Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 124/2015
05 de junio de 2015
En ocasión del Día Internacional del Medio Ambiente, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) exhorta a las autoridades a promover acciones para detener el deterioro del medio ambiente en la Ciudad, actuar para lograr la existencia intensiva y diversificada de programas que permitan disminuir el consumo irracional y facilitar la distribución equitativa del patrimonio ambiental.
El 15 de diciembre de 1972 se estableció el Día Mundial del Medio Ambiente con la finalidad de que se reafirme la preocupación por la protección y el mejoramiento del medio ambiente. A más de 40 años de este acontecimiento, en el mundo y en México ha crecido la preocupación por la acción del ser humano frente al medio ambiente, así como sobre la responsabilidad compartida en los crecientes problemas ambientales, por los Estados y los agentes no estatales, como son el sector privado y en general todas las personas.
En este contexto, la Comisión se suma a la reflexión que el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha propuesto para este año: transitar hacia un consumo de bienes y productos que nos permita impactar lo menos posible al medio ambiente y garantizar que las futuras generaciones tengan acceso a bienes ambientales como agua pura, aire limpio y suelos fértiles que produzcan alimentos sanos.
En la Ciudad de México se consumen millones de litros de combustibles y gas para satisfacer necesidades cotidianas de transporte, acceso al agua, aseo personal y preparación de alimentos, manteniendo un alto consumo por habitante que impacta en el medio ambiente en forma desfavorable sin que, además, no necesariamente exista una distribución equitativa entre todas y todos.
En ese sentido, por ejemplo, cerca de 12 mil toneladas diarias de residuos sólidos se depositan en tiraderos de algunos estados vecinos, manteniendo un porcentaje muy bajo de reciclaje. Asimismo, la creciente urbanización de la Ciudad ha provocado una presión constante sobre el suelo agrícola y forestal del Valle de México.
Los efectos negativos asociados al consumo irracional de bienes ambientales y productos, ha dado lugar a la interposición de quejas atendidas en la Tercera Visitaduría General de este Organismo, asociadas a la omisión de las autoridades de brindar servicios suficientes, adecuados, asequibles y sin discriminación en materia de agua, recolección de residuos, mantenimiento de áreas verdes, espacio público, transporte, garantías del de suelo, entre otros.
Asimismo, esta Comisión ha emitido las Recomendaciones 13/2013 1/2013, 19/2012, 5/2011, 1/2011, 5/2010 y 7/2009, que abordan violaciones al derecho a un medio ambiente sano por la ausencia de acciones de protección y conservación de entornos y recursos naturales, manejo inadecuado de residuos, así como por un indebido ordenamiento del territorio.
La Comisión recuerda que, aunque todas las personas tienen una responsabilidad para lograr la sustentabilidad del medio ambiente, es obligación del Estado promover las acciones que detengan el deterioro del medio ambiente, a fin de proteger y garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano. Por ello, en la Ciudad de México, debe valorarse realizar una promoción intensiva y diversificada de programas que permitan disminuir el consumo irracional de bienes y servicios, y que faciliten la distribución equitativa del patrimonio ambiental entre las personas.
La CDHDF enfatiza que en el marco de las obligaciones generales del Estado mexicano de respetar, proteger, garantizar y promover, en la Ciudad de México se debe evaluar el impacto ambiental en el goce y ejercicio de los derechos humanos, hacer pública la información relativa al medio ambiente, facilitar la participación en la toma de decisiones ambientales y dar acceso a reparaciones cuando se produzcan daños al medio ambiente, incluidos los daños provocados por actores privados; así como, en su caso, desarrollar el marco jurídico e institucional para tales efectos.
En ese sentido, la CDHDF subraya la necesidad de que se generen las condiciones para una participación activa, libre y significativa de todas las personas y grupos de población concernidas e interesadas, en particular, garantizando los criterios necesarios para ello, como la inclusión de la perspectiva de género, para que quienes son socialmente más vulnerables tengan la oportunidad de ser considerados e incidir en la toma de decisiones relativas al ejercicio de este derecho, como son las mujeres, las niñas y niños o los pueblos indígenas.
