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José Aljaro (Abertis): “Se debe poner un pago por uso en las autovías”

El CEO de la concesionaria pide al futuro Gobierno que tome la decisión de forma rápida y que PP y PSOE no se arrojen “a la cara del otro” la medida

A. Simón

El consejero delegado de Abertis, José Aljaro, lo tiene muy claro. España necesita implantar un pago por uso en sus principales autovías. Así lo reflejó Aljaro en su intervención de este miércoles en el 45 aniversario de Cinco Días. Pidió, además, que la medida, que reconoció como impopular, sea tomada por el futuro Gobierno que salga de las urnas el 23 de julio, sin que la oposición haga bandera contra la decisión. El directivo avanzó, también, que privatizar esa red de alta capacidad puede aportar al Ejecutivo entre 40.000 y 50.000 millones de euros en fondos que puede destinar a otras políticas sociales.

“Se deberá de volver a concesionar y poner un pago por uso en la red de autovías en España que sea más justo, que sea más sostenible económicamente y también que sea sostenible socialmente. Hay que contemplar las peculiaridades sociales mediante descuentos especiales a usuarios frecuentes y a rentas más bajas”, solicitó Aljaro. El experimentado directivo recordó que en el caso de España, la decisión política en general fue eliminar los peajes, las concesiones, conforme iban venciendo y, por tanto, que las carreteras fueran de uso libre.

Por eso, Abertis ha sufrido en su facturación en España, que en el pasado llegó a suponer el 40% de su actividad y en la que ahora el 90% es de negocio internacional. Pero, por ejemplo, la posibilidad de implantar un pago por uso significa una oportunidad para esta empresa, controlada en un 50% más una acción por Mundys -de la familia Benetton y el fondo estadounidense Blackstone- y en otro 50% por ACS. “Nosotros afrontamos el futuro en España de forma optimista”.

“En España se tiene que hacer” la implantación del pago por uso, insistió el CEO de Abertis. “Tenemos un contexto de una situación política que va reclamando más servicios sociales y, por tanto, los recursos disponibles son menores para el mundo de las infraestructuras. Tenemos un déficit importante en cuanto al mantenimiento de las autovías, hablamos de unos 8.000 millones. Y hay unos 800 kilómetros en los que hay que invertir, pero no hay dinero para todo”.

Y fue muy claro respecto a cuándo hacerlo: “Hay que aprovechar el cambio de Gobierno para implantar este tipo de medidas”. Este debate está abierto en España desde hace más de una década, pero ningún Gobierno se ha atrevido a tomar esta medida, a pesar de la necesidad de inversión en mantenimiento y otros retos como la digitalización y electrificación de las vías. El CEO de Abertis recordó como en Francia, por ejemplo, hay un objetivo de instalar electrolineras cada 50 kilómetros, un modelo que podría replicarse en España ·de forma muy rápida” si en las condiciones de la concesión se obliga a las concesionarias a afrontar esa inversión.

Tras las elecciones del 23 de julio, puede abrirse el debate, sobre todo por los compromisos de rigor fiscal de España con la Comisión Europea. “No vamos a presionar al Gobierno, pero sí exponer las ventajas que tiene de necesidad de hacer muchas inversiones. Y además hay muchos compromisos con Europa. Todos nuestros países vecinos están utilizando un modelo de pago por uso en su red de alta capacidad, fundamentalmente en Portugal, Francia e Italia y muchos otros países en el resto del mundo”, aseveró Aljaro.

El primer ejecutivo de Abertis también calculó que actualmente sería necesaria más de 10.000 millones de inversión en la actualización de las infraestructuras. Como ventaja para el Gobierno de turno, destacó el pago up-front (inicial) a las arcas públicas para usar para otros fondos. “Por ejemplo, en el caso español, un uso razonable de 40.000 o 50.000 millones que podría recibir el Gobierno se podrían utilizar en ayudar al tema de pensiones”.

También se mostró favorable de que tras las elecciones generales se pueda acordar un pacto de Estado en este asunto entre los dos grandes partidos, PSOE y PP: “Ninguno de los dos partidos políticos principales se deben arrojar a la cara del otro el hecho de que se tome una decisión de ese tipo”.

“Ahora es el momento para tomar medidas que puedan ser impopulares para que dentro de dos o tres años estas medidas estén implantadas en la sociedad y se pueda ver sus ventajas y que no perjudique a los propios partidos políticos, que en muchas ocasiones frenan estas decisiones pensando en el número de votos”, concluyó.

Preocupación en el sector farmacéutico

En la última sesión de las jornadas por el 45 aniversario del diario, también se habló de la colaboración público-privada y la innovación en otros sectores. Juan Yermo, director general de la patronal Farmaindustria, lamentó la normativa que prepara la Comisión Europea, en la que reduce el periodo de exclusividad de la patante de un medicamento innovador. “Nos va a afectar mucho. Nos tiene muy preocupados”, afirmó. El directivo de la asociación empresarial recordó que tras la pandemia, la propuesta de estrategia farmacéutica europea era mejorar los incentivos y los apoyos a la industria “en un contexto europeo en el que llevamos más de 20 años de pérdida de competitividad con respecto a Estados Unidos y cada vez más con China”.

Yermo detalló que Europa ha pasado de generar el 40% de los medicamentos innovadores hace 20 años al 20% y ese espacio lo está cubriendo sobre todo EE UU, pero también otros competidores como Reino Unido, Suiza y cada vez más China.

“La preocupación es que se están reduciendo los inventivos regulatorios a los medicamentos innovadores”, destacó. “En un sector tan altamente regulado, que se cree esa incertidumbre, sobre hasta qué punto voy a poder recuperar el incentivo a la innovación puede llevar a grandes empresas a invertir en otro país. Aquí pareciera que vamos en el sentido contrario, lo que es una aberración”.

Una de las peticiones que la industria farmacéutica solicita tras las elecciones generales es mejorar y agilizar los procesos para que los pacientes tengan acceso a los tratamientos que están aprobados en la UE. “España está retrasada en los tiempos, pero también solamente llegan el 60% de los medicamentos que se aprueban en Europa”, lamentó. “Hay que considerar la salud de los españoles como una inversión y no como un gasto”, pidió al próximo Gobierno.

En la misma sesión del 45 Aniversario, Sergio Vázquez Torrón, presidente de Ineco afirmó que el sector público, como su empresa, debe ser capaz de “atesorar talento público”. “Somos una factoría de talento público”, aseguró. “En la ingeniería y en la economía del conocimiento es muy importante el mercado laboral. España tenía dos problemas crónicos del mercado laboral como la alta tasa de paro y la temporalidad y eso es un hecho que se ha corregido”.

Y apuntó que el sector público, con las grandes transformaciones gracias a los fondos europeos, de transformación digital, energética o de inteligencia artificial, “tiene que atraer talento para orientar esa transformación”.

José Bayón, CEO de Enisa, destacó que España ha emprendido una transformación económica de fondo como no había ocurrido en décadas. “Estamos hablando de tú a tú en sectores como la digitalización, donde incluso somos líderes entre los cuatro grandes países de Europa. En la parte que a mí me toca, de start-ups, la parte de emprendimiento hemos multiplicado por cinco la inversión en start-ups, tanto en el capital público como en el privado”.

La empresa pública Enisa, que ha crecido un 60% en plantilla y un 40% en presupuesto, se encuentra en un proceso de certificación de start-ups. “Por Enisa han pasado más de 30.000 empresas, el 90% o 95% de las start-ups del país. Y nuestros analistas han estudiado sus condiciones. Analizaremos lo que llamamos el grado de innovación y escabilidad, el modelo de negocio, el mercado, el equipo, más dos elementos, vinculados a la ley de start-ups”.

Sobre la firma

A. Simón
Graduado en Economía y máster de Periodismo UAM / EL País. En Cinco Días desde 2007. Redactor especializado en información empresarial, especialmente sobre el mercado inmobiliario, operaciones urbanísticas y, también, sobre la industria farmacéutica y compañías sanitarias.

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