La indiferencia en la abogacía: una enfermedad llamada objetividad
Recuerdo como si fuera ayer una conversación con mis amigos en la cafetería del Giraldo en la que les preguntaba qué pensaban sobre el proceso de paz y si el estar estudiando derecho les había permitido tomar una posición frente al acuerdo. Ellos me respondieron atónitos que por qué iba a creer yo que el derecho serviría para tomar una posición política si “el derecho es objetivo, te enseña a ser neutral, nada que ver con política.”
No quise apresurarme a preguntar sus razones, decidí que con el tiempo las entendería y quizá me sorprendería pues sería cierto, sin embargo, la realidad que he ido percibiendo y descubriendo es completamente distinta: el derecho no sólo es político, sino que debe ser político. Y sería absurdo negar este aspecto del derecho que es transversal a todas sus áreas, sería negar el derecho mismo. Pero entonces, ¿por qué mis colegas piensan lo contrario? ¿Qué razones tendrán para creer que el derecho es neutral? ¿Acaso pensar que somos neutrales es también una posición política?
El derecho es político al ser una expresión de las condiciones políticas, económicas y sociales de un país que se ven reflejadas en su constitución, en sus leyes y en sus representantes. Basta leer los enunciados normativos para darnos cuenta que no son letra muerta, detrás de cada artículo existe una idea, un fin y estamos en contacto con ellos todos los días, desde su lectura hasta su aplicación en una situación específica. Por ello, si queremos encontrar la esencia del derecho debemos tener especial conocimiento de su vinculación con la política, pues éste la refrenda y representa el medio, el instrumento, la forma de su realización. Sin embargo, la relación no se limita meramente a una influencia política sobre el derecho, el derecho también influencia la política al punto de configurar las principales líneas de la política de nuestro Estado, definiendo con gran precisión los límites y las formas de su realización por las diferentes entidades y los altos funcionarios.
El derecho se puede entender como una acción colectiva o una práctica social, como lo han definido Lewis y Hart, en la que un operador de justicia no puede decidir un caso como si estuviese solo en el mundo, sino que tiene que tomar la mejor decisión desde el punto de vista moral respecto de su contribución a una práctica colectiva que dependerá de acciones que se han realizado en el pasado, así como de las acciones que se realizaran en el futuro y de las expectativas y actitudes de las personas.
Esta situación nos lleva a replantearnos la forma de acercarnos al derecho y a la política para reflexionar sobre si resultaría conveniente que nuestros profesores mostraran abiertamente sus posturas sobre diferentes temas, invitando a sus estudiantes al debate, a desarrollar en ellos la capacidad de argumentar para poder defender sus ideas y entender que no existe una verdad absoluta o cierta, lo que existen son posturas que se miden no sólo por la manera de comunicarlas sino por su contenido y su capacidad de argumentarlas, pues así es como se renueva cada día nuestra forma de pensar, se enriquece el discurso, se observan diferentes posturas y se forja una democracia, pues como argumenta Fernando de Trazegnies:
Por lo tanto, de ser conscientes de esta relación podríamos fortalecer nuestra formación jurídica, en la cual el debate como estrategia educativa, enriquecería no solo a la academia sino que contribuiría significativamente a la democracia, pues de lo contrario estaríamos formando abogados indiferentes ante la realidad de conflictos sociales y económicos disfrazados de un mal llamado neutralidad y objetividad.
