Fiscalía Coordinadora ha complementado esta información con la solicitada a los ayuntamientos afectados, a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a varias Consejerías de la Junta de Andalucía y a asociaciones de agricultores y comunidades de regantes.
Extracciones ilegales del acuífero 27 entre 2009 y 2012
Con estos datos y un complejo cálculo sobre las necesidades de riego, se ha analizado la situación de cada pozo y sondeo y se han formulado los dos primeros proyectos de querellas tras concluirse que ambas fincas han estado utilizado de 2009 a 2012 agua del acuífero 27 sin que conste autorización alguna por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, "produciéndose una detracción ilegal y sistemática de agua del acuífero en dicho periodo", según la fiscalía.
Esta detracción ilegal de agua "implica una alteración del balance hídrico del acuífero generando un daño grave sobre el espacio protegido de Doñana así como sobre las especies que el mismo alberga y sobre el significado ecológico del lugar, lo que podría constituir un delito contra el medio ambiente del artículo 325 de Código Penal", concluye la fiscalía. EFEverde
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