Por María Laura Castillo Díaz (*)

El pasado jueves fue un día histórico para el avance hacia el resguardo de la vida. El Senado de la Nación aprobó, por unanimidad, la Ley de Educación Ambiental Integral que se aplicará en todo el país para la formación de una conciencia ambiental de la sociedad en su conjunto. 

La ley establece el derecho a la Educación Ambiental Integral como una política pública nacional que se integrará a todas las currículas de la educación inicial, primaria, secundaria y superior de la Argentina, en todas sus modalidades, así como a espacios no formales e informales de educación.

¿Por qué es tan oportuna la sanción de la ley?

Los modos de relación humana con el ambiente requieren de una urgente reestructuración si se quiere evitar una irremediable y completa degradación del planeta y revertir los daños generados a la actualidad.

Esto no es en absoluto novedoso. Ya en 1972, el Instituto de Tecnología de Massachusetts alertaba que, de mantenerse el ritmo de incremento poblacional, la industrialización, la contaminación, la producción alimentaria y la explotación de los recursos naturales, el planeta alcanzaría los límites de su crecimiento durante los siguientes cien años. En el mismo año, desde la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano se planteaba la indefectible necesidad de avanzar en una labor de educación en cuestiones ambientales para la construcción de una sociedad responsable de la protección y el mejoramiento del ambiente.

Sin embargo, 49 años más tarde, continuamos avanzando sobre la naturaleza, al punto de convertirnos en sus predadores más voraces, y atentando, incluso, contra nuestra propia supervivencia. Según la Red Global de la Huella Ecológica, cada vez agotamos más temprano las reservas que el planeta nos provee para todo el año. El paradigma de hiperconsumo profundiza el saqueo sobre la naturaleza, y exacerba la desigualdad, la conflictividad y las injusticias. 

La pandemia de COVID-19, causante de estragos a nivel mundial, es una de las consecuencias más palmarias de las fatales alteraciones que estamos provocando en el ambiente, y no es arriesgado afirmar que seguirán apareciendo nuevas enfermedades en el corto y mediano plazo, de continuar ejerciendo presiones y devastando los ecosistemas y la biodiversidad.

En el plano nacional, solo en 2020, la pérdida de la biodiversidad presentó cifras dramáticas, principalmente ante el avance avasallador de las actividades extractivas sobre los territorios (forestales, mineras, agrícolas, a más de los incendios intencionales con fines productivos) aún ante la oposición categórica de las poblaciones que los habitan. 

Aportes sustanciales de la Ley de Educación Ambiental Integral 

En el contexto descrito, forzosamente debemos reflexionar y proponer nuevos esquemas de relación con el entorno, con base en la justicia social y ambiental, que integre las voces de todos los actores de la sociedad (especialmente de los movimientos campesinos y urbanos, de los pueblos indígenas, de los movimientos de jóvenes, de mujeres, entre otros) con miras a la búsqueda e implementación de alternativas al modelo de acumulación y desarrollo imperante, y de soluciones que prioricen la variable ambiental.

En este sentido, la Ley de Educación Ambiental Integral presenta un abordaje educativo que contempla de forma holística las cuestiones ambientales como procesos sociohistóricos, en respeto al patrimonio natural y cultural, con perspectiva de género y de derechos, en reconocimiento de la diversidad cultural y de las culturas indígenas, y que integra múltiples saberes, valores, conocimientos y prácticas.  

La educación será un proceso permanente, integral y transversal, con base en la sustentabilidad, para generar un pensamiento crítico de la sociedad que permita promover “una nueva forma de habitar nuestra casa común”.

De este modo, se construirá una mirada respetuosa de la naturaleza, superadora a aquélla que la concibe como una mera mercancía generadora de divisas, al servicio del hombre. Además, permitirá que la sociedad abogue por la integración de la perspectiva ambiental en la planificación y el desarrollo, y para atender a problemáticas actuales y emergentes.  

Asimismo, fortalecerá a la ciudadanía para la defensa de los propios derechos humanos, de los territorios y de los bienes y servicios del ambiente, frente a las crecientes presiones de los sectores productivos.

Para alcanzar sus fines, se elaborarán una Estrategia Nacional, con el apoyo en carácter de asesores, de representantes de pueblos indígenas, de gremios docentes y estudiantiles, organizaciones de la sociedad civil, entre otros; y Estrategias Jurisdiccionales de Educación Ambiental Integral, adecuadas a las realidades de los territorios.

También se promoverá el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental el nivel nacional, provincial y local, generalmente débil frente a otras carteras gubernamentales, para la incorporación de la perspectiva ambiental en los procesos de toma de decisiones.

Oportunidades y desafíos 

Sin dudas, existe un enorme desafío por delante, principalmente en relación con la definición de los enfoques educativos, teniendo en cuenta las diversas miradas que existen sobre el ambiente. No obstante, deberá asegurarse una genuina apertura al diálogo con pluralidad de voces, y garantizarse el ejercicio de una efectiva democracia participativa en los espacios de articulación previstos en la Ley.

Será importante, por otro lado, que la asignación presupuestaria destinada a su aplicación resulte suficiente para el trabajo coordinado entre las Autoridades, con la sociedad y en los territorios.

Como parte de la ciudadanía, ahora contamos con una nueva herramienta, trascendental, para la defensa de nuestro derecho a un ambiente sano, para el desarrollo pleno de nuestra vida y la de las generaciones venideras.

(*) Coordinadora del Programa Altoandinos del área de Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)