A escasos kilómetros de Igueste, en una de las múltiples curvas de la carretera que sube desde San Andrés (TF-121), se encuentra el acceso a la playa de El Balayo. Un serpenteante camino permite llegar a pie de costa, donde una playa de arena negra se abre al mar. El problema es que no se puede llegar hasta ella porque una puerta de metal impide el paso. Los propietarios de las viviendas que están a pie de playa han cerrado el sendero, contraviniendo la Ley de Costas. Así lo afirma Sí se puede, que lleva denunciando esta situación desde hace siete años, y que incluso cuenta con una moción aprobada desde 2012 para proceder a la retirada de la puerta, algo que no se ha producido.
En el pleno del próximo viernes los concejales Pedro Fernández Arcila y Asunción Frías volverán a llevar una moción sobre este asunto, que califican de “auténtico escándalo”, y, esta vez, con un único punto: “Exigir inmediatamente y, en todo caso, antes de finalizar este mandato, una servidumbre de paso a la playa de El Balayo para que sea realmente de acceso público y deje de estar privatizada”. Ayer, a pie de carretera, ambos ediles de Sí se puede y DIARIO DE AVISOS pudieron comprobar cómo la verja ilegal sigue impidiendo el paso.
La última respuesta que el Ayuntamiento dio a Sí se puede sobre este asunto es del año pasado, cuando el concejal de Hacienda y Patrimonio, Juan José Martínez, aunque reconocía que el camino de El Balayo es municipal, afirmó que este acaba en la carretera TF-121 y que la senda que baja hasta la playa no es de titularidad municipal (el concejal de Medio Ambiente del mandato anterior había dicho que sí). Añadió que se estaba trabajando en recuperar el antiguo Camino Real, que va desde San Andrés hasta Igueste, “más o menos en una cota intermedia entre la línea intermareal y la carretera que se trunca justo al llegar a esa zona, donde habría que intervenir”. Esto significa que se abriría un camino a mitad de ladera.
Aun así, el Ayuntamiento admitió que, en cualquier caso, se le puede exigir una servidumbre de paso a quienes ocupan ahora la propiedad de los inmuebles situados en la costa. Frías explica que “el Ayuntamiento está obligado legalmente a habilitar un acceso. Simplemente pedimos que se garantice una entrada y ni siquiera es necesario un acuerdo con los propietarios, porque se puede actuar de oficio. Están obligados a abrir la verja”. Arcila añade que “la Ley de Costas dice que el acceso al mar debe ser libre, público y gratuito y que los terrenos privados colindantes tienen que estar sujetos a esa servidumbre”. “Lo que no se puede autorizar -continua el edil- es el acceso rodado, salvo que sea suelo urbano o urbanizable, como en este caso, en que no es ninguna de las dos cosas, pero lo que sí es exigible es que el acceso sea peatonal. Lo tienen que garantizar sí o sí”.
Arcila detalla que “en ningún sitio te pueden impedir el acceso al dominio público marítimo-terrestre”. Añade que “el planeamiento municipal también debe establecer esa servidumbre, y en este caso, el Plan General ya lo hace, con el añadido de que ese camino aparece como infraestructura viaria”.
Sí se puede defiende que garantizar el acceso público a esta desconocida parte de la costa chicharrera es una mera cuestión de voluntad de hacer cumplir la Ley de Costas.
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