Y aclaro, que me enteré sin sorpresa de estas detenciones, porque desde hace un buen rato varios abogados (ignoro su cantidad total), han sido pillados en plena flagrancia, en la comisión de hechos reñidos con la decencia y la ética profesional que debe distinguir nuestra amada y respetable carrera universitaria, desoyendo u olvidando aquellas máximas escritas por el ilustre jurisconsulto español don Ángel Ossorio y Gallardo, las que ahora copio textualmente : “a) Pon la moral por encima de las leyes” y “b) Busca siempre la justicia por el camino de la sinceridad y sin otras armas que las de tu saber”.
La captura de esos dos abogados solo confirma la alarmante descomposición moral que padece el país en todas las estructuras del tejido social y administrativo, incluyendo varios casos escandalosos de corrupción y enriquecimiento ilícito de personajes que ocuparon puestos gubernamentales de mucha importancia, como exmandatarios, exministros, expresidentes de autónomas y toda una larga colección de especímenes pertenecientes a una similar clasificación criminológica que ha trascendido hasta organismos internacionales, quienes han puesto en duda la continuidad de varios programas, que, de ejecutarse, hubiera representado realizar obras de desarrollo socioeconómico y empleo bien remunerado para centenares de personas, “sin dejar en el tintero”, el aspecto de las inversiones extranjeras que, ante esos hechos reprochables, se abstienen de venir para poner sus tiendas en el territorio nacional, situación que nos ha colocado en mantener un PIB que no trepa ni siquiera al 3% anual, ubicándonos en el último puesto en comparación al resto de países hermanos de Centroamérica, cuando antes fuimos reconocidos como seres “arrechos” para el trabajo tesonero y que generamos una riqueza nacional envidiable que, si bien no nos hizo ricos a todos, nos dio lo suficiente para sobrevivir, sin los sobresaltos y aflicciones del presente.
Asimismo, dentro de lo poco que hemos sabido de estas labores inmorales y que degradan al gremio abogadil salvadoreño, podemos intuir que si esos malos profesionales pudieron introducir celulares (y probablemente otros ilícitos) a las bartolinas policiales, es porque allí tuvieron también “colaboradores” que se lucraban con dinero mal habido, sin olvidar que hasta llegaron a informarse anticipadamente de operativos conjuntos, e incluso saber nombres de “testigos criteriados”, para dárselos a la estructura, de la cual formaban parte esencial y muy decisiva. Ante esta dura realidad, de nuevo nos dirigimos a la honorable Corte Suprema de Justicia para que proceda, con energía, valor y compromiso patrio, a una eficaz y pronta depuración de jueces, colaboradores judiciales, secretarios de tribunales y, por supuesto, que haga funcionar con efectividad y sin doblez a la llamada Sección de Investigación Profesional, para que deje de prestar mucho interés a “chambres” de clientes insatisfechos, sino a que escudriñe, con “ojos de gavilán”, casos como el publicado por el Ministerio Público, mismo que nos ha servido de tema para la presente columna. Un país donde el derecho es vulnerado, donde las sentencias de la Sala de lo Constitucional son desobedecidas o irracionalmente criticadas por diputados y ministros, donde el sistema judicial y Ministerio Fiscal han sido contaminados por el deslumbrar del dinero proveniente del crimen organizado tenderá, un día no lejano, a caer en el precipicio de convertirse en un “estado fallido” o, peor aún, en un “estado forajido”, donde los honrados sean criminalizados y los deshonestos elevados a los pedestales podridos de un pseudo heroísmo corrupto y malvado.