*.- Sin saber lo hace frente a AFN y le dice “hágale como quiera”
*.- El subprocurador al conocer el hecho informó que será castigada
 
Tijuana BC 29 de noviembre de 2014 (AFN).- Una funcionaria del Ministerio Público en Tijuana maltrató a un quejoso que daba seguimiento a la muerte por “homicidio culposo” de su única hija, ocurrido hace tres años. El afectado quien refirió su caso a AFN estaba dando seguimiento a éste, y se encontraba ahí preguntando la razón de por qué no se ha avanzado, sin embargo la mencionada le advirtió a gritos que tenía derecho a inconformarse porque su asunto se fue al archivo, sin darse cuenta que era observada por el reportero de esta agencia.
 
El subprocurador de Zona Tijuana, Gilberto Cota Alanís, al escuchar posteriormente la grabación que AFN le mostró debido a la preocupación por el trato ofrecido a este ciudadano, dijo que la funcionaria del Ministerio Público, Ana Delia Ricario Atondo, Secretaria de Acuerdos de la Agencia Especializada en la Atención de Delitos Patrimoniales, sería castigada y consideró que no por un elemento podría ser juzgada toda la Procuraduría. Ofreció asimismo revisar el caso del denunciante Miguel Ángel Valle Jiménez, de 52 años de edad.
 
El hombre, quien se dedica a la venta de helados afuera de centros escolares, denunció ante Agencia Fronteriza de Noticias (AFN) “el tortuguismo”, la corrupción y la burocracia que existen en materia de procuración de justicia, pues luego de casi tres años de haber interpuesto una denuncia formal por el homicidio culposo donde perdió la vida su hija Brenda Alín Valle Cruz, de 29 años de edad, dejando huérfanos a cuatro menores, no ha obtenido respuesta pero “sí largas, y malos tratos” de las autoridades relacionadas con el  caso.
 
La denuncia quedó inscrita ante el Ministerio Público con fecha del 28 de noviembre de 2011 y con el número de expediente 7895/11/206/AP, donde el mencionado acusa a la empresa Rectificadores Internacionales de México/Internacional Rectifier México SA de CV, ubicada en el Parque Industrial Pacífico, por este homicidio por atropellamiento, por parte de uno de los choferes de transporte de personal, de nombre Miguel Ángel Aldaba Limón, del cual se desconoce actualmente su paradero.
 
Valle Jiménez reveló que su hija formaba parte de la planta laboral de la maquiladora en mención cuando aconteció el deceso –dentro de las mismas instalaciones de la empresa- pero hasta el momento ni la compañía ni sus representantes legales han respondido como se debe para subsanar el daño causado en perjuicio de su hija y de su familia; por el contrario, denunció el uso de triquiñuelas y “baches” en la ley utilizados para “dar carpetazo el asunto” y dejar impune el crimen.
 
Declaró que, en su momento, la empresa no dio “el parte” correspondiente a las autoridades por el accidente, bajo el argumento de que lo manejarían de forma interna; además –según dijo- permitieron que escapara el chofer e hicieron “perdedizo” el autobús implicado, mismo que a su vez no contaba con licencia ni matrícula.
 
Añadió que, a lo largo del proceso, “del que han transcurrido más de mil días”, los representantes legales de esta empresa incurrieron en falsedad de declaraciones pues aseguraron que el incidente se dio fuera del lugar de trabajo.
 
Al respecto, hizo saber que un peritaje posterior, llevado a cabo por personal cercano al ex director de la Policía Municipal, Reyes Montilla, reveló que sí existía culpabilidad de la empresa y también del chofer, lo cual no fue tomado en cuenta y se “dejó enfriar” el caso.
 
El denunciante refirió que algunos trabajadores allegados a la empresa le comentaron que el área jurídica de la misma “se apalabró” con algunos abogados que laboraban en el Ministerio Público, los cuales han ido cambiando a lo largo de los años sin que pueda tener una respuesta satisfactoria.
 
Funcionaria de PGJE maltrata a denunciante
 
Ante la denuncia del afectado padre, el mediodía de este viernes AFN decidió acompañarlo ante la autoridad, junto con su abogado, Melitón Espíritu Ramírez, a la comparecencia que tenía programada en la Agencia Especializada en la Atención de Delitos Patrimoniales, misma que a petición suya lo llamó a comparecer para informarle el estatus que guarda la investigación y los posibles avances que hubiese en el tema.
 
Luego de un tiempo considerable en la sala de espera y del evidente nerviosismo del quejoso debido a que dijo es analfabeta, fue recibido por la Secretaria de Acuerdos, Ana Delia Ricario Atondo, quien de entrada –en tono severo- le exigió entrar sin su abogado defensor o en compañía de terceras personas.
 
Ante la prohibición, el ofendido accedió hacerlo pero el abogado se opuso a separarse de él aunque se tratase sólo de una mera notificación –como refirió la servidora  pública minutos atrás-. Acto seguido, el personal del área se impuso y le cerró la puerta “en las narices”, al defensor.
 
Hasta ese momento, ninguno tenía conocimiento de que estuviesen presentes un par de medios de comunicación, incluido AFN.
 
Minutos después de haber entrado al cubículo de la funcionaria, el cual estaba ubicado a unos metros de la recepción, el denunciante le exponía desesperado el hartazgo que sufría después de que “lo traían dando vueltas y vueltas, sin ninguna respuesta, y viendo a los servidores públicos ir y venir sin que le ayudaran a resolver el caso”.
 
Como reacción a esto, Ricario Atondo empezó a subir de tono sus palabras al punto de “gritarle” literalmente sus derechos al denunciante y decirle que tenía “derecho a estar inconforme con la decisión de que se fuera al archivo su expediente”, al tiempo que agregó que: “el trabajo ya se hizo”, y que tanto sus abogados como él podían hacer lo que quisieran “pero afuera”.
 
Sus palabras exactas fueron: “usted está en su derecho a estar inconforme y haga lo que usted quiera… sus abogados van a hacer el trabajo pero afuera, conmigo no, afuera, haga lo que usted quiera, no es una decisión mía”. Enseguida de esto, pidió cerrar la puerta a uno de los trabajadores, por lo que el resto de su discurso fue inaudible.
 
Al salir, el denunciante –quien apareció con rostro desencajado- mostró a AFN el documento que recibió de manos de la autoridad donde le notifica que su expediente fue mandado a archivo “Por No Delito”; pero también, la solicitud de revisión que presentó para que se reabra el caso y se dé una resolución satisfactoria.
 
El subprocurador agilizará recurso de revisión
 
Entrevistado sobre este tema minutos después, el subprocurador de Zona Tijuana, Gilberto Cota Alanís, dijo a Agencia Fronteriza de Noticias que promoverá que se agilice el recurso de revisión solicitado por el denunciante, lo cual resolverá en un lapso breve, en tanto que hará lo conducente para sancionar a la servidora pública que se extralimitó en sus funciones y que, al margen lo que la investigación arroje, estaba claro que no ofreció un trato digno al ciudadano.
 
Cota Alanís declaró que sería injusto juzgar a la PGJE por actitudes personales de algunos de los que ahí laboran, pero a su vez dijo que no tolerarán ese tipo de comportamientos de funcionarios que están para servir.
 
“No por una persona se va desestimar todo lo que se hace en la institución, y eso lo voy a solucionar”, concluyó el subprocurador.